Ferrao debe irse, Ilka Ríos no

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Por José M Saldaña

Ex presidente de la Universidad de Puerto Rico

Luego de 6 días de protestas y paros por parte de distintos sectores del Recinto de Ciencias Médicas de la UPR y a escasamente 25 días del inepto y cobarde presidente de la UPR Luis Ferrao haber nombrado por segunda ocasión (en aproximadamente 1 año) a la Dra. Ilka Ríos como rectora de dicho recinto, el pasado lunes 25 de septiembre -ayer-, ante el pavor que suscitaron en él las protestas, Ferrao le solicitó la renuncia inmediata a la Dra. Ilka Ríos como rectora del RCM de la UPR.

Esto ocurre por segunda ocasión en poco más de un año luego de que Ferrao en una irresponsable e irracional chapucería, fulminantemente destituyó a la Dra. Ilka Ríos el 4 de agosto del 2022 de la rectoría del recinto, posición a la que él mismo 11 meses antes la había designado. En esa ocasión lo hizo de forma improvisada en una abrupta movida sin el producto de una investigación por él mismo ordenada de unas acusaciones por supuestas irregularidades señaladas por decanos de la Escuela de Medicina de dicho recinto.

Luego de la efectividad el día 1ro. de septiembre del segundo nombramiento de la Dra. Ríos y del comienzo de varias protestas por dicho nombramiento que culminaron durante el pasado miércoles 6 de septiembre con sendas resoluciones de la Junta Universitaria y de la Facultad de la Escuela de Salud Pública -de reconocida tendencia ideológica de izquierda -exigiendo la destitución de la Dra. Ríos y la renuncia de Ferrao. 

Yo expresé que consideraba que una posible segunda destitución de la Dra. Ríos podría estarse fraguando lo cual sería una estrategia de algunos en la administración universitaria para tomarla a ella como chivo expiatorio con el fin de tratar de salvarle el pellejo al presidente Luis Ferrao – quien es el verdadero inepto y falto de carácter a quien se debe destituir por ser el responsable por toda la situación de ineficiencia y descrédito público que sufre la UPR en estos momentos.

En aquella ocasión, el Consejo de Estudiantes del RCM en medio de las protestas aprobó una resolución exigiendo al presidente Ferrao que, si para el miércoles 20 de este mes no se había destituido a la Dra. Ríos, se irían a un paro general. Supuestamente tendrían el respaldo de las distintas organizaciones del Recinto, laborales y profesionales.

Luego de varios días escondido en su oficina sin darle abiertamente el respaldo público necesario para que la Dra. Ilka Ríos iniciara sin mayores problemas su gestión, en medio de la amenaza de paro indefinido en el (RCM), el presidente Ferrao señaló el lunes 18 de este mes que no destituirá a la rectora Ilka Ríos Reyes, pese a preocupaciones de algunos sectores de la comunidad del RCM. Sin embargo, una semana más tarde, Ferrao le solicita la renuncia a la Dra. Ríos con efectividad inmediata.

Este cobarde e inepto presidente cuyo objetivo principal en la posición es no implementar los necesarios cambios en la institución que puedan crearle problemas para dentro de poco tiempo tranquilamente jubilarse, por el pavor que le causa la actual situación de protestas y un posible paro general decidió entregarle la institución a la izquierda ideológica del país representada por muchos de los participantes en estos paros.

En columnas anteriores he señalado que tradicionalmente las universidades –mayoritariamente- han sido enclaves y semilleros de docentes que profesan las ideologías de la izquierda, particularmente de la extrema izquierda. 

Esto tiene su origen en la visión que de la educación superior se tiene por algunos sectores que entienden que es la función principal de ésta, cuestionar toda la autoridad bajo el manto de que ese es el ejercicio del hombre con pensamiento crítico al que se debe aspirar a formar.  Esta visión atrae al claustro a personalidades rebeldes que están en contra de la autoridad y del sistema que la ostenta, sea éste el que sea.

Desde un principio en la Universidad de Puerto Rico ha existido un grupo sustancial del profesorado que son activistas de tendencia política de izquierda, particularmente en las facultades de Ciencias Sociales y de las Humanidades. 

Este grupo promueve y manifiesta una gran preocupación por los mismos asuntos que en las demás universidades, pero en nuestro entorno toma gran prominencia el tema de la independencia del país, el nacionalismo y el socialismo. Lo que más claramente define a esta subcultura es el compromiso con la idea de que es urgentemente necesario un cambio político que tiene que lograrse solamente por un proceso revolucionario.

Muy significativo es el hecho de que cuando hay administraciones universitarias que pueden considerarse débiles y temerosas -como la actual- estos elementos proliferan y ganan acceso a la alta jerarquía institucional obteniendo considerable poder para transmitir sus idearios.

A estos grupos socialistas revolucionarios les mueve el interés de utilizar la UPR para adelantar sus agendas ideológicas. En estos momentos -ante un año de elecciones- el objetivo inmediato es crear serios problemas a la actual administración de la isla. 

En esta estrategia está involucrada la APPU liderando a los grupos sindicales de la institución. Estos aprovechando la situación de una administración universitaria con un presidente inepto, temeroso e incapaz y una Junta de Gobierno igualmente inepta, han estado logrando avances en la mayoría de los recintos para lograr sus objetivos.

Parte importante de la estrategia de estos grupos a corto plazo, es apoderarse del liderato institucional de todo el sistema para utilizar la Universidad como punta de lanza para en año de elecciones crearle problemas a la actual administración de la isla. Con la decisión de destituir a la Dra. Ríos, el cobarde Ferrao le acaba de entregar el Recinto de Ciencias Médicas a estos sectores. Eso es lo que verdaderamente está ocurriendo.

El pueblo de Puerto Rico por medio de su gobierno tiene que tomar la decisión de si quiere que su universidad responda a los intereses de la isla, o si desea una universidad que responda a los intereses particulares de algunos de los grupos que la componen. Intereses estos últimos, que en la mayor parte de las veces van opuestos a los de Puerto Rico.

Dra. Ilka Ríos usted no debe someterle su renuncia a Ferrao. Quien debe renunciar por incompetente y cobarde es Ferrao. Y si no lo hace, la Junta de Gobierno debe proceder a destituirlo ya.

Señor gobernador Pierluisi a usted en última instancia le toca hacer lo que hay que hacer para dar marcha atrás al incremento en el desastre en que ya se encuentra la universidad. Esta es una universidad del Estado a la que los contribuyentes sostenemos, a la que usted le aprueba el presupuesto que emana de nuestras contribuciones. Usted en última instancia es el responsable por su suerte.

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Fallas sísmicas elevan posibilidad de un terremoto de mayor magnitud

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Por Miguel Díaz Román

La existencia de dos grupos de fallas sísmicas activas que apenas han sido investigadas, revelan la tenebrosa realidad de que en cualquier momento la isla puede ser víctima de un terremoto de mayor magnitud cuyos efectos pueden catastróficos debido a que miles de propiedades con más de 30 años desde que fueron construidas no han sido rehabilitadas porque no existen leyes ni reglamentos que impongan esa obligación.

La información surgió durante la celebración del foro ¿Colapsan condominios y edificios?, celebrado la pasada semana en San Juan por la Cámara de Comercio.

La revelación sobre la existencia de las fallas sísmicas la realizó el doctor José A. Martínez Cruzado, profesor del Departamento de Ingeniería Civil, especializado en ingeniería estructural sísmica, en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

La isla está ubicada en una zona de en el Caribe de alta actividad sísmica, pero la existencia de las fallas recientemente descubiertas ha disparado las alarmas porque los sismos se originan en las fallas y fue necesario revisar los espectros de energía sísmica que debe considerar un ingeniero a la hora de diseñar una estructura, según explicó Martínez Cruzado.

El foro, que fue coordinado por la corredora de seguros Edna Vázquez Bonnet, es parte de un esfuerzo para establecer en Puerto Rico un Código de Mantenimiento que obligue a los dueños de propiedades a rehabilitar sus estructuras. La actividad tuvo como marco de referencia los sismos acontecidos en el suroeste de la isla en 2020 y 2021 y el colapso del edificio Champlain Towers South, ocurrida en 2021 en el sector Surfside en Florida, y en el que fallecieron trágicamente 98 residentes del condominio.

El caso del edificio Champlain Towers South es de singular significado para la iniciativa de establecer en el país un Código de Mantenimiento porque el colapso obedeció a la renuencia de la Junta de Directores para realizar unas obras de rehabilitación urgentes en los cimientos del edificio.

No obstante, en el sector Surfside las inspecciones reglamentarias demostraron graves deficiencias porque se debían efectuar cada 10 años después de que las estructuras cumplieran 40 años desde que fueron construidas. El edificio Champlain Towers South, construido en 1981, iba a alcanzar la edad de 40 años en 2021. De hecho, las únicas inspecciones requeridas antes de que los edificios cumplieran 40 años, iban dirigidas a garantizar que los propietarios cumplieran con los permisos individuales.

