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INFORME SEMANAL-24 DE MAYO DE 2024

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Esta semana en Informe Semanal conversamos con el ex secretario de Educación, Cesar Rey, sobre el proceso de descentralización que se realiza en esa agencia y sobre unos señalamientos efectuados por el doctor Edgar León en relación al deterioro en el Departamento de Educación.

También hablaremos con el presidente del Colegio de Agrónomos, Mariano Ramis, sobre el respaldo de esa institución a los terrenos agricolas.

Además, con el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, hablamos sobre los desaciertos de la administración de Pedro Pierluisi en la agricultura.

El economista José Alameda hablará sobre el alza en arbitrios contra algunos productos chinos. Alameda también hablará sobre un estudio del Centro de Nueva Economía que presenta dudas sobre la posibilidad de que Puerto Rico pueda generar toda la energía eléctrica que necesita de fuentes renovables.

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Grandes desaciertos de la administración Pierluisi en la agricultura

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PRIMERA PARTE (2021-2022)
Por Carlos A Flores Ortega

Transcurridos tres años y medio de gestión gubernamental, el sector agrícola ya perdió las
esperanzas de ver realizado un prometido crecimiento y transformación agrícola en Puerto Rico.
Perdidas las esperanzas, lo que queda para terminar este cuatrienio se irá en campañas electorales
y promesas huecas de políticos que buscan convencer al electorado que en esta ocasión sí
cumplirán lo que antes no se pudo lograr si votan por ellos.

Precisamente este ha sido nuestro ciclo desde la década de los 60’ cuando la agricultura fue menospreciada en los planes de desarrollo económico con la industrialización y manufactura del famoso plan de Manos a la Obra y luego el desarrollo de una economía basada en las famosas empresas 936.

Si hacemos un recorrido por la historia, este cuatrienio pasará sin duda a conocerse como el “cuatrienio perdido en la agricultura puertorriqueña”, veamos porqué. El 4 de noviembre de 2020 el Gobernador Pierluisi anunció la designación del agroempresario Ramón González Beiró como su Secretario del Departamento de Agricultura. Este agroempresario era conocido en el ambiente agrícola por sus posturas antigubernamentales como presidente de la Asociación de Agricultores en varias ocasiones y sus críticas a las gestiones de varios secretarios y secretaria de agricultura en las pasadas dos décadas.

Sin estudios de base agrícola o profesional, las expectativas de tener a un “agricultor prominente” en la cabeza del Departamento de Agricultura presentaba un cierto atractivo al enfatizar que se resolverían muchos de los problemas burocráticos y de falta de incentivos que experimentaban los
agricultores según el nuevo designado.

Según sus eufóricas expresiones, el recién nominado pronosticaba un arranque comparado con el vuelo de un avión dónde anunciaba que se abrocharan los cinturones de seguridad y “enjoy the flyght”.

El 25 de enero de 2021 el Secretario Gonzáles Beiró anunciaba con mucho entusiasmo la
“reapertura” de los Mercados Familiares y el 6 de febrero la reapertura de la Plaza de Mercado
de San Sebastián, muestra de que la agricultura ya había logrado una recuperación total luego de
los Huracanes Irma y María y los ciclos de cierres ocasionados por la Pandemia del COVID y los
terremotos de la costa Sur a su llegada a la agencia.

Ya también se anunciaba la necesidad de mano de obra para las actividades agrícolas principalmente en la cosecha de tomates y café lo que reflejaba el impacto de la emigración masiva que ocurrió hacia los Estados Unidos durante esta época.

En agosto de 2021 ya se anunciaba en su primer presupuesto un déficit de fondos en el DA lo
que motivo al Secretario González Beiró a dejar sin dinero a tres programas importantes de
incentivos para crear un “pote” de $9 millones para financiar el programa de incentivos
regionales que sería la punta de lanza para la “nueva estrategia” que tenía como objetivo
aumentar la producción agrícola.

