Por Miguel Díaz Román

Diversas voces de la industria de seguros han denunciado el silencio y la ausencia de orientación a los consumidores por parte de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) en momentos cuando el mercado de seguros a nivel mundial experimenta lo que se conoce como un “mercado duro”, que suele ocurrir debido a una capacidad limitada de reaseguro, lo que causa aumentos de prima y disminuye la posibilidad de que las aseguradoras ofrezcan protección para la gran mayoría de los riesgos.

Algunos de los críticos señalaron que en Puerto Rico se evade dar malas noticias aún cuando esa conducta provoque la desinformación de los consumidores sobre que el aumento en las primas de seguros puede ascender a 40 % y que obedece a un alza en el reaseguro a nivel mundial.

De hecho, ante esa realidad ineludible el Comisionado de Seguros de las Islas Vírgenes estadounidenses, Tregenza A. Roach, quien también ocupa la posición de vicegobernador, circuló una carta el pasado 7 de julio en la que informó a los consumidores la posibilidad de que no consigan renovar sus pólizas de seguro para proteger sus propiedades debido al efecto del “mercado duro”.

La carta de Roach, que fue dirigida a todos los consumidores de las Islas Vírgenes, mencionó con especial énfasis a los dueños de estructuras de madera, quienes podrían enfrentar la falta de seguros porque ese tipo de estructuras son consideradas por los reaseguradores como “de alto riesgo” debido a que son más vulnerables a los huracanes.

En la comunicación Roach advierte que en Islas Vírgenes se aprobaron aumentos parciales de tarifas para mantener la cobertura de seguro en ese mercado, pero aun así algunas compañías de seguros han indicado que los reaseguradores consideran que los aumentos son insuficientes. En la carta el funcionario exhortó a los asegurados a renovar sus pólizas rápidamente porque si no logran contratar un seguro deberán buscar alternativas en el mercado de líneas excedentes.

 Incomprensible silencio de la OCS

Aunque en Puerto Rico se experimenta una situación muy similar a la que experimentan las Islas Vírgenes, aquí la OCS ha mantenido un incomprensible silencio a pesar que los seguros comerciales y el sector de los condominios enfrentan un notable aumento en las primas de hasta 40 %.

Incluso, muchos condominios establecidos en zonas costeras enfrentan elevados aumentos de prima y en algunos casos han tenido que recurrir al mercado de líneas excedentes porque no han logrado renovar sus pólizas en el mercado local.

En referencia a que la OCS no se ha pronunciado sobre el alza en las primas de seguros como resultado del “mercado duro” que padece el mercado de seguros a nivel mundial, Alexis Sánchez Géigel, quien es el presidente de la aseguradora Mapfre, sostuvo que “aquí quieren darle buenas noticias a la gente. Nadie quiere dar malas noticias y no están informando sobre la situación mundial. Tenemos que ser sinceros con los consumidores. Es como si la Reserva Federal aumenta los intereses y no se quiere ver que uno de los efectos es que la gente pagará más por sus préstamos”.

Por su parte, Jaime González Portilla, quien preside la aseguradora Antilles Insurance, lamentó que la OCS no orientara a los consumidores a pesar de que se han registrado aumentos en las primas de seguros de entre 30 % y 40 %, como resultado del alza en el reaseguro. Sostuvo que la situación en Puerto Rico es distinta a la de las Islas Vírgenes, donde algunas aseguradoras se han retirado del mercado.

¿Adecuadas las tarifas de los seguros para viviendas?

Indicó que aquí en la isla las aseguradoras y las reaseguradoras se han mantenido debido a que las viviendas y las estructuras comerciales son construidas en concreto, que es un tipo de material resistente y seguro en comparación con el tipo de construcción que abunda en las Islas Vírgenes, la cual utiliza madera y la llamada construcción mixta, que emplea madera, concreto y otros materiales.

No obstante, González planteó que las tarifas para las pólizas personales de vivienda en Puerto Rico están reguladas, “porque habría que preguntar a las aseguradoras que tienen la mayoría de esas pólizas si esas tarifas son adecuadas”. Las tarifas son el instrumento mediante el cual se determina el monto de una prima en función de tipo de seguro y del riesgo.

De hecho, a principios de este año González Portilla reveló que, durante sus negociaciones con los reaseguradores, estos plantearon que las primas de las pólizas para viviendas ya eran inadecuadas. Entre los factores que hacen urgente una revisión de esas pólizas figura el alza en los costos administrativos, el incremento en el costo de las viviendas y el alza en el costo de los materiales de construcción.

Actualmente las pólizas personales para viviendas son ofrecidas por Mapfre, Cooperativa de Seguros Múltiples, Universal Insurance y la aseguradora United Surety and Indemnity Company.

Sánchez Géigel sostuvo que las pólizas para viviendas deben ser revisadas. Indicó que la experiencia de esas pólizas se ha complicado porque tanto el huracán María, la secuencia de terremotos que entre 2020 y 2021 afectaron el suroeste de la isla y el huracán Fiona, tuvieron un severo impacto en el sector de las propiedades y en especial, en las viviendas de los ciudadanos. En el mercado de seguros las pólizas que cobijan este tipo de propiedades son catalogadas como pólizas personales.

