Por Miguel Díaz Román
Ante lo que se perfilaba como una inminente derrota legal, el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, desistió de su posición de negarse a entregar al Senado una determinada información, luego de que por segunda vez el senador Juan Zaragoza Gómez amenazó al funcionario con acudir a los tribunales para validar el poder constitucional de la rama legislativa para realizar investigaciones y exigir la entrega de documentos al poder Ejecutivo.
Adams Vega se había negado a entregar al Senado 28 documentos relacionados con la suspensión de la acreditación de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés).
El funcionario alegó que los criterios de confidencialidad de la NAIC le impedían compartir los documentos con el Senado.
Pero el senador Zaragoza Gómez, quien preside la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado, sostuvo que acudiría a los tribunales luego de que Adams Vega se negó a entregar la información solicitada.
El 18 de mayo la Comisión le solicitó a Adams Vega entregar los 28 documentos y el pasado 26 de mayo la OCS respondió en una escueta comunicación que no entregarían la información solicitada amparándose en los parámetros de confidencialidad que cobija a la NAIC.
Según informó ayer el senador, luego de que Adams Vega se negara a cumplir con la solicitud del Senado se le envió un segundo requerimiento de información.
“Se le indicó que estaba en incumplimiento. Que ellos (la OCS) no pueden determinar cuándo se cierra una investigación legislativa ni alegar que es académica. Que la Asamblea Legislativa tiene derecho constitucional a investigar y que eso incluye solicitar documentos”, sostuvo Zaragoza Gómez.
Confidencialidad que no aplica
El senador también reveló que se le advirtió a la OCS que la alegada “confidencialidad no aplica a la Asamblea Legislativa y que de no cumplir con la citación lo referiremos a Justicia”.
En numerosas ocasiones los tribunales locales han validado que el poder Legislativo para realizar investigaciones y exigir la entrega de documentos al poder Ejecutivo es de origen constitucional, por lo que se daba como un hecho consumado que la OCS no prevalecería si decidía impugnar el poder del Senado para realizar investigaciones y exigir la entrega de documentos.
“Luego de eso el Comisionado de Seguros envió un expediente con múltiples documentos. La Comisión se encuentra evaluando en detalle todo el contenido para determinar si falta información para solicitarla, evaluar si hay necesidad de vista pública o si procedemos a redactar un informe parcial con los hallazgos”, indicó Zaragoza Gómez.
La investigación de la Comisión se ampara en la Resolución del Senado 612, radicada en junio del 2022 por Zaragoza Gómez, que ordena investigar los motivos por los cuales la NAIC suspendió la acreditación de la OCS. La acreditación fue suspendida el 27 de julio de 2020.
La pesquisa incluye indagar porqué la apelación iniciada en el 2020 no tuvo éxito y las razones por las cuales la OCS no informó de la suspensión de la acreditación hasta el 30 de septiembre de 2021.
Además, la resolución exige indagar en las gestiones realizadas por la OCS para lograr la reacreditación, los cambios que tuvo que hacer esa oficina para atender los reclamos de la NAIC y el impacto económico que causó la suspensión de la acreditación.
Atentado contra el CIS
La investigación senatorial también se propone indagar sobre una carta circular emitida por por Adams Vega, la cual han sido catalogada como un atentado contra el Centro Internacional de Seguros (CIS).
EL CIS ofrece jugosos beneficios contributivos y exime a los aseguradores y reaseguradores de las numerosas restricciones financieras, requisitos de reserva y de otra índole que el Código de Seguros impone a los aseguradores locales. La reglamentación del CIS permite realizar negocios con países extranjeros y con jurisdicciones de los Estados Unidos.
La Asociación de Aseguradores Internacionales de Puerto Rico (AAI), que integra a los aseguradores y reaseguradores instalados en el CIS, ha denunciado que el pasado 7 de diciembre de 2022 Adams Vega emitió una carta circular que exigió nuevos requisitos a los aseguradores y reaseguradores registrados en el CIS.
La carta circular ordena a los aseguradores y reaseguradores que operan en el CIS cumplir con las regulaciones del Código de Seguros que cobijan a los aseguradores locales, si estas empresas se proponen realizar negocios con entidades ubicadas en jurisdicciones de los Estados Unidos.
Los nuevos requerimientos se consideran un obstáculo a la evolución del CIS y podrían causar un éxodo de empresas hacia otros países que ofrecen beneficios contributivos y una gran flexibilidad reglamentaria, según han denunciado ejecutivos de algunas de empresas que operan en el CIS.
Determinación ilegal
Estos ejecutivos aseguran que la determinación de Adams Vega es ilegal porque ni en Código de Seguros ni en la reglamentación que cobija al CIS figura un mandato expreso que condiciona o prohíbe a los aseguradores y reaseguradores realizar negocios desde Puerto Rico con entidades domiciliados en Estados Unidos.
La AAI ha indicado que la carta circular incumplió con la ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, que exige celebrar vistas públicas a las disposiciones reglamentarias que imponen nuevas nuevas obligaciones y penalidades.
De acuerdo con esas fuentes, la carta circular emitida por Adams Vega es el resultado directo de los requerimientos de la NAIC para autorizar la reacreditación de la OCS, luego de que la acreditación fuera suspendida durante la incumbencia del ex Comisionado de Seguros, Rafael Cestero Lopategui.
La determinación de la NAIC obedeció a que, en 2018 el ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, avaló una transacción relacionada con el CIS, que involucró una aseguradora de Wisconsin dedicada a los seguros de vida y seguros de cuidado prolongado, la cual pudo afectar a más de 200,000 asegurados en ese estado y otra cantidad indefinida de asegurados en otros estados.