Los fondos redistribuidos mediante la OA-27-A dejó sin fondos los programas de abono, asistencia técnica para agricultores bonafide y los programas de incentivos de la industria de piña, avícola y otras no especificadas. Esto correspondía a recortes del presupuesto de $59 millones recomendados por la JSF. Por otro lado, el 16 de septiembre de ese año se anunciaba revertir los incentivos por producción y retornar al subsidio salarial por hora trabajada en desafío a los acuerdos y recomendaciones de la JSF.

Los estudios económicos de este programa indicaban que por cada dólar invertido en subsidio salarial se recibía un ROI “return of investment” de solo $.19 centavos lo cual no era aceptable para la JSF como estrategia de desarrollo económico. En su vaga explicación el Secretario anunciaba que se habían logrado acuerdos con la JSF para este cambio de política pública sin aclarar que no habría un aumento de recursos para cubrir la petición del DA y que de hacerse se debía establecer algún mecanismo para analizar y medir el “retorno de inversión” de estos fondos en la actividad agrícola algo que no se hizo.

Este programa contó en su mejor época con $40 millones anuales y al momento solo
tenía aprobada unos $18 millones para pagos por producción lo cual obviamente no alcanzaría
para pagos por horas trabajadas y los renglones de leche, carne de res y huevos que ya los
recibían por producción se verían afectados. Las expectativas del Secretario eran que se
aumentara de $7.25 por hora a $8.50 lo cual propondría un pago de $4.25 por cada hora trabajada
por trabajador agrícola y no los $3.62 o el 50% que se pagaban tradicionalmente. Esto era una de
sus estrategias para lograr un aumento de la producción a $1,000 millones en el Ingreso Bruto
Agrícola (IBA), algo que nunca ocurrió.

Para el mes de octubre de 2021 una coalición de organizaciones ambientales, agrarias,
comunitarias y expertos ambientales denunciaban la falta de transparencia en la aprobación de
proyectos de generación de energía a gran escala impulsadas por la administración Pierluisi en
terrenos clasificados como de uso agrícola y áreas ecológicamente sensitivas y para preservación
de recursos naturales. Esto surgió luego de conocerse la aprobación por el Negociado de Energía
de 16 nuevos proyectos que en conjunto representaban más de 14 mil cuerdas de valor agrícola y
ecológico.

Para diciembre de 2021 la industria lechera ya daba señas de un posible colapso como resultado
de las políticas públicas erróneas de la ORIL y el Secretario González Beiró. Una histórica
desfase entre la producción y la baja en el consumo de leche había ocasionado frecuentes
decomisos lo cual fue objeto de Resoluciones de Investigación de la Cámara de Representantes.

Del mismo modo la Legislatura se prestaba a investigar el discrimen que la ORIL ejercía sobre
los productores de quesos quienes no podía acceder a la materia prima cuando la abundancia de
la leche se desviaba a decomiso y pérdidas para el ganadero.

Altos costos de producción principalmente en los alimentos y energía eléctrica, necesidad de mano de obra, aumento en los salarios, reducción de los incentivos por producción, eliminación de incentivos para compra de novillas de reemplazo unidos a la necesidad de actualizar el estudio de costo y precio de la leche ordenado por la Ley Núm. 34 unido a la pobre eficiencia de Indulac para poder elaborar
productos lácteos era parte de los componentes de riesgo que enfrentaba esta industria agrícola.

Durante esta época la ORIL y el Secretario González Beiró incurrieron en violaciones sobre
aumentos y clasificaciones de leche no reconocidas en la Ley para favorecer a Indulac, aumentos
de precios provisionales fuera de reglamento a la leche y decisiones para intervenir en casos de
ley de quiebras donde mediaban las cuotas de producción del ganadero, todas impugnados en los
tribunales.

En enero de 2022 el Gobernador Pierluisi vetó sin explicación el P de la C 10, un proyecto que
proponía crear el “Consejo Asesor de Seguridad Alimentaria” un organismo que estaría adscrito
a la oficina del Gobernador y cuyo objetivo era ofrecer asesoría para establecer política pública para producir la mayor cantidad de alimentos posible y maximizar el uso de los terrenos
agrícolas.