“Los pasados eventos, incluyendo los últimos dos han tenido un fuerte efecto en las pólizas personales. En Fiona, dos terceras partes de las reclamaciones fueron para las pólizas personales de vivienda y una tercera parte para las pólizas comerciales. Ya se han retirado dos aseguradoras del mercado de pólizas personales que son Assurance Inc y Optima Insurance. Nunca es bueno para los consumidores que algunas aseguradoras se retiren del mercado,  porque las que quedan tienen que asimilar esa carga”, indicó Sánchez Géigel.

Legislación podría causar alza en reaseguro

A principios de año el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, anunció que la OCS estaría disponible para considerar cambios en las tarifas de las pólizas de seguros para viviendas que presenten las aseguradoras.

La licenciada Iraelia Pernas, quien es la directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), criticó que mientras los consumidores de seguros en Puerto Rico han sentido en sus primas de seguros el alza sustancial que ha sufrido el reaseguro, la OCS y Adams Vega, continúen promoviendo medidas legislativas que podrían causar otra alza en el reaseguro.

Pernas se refirió al Proyecto de la Cámara 1533, que propone conceder a la OCS el poder de ajustar reclamaciones. Aunque la medida, que ha sido objetada por varias empresas de reaseguro, no se aprobó en la pasada sesión legislativa, Adams Vega ha continuado promoviendo la aprobación de la medida en los medios de comunicación.

Pernas también advirtió que la falta de capacidad de reaseguro en Puerto Rico podría causar que los asegurados no consigan renovar sus pólizas, lo que los obligará a buscar alternativas en el mercado de líneas excedentes, que son reaseguradores registrados en Puerto Rico pero que no son regulados por la OCS y el Código de Seguros. “El problema con las líneas excedentes es que los asegurados no tienen la protección del regulador”, dijo Pernas.

Mientras más informado esté el consumidor…

Manuel Font, presidente de la Asociación de Agentes Profesionales de Seguros (PIA por sus siglas en inglés) sostuvo que el mercado de reaseguro ha sufrido pérdidas multimillonarias desde el 2017, “lo que hace muy difícil que nuestras aseguradoras consigan tratados de reaseguro favorables. Cada año hay más catástrofes y eventos atmosféricos que siguen afectando la industria de seguros. En PIA y en nuestra organización a nivel nacional estamos trabajando fuertemente para educar e informar a nuestros miembros y otros profesionales de seguros sobre estos cambios y acontecimientos. Es importante que todos los profesionales de seguros, desde agentes, brokers y aseguradoras, trabajemos por el bien común de los consumidores”, dijo Font.

Agregó que junto con ACODESE y la OCS se proponen desarrollar una campaña de educación a los consumidores sobre diversos asuntos que afectan el mercado de seguros.

Grethel Fernándfez, quien es la ex presidenta de la Asociación de Profesionales de Seguros de Puerto Rico, indicó que “mientras más informado esté el consumidor sobre la situación de seguros en su región más puede afrontar los cambios y hacer un presupuesto y que los aumentos no los coja de sorpresa. Cualquier persona o entidad que se informe sobre los cambios es beneficioso ya sea la OCS, las aseguradoras o la prensa”, dijo Fernández. 

Por Miguel Díaz Román

Ante lo que se perfilaba como una inminente derrota legal, el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, desistió de su posición de negarse a entregar al Senado una determinada información, luego de que por segunda vez el senador Juan Zaragoza Gómez amenazó al funcionario con acudir a los tribunales para validar el poder constitucional de la rama legislativa para realizar investigaciones y exigir la entrega de documentos al poder Ejecutivo.

Adams Vega se había negado a entregar al Senado 28 documentos relacionados con la suspensión de la acreditación de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés).

El funcionario alegó que los criterios de confidencialidad de la NAIC le impedían compartir los documentos con el Senado.

Pero el senador Zaragoza Gómez, quien preside la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado, sostuvo que acudiría a los tribunales luego de que Adams Vega se negó a entregar la información solicitada.

El 18 de mayo la Comisión le solicitó a Adams Vega entregar los 28 documentos y el pasado 26 de mayo la OCS respondió en una escueta comunicación que no entregarían la información solicitada amparándose en los parámetros de confidencialidad que cobija a la NAIC.

Según informó ayer el senador, luego de que Adams Vega se negara a cumplir con la solicitud del Senado se le envió un segundo requerimiento de información.

“Se le indicó que estaba en incumplimiento. Que ellos (la OCS) no pueden determinar cuándo se cierra una investigación legislativa ni alegar que es académica. Que la Asamblea Legislativa tiene derecho constitucional a investigar y que eso incluye solicitar documentos”, sostuvo Zaragoza Gómez.

Confidencialidad que no aplica 

El senador también reveló que se le advirtió a la OCS que la alegada “confidencialidad no aplica a la Asamblea Legislativa y que de no cumplir con la citación lo referiremos a Justicia”.

En numerosas ocasiones los tribunales locales han validado que el poder Legislativo para realizar investigaciones y exigir la entrega de documentos al poder Ejecutivo es de origen constitucional, por lo que se daba como un hecho consumado que la OCS no prevalecería si decidía impugnar el poder del Senado para realizar investigaciones y exigir la entrega de documentos.

