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Comisionado de Seguros atenta contra el Centro Internacional de Seguros

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En lo que representa un acto sin precedentes de parte de un miembro del gabinete del gobernador, el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, ha tomado acciones administrativas contra los aseguradores y reaseguradores Internacionales instalados en el Centro Internacional de Seguros (CIS), que está ubicado en San Juan, lo que ha sido catalogado como un atentado contra un instrumento para atraer inversión y promover el desarrollo económico en Puerto Rico.

La acción unilateral tomada por Adams Vega está contenida en una carta circular emitida el pasado 7 de diciembre de 2022, la cual fue dirigida a los aseguradores, reaseguradores y aseguradores de líneas excedentes que operan en el CIS, con el fin de hacer negocios de seguros desde Puerto Rico con países extranjeros y en jurisdicciones de los Estados Unidos.

EL CIS ofrece jugosos beneficios contributivos y exime a los aseguradores y reaseguradores de las numerosas restricciones financieras, requisitos de reserva y de otra índole que el Código de Seguros impone a los aseguradores locales.

La mencionada carta circular emitida por Adams Vega impone nuevos requisitos a los aseguradores y reaseguradores registrados en el CIS para hacer negocios en jurisdicciones de los Estados Unidos, hasta el extremo que los obliga a cumplir con las restrictivas regulaciones del Código de Seguros que cobijan a los aseguradores locales.

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En el encabezado de la carta circular se menciona que el tema a tratar es “la aplicabilidad del capítulo 61 del Código de Seguros”, que contiene todas las obligaciones y las exenciones aplicables a las empresas que aspiraban a realizar negocios de seguros desde el CIS, con jurisdicciones en los Estados Unidos y con países extranjeros.

Además, se menciona la Regla 80, que agrupa los normas que regulan a los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS.

Las operaciones de los aseguradores y reaseguradores internacionales también están reguladas por la regla 81, que cobija los planes de activos segregados (fideicomisos de inversión) ; la regla 82, que regula a las compañías tenedoras de aseguradores internacionales y la regla 100, que regula a los reaseguradores.

De hecho, miembros de algunas de las aseguradoras y reaseguradoras que operan en el CIS han catalogado la carta circular de Adams Vega como un empujón que “saca a estas empresas del CIS”.

Tres aseguradoras internacionales rechazados

La determinación de Adams Vega ya causó que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) haya rechazado al menos tres aseguradoras internacionales que habían realizado gestiones para ubicarse en Puerto Rico y que fueron atraídos por los beneficios contributivos y la flexibilidad reglamentaria que ofrece el CIS.

De acuerdo con fuentes de la industria de seguros, la determinación de Adams Vega también ha provocado una gran incertidumbre y desasosiego entre las cerca de 35 aseguradoras y reaseguradores internacionales que actualmente operan en el CIS, algunos de los cuales ya consideran trasladar sus negocios a otros países que ofrecen un esquema regulatorio flexible y favorable a la inversión.

Entre esos países figura con prominencia el territorio británico de Bermudas, que es un paraíso fiscal ubicado al norte del Caribe, a unas 1,000 millas de la costa este de los Estados Unidos.

Bermudas no tiene un impuesto sobre ingresos, exime de contribuciones a las ganancias de capital y a las transacciones relacionadas con sucesiones. Además, posee una industria de servicios financieros bien desarrollada que incluye banca, gestión de inversiones, seguros y servicios fiduciarios.

También ofrece un sistema regulatorio simplificado, cuenta con una fuerza laboral altamente calificada y garantiza fácil acceso a los mercados internacionales.

Comisionado prohíbe hacer negocio en Estados Unidos

La carta normativa emitida por Adams Vega sostiene, entre otros planteamientos, que cualquier asegurador “organizado bajo las leyes de Puerto Rico e interesado en realizar negocio de seguros en otro estado o territorio de Estados Unidos acreditado por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC), deberá cumplir con los procesos y requisitos bajo el capítulo 3, 28 y 29 del Código de Seguros de Puertos Rico como un asegurador doméstico tradicional”.