En febrero de 2022, se destapa un escandaloso esquema de desembolsos a entidades sin fines de
lucro en la Autoridad de Tierras donde el Presidente de la Junta de Directores es el Secretario de
Agricultura. Se repartían fondos públicos a través de un “nuevo barril” legislativo creado sin
controles y sin capacidad de poder llevar a cabo las obras para las cuales recibían los fondos
legislativos del polémico Fondo de Mejoras Municipales creado al amparo de la Ley 173 de 2020.

La polémica ocasionó la destitución y asignación de un Fiscal Especial a la directora
ejecutiva Agro. Doralis Rivera bajo señalamientos y referidos de parte y parte entre ésta y el
Secretario González Beiró. Las violaciones en la asignación de entre $18 a $20 millones anuales
sin haberse aprobado un reglamento y sin los controles fiscales continúan siendo investigadas
por la legislatura, la Oficina del Contralor, el Departamento de Justicia y la Oficina del Inspector
General.

El 27 de abril 2022 se descubría otro escandaloso esquema de mal uso de fondos públicos con la
utilización de $100,000 asignados por el representante popular Luis Narmito Ortiz para la
celebración de un festival en el sector los Cayos de la Bahía de Jobos en Salinas. Estos fondos
fueron tramitados por la Autoridad de Tierras y creó gran controversia por los daños ambientales
que estas actividades ocasionan a la reserva estuarina en la Bahía de Jobos.

En el mes de marzo de 2022 un grupo de ambientalistas exigían que se investigara al Secretario González Bairó por autorizar a agricultores el alquiler de terrenos custodiados por la Autoridad de Tierras para producción de energía renovable, esto en alusión a 18 proyectos que el Negociado de Energía le había dado el visto bueno sin ningún estudio de impacto ambiental.

El 25 de mayo 2022 la ORIL impuso un aumento de 11 centavos al precio de la leche en
violación al Reglamento Número 12 que ordena evaluar los costos de producción antes de tomar
estas determinaciones. Esta determinación constituía una violación a la ley y los reglamentos de
la ORIL ya que no consideraba los fundamentos económicos entre productores, plantas
procesadoras y los detallistas en la ecuación.

Para el 27 de mayo de 2022 el Secretario González Beiró intentó pasarse de analista a nivel internacional tras los conflictos entre Ucrania y Rusia alegando que los ciudadanos debían prepararse ante una inminente escasez de arroz en la isla.

Ante sus expresiones funcionarios del USDA, la empresa Goya, Panamerican Grain y el Centro
Unido de Detallistas desmintieron al secretario poniendo en duda su fuente de información y el
tratar de crear inestabilidad en la isla. De hecho, todos coincidieron que no habría ninguna
escasez ya que el arroz que se consume en Puerto Rico proviene de Estados Unidos, China,
Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Myanmar, Tailandia, Filipinas, Brasil y Pakistán.

En junio de 2022 el Secretario y la Legislatura se enfrentaron en arduas discusiones sobre el Plan
de Seguridad Alimentaria del DA en una vista pública que perseguía conocer el Plan Agrícola de
la administración Pierluisi. Ante los reclamos de los legisladores sobre el memorial explicativo
del Secretario González Beiró, los legisladores resumieron que el plan carecía de metas definidas
a corto y largo plazo para lograr el objetivo de producir el 50% del consumo del país con
productos locales.

En un tenso intercambio con el representante Marquez Lebrón, el Secretario
se tornó irrespetuoso y sarcástico. Entre sus comentarios memorables el Secretario mencionó que
él no necesitaba tener un Plan Agrícola escrito ya que él sabía lo que había que hacer y sus planes estaban en su cabeza.

Adicional, mencionó que en el país existían suficientes ayudas federales para paliar el hambre y, además sostuvo que durante la pandemia los puertorriqueños no utilizaron los fondos federales que fueron distribuidos a la población para adquirir alimentos sino para comprar televisores. Mencionó además que la seguridad alimentaria estaba en los puertos de la Isla con la gran cantidad de importaciones.

