Por Miguel Díaz Román
La negociación colectiva entre los proveedores y las aseguradoras como mecanismo para fijar las tarifas por servicios médicos podría crear un monopolio en la negociación de tarifas a nivel de toda la Isla que aumentará las primas de los seguros de salud privados y los públicos, según sostuvo la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE).
ACODESE indicó que la negociación colectiva podría causar un aumento en el número de personas no aseguradas y amenazar la estabilidad de la industria local de seguros de salud.
La ominosa advertencia tuvo lugar ayer en una vista pública del Proyecto de la Cámara 1641, que propone convertir la negociación colectiva en un instrumento para establecer las tarifas por servicios de salud. La vista fue celebrada por la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.
La medida propone la negociación colectiva para propiciar un alza en las tarifas y evitar el éxodo de médicos y otros profesionales de la salud.
La licenciada Iraelia Pernas, quien es la directora ejecutiva de la ACODESE, sostuvo que los médicos que no participen de las negociaciones colectivas reclamarán trato igual, según las tarifas acordadas por aquellos grupos que negociaron con las aseguradoras, lo que causaría que las tarifas negociadas quedarían vigentes en toda la isla.
“Aunque (la medida) no dispone que la negociación colectiva que se conduzca será vinculante para ellos, en la práctica éstos van a demandar igual trato que aquellos que negociaron. ¿Se crearía de facto un monopolio en las negociaciones tarifarias? El resultado previsible es que las tarifas quedarían fijadas a nivel toda la Isla e inevitablemente se afectarán los costos de los planes médicos, lo que redundará en una desventaja para los asegurados”, sostuvo Pernas.
La ejecutiva de ACODESE también impugnó la credibilidad de la medida en lo que concierne a que, alegadamente, la negociación colectiva evitará el éxodo de los médicos.
“Sin presentar data alguna que así lo constate, este proyecto de ley concluye que la negociación colectiva retendrá o hará regresar a los médicos que emigraron a los Estados Unidos en búsqueda de mejores condiciones de empleo y paga por sus servicios”, sostuvo Pernas en una vista pública que se caracterizó por una atmósfera hostil contra las aseguradoras, la cual fue compartida por los deponentes y los legisladores.
Éxodo de médicos por varias causas
Pernas dijo que la fuga de profesionales de la salud no se obedece exclusivamente a las diferencias entre las aseguradoras y la clase médica y señaló que existen otros precipitantes económicos que propician el éxodo de los puertorriqueños en general, tales como el aumento en tasas contributivas, servicios de salud, luz, agua, medicamentos, educación, todos los cuales son servicios esenciales.
La directora ejecutiva de la ACODESE recordó que las medidas tomadas por el gobierno para evitar el éxodo de los médicos y el retorno de los que ya emigraron no han tenido éxito y presentó como ejemplo la reducción a 4% la tasa contributiva que cobija a los médicos.
Incluso, Pernas cuestionó la credibilidad de un estudio que ordenó la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) al economista Ramón Cao, para conocer el comportamiento del mercado de seguros de salud debido a que utilizó la información de un censo cuya confiabilidad no ha sido constatada.
No obstante, los portavoces del Colegio de Cirujanos Dentistas (CCD) y de la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología (SPTO) respaldaron la medida porque, alegadamente, evitaría el éxodo de médicos y otros profesionales de la salud a través de un alza de las tarifas por servicios que le haría justicia a los proveedores.
Contratos onerosos
Los portavoces de ambas organizaciones, Raúl Dámaso Ortiz, presidente del CCD, y Antonio Otero, presidente de la SPTO, denunciaron que además de las bajas tarifas, el éxodo también responde a las condiciones onerosas que contienen los contratos para servicios médicos que proponen las aseguradoras.
De hecho, el doctor Otero reveló que una costumbre de las aseguradoras es presentar los contratos sin incluir las tarifas de pago por servicios. Además, los contratos sólo conceden 90 días para presentar facturas por servicios y 25 días para reclamaciones. “Medicare no permite hasta un año para presentar facturas”, dijo Otero.
El doctor Otero, quien se dedica a realizar reemplazos de rodilla y cadera, dijo que por cada uno de estos procedimientos recibe una compensación de hasta dos veces y media menor que la que obtiene un ortopeda en Estados Unidos.
“El modelo actual está totalmente sesgado a favor de las aseguradoras”, dijo Otero.