Dos grupos de fallas

Aunque los dos grupos de fallas sísmicas han estado en la isla por una cantidad indeterminada de años, para los estudiosos constituyen en realidad fenómenos relativamente nuevos, sostuvo Martínez Cruzado.

El primero de ellos es una falla sísmica que se extiende por más de veintena de pueblos, en un surco diagonal que comienza en Guayama y Salinas y alcanza municipios como Añasco y posiblemente Aguada, Aguadilla y Adjuntas. De hecho, Martínez Cruzado sostuvo que esa falla tiene tres ramificaciones a partir de Adjuntas. La primera de ellas alcanza los pueblos de Aguada y Aguadilla; la segunda los pueblos de Lares, Las Marías y Añasco y la tercera se extiende hacía Mayagüez y discurre hasta Cabo Rojo.

El segundo grupo de fallas se comienza a registrar en la bahía de Boquerón y discurre hacía la bahía de Guánica y la de Guayanilla. 

 “En abril delineamos ocho sitios y de esos seleccionamos cuatro para investigar y descubrimos que son segmentos de fallas sísmicas. Que no es una sola falla que entra por la bahía de Boquerón sino muchas pequeñas fracturas que están activas porque registramos sismos en esa zona continuamente. Esas fallas llevan muchos años allí, pero son nuevas para nosotros porque no se habían descubierto y no han sido investigadas a profundidad”, dijo Martínez Cruzado.

Indicó que otra falla que no ha sido investigada es la conocida como Falla de Punta Montalva, ubicada en la región de Montalva en Guánica y que discurre desde Bahía Montalva, hasta Ensenada Las Pardas y luego dividiendo el Bosque Seco de Guánica.

Iniciativa de ayuda a los ingenieros

Esta falla se considera como una posible ramificación de la Falla de Lajas, la cual sí fue investigada y los resultados fueron incorporados en el mapa de peligrosidad sísmica que patrocina el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Gran parte de los sismos acontecidos en 2020 y 2021 en el suroeste de la isla están relacionados con la Falla de Lajas y la Falla de Punta Montalva. De hecho, la Falla de Punta Montalva será investigada a principios del 2024.

 La última actualización de los mapas de peligrosidad sísmica ocurrió en 2003.  Por mandato del Congreso los mapas se deben actualizar en 2025, lo que implica que estas fallas deben ser investigadas por medio de excavaciones y de análisis de carbono 14 para determinar si están activas y la edad de la falla. No obstante, al no estar en los mapas de peligrosidad sísmica implica que la planificación de construcciones en esas zonas no considera la capacidad destructiva de las fallas.

Martínez Cruzado indicó ante esa realidad y debido al proceso tedioso que exige el Servicio Geológico para incluir las fallas en los mapas de peligrosidad sísmica, en el recinto de la UPR en Mayagüez se decidió hacer los cálculos sobre la capacidad destructiva de las fallas y ofrecerla a los ingenieros.

Ponce, el pueblo  más afectado

“Los ingenieros no son sismólogos. Por esa razón en el recinto de Mayagüez desarrollamos en 2021 la metodología para establecer los espectros que consideran el efecto de esas fallas para que los ingenieros los puedan incorporar en sus diseños, porque sabemos que esas fallas están activas. En Ponce, que está más cerca de las fallas, se duplican las cargas. Si antes se debía diseñar para 10,000 libras ahora se debe diseñar para 20,000 libras. Ponce es el caso más grave que tenemos. En San Juan el aumento es como un 47 %”, explicó.

En 2022 la información fue compartida con el Colegio de Ingenieros, pero Martínez Cruzado dijo desconocer si se estaba utilizando.

El ingeniero sostuvo que durante la investigación de una falla se identifica su extensión y los diversos giros que toma, ya sea en la superficie o en la profundidad de la corteza terrestre.

También se determina la llamada razón de deslizamiento, que es la velocidad en que una placa tectónica se mueve en relación con otra, en la profundidad terrestre, y cuyo efecto en la superficie es precisamente una falla.

Además, es necesario determinar la aceleración, que comprende aquellos factores geológicos y de composición del terreno que facilitan el movimiento sísmico y afectan las estructuras.

Explicó que una de las características de las estructuras es la inercia, es decir, la resistencia de los cuerpos para cambiar su estado de reposo frente a una fuerza externa.

Estos términos también fueron abordados por los ex secretarios de Transportación y Obras Públicas, Carlos Pesquera y José M, Izquierdo, quienes tuvieron una destacada participación en el foro.

Desde 1987 se requiere ductilidad

 De hecho, Pesquera marcó un antes y un después en 1987, cuando ya los códigos de construcción habían incorporado nuevas disposiciones para lograr que las estructuras fueran dúctiles, es decir, que ante un sismo los edificios fueran capaces de experimentar grandes deformaciones sin colapsar.

Martínez Cruzado indicó que para construir una estructura es necesario conocer la magnitud de velocidad que puede generar una falla, la distancia en que se encuentra la falla con respecto a la ubicación de la estructura y los factores de aceleración, tales como un suelo arenoso o atestados de rocas.

Otro aspecto revelador es que los lugares distantes al epicentro de un terremoto no están exentos de sufrir daños. Incluso, Martínez Cruzado indicó que, por el fenómeno de la aceleración y el efecto vibracional en los edificios, los residentes de San Juan no están del todo seguros si el epicentro de un sismo ocurre en un lugar muy distante.

Estar lejos del epicentro no garantiza nada

“En el terremoto de México de 1985 fue a 400 kilómetros de Ciudad de México y en allí se cayeron edificios que mataron 10,000 personas. Las aceleraciones en Ciudad México eran muy bajas, un 10 %, pero las ondas hicieron vibrar los edificios con su propio periodo de vibración y colapsaron un motón de ellos con un saldo de 10,000 muertos. Entonces, no porque el terremoto ocurra lejos implica que no habrá daño. De hecho, esos terremotos a cierta distancia pueden ser más severos. Los terremotos más cercanos afectan más a edificios de dos y tres plantas y si son lejanos les hacen daños a estructuras más altas. Básicamente es por el contenido de la frecuencia, el terreno se mueve de una manera diferente a medida que se va alejando del epicentro del terremoto”, dijo Martínez Cruzado.

“Sabemos que, si tenemos más aceleración debemos diseñar paredes más anchas, considerando el tipo de acero de las varillas y el tipo de hormigón para lograr mayor resistencia en la estructura”, agregó el ingeniero, quien advirtió sobre los efectos letales que tiene la modificación y eliminación de paredes de carga en condominios para lograr más espacio o por razones estéticas.

En el foro surgió que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) solicitó una prórroga en la Legislatura para cumplir con las disposiciones de la de la Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes 201 (RCC 201), que ordena a la agencia acoger un código internacional de mantenimiento de estructuras y atemperarlo a las condiciones del país.

Los costos de la trajedia

Carlos Oquendo, quien es sub secretario auxiliar de OGPe y dirige el comité que tiene a cargo desarrollar el nuevo código de mantenimiento y su reglamento, indicó que aún falta por realizar una vista técnica y una vista pública, una encomienda que se deberá cumplir en los primeros meses del 2024. OGPe solicitó una prórroga luego de que no pudo culminar con todo lo dispuesto en la RCC 201 el pasado 7 de junio, cuando se cumplió un año desde que la medida fue firmada por el gobernador Pedro Pierluisi.

Timothy Fletcher, quien es vicepresidente de la empresa de reaseguro Gen Re Berkshire Hathaway Company y tuvo una participación estelar en el foro, reveló los astronómicos costos que en realidad causó la tragedia del condominio Champlain Towers, que en 2018 un informe de ingeniería identificó oxidación, hormigón deteriorado y un diseño defectuoso de la plataforma de la piscina cuyas reparaciones costarían $15 millones de dólares.

Tras el colapso, residentes y familiares de los 98 fallecidos radicaron una demanda en un tribunal de Florida, el cual logró un acuerdo de $1,020 millones para compensar a las personas que perdieron a familiares en el derrumbe del edificio. Alrededor de $100 millones irán a honorarios legales y $96 millones a los propietarios que perdieron una de las 136 unidades del edificio.

El dinero proviene de 37 fuentes diferentes, incluidas compañías de seguros, empresas de ingeniería y un condominio de lujo cuya reciente construcción al lado se sospecha que contribuyó al daño estructural de Champlain Towers South. 

De hecho, el sustancial acuerdo alcanzado en el tribunal es uno de los eventos que han contribuido a elevar las pérdidas de determinadas aseguradoras, lo cual ha causado un alza en el costo del reaseguro. Como resultado del aumento en el reaseguro se ha registrado un incremento notable en las primas, restricciones en la cobertura de riesgos y la salida de algunas aseguradoras del estado de Florida.

Nuevas exigencias de inspección en Florida

Aún no existe una determinación oficial sobre qué causó el colapso del edificio y será para 2025 cuando el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) culminé su investigación de la tragedia.

