La industria lechera transita un período caótico inédito, en el que la importación y el decomiso de leche conviven como dos fieras antípodas encerradas en la misma jaula, como resultado de las decisiones tomadas por el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.

De hecho, como administrador interino de la Oficina para la Reglamentación de la Induatria Lechera (ORIL), González Beiró ha tomado decisiones que han causado la desestabilizacion de la inustria, hasta el extremo de que Suiza Dairy, la principal planta procesadora del país, abandonó el mercado de leche fresca y cerró su planta ubicada en San Juan.

Ambas decisiones anticipan un descalabro de proporciones imprevisibles cuando la producción de leche aumente en el invierno  por las bajas temperaturas, y la planta de la empresa Tres Monjitas no pueda acopiar toda la producción debido a sus limitaciones en tamaño.

El gerente general de Suiza Dairy, Pablo Vallejo, ha sostenido que el cierre de la planta de San Juan y el abandono de mercado de leche fresca ha sido la respuesta de la empresa a las arbitrariedades reglamentarias impuestas por la ORIL durante de dirección de González Beiró.

De hecho, ayer, tras firmar un acuerdo que finaliza un conflicto huelgario en Suiza Dairy con la Central General de Trabajadores, Vallejo reiteró que la empresa no regresará al mercado de leche fresca “hasta que no se resuelva el tema regulatorio que está pendiente en el Tribunal Federal”.

Vallejo hizo alusión a la moción de desacato que la empresa radicó en el Tribunal Federal de San Juan el pasado 3 de mayo.

En esa moción se alega que la ORIl y González Beiró han incumplido un acuerdo alcanzado en ese tribunal en 2013, que incluye el reglamento 12, el cual fue anejado a una sentencia emitida por el juez federal Daniel Dominguez.

El citado acuerdo obliga a la entidad reguladora a garantizar una ganancia adecuda a los integrantes de la industria lechera, especialmente a las plantas procesadoras, tras realizar evaluaciones económicas anuales y un amplio estudio cada cuatro años.

Suiza Dairy sostiene en la moción que ha perdido $172 millones por los incumplimientos de la ORIL. 

La moción también argumenta que la entidad reguladora ha actuado de manera arbitraria y discriminatoria contra Suiza Dairy y que incluso, ha favorecido con sus decisiones a la planta de balance Indulac, que es un competidor de la empresa en el mercado de leche UHT. 

Indulac es una planta destinada a procesar exclusivamente la leche excedente, la cual es operada por una cooperativa de ganaderos.

El propio González Beiró ha anticipado que a partir del mes de noviembre el ganado lechero aumentará su producción, lo que generará un volumen de leche cruda que Tres Monjitas no podrá procesar. 

En una reciente entrevista en una estación de radio y en previsión de lo que podría ocurrir a partir del mes de noviembre, González Beiró dijo que se proponía llamar a Suiza Dairy para conocer cuándo la empresa podría reanudar operaciones.

Ayer SN le preguntó a Vallejo cuál sería su respuesta a Gonzalez Beiró, si el funcionario lo llama para saber cuándo Suiza Dairy regresará al mercado. 

“Yo le diría, señor secretario cumpla usted primero con el reglamento 12 y seguramente al día siguiente estaremos abriendo la planta” dijo Vallejo.

Incluso, el ejecutivo indicó que la pequeña planta de leche fresca que la empresa tiene en Aguadilla tampoco abrirá  “hasta que tengamos una respuesta sostenible en el tema regulatorio”.  

Ante la realidad de que el caso  de Suiza Dairy en el tribunal federal podría entrar en una etapa decisiva el año próximo, las respuestas de Vallejo indican de manera inequívoca que González Beiró se ha quedado sin alternativas para darle cauce a la alta produccion de leche en el periodo invernal, que se extiende desde noviembre de 2024 hasta abril de 2025. 

Miembros de la industria lechera han señalado que, como resultado del cierre de Suiza Dairy, del aumento en la producción de leche y de las limitaciones en el procesamiento de Tres Monjitas, es inminente que en el periodo invernal ocurra el decomiso de millones de litros de leche.

Otro evento adverso para la industria lechera causado por las decisiones de la ORIL durante la incumbencia de González Beiró es la importación de leche.

De hecho, según fuentes de SN, la planta de balance Indulac ya está importando leche desde New York para satisfacer su mercado de leche UHT.

SN le envió al González Beiró y al gerente general de Indulac, Francisco Orama,  interrogantes relacionadas con la importación de leche y al cierre de esta edición no se había recibido respuesta alguna.

Es necesario advertir que durante  los períodos de calor sostenido el ganado padece una merma en la producción de leche. 

Tradicionalmente esta merma se había enfrentado importando ganado con el fin de elevar el nivel de producción de las ganaderías.

Pero desde inicios de este cuatrienio González Beiró eliminó los incentivos para la importación de ganado de reemplazo.

Esta decisión ha causado una reducción significativa en el número de cabezas de ganado en las vaquerías y una merma en la producción de leche durante el verano.

