Esta semana en Informe Semanal dialogamos sobre los efectos del cambio climático y la política que establecerá el gobierno para lidiar con esta emergencia ambiental. Sobre este tema hablará con nosotros el ingeniero Carl Soderberg. Además, hablamos sobre los deseos de muchos ganaderos de que se revisen los nuevos parámetros de calidad de leche, los cuales están provocando graves efectos en las finanzas de numerosas vaquerías.
Middle States cuestiona gobernanza en RCM tras destitución de rectora Ilka Ríos
Por Miguel Díaz Román
Tras la crisis que enfrentó el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico, luego de que la Junta de Gobierno destituyó a la rectora, la doctora Ilka Ríos Reyes, el pasado mes de septiembre, la Middle States Commission on Higher Education (MSC), ha emitido un señalamiento relacionado con la gobernanza en la institución.
En una comunicación emitida el pasado 16 de noviembre la MSC solicitó al RCM un informe “que proporcione evidencia adicional de una estructura de gobernanza claramente articulada y transparente que describa roles, responsabilidades y rendición de cuentas”.
La comunicación, que está accesible en la página de internet de la MSC, también indica que el informe debe abordar temas relacionados con “la toma de decisiones inclusivas por parte de cada grupo, incluyendo el órgano de gobierno legalmente constituido de la institución, la administración, el cuerpo docente, el personal y los estudiantes, así como cualquier entidad relacionada”.
El informe deberá estar listo para el 1 de marzo de 2024. Luego de que se reciba el informe, una delegación de la MSC realizará una visita a RCM.
La comunicación también le recordó al RCM que las comunicaciones con el MEC se deben realizar en el idioma inglés, lo que implica que el organismo acreditador recibió en algún momento documentos en español.
“Recordamos a la institución que debe comunicarse con la Comisión en inglés, tanto oralmente como por escrito, incluyendo todos los materiales de acreditación para apoyar el proceso de toma de decisiones de acreditación multinivel”, advierte la comunicación.
El doctor Hermán Cestero Aguilar, quien es miembro de la Junta de Gobierno de la UPR y apoyó a la doctora Ríos Reyes, sostuvo que, aunque el RCM tenía señalamientos anteriores relacionados con la gobernanza, la comunicación de la MSC está directamente relacionada con el proceso de destitución de la doctora Ríos Reyes.
El detonante
“El detonante fue la destitución de la doctora Ríos Reyes”, dijo Cestero Aguilar. La doctora Ríos Reyes fue nombrada el pasado 22 de agosto por la Junta de Gobierno en medio de críticas y protestas relacionadas con acusaciones sobre que, alegadamente, intervino en una evaluación académica para favorecer a un estudiante del recinto tras la supuesta petición de sus padres. A pesar de esas denuncias, la Junta de Gobierno avaló el nombramiento de la doctora Ríos, quien ha sostenido que no hizo nada ilegal.
No obstante, un informe concluyó que violó normas de la institución en relación con la intervención en el caso de la estudiante, pero otra evaluación determinó que las acciones de Ríos fueron correctas.
En rechazo al nombramiento de Ríos Reyes el Consejo General de Estudiantes de Río Piedras, la Junta Universitaria de la UPR y la facultad de la Escuela de Medicina decretaron una huelga que no logró del todo paralizar las labores en el RCM.
El pasado 25 de septiembre la Junta de Gobierno acogió una solicitud realizada por el presidente de la UPR, el doctor Luis A. Ferrao, para destituir a Ríos Reyes del cargo de rectora debido a que la funcionaria se había negado a dimitir. Ríos Reyes ha sostenido públicamente que no hizo nada ilegal y que los señalamientos en su contra son falsos.
“Lo que ha sucedido, ellos entienden que amerita una acción correctiva. Nos la hemos ganado. Y esa acción la siguen posponiendo y eso me tiene preocupado porque temo que la acción que van a tomar puede ser demasiado dolorosa para nosotros. No creo que llegue a perderse la acreditación, pero que nos pongan en una probatoria directa es posible. Eso nos pone en peligro de una desacreditación porque no se podría cometer ni el más mínimo error.”, dijo Cestero Aguilar.
Seguimos con el cambia cambia
“Me preocupa que venga algo muy fuerte. Yo creo que están documentando una acción dura por las preguntas y comentarios que han hecho. Los comentarios que han hecho, como que las explicaciones sean claras y corroborables, indica que ellos nos están diciendo: “no me vengas con embustes”. Hay algo malo aquí, hay algo que les desagrada mucho”, indicó el miembro de la Junta de Gobierno de la UPR.
“Ellos nos han dicho “no sigan con el cambia cambia y nosotros seguimos con el cambia cambia”, dijo Cestero Aguilar en referencia a las frecuentes alteraciones que ha padecido el RCM como resultado de las destituciones o renuncias de rectores en los pasados años.
En diciembre de 2021 la Junta de Gobierno nombró a la doctora Ilka Ríos como rectora del RCM y en agosto del 2022 la rectora renunció al cargo luego de que Ferrao lo solicitara ante los señalamientos de dos decanos de la Escuela de Medicina sobre su presunta intervención en una evaluación académica para favorecer a un estudiante.
Luego, Ferrao designó como rector interino del RCM al doctor William Méndez Latalladi, quien era director del Departamento de Cirugía, mientras se realizaba el proceso de acreditación del RCM por parte de la MSC.
“Latalladi destituyó a 20 decanos mientras era rector interino y todavía no había sido confirmado. La MSC sabe todo eso”, advirtió Cestero Aguilar.
Dos semanas después de la designación de Méndez Latalladi, Ferrao retiró el nombramiento como resultado de que, alegadamente, cometió faltas éticas en el proceso de evaluación de un estudiante residente que demandó al RCM.
Preocupa la política en la UPR
Méndez Latalladi admitió en una deposición de esa demanda que alteró el expediente académico del estudiante para que la agencia responsable de acreditar el programa de cirugía general entendiera que la salida del estudiante se hizo correctamente.
En sustitución de Latalladi, en agosto de 2022 Ferrao nombró al profesor Carlos Ortiz Reyes como nuevo rector interino del RCM.
De inmediato el nombramiento de Ortiz Reyes fue motivo de cuestionamientos por que el funcionario no era médico y su especialidad estaba relacionada con la ciencia de la computación. “El nombramiento de Ortiz Reyes fue otro asunto que ellos (la MSC) están conscientes porque su área de saber no era cónsona con la misión del RCM”, señaló.
Cestero Aguilar dijo que la advertencia del MSC sobre que las comunicaciones se deben realizar en el idioma inglés, fue el resultado de que, tras la destitución de Ríos Reyes, el organismo envió una serie de interrogantes sobre el proceso que culminó con la salida forzada de la funcionaria, las cuales fueron respondidas en español.
“Ahora tienen que enviar esas respuestas en inglés. Yo no sé cómo se les ocurrió enviar ese reporte en español”, dijo Cestero Aguilar, quien reveló que entre las interrogantes de la MSC figuró la participación de políticos en las protestas contra la doctora Ríos Reyes.
“Si hay algo que ellos (MSC) rechazan es la política. Y ellos saben la participación de los políticos y de doctores que ocuparon posiciones en el gobierno, que también estaban en las protestas. La MSC no quiere la política en la universidad para nada. Aquí fue, como dice el refrán, que la puerca entorchó el rabo”, concluyó el doctor Cestero Aguilar.
Tribunal falla en contra de 31 juntas de titulares que reclaman $77.6 millones a Triple S Propiedad
Por Miguel Díaz Román
El Tribunal de Primera Instancia de San Juan desestimó por falta de jurisdicción una solicitud de confirmación sumaria de laudos de arbitraje que ascienden a $77.6 millones, la cual fue presentada por 31 juntas de titulares de condominios contra la aseguradora Triple S Propiedad.
Los laudos de arbitraje están relacionados con reclamaciones por daños causados en los 31 condominios por el huracán María, cuyo paso por el país se registró siete años atrás.