La investigación dirigida por (NIST) trabaja en diversos escenarios diferentes que podrían explicar por qué el edificio de 12 pisos se derrumbó abruptamente la madrugada del 24 de junio de 2021. Aunque ya ha trascendido que la corrosión en las barras de refuerzo, la construcción deficiente y las graves fallas de la terraza de la piscina del edificio provocaron el colapso de la estructura.

Por su parte, el senador estatal Jason Pizzo, quien representa al sector Surfside y participó en el foro, promovió la aprobación de proyectos de ley que establecieron nuevos requisitos para las inspecciones de edificios y condominios.

Una de las medidas exige inspecciones para estructuras de tres pisos o más cada 30 años. Los edificios dentro de un radio de tres millas de la costa requerirían inspecciones 25 años después de su ocupación. También se ordenan inspecciones detalladas para atender problemas estructurales detectados por ingenieros o arquitectos. Además, las asociaciones de residentes de condominios deberán tener reservas financieras adecuadas para realizar las reparaciones y realizar estudios para determinar cuánto dinero se debe reservar.

Reaseguradoras avalan mantenimiento de estructuras

En Florida se aprobaron leyes para establecer restricciones a las llamadas demandas de “mala fe” contra aseguradoras y la creación de un fondo de $2,000 millones para proporcionar un reaseguro adicional a las aseguradoras de propiedad con dificultades para obtener cobertura en el mercado privado. Además, la legislación permitirá que las pólizas de seguro incluyan nuevos deducibles por daños en los techos.

Durante su participación en el foro Federick Millán, presidente de la aseguradora USIC Group, destacó la importancia de establecer un código de mantenimiento ante la realidad de que el mercado de reaseguro transita un período de alza en las primas causado por las pérdidas masivas a nivel mundial que enfrentado las reaseguradoras, las cuales ha sido provocadas principalmente por el cambio climático y el aumento en el costo de las propiedades.

Indicó que establecer un código de mantenimiento es un factor favorable que considerarán  las reaseguradoras.

Lamentan ausencia del tema de erosión costera

El presidente de la aseguradora Mapfre, Alexis Sánchez Géigel, lamentó que el foro no hubiese atendido a profundidad el tema de la erosión costera, un problema que afecta de manera dramática los condominios costeros, especialmente aquellos ubicados en la zona turística que se extiende desde el Condado, en San Juan, hasta el sector Isla Verde en Carolina.  

Jaime González Portilla, presidente de Antilles Insurance Company, insistió en la necesidad de que las juntas de condómines establezcan un fondo para lidiar con los inevitables deterioros que sufren las propiedades, el cual se deberá nutrir con una porción de los pagos mensuales de mantenimiento.

Luis Negrón, quien es vicepresidente de suscripción y reclamaciones de Mapfre, se pronunció a favor de atender el problema de la erosión costera y el efecto en las estructuras que tienen los distintos tipos de suelo. Negrón también destacó la conveniencia de las pólizas Bare Wall para condominios, en comparación con la póliza Full Value, que según dijo, convierte a los titulares “en rehenes” de las juntas de directores. 

Destacan importancia de los deberes de fiducia

Marimar Pérez-Riera quien preside la Asociación de Titulares de Condominios, recordó que aunque no se radicaron cargos por negligencia contra los miembros de la junta de directores del condominio Champlain Towers por no atender a tiempo el problema en los cimientos de la estructura que habían sido señalados desde 2018, indicó que cada miembro de estos organismos tiene un deber de fiducia, lo cual los convierte en responsables de lo que ocurra en su condominio.

El ingeniero Emilio Colón, quien preside la empresa ECZ Group, trajo a discusión las diversas lagunas que aún perviven en la iniciativa de establecer el Código de Mantenimiento sobre cómo financiar las obras de rehabilitación, especialmente cuando son costosas y los residentes de la estructura carecen de los ingresos para atender esa responsabilidad.

De hecho, diversas voces clamaron durante el foro por la aprobación de un crédito en las contribuciones a la propiedad para los titulares cuyo condominio afronte obras de rehabilitación. Colón indicó que una alternativa es proveer préstamos de rehabilitación sin intereses a los consejos de titulares.

“¿Si el Consejo de Titulares de un condominio no aprueba una derrama para una obra de rehabilitación qué hacemos? ¿Los desalojamos?”, preguntó de manera retórica Colón ante un público que se mantuvo atento y silencioso, quizás una señal de que para los presentes aún faltan muchos asuntos fundamentales por atender en la iniciativa de establecer el Código de Mantenimiento para estructuras.

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Malla de fibra de carbón no resuelve debilidad de la columna corta

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Por Miguel Díaz Román

La utilización de una malla de fibra de carbón para corregir las columnas cortas en las escuelas públicas que realiza el gobierno no evitará el colapso de escuelas y la muerte de estudiantes y maestros ante un terremoto de alta intensidad, denunció el doctor José A. Martínez Cruzado, profesor del Departamento de Ingeniería Civil, especializado en ingeniería estructural sísmica, en el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

“La malla de fibra de carbón no atiende ese problema, esa malla no va a aguantar ante un sismo “, dijo Martínez Cruzado durante la celebración del foro ¿Colapsan condominios y edificios?, celebrado la semana pasada por la Cámara de Comercio en San Juan.

El foro fue parte de un esfuerzo que involucra al Colegio de Ingenieros, la Legislatura y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para establecer en Puerto Rico un Código de Mantenimiento que obligue a los dueños de propiedades de más de 30 años desde que fueron construidas a rehabilitar sus estructuras.

El ingeniero, quien es el director del programa de movimiento fuerte de la Red Sísmica de Puerto Rico, dijo que para corregir el problema de la columna corta es necesario construir paredes de hormigón a ambos lados de la columna para hacerla más rígida y evitar el movimiento lateral.

La llamada “columna corta” es una columna que carece de los elementos estructurales necesarios para garantizar la fortaleza de una estructura y evitar su colapso durante un sismo.  

“Le hemos dicho (al Departamento de Educación) que eso no resuelve el problema. Ellos nos dicen que esa es nuestra opinión. Pero no es un asunto de opinión … .como si esto fuera arte y esto es ciencia y en la ciencia hay que probar las cosas”, dijo Martínez Cruzado.

En el foro el ingeniero Félix Rivera Arroyo, presidente del Comité de Terremotos del Colegio de Ingenieros (CTCI), avaló las denuncias de Martínez Cruzado.

En reacción a los planteamientos de Martínez Cruzado y de Rivera Arroyo, el ingeniero Carlos Oquendo, quien es subsecretario auxiliar de la OGPe, indicó que convocará a los integrantes del comité que tiene a cargo desarrollar el nuevo código de mantenimiento para discutir la denuncias y examinar alternativas.

OGPe podría tomar acción

Oquendo sostuvo que el comité le hará recomendaciones al secretario auxiliar de la OGPe, el licenciado Félix Rivera, sobre las medidas que se deberían tomar en relación con la precariedad de la malla de fibra de carbón.

Según expresó Oquendo, el licenciado Félix Rivera es el regidor de los códigos de construcción y posee competencias para hacer cumplir sus disposiciones, incluyendo aquellas relacionadas con el fortalecimiento de las estructuras para resistir terremotos.

No obstante, el ingeniero Oquendo no indicó que acciones podría tomar Felix Rivera para evitar el uso de la malla de fibra de carbón en las escuelas.

La fibra de carbón es material resistente que, al concebirlo en una malla, puede robustecer una columna porque aporta una rigidez similar a un entramado de varillas. A la columna se le remueve el empañetado y luego se le aplica una capa de pegamento. Finalmente, la malla se incorpora sobre el pegamento. Tras verificar que la malla ha quedado adherida a la columna, se cubre nuevamente con cemento.

Dudan efectividad de fibra de carbón

 Martínez Cruzado y Rivera Arroyo indicó que la rigidez que agrega la fibra de carbón no es suficiente para garantizar que una estructura como una escuela resista un sismo de alta magnitud.  

El uso de la “columna corta” en la construcción de cientos de escuelas públicas fue denunciado reiteradamente por el CTCI, pero no fue hasta que ocurrió el colapso de la escuela Agripina Seda en Guánica el 7 de enero del 2020, luego de que un terremoto de magnitud 6.4 golpeara la zona suroeste de la isla, que la controversia ha tomado relevancia en el debate público en Puerto Rico.

Tras una evaluación se determinó que la escuela Agripina Seda, construida antes de 1987, colapsó por el efecto de la columna corta.

“Aquí la suerte fue que ese terremoto ocurrió en la madrugada cuando la escuela estaba vacía. Eso fue a las 4.24 de la madrugada. Si no eso hubiera sido una tragedia en este país”, advirtió Rivera Arroyo.

Mecanismo costoso

Los ingenieros sostuvieron que el uso de la malla de fibra de carbón es un mecanismo costoso e ineficiente para garantizar que las “columnas cortas” de un plantel escolar no cedan frente a los estremecimientos generados por un sismo de alta intensidad.

Indicó que una manera efectiva para aumentar la resistencia de las escuelas a los sismos es utilizar unos amplios marcos de metal que se colocan en determinados lugares del edificio.