Esto debido a que, sin los incentivos del gobierno, resulta muy costosa para los ganaderos la importación de ganado de reemplazo. En la actualidad el costo por cabeza de ganado puede superar los $4,500.

Otro factor que ha contribuido en la reducción de la producción de leche en las vaquerías son los nuevos criterios de calidad establecidos por la ORIL. 

Estos nuevos requisitos de calidad exigen una reducción de bacterias y de determinadas células en la leche cruda.

No obstante, los nuevos requisitos de la ORIL exceden los parámetros de leche grado  A exigidos por el gobierno federal. 

De hecho, los requisitos de la ORIL, promovidos por González Beiró, han provocado una crisis en las vaquerías del país porque la leche que incumple con los nuevos parámetros es decomisada por órdenes de los técnicos del ente regulador, lo que ha generado grandes pérdidas a las ganaderías afectadas.

Para evitar los decomisos,  los ganaderos se han visto obligados a incurrir en altos costos para pagar servicios veterinarios y para adquirir medicamentos. Además, las vaquerías han tenido que disponer del ganado que registra alta incidencia de bacterias y  de determinadas células. 

Como resultado de esta medida, la línea de producción de las vaquerías se ha reducido, lo que también tuvo el efecto de mermar su capacidad de producción de leche. 

Tales circunstancias han creado las condiciones para que en los próximos  meses la reducción en la producción de leche experimente un aumento en la medida que se registra un alza en el calor veraniego.

Fuentes de la industria sostienen que con toda probabilidad sea necesario importar leche para satisfacer el mercado de leche fresca y de leche UHT.

De hecho, la importación de leche es una decisión que le compete al Fondo para el Fomento de la Industria Lechera, un organismo público que fue creado por la ley 34 de 1957, y cuyo presidente de la Junta de Directores es González Beiró.

Ha trascendido que un grupo de ganaderos ha promovido la importación de ganado de reemplazo  y la reinstalacion del incentivo ante González Beiró.

Según las fuentes,  el secretario se opuso a esa alternativa por la alegada posibilidad de que llegue al país ganado infectado con la fiebre aviar. 

Las fuentes también muestran preocupación por la posibilidad de que la importación sea un mecanismo para favorecer a determinadas empresas e intermediarios.

Además, no esta claro si la leche importada que ya está llegando a Indulac y aquella que pueda llegar más adelante, se le han exigido cumplimiento con los severos parámetros de la ORIL.

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Por Miguel Díaz Román

Una medida que tiene el potencial de transformar la planta de balance Indulac, que actualmente debe de procesar exclusivamente los excedentes de leche, para convertirla en una planta comercial con la capacidad para que la Oficina de la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) le asigne de manera permanente ganaderías que le suplan leche, espera por la firma del gobernador Pedro Pilerluisi, según denunció el gerente general de Suiza Dairy, Pablo Vallejo.

Vallejo sostuvo que el proyecto de ley fue aprobado por el Senado el pasado 21 de junio y por la Cámara de Representantes el 25 de junio.

“Solo falta la firma del gobernador. El cual claramente cambia la definición de lo que es leche fluida y se mete leche pasteurizada y la leche UHT y se cambia también la forma como debe conformarse la Junta que rige la industria láctea en Puerto Rico y con eso se consolida Indulac ya como planta procesadora y no es más una planta de balance”, sostuvo Vallejo en alusión al Proyecto del Senado 1488.

Vallejo hizo las expresiones durante una entrevista con el periodista Rubén Sánchez en la estación de radio WKAQ 580, en la edición de hoy 18 de julio del programa Temprano en la mañana.

El PS 1488 fue radicado por el senador Thomás Rivera Schatz y por el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, como resultado de una petición realizada por una entidad o por una persona que no es identificada en el texto de la medida. El proyecto también fue avalado por la senadora Keren Riquelme Cabrera.

La medida fue aprobada en el Senado y en la Cámara de Representantes por el mecanismo legislativo denominado descargue, que permite presentar a votación una medida que no ha sido evaluada por una comisión legislativa. El pasado 10 de julio la medida fue enviada a la Fortaleza.

El PS 1488 fue radicado el pasado 21 de junio, es decir, casi dos meses después de que la empresa Suiza Dairy presentara el pasado 3 de mayo en el Tribunal Federal de San Juan una moción de desacato contra la ORIL y contra su administrador interino, Ramón González Beiró, quien también es el secretario de Agricultura.  

De hecho, Vallejo dijo que González Beiró incurre en un conflicto de interés porque en su función de administrador interino de la ORIL es juez y parte de las controversias que dirime la entidad reguladora.

Moción de desacato

La moción de desacato fue presentada porque, alegadamente, la ORIL y González Beiró han incumplido con una sentencia y un acuerdo alcanzado en el Tribunal Federal de San Juan en 2013 que pretende garantizar márgenes adecuados de ganancia a las plantas procesadoras.