“Luego de eso el Comisionado de Seguros envió un expediente con múltiples documentos. La Comisión se encuentra evaluando en detalle todo el contenido para determinar si falta información para solicitarla, evaluar si hay necesidad de vista pública o si procedemos a redactar un informe parcial con los hallazgos”, indicó Zaragoza Gómez.

La investigación de la Comisión se ampara en la Resolución del Senado 612, radicada en junio del 2022 por Zaragoza Gómez, que ordena investigar los motivos por los cuales la NAIC suspendió la acreditación de la OCS. La acreditación fue suspendida el 27 de julio de 2020.

La pesquisa incluye indagar porqué la apelación iniciada en el 2020 no tuvo éxito y las razones por las cuales la OCS no informó de la suspensión de la acreditación hasta el 30 de septiembre de 2021.

 Además, la resolución exige indagar en las gestiones realizadas por la OCS para lograr la reacreditación, los cambios que tuvo que hacer esa oficina para atender los reclamos de la NAIC y el impacto económico que causó la suspensión de la acreditación.

Atentado contra el CIS

La investigación senatorial también se propone indagar sobre una carta circular emitida por por Adams Vega, la cual han sido catalogada como un atentado contra el Centro Internacional de Seguros (CIS).

EL CIS ofrece jugosos beneficios contributivos y exime a los aseguradores y reaseguradores de las numerosas restricciones financieras, requisitos de reserva y de otra índole que el Código de Seguros impone a los aseguradores locales. La reglamentación del CIS permite realizar negocios con países extranjeros y con jurisdicciones de los Estados Unidos.

La Asociación de Aseguradores Internacionales de Puerto Rico (AAI), que integra a los aseguradores y reaseguradores instalados en el CIS, ha denunciado que el pasado 7 de diciembre de 2022 Adams Vega emitió una carta circular que exigió nuevos requisitos a los aseguradores y reaseguradores registrados en el CIS.

 La carta circular ordena a los aseguradores y reaseguradores que operan en el CIS cumplir con las regulaciones del Código de Seguros que cobijan a los aseguradores locales, si estas empresas se proponen realizar negocios con entidades ubicadas en jurisdicciones de los Estados Unidos.

Los nuevos requerimientos se consideran un obstáculo a la evolución del CIS y podrían causar un éxodo de empresas hacia otros países que ofrecen beneficios contributivos y una gran flexibilidad reglamentaria, según han denunciado ejecutivos de algunas de empresas que operan en el CIS.

Determinación ilegal

Estos ejecutivos aseguran que la determinación de Adams Vega es ilegal porque ni en Código de Seguros ni en la reglamentación que cobija al CIS figura un mandato expreso que condiciona o prohíbe a los aseguradores y reaseguradores realizar negocios desde Puerto Rico con entidades domiciliados en Estados Unidos.

La AAI ha indicado que la carta circular incumplió con la ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, que exige celebrar vistas públicas a las disposiciones reglamentarias que imponen nuevas nuevas obligaciones y penalidades.

De acuerdo con esas fuentes, la carta circular emitida por Adams Vega es el resultado directo de los requerimientos de la NAIC para autorizar la reacreditación de la OCS, luego de que la acreditación fuera suspendida durante la incumbencia del ex Comisionado de Seguros, Rafael Cestero Lopategui.

La determinación de la NAIC obedeció a que, en 2018 el ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, avaló una transacción relacionada con el CIS, que involucró una aseguradora de Wisconsin dedicada a los seguros de vida y seguros de cuidado prolongado, la cual pudo afectar a más de 200,000 asegurados en ese estado y otra cantidad indefinida de asegurados en otros estados.

Por Miguel Díaz Román

El Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, se negó a entregar al Senado 28 documentos relacionados con la suspensión de la acreditación de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés), por lo que no se descarta acudir a los tribunales para que el funcionario sea obligado a cumplir con el reclamo senatorial.

El senador Juan Zaragoza Gómez, quien preside la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, reveló que considera la posibilidad de recurrir a los tribunales luego de que Adams Vega se negara a entregar la información con la excusa de que determinados criterios de confidencialidad de la NAIC impiden compartir los documentos con el Senado.

“Dicha investigación está en curso, pero ha sido dilatada por la OCS, quien se negó a proveer la información solicitada”, comentó el senador.

De hecho, la investigación senatorial incluye indagar sobre unas recientes determinaciones tomadas por Adams Vega, la cuales han sido catalogadas como un atentado contra el Centro Internacional de Seguros (CIS).

“La Comisión está en el proceso de contestar la negativa del Comisionado de Seguros y no descartamos llegar a los Tribunales o referir el asunto al Departamento de Justicia según establece el Código Político. Me parece que el Comisionado de Seguros le falta el respeto al senado de Puerto Rico al negarse a producir la información solicitada o que a pesar de ser licenciado no conoce las facultades que la Constitución de Puerto Rico le otorga a la asamblea legislativa”, sostuvo el senador Zaragoza Gómez.

De acuerdo con el senador, como parte de la investigación iniciada por la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, el pasado 18 de mayo se le solicitó a Adams Vega entregar 28 documentos.

Dos semanas después, específicamente el pasado 26 de mayo, la OCS respondió a la solicitud de la Comisión, “en una escueta comunicación expresando que no entregarían la información solicitada amparándose en los parámetros de confidencialidad que cobija a la NAIC”, dijo Zaragoza.

