Por Miguel Díaz Román
A pesar de la gran acogida que ha tenido la ley 60 de 2019, mejor conocida como el Código de Incentivos de Puerto Rico, una pieza indispensable para promover el desarrollo económico del país, los alcaldes se han perfilado como los principales obstáculos para el progreso de los diversos sectores productivos, pues se niegan a reconocer los beneficios contributivos que contienen los decretos acordados por el gobierno bajo la ley 60.
La alarmante revelación fue realizada por Carlos Fontán, quien fue exdirector de la Oficina de Incentivos para Empresas en Puerto Rico del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).
«La nueva ley dice que los decretos son válidos en todo Puerto Rico y esto sí que es un dolor de cabeza. Obviamente al municipio no le gusta reconocer (los beneficios contributivos que conceden los decretos)», reveló Fontán.
El exfuncionario del DDEC hizo los planteamientos durante un reciente conversatorio sobre la ley 60 celebrado por la Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros (APAF). El foro tuvo lugar en el restaurante Antonio, ubicado en el Condado.
Municipios con «C» «problemáticos»
De hecho, Fontán fue aún más lejos en el alcance de sus revelaciones y sostuvo que los municipios cuyo nombre comienza con la letra «C» son los más «problemáticos».
«Algunos municipios son buenos. Los empiezan con «C» son «problemáticos». Esos que empiezan con «C» son bastante problemáticos. No vamos a mencionar los nombres, pero sí dan dolor de cabeza. El municipio tiene el decreto y te dice que le tienes que reconocer una tasa preferente del CRIM y de patente. !Y el municipio no lo quiere reconocer!. Entonces, me acuerdo que se deba a la dinámica: Carlos hazme una certificación de que es válido este decreto. ¿Qué más certificación que el decreto que fue firmado por el secretario del DDEC?. Ahora la ley 60 te dice que aún cuando sólo se menciona un solo municipio en tu decreto, se supone que sea válido en todos los municipios. Y digo se supone porque los alcaldes se ponen bien, bien, bien creativos y no quieren, algunos, no quieren reconocer las exenciones contributivas que están establecidas en esos decretos de exención», sostuvo Fontán.
En Puerto Rico existen 14 municipios cuyos nombres comienzan con la letra «C»:Cabo Rojo, Caguas, Camuy, Canóvanas, Carolina, Cataño, Cayey, Ceiba, Ciales, Cidra, Coamo Comerío, Corozal y Culebra.
No obstante, Fontán no señaló aquellos municipios que se han negado a reconocer los decretos contributivos.
Más puertorriqueños con decretos
Durante el conversatorio Fontán también reveló que los empresarios puertorriqueños poseen el 65 % de los decretos contributivos concedidos por la ley 60 y por los estatutos precedentes, lo que desmiente la percepción de que los empresarios extranjeros han sido lo más beneficiados por las exenciones contributivas que avala el DDEC.
Otro aspecto significativo de la exposición de Fontán fue que los beneficios contributivos que la ley 60 avala para evitar el éxodo de médicos del país tuvo en realidad un efecto contraproducente.
Según Fontán en los pasados años se habían aprobado 4,300 decretos contributivos para los médicos, los cuales permiten una tasa contributiva de 4 %.
Estos decretos representaron un beneficio contributivo a favor de los médicos de $320 millones, lo que causó que la Junta de Supervisión Fiscal se pronunciará en contra de continuar concediendo tales beneficios. Pero el beneficio contributivo, según indicó Fontán, tuvo otro efecto, pues los médicos recién graduados se inclinan por abandonar el país debido que entienden que no pueden competir con los médicos cuya tasa contributiva es de 4 %, pues su tasa contributiva está en el 34 %.
Tributar al 4 %
Fontán también se distanció de los que critican los beneficios contributivos a la manufactura porque representan la pérdida de $15 billones anuales. Y en especial sostuvo que los decretos de exportación de servicios de la ley 60 cada vez benefician más a empresas puertorriqueñas, lo cual implica que estas empresas abandonan la tasa contributiva de 34 % para tributar a un 4 %.