Suiza Dairy sostiene en la demanda que ha enfrentado una pérdida financiera de aproximadamente $172 millones debido a que la ORIL no ha establecido márgenes de ganancia adecuados, según lo determinó el Tribunal Federal en el acuerdo anejado a la sentencia, que fue emitida el 6 de noviembre de 2013.

El PS 1488 modifica la definición de excedente de leche que figura en la ley 34 de 1957 o Ley para Reglamentar la Industria Lechera, la cual en su redacción actual dispone que es “leche producida en exceso de las necesidades del mercado de leche fresca, que se utilice para manufacturar productos lácteos, o para enlatarla condensada, evaporada, pulverizada o en cualquier otra forma”.

Cambios en definición

La definición propuesta por el PS 1488 establece que el excedente de leche es “leche producida en exceso de las necesidades del mercado de leche fluida, que se utilice para manufacturar productos de menor rendimiento económico, tales como productos lácteos, o para enlatarla condensada, evaporada, pulverizada o en cualquier otra forma”.

La leche fluida, según la define la ley 34, es leche en su estado líquido ya sea cruda, pasteurizada y homogeneizada, ultrapasteurizada y aséptica (leche “UHT” por sus siglas en inglés) o elaborada de tal manera que su producto final mantenga el estado líquido, que se expende en distintos tipos, formulaciones o categorías para consuma directo al público.

De la definición propuesta por el PS 1488 se desprende de manera inequívoca que el mercado de leche fresca ya no será la prioridad de la ORIL y por esa razón el excedente de leche ya no será aquella producida más allá de las necesidades de las plantas procesadoras para satisfacer el mercado de leche fresca. 

La medida favorece este objetivo a pesar que aún la leche fresca reclama más del 50 % de la leche cruda producida por las ganaderías del país.  

Prioridad será la leche UHT

De hecho, la medida establece claramente que la prioridad de la industria lechera será “el desarrollo intenso del mercado de leche de larga duración, leche UHT y sus derivados lácteos”, que son, precisamente, productos elaborados principalmente por Indulac, que por ser una planta de balance no participa del mercado de leche fresca.

La segunda enmienda que propone el PS 1488 modifica la disposición relacionada con la capacidad del secretario de Agricultura para designar los miembros de la Junta Consultiva, que es un organismo asesor del secretario en todo lo relacionado con la ley 34.

La redacción actual de la ley establece que el secretario “nombrará” una Junta Consultiva que estará integrada por dos representantes del interés público, un representante de los productores, un representante de los elaboradores y un representante del sector detallista.

La enmienda propuesta no cambia el número de los integrantes de la Junta Consultiva, pero establece que el secretario “podrá nombrar” a los miembros del organismo, lo que implica que el funcionario podría desistir de nombrar a los representantes de los elaboradores (las plantas elaboradoras) y no representaría una violación de la ley.

Suiza ha combatido intentos de favorecer Indulac

Sobre el contenido de la medida el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, indicó que las enmiendas propuestas le permitirán al secretario conformar una Junta Consultiva que avale trasladar más leche del mercado de leche fresca hacia la planta Indulac para la elaboración de leche UHT, lo cual es cónsono con los objetivos explícitos del PS 1488.

De hecho, Vallejo sostuvo en la entrevista que los intentos de convertir a Indulac en una planta procesadora comercial han sido combatidos con éxito por su empresa en los tribunales locales, a través de impugnar órdenes administrativas de la ORIL que le asignaban a Indulac la producción de leche de determinadas ganaderías que siempre han suplido toda su producción de leche cruda a Suiza Dairy.    

Vallejo negó que su intención es impedir que Indulac se convierta en un competidor de Suiza Dairy, sino enfrentar las decisiones unilaterales e injustas de la ORIL que le quitaban leche a la planta de San Juan Suiza Dairy a la nueva planta Vida, ubicada en Aguadilla, para asignarla a la planta de balance.   

De hecho, Suiza Dairy señaló en la demanda que en los pasados tres años el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico ha declarado nulas ocho órdenes administrativas emitidas por la ORIL, las cuales presentan un patrón destinado a modificar arbitrariamente las regulaciones y alterar el orden de distribución de la leche cruda para favorecer a la planta Indulac.

La demanda también sostiene que la ORIL autoriza a Indulac a comprar leche cruda a un precio muy por debajo de su costo y en comparación con el precio pagado por los productores de leche fresca.

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Por Miguel Díaz Román

Los principales líderes del conflicto huelgario que enfrenta a la planta procesadora Suiza Dairy con la Central General de Trabajadores (CGT), han sido arrestados en la mañana de hoy por un nutrido grupo de la división de Operaciones Tácticas de la policía, fuertemente armados, debido a que los trabajadores en huelga, apostados por 36 días en los portones de la empresa, impedían el paso de contratistas privados para iniciar las labores de limpieza de las instalaciones.