Subterfugio para retener información

Según Zaragoza, Adams Vega “pretende usar como subterfugio las reglas de confidencialidad de la NAIC, un club privado de reguladores estatales de seguros de suscripción voluntaria. La NAIC no es un regulador federal ni sus reglas se anteponen al deber de la OCS ante el país y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Es importante que el país cuente con la información del proceso de la pérdida de acreditación de la NAIC, así como el proceso de reacreditación y los efectos en la Industria de Seguros y la economía de Puerto Rico”.

La investigación de la Comisión se ampara en la Resolución del Senado 612, radicada en junio del 2022 por Zaragoza Gómez, que ordena investigar los motivos por los cuales la NAIC suspendió la acreditación de la OCS. La acreditación fue suspendida el 27 de julio de 2020.

También se propuso investigar por qué la apelación iniciada en el 2020 no tuvo éxito y las razones por las cuales la OCS no informó de la suspensión de la acreditación hasta el 30 de septiembre de 2021.

Además, la resolución exige indagar en las gestiones realizadas por la OCS para lograr la reacreditación, los cambios que tuvo que hacer esa oficina para atender los reclamos de la NAIC y el impacto económico que causó la suspensión de la acreditación.

Se le preguntó al senador Zaragoza si la investigación senatorial incluye las quejas sobre los nuevos requisitos que Adams Vega ha exigido a los aseguradores y reaseguradores registrados en el CIS. Alegadamente, los nuevos requerimientos se consideran un obstáculo a la evolución del CIS y podrían causar un éxodo de empresas hacia otros países que ofrecen beneficios contributivos y una gran flexibilidad reglamentaria.

Zaragoza investigará el CIS

“Al igual que a usted nos han llegado quejas sobre cómo la OCS está atentando contra el CIS exigiendo requisitos que no existen en el Código de Seguros, a nosotros también nos han llegado. Nos proponemos atender detenidamente la resolución 612 para lograr respuestas y atender legislativamente cualquier asunto que sea necesario”, concluyó el senador Zaragoza Gómez.

EL CIS ofrece jugosos beneficios contributivos y exime a los aseguradores y reaseguradores de las numerosas restricciones financieras, requisitos de reserva y de otra índole que el Código de Seguros impone a los aseguradores locales. La reglamentación del CIS permite realizar negocios con países extranjeros y con jurisdicciones de los Estados Unidos.

La carta circular emitida el pasado 7 de diciembre de 2022 por Adams Vega a los aseguradores, reaseguradores que operan en el CIS, sostiene que, si estas empresas se proponen realizar negocios con entidades ubicadas en jurisdicciones de los Estados Unidos, deben cumplir con las regulaciones del Código de Seguros que cobijan a los aseguradores locales.

Alegan carta es ilegal

Fuentes de la industria de seguros aseguran que la determinación de Adams Vega es ilegal porque ni en Código de Seguros ni en la reglamentación que cobija al CIS figura un mandato expreso que condiciona o prohíbe a los aseguradores y reaseguradores realizar negocios desde Puerto Rico con entidades domiciliados en Estados Unidos.

La Asociación de Aseguradores Internacionales de Puerto Rico, que integra a los aseguradores y reaseguradores instalados en el CIS, sostuvo que la carta circular incumplió con la ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, que exige celebrar vistas públicas a las disposiciones reglamentarias que imponen nuevos nuevas obligaciones y penalidades.

De acuerdo con esas fuentes, la carta circular emitida por Adams Vega es el resultado directo de los requerimientos de la NAIC para autorizar la reacreditación de la OCS, luego de que la acreditación fuera suspendida el 27 de julio de 2020, durante la incumbencia del ex Comisionado de Seguros, Rafael Cestero Lopategui.

La determinación de la NAIC obedeció a que, en 2018 el ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, avaló una transacción de que involucró una aseguradora de Wisconsin dedicada a los seguros de vida y seguros de cuidado prolongado con más de 200,000 asegurados en ese estado y otra cantidad indefinida de asegurados en otros estados.

En 2017 las aseguradoras Haven Insurance Company II y su empresa matriz, Haven Holdings Inc fueron registradas en el CIS. El 5 de diciembre de 2018 Rivera Ríos avaló que Haven Insurance Company II adquiriera y se fusionara con Time Insurance Company, una aseguradora domiciliada en Wisconsin.

El producto de la fusión fue registrado en el CIS como Time Insurance Company II, en la categoría de aseguradora y reaseguradora de la Clase 5, dedicada a asegurar y reasegurar riesgos relacionados con seguros de vida e incapacidad.

Petición dispara las alarmas

En 2019, Time Insurance le propuso a la OCS anular los contratos de reaseguro firmados por la extinta Time Insurance de Wisconsin, para recuperar $2,700 millones, los cuales serían invertidos en los llamados “planes de activos segregados” (fideicomisos de inversión), un tipo de inversión permitida en el CIS.

La intención de Time Insurance disparó las alarmas de los Comisionados de Seguro de los estados, porque afectaría a los asegurados que residían en esas jurisdicciones.

Los comisionados de seguros de los estados reclamaron a la OCS que impusiera a Time Insurance regulaciones tal como si fuera un asegurador doméstico que opera en una jurisdicción acreditada por la NAIC.