“Esos marcos le dan rigidez a la estructura”, dijo el ingeniero.

 Otra medida es levantar las llamadas paredes decortantes, que son paredes de doble camada de varillas, que son ubicadas en secuencia a determinada distancia (cada dos o cuatro salones de clase en una escuela), con el fin de aumentar la capacidad de la estructura para resistir y evitar el colapso.

“Son alternativas mucho mejores que la fibra de carbón porque impiden un colapso, que es lo que queremos evitar. Una escuela con fibra de carbón está en riesgo de colapso, no necesariamente total porque puede ser parcial. Pero la fibra no evita el colapso”, reiteró Rivera Arroyo.

$276 millones por la borda

“Están botando el dinero, se lo hemos dicho”, dijo Martínez Cruzado.

En una primera etapa la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) tuvo a cargo atender el problema de la columna corta en las escuelas, para los que se invirtieron $276 millones. En una segunda etapa, que comenzó en 2021, la reconstrucción de escuelas estará a cargo de la Oficina de Infraestructura y Reconstrucción del Departamento de Educación.

“Ya han botado $276 millones con unas reparaciones que técnicamente no resuelven el problema porque no evitan el colapso. El gobernador es el primero que no hace caso a lo que hemos dicho y es una irresponsabilidad que un gobernante no vele por la seguridad de su gente porque Puerto Rico está ubicado en una zona sísmica bien activa y la seguridad debe ser lo más importante”, dijo Rivera Arroyo. 


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INFORME SEMANAL-23 de septiembre de 2023

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Esta semana en Informe Semanal dialogamos sobre la necesidad de establecer entre Puerto Rico un código de mantenimiento de propiedades que exija rehabilitar estructuras antiguas o de más de 30 años desde que fueron construidas. También hablaremos sobre el efecto que pueden tener fallas sismicas que comienzan en el suroeste y que podrían alcanzar áreas en el norte de país. También conversamos sobre las múltiples investigaciones que enfrenta el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró. También hablaremos sobre la impugnación que ya realizó Suiza Dairy contra dos reglamentos enmendados que facilitan el envío de leche a la planta de balance Indulac, la cual se pretende tratar como otra planta comercial.

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Aumentan las tensiones entre Suiza Dairy, Indulac y Tres Monjitas por las decisiones de la ORIL

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Por Miguel Díaz Román

La empresa Suiza Dairy ha señalado que la empresa Tres Monjitas no necesita un aumento de más de 24,000 cuartillos diarios de leche cruda que la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) le asignó recientemente y que en realidad la medida tiene como objetivo encaminar el producto hacia la planta de balance Indulac.

Los señalamientos de Suiza Dairy están contenidos en una comunicación que envió a las vaquerías que le suplen leche, los cuales son cónsonos con una demanda que la empresa ha realizado en el Tribunal Apelativo que fundamentalmente denuncia que la ORIL desea convertir a Indulac en una planta comercial y favorecer la capacidad competitiva de Tres Monjitas.

La comunicación que envió Suiza Dairy a las vaquerías que le suplen leche, emitida el pasado 18 de septiembre, revela cómo las decisiones de la ORIL han incrementado las fricciones entre las plantas procesadoras Suiza Dairy, Tres Monjitas y la planta de balance Indulac.

De hecho, en declaraciones escritas el principal ejecutivo de Tres Monjitas, Orlando González Núñez, y Francisco Orama, de Indulac, respaldaron las determinaciones de la ORIL. El secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, es actualmente el administrador interino de la ORIL.

El pasado 1 de septiembre Suiza Dairy impugnó ante el Tribunal Apelativo las enmiendas introducidas por la ORIL a los reglamentos 5 y 10 que regulan el manejo de los excedentes y la calidad de la leche, entre otras disposiciones.

En la impugnación Suiza Dairy sostuvo que las enmiendas representan un intento de favorecer la empresa Tres Monjitas y al grupo de ganaderos que controlan la planta de balance Indulac con el fin de convertirla en una planta elaboradora comercial. Indulac es una planta de balance cuyo fin es procesar los excedentes de leche que generan las plantas comerciales.

En la carta a los ganaderos Suiza Dairy indicó que la orden administrativa 2023-01 de la ORIL permitió contabilizar las ventas de la leche de vida extendida como parte del renglón de leche fresca para determinar que la planta Tres Monjitas experimentó un aumento en su participación en el mercado.

Tras esa decisión la ORIL determinó que correspondía trasladar la producción de un grupo de vaquerías asignadas a Suiza Dairy hacía Tres Monjitas, con el objetivo de aumentar su suplido de leche cruda en 24,000 cuartillos diarios.

Anticipan pérdidas a los ganaderos

La misiva de Suiza Dairy también señala que Indulac no pagará a los ganaderos los 24,000 cuartillos al precio establecido para el mercado de leche fresca, que es 97 centavos por cuartillo, lo que implica que la determinación causará una pérdida a esas vaquerías.

“Al considerar esta leche dentro de los volúmenes de la leche fresca como todos la conocemos, Tres Monjitas aumenta su participación en el mercado, y ocasiona que el administrador interino (de la ORIL) ordene a Suiza Dairy a transferir más de 24,000 cuartillos diarios a Tres Monjitas que no necesitan y que al final del día terminan en manos de Indulac para el uso que ellos entiendan más apropiado para su negocio y que no necesariamente será pagada a $0.97 por cuartillo como todos los que llegan a Suiza Dairy”, indica la misiva.

En la carta Suiza Dairy también señaló que la orden administrativa 2023-29 la ORIL estableció que la fecha de expiración de la leche pasteurizada y homogeneizada de Tres Monjitas será entre 10 y 16 días. Actualmente la fecha de expiración para la leche fresca producida por Suiza Dairy es de hasta 12 días, por lo que la determinación de la ORIL fue denunciada ante el Apelativo como una acción para conceder una ventaja competitiva a Tres Monjitas.

Decisión requerirá menos leche 

Según Suiza Dairy, esta orden administrativa pone en riesgo toda la Industria Lechera porque “al aumentar la vida útil de la leche fresca, se compromete su frescura y, además, su denominación como leche fresca, que puede confundirse con leche con vida extendida”.

Además, señala que el aumento de la fecha de expiración a favor de Tres Monjitas permite que su producto permanezca cuatro días adicionales en el mercado, lo que provoca que se necesite una menor rotación del producto en el mercado y como resultado la planta procesadora necesitará menos leche de los ganaderos.

“Esto está directamente relacionado con un menor beneficio para el ganadero pues, es contrario a una mayor rotación, que necesitaría mayor cantidad de leche cruda de parte de los ganaderos. Les comparto un detalle en el que pueden observar que en las liquidaciones de ganaderos de Tres Monjitas ha aumentado su participación del excedente, ya que cada vez necesita menos leche cruda producida por ustedes”, sostiene la carta.

Este periodista le solicitó a Tres Monjitas una reacción a los señalamientos de Suiza Dairy a sus ganaderos y el gerente de Tres Monjitas, Orlando González Núñez, justificó las determinaciones de la ORIL en unas declaraciones escritas.  

“La leche fresca de larga duración MST cumple con estos requisitos establecidos por definición para la leche fresca y esto ha sido certificado por el Departamento de Salud, la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA), el National Conference of Interstate Milk Shipment (NCIMS) y por la ORIL”, indica González Nuñez.

 “La leche de vida extendida (ESL) se pasteuriza a una temperatura de 280 grados, mucho más alta que el proceso de pasteurización de la leche fresca de larga duración de Tres Monjitas, conocida como la leche «Dura» o MST”, agregó el ejecutivo.  

Aumenta participación en el mercado

Sobre el incremento en la participación de mercado y el aumento en la asignación de leche cruda a Tres Monjitas González Nuñez sostuvo: “la ORIL asigna a las plantas elaboradoras el recogido de leche cruda en las ganaderías basados en la participación del mercado de leche fresca de cada planta durante el año anterior.  Esta participación del mercado de leche fresca ha cambiado en los últimos años de un 65% de Suiza Dairy y 35% Tres Monjitas a 52.45% y 47.55% respectivamente, de acuerdo a los cómputos de la ORIL. Por ese aumento en la participación del mercado de Tres Monjitas, la ORIL le aumentó la cantidad de ganaderías en las que debe recoger leche”.

 “La ORIL, como ente regulador principal en la Isla determinó recientemente que la fecha de expiración para la leche fresca Tres Monjitas podrá ser de hasta 16 días, ya que fue la única compañía elaboradora que probó que mantiene su calidad y frescura inalterada durante este tiempo. Esta determinación, que es un reconocimiento a la calidad del producto, ayuda a mejorar la confianza del consumidor y por lo tanto, generará más venta de leche fresca. El objetivo de toda la industria debería ser continuar mejorando constantemente la calidad de todos los productos de leche fresca del mercado y tratar de igualarla a otros mercados en Estados Unidos donde, en algunos casos, la fecha de expiración es de hasta 20 días”, concluyó el gerente de Tres Monjitas.  