La determinación, que fue emitida el pasado lunes 27 de noviembre por el juez superior Raúl Candelario López, concluyó que la solicitud de confirmación de los laudos de arbitraje es nula debido a que las 31 juntas de titulares presentaron sus reclamaciones en una petición en conjunto, cuando el procedimiento correcto era tramitarlas por separado y pagar los correspondientes sellos de rentas internas por cada una de las peticiones.
El juez Candelario López sostuvo que la solicitud de confirmación de laudos era defectuosa y por lo tanto nula, tras lo cual decidió desestimar el caso por falta de jurisdicción.
Los 31 consejos de titulares son representados por el bufete O Neill & Borges LLC, mientras Triple S Propiedad es representada por los bufetes Frank Torres Viada, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, Vicente & Cuevas y Román Negrón Law.
Los 31 condominios que figuran en la solicitud de confirmación de los laudos de arbitraje son Park West, Mansiones de Garden Hills, Ashford 1360, Balcones de Santa María, Balmoral, Borinquen Towers II, Bosque Real, Casa del Valle, Altos del Escorial, Ávila, Condado Le Cours, Hato Rey, Cuevillas Court, El Legado, Estancias de Chalets, Executive Tower, Galería Fase I, Granada, Grand Bay Beach, Haciendas Las Ceibas, La Arboleda, Le Rivage, Parque de la Vista I, Piazza Luchetti, The Crowne Plaza, Mar de Isla Verde, Cima de la Villa, Torre del Mar, Luquillo Manors, Parque de Terralinda, y Aquátika.
El pasado 26 de septiembre los 31 consejos de titulares presentaron la solicitud de confirmación de laudos con el argumento de que no existían circunstancias que le permitieran al Tribunal revocar o modificar las determinaciones de los árbitros.
Solicitan el pago de $77.6 millones
Ante esa realidad, las 31 juntas de titulares solicitaron que el Tribunal confirme todos los laudos y ordene el pago de las cuantías concedidas antes del pasado 25 de octubre. La suma de los 31 laudos asciende a $77.6 millones.
También reclamaron la imposición de sanciones contra la aseguradora si incumplía los laudos, tales como una penalidad por temeridad, pagar los honorarios de abogados, más los intereses correspondientes a razón de 9.25%.
Pero el 22 de octubre Triple S Propiedad presentó 31 demandas individuales en contra de cada uno de los consejos de titulares en sus respectivas regiones judiciales.
En las demandas la aseguradora solicitó la revocación de los laudos y su revisión judicial por que, alegadamente, los árbitros incumplieron con las obligaciones establecidas en un memorando de entendimiento (MOU por sus siglas en inglés), que propició el proceso de arbitraje y que fue avalado entre la aseguradora y los 31 consejos de titulares.
En otra moción presentada el pasado 23 de octubre Triple S Propiedad sostuvo que la solicitud de confirmación de los laudos es un recurso prematuro debido a que en los tribunales existen 31 demandas que piden la anulación o revisión judicial de los laudos.
“Hasta tanto las acciones sobre anulación o revisión judicial de los laudos no sean adjudicadas de manera final y firme por los tribunales, este Honorable Foro no debe actuar sobre el asunto de su confirmación. Dicho de otro modo, sería un contrasentido y error jurídico, de un lado, confirmar 31 laudos arbitrales, mientras de otro, se litiga la nulidad o revisión judicial de estos. Pues la madurez de la acción confirmatoria depende del resultado de la acción de nulidad o revisión judicial”, indicó la moción.
Juntas alegan es legal la consolidación
Por su parte, las juntas de titulares argumentaron que la jurisprudencia en la cual Triple-S fundamenta su defensa de falta de jurisdicción no es aplicable a los hechos de este caso. Sostienen, además, que la Regla 17.1 de Procedimiento Civil, permite a las juntas de titulares consolidar en una sola solicitud de confirmación de laudos las reclamaciones de los 31 condominios.
El juez Candelario López avaló los planteamientos de Triple S Propiedad y señaló que las juntas de los condominios no poseían la autoridad para consolidar los casos en una sola petición. Sostuvo que al consolidar los casos en una petición las juntas de titulares evadieron cumplir con el requisito de pagar aranceles al estado por cada una de las 31 reclamaciones.
“¿Puede una parte consolidar de manera unilateral y presentar de manera conjunta una solicitud de confirmación de 31 laudos arbitrales dictados por separado y pagar aranceles correspondientes a una sola solicitud? Respondemos en la negativa. En consecuencia, deben ser los 31 laudos objeto de demandas o solicitudes de confirmación individuales, tramitadas caso a caso, con el pago de los aranceles correspondientes”, sostuvo el juez.
Sin autoridad para consolidar los casos
Luego, en una explicación más abundante, el juez determinó que “cada uno de los consejos debió haber perfeccionado su propia solicitud de confirmación, conforme a los requisitos arancelarios antes expuesto, pues las partes no poseían autoridad para consolidar casos a su mero arbitrio o criterio. Nos encontramos, pues, ante un claro escenario de falta de jurisdicción ante los defectos observados por los consejos en la presentación de su solicitud”.
El juez señaló que cada junta de titulares debía solicitar la confirmación de los laudos de manera independiente y pagar los sellos de rentas internas, ante el hecho de que los 31 laudos arbitrales fueron dictados por separado.
Incluso, el juez sostuvo que los consejos están impedidos de eludir el requisito de ley de pagar los aranceles por el monto de $90.00 para cada reclamación contenciosa de carácter civil tramitadas ante las salas superiores del Tribunal de Primera Instancia, a través del uso indebido de la figura procesal de consolidar los casos en una petición unificada.
Partes suscriben el MOU
Tras el paso del huracán María, los 31 consejos de condominios acudieron a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) luego de rechazar los ajustes realizados por Triple S Propiedad. En la OCS no obtuvieron resultados satisfactorios para sus reclamos por lo que presentaron por separado impugnaciones en el Tribunal de Primera Instancia con el fin de dilucidar las controversias relacionadas con sus reclamaciones.
El 20 de abril de 2021 y bajo la tutela del Tribunal, la aseguradora y los consejos suscribieron el MOU, en el que acordaron someter las controversias a un proceso de arbitraje vinculante.
Así las cosas, cada una de las 31 reclamaciones fue referida a un procedimiento de arbitraje por separado ante cuatro árbitros, uno de los cuales fue impugnado y separado de esa responsabilidad en abril de 2023.
Laudos finales y enmendados
Finalmente, los árbitros aceptados fueron Francisco G. Bruno Rovira, a quien se le asignaron 10 casos; Eugene F. Hestres Vélez, quien atendió 10 casos y Carlos Rodríguez Vidal, quien tuvo a su cargo 11 casos.
El 15 de agosto de 2023, los árbitros emitieron laudos finales según las disposiciones del MOU, los cuales fueron cuestionados por Triple S Propiedad en una moción de reconsideración.
El 25 de septiembre de 2023, los árbitros resolvieron la moción de reconsideración y acogieron algunos argumentos sobre errores matemáticos y emitieron laudos finales enmendados.
El pasado 26 de septiembre los 31 consejos de condominios presentaron la solicitud de confirmación de laudos. Luego, el 22 de octubre Triple S Propiedad presentó 31 demandas individuales en contra de cada uno de los consejos en las que solicitaron la revocación de los laudos y su revisión judicial.
Fondos buitres en escena
Jorge Marchand, portavoz de Triple S Propiedad, sostuvo que los reclamos de los 31 consejos de titulares en realidad obedecen a los dictados de los fondos buitres o Hedge funds, que ha llegado a determinados acuerdos con los consejos de titulares para promover la lucha legal contra las aseguradoras, porque esas entidades devengan un beneficio económico sustancial en el cobro de reclamaciones.
Marchand dijo que Triple S Propiedad y las aseguradoras Mapfre y Multinational Insurance Company (MIC) enfrentan pleitos legales de parte de consejos de titulares que son promovidos por fondos buitres o Hedge funds.
“Estamos en el mismo bote. Lo que pasa es sencillo, mientras más chavos ellos piden, a ver que se cuela, porque ellos cobran el 33 %. Eso es todo”, dijo Marchand.