En 2020 la OCS revirtió la aprobación de Time Insurance, lo que permitió que la aseguradora regresara a Wisconsin, donde fue finalmente sometida a un proceso de liquidación.

Según la NAIC, la OCS fue incapaz de anticipar los graves efectos que la aprobación de la transacción representaría para múltiples estados, lo que también demostró que el regulador local carecía de los recursos para atender transacciones complejas que podrían causar implicaciones en otras jurisdicciones.

Además, la NAIC concluyó que la OCS no tuvo una adecuada comunicación con las oficinas de los comisionados de seguros de las jurisdicciones en los Estados Unidos que podrían experimentar los efectos de la transacción aprobada en Puerto Rico.

La OCS recuperó la acreditación el pasado mes de diciembre, durante la Convención Nacional de la NAIC, que se realizó en un hotel en la ciudad de Tampa en Florida. En la actividad estuvo presente Adams Vega.

En lo que representa un acto sin precedentes de parte de un miembro del gabinete del gobernador, el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, ha tomado acciones administrativas contra los aseguradores y reaseguradores Internacionales instalados en el Centro Internacional de Seguros (CIS), que está ubicado en San Juan, lo que ha sido catalogado como un atentado contra un instrumento para atraer inversión y promover el desarrollo económico en Puerto Rico.

La acción unilateral tomada por Adams Vega está contenida en una carta circular emitida el pasado 7 de diciembre de 2022, la cual fue dirigida a los aseguradores, reaseguradores y aseguradores de líneas excedentes que operan en el CIS, con el fin de hacer negocios de seguros desde Puerto Rico con países extranjeros y en jurisdicciones de los Estados Unidos.

EL CIS ofrece jugosos beneficios contributivos y exime a los aseguradores y reaseguradores de las numerosas restricciones financieras, requisitos de reserva y de otra índole que el Código de Seguros impone a los aseguradores locales.

La mencionada carta circular emitida por Adams Vega impone nuevos requisitos a los aseguradores y reaseguradores registrados en el CIS para hacer negocios en jurisdicciones de los Estados Unidos, hasta el extremo que los obliga a cumplir con las restrictivas regulaciones del Código de Seguros que cobijan a los aseguradores locales.

En el encabezado de la carta circular se menciona que el tema a tratar es “la aplicabilidad del capítulo 61 del Código de Seguros”, que contiene todas las obligaciones y las exenciones aplicables a las empresas que aspiraban a realizar negocios de seguros desde el CIS, con jurisdicciones en los Estados Unidos y con países extranjeros.

Además, se menciona la Regla 80, que agrupa los normas que regulan a los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS.

Las operaciones de los aseguradores y reaseguradores internacionales también están reguladas por la regla 81, que cobija los planes de activos segregados (fideicomisos de inversión) ; la regla 82, que regula a las compañías tenedoras de aseguradores internacionales y la regla 100, que regula a los reaseguradores.

De hecho, miembros de algunas de las aseguradoras y reaseguradoras que operan en el CIS han catalogado la carta circular de Adams Vega como un empujón que “saca a estas empresas del CIS”.

Tres aseguradoras internacionales rechazados

La determinación de Adams Vega ya causó que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) haya rechazado al menos tres aseguradoras internacionales que habían realizado gestiones para ubicarse en Puerto Rico y que fueron atraídos por los beneficios contributivos y la flexibilidad reglamentaria que ofrece el CIS.

De acuerdo con fuentes de la industria de seguros, la determinación de Adams Vega también ha provocado una gran incertidumbre y desasosiego entre las cerca de 35 aseguradoras y reaseguradores internacionales que actualmente operan en el CIS, algunos de los cuales ya consideran trasladar sus negocios a otros países que ofrecen un esquema regulatorio flexible y favorable a la inversión.

Entre esos países figura con prominencia el territorio británico de Bermudas, que es un paraíso fiscal ubicado al norte del Caribe, a unas 1,000 millas de la costa este de los Estados Unidos.

Bermudas no tiene un impuesto sobre ingresos, exime de contribuciones a las ganancias de capital y a las transacciones relacionadas con sucesiones. Además, posee una industria de servicios financieros bien desarrollada que incluye banca, gestión de inversiones, seguros y servicios fiduciarios.

También ofrece un sistema regulatorio simplificado, cuenta con una fuerza laboral altamente calificada y garantiza fácil acceso a los mercados internacionales.

Comisionado prohíbe hacer negocio en Estados Unidos

La carta normativa emitida por Adams Vega sostiene, entre otros planteamientos, que cualquier asegurador “organizado bajo las leyes de Puerto Rico e interesado en realizar negocio de seguros en otro estado o territorio de Estados Unidos acreditado por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC), deberá cumplir con los procesos y requisitos bajo el capítulo 3, 28 y 29 del Código de Seguros de Puertos Rico como un asegurador doméstico tradicional”.

El capítulo 3 del Código de Seguros mencionado por la carta normativa regula tanto requisitos de capital, como depósito, inversiones y otros requerimientos exigidos por la OCS para autorizar que un asegurador pueda operar en el mercado local.

Los capítulos 28 y 29 tratan sobre los requisitos de incorporación de un asegurador en el mercado local, así como exigencias para la gobernanza corporativa, derechos y poderes de las corporaciones, dividendos, responsabilidades de los accionistas con las deudas del asegurador, menoscabo de capital y transacciones en otros países, entre otros asuntos.