Indulac reclama más leche

 Por su parte, Francisco Orama, administrador general de Indulac, sostuvo que Indulac en nada tiene que ver con las interpretaciones que hace ORIL sobre este tipo de asunto (la participación del mercado de las plantas).

“Igual que Suiza Dairy, Tres Monjitas envía leche a Indulac de acuerdo a su necesidad, unos días más, otros días menos y otros días ninguno. Pero al menos están cumpliendo con el marco regulatorio, el cual no se puede utilizar cuando conviene y retarlo cuando no conviene. Nosotros nos mantenemos firmes que Indulac necesita un abasto directo y continuo para, como cualquier negocio de manufactura, poder absorber sus costos fijos. Esto no creo que sea muy difícil de entender. Gracias”, indicó Orama.

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Inminente alza en las pérdidas aseguradas mundiales

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Tomado de la revista Insurance Journal

El costo de las pérdidas anuales por catástrofes naturales a nivel mundial será de $133 mil millones de dólares, lo que representa un nuevo récord que ha sido impulsado en gran medida por el cambio climático, según concluyó Verisk Extreme Event Solutions, que es una empresa estadounidense de análisis de datos y modelos de riesgo con sede en Boston, Massachusetts.

Incluso Verisk advirtió que la industria de seguros debería prepararse para la posibilidad de un año de pérdidas superiores a los $200 mil millones.

Además del cambio climático, el alza en el costo promedio de las pérdidas anuales causadas por catástrofes naturales será impulsada por el aumento de valor de las estructuras aseguradas, según dijo Bill Churney, presidente de Verisk, en un comunicado difundido recientemente.

Churney indicó que el aumento de valor de las estructuras aseguradas será el resultado de que continúa la construcción en áreas de alto riesgo y el aumento de los costos de reposición causado por el incremento de precios provocada por la inflación.

La historia fue reseñada por el periodista Chad Hemenway en la revista Insurance Journal el pasado 11 de septiembre.

Los planteamientos de Verisk, que están contenidos en su informe 2023 Global Modeled Catastrophe Losses, representan un llamado de alerta para la industria de seguros.

De acuerdo con el análisis de Verisk, las pérdidas promedio en los últimos cinco años alcanzaron los $101 mil millones de dólares, lo que representó un aumento significativo en relación con los $70 mil millones de dólares en pérdidas por catástrofes registradas en el quinquenio entre 2013 y 2017.

Industria debe considerar aumento en pérdidas

La estimación actual generada por los modelos de Verisk indican que el costo anual de las pérdidas por catástrofes naturales globales ascenderá a $133 mil millones de dólares.

Aunque el cambio climático figura como la razón principal del aumento, a corto plazo el alza en los valores de reemplazo se perfila como un factor de gran peso.

Verisk advirtió en el informe que debido a un aumento en la frecuencia de las pérdidas que cada vez son significativamente mayores que las anteriores, la industria de seguros debería prepararse para la posibilidad de un año de pérdidas superiores a los $200 mil millones de dólares.

El informe sostiene que los modelos para estimar los costos de los riesgos también resaltan un aumento significativo en la brecha que separa las pérdidas protegidas por seguros y las pérdidas sin protección, la cual estimó en más de $400 mil millones de dólares pérdidas económicas globales anuales.

“A nivel regional, el porcentaje de pérdidas económicas por desastres naturales que está asegurado varía considerablemente”, dijo Verisk en su informe.

“En América del Norte, por ejemplo, alrededor del 51% de las pérdidas económicas causadas por desastres naturales están aseguradas, mientras que, en Asia, las pérdidas aseguradas representan sólo alrededor del 12% de las pérdidas económicas, respectivamente, lo que refleja la muy baja penetración de los seguros en estas regiones”, señaló el informe de Verisk.

El factor cambio climático

El informe no intenta hacer una distinción entre los llamados peligros primarios y secundarios, debido a que todas las catástrofes contribuyen a las pérdidas, “ya sean un solo evento importante, una suma de otros más pequeños o una combinación de los dos”.

A modo de ejemplo, el Informe sostuvo que las tormentas eléctricas severas, que son catalogadas con frecuencia como un peligro secundario, “han representado hasta ahora el 70% de las pérdidas aseguradas de ocho eventos multimillonarios en 2023”

Según el informe, el impacto del cambio climático es otro factor importante que contribuye a elevar el costo de las pérdidas anuales por catástrofes naturales.

De hecho, a menudo se responsabiliza al cambio climático como la razón principal del aumento de las pérdidas. “Pero, si bien esto influye, el crecimiento año tras año de la exposición y el aumento de los valores de reemplazo tienen un impacto mucho mayor a corto plazo”, sostuvo el informe.

Tecnología para estimar el efecto del clima

Verisk indicó en el informe que el cambio climático es un “factor significativo” en el aumento de las pérdidas por catástrofes, que afecta a todos los peligros.

“Peligros como inundaciones, sequías, incendios forestales y el aumento del nivel del mar y por lo tanto de las marejadas ciclónicas, se están volviendo más graves y las observaciones los datos corroboran la ciencia”.

No obstante, la empresa especializada en análisis de datos y modelos de riesgo sostuvo que la contribución del cambio climático a otros peligros es más difícil de cuantificar.

La empresa reveló que está trabajando afanosamente para combinar la ciencia con las tendencias históricas con el fin de garantizar que los modelos reflejen el efecto real del riesgo climático. La traducción e interpretación fue realizada por Miguel Díaz Román.

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Con costo político acuerdo para retiro de 1,240 empleados públicos por ley 80

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Por Miguel Díaz Román

El acuerdo alcanzado entre la administración del gobernador Pedro Pieluisi con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para conceder el retiro a solo 1,240 empleados públicos a través de la implementación de la Ley 80 de 2020 o Ley del Programa de Retiro Incentivado, ha generado un gran resentimiento entre unos 9,440 empleados públicos que inicialmente recibieron notificaciones de elegibilidad de parte del gobierno para obtener el beneficio y luego fueron rechazados.

El acuerdo entre la administración Pierluisi y la JSF para poner en vigor de manera parcial la Ley 80 implica que algunos beneficios que prometía el estatuto no serán honrados y que los empleados públicos elegibles serán un grupo limitado. No obstante, el acuerdo ha garantizado una pensión equivalente al 50 % de su salario. La ley 80 incluye a los empleados públicos cobijados por la ley 1 de 1990 y la ley 447 de 1951.

Aunque la administración Pierluisi alentó la expectativa de que los 10,680 empleados públicos que recibieron notificaciones de elegibilidad y que luego solicitaron acogerse al retiro a través de la ley 80, finalmente el acuerdo con la JSF limitó el beneficio a 1,240 empleados “no esenciales”.

Como resultado del acuerdo las plazas de estos empleados serán eliminadas luego de que se acojan a la jubilación. El acuerdo también comprende que los restantes 9,440 empleados públicos no podrán acceder a la jubilación con los beneficios de ley 80 porque fueron catalogados como “esenciales”.

“Hay muchos empleados públicos molestos y desilusionados con lo que han hecho con la ley 80. Ahora tenemos 1,240 empleados que se van con 50 % de su salario y 9,440 que se deberán acoger a la ley 3 del 2013, que redujo la pensión de los empleados públicos y eliminó beneficios económicos a los pensionados”, dijo un empleado público con edad para el retiro, pero debido a que fue catalogado por la agencia en que trabaja como “esencial” no podrá acogerse al beneficio que ofrece la ley 80.

Menos pensión por ley 3 de 2015

La ley 3 de 2013 eliminó beneficios a los pensionados del gobierno y redujo las pensiones de los futuros empleados públicos que se acogieron al retiro, debido a la crisis financiera que enfrentó el Sistema de Retiro.

“Por ley 3 los empleados de ley 1 recibirán una pensión de 29 % de su salario y los de ley 447 un 38 %. Esto en realidad es un discrimen”, dijo el empleado público, quien prefirió no revelar su nombre para evitar represalias.

El acuerdo contempla que, junto con la pensión vitalicia, los retirados recibirán $100 de aportación para el plan médico hasta cumplir los 62 años, más el pago de sus vacaciones acumuladas. El acuerdo, que entraría en vigencia durante el primer semestre de 2024, requiere la aprobación de la jueza Laura Taylor Swain, que preside el caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas en el Tribunal Federal de San Juan, según las disposiciones de la ley federal Promesa.

De hecho, la aprobación de la ley 80 en 2020 provocó una “guerra” epistolar entre la ex directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, y funcionarios del gobierno durante la administración de la ex gobernadora Wanda Vázquez Garced y en la presente administración de Pierluisi.

Jaresko objetó las leyes

La Ley 80 fue parte de un paquete de tres medidas, las leyes 80, 81 y 82, firmadas por Vázquez Garced en agosto de 2020. La ley 81 proponía un pago mensual de jubilación equivalente al 50 % del salario a los policías, bomberos y otros empleados de agencias de seguridad del gobierno.