Por su parte, el doctor Dámaso Ortiz denunció que por más de 25 años las tarifas para determinados procedimientos dentales no han sufrido cambios mientras las primas de los seguros de salud aumentan frecuentemente.
Luego de que fuera cuestionada por varios legisladores, Pernas explicó que para establecer tarifas las aseguradoras emplean información actuarial, la cual ofrece estadísticas sobre la utilización de determinados servicios y su costo.
El doctor Dámaso Ortiz reveló que una aseguradora bajó las tarifas recientemente, lo que causó asombro a varios legisladores.
El Proyecto 1641 fue radicado por la representante Sol Higgins Cuadrado, quien preside la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes,. junto al presidente del cuerpo legislativo, Rafael Hernández Montañez, y por el representante Carlos Méndez.
La negociación colectiva figura como un mecanismo para que las aseguradoras y los proveedores acuerden el monto de las tarifas desde 2008, cuando se aprobó la ley 203.
El estatuto añadió el capítulo 31 al Código de Seguros, pero se convirtió en uno inoperante a consecuencia de las excesivas disposiciones de la regla 91, que es el reglamento de la ley, el cual fue establecido por la OCS.
Pero la medida propone enmendar la ley 203 y la regla 91, con el objetivo de convertir la negociación colectiva en un mecanismo viable.
El Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, ha respaldado la medida e incluso contrató al economista Cao para que efectuara un estudio para analizar el comportamiento actual de las fuerzas del mercado de salud para posibilitar la negociación colectiva.
Confirmada la concentración del mercado
El estudio confirmó la concentración del mercado en los seguros de salud por parte de varias aseguradoras por primas suscritas y por distribución de suscriptores. El estudio ha sido la base conceptual para varias enmiendas propuestas a la medida por Adams Vega.
Entre las enmiendas presentadas por el funcionario figura considerar a toda la isla como una sola área geográfica, lo que eliminaría las once áreas geográficas reconocidas por la regla 91.
Una de las enmiendas dispone que el proceso de negociación colectiva sea obligatorio y además, propone aumentar de un 20% a 40% el número de proveedores que se pueden unir para negociar con las aseguradoras.
Otra enmienda propone derogar el artículo 31.060 del Código de Seguros, para eliminar la Junta Revisora de Tarifas de Planes Médicos y Seguros, debido a que su excesiva injerencia operó como un obstáculo contra la negociación colectiva y convirtió al organismo en uno inefectivo.
Cuestionan credibilidad de estudio
Pernas cuestionó la credibilidad del estudio efectuado por el economista Cao, debido a que fue elaborado con los resultados de un censo que realizó el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, del cual se desconoce el tipo de metodología utilizada y la confiabilidad de los resultados censales, según lo menciona el propio estudio en una nota al calce.
“¿Puede esta honorable Asamblea Legislativa tomar como fuente confiable una recomendación basada en información que no ha sido constatada?”, cuestionó Pernas durante su ponencia, lo que desató reacciones a favor del estudio de parte de la representante Higgins Cuadrado y del representante independentista Dennis Márquez.
“Este es el estudio del gobierno”, exclamó Higgins Cuadrado.
“Es una nota al calce (el comentario sobre la metodología y la confiabilidad) y no es parte del estudio”, reclamó el representante Márquez, quien dijo favorecer la negociación colectiva.
Incluso, el representante Márquez cuestionó la posición de ACODESE sobre que la negociación colectiva causará un alza en las primas.
“Este no es un problema de costo (el alza en las primas), es un problema de ganancias. Que vale más las ganancias millonarias de las aseguradoras que la vida humana”, dijo Márquez.
Pernas alegó que el Proyecto 1641 pretende lograr por legislación lo que el Colegio de Médicos Cirujanos no logró a través de un interdicto contra la regla 91, en el que se alegó que varias disposiciones del reglamento eran contrarios a la negociación colectiva que es permitida por la ley 203.
La directora ejecutiva de ACODESE recomendó a la Comisión de Salud solicitar los comentarios de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos de América (FTC por sus siglas en inglés) que ha concluido que la negociación colectiva puede aumentar los costos y reducir la innovación y el acceso a los servicios de salud como resultado de la limitación a los beneficios que genera la libre competencia.
La representante Higgins Cuadrado aceptó la propuesta de consultar a la FTC.