Hasta el momento la policía ha arrestado 16 personas que participaban en la huelga entre los que figuran el presidente de la unión, José Adrián López, y el director de organización de la CGT, Scott Barbés. Los huelguistas arrestados fueron llevados al cuartel de la policía en el sector Hato Rey Oeste.

Los arrestos son el resultado de una orden de interdicto permanente contra la unión que emitió el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, para que fueran desalojados los portones de la empresa con el fin de que comenzaran los trabajos de limpieza. La orden del juez  advertía que su incumplimiento “será causa suficiente para ordenar su arresto e ingreso inmediato a la cárcel por desacato criminal”.

De hecho, en el día de ayer el juez Cuevas Ramos impartió una orden verbal para que las dos partes, la empresa Suiza Dairy y la CGT, permitieran la entrada de los equipos de limpieza y que personal de la unión no interfiriera la iniciativa intentando inspeccionar vehículos y exigiendo los nombres de las personas que estarían ingresando para realizar la limpieza.

El juez también le ordenó a Suiza Dairy mover los camiones que están en la calle con grúas, ingresar a la planta con los equipos de limpieza e iniciar los trabajos de inmediato.

La acción de la policía ocurre 24 horas después de que el secretario de Salud, Carlos Mellado y personal de la EPA, visitaran las instalaciones y confirmaran el grave estado insalubre en se encuentran las instalaciones y el peligro real de que las comunidades aledañas enfrenten la presencia de olores objetables y posible contaminación por aguas usadas.

Dos semanas atrás el juez Ramos Cuevas ordenó al director de ingeniería y mantenimiento de la empresa, Héctor Rafael Betancourt Muñoz, que visitara la planta, acompañado de cinco alguaciles del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, con el fin de que emitiera un informe sobre el estado de la planta.

Tras la visita, Betancourt Muñoz produjo una declaración jurada en la reveló que la planta despide fuertes olores objetables y constató la presencia de material orgánico putrefacto en determinadas áreas. La declaración jurada también señaló que en los silos del área pasteurizada se encuentran 19,500 galones de leche y 4,500 galones de jugo de china que no están en condiciones aptas para el consumo “por lo que habría que disponer del producto”.

También reveló que en la planta de tratamiento se encontró dos tanques con 80,000 galones a punto del desborde y despidiendo fuertes olores objetables como resultado de la falta de atención en esa área.

Los arrestos acontecen en momentos cuando, alegadamente, personal del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos se reuniría hoy con los representantes de Suiza Dairy y de la CGT, en un intento para resolver el conflicto huelgario. La esperada reunión no se efectuó, pero no está claro si los arrestos realizados por la policía del liderato de la CGT causaron la interrupción de la reunión.

El detonante del conflicto es el rechazo de Suiza Dairy a acordar un aumento de $125 en la aportación al plan médico de 160 empleados que actualmente asciende a $500 mensuales. Otro asunto candente es un incremento salarial a otros 32 empleados que distribuyen leche fresca y otros productos de Suiza en el comercio.

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Por Carlos Flores Ortega

El Secretario de Agricultura Ramón González Beiró, ha tratado sin éxito en los medios de comunicación de explicar la situación de desestabilización de la industria lechera como un asunto financiero de Suiza Dairy y sus problemas con una reciente huelga de empleados.

Nada más lejos de la verdad. El inicio de la caída de la industria lechera comenzó en el año 2002 cuando el entonces Secretario de Agricultura, Fernando Toledo (QEPD), destituido del cargo y convicto por fraude federal, reconocido por sus posturas de corte socialista en la Asociación de Agricultores, enmendó la Ley 34 para darle más poder a los productores sobre los elaboradores.

Fue promotor de una socialización de la industria en manos de los productores de forma vertical, e impulsó la aprobación de la Ley 278, que enmendó la ley 34 a fin de reestructurar la junta administrativa del Fondo de Fomento de la Industria Lechera (FFIL) algo que los padres de esta ley jamás hubieran permitido.

Con los cambios, la junta quedó constituida por nueve personas, cinco representando los ganaderos, dos representantes de los elaboradores y dos miembros que representarían el interés público o ciudadanos particulares seleccionados por el secretario de Agricultura.

Este cambio de balance provocó demandas judiciales de los elaboradores en el tribunal federal en contra de ORIL (Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera) con el fin de hacer valer sus derechos y reclamar sus pérdidas.

Así las cosas, luego de nueve años de litigio, en el año 2013 el juez federal Daniel Domínguez ratificó un acuerdo al que llegaron las plantas elaboradoras Vaquería Tres Monjitas y Suiza Dairy con el gobernador Alejandro García Padilla y la Secretaria de Agricultura, Myrna Comas.

El acuerdo puso fin al pleito iniciado en el 2004 y le costó millones de dólares al gobierno por el pago de dinero dejado de devengar y hasta los costos de los abogados durante el pleito. También se fijaron unas condiciones que no se podían violar como, el realizar un estudio económico exhaustivo, científico y revisado por Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO) cada cuatro años para fijar el costo real de producir un cuartillo de leche. 

