Por Miguel Díaz Román
La Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) y el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, sostienen en el Tribunal Federal de San Juan una aguerrida batalla legal contra Suiza Dairy, porque alegan que ese tribunal carece de jurisdicción para dirimir en una solicitud de desacato presentada por esa empresa, en la que se alega que la entidad reguladora violó un acuerdo alcanzado en 2013 que pretende garantizar márgenes adecuados de ganancia a las plantas procesadoras.
Pero ante la posibilidad de que finalmente el Tribunal Federal tenga jurisdicción sobre la controversia, la ORIL y González Beiró sostuvieron que no se debe emitir una determinación sumaria por desacato en su contra, sino convocar una vista para que las partes presenten la evidencia que prueban sus argumentos.
El citado acuerdo, que le exige a la ORIL establecer márgenes de ganancia adecuados para los integrantes de la industria lechera – incluidas las plantas procesadoras – fue parte de una sentencia emitida el 6 de noviembre de 2013 por el Tribunal Federal, la cual también incluyó el reglamento 12.
El pleito en realidad representa la secuela de la disputa ventilada en el Tribunal Federal por las plantas procesadoras Tres Monjitas y Suiza Dairy entre 2006 y 2013, pero en el caso actual se dirimen acusaciones sin precedente contra el gobierno de Puerto Rico, porque la demandante acusa al ente regulador de incumplir su obligación de fijar precios adecuados a la leche fresca y de mantener una conducta discriminatoria y arbitraria en su contra y de favorecer a uno de sus competidores.
Los planteamientos de ambas partes están contenidos en seis mociones que comprenden más de 63 páginas de argumentos discrepantes y contradictorios.
A los reclamos de la ORIL y de González Beiró para que el Tribunal Federal desestime los planteamientos de Suiza Dairy se ha unido la planta Indulac. González Beiró es también administradpor interino de la ORIL mientras funge como secretario de Agricultura.
Fundamentalmente Suiza Dairy busca que el gobierno local compense a esa empresa por las pérdidas multimillonarias sufridas como resultado de los incumplimientos y las deficiencias de la entidad regulatoria.
Suiza Dairy sostiene, entre otros argumentos, que durante años los precios de la leche establecidos por la ORIL le han impedido cubrir sus costos de producción y obtener ganancias, lo que le ha causado pérdidas por más de $168 millones.
Jurisdicción federal por 4 años
En síntesis, la ORIL, González Beiró y la planta Indulac alegan que la jurisdicción del Tribunal Federal sobre el acuerdo y la sentencia emitida en 2013 se extendió por cuatro años, y que dicha jurisdicción finalizó el 31 de diciembre de 2017.
También alegaron que desde el 31 de diciembre de 2017 el Tribunal Federal perdió jurisdicción para atender peticiones relacionadas con el acuerdo, incluyendo la solicitud de desacato radicada por Suiza Dairy.
Además, la ORIL, Indulac y González Beiró señalan que la Junta de Supervisión Fiscal emitió una orden fundamentada en la ley Promesa, la cual dispuso que la fecha final para presentar reclamos contra el gobierno local fue el 13 de junio de 2022, por lo que el reclamo de desacato de Suiza Dairy no tiene validez porque fue presentado el pasado 3 de mayo de 2024.
Indulac también alega que el Primer Circuito Federal de Apelaciones, ubicado en Boston, había determinado en 2017 que el Tribunal Federal de San Juan no tiene jurisdicción sobre las disputas relacionadas con las órdenes de precios emitidas por la ORIL, porque dichas órdenes no conciernen a disposiciones que emanan de la jurisdicción federal.
La ORIL y González Beiró son representados por el licenciado Edward Hill Tolinche, mientras que la planta procesadora Indulac es representada por el bufete Marichal, Hernández, Santiago & Jurabe LLC. La representación legal de la empresa Suiza Dairy es el conocido bufete Reichard & Escalera LLC.
Interpretaciones erróneas
De hecho, en una moción radicada el 23 de mayo Suiza Dairy sostuvo que la ORIL, Indulac y González Beiró han interpretado de manera errónea la sentencia y el acuerdo emitido en 2013 porque, alegadamente, el Tribunal Federal retuvo la jurisdicción para los fines de garantizar el cumplimiento de lo acordado.
Según planteó Suiza Dairy, el Tribunal Federal retuvo la jurisdicción cuando incorporó el acuerdo como parte de la sentencia, lo que implica que un incumplimiento del acuerdo sería una violación de la sentencia, “y por lo tanto existiría jurisdicción auxiliar para hacer cumplir el acuerdo”.