Una fuente indicó que Mapfre no se acogió al proceso de arbitraje y optó por combatir las reclamaciones en los tribunales.
Dos esquemas de fraude
De hecho, el pasado mes de agosto MIC radicó una demanda en la que acusó a los consejos de titulares de ocho condominios exclusivos de la zona metropolitana de San Juan y a un grupo de empresas de peritaje, consultores e ingenieros, de crear un esquema de fraude para inflar el monto de las reclamaciones por daños causados por el huracán María.
La demanda identifica dos esquemas de fraude principales. En el primero de ellos participó el bufete de abogados Raizner Lee LLC, que tiene oficinas en Texas y se estableció en Puerto Rico tras el paso del huracán María. Según la demanda, Raizner Lee LLC y otras empresas ofrecieron sus servicios legales y de peritaje a los consejos de titulares para ayudarlos a obtener resultados favorables en sus reclamaciones contra las aseguradoras.
Alegadamente, para sufragar los gastos totales del litigio y obtener, además, una ganancia, fue necesario sobrevalorar los daños del asegurado inflando el monto de las reclamaciones.
En el segundo esquema de fraude participó la empresa Attenure Group, la cual lograba acuerdos con los consejos de titulares que consistían en tomar control total de las reclamaciones a cambio de adelantar una cantidad de dinero para que comenzaran los trabajos de rehabilitación.
Las empresas Attenure Holding Trust y HRH tenían el control de las acciones civiles contra las aseguradoras en los tribunales y junto a ellas también participaron varias firmas de ingenieros y de contratistas, quienes inflaron la valorizaron las reclamaciones y realizaron nuevas inspecciones, lo que causó la aparición de pérdidas que no integraban la reclamación original.
Advierten aseguradora puede pagar
En la solicitud de confirmación de laudos radicada el 26 de septiembre los 31 consejos de titulares anticiparon que Triple S Propiedad argumentaría que el Tribunal debe examinar los laudos con detenimiento porque las cantidades de dinero a pagar pueden poner en riesgo su estabilidad y la de la industria de seguros.
No obstante, el portavoz de Triple S Propiedad dijo que la situación financiera de la aseguradora era muy favorable y señaló que tras el paso del huracán María solo requirió de una inyección de capital de $10 millones.
El documento también indica que de los estados financieros de la aseguradora surge que tiene la capacidad financiera para pagar a los consejos de titulares.
También advierte que, de los estados financieros de Triple S Propiedad radicados ante la OCS entre los años 2017 y 2022, surge que la aseguradora ha tenido en sus arcas entre $275 millones y $368 millones en efectivo e inversiones. Además, para finales del 2022 tenía un exceso de capital de aproximadamente $134 millones, mientras sus inversiones han rendido sobre $54 millones en intereses y dividendos y los contratos de reaseguros garantizaban cubrir entre $50 millones y $76.5 millones.
El embrutecimiento del debate público
Por Miguel Díaz Román
Lo menos que quisiera es figurar como defensor de los postulados anacrónicos de Proyecto Dignidad y su prole de fundamentalistas religiosos. Pero el reciente entuerto que causó su presidente, el doctor César Vázquez, merecen una observación, pues en medio de la avalancha de críticas y objeciones que cayó sobre él, emergieron unas disparatadas conclusiones esgrimidas por determinados analistas políticos y abogados, las cuales dibujan de manera nítida la paradoja que ahoga el debate público en Puerto Rico.
El doctor Vázquez cuestionó si el sonado embarazo de la Comisionada Residente, Jennifer González, es un hecho cierto o si la preñez en realidad se hallaba en un vientre de alquiler y todo el feliz drama era una fabricación publicitaria.
Tras ese legítimo cuestionamiento planteado por el doctor Vázquez, se abrió el telón para que entrara a escena la corrección política, esa suerte de hipocresía no escrita que pregona los pautas de comportamiento que debe regir a los políticos en la escena pública y ante los medios de comunicación y a la que se adhieren los grupos de presión, quienes aprovechan el más diminuto resquicio para colar su visión de mundo, sus valores, sus consignas tal como si fueran verdades categóricas, incuestionables, absolutas.
Por lo general, la entrada a escena de la corrección política representa un desafío intelectual con ribetes morales que, para los políticos diestros con facultades reales para el liderato político, puede resultar en una oportunidad única para brillar en el debate y desmitificar las columnas de humo que sostienen algunos edificios ideológicos y ciertas catedrales morales.
Para figuras de zapata endeble la intromisión de la corrección política puede representar su asesinato público y ese fue, precisamente, el caso del doctor Vázquez, quien tras ocurrido el entuerto se convirtió en el último cadáver insepulto de la política puertorriqueña que, como tantos otros, transitan sus estertores finales reapareciendo en programas de televisión y de radio hasta que se disipan sin dejar rastro, como le ocurre al vapor de agua.
Sucumbió el pobre doctor Vázquez al embate inclemente de la corrección política y pocas horas después de haber planteado cuestionamientos legítimos sobre el embarazo de la Comisionada Residente, se disculpó igual que los habría hecho un adolescente imprudente a quien sus padres azuzan con un cinturón.
El cuestionamiento del doctor Vázquez también provocó que desde la garita de la estación radial WKAQ 580, los abogados y analistas políticos Luis Pabón Roca y Carlos Díaz Olivo despotricaran contra el presidente de Proyecto Dignidad, argumentando la improcedencia de sus preguntas.
El licenciado Díaz Olivo marcó fronteras entre los asuntos públicos y la vida privada de los políticos. Catalogó en la cúspide de lo importante todo aquello relativo al territorio político, a las visiones particulares del político sobre el derrotero del gobierno, el uso de los fondos públicos y las estrategias para enfrentar los problemas.
Díaz Olivo, quien en ocasiones adquiere el tono y calibre de un juez de la Inquisición que impone a sangre y fuego la ortodoxia, designó como superfluo e irrelevante los asuntos de la vida privada de los políticos.
El abogado y profesor universitario sentó cátedra sobre cómo utilizar el recurso indagatorio de preguntar, y como buen juez de las Inquisición Matutina que desde “WKAQ Analiza” los abogados imparten, deslindó los territorios de las preguntas adecuadas y las imprudentes. En síntesis, el licenciado Díaz Olivo concluyó, muy a la francesa, que en la culta civilidad contemporánea no cabe preguntar sobre la vida privada de los políticos.
Se equivoca el destacado abogado y profesor. En el debate público y por extensión, en la gestión que realicen los políticos, los portavoces de determinadas organizaciones o intereses y, por supuesto, la prensa, es legítimo indagar en la vida privada de las figuras políticas.
No se trata de hacer una novelilla amarilla sobre detalles íntimos de los políticos, sino de evitar el error de descartar determinados ángulos porque habitan en la sombra privada y que, luego, podrían repercutir en el ámbito público o en la gestión del gobierno.
En el caso particular de la Comisionada Residente es inevitable advertir que tras el anuncio de su embarazo surgió de manera espontánea en el país la interrogante sobre si ella encara algún peligro de salud por ser una mujer obesa de más de 47 años.
En varias instancias fui sorprendido con la expresión “embarazo de alto riesgo”, cuando afloraba el embarazo de la Comisionada Residente como tema de sobre mesa.
Desde la población femenina también hubo cuestionamientos legítimos sobre si la Comisionada Residente estaba en realidad embarazada o, si debido a su obesidad y edad, había alquilado un vientre.
El alquiler de vientres no es un mecanismo extraño en Puerto Rico para lograr la maternidad, aunque es usado con poca frecuencia y solo por parejas que tienen los recursos económicos para enfrentar su costo.
De manera que el doctor Vázquez repitió interrogantes que ya albergaban determinados sectores del país. Y es que la salud de las figuras públicas, sean políticos, artistas o deportistas, siempre será un asunto de relevancia.
Ahora bien, si el doctor Vázquez levantó el cuestionamiento inspirado en el credo de la politiquería de las cunetas, por el resorte de algún prejuicio o amparado en un cálculo electorero, eso solo lo sabrá él.