La carta circular también menciona que la Regla 80 fue enmendada en noviembre de 2020 para aclarar que como resultado de la acreditación de la OCS por la NAIC, el trato de reciprocidad que los estados de Estados Unidos concedan a los aseguradores y reaseguradores que operan en mercado local en asuntos como licencias y reglamentación, no será aplicable a las empresas de seguros instaladas en el CIS, que están regulados por el capítulo 61.

Fuentes de la industria de seguros aseguran que la determinación de Adams Vega es ilegal porque ni el capítulo 61 ni la Regla 80 contienen un mandato expreso que prohíbe a los aseguradores y reaseguradores registrados en el CIS, realizar negocios desde Puerto Rico con entidades domiciliados en Estados Unidos.

NAIC condiciona acreditación

Sostienen las fuentes que la decisión no obedece a las disposiciones de la Ley 399 del 2004, la cual creó el CIS y el marco regulatorio contenido en el capítulo 61.

Una fuente indicó que la carta circular es el resultado directo de los requerimientos de la NAIC para autorizar la reacreditación de la OCS, luego de que la acreditación fuera suspendida el 27 de julio de 2020, durante la incumbencia del ex Comisionado de Seguros, Rafael Cestero Lopategui.

La pérdida de la acreditación fue el resultado de la pobre evaluación efectuada por la OCS de una transacción financiera realizada por un asegurador registrado en el CIS, que habría tenido serias implicaciones en numerosos estados de Estados Unidos.

La OCS recuperó la acreditación de la NAIC luego de una votación del Comité de Normas de Regulación Financiera y Acreditación de la entidad. La votación fue celebrada entre el 12 y 16 de diciembre de 2022, durante la Convención Nacional de la NAIC, que se realizó en un hotel en la ciudad de Tampa en Florida. En la actividad estuvo presente Adams Vega.

OCS contra Converge RE

La carta circular emitida el pasado 7 de diciembre de 2022 fue antecedida por una determinación de la OCS contra el reasegurador internacional Converge RE, la cual fue emitida casi dos meses antes, el 11 de octubre de 2022.

En esa ocasión la OCS produjo una orden de cese y desista contra Converge RE, que comenzó a operar en el CIS en 2017, por una alegada violación a la Regla 80 la cual consistió en suscribir riesgos en reaseguro de asegurados en los Estados Unidos.

Según la orden, el reasegurador había suscrito contratos de reaseguro para anualidades y seguros de vida en dos aseguradores domiciliados en Carolina del Sur y en Utha.

La orden la OCS le advierte a Converge RE que “no podrá continuar suscribiendo riesgos en reaseguro de asegurados domiciliados o residentes en jurisdicciones de cualquier otro estado o territorio de Estados Unidos”.

La orden exigió terminar con los contratos de reaseguro en los dos aseguradores domiciliados en Carolina del Sur y en Utah y además, pidió a Converge RE presentar un plan de transición en los próximos 90 días.

A la sorpresiva decisión de la OCS, Converge RE respondió con un alegato no menos sorpresivo: la Regla 80 no prohíbe la suscripción de riesgos de Estados Unidos.

La controvertible decisión contra Converge RE se ventiló en un proceso administrativo en la OCS, en la cual solicitó participación la Asociación de Aseguradores Internacionales de Puerto Rico (PRIIA por sus siglas en inglés), que integra a los aseguradores y reaseguradores instalados en el CIS. La petición de intervención fue presentada el 18 de noviembre de 2022.

PRIIA pide participar

PRIIA alegó que su participación en el caso estaba justificada por su conocimiento de las operaciones en el CIS y porque ya la OCS había aceptado el valor del peritaje de la organización, durante la redacción de la enmienda a la Regla 80, introducida en noviembre de 2020.

En su petición PRIIA sostuvo que la orden contra Converge RE tendría efectos adversos sobre las políticas y prácticas de todos los aseguradores internacionales, que podría representar pérdidas millonarias y alterar la viabilidad de sus operaciones en el CIS.

Cuando aún la OCS no había respondido a la petición de intervención de PRIIA, Adams Vega emitió la carta circular el 7 de diciembre, donde figura por primera vez que los aseguradores instalados en el CIS que realicen negocio en los Estados Unidos deberán cumplir con las disposiciones de los capítulos 3, 28 y 29 del Código de Seguros.

El 11 de enero de 2023 la OCS emitió una resolución en la que rechazó la intervención de PRIIA. Posteriormente, la OCS no se pronunció sobre una solicitud de reconsideración presentada por PRIIA.

El pasado 17 de marzo la organización acudió al Tribunal Apelativo para solicitar la revocación de la resolución de la OCS. PRIIA también solicitó que el Tribunal revise la carta circular emitida por Adams Vega, porque, alegadamente, en realidad es una regla legislativa debido a que impone nuevas obligaciones y penalidades a las empresas registradas en el CIS.

Carta circular contradice promoción

En su petición la organización planteó que la carta circular incumplió con la ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, que exige celebrar vistas públicas a las disposiciones reglamentarias que imponen nuevas obligaciones y penalidades.

En otro argumento PRIIA sostuvo que la permanencia de la interpretación de la Regla 80 realizada por la OCS causará que los aseguradores y reasegurados podrían abandonar el CIS “porque podrían quedar impedidos de continuar dichas operaciones”.