Otra polémica que surgió durante la vista legislativa fue la autorización que se estaba dando en el DA para adquirir y utilizar fincas del programa de fincas familiares de la Autoridad de Tierras para proyectos de renta a corto tiempo (RB&B) y un supuesto programa nuevo que nunca ocurrió de tiendas agrícolas que se establecería en diversos pueblos de la Isla comenzando por la Isla Municipio de Vieques. El momento más agrio fue cuando el representante Marques volvió a preguntar sobre el asunto y el Secretario le contestó “Yo no sé qué idioma estoy hablando”.

Durante el mes de junio 2022 el Tribunal Apelativo falló a favor de la empresa Suiza Dairy al anular otra determinación de la ORIL en la cual se destinaba la producción de ocho vaquerías permanentemente hacia la planta de balance y proceso ulterior Indulac de manera arbitraria y fuera de reglamento y la Ley. En septiembre de 2022 se levanta otra pugna entre el Secretario de DACO y Agricultura esta vez por un aumento al precio del café importado solicitado por González Beiró la cual adolecía de falta de información económica y ausencia de datos estadísticos.

La razón por la que el Secretario de Agricultura quería subir el precio al café importado era porque se había experimentado aumentos en el precio internacional y al comprar café la ADEA dejaba de ganar dinero por la compra venta a los torrefactores locales. El DACO protegió al consumidor con “no ha lugar” considerando que la ADEA solo quería recuperar las ganancias de ingresos propios de la agencia.

En el mes de julio 2022 el periodista Miguel Díaz Román destapa uno de los mayores esquemasde violaciones éticas ocurridas en el gobierno al publicar una historia donde el Secretario González Beiró habría adquirido junto a un socio de nombre Michael McCloskey unos terrenos agrícolas cercanos a la empresa Clean Flexible Energy subsidiaria de la AES de Salinas con el propósito de cambiarlas de uso agrícola a industrial para establecer un parque fotovoltaico donde este tendría acciones y beneficios económicos.

Para lograr esto el Secretario activó un comité de subalternos de la agencia que emitieron una recomendación favorable que se utilizó como opinión oficial de la agencia en violación a la Ley Núm. 242 que crea la Reserva Agrícola del Corredor Agrícola del Sur. Esto inició una serie de querellas a la Oficina de Ética Gubernamental, demandas en los tribunales y la movilización de decenas de organizaciones y comunidades que se oponen a este proyecto e investigaciones legislativas que aún están por redactar sus informes.

En el mes de agosto de 2022 el periodista Miguel Díaz Román publicó una historia donde la Autoridad de Tierras ara el foco de varias pesquisas paralelas que realizaban en conjunto el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Inspector General del gobierno de Puerto Rico (OIG). Las investigaciones estaban relacionadas con el patrocinio del subarrendamiento de fincas agrícolas para proyectos de energía renovable por parte del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.

Además, los agentes del FBI y de OIG continúan investigando la venta de terrenos agrícolas por debajo de su valor de tasación efectuada por la AT el pasado cuatrienio a un influyente desarrollador de viviendas. Esta última pesquisa involucra al desarrollador Federico Stubbe y su abogado, el licenciado Andrés Guillemard Noble, quien es el esposo de la hermana del gobernador Pedro Pierluisi, Caridad Pierluisi. La señora Pierluisi es actualmente la directora de la Oficina del Gobernador y fue la directora de la campaña política de su hermano en las pasadas elecciones.

De acuerdo con la historia, dos fuentes han sido entrevistados por los agentes de la FBI y de la OIG. Los agentes, según las fuentes, indagaron ampliamente sobre la conducta de González Beiró en relación con la aprobación por parte de un llamado Comité de Energía del Departamento de Agricultura (DA), de una propuesta para la ubicación de un parque de placas fotovoltaicas en unos terrenos que pertenecen a la empresa Agriart LLC, en la que el funcionario y su hijo son socios. Aun los informes de estas investigaciones no han sido presentados.

En el mes de septiembre 2022 la polémica fue el Programa ReGrow el cual había pasado del Departamento de la Vivienda luego al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología para de ahí pasar al Departamento de Agricultura todo este tiempo si poder desembolsar los fondos de forma efectiva y eficiente. Durante este mes se celebraron vistas públicas en la Legislatura donde el Subsecretario del DA Jorge Campos fue desmentido por el Departamento de la Vivienda en cuanto a las responsabilidades de una y otra agencia.