Mi planteamiento fundamental es que el doctor levantó una interrogante legítima y por la que jamás debió pedir disculpas.
El doctor Vázquez no propuso que la Comisionada Residente fuera el blanco de preguntas capciosas, insultantes o que de alguna manera insinuaran que la funcionaria o su marido pudo incurrir en un comportamiento indecoroso o detestable.
Siempre será importante conocer si la aspiración de una figura política a la gobernación no se verá afectada por el estado de su salud.
En el caso particular de la Comisionada Residente es aún más importante porque se trata de una mujer obesa de 47 años que está embarazada de gemelos y quien pretende disputar la candidatura a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista en unas primarias contra el gobernador incumbente.
En este momento se desconoce si la salud de la Comisionada enfrenta retos que eventualmente podrían complicar su embarazo, su participación en las primarias o su propia vida.
Ella no ha revelado información sobre su estado de salud y creo que la prensa no ha indagado sobre ese aspecto tan importante.
Para fortalecer su campaña primarista la Comisionada Residente se apresta a recabar el apoyo económico de los ciudadanos, lo que implica que muchas personas realizarán aportaciones confiadas en que la candidata se encuentra en buenas condiciones de salud para afrontar los desafíos y los esfuerzos físicos que conllevan una campaña política.
Ciertamente, las aportaciones económicas a la campaña de la Comisionada Residente experimentarían un estancamiento si surgiera públicamente información oficial sobre que la candidata no se encuentra bien de salud y su embarazo podría enfrentar complicaciones.
Por lo tanto, aunque el estado de salud de la candidata es un asunto privado, sus implicaciones en el ámbito público lo convierten en un asunto expuesto al escrutinio de la prensa y de los diversos participantes en el debate público.
Otro aspecto importante es que numerosos empleados públicos han perdido sus empleos o sus nombramientos como empleados de confianza, por favorecer la candidatura de la Comisionada Residente.
Estas personas esperan ansiosamente que sean reivindicadas si la candidata tiene éxito en sus aspiraciones políticas y muchos de ellos continúan ayudándola en la campaña.
Lo anterior demuestra de manera diáfana los efectos que pueden causar en la ciudadanía apoyar las aspiraciones de determinados líderes políticos y las posibles implicaciones adversas que suelen tener las campañas políticas en Puerto Rico, en las que siempre los perdedores, si son empleados públicos, deben aceptar de manera estoica por cuatro años todo tipo de humillaciones y vejámenes. Así de edificante es nuestra cultura política.
Se equivoca estrepitosamente el señor Díaz Olivo y todo aquel que piense como él, sobre que el embarazo de la Comisionada Residente es un asunto de su vida privada que no tiene tangencia alguna con sus actuaciones como funcionaria del gobierno o como candidata en primarias.
De hecho, la reacción pública de la Comisionada Residente tras conocer la interrogante del doctor Vázquez, en la que argumentó que se sentía indignada y atacada, fue en realidad un exabrupto injustificado.
Incluso, Jenniffer González llegó al extremo de describir el cuestionamiento del doctor Vázquez como un ataque a la mujer puertorriqueña. ¿Cómo puede la Comisionada Residente alcanzar semejante conclusión?
¿Por qué los periodistas que la abordaron no exigieron una explicación sobre esa absurda asociación?
Jamás entendí por qué la Comisionada Residente se tornó iracunda y por qué los periodistas que la entrevistaron no cuestionaron las razones de su molestia.
¿Por qué no se cuestionó el giro melodramático que dio la funcionaria a la situación, que tenía más de ficticio enfado que de tribulación real?
¿No habría sido necesario indagar, ante la nimiedad del evento protagonizado por el doctor Vázquez, en los límites de tolerancia de una funcionaria que aspira a gobernar el país?
¿Sucumbió la prensa a la bufonada armada por Comisionada Residente con el fin de figurar como víctima?
¿Sucumbieron los periodistas de los diversos programas y medios de comunicación a la bufonada armada por la Comisionada Residente para mantener o ganar respaldo de sus audiencias?
¿Perdió la prensa la capacidad de hacer preguntas incómodas y necesarias?
¿Han olvidado o nunca han tenido los periodistas la capacidad de ganar distancia y contemplar el escenario político con suspicacia e incredulidad?
¿Actúan motivados por la connivencia determinados periodistas y analistas?
¿Coopera la prensa y los analistas con los espectáculos que suelen articular los políticos para adelantar sus objetivos mediáticos y proselitistas?
Estas interrogantes nos pueden ayudar a entender qué en realidad ocurrió tras las legítimas preguntas del doctor Vázquez.
Si a la Comisionada Residente le hubiese interesado desarmar las intenciones inarticuladas del doctor Vázquez simplemente con presentar la prueba de embarazo habría bastado.
Fue tan evidente que ese debió ser el proceder de la Comisionada Residente que, horas después del incidente, ella publicó en su cuenta de Twitter un certificado médico que confirmó que se encontraba embarazada de gemelos y que el doctor Juan Carlos Castañer la atiende.
Lo que surge con claridad es que a la Comisionada Residente le interesó más explotar las posibilidades políticas de la controversia que desmentir las especulaciones sobre su embarazo.
Los que trabajamos en la prensa sabemos que las especulaciones suelen crecer ante la falta de información veraz. Aunque existe la llamada especulación informada, que es aquella que visualiza posibles escenarios según información corroborable, la especulación desinformada puede ser útil para determinados fines políticos.
En otras palabras, la estrategia mediática de tres puntos suspensivos que ha desplegado la campaña de la Comisionada Residente, en la que faltan las afirmaciones concluyentes con el fin de alimentar la expectación de la audiencia que sigue el drama político en la provincia, es la raíz del entuerto en que se vio involucrado el doctor Vázquez y de las disparatadas conclusiones que le siguieron.
Quizás en un intento de trascender nuestra cultura política, atestada de provincialismo y mediocridad, el profesor y analista Díaz Olivo se ha inclinado por admirar la legendaria vocación de los franceses y de su prensa de ignorar la vida privada de los políticos.
Quizás, en un ejercicio de buena fé (y por qué no de cursilería también), Díaz Olivo ha concluido, al igual que la prensa francesa, que lo privado no es un material político ni periodístico idóneo.
La nobleza de esa postura quedó en el ridículo con el arresto del depravado Dominique Strauss-Kahn en Nueva York en 2011, cuyo insaciable apetito sexual era ampliamente conocido por la prensa francesa, pero jamás figuró en sus periódicos reseña alguna sobre los numerosos episodios en los que entonces inminente candidato a la presidencia de Francia por la izquierda, se dejó guiar por los impulsos de su pinga y no por la razón.
Se podrían presentar más ejemplos sobre lo absurdo que ha significado para los franceses aislar en un departamento de asuntos privados determinadas realidades de los políticos, pero ese no és el asunto de este escrito.
Para mi sorpresa, tras la arenga en contra de atender la vida privada de los políticos en el debate público, numerosos abogados que figuran en los medios de comunicación como analistas políticos (una de las epidemias que no ha dejado la modernidad) coincidieron abrumadoramente con Díaz Olivo.
Tal como si fueran ganado en la línea de ordeño, uno tras otro, a lo largo del día, se inscribió con nombre y apellido en la lista de endosos a la corrección política, condenaron al pobre doctor Vázquez y decretaron como espacio sacrosanto la vida privada de los políticos.
¿Cómo fue posible que todos esos cerebros no advirtieron la grieta que aflige la disparatada pretensión de limitar el escrutinio de la prensa y de los actores que participan en el debate público?
¿Cómo fue posible que ninguno de ellos advirtiera la importancia de hacer las preguntas incómodas, incluyendo aquellas que escudriñan la zona privada de los actores políticos?
¿Cómo fue posible que todas esas criaturas diplomadas y muy elocuentes en ocasiones, apoyaran el embrutecimiento del debate público?
A no ser que, ya embrutecido el debate, era predecible que entre estos abogados (y algunos profesores e historiadores también) no surgiera una voz disidente.