PRIIA también comentó la posición intransigente de la OCS, que rechazó la intervención de PRIIA y del ex director de la División de Aseguradores y Reaseguradores Internacionales de la OCS, Ruben Gely Rodriguez.

Incluso, PRIIA advirtió que la interpretación de la Regla 80 que favorece Adams Vega contradice la promoción que realiza el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DECC) sobre las virtudes del CIS.

En esa promoción el DECC afirma que en CIS se establecen “aseguradoras y reaseguradoras especializadas de riesgos estadounidenses y no estadounidenses».

En momentos cuando el Tribunal Apelativo aún no había atendido la petición de PRIIA, la OCS y Converge RE alcanzaron un acuerdo confidencial que puso fin a la controversia.

Senado investiga la OCS

El presidente de PRIIA, Hugo Córdova, no estuvo disponible para comentar sobre el acuerdo de la OCS y Converge RE y sobre las implicaciones de la carta circular.

No obstante, la controvertible carta circular emitida por Adams Vega continúa generando incertidumbre en las operaciones del CIS. De hecho, no está claro porqué el actual Comisionado de Seguros ha decidido emprender acciones administrativas contra el CIS, a pesar de que esa oficina ha sido el principal promotor de la ley 399, que permitió fundar el CIS.

Incluso, no está claro si el gobernador Pedro Pierluisi apoya las acciones tomadas por Adams Vega, debido a que en la plaforma política del Partido Nuevo Progresista el CIS figura como un parte integral del conjunto de instrumentos para atraer inversión al país y crear empleos bien remunerados.

De hecho, en la actualidad la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado, que preside el senador Juan Zaragoza, realiza una investigación sobre las decisiones de la OCS relacionadas con el CIS.

La investigación se está efectuando como parte de la Resolución del Senado 612, que ordena investigar los detalles sobre las causas para que la OCS perdiera la acreditación de la NAIC.

Por Miguel Díaz Román

La negociación colectiva entre los proveedores y las aseguradoras como mecanismo para fijar las tarifas por servicios médicos podría crear un monopolio en la negociación de tarifas a nivel de toda la Isla que aumentará las primas de los seguros de salud privados y los públicos, según sostuvo la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE).

ACODESE indicó que la negociación colectiva podría causar un aumento en el número de personas no aseguradas y amenazar la estabilidad de la industria local de seguros de salud.

La ominosa advertencia tuvo lugar ayer en una vista pública del Proyecto de la Cámara 1641, que propone convertir la negociación colectiva en un instrumento para establecer las tarifas por servicios de salud. La vista fue celebrada por la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.

La medida propone la negociación colectiva para propiciar un alza en las tarifas y evitar el éxodo de médicos y otros profesionales de la salud.

La licenciada Iraelia Pernas, quien es la directora ejecutiva de la ACODESE, sostuvo que los médicos que no participen de las negociaciones colectivas reclamarán trato igual, según las tarifas acordadas por aquellos grupos que negociaron con las aseguradoras, lo que causaría que las tarifas negociadas quedarían vigentes en toda la isla.

“Aunque (la medida) no dispone que la negociación colectiva que se conduzca será vinculante para ellos, en la práctica éstos van a demandar igual trato que aquellos que negociaron. ¿Se crearía de facto un monopolio en las negociaciones tarifarias? El resultado previsible es que las tarifas quedarían fijadas a nivel toda la Isla e inevitablemente se afectarán los costos de los planes médicos, lo que redundará en una desventaja para los asegurados”, sostuvo Pernas.

La ejecutiva de ACODESE también impugnó la credibilidad de la medida en lo que concierne a que, alegadamente, la negociación colectiva evitará el éxodo de los médicos.

“Sin presentar data alguna que así lo constate, este proyecto de ley concluye que la negociación colectiva retendrá o hará regresar a los médicos que emigraron a los Estados Unidos en búsqueda de mejores condiciones de empleo y paga por sus servicios”, sostuvo Pernas en una vista pública que se caracterizó por una atmósfera hostil contra las aseguradoras, la cual fue compartida por los deponentes y los legisladores.

Éxodo de médicos por varias causas

Pernas dijo que la fuga de profesionales de la salud no se obedece exclusivamente a las diferencias entre las aseguradoras y la clase médica y señaló que existen otros precipitantes económicos que propician el éxodo de los puertorriqueños en general, tales como el aumento en tasas contributivas, servicios de salud, luz, agua, medicamentos, educación, todos los cuales son servicios esenciales.

La directora ejecutiva de la ACODESE recordó que las medidas tomadas por el gobierno para evitar el éxodo de los médicos y el retorno de los que ya emigraron no han tenido éxito y presentó como ejemplo la reducción a 4% la tasa contributiva que cobija a los médicos.

Incluso, Pernas cuestionó la credibilidad de un estudio que ordenó la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) al economista Ramón Cao, para conocer el comportamiento del mercado de seguros de salud debido a que utilizó la información de un censo cuya confiabilidad no ha sido constatada.

No obstante, los portavoces del Colegio de Cirujanos Dentistas (CCD) y de la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología (SPTO) respaldaron la medida porque, alegadamente, evitaría el éxodo de médicos y otros profesionales de la salud a través de un alza de las tarifas por servicios que le haría justicia a los proveedores.