En su moción, la empresa también negó que la jurisdicción del Tribunal Federal finalizó el 31 de diciembre de 2017. Suiza Dairy sostuvo que la jurisdicción del Tribunal se debería mantener no menos de cuatro años consecutivos después de alcanzado el acuerdo en 2013 y “hasta que todas las partes cumplan”.
No obstante, la empresa planteó que las violaciones por parte de ORIL al acuerdo y determinadas obligaciones que éste impone, extienden la jurisdicción del Tribunal Federal hasta 2028.
“Las continuas violaciones por parte de ORIL apenas dos años después de la sentencia, junto con obligaciones en curso que se extienden al menos hasta 2028, proporcionan la base fáctica que confiere a esta corte competencia para ejecutar su sentencia”, sostuvo el documento.
Suiza Dairy también alegó que los detractores afirman que el Tribunal de Apelaciones de Boston determinó que el Tribunal Federal de San Juan no tiene competencia para hacer cumplir la sentencia, lo cual es una interpretación errónea de una determinación de ese tribunal sobre una controversia que se basó exclusivamente en la ley estatal y que no tenía relación con la jurisdicción federal.
La empresa sostuvo que el Tribunal Federal conservaba competencia exclusiva sobre el acuerdo y la sentencia y que la petición de desacato pretende hacer cumplir el acuerdo.
La ORIL busca operar sin supervisión
Con respecto a los señalamientos relacionados con la ley PROMESA, la moción sostiene que la orden emitida por la Junta de Supervisión Fiscal no afecta ni limita el derecho de la empresa a reclamar el cumplimiento de la sentencia. Suiza Dairy también sostuvo que obtuvo una estipulación y orden que le permitió presentar sus reclamos en un tribunal federal.
Suiza Dairy argumentó que la ORIL y González Beiró buscan operar sin la supervisión del Tribunal Federal “para garantizar el cumplimiento de sus mandatos”.
La empresa insistió en que el Tribunal Federal tiene jurisdicción sobre su moción de desacato debido al incumplimiento del acuerdo por parte de ORIL y solicitó que rechace la moción de desestimación presentada por el ente regulador.
En una moción de réplica, la ORIL y por González Beiró alegaron que el lenguaje de la sentencia es claro y sencillo en lo relativo a que el Tribunal Federal mantendría su competencia durante cuatro años consecutivos, después de la emisión de la sentencia en 2013, es decir, hasta 31 de diciembre de 2017.
Los detractores advirtieron en su moción que el texto de la sentencia no admite más interpretaciones y señalaron que el intento de Suiza de realizar otra interpretación “sólo puede verse como un excelente ejemplo de litigantes decepcionados que elevan la esperanza por encima de sus expectativas”.
Jueza ordena a la ORIL responder al desacato
Incluso, la ORIL planteó que Suiza pretende que el Tribunal Federal siga el ejemplo de las actuaciones de dos jueces federales, Gustavo Gelpí y Pedro Delgado, quienes extendieron por períodos más largos la jurisdicción del tribunal en determinadas controversias. No obstante, la moción indica que los dos casos citados son inaplicables.
“En este caso, no existe orden judicial que extienda el plazo de 4 años más allá del 31 de diciembre de 2017, ni ha habido ocasiones en las que Suiza se haya visto obligada a comparecer (al Tribunal) para buscar reparación (de daños) dentro del plazo original de cuatro años, que finalizó el 31 de diciembre de 2017”, sostuvo la ORIL en su moción.
Según la ORIL, la sentencia permite la ejecución del acuerdo, pero no crea una nueva jurisdicción federal ni revive jurisdicción federal ya finalizada en 2017. También sostuvo que la sentencia no altera los términos de la orden emitida por la Junta de Supervisión Fiscal en lo relacionado a los periodos establecidos para presentar reclamos contra el gobierno.
Del desglose de órdenes emitidas en el presente caso, el cual se puede acceder a través del sistema digital del Tribunal Federal, se desprende que la jueza María Antongiorgi Jordán ordenó que para el pasado 30 de junio la ORIL debía responder a la moción de desacato presentada por Suiza Dairy.
En aparente cumplimiento con esa orden, el 1 de julio la ORIL presentó una moción en la que sostuvo que ha cumplido sustancialmente con el acuerdo, con las disposiciones del Reglamento 12 y que le ha concedido a Suiza Dairy aumentos de precio en la leche por lo que el Tribunal Federal no debe emitir una determinación sumaria en su contra por desacato.