Una novedad, por cierto, muy preocupante porque la ausencia de voces disidentes acusa a un dominio cada vez más acuciante de la mediocridad.
Ya hemos presenciado el alcance de la mediocridad en el llamado periodismo de opinión, donde muchos periodistas sin las herramientas intelectuales para alumbrar en la oscuridad, para descubrir un ángulo insospechado que nos ayude a entender la realidad, ocupan páginas y páginas de puro aburrimiento y chatura.
De hecho, las páginas de opinión sobreviven gracias a las voces que habitan fuera de las mesas de redacción, muchas de las cuales provienen de la academia como es el caso del señor Díaz Olivo, quien es un buen polemista.
Quizás el tema de fondo de este escrito es la mediocridad dominante que embrutece el debate público.
Y para no dejar de hablar de Francia, que falta hace en Puerto Rico la existencia de un dramaturgo que, al igual que lo hizo Moliere con los médicos en Francia, aproveche las fanfarronadas y prepotencias en la que incurren muchos analistas y abogados en su lectura de la realidad, para hacer una comedia que nos castigue a carcajadas.
Por último, creo que tanto el berrinche de Jenniffer González como el réspice radiofónico de Díaz Olivo y de Pabón Roca puede ser también el resultado de cómo los medios de comunicación influyen en los analistas y en los políticos, ante la realidad inescapable de que existe un auditorio que espera de cada uno de ellos una reacción frente a determinada controversia, la cual debe ser clara y contundente de se debe producir en segundos.
Es, qué duda cabe, el fenómeno que el estudioso de los medios de comunicación, Marshall McLuhan, describió en la enigmática frase “el medio es el mensaje”.
Porque el reto de fondo, en realidad, es que para realizar una reflexión verdaderamente profunda y honesta es necesario consumir mucho tiempo para desatar los amarres y los encadenamientos que albergan las controversias.
Y quizás, la urgencia de satisfacer el ímpetu alcista de las encuestas y no desalentar la expectativa de la audiencia por nuevas puestas en escena que los deslumbren, actúan como ingredientes silenciosos que alimentan el embrutecimiento del debate público.
14,128 muertos en Gaza en seis semanas
Por Miguel Díaz Román
La ofensiva del ejército israelí en la Franja de Gaza ha causado la muerte de 14,128 palestinos en menos de dos meses y entre las principales víctimas figuran 5,840 niños y 3,920 mujeres, según información provista ayer a los medios internacionales por el ministerio de Salud de Gaza, que es una dependencia de Hamás, la organización terrorista que opera también como un gobierno en la zona.
«Estamos siendo testigos de una matanza de civiles que no tiene paralelo ni precedentes en ningún conflicto desde que soy secretario general», dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en reacción a la enorme tasa de muertes ocurridas en un periodo de seis semanas, después de la matanza realizada por Hamás en Israel el pasado 7 de octubre, que causó la muerte a más de 1,200 personas.
En el sorpresivo ataque Hamás también secuestró a otras 240 personas.
“Lo que está claro es que en unas pocas semanas hemos tenido miles de niños asesinados, así que esto es lo que importa», agregó Guterres en la sede de la ONU en Nueva York, quien ha sido blanco de críticas por no calificar los ataques israelíes como crímenes de guerra.
Guterres ha sostenido que no tiene un «mandato» para hacerlo.
Precisamente, en la madrugada de hoy miércoles 22 de noviembre el gabinete de seguridad del gobierno dirigido por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, decretó una tregua de cuatro días en la incursión militar israelí en la Franja de Gaza, la cual obedece a un acuerdo logrado con Hamás por la mediación de Qatar, Egipto y Estados Unidos.
El acuerdo, que comienza mañana jueves 23 de noviembre, contempla que Hamás liberará un grupo de 50 rehenes integrado por 30 niños, ocho madres y 12 mujeres. Además, el acuerdo incluye que la Cruz Roja pueda atender a los secuestrados que seguirán en cautiverio.
Por su parte, Israel excarcelará a 150 mujeres y niños palestinos que se encuentran en presidios israelíes. Además, Israel permitirá el ingreso a la Franja de Gaza de más combustible y de alrededor de 300 camiones de ayuda humanitaria procedentes de Egipto.
Condenado a muerte al mando de negociaciones
Los servicios de inteligencia israelíes y occidentales creen que Yahya Sinwar, el temido líder de Hamás en Gaza, estuvo al mando de las negociaciones para la liberación de los rehenes.
Sinwar, quien cumplió 22 años en cárceles israelíes, fue liberado en 2011 en un acuerdo de intercambio de prisioneros de Hamás con Israel, que permitió la salida 1,026 presos palestinos a cambio del soldado israelí Gilad Shalit, quien permaneció secuestrado por Hamás durante cinco años.
De hecho, Sinwar y Mohammed Deif, el comandante militar de Hamás a quien Israel ha acusado de coordinar los ataques del 7 de octubre, son dos de los principales líderes de Hamás que abiertamente el ejército israelí anuncia que es una prioridad eliminarlos en esta guerra.
Ayer el gobierno de Israel dejó saber en un comunicado de prensa que al finalizar la tregua “continuará la guerra para devolver a casa a todos los rehenes, completar la eliminación de Hamás y asegurarse de que no habrá nuevas amenazas al Estado de Israel desde Gaza”.
Los retos de la ofensiva en el sur de Gaza
Es importante señalar que el ejército israelí entra en una nueva y decisiva etapa en la guerra con Hamás, al incursionar en el sur de la Franja de Gaza donde se encuentran ciudades densamente pobladas, a las que numerosos soldados de Hamás se han integrado, lo que dificultará la embestida israelí mientras aumentan los reclamos internacionales para reducir la muerte de civiles.
Altos oficiales y analistas israelíes sostienen que en el sur de Gaza Hamás demostrará ser un adversario más agresivo mientras conservar una parte significativa de los rehenes en el complejo sistema de túneles subterráneos, con el fin de restringir los bombardeos de la aviación israelí.
El ejército de Israel ha estimado que hasta el presente ha logrado eliminar 1,000 combatientes de Hamás, que es una pequeña porción de la fuerza de más de 30,000 soldados.
En los últimos días, aviones de combate israelíes han lanzado folletos en el sur de Gaza animando a los residentes a huir a un área aún más pequeña llamada al-Mawasi, una franja de tierras de cultivo de aproximadamente media milla de ancho y 9 millas de largo a lo largo de la costa mediterránea.
Zona humanitaria es inviable
Alegadamente, Israel quiere establecer una “zona humanitaria” segura en el área, mientras que funcionarios de la ONU han dicho que la idea es inviable.
Algunos oficiales militares israelíes reconocen que sería imposible acorralar a dos millones de residentes de Gaza en al-Mawasi, que tiene aproximadamente la extensión territorial de un aeropuerto de gran tamaño. El anticipado ataque de Israel al sur de Gaza probablemente aumentará la presión sobre Egipto para que permita la entrada de más refugiados palestinos al país.
Hasta ahora, Egipto ha rechazado la idea de aceptar a un gran número de palestinos como refugiados pues considera que el ataque a Gaza es atentado contra la integridad territorial palestina. Los funcionarios egipcios creen que podrían ocurrir graves riesgos a la seguridad nacional si militantes de Hamás ingresen al país como refugiados.
Para esta historia el periodista se nutrió de numerosos periódicos internacionales.
Truncadas las medidas que avalan negociación colectiva de tarifas y que aumentan multas a las aseguradoras
Por Miguel Díaz Román
La medida que propiciaría la negociación colectiva de tarifas entre las aseguradoras y los proveedores de salud, que sin duda es el proyecto legislativo con posibilidades de causar grandes repercusiones en la industria de seguros de salud del país si fuera aprobado, y que era rechazado por las aseguradoras mientras que los proveedores y el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, ambicionaban su aprobación, quedó truncado en la pasada sesión legislativa.
El Proyecto del Senado 1641, que propone posibilitar la negociación colectiva para propiciar un alza en las tarifas de los proveedores de servicios de salud y evitar el éxodo de médicos, se quedó estancado en un comité de conferencia luego de que a última hora se la introdujeron enmiendas en el Senado, las cuales no fueron aceptadas por los proponentes de la medida en la Cámara de Representantes.