Contratos onerosos

Los portavoces de ambas organizaciones, Raúl Dámaso Ortiz, presidente del CCD, y Antonio Otero, presidente de la SPTO, denunciaron que además de las bajas tarifas, el éxodo también responde a las condiciones onerosas que contienen los contratos para servicios médicos que proponen las aseguradoras.

De hecho, el doctor Otero reveló que una costumbre de las aseguradoras es presentar los contratos sin incluir las tarifas de pago por servicios. Además, los contratos sólo conceden 90 días para presentar facturas por servicios y 25 días para reclamaciones. “Medicare no permite hasta un año para presentar facturas”, dijo Otero.

El doctor Otero, quien se dedica a realizar reemplazos de rodilla y cadera, dijo que por cada uno de estos procedimientos recibe una compensación de hasta dos veces y media menor que la que obtiene un ortopeda en Estados Unidos.

“El modelo actual está totalmente sesgado a favor de las aseguradoras”, dijo Otero.

Por su parte, el doctor Dámaso Ortiz denunció que por más de 25 años las tarifas para determinados procedimientos dentales no han sufrido cambios mientras las primas de los seguros de salud aumentan frecuentemente.

Luego de que fuera cuestionada por varios legisladores, Pernas explicó que para establecer tarifas las aseguradoras emplean información actuarial, la cual ofrece estadísticas sobre la utilización de determinados servicios y su costo.

El doctor Dámaso Ortiz reveló que una aseguradora bajó las tarifas recientemente, lo que causó asombro a varios legisladores.

El Proyecto 1641 fue radicado por la representante Sol Higgins Cuadrado, quien preside la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes,. junto al presidente del cuerpo legislativo, Rafael Hernández Montañez, y por el representante Carlos Méndez.

La negociación colectiva figura como un mecanismo para que las aseguradoras y los proveedores acuerden el monto de las tarifas desde 2008, cuando se aprobó la ley 203.

El estatuto añadió el capítulo 31 al Código de Seguros, pero se convirtió en uno inoperante a consecuencia de las excesivas disposiciones de la regla 91, que es el reglamento de la ley, el cual fue establecido por la OCS.

Pero la medida propone enmendar la ley 203 y la regla 91, con el objetivo de convertir la negociación colectiva en un mecanismo viable.

El Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, ha respaldado la medida e incluso contrató al economista Cao para que efectuara un estudio para analizar el comportamiento actual de las fuerzas del mercado de salud para posibilitar la negociación colectiva.

Confirmada la concentración del mercado

El estudio confirmó la concentración del mercado en los seguros de salud por parte de varias aseguradoras por primas suscritas y por distribución de suscriptores. El estudio ha sido la base conceptual para varias enmiendas propuestas a la medida por Adams Vega.

Entre las enmiendas presentadas por el funcionario figura considerar a toda la isla como una sola área geográfica, lo que eliminaría las once áreas geográficas reconocidas por la regla 91.

Una de las enmiendas dispone que el proceso de negociación colectiva sea obligatorio y además, propone aumentar de un 20% a 40% el número de proveedores que se pueden unir para negociar con las aseguradoras.

Otra enmienda propone derogar el artículo 31.060 del Código de Seguros, para eliminar la Junta Revisora de Tarifas de Planes Médicos y Seguros, debido a que su excesiva injerencia operó como un obstáculo contra la negociación colectiva y convirtió al organismo en uno inefectivo.

Cuestionan credibilidad de estudio

Pernas cuestionó la credibilidad del estudio efectuado por el economista Cao, debido a que fue elaborado con los resultados de un censo que realizó el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, del cual se desconoce el tipo de metodología utilizada y la confiabilidad de los resultados censales, según lo menciona el propio estudio en una nota al calce.

“¿Puede esta honorable Asamblea Legislativa tomar como fuente confiable una recomendación basada en información que no ha sido constatada?”, cuestionó Pernas durante su ponencia, lo que desató reacciones a favor del estudio de parte de la representante Higgins Cuadrado y del representante independentista Dennis Márquez.

“Este es el estudio del gobierno”, exclamó Higgins Cuadrado.

“Es una nota al calce (el comentario sobre la metodología y la confiabilidad) y no es parte del estudio”, reclamó el representante Márquez, quien dijo favorecer la negociación colectiva.

Incluso, el representante Márquez cuestionó la posición de ACODESE sobre que la negociación colectiva causará un alza en las primas.

“Este no es un problema de costo (el alza en las primas), es un problema de ganancias. Que vale más las ganancias millonarias de las aseguradoras que la vida humana”, dijo Márquez.

Pernas alegó que el Proyecto 1641 pretende lograr por legislación lo que el Colegio de Médicos Cirujanos no logró a través de un interdicto contra la regla 91, en el que se alegó que varias disposiciones del reglamento eran contrarios a la negociación colectiva que es permitida por la ley 203.

La directora ejecutiva de ACODESE recomendó a la Comisión de Salud solicitar los comentarios de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos de América (FTC por sus siglas en inglés) que ha concluido que la negociación colectiva puede aumentar los costos y reducir la innovación y el acceso a los servicios de salud como resultado de la limitación a los beneficios que genera la libre competencia.

La representante Higgins Cuadrado aceptó la propuesta de consultar a la FTC.