El capítulo 3 del Código de Seguros mencionado por la carta normativa regula tanto requisitos de capital, como depósito, inversiones y otros requerimientos exigidos por la OCS para autorizar que un asegurador pueda operar en el mercado local.

Los capítulos 28 y 29 tratan sobre los requisitos de incorporación de un asegurador en el mercado local, así como exigencias para la gobernanza corporativa, derechos y poderes de las corporaciones, dividendos, responsabilidades de los accionistas con las deudas del asegurador, menoscabo de capital y transacciones en otros países, entre otros asuntos.

La carta circular también menciona que la Regla 80 fue enmendada en noviembre de 2020 para aclarar que como resultado de la acreditación de la OCS por la NAIC, el trato de reciprocidad que los estados de Estados Unidos concedan a los aseguradores y reaseguradores que operan en mercado local en asuntos como licencias y reglamentación, no será aplicable a las empresas de seguros instaladas en el CIS, que están regulados por el capítulo 61.

Fuentes de la industria de seguros aseguran que la determinación de Adams Vega es ilegal porque ni el capítulo 61 ni la Regla 80 contienen un mandato expreso que prohíbe a los aseguradores y reaseguradores registrados en el CIS, realizar negocios desde Puerto Rico con entidades domiciliados en Estados Unidos.

NAIC condiciona acreditación

Sostienen las fuentes que la decisión no obedece a las disposiciones de la Ley 399 del 2004, la cual creó el CIS y el marco regulatorio contenido en el capítulo 61.

Una fuente indicó que la carta circular es el resultado directo de los requerimientos de la NAIC para autorizar la reacreditación de la OCS, luego de que la acreditación fuera suspendida el 27 de julio de 2020, durante la incumbencia del ex Comisionado de Seguros, Rafael Cestero Lopategui.

La pérdida de la acreditación fue el resultado de la pobre evaluación efectuada por la OCS de una transacción financiera realizada por un asegurador registrado en el CIS, que habría tenido serias implicaciones en numerosos estados de Estados Unidos.

La OCS recuperó la acreditación de la NAIC luego de una votación del Comité de Normas de Regulación Financiera y Acreditación de la entidad. La votación fue celebrada entre el 12 y 16 de diciembre de 2022, durante la Convención Nacional de la NAIC, que se realizó en un hotel en la ciudad de Tampa en Florida. En la actividad estuvo presente Adams Vega.

OCS contra Converge RE

La carta circular emitida el pasado 7 de diciembre de 2022 fue antecedida por una determinación de la OCS contra el reasegurador internacional Converge RE, la cual fue emitida casi dos meses antes, el 11 de octubre de 2022.

En esa ocasión la OCS produjo una orden de cese y desista contra Converge RE, que comenzó a operar en el CIS en 2017, por una alegada violación a la Regla 80 la cual consistió en suscribir riesgos en reaseguro de asegurados en los Estados Unidos.

Según la orden, el reasegurador había suscrito contratos de reaseguro para anualidades y seguros de vida en dos aseguradores domiciliados en Carolina del Sur y en Utha.

La orden la OCS le advierte a Converge RE que “no podrá continuar suscribiendo riesgos en reaseguro de asegurados domiciliados o residentes en jurisdicciones de cualquier otro estado o territorio de Estados Unidos”.

La orden exigió terminar con los contratos de reaseguro en los dos aseguradores domiciliados en Carolina del Sur y en Utah y además, pidió a Converge RE presentar un plan de transición en los próximos 90 días.

A la sorpresiva decisión de la OCS, Converge RE respondió con un alegato no menos sorpresivo: la Regla 80 no prohíbe la suscripción de riesgos de Estados Unidos.