En gran medida, el cursó de tomó el PS 1641 revela el férreo cabildeo en contra de la medida realizado por las aseguradoras del país, quienes se habían opuesto de manera tenaz porque, entre otras razones, habían advertido que podría amenazar la estabilidad de la industria de seguros de salud.
De hecho, la medida no fue aprobada a pesar de que fue radicada en conjunto por dos legisladores del Partido Popular Democrático (PPD) y dos del Partido Nuevo Progresista (PNP).
El proyecto fue radicado por el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, y la representante Sol Higgins Cuadrado, ambos del PPD, y los representantes, Carlos Méndez Núñez y José Hernández Concepción, quienes pertenecen al PNP.
Se estanca en conferencia
La medida fue patrocinada desde su origen por el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, doctor Carlos Díaz, y por el Comisionado de Seguros, Adams Vega.
“El proyecto se quedó en conferencia por las aseguradoras. Le arrancaron una página a la medida porque no estaban de acuerdo y eso impidió que se aprobara”, dijo el doctor Díaz.
La doctora Norma Devarie, presidente de la Coalición Nueva Visión de Salud, indicó que las diferencias surgieron en torno a una disposición relacionada con el proceso de supervisión de la negociación colectiva por parte de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).
El doctor Díaz dijo que los esfuerzos para lograr la aprobación del proyecto se reanudarán en enero del 2024. “Vamos nuevamente a buscar la aprobación de esa medida, no nos detenemos”, dijo Díaz.
Negociación colectiva sería obligatoria
El PS 1641 considera a toda la isla como una sola área geográfica, lo que eliminaría las once áreas geográficas reconocidas por la regla 91 de la OCS. La medida dispone que el proceso de negociación colectiva sea obligatorio y además, propone aumentar de un 20% a 40% el número de proveedores que se pueden unir para negociar con las aseguradoras.
La negociación colectiva figura como un mecanismo para que las aseguradoras y los proveedores acuerden el monto de las tarifas desde 2008, cuando se aprobó la ley 203.
El estatuto añadió el capítulo 31 al Código de Seguros, pero se convirtió en uno inoperante a consecuencia de las excesivas disposiciones de la regla 91. Pero la medida propone enmendar la ley 203 y la regla 91, con el objetivo de convertir la negociación colectiva en un mecanismo viable.
La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) ha sostenido que la negociación colectiva podría crear un monopolio en la negociación de tarifas a nivel de toda la Isla, integrado por los proveedores, que aumentará las primas de los seguros de salud privados y los públicos y podría causar un aumento en el número de personas no aseguradas.
Acodese sostuvo que los médicos que no participen de las negociaciones colectivas reclamarán trato igual, según las tarifas acordadas por aquellos grupos que negociaron con las aseguradoras, lo que causaría que las tarifas negociadas quedarían vigentes en toda la isla.
Multas de hasta $100,000
Otra medida que no fue aprobada en la pasada sesión es la que propone imponer multas de hasta $100,000 diarios por incumplimientos y prácticas deshonestas contra las aseguradoras que ofrecen seguros de salud privados y aquellas que proveen el seguro médico del gobierno.
El proyecto fue aprobado en el Senado, pero en la Cámara de Representantes fue referido a la Comisión sobre Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros, lo que implica que durante el próximo año podría ser examinado en vistas públicas.
El Proyecto del Senado 1267, radicado por el senador Ramón Ruiz Nieves, también recibió el respaldo total de parte del Comisionado de Seguros, Adams Vega.
El funcionario sostuvo que un incremento en las multas podría generar un efecto disuasivo para detener “cualquier tipo de conducta desleal e ilegal” que afectan a los asegurados y a los proveedores de servicios médicos.
La medida establece que en aquellos casos que involucre el pago de multas y penalidades o una orden de cese y desista, la OCS impondrá una compensación por honorarios de abogado a favor del querellante, que ascenderá a $100.00 por hora y deberá comprender el total de horas que dedicó el querellante en el trámite de la querella y su abogado en concebir y presentar su defensa.
Industria de Seguros rechaza medida
La medida también dispone que la OCS podrá imponer multas de hasta $10,000.00 por caso, a beneficio del querellante sea paciente o proveedor de servicios de salud.
La OCS podrá penalizar a las aseguradoras con un pago mínimo adicional de $500.00 por cada mañana o tarde en que el proveedor de servicios de salud se vea obligado a interrumpir sus labores para comparecer a una vista personalmente o de manera virtual.
La OCS también podrá imponer una penalidad a las aseguradoras de $1,000.00 por cada día que el proveedor de servicios de salud deba comparecer a una vista personalmente o de manera virtual.
La medida recibió el rechazo contundente de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese), que considera que las multas son desproporcionadas y porque se le concede a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) una excesiva discreción para imponer sanciones.
El CMC respaldó la iniciativa debido a que considera que las aseguradoras de salud son responsables del éxodo de médicos.
Temen la OCS pierda acreditación
Otra medida que no prosperó fue el Proyecto del Senado 1352, radicado por el senador Juan Zaragoza Gómez, el cual propone establecer de manera clara que las aseguradoras instaladas en el Centro Internacional de Seguros podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en Estados Unidos.
La medida fue aprobada en el Senado, pero en la Cámara de Representantes no tuvo éxito porque fue enviada a la Comisión sobre Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros, lo que implica que será examinada en la próxima sesión legislativa.
El Comisionado de Seguros, Adams Vega, realizó un fuerte cabildeo en contra de la aprobación de la medida porque, según sostuvo el funcionario, podría causar que la OCS pierda la acreditación de la Asociación Nacional de Comisionado de Seguros.
Qué esperar de una aseguradora y cuál debe ser el compromiso de pago
Por Jaime González Portilla
Presidente de Antilles Insurance Company
Si usted adquiere una póliza de seguro para proteger su negocio, casa o automóvil y como asegurado reporta un reclamo a su aseguradora, usted espera que ésta le responda con un acuse de recibo en un término razonable.
En mi opinión, y como ejecutivo que labora en una aseguradora, la palabra razonable debe representar un término que no exceda las 24 horas.
Si esa no ha sido su experiencia, entonces usted como reclamante, agente o corredor de seguros no está recibiendo el servicio que se merece.
Con el acuse de recibo su aseguradora le va a informar cuáles son los documentos que necesita y debe proveer para poder atender y resolver su reclamación.
En cuanto al pago de su reclamo se refiere, éste lo debería recibir en un término no mayor de cinco (5) días laborables, siempre que usted haya presentado todos los documentos solicitados a su aseguradora para probar su pérdida.
Recibir el pago en o antes de cinco (5) días laborables debe ser lo correcto en la inmensa mayoría de los casos, a menos que haya ocurrido una catástrofe natural o cuando la severidad del reclamo requiere que la evalúe un perito externo de la aseguradora para poder determinar el costo de reemplazo de la propiedad afectada.
La parte de ajustar un reclamo como lo puede ser determinar si la propiedad está o no está cubierta por la póliza de seguros, aplicar deducibles o tener que reducir el monto a pagarle a usted por no asegurar su propiedad adecuadamente no es una ciencia muy complicada y no debe retrasar el pago de una reclamación por parte de la aseguradora.
Lo más importante para usted como reclamante, agente o corredor de seguros es poder poner a la aseguradora en posición de pagar.
Esto se logra enviándole a la mayor brevedad posible a su aseguradora una comunicación por escrito que describa la pérdida y/o accidente, facturas de compra de la propiedad afectada, tasaciones y valorizaciones preparadas por un perito experto que le demuestre o le pruebe a la aseguradora cuál es el costo o valor de reemplazo de su propiedad afectada.
Después que usted como reclamante cumpla con su deber de presentar todos los documentos que le requiera su aseguradora, el pago de la reclamación no tiene porqué dilatarse.
Es importante que tenga conocimiento que para los seguros contra daños a su propiedad y su automóvil usted como el reclamante es el responsable de probar su pérdida a su aseguradora.