Fontan reconoció que tales beneficios tienen un importante impacto fiscal pero advirtió indicó que tal beneficio provocó que la empresa Honeywell trasladara desde los Estados Unidos a Guaynabo una importante división dedicada a la compra venta de piezas de aviación.
En el conversatorio ofloró la realidad de que las grandes empresas de la manufactura como, por ejemplo, las farmacéuticas, que se benefician de los decretos que colocan la tasa contributiva en 4 % son responsables de una tercera parte de los ingresos del Fondo General. «Si los incentivos no estuvieran en Puerto Rico el comportamiento de estas corporaciones foráneas, que son las que más aportan al fisco, no estarían aquí y la economía y los recaudos se verían afectados», sostuvo el exfuncionario.
A competir con los grandes
De hecho, el retorno de inversión de la manufactura es el más alto con 45.5 %, lo que implica que por cada dólar que el gobierno invierte en la manufactura recupera 45.5 centavos. El sector de la agricultura presenta el peor retorno de inversión con un -73.2 %.
Fontán indicó que Puerto Rico como destino de inversión para las grandes empresas del sector farmacéutico compite con destinos como Singapur, Islandia y los 50 estados de los Estados Unidos.
Sostuvo que los aranceles impuestos por el presidente Trump han causado que Puerto Rico reciba la atención de las grandes empresas, lo cual resultará sumamente beneficioso para el país pues como destino de inversión «es más barato que los 50 estados».
Créditos a la venta
Sobre los créditos contributivos que benefician a los portadores de decretos, Fontán explicó «que están hechos para que sean vendidos» en el mercado local. «Existe una disposición de contribución mínima que te obliga a venderlo. La misma ley te dice que si vendes el crédito, el ingreso está totalmente exento del pago de contribuciones», dijo Fontán. Usualmente estos créditos contributivos se venden con un leve descuento.
De hecho, el exfuncionario vaticinó que más empresas puertorriqueñas optarán por los decretos de exportación de servicios. «Cuando yo empecé en el DDEC el 35 % de los decretos de exportación eran de empresas puertorriqueñas y cuando me fui en 2024 ya era el 50 %. Esto va a seguir creciendo porque esa noción de que la exportación es para el de afuera está cambiando. Más puertorriqueños están solicitando estos decretos de exportación de servicios», dijo Fontán.
Sobre los beneficios contributivos que favorecen a la actividad turística Fontán señaló que este sector registró un bajo retorno de inversión debido a que los créditos contributivos y los decretos aprobados después de 2017 iban dirigidos a atender las pérdidas causadas por el huracán María. Sostuvo que los decretos y los créditos contributivos aprobados en años recientes van dirigidos a crear nuevas habitaciones de hotel.
Fontán explicó que una cualidad de las disposiciones de la ley 60 para el turismo es que los beneficios contributivos que gozan las grandes hospederías, como la tasa del 4 %, también están disponibles para los pequeños hoteles, hostales y paradores.
Además, existe el llamado beneficio 70-30, el cual dispone que si el 70 % de tu proyecto es para actividad turística, la ley permite que el restante 30 % se puedan desarrollar viviendas o espacios comerciales y obtener créditos contributivos por esas actividades.
Abogados y contadores
Fontán reveló que en los últimos 25 años se han aprobado 730 decretos contributivos para el turismo, de los cuales el 85 % están en manos de empresarios puertorriqueños.
De hecho, Fontán indicó que el sector del turismo genera numerosos créditos contributivos pues la ley permite que las remodelaciones y modificaciones reciban créditos tras completarse cinco años después de construida una nueva hospedería, la cual también recibió créditos contributivos.
Otro aspecto abordado por Fontán es que el nivel de certeza de que se apruebe un crédito contributivo dependerá de que el solicitante haya reclutado a los abogados y contadores públicos autorizados con basta experiencia en la tramitación de los decretos contributivos.
De hecho, ex funcionario reveló que durante su estadía en el DDEC se aprobaron 14,000 decretos y solo fueron denegadas 95 solicitudes. Entre los denegados figuran empresarios vinculados al tráfico de armas y ofensores sexuales.