La controvertible decisión contra Converge RE se ventiló en un proceso administrativo en la OCS, en la cual solicitó participación la Asociación de Aseguradores Internacionales de Puerto Rico (PRIIA por sus siglas en inglés), que integra a los aseguradores y reaseguradores instalados en el CIS. La petición de intervención fue presentada el 18 de noviembre de 2022.

PRIIA pide participar

PRIIA alegó que su participación en el caso estaba justificada por su conocimiento de las operaciones en el CIS y porque ya la OCS había aceptado el valor del peritaje de la organización, durante la redacción de la enmienda a la Regla 80, introducida en noviembre de 2020.

En su petición PRIIA sostuvo que la orden contra Converge RE tendría efectos adversos sobre las políticas y prácticas de todos los aseguradores internacionales, que podría representar pérdidas millonarias y alterar la viabilidad de sus operaciones en el CIS.

Cuando aún la OCS no había respondido a la petición de intervención de PRIIA, Adams Vega emitió la carta circular el 7 de diciembre, donde figura por primera vez que los aseguradores instalados en el CIS que realicen negocio en los Estados Unidos deberán cumplir con las disposiciones de los capítulos 3, 28 y 29 del Código de Seguros.

El 11 de enero de 2023 la OCS emitió una resolución en la que rechazó la intervención de PRIIA. Posteriormente, la OCS no se pronunció sobre una solicitud de reconsideración presentada por PRIIA.

El pasado 17 de marzo la organización acudió al Tribunal Apelativo para solicitar la revocación de la resolución de la OCS. PRIIA también solicitó que el Tribunal revise la carta circular emitida por Adams Vega, porque, alegadamente, en realidad es una regla legislativa debido a que impone nuevas obligaciones y penalidades a las empresas registradas en el CIS.

Carta circular contradice promoción

En su petición la organización planteó que la carta circular incumplió con la ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, que exige celebrar vistas públicas a las disposiciones reglamentarias que imponen nuevas obligaciones y penalidades.

En otro argumento PRIIA sostuvo que la permanencia de la interpretación de la Regla 80 realizada por la OCS causará que los aseguradores y reasegurados podrían abandonar el CIS “porque podrían quedar impedidos de continuar dichas operaciones”.

PRIIA también comentó la posición intransigente de la OCS, que rechazó la intervención de PRIIA y del ex director de la División de Aseguradores y Reaseguradores Internacionales de la OCS, Ruben Gely Rodriguez.

Incluso, PRIIA advirtió que la interpretación de la Regla 80 que favorece Adams Vega contradice la promoción que realiza el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DECC) sobre las virtudes del CIS.

En esa promoción el DECC afirma que en CIS se establecen “aseguradoras y reaseguradoras especializadas de riesgos estadounidenses y no estadounidenses».

En momentos cuando el Tribunal Apelativo aún no había atendido la petición de PRIIA, la OCS y Converge RE alcanzaron un acuerdo confidencial que puso fin a la controversia.

Senado investiga la OCS

El presidente de PRIIA, Hugo Córdova, no estuvo disponible para comentar sobre el acuerdo de la OCS y Converge RE y sobre las implicaciones de la carta circular.

No obstante, la controvertible carta circular emitida por Adams Vega continúa generando incertidumbre en las operaciones del CIS. De hecho, no está claro porqué el actual Comisionado de Seguros ha decidido emprender acciones administrativas contra el CIS, a pesar de que esa oficina ha sido el principal promotor de la ley 399, que permitió fundar el CIS.

Incluso, no está claro si el gobernador Pedro Pierluisi apoya las acciones tomadas por Adams Vega, debido a que en la plaforma política del Partido Nuevo Progresista el CIS figura como un parte integral del conjunto de instrumentos para atraer inversión al país y crear empleos bien remunerados.

De hecho, en la actualidad la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado, que preside el senador Juan Zaragoza, realiza una investigación sobre las decisiones de la OCS relacionadas con el CIS.

La investigación se está efectuando como parte de la Resolución del Senado 612, que ordena investigar los detalles sobre las causas para que la OCS perdiera la acreditación de la NAIC.

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