Antes de seleccionar a una aseguradora, exija a su agente o corredor de seguros que le demuestre cuál ha sido la trayectoria o la experiencia de pago de la aseguradora.
También es importante que usted sepa que el servicio de reclamaciones no necesariamente será el mejor por haber seleccionado una aseguradora por su tamaño o un alto volumen de primas.
De qué vale tener el departamento de reclamaciones más grande, sucursales por toda la isla, y/o la gente más capacitada si el volumen de reclamos que recibe la aseguradora es tan alto que le imposibilita poder brindar el servicio personalizado que usted se merece.
Antilles Insurance Company (Antilles) tiene como prioridad brindar un servicio de reclamaciones de excelencia a todos nuestros asegurados que va por encima de querer ser una de las aseguradoras más grandes de Puerto Rico en cuanto a volumen de primas se refiere.
En Antilles contamos con un volumen de reclamos bien manejable que nos permite ofrecerles a nuestros asegurados el mejor servicio de reclamaciones en Puerto Rico.
Antilles maneja un volumen de reclamaciones reducido que no sobrepasa los #1,000 casos anuales en años no catastróficos lo cual nos facilita brindarle a usted, su agente o corredor de seguros un servicio personalizado, rápido y eficiente.
También somos la única aseguradora en haber cerrado, con excepción de dos (2) casos residenciales, todos los reclamos del Huracán María, los terremotos del 2020 y los reclamos del Huracán Fiona.
En Antilles no identificamos a nuestros reclamantes por un mero número de reclamación.
Para nosotros cada reclamo tiene un nombre y apellido, son nuestra razón de ser, por lo que siempre nos vamos a esmerar en brindarle el mejor servicio de reclamaciones a todos nuestros clientes.
INFORME SEMANAL-17 de Noviembre de 2023
Esta semana en Informe Semanal dialogamos sobre las Comunidades Especiales y los retos que enfrentan. Además, hablamos sobre el acuerdo logrado por Tata Cordero para reducir los efectos adversos que los nuevos parámetros de calidad de leche tienen en los ganaderos.
Otro tema de esta semana será si las leyes laborales se aprueban para crear empleos o para mejorar las condiciones de los trabajadores. También hablamos de los PAC.
Salen a flote deficiencias en evaluación de reglamento del Subsidio Salarial Agrícola
Por Miguel Díaz Román
La evaluación deficiente de un reglamento del Programa de Subsidio Salarial Agrícola (PSSA) por el Departamento de Estado ha sacado a flote la mediocridad que impera en el servicio público, según pudo constatar una indagación del expediente realizada por Síntesis Noticiosa (SN).
Entre las enmiendas al reglamento del PSSA figura que por primera vez se permitirá que las empresas agrícolas reciban el beneficio por los trabajadores extranjeros que laboren sus fincas – que pueden entrar al país con la visa H2A que provee el gobierno federal – una medida que podría beneficiar a numerosas empresas que operan en el cultivo de café y de hortalizas.
No obstante, la subsecretaria de Estado, Lersy Boria Vizcarrondo, a quien esta semana el Senado avaló su designación como jueza del Tribunal Apelativo, accedió a promulgar las enmiendas al reglamento del PSSA el pasado 18 de julio a pesar de que el Departamento de Agricultura (DA) omitió información sobre las implicaciones que tendrá incluir a los trabajadores extranjeros entre los beneficiarios del programa.
De hecho, no está claro si la licenciada Boria Vizcarrondo o la división legal del Departamento de Estado (DE) se enteraron de que el reglamento fue enmendado para incluir a los trabajadores extranjeros en el PSSA.
Tampoco está claro si antes de promulgar el reglamento la licenciada Boria Vizcarrondo o la división legal del DE se percataron de las deficiencias que surgen de la evaluación realizada por el Procurador de los Pequeños Negocios (PPN), Ignacio Sánchez Carrera.
El PPN, que es una entidad adscrita a la Oficina del Procurador del Ciudadano, tiene la obligación legal de verificar si los reglamentos promulgados por el DE afectan a las pequeñas empresas.
Para hacer esta evaluación el PPN le entrega a la agencia que se propone promulgar un reglamento o realizar enmiendas a un reglamento existente, el llamado Análisis de Flexibilidad, un requisito establecido por la Ley 454 del 2000, conocida como Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño Negocio.
El análisis, un documento que contiene una serie de interrogantes que la agencia debe responder, tiene el propósito de garantizar que los pequeños negocios no sean afectados por los reglamentos o por los excesivos requerimientos. La ley 454 exige flexibilizar los reglamentos para no lesionar a las pequeñas empresas.
Agricultura omite información
Del Análisis de Flexibilidad entregado por el DA, se desprende que nunca se mencionó que por primera vez el reglamento del PSSA fue enmendado para permitir que las empresas agrícolas reciban el beneficio por los trabajadores extranjeros que laboren sus fincas.
El DA tampoco explicó cómo la inclusión de esos trabajadores afectaría el presupuesto existente PSSA que tiene como objetivo garantizar un subsidio de 50 % para los salarios de los trabajadores agrícolas.
En sus respuestas el DA no explicó que los trabajadores extranjeros reciben un salario agrícola de hasta $9.50 por hora, el cual es sustancialmente más alto que el salario agrícola reconocido en el reglamento, que asciende a $5.25 por hora. En ese escenario, el subsidio avalado por el reglamento es de $2.72 por hora para el trabajador agrícola.
Se reducen los fondos del subsidio
Esas diferencias salariales no son explicadas en las respuestas ofrecidas por el DA. Tampoco se explicó cómo se concilian esas diferencias. Es decir, si el incentivo salarial para los trabajadores extranjeros será de $4.75 o una cantidad menor y si el incentivo identificado en el reglamento para los trabajadores locales será modificado con el fin de equiparar su cantidad al incentivo que podrían recibir los trabajadores extranjeros.
Otro ángulo que el DA no reveló en sus respuestas al Análisis de Flexibilidad es que, de los $20 millones que están asignados al programa, $ 2 millones están destinados para pagar el llamado bono agrícola, lo que reduce la partida para el pago del incentivo salarial a $18 millones.
Además, existen aproximadamente $7 millones que se destinan para el llamado incentivo por producción, el cual va dirigido a las empresas de ganado de leche, pollos parrilleros y huevos. Los ganaderos reciben 22 centavos por cada cuartillo de leche, los productores de pollos $5.55 por cada mil libras y los productores de huevos $1.40 por cada 30 docenas de huevos.
Como resultado de esas partidas, los fondos para el incentivo salarial agrícola se reducen a $11 millones para un año, el cual se divide en cuatro trimestres. Esto implica que por cada trimestre el PSSA contará con $2.75 millones.
Además, el DA no reveló si los fondos disponibles serán suficientes para incentivar los salarios de los cerca de 1,300 trabajadores locales y los 400 trabajadores extranjeros.
El factor X
“El secretario sabe que no cuenta con los fondos para subsidiar el 50 % del salario de los trabajadores agrícolas. Y aún así el funcionario se la ha pasado alentando expectativas entre los agricultores de que podrán contar con un subsidio equivalente al 50 % de sus salarios. Eso no es cierto”, dijo una fuente que conoce el funcionamiento del programa.
De acuerdo con la fuente, en el DA se planifica consolidar en una sola partida los $11 millones para el incentivo salarial y los $7 millones para los incentivos por producción, con lo que contarían con $18 millones para distribuirlos en partidas de $4.5 millones para cada uno de los cuatro trimestres.
“A eso le llaman el factor X. Los $4.5 millones se van a dividir entre todos los participantes del programa y eso dará para casi $2 por hora. Eso de un incentivo de 50 % del salario es una falacia”, dijo la fuente.
Endosos a pesar de las deficiencias
A pesar de toda la información pertinente que el DA omitió en sus respuestas en el Análisis de Flexibilidad, la cual indica que las empresas agrícolas no recibirán un subsidio equivalente al 50 % del salario agrícola, Sánchez Carrera endosó las enmiendas al reglamento del PSSA el pasado 12 de mayo.