Con este estudio se establecen las ganancias razonables del productor, elaborador y detallista, lo que refleja el costo final de la leche al consumidor. Este estudio se realizó en el 2004 y se puso en función en el 2016, después de un proceso de vistas públicas.

En septiembre de 2017 la naturaleza se encarga de crear nuevos problemas a los ya existentes, pero también surgió la oportunidad de reconstrucción y modernización de muchas vaquerías que fueron seriamente afectadas con los huracanes Irma y María.

Durante los próximos dos años no fue posible cumplir con el estudio de costos ya que no había producción estable y se decidió posponerlo para el 2019 cuando el Secretario de Agricultura, Carlos Flores, le ordenó al entonces administrador de la ORIL, Jorge Campos, completar el estudio y cumplir con la Ley 34 y su reglamento Número 10.

Tras varios intentos, el administrador de ORIL no cumplió las órdenes del secretario lo que resultó en tres intentos para su destitución por incumplimiento de sus funciones en el cargo público. Este funcionario de confianza, un ex empleado de Tres Monjitas, estuvo apoyado en todo momento por la Asociación de Agricultores y por funcionarios de La Fortaleza de Ricardo Rosselló y luego por la Gobernadora Wanda Vázquez.

La historia es que al finalizar el cuatrienio no se realizó el estudio exhaustivo como había ordenado el acuerdo en el Tribunal Federal, y como premio, Jorge Campos fue nombrado en el 2021 como Subsecretario de Agricultura por el secretario entrante Ramón González, ex presidente de la Asociación de Agricultores.

Demás está decir que nunca hubo la intención de realizar el estudio económico y cumplir con los acuerdos del Gobierno y las plantas en el tribunal federal. Esta acción ocasionó que se estuvieran tomando datos no actualizados u obsoletos para una serie de decisiones de cambios de precios los que el secretario ha llamado “revisiones de precio”, sin cumplir con estudio alguno alterando el balance que debió existir siempre entre lo que se debía compensar al ganadero productor, las plantas elaboradoras y los detallistas comerciantes.

Tanto la Cámara de Representantes (R.C de la C.530) y el Senado (R.C del S. 333) investigaron este asunto en vistas públicas donde el Secretario admitió que no había completado el estudio económico pero se comprometió a presentarlo no más tarde de diciembre de 2023, algo que no ocurrió.

Esto no fue por casualidad y sí por diseño y no es como se ha tratado de proyectar que es una situación financiera de Suiza Dairy y una huelga por mejoras económicas de sus empleados. Esto es el resultado de malas decisiones de la ORIL que, en este caso único en la historia, el administrador de la ORIL es el secretario que no quiso nombrar a nadie en ese puesto.

El secretario mintió a la legislatura y al pueblo al anunciar que había emitido órdenes administrativas para no realizar estudios, pero sí fijar solo el precio mínimo y que las plantas podían fijar el precio máximo de venta abriendo la competencia entre plantas, sin embargo, el mismo secretario les prohibió subir los precios alegando que sus propuestas eran desproporcionadas y fuera de la realidad.

Si el secretario no cuenta con estudios de costos actualizados de producción, ¿cómo es posible que pueda determinar cuánto es mucho y cuánto es poco?. Esto resultó en una nueva demanda que radicó Suiza Dairy por desacato el 3 de mayo 2024 en el Tribunal Federal, casi 15 días antes de iniciarse una huelga de sus empleados.

Si el gobierno no cumple su parte en un negocio regulado, cómo es posible que una empresa pueda comprometerse a aumentar sus aportaciones a sus empleados dentro de un escenario hostil con un secretario atacando en todo momento a la empresa que recibe más del 60% de la leche de sus ganaderos para procesarla.

Las malas decisiones del secretario no paran ahí. Durante los pasados dos años el Tribunal de Apelaciones le ha revocado ocho (8) Órdenes Administrativas todas ellas contrarias a la ley y reglamentos que en su mayoría atentaban contra Suiza Dairy favoreciendo a INDULAC. La reducción en las aportaciones del gobierno en incentivos para adquisición de novillas de reemplazo importadas y el pago del incentivo por producción han sido cancelados afectando directamente al productor.

La imposición de parámetros de calidad más estrictos a la reglamentación de Grado A del USDA a los productores locales ha incrementado el costo de producir leche sin recibir un centavo sin embargo han perdido millones de cuartillos de leche buena en decomisos en finca por no cumplir con exigencias caprichosas que en nada han aportado a mejorar las ventas del producto local.

Los informes económicos del Gobernador reflejan que las vaquerías durante los pasados tres años se posicionaron en el segundo lugar de negocios en quiebra con más de 40 vaquerías cerradas muchas de ellas en ley de quiebras. Han cerrado más vaquerías en estos años que las que cerraron después de Irma y María.