La Ley 82 autoriza que el Sistema de Retiro de Maestros acredite como tiempo trabajado el balance acumulado de licencias por enfermedad de los maestros, lo que acelerará la fecha de retiro de cientos de maestros que no cumplían con el requisito de tiempo trabajado para acogerse al retiro.

La medida que se convirtió en la ley 80 la presentó el pasado cuatrienio el entonces presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la delegación del Partido Nuevo Progresista. Entre sus principales promoventes figuran el senador Carlos Rodríguez Mateo y la senadora Migdalia Padilla. 

La Ley 81 surge de un proyecto radicado por el senador Gregorio Matías.

En las numerosas cartas enviadas a funcionarios del gobierno, Jaresko objetó las tres leyes por la ausencia de un análisis financiero en la Legislatura para justificar su viabilidad y porque debido a la precariedad de la economía local a largo plazo, el gobierno no podrá cumplir con el costo multimillonario de las medidas.

Sin justificación financiera las medidas

La JSF exigió la presentación de informes económicos y actuariales sobre el impacto de los beneficios a largo plazo en el fondo general y también indicó que las medidas eran contrarias a la ley Promesa.  Jaresko amenazó con solicitar la anulación de las leyes en el Tribunal Federal, una amenaza que se hizo realidad en diciembre de 2021, cuando la jueza Taylor Swain las anuló.

Pero, a pedidos de la JSF, la jueza emitió una orden en la que pospuso la puesta en vigor de la anulación de la ley 80, en espera de que el gobierno y el organismo federal lograran un acuerdo para ofrecer algunos de sus beneficios de la ley sin que le cueste un centavo al fisco.

En un comunicado de prensa distribuido el pasado sábado 16 de septiembre el gobernador Pierluisi se felicitó por el acuerdo alcanzado con la JSF.

 “Tras lograr un acuerdo con la Junta, hoy podemos anunciar que el Programa de Retiro Incentivado es una realidad y que los empleados elegibles no esenciales de las leyes 1 y 447 se podrán retirar con una pensión vitalicia de un 50%, a la vez logramos ahorros significativos para el gobierno.”, sostuvo el gobernador.

Inminente costo político

“Esto va a tener un costo político. Yo sé que hay mucha gente molesta y desilusionada que están consultando con abogados laborales para ver si radican un caso por discrimen”, agregó el empleado público.

El funcionario dijo que, además, existe un universo de aproximadamente 30,000 empleados bajo la ley 1 y hasta 12,000 empleados de ley 447 que serán discriminados con este acuerdo entre la administración Pierluisi y la JSF.

De hecho, en una carta de 2021 Jaresko había anticipado que la aprobación de la ley 80, 81 y 82 podría resultar en un discrimen contra los empleados que no tengan la edad para la jubilación.

La ex directora ejecutiva de la JSF advirtió que existía la posibilidad de que cuando los empleados bajo la ley 1 y ley 447 cumplan con los requisitos de edad para la jubilación, podrían exigir el mismo trato concedido por ley 80, un reclamo que podría generar serias implicaciones legales y financieras para el gobierno si prevalece en un tribunal.

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INFORME SEMANAL-15 de septiembre de 2023

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Esta semana en Informe Semanal dialogamos sobre las dramáticas denuncias de la empresa Suiza Dairy sobre que sustitución económica se ha deteriorado por la inacción del gobierno en aumentar el precio de la leche. Además conversamos sobre el presupuesto del Departamento de Agricultura y sobre la impugnación que ya realizó Suiza Dairy contra dos reglamentos enmendados que facilitan la asignación de productores de leche a la planta de balance Indulac, la cual se pretende tratar como otra planta comercial.

También dialogamos sobre una proyección económica de la Junta de Planificación sobre el presunto crecimiento económico en 2033 y su relacion con la baja en la tasa de desempleo. Además, tocamos el tema sobre la comparación de Puerto Rico con el principado de Andorra.

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Acosada por deudas millonarias Suiza Dairy advierte colapso de industria lechera por culpa de ORIL

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Por Miguel Díaz Román

La empresa Suiza Dairy reveló ayer que enfrenta pérdidas de $100 millones como resultado de que no han sido revisados correctamente los precios de la leche y advirtió que considera tomar “alternativas dramáticas”, que podrían causar el colapso de la industria lechera, debido a que la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) no cumple su propia reglamentación, toma decisiones arbitrarias y continuamente beneficia ilegalmente a la planta de balance Indulac.

La empresa, que tiene 700 empleados, adquiere diariamente la leche que producen 150 vaquerías y produce más del 55 % de la leche fresca que se consume en Puerto Rico, denunció que desde el pasado año han acudido a diversos funcionarios de la administración del gobernador Pedro Pierluisi, incluyendo el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, para exponer la grave situación por la que atraviesa Suiza Dairy y hasta ahora sus señalamientos han sido ignorados.

Las graves denuncias fueron realizadas por la licenciada Janice Ramírez Vélez, quien es asesora legal interna de Suiza Dairy, en una ponencia escrita que fue presentada ayer en la Comisión de Agricultura del Senado.

 La Comisión celebró una vista pública sobre la Resolución Conjunta del Senado 333, que le ordena a la ORIL cumplir con su responsabilidad de efectuar cada cuatro años un Estudio Económico Exhaustivo (EEE)de la industria lechera, según lo dispone la ley 34 de 1957 o Ley para Reglamentar la Industria Lechera. La RC 333 fue presentada por el senador Albert Torres Berrios, quien preside la Comisión de Agricultura.

El EEE es un requisito para atemperar los precios de la leche según los incrementos en los costos de producción que hayan experimentado los diversos sectores que integran la industria lechera. Desde 2016 la ORIL no ha publicado el EEE. El administrador interino de la ORIL lo es también González Beiró.

Además de denunciar que la ORIL ha incumplido con su propia reglamentación, Suiza Dairy indicó que el gobierno tampoco ha pagado la compensación multimillonaria que le corresponde tras la sentencia emitida por el Tribunal Federal en 2013.

La citada sentencia fue el resultado del caso contra la ORIL y el Departamento de Agricultura radicado por Suiza Dairy y la procesadora Tres Monjitas en 2004.

Otros factores que han afectado a la empresa es la reducción en el consumo de leche fresca y la inflación sin precedentes a nivel mundial. No obstante, la causa principal de las pérdidas millonarias que enfrenta Suiza Dairy es la ausencia de una revisión correcta del precio de la leche por parte de la ORIL para que la empresa pueda afrontar sus gastos operacionales y obtener una ganancia razonable, según sostuvo Ramírez Vélez en su ponencia.

ORIL no revisa precio desde 2014

De hecho, la abogada explicó que desde el 2014 el precio de la leche no había sido revisado, según lo ordena “el marco regulatorio actual”, que incluye la ley 34 y las disposiciones del reglamento 12, el cual es parte de la sentencia emitida por el Tribunal Federal en 2013.

“Como consecuencia de ello, a la fecha Suiza Dairy está perdiendo dinero con cada cuartillo de leche que vende, lo que hace que la situación económica y financiera de la compañía se vuelva insostenible. Resulta, en consecuencia, fundamental que de manera inmediata y urgente la ORIL actualice los precios de la leche y nos restituya nuestro derecho a obtener un margen de ganancia razonable conforme manda la ley”, sostuvo Ramírez Vélez en la ponencia.

La asesora legal de Suiza Dairy reveló que el incumplimiento del “marco regulatorio actual” por parte de la ORIL ha provocado que la empresa “registre pérdidas sin precedente y busque solventar con capital externo sus operaciones diarias en Puerto Rico”.

Suiza en crisis financiera

 De hecho, Ramírez Vélez reveló que actualmente Suiza Dairy atiende sus pérdidas y los gastos de su operación diaria por medio de una serie de préstamos bancarios que han sido gestionados por Grupo Gloria, que es su corporación matriz.

“Estos préstamos bancarios han venido incrementando la deuda y no cuentan con garantía de repago ante la falta de generación de flujo y utilidad operativa. Ello ha resultado en que la capacidad financiera de la empresa a nivel local esté comprometida de tal forma que, de no remediarse y tomar las acciones que dictan la ley y los reglamentos, inevitablemente la empresa se verá obligada a tomar medidas operacionales complejas”, dijo la abogada en la ponencia.

Ramírez Vélez no precisó si Suiza Dairy estaría considerando presentar una petición de quiebra en el Tribunal Federal o si decretaría una reducción sustancial de sus operaciones en la isla. Además de leche fresca, leche UHT y leche de duración extendida, la empresa elabora una amplia variedad de jugos y numerosos productos lácteos.  

“Suiza Dairy ha cumplido con su responsabilidad con el mercado produciendo leche fluida de la más alta calidad, a pesar de las pérdidas millonarias que ha acumulado en el tiempo. No obstante, la situación ha llegado a su límite”, declaró la abogada en una ponencia cuyo contenido contradice toda la prédica a favor de la empresa privada y del fomento de la economía esbozado por la administración del gobernador Pierluisi a lo largo del presente cuatrienio.