De igual manera actuó la subsecretaria de Estado, Boria Vizcarrondo, quien sin examinar las múltiples deficiencias del Análisis de Flexibilidad presentado por el DA, promulgó el reglamento el 18 de julio, mientras fungía como secretaria de Estado interina. Boria Vizcarrondo y Sánchez Carrera no estuvieron disponibles para responder a las preguntas de SN.
El secretario de Estado, Omar Marrero Díaz, tampoco respondió a las peticiones de SN para conocer en qué consistió la evaluación realizada por el DA del reglamento de PSSA.
De hecho, entre los empresarios agrícolas que se benefician del PSSA existe una gran incredulidad sobre la capacidad financiera del DA para satisfacer el 50 % del pírrico salario agrícola que reconoce el reglamento. Incluso, los empresarios estiman que el incentivo que recibirán podría ascender a menos de $2 por hora, incluyendo a los empresarios que han contratado trabajadores extranjeros para sus fincas.
No obstante, el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, ha realizado anuncios públicos en los medios de comunicación exhortando a los empresarios agrícolas a participar del PSSA y recibir el presunto subsidio de 50% del pago del salario agrícola a sus trabajadores.
González Beiró ha rechazado de manera reiterada responder a las solicitudes de entrevista de parte de SN.
Senado aprobó resolución que pide la destitución del Comisionado de Seguros
Por Miguel Díaz Román
En el último día de la pasada sesión legislativa, que finalizó el pasado 14 de noviembre, el Senado aprobó una resolución que expresa el repudio del Senado contra el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, y le solicita al gobernador Pedro Pierluisi que lo destituya de inmediato.
La medida aprobada es la Resolución del Senado 852, que condena las acciones de Adams Vega por representar falsamente ante la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) que poseía la autoridad en ley para prohibir, por la vía administrativa, que los aseguradores y reaseguradores internacionales pudiesen suscribir riesgos en los Estados Unidos.
La RS 852 es equivalente a la moción de censura que se utiliza en los sistemas parlamentarios y en algunos sistemas presidenciales como el nuestro, en el que se pide la destitución de un miembro de gabinete, del primer ministro o del presidente como resultado de que el poder legislativo ha perdido la confianza en ese funcionario.
No obstante, se desconoce si el gobernador Pierluisi reaccionará a la petición de la resolución senatorial, la cual fue aprobada con el voto a favor del senador Willian Villafañe, quien competirá en una primaria por la posición de candidato a Comisionado Residente por el Partido Nuevo Progresista.
La resolución también fue respaldada por la senadora Ana Irma Rivera Lassén, de Victoria Ciudadana, y la senadora Joanne Rodríguez Veve, quien pertenece a Proyecto Dignidad.
La resolución sostiene que Adams Vega hizo esa falsa representación con el fin de lograr que la NAIC aceptara acreditar nuevamente a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) el 12 de diciembre de 2022. La acreditación fue suspendida en julio de 2020.
La RS 852, radicada por el senador Juan Zaragoza Gómez, quien preside la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado (CHS).
Resolución condena expresiones
La resolución también condena a Adams Vega por unas controvertibles expresiones en las que el funcionario acusó a la CHS de haber presentado la Resolución del Senado 612 para proteger una determinada aseguradora internacional que no identificó.
La RS 612, que también fue radicada por Zaragoza Gómez, propuso investigar los motivos por los cuales la NAIC suspendió la acreditación de la OCS.
Precisamente, el primer informe parcial de la resolución 612 es la base argumental de la RS 852, porque concluyó que Adams Vega cometió fraude, actuó de manera ilegal y en abierta contravención a la política pública establecida por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en torno al desarrollo del Centro Internacional de Seguros (CIS) y su ley matriz, la Ley 399 de 2004.
Las expresiones del Adams Vega, publicadas el miércoles 18 de octubre por el periódico El Vocero, elevaron la temperatura en el debate generado por la resolución 612.
En esas expresiones el funcionario sostuvo que “esta resolución lo que persigue es proteger un caso particular de una aseguradora internacional que busca establecerse en la Isla, cuyo esquema de negocio no cumple con los criterios uniformes aplicables de las aseguradoras tradicionales. Esta resolución, hecha a la medida, lo que busca es darle carta abierta para que las aseguradoras que están aquí hagan negocio en los Estados Unidos, lo que no es permitido. No pueden (las aseguradoras internacionales) tener negocios en varias jurisdicciones”.
La RS 852 señala que la expresión de Adamas Vega “es absolutamente falsa y difamatoria y una absoluta falta de respeto a la CHS, que responsablemente condujo su investigación y rindió su informe, y al Senado de Puerto Rico, que recibió dicho informe. La actuación del Comisionado Alexander S. Adams Vega merece el más enfático repudio de este Senado”.
Cámara de Representantes no aprueba
En la pasada sesión el Senado aprobó el Proyecto del Senado 1352, radicado también por Zaragoza Gómez, el cual propone establecer de manera clara que las aseguradoras instaladas en el CIS podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en Estados Unidos. La medida pasó a la Cámara de Representantes sin mayores resultados porque fue enviada a la Comisión sobre Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros, lo que implica que será examinada en la próxima sesión legislativa.
Esta determinación de la Cámara satisfizo a Adams Vega, quien realizó un fuerte cabildeo en contra de la aprobación de la medida porque, según sostuvo el funcionario, podría causar que la OCS pierda la acreditación de la NAIC.
En su gestión de cabildeo Adams Vega logró convencer al senador Tomás Rivera Schatz sobre los alegados daños que causaría la aprobación del PS 1352 a la acreditación de la OCS.
11,000 agentes en peligro según Rivera Schatz
En una carta enviada a Zaragoza Gómez el pasado 7 de noviembre, Rivera Schatz insistió en que el PS 1352 causará la pérdida de la acreditación y provocará que 11,000 agentes de seguros registrados en la OCS no puedan realizar negocios en Estados Unidos por la presunta falta de reciprocidad.
No obstante, fuentes de la industria de seguros indicaron que la alegación de Rivera Schatz no es correcta debido a que la reciprocidad no responde estrictamente a la existencia de una acreditación de la NAIC, sino a la similitud de las leyes, reglamentos y requerimientos sobre la industria de seguros, aprobados en Puerto Rico y en los estados de Estados Unidos.
De hecho, la fuente indicó que durante el periodo en que la OCS perdió la acreditación de la NAIC, entre 2020 y 2022, los agentes de seguros locales continuaron realizando negocios en los estados de Estados Unidos sin dificultad alguna.
En la carta, el senador reiteró la acusación efectuada por Adams Vega en relación con los resultados del informe parcial de la RS 612, sobre que “esta resolución lo que persigue es proteger un caso particular de una aseguradora internacional”.
Transacción con repercusiones
La decisión de la NAIC de eliminar la acreditación de la OCS obedeció a que, en 2018 el ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, avaló una transacción de que involucró una aseguradora que se habían instalado en el CIS en 2017 y que estaba vinculada con otra aseguradora de seguros de vida y seguros de cuidado prolongado en Wisconsin.
La transacción, que colocó en peligro el reaseguro para miles de asegurados en ese estado y en otros estados, fue objetada por varios Comisionados de Seguros. Para acreditar nuevamente a la OCS la NAIC exigió que a las aseguradoras instaladas en el CIS que hicieran negocios en Estados Unidos se le impusieran regulaciones financieras como si fueran aseguradores para el mercado local.
El 7 de diciembre de 2022 Adams Vega emitió la carta circular 2022-2007, la cual sostiene, entre otros planteamientos, que cualquier asegurador “organizado bajo las leyes de Puerto Rico e interesado en realizar negocio de seguros en otro estado o territorio de Estados Unidos acreditado por NAIC, deberá cumplir con los procesos y requisitos bajo el capítulo 3, 28 y 29 del Código de Seguros de Puertos Rico como un asegurador doméstico tradicional”.
Tras la emisión de la carta circular 2022-2007, el 12 de diciembre de 2022 la NAIC informó la aprobación de reacreditación de la OCS.