El valor de la cuota de leche que en sus mejores tiempos llegó a ser de $30.00 o más, hoy se ha devaluado al nivel más bajo de la historia llegando a menos de $1.50. El secretario le ha mentido descaradamente al pueblo anunciando revisiones de precios cuando lo que ha hecho son ajustes arbitrarios fuera de reglamento con datos obsoletos y con el fin de afectar las operaciones de Suiza Dairy con tal de lograr el sueño que dejó Fernando Toledo (QEPD) de una industria socializada vertical donde los productores fueran los dueños de la producción, procesamiento y ventas de toda la leche de Puerto Rico.

Estoy seguro de que cuando el gobernador Luis Muñoz Marín llamó al Dr. Eleuterio Vega para nombrarlo el primer administrador de ORIL junto a la ayuda de don Oreste Ramos, padre presidente de la Asociación de Agricultores, Rafael Nevares, presidente de Suiza Dairy y Manuel González Quiñones, presidente de la Asociación de Productores de Leche, jamás pensaron que esta ley podría ser la píldora venenosa que mataría la industria lechera décadas después.

(SN replica este artículo de Flores Ortega según fue publicado en Noticel)

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Por Miguel Díaz Román

La Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) y el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, sostienen en el Tribunal Federal de San Juan una aguerrida batalla legal contra Suiza Dairy, porque alegan que ese tribunal carece de jurisdicción para dirimir en una solicitud de desacato presentada por esa empresa, en la que se alega que la entidad reguladora violó un acuerdo alcanzado en 2013 que pretende garantizar márgenes adecuados de ganancia a las plantas procesadoras.

Pero ante la posibilidad de que finalmente el Tribunal Federal tenga jurisdicción sobre la controversia, la ORIL y González Beiró sostuvieron que no se debe emitir una determinación sumaria por desacato en su contra, sino convocar una vista para que las partes presenten la evidencia que prueban sus argumentos.

El citado acuerdo, que le exige a la ORIL establecer márgenes de ganancia adecuados para los integrantes de la industria lechera – incluidas las plantas procesadoras – fue parte de una sentencia emitida el 6 de noviembre de 2013 por el Tribunal Federal, la cual también incluyó el reglamento 12.

El pleito en realidad representa la secuela de la disputa ventilada en el Tribunal Federal por las plantas procesadoras Tres Monjitas y Suiza Dairy entre 2006 y 2013, pero en el caso actual se dirimen acusaciones sin precedente contra el gobierno de Puerto Rico, porque la demandante acusa al ente regulador de incumplir su obligación de fijar precios adecuados a la leche fresca y de mantener una conducta discriminatoria y arbitraria en su contra y de favorecer a uno de sus competidores.

Los planteamientos de ambas partes están contenidos en seis mociones que comprenden más de 63 páginas de argumentos discrepantes y contradictorios.

A los reclamos de la ORIL y de González Beiró para que el Tribunal Federal desestime los planteamientos de Suiza Dairy se ha unido la planta Indulac. González Beiró es también administradpor interino de la ORIL mientras funge como secretario de Agricultura.

Fundamentalmente Suiza Dairy busca que el gobierno local compense a esa empresa por las pérdidas multimillonarias sufridas como resultado de los incumplimientos y las deficiencias de la entidad regulatoria.

Suiza Dairy sostiene, entre otros argumentos, que durante años los precios de la leche establecidos por la ORIL le han impedido cubrir sus costos de producción y obtener ganancias, lo que le ha causado pérdidas por más de $168 millones.

Jurisdicción federal por 4 años

En síntesis, la ORIL, González Beiró y la planta Indulac alegan que la jurisdicción del Tribunal Federal sobre el acuerdo y la sentencia emitida en 2013 se extendió por cuatro años, y que dicha jurisdicción finalizó el 31 de diciembre de 2017.

También alegaron que desde el 31 de diciembre de 2017 el Tribunal Federal perdió jurisdicción para atender peticiones relacionadas con el acuerdo, incluyendo la solicitud de desacato radicada por Suiza Dairy.

Además, la ORIL, Indulac y González Beiró señalan que la Junta de Supervisión Fiscal emitió una orden fundamentada en la ley Promesa, la cual dispuso que la fecha final para presentar reclamos contra el gobierno local fue el 13 de junio de 2022, por lo que el reclamo de desacato de Suiza Dairy no tiene validez porque fue presentado el pasado 3 de mayo de 2024.

Indulac también alega que el Primer Circuito Federal de Apelaciones, ubicado en Boston, había determinado en 2017 que el Tribunal Federal de San Juan no tiene jurisdicción sobre las disputas relacionadas con las órdenes de precios emitidas por la ORIL, porque dichas órdenes no conciernen a disposiciones que emanan de la jurisdicción federal.

La ORIL y González Beiró son representados por el licenciado Edward Hill Tolinche, mientras que la planta procesadora Indulac es representada por el bufete Marichal, Hernández, Santiago & Jurabe LLC. La representación legal de la empresa Suiza Dairy es el conocido bufete Reichard & Escalera LLC.