De hecho, los sorpresivos planteamientos de Suiza Dairy acontecen cinco años después de que la empresa inaugurara una moderna planta procesadora en Aguadilla, cuyo costo ascendió a $40 millones.

Dudas sobre el desempeño de González Beiró

Las denuncias de la licenciada Ramírez Vélez levantan serias dudas sobre las ejecutorias de González Beiró como secretario de Agricultura y como administrador interino de la ORIL. Incluso, la Resolución Conjunta 333 es en realidad un reconocimiento tácito de que González Beiró falló en su responsabilidad de cumplir los requerimientos de la ley 34.

Durante su turno en la vista pública, González Beiró leyó una ponencia de tres páginas en la que se refirió a los ajustes e incentivos que han recibido los ganaderos para elevar el precio de su producción de leche cruda, cuyo precio promedio actual es de 88 centavos por litro. En ningún momento se refirió a la problemática planteada por Suiza Dairy y a los incumplimientos señalados a su gestión para revisar el precio de la leche, según lo ordena la ley 34.

Incluso, el secretario dijo que la ORIL realizó el EEE en 2018 y 2020, a pesar esa dependencia no cumplió con la celebración de vistas públicas para discutir ampliamente los resultados por los diversos sectores de la industria lechera.

De hecho, no está claro si el gobernador Pierluisi y sus asesores en la Fortaleza entienden en toda su extensión, las repercusiones de las acciones y las omisiones realizadas por González Beiró desde que fue nombrado secretario de Agricultura en 2021.

Se desconoce los avances del EEE

Sobre este aspecto, la licenciada Ramírez Vélez sostuvo que la ORIL ha fallado en demostrar que los precios de leche establecidos mediante las últimas órdenes de precios emitidas en el 2021 y 2022 están respaldadas por evidencia y justificadas por el marco regulatorio para considerarlos razonables.

“Peor aún, a pesar del claro lenguaje de la ley 34, la ORIL no realiza responsablemente la revisión de precios anualmente y, en cambio, lo hace de manera caprichosa y arbitraria, y en total enajenación del marco regulatorio”, dijo la abogada.

Ante la grave situación financiera, Suiza Dairy realizó múltiples acercamientos a diversos funcionarios del gobierno, incluyendo a González Beiró, para exigir que se cumpla con la revisión anual de los precios de la leche según lo dispone la ley 34, y con el EEE, pero esos reclamos no fueron escuchados.

“A la fecha desconocemos los planes concretos que se tienen respecto al avance del EEE. La sostenibilidad de la industria lechera depende de acciones y cambios claves e inmediatos. A esos efectos, es de suma urgencia que se evalúe según requiere nuestro ordenamiento jurídico el tema de la actualización de precios y se nos compense por el incumplimiento con el marco regulatorio que por años se ha efectuado”, reclamó la abogada en su ponencia.

ORIL favorece a Indulac y Tres Monjitas

 Los planteamientos de Suiza Dairy acontecen en el contexto de que el pasado 1 de septiembre la empresa impugnó en el Tribunal Apelativo las enmiendas introducidas por la ORIL el pasado mes de julio, a los reglamentos 5 y 10 que regulan el manejo de los excedentes y la calidad de la leche, en entre otras disposiciones.

En la impugnación Suiza Dairy sostiene que las enmiendas avaladas por la ORIL representan un intento de favorecer a la empresa Tres Monjitas y al grupo de ganaderos que controlan la planta de balance Indulac con el fin de convertirla en una planta elaboradora comercial.

Suiza Dairy denunció que bajo la dirección de González Beiró, la ORIL ha tomado una senda desafiante contra una determinación emitida el pasado mes de febrero por el Tribunal Apelativo, que anuló tres órdenes administrativas emitidas en noviembre de 2022 y que tenían como finalidad asignar un suplido sustancial de leche cruda hacia la planta Indulac.

Las tres órdenes administrativas fueron impugnadas por Suiza Dairy porque pretendían tratar a la planta de balance Indulac como si fuera otra planta comercial e ignoraban su función reglamentaria que es procesar exclusivamente los excedentes de leche. Indulac solo produce leche UHT y algunos productos lácteos.  La ORIL enmendó los reglamentos para eliminar aquellas disposiciones que impedían la asignación de leche que no fuera excedente a la planta de balance Indulac, según planteó Suiza Dairy en el Apelativo.

Las enmiendas también alteraron el término fijo de 12 días para la expiración de la leche fresca y establecieron un nuevo periodo de expiración que oscila entre 12 y 16 días, lo que, según la impugnación de Suiza Dairy, fue utilizado por la ORIL para favorecer a Tres Monjitas.

Un solo ganadero en la vista pública

El único miembro del sector productor de leche que participó en la vista pública fue el ganadero Carlos Benítez, quien denunció que la ORIL no ha realizado el EEE a pesar de que el estudio es la herramienta para revisar los precios de la leche y compensar al ganadero según aumentan los gastos de producción.

“Se incumple con la ley y esto va en contra de los productores de leche y de los consumidores. El gobernador se hace de la vista larga, el secretario de Agricultura incumple con su responsabilidad, violentan la normativa que atenta contra la propia industria lechera y cuando decimos la verdad se nos persigue y discrimina”, dijo Benítez, quien ha impugnado a nivel administrativo y en los tribunales determinadas acciones de la ORIL.

“Indulac tiene que ser por disposición de ley una planta de balance sin embargo el tratamiento que se le da es otro. Los altos costos de producción, la mano de obra, los elevados costos de energía, jornales altos por empleados y la falta del EEE para poder competir nos han obligado a muchos ganaderos en Puerto Rico a múltiples cierres de vaquerías y a otra vertiente como acogerse a una reorganización bajo la protección de la ley de quiebra para cumplir responsablemente con el pago a los acreedores”, dijo el ganadero, quien se acogió a la ley de quiebra federal para mantener su vaquería ubicada en Aguadilla. 

“Lo he dicho y lo repito para récord, las más recientes decisiones del gobierno de PR, por conducto del administrador de la ORIL y a la vez secretario de Agricultura, han sido cambios en el sistema de pago de la leche, cambios en los parámetros de calidad de leche por encima de los parámetros establecidos a nivel federal en claro discrimen del productor nativo, ya que no se aplica a la leche importada. Violan la Ley 34 enmendando reglamentos en claro desafío a las leyes aplicables. Y ello nos ha inducido a la más alta y gravosa crisis histórica sin precedentes en nuestro país”, expuso Benítez.  

Torres Berrios cambia por vista ejecutiva

Tras la participación de González Beiró y de una representante del Departamento de Asuntos del Consumidor, la vista pública fue interrumpida de manera inesperada por el presidente Torres Berrios, quien dijo que la vista continuaría en una fecha posterior. Pero el senador dijo que ya no será una vista pública sino una vista ejecutiva, a la que no podrá asistir la prensa.

Una fuente indicó que la determinación de Torres Berrios obedeció a un pedido realizado por González Beiró debido a que no deseaba ser interrogado ante la prensa sobre los explosivos planteamientos de Suiza Dairy.

A pesar de las graves denuncias expuestas por Suiza Dairy en su ponencia y por el revelador testimonio del ganadero Benítez, no hubo un solo senador que mostrara interés y curiosidad por entender la compleja situación de la industria lechera. Tras el anuncio de Torres Berrios los pocos senadores que asistieron a la vista se retiraron para asistir a la vista de confirmación de la designada secretaria de Educación, Yanira Raíces.

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Suiza Dairy denuncia que la ORIL favorece a Indulac y Tres Monjitas

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Por Miguel Díaz Román

Las enmiendas introducidas por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) a los reglamentos 5 y 10 que regulan el manejo de los excedentes y la calidad de la leche, en entre otras disposiciones, representan un intento de favorecer la empresa Tres Monjitas y al grupo de ganaderos que controlan la planta de balance Indulac con el fin de convertirla en una planta elaboradora comercial, según sostuvo la empresa Suiza Dairy.

Los planteamientos de Suiza Dairy figuran en una impugnación que presentó la empresa en el Tribunal de Apelaciones de San Juan el pasado 1 de septiembre.

En la impugnación la empresa Suiza Dairy denunció que bajo el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, la ORIL ha tomado una senda desafiante contra una determinación emitida el pasado mes de febrero por el Tribunal Apelativo. Además de secretario de Agricultura, González Beiró también ocupa la posición de administrador interino de la ORIL.

En esa decisión el Apelativo anuló tres órdenes administrativas emitidas por la ORIL en noviembre de 2022. Las órdenes tenían como finalidad asignar un suplido sustancial de leche cruda hacia la planta Indulac.

Las tres órdenes administrativas fueron impugnadas por Suiza Dairy porque pretendían tratar a la planta de balance Indulac como si fuera otra planta comercial que compite en el mercado, e ignoraban su función reglamentaria que es procesar exclusivamente los excedentes de leche.

Actualmente Indulac solo produce leche UHT y en cantidades menores algunos productos lácteos como queso y mantequilla.  