Tal fue la ineficiencia en el DA que finalmente el programa regresó al Departamento de la Vivienda. Este tira y jala había ocasionado gastos excesivos en agricultores que llevaban hasta tres años esperando por la aprobación de sus propuestas. También en septiembre 2022 la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) anunciaba que iría a los tribunales a impugnar la decisión de la ORIL para aumentar sin estudios, el precio de la leche a las plantas procesadoras sin considerar el efecto en costos del sector detallista. Según la política del Secretario González Beiró éste pretendía que el comerciante negociara su precio con las plantas, algo que estaba fuera de reglamento y la Ley 34.

En el mes de noviembre de 2022 sale a relucir que las llamadas marcas de café “especial” o “gourmet” para consumo local y para exportación no utilizaban grano de alta calidad cosechado en Puerto Rico sino grano de México importado por el Gobierno, lo que representaba una abierta práctica de fraude según denunciado por la Asociación de Beneficiadores de Puerto Rico. También en ese mes de noviembre 2022 sale la noticia de que, a pesar de los anuncios del gobierno de una recuperación económica, en el sector agrícola unas 12 vaquerías se estaban declarando en quiebra en el Tribunal Federal en los primeros nueve meses del 2022.

De hecho, el sector agrícola ocupaba el segundo lugar en el número de quiebras radicadas por sector empresarial. Otras seis vaquerías habían cerrado operaciones durante ese mismo periodo sin declararse en quiebra. Luego del paso del Huracán Fiona en el mes de septiembre de 2022, no fue hasta el mes de noviembre que el Departamento de Agricultura anunció que en semanas y probablemente hasta comienzos del mes de diciembre 2022 el mercado experimentaría una carencia absoluta de plátanos y guineos como resultado de la decisión de excluir al sector privado y dominar la importación de ambos frutos por el gobierno.

La gestión tardía realizada por el DA para lograr acuerdos de importación con los productores agrícolas de guineos de Costa Rica causó que los frutos arribaran con retraso al comercio local. El secretario González Beiró, reconoció públicamente que los guineos estarían llegando para el feriado de Thanksgiving, que se celebraba el 24 de noviembre y que no llegaría plátano por falta de suplidores. Ya para el mes de diciembre de 2022 se daba a conocer públicamente el desastre de la importación de guineos a la isla.

La importación de guineos de parte del DA entró en una etapa crítica que comenzó a causar pérdidasde fondos públicos debido a que determinadas cadenas de supermercados rechazaban las
entregas y exigían la devolución de su dinero porque el producto presentaba señales de
descomposición y pobre calidad.

De acuerdo con la Asociación de Productores de Banano de Puerto Rico (APB), quienes habían solicitado importar el producto como se hizo durante los Huracanes Irma y María, la impericia del DA en la importación de guineos comenzó a generar pérdidas de fondos públicos por el rechazo del producto por parte de las cadenas de supermercados y por un alza en el pago de penalidades porque los contenedores permanecían por más tiempo en las zonas portuarias sin ser inspeccionados.

Se estimaba que las pérdidas ya podrían ascender a cerca de $500,000. Mas adelante durante este proceso se supo que se llegaron a decomisar unos 40 furgones de guineos tirados a varios vertederos a un costo millonario en pérdidas al erario.

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Posible alza en primas de seguros para viviendas y condominios

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Por Miguel Díaz Román

La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) realiza un estudio actuarial para atemperar las tarifas que se utilizan para calcular el costo de las llamadas pólizas de seguro de “dwelling”, o pólizas para viviendas unifamiliares y las pólizas para condominios, la cuales no han sido revisadas desde 1999, según indicó el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega.

Adams Vega hizo el anuncio durante un foro celebrado la pasada semana por la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), en la que participaron representantes de la industria de reaseguro y quienes reclamaron una revisión de las tarifas vigentes para viviendas y condominios debido a que no representan adecuadamente los aumentos en el costo del reaseguro.