Interpretaciones erróneas

De hecho, en una moción radicada el 23 de mayo Suiza Dairy sostuvo que la ORIL, Indulac y González Beiró han interpretado de manera errónea la sentencia y el acuerdo emitido en 2013 porque, alegadamente, el Tribunal Federal retuvo la jurisdicción para los fines de garantizar el cumplimiento de lo acordado.

Según planteó Suiza Dairy, el Tribunal Federal retuvo la jurisdicción cuando incorporó el acuerdo como parte de la sentencia, lo que implica que un incumplimiento del acuerdo sería una violación de la sentencia, “y por lo tanto existiría jurisdicción auxiliar para hacer cumplir el acuerdo”.

En su moción, la empresa también negó que la jurisdicción del Tribunal Federal finalizó el 31 de diciembre de 2017. Suiza Dairy sostuvo que la jurisdicción del Tribunal se debería mantener no menos de cuatro años consecutivos después de alcanzado el acuerdo en 2013 y “hasta que todas las partes cumplan”.

No obstante, la empresa planteó que las violaciones por parte de ORIL al acuerdo y determinadas obligaciones que éste impone, extienden la jurisdicción del Tribunal Federal hasta 2028. 

“Las continuas violaciones por parte de ORIL apenas dos años después de la sentencia, junto con obligaciones en curso que se extienden al menos hasta 2028, proporcionan la base fáctica que confiere a esta corte competencia para ejecutar su sentencia”, sostuvo el documento.

Suiza Dairy también alegó que los detractores afirman que el Tribunal de Apelaciones de Boston determinó que el Tribunal Federal de San Juan no tiene competencia para hacer cumplir la sentencia, lo cual es una interpretación errónea de una determinación de ese tribunal sobre una controversia que se basó exclusivamente en la ley estatal y que no tenía relación con la jurisdicción federal.

La empresa sostuvo que el Tribunal Federal conservaba competencia exclusiva sobre el acuerdo y la sentencia y que la petición de desacato pretende hacer cumplir el acuerdo.

La ORIL busca operar sin supervisión

Con respecto a los señalamientos relacionados con la ley PROMESA, la moción sostiene que la orden emitida por la Junta de Supervisión Fiscal no afecta ni limita el derecho de la empresa a reclamar el cumplimiento de la sentencia. Suiza Dairy también sostuvo que obtuvo una estipulación y orden que le permitió presentar sus reclamos en un tribunal federal.

Suiza Dairy argumentó que la ORIL y González Beiró buscan operar sin la supervisión del Tribunal Federal “para garantizar el cumplimiento de sus mandatos”. 

La empresa insistió en que el Tribunal Federal tiene jurisdicción sobre su moción de desacato debido al incumplimiento del acuerdo por parte de ORIL y solicitó que rechace la moción de desestimación presentada por el ente regulador.

En una moción de réplica, la ORIL y por González Beiró alegaron que el lenguaje de la sentencia es claro y sencillo en lo relativo a que el Tribunal Federal mantendría su competencia durante cuatro años consecutivos, después de la emisión de la sentencia en 2013, es decir, hasta 31 de diciembre de 2017.

Los detractores advirtieron en su moción que el texto de la sentencia no admite más interpretaciones y señalaron que el intento de Suiza de realizar otra interpretación “sólo puede verse como un excelente ejemplo de litigantes decepcionados que elevan la esperanza por encima de sus expectativas”.

Jueza ordena a la ORIL responder al desacato

Incluso, la ORIL planteó que Suiza pretende que el Tribunal Federal siga el ejemplo de las actuaciones de dos jueces federales, Gustavo Gelpí y Pedro Delgado, quienes extendieron por períodos más largos la jurisdicción del tribunal en determinadas controversias. No obstante, la moción indica que los dos casos citados son inaplicables.

“En este caso, no existe orden judicial que extienda el plazo de 4 años más allá del 31 de diciembre de 2017, ni ha habido ocasiones en las que Suiza se haya visto obligada a comparecer (al Tribunal) para buscar reparación (de daños) dentro del plazo original de cuatro años, que finalizó el 31 de diciembre de 2017”, sostuvo la ORIL en su moción.

Según la ORIL, la sentencia permite la ejecución del acuerdo, pero no crea una nueva jurisdicción federal ni revive jurisdicción federal ya finalizada en 2017. También sostuvo que la sentencia no altera los términos de la orden emitida por la Junta de Supervisión Fiscal en lo relacionado a los periodos establecidos para presentar reclamos contra el gobierno.

Del desglose de órdenes emitidas en el presente caso, el cual se puede acceder a través del sistema digital del Tribunal Federal, se desprende que la jueza María Antongiorgi Jordán ordenó que para el pasado 30 de junio la ORIL debía responder a la moción de desacato presentada por Suiza Dairy.