Otro argumento es que la ORIL niega que haya favorecido de alguna manera a la planta Indulac, que es operada por una cooperativa de ganaderos. En la moción la ORIL señaló que no existe ninguna ventaja competitiva, subsidio o crédito a favor de Indulac, porque ambas plantas pagan el mismo precio por el producto crudo.
Indulac sin ventaja competitiva
Además, alega la ORIL, no existe ventaja alguna que entre la leche fresca de Suiza y la leche UHT de Indulac, dado que el precio de la leche fresca es menor que el producto UHT, y ambos precios incluyen el costo real de producción y no hay nada en sus estructuras de precios que favorezca a Indulac sobre Suiza. Además, todo el producto UHT vendido conlleva el mismo recargo de 3 céntimos por litro. “No es posible una ventaja competitiva si los mismos productos competidores tienen el mismo recargo”, alegó la ORIL.
No obstante, en su demanda Suiza Dairy sostiene que en los pasados tres años el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico ha declarado nulas ocho órdenes administrativas emitidas por la ORIL, las cuales presentan un patrón destinado a modificar arbitrariamente las regulaciones y alterar el orden de distribución de la leche cruda para favorecer a la planta Indulac.
En la moción la ORIL alega que Suiza Dairy tardó 10 años en presentar un recurso de desacato en su contra por su supuesto incumplimiento del acuerdo y no ha ofrecido una explicación para justificar la tardanza. También argumentó que la compensación de $168 millones que reclama Suiza Dairy es “como premio por el supuesto desacato”.
ORIL describe debacle de Suiza Dairy
Incluso, la ORIL planteó que, a pesar de las revisiones de precio que emitió y del alto rendimiento que obtuvo Suiza Dairy por sus productos, la empresa sucumbió a una debacle en la que sus operaciones se fueron reduciendo de manera dramática.
“En esos diez años, el precio de la leche fresca ha aumentado de $1.50 por cuartillo a $1.83. Suiza ha obtenido tasas de rendimiento de hasta el 33.74 % y el precio de UHT ha llegado a $2.09, lo que ayuda a enfrentar la competencia con productos lácteos. Sin embargo, Suiza no ha podido vender ni un litro más de leche desde que se logró el acuerdo. En ese período, Suiza ha reducido el transporte de leche cruda en un 40% y ha perdido más del 50% de su participación en el mercado de leche fresca y ha perdido el 40% de las ventas de leche fluida”, argumentó la ORIL en una extensa moción de 26 páginas.
En la moción la ORIL cuestiona la veracidad de los señalamientos de Suiza Dairy sobre que la entidad reguladora le ha dado un trato discriminatorio y arbitrario, según alega su demanda, y levanta como interrogante fundamental por qué la empresa no acudió al tribunal en busca de un remedio.
“Si las cosas fueran tan malas como pinta Suiza en su nueva moción de desacato, y el demandado es tan discriminatorio, tan arbitrario y tan caprichoso como para causarle pérdidas por $168 millones, ¿por qué no acudió a la corte antes de la fecha de vencimiento de la sentencia para hacer valer judicialmente sus derechos y detener la proverbial hemorragia (financiera)? Si Suiza ha sido tan exitoso contra el demandado en el tribunal local, ¿por qué no solicitó la revisión judicial del precio? Y ¿porque no impugnó las órdenes que, a su juicio, violan el acuerdo en los mismos tribunales que exige el cumplimiento de la ley?”, cuestionó la entidad reguladora.
Pide vista probatoria
Indicó que la calidad de los productos de Suiza Dairy se ha deteriorado y que la compensación de $168 millones obedece a una artimaña de la empresa para aliviar su difícil situación económica.
“Las ventas de Suiza han disminuido y la calidad de Suiza se ha desplomado, hasta tal punto que el administrador (de la ORIL) tuvo que modificar un reglamento para darle una fecha de vencimiento diferente al producto de Suiza para que la empresa pudiera lidiar con las devoluciones por producto estropeado. Suiza ahora busca litigar a su manera a una mejor situación financiera solicitando que el Tribunal Federal le conceda sumariamente $168 millones en daños cuando había apilado la baraja a su favor cuando redactó el Reglamento 12,” argumentó.
Finalmente, la ORIL y González Beiró le advirtieron al Tribunal Federal que no debe emitir una determinación sumaria por desacato en su contra, si prevalece la posición de Suiza Dairy sobre que el Tribunal tiene competencia para decidir la controversia.
“Más bien se debería programar una audiencia probatoria”, recomendó la entidad reguladora.
Incluso, la ORIL argumentó que, si se logra probar que cometió errores al estimar los costos admisibles de las plantas procesadoras, tales errores no constituyen un comportamiento punible que requiera una sanción como el desacato.