La determinación del Tribunal Apelativo se fundamentó en que las órdenes de la ORIL violaron la ley 34 de 1957 o Ley para Reglamentar la Industria Lechera, y el Reglamento 10 que, entre otras disposiciones, establece la forma en que se debe canalizar el excedente de leche.

Además, el Apelativo determinó que la ORIL incumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme que ordena realizar vistas públicas y tomar en consideración las observaciones de los sectores afectados por las órdenes administrativas.

Pero bajo la administración interina de González Beiró, la ORIL se encaminó a enmendar los reglamentos 10 y 5, los cuales fueron aprobados el pasado 18 julio, para eliminar aquellas disposiciones que impedían la asignación de leche que no fuera excedente a la planta de balance Indulac.

Las enmiendas al reglamento 5 alteraron el término fijo de 12 días para la expiración de la leche fresca y establecieron un nuevo periodo de expiración que oscila entre 12 y 16 días, lo que, según la impugnación de Suiza Dairy, fue utilizado por la ORIL para favorecer a Tres Monjitas.

Tras la aprobación de las enmiendas, el martes 22 de agosto la ORIL emitió una serie de determinaciones que son la causa que motivó la impugnación de Suiza Dairy en el Apelativo el pasado 1 de septiembre.

ORIL desafía al Tribunal Apelativo

La impugnación sostiene que las enmiendas a los reglamentos 10 y 5 constituyen una conducta desafiante de González Beiró ante la realidad de que en los pasados tres años el Apelativo ha anulado cinco órdenes administrativas de la ORIL que obligaban a Suiza Dairy “entregar leche cruda a Indulac independientemente de la necesidad de Suiza para esa leche”.

“Indulac nunca ha retenido leche cruda, pues esta no constituye excedente hasta que las procesadoras de leche den por satisfecha su demanda por dicho producto”, sostiene la impugnación.

El meollo de la impugnación es la conducta contumaz y temeraria de la ORIL para subvertir el orden legal creado a través de la ley 34 y sus reglamentos y convertir, a través de órdenes administrativas, a Indulac en una planta comercial capaz de recibir leche cruda diariamente y no leche excedente.

El documento indica que desde 1980 y con la anuencia de la ORIL, Indulac comenzó una competencia desleal contra la leche fresca que producían Suiza y Tres Monjitas, al utilizar los excedentes de leche que recibía para elaborar leche UHT.

Según el documento, la Junta de Directores de Indulac estaba integrada por ganaderos, quienes determinaban el precio a pagar por los excedentes y el precio en el mercado de la leche UHT, mientras que el precio de la leche fresca estaba regulado por la ORIL.

“Así el mercado de leche fresca fue disminuyendo debido a que la leche UHT vendida por Indulac y los importadores se ofrecía a un precio considerablemente menor al precio regulado de la leche fresca. Esto resultó en una disminución de la venta de leche fresca y, en consecuencia, en un aumento del excedente entregado a Indulac”.

Competencia desleal de leche UHT

La demanda sostiene que la crisis causada por la competencia desleal de la leche UHT contra la fresca elaborada por Suiza Dairy y Tres Monjitas, entre otras razones, propició el pleito radicado en 2004 en el Tribunal Federal por ambas empresas contra la ORIL y el secretario de Agricultura.

En el pleito radicado en el Tribunal Federal se logró demostrar, según alega la demanda, “que el esquema regulatorio de la ORIL favorecía de manera ilegal la producción de leche UHT por Indulac, en violación de las cláusulas constitucionales federales sobre la confiscación, el debido proceso de ley, la igual protección de las leyes y la cláusula de comercio”.

De hecho, la demanda de Suiza Dairy indica que las acciones de la ORIL para favorecer a Indulac han violado el Acuerdo Entre las Partes alcanzado en el Tribunal Federal en 2013 y el reglamento 12, el cual es parte de la sentencia emitida en ese caso.

Incluso, Suiza Dairy sostiene que al asignar leche cruda a Indulac la ORIL violó las disposiciones del Acuerdo Entre las Partes debido a que en ese documento establece que la leche cruda se repartirá “en función de la participación en el mercado correspondiente a cada planta de procesamiento de leche fresca”.

“Puesto que Indulac no es una procesadora de leche fresca, es evidente que queda excluida por la sentencia federal de participar en la distribución de leche cruda”, señala la demanda.

El documento indica que las enmiendas al reglamento 10 aprobadas por la ORIL el pasado mes de julio pretenden permitir que la ORIL puede asignar leche cruda a Indulac, porque se incluyó la producción de leche UHT como criterio en la participación en el mercado, además de la de leche fresca.

Esto se logró por medio de incluir la leche fluida como un criterio adicional. La leche fluida es “leche pasteurizada, cruda o leche UHT, que mantiene su estado líquido y se vende en diversas categorías”

“Así, la ORIL equipara la posición de la planta de balance, que produce leche fluida pero no leche fresca, con las procesadoras de leche fresca. Esto le permite adjudicar el recogido de leche cruda a Indulac a base de su participación en el mercado, independientemente de si esa leche es producida en exceso de las necesidades del mercado de leche fresca”, sostiene la demanda.

Elimina requisito de elaborar leche fresca

La demanda también indica que la ORIL emitió la orden 2023-31 que introdujo por primera vez el criterio de las proyecciones de producción de leche de las vaquerías asignadas a Suiza Dairy y Tres Monjitas, para determinar la cantidad de leche cruda que se le asignará a Indulac.

Según los alegatos de Suiza Dairy, la ley 34 no contempla el uso de proyecciones y, además, la ORIL no puede determinar a base de proyecciones la cantidad de leche que se le asignará a Indulac, porque como planta de balance sólo tiene derecho a recibir leche excedente. La demanda alega que la leche cruda se convierte en leche excedente sólo después de que las plantas procesadoras han suplido su demanda de leche fresca.

Otro subterfugio utilizado por la ORIL para favorecer a Indulac fue enmendar la definición de leche retenida que figura en el reglamento 10, la cual establecía que la leche retenida es aquella que “retienen los elaboradores para procesarla como leche fresca”.

En la nueva definición, luego de la enmienda, la leche retenida es aquella que “retienen los elaboradores para su elaboración”. Es decir, la enmienda eliminó el requisito de usar la leche retenida para elaborar leche fresca, lo que le implica que Indulac no deberá esperar por los excedentes de leche, sino que podrá recibir y retener una cantidad de leche cruda según lo determine la ORIL.

Desaparece definición de Indulac

Otra medida utilizada por la ORIL para favorecer a Indulac fue eliminar la definición de Indulac como planta de balance que figuraba en el reglamento 10. Esa definición establecía que el fin primordial de Indulac “es servir como planta de balance del excedente de leche y elaborar productos lácteos con dicho excedente”, según sostiene la demanda.

Incluso, el documento indica que se eliminó esa definición a pesar de que la ley 72 de 1962 eximió a Indulac de pagar contribuciones sobre ingresos y de propiedad “por su rol vital de planta de balance”.

Otro reclamo de la demanda es que la ORIL emitió la orden administrativa 2023 -29 es la que dispone una ventaja competitiva a favor de la planta Tres Monjitas, al permitir que la leche fresca pasteurizada producida por esa empresa pueda tener hasta 16 días de expiración, mientras que la leche fresca producida por Suiza Dairy mantiene la fecha de expiración en hasta 12 días.

 La ventaja competitiva se logró a través de enmiendas al reglamento 5 con el fin de determinar la durabilidad de la leche pasteurizada por medio de los resultados de las pruebas químicas realizadas en el laboratorio de ORIL.

La enmienda establece que la durabilidad de la leche pasteurizada será determinada por el administrador. No obstante, Suiza Dairy alega que la nueva disposición para establecer la durabilidad carece de criterios que limiten la amplia discreción que se le concede al administrador.

Sin inversión Coople adquiere Indulac

La demanda indica que las acciones de la ORIL impiden que Suiza Dairy recobre sus costos de producción y ganancias razonables que justifiquen la inversión financiera realizada en sus operaciones, que es uno de elementos del reglamento 12, que fue acordado como parte de la sentencia del caso federal emitida en 2013.  

La demanda alega que mientras Suiza Dairy invirtió más de $40 millones en su planta de Aguadilla, la Cooperativa de Productores de Leche (Coople), integrada por un grupo de ganaderos, adquirió la planta Indulac en 2016 a través de un acuerdo con Indulac de pagar $34 millones en 40 años y sin realizar inversión alguna.

De hecho, la única inversión constatable fue un pago inicial de $750,000 que realizó Coople, una cantidad de dinero que la entidad obtuvo por medio de un préstamo que le concedió la propia Indulac.  Finalmente, Suiza Dairy solicitó al Apelativo que declare nulas las enmiendas a los reglamentos 10 y 5 y ordene a la ORIL a pagar las costas de abogado de Suiza Dairy. Además, solicitó que se le imponga a la ORIL sanciones económicas por sus acciones temerarias debido a que las enmiendas introducidas a los reglamentos ya eran cosa juzgada por ese tribunal.

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