En aparente cumplimiento con esa orden, el 1 de julio la ORIL presentó una moción en la que sostuvo que ha cumplido sustancialmente con el acuerdo, con las disposiciones del Reglamento 12 y que le ha concedido a Suiza Dairy aumentos de precio en la leche por lo que el Tribunal Federal no debe emitir una determinación sumaria en su contra por desacato.

Otro argumento es que la ORIL niega que haya favorecido de alguna manera a la planta Indulac, que es operada por una cooperativa de ganaderos. En la moción la ORIL señaló que no existe ninguna ventaja competitiva, subsidio o crédito a favor de Indulac, porque ambas plantas pagan el mismo precio por el producto crudo.

Indulac sin ventaja competitiva

Además, alega la ORIL, no existe ventaja alguna que entre la leche fresca de Suiza y la leche UHT de Indulac, dado que el precio de la leche fresca es menor que el producto UHT, y ambos precios incluyen el costo real de producción y no hay nada en sus estructuras de precios que favorezca a Indulac sobre Suiza. Además, todo el producto UHT vendido conlleva el mismo recargo de 3 céntimos por litro. “No es posible una ventaja competitiva si los mismos productos competidores tienen el mismo recargo”, alegó la ORIL.

No obstante, en su demanda Suiza Dairy sostiene que en los pasados tres años el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico ha declarado nulas ocho órdenes administrativas emitidas por la ORIL, las cuales presentan un patrón destinado a modificar arbitrariamente las regulaciones y alterar el orden de distribución de la leche cruda para favorecer a la planta Indulac.

En la moción la ORIL alega que Suiza Dairy tardó 10 años en presentar un recurso de desacato en su contra por su supuesto incumplimiento del acuerdo y no ha ofrecido una explicación para justificar la tardanza. También argumentó que la compensación de $168 millones que reclama Suiza Dairy es “como premio por el supuesto desacato”.

ORIL describe debacle de Suiza Dairy

Incluso, la ORIL planteó que, a pesar de las revisiones de precio que emitió y del alto rendimiento que obtuvo Suiza Dairy por sus productos, la empresa sucumbió a una debacle en la que sus operaciones se fueron reduciendo de manera dramática.

“En esos diez años, el precio de la leche fresca ha aumentado de $1.50 por cuartillo a $1.83. Suiza ha obtenido tasas de rendimiento de hasta el 33.74 % y el precio de UHT ha llegado a $2.09, lo que ayuda a enfrentar la competencia con productos lácteos. Sin embargo, Suiza no ha podido vender ni un litro más de leche desde que se logró el acuerdo. En ese período, Suiza ha reducido el transporte de leche cruda en un 40% y ha perdido más del 50% de su participación en el mercado de leche fresca y ha perdido el 40% de las ventas de leche fluida”, argumentó la ORIL en una extensa moción de 26 páginas.

En la moción la ORIL cuestiona la veracidad de los señalamientos de Suiza Dairy sobre que la entidad reguladora le ha dado un trato discriminatorio y arbitrario, según alega su demanda, y levanta como interrogante fundamental por qué la empresa no acudió al tribunal en busca de un remedio.

“Si las cosas fueran tan malas como pinta Suiza en su nueva moción de desacato, y el demandado es tan discriminatorio, tan arbitrario y tan caprichoso como para causarle pérdidas por $168 millones, ¿por qué no acudió a la corte antes de la fecha de vencimiento de la sentencia para hacer valer judicialmente sus derechos y detener la proverbial hemorragia (financiera)? Si Suiza ha sido tan exitoso contra el demandado en el tribunal local, ¿por qué no solicitó la revisión judicial del precio?  Y ¿porque no impugnó las órdenes que, a su juicio, violan el acuerdo en los mismos tribunales que exige el cumplimiento de la ley?”, cuestionó la entidad reguladora.

Pide vista probatoria

Indicó que la calidad de los productos de Suiza Dairy se ha deteriorado y que la compensación de $168 millones obedece a una artimaña de la empresa para aliviar su difícil situación económica.

“Las ventas de Suiza han disminuido y la calidad de Suiza se ha desplomado, hasta tal punto que el administrador (de la ORIL) tuvo que modificar un reglamento para darle una fecha de vencimiento diferente al producto de Suiza para que la empresa pudiera lidiar con las devoluciones por producto estropeado. Suiza ahora busca litigar a su manera a una mejor situación financiera solicitando que el Tribunal Federal le conceda sumariamente $168 millones en daños cuando había apilado la baraja a su favor cuando redactó el Reglamento 12,” argumentó.

Finalmente, la ORIL y González Beiró le advirtieron al Tribunal Federal que no debe emitir una determinación sumaria por desacato en su contra, si prevalece la posición de Suiza Dairy sobre que el Tribunal tiene competencia para decidir la controversia. 

“Más bien se debería programar una audiencia probatoria”, recomendó la entidad reguladora.

Incluso, la ORIL argumentó que, si se logra probar que cometió errores al estimar los costos admisibles de las plantas procesadoras, tales errores no constituyen un comportamiento punible que requiera una sanción como el desacato.

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