La póliza de seguro conocida como “dwelling” provee protección contra daños catastróficos que pueda enfrentar una vivienda como consecuencia de un huracán, un terremoto o un fuego. Los condominios son protegidos con seguros catastróficos de tipo comercial que también ofrecen protección contra los daños que pueda causar a la estructura un huracán, un terremoto o un fuego.

Fuentes de la industria de seguros anticipan que el estudio actuarial que realiza la OCS deberá concluir que es necesario aumentar las tarifas de la póliza “dwelling” y las tarifas para condominios debido a que ambas están reguladas por la OCS y no han sido revisadas por 25 años, lo que implica que no representan adecuadamente los aumentos que se han registrado en el valor de las propiedades.

Además, las tarifas no se han atemperado a los incrementos en el costo de los materiales de construcción y de mano de obra, que son indispensables para rehabilitar esas estructuras en caso de que ocurra unos de los riesgos catastróficos que comprenden esas pólizas de seguro.

Según fuentes de la industria de seguros, las tarifas para viviendas pueden ascender al 0.30 % del costo de reemplazo de la propiedad sin incluir el valor del terreno. En el caso de los condominios las tarifas pueden oscilar entre 45 % y 50 % del costo de reemplazo de la estructura.

Primas en alza

Si finalmente la OCS aumenta las tarifas, las primas del seguro catastrófico para todas las viviendas y apartamentos de condominios hipotecados con préstamos bancarios en Puerto Rico experimentarán un aumento.  

De hecho, los residentes de condominios ya han experimentado un incremento notable en las pólizas de seguro que ofrecen protección contra huracán, terremoto y fuego, debido a los aumentos en el costo del reaseguro que han enfrentado las aseguradoras.

A pesar del alza en los costos de reaseguro, las primas de “dwelling” para viviendas han permanecido inalteradas debido a la restricción que impone la regulación y en segundo lugar, a razones de estrategia de negocios, porque ninguna de las aseguradoras se han inclinado a modificar o aumentar la tarifa para no perder sus negocios con los bancos, que son las entidades que adquieren los seguros de “dwelling” para las hipotecas que venden.

A principios de la década del año 2,000 la OCS desreguló las tarifas de los condominios costeros en intento de facilitar que esas estructuras fueran aseguradas, pues tras el paso del huracán Georges, hubo renuencia de las aseguradoras y de los reaseguradores a suscribir riesgos en ese segmento del mercado por su exposición a altas pérdidas.

 Esta decisión permitió que determinadas aseguradoras locales pudieran ofrecer seguros catastróficos para esas estructuras. Además del mercado local, las juntas de condómines de  condominios costeros pueden adquirir sus seguros en las llamadas líneas excedentes, que son aseguradoras extranjeras, las cuales cobran elevadas primas.

Si revisar por 25 años

Debido a las limitaciones que imponen las tarifas reguladas en los condominios no costeros y al elevado costo del reaseguro, muchas aseguradoras locales se han abstenido de asegurar estas estructuras, lo que ha motivado que determinadas juntas de condómines busquen protección para sus estructuras en las  líneas excedentes.

En el citado foro celebrado la pasada semana por ACODESE, Walter Chaname, quien es el gerente general para América Latina y el Caribe de la empresa de reaseguro Allied World Re, clamó por una revisión de las tarifas, especialmente aquellas que rigen el mercado de seguros de viviendas en Puerto Rico porque “no han sido revisadas durante décadas”.

Sobre este aspecto, Jaime González Portilla, presidente de la Junta de Directores de ACODESE y presidente de la aseguradora Antilles Insurance Company, respaldó el estudio actuarial que realiza la OCS y se expresó a favor de un aumento en las tasas para residencias y para condominios comerciales, las cuales permanecen muy bajas debido a que están reguladas y no han sido revisadas durante 25 años.

González Portilla también favoreció que las tarifas sean desreguladas, de la misma manera como ya fueron desreguladas las tarifas de los condominios costeros.

“Son tasas de los años 80, que no dan para pagar el reaseguro catastrófico. Ya tenemos compañías fuera de Puerto Rico que están cobrando unas tasas mucho más altas que las tasas de manual de condominios no costeros, me refiero a las compañías de líneas excedentes. Nosotros no podemos hacerlo porque estamos regulados por esas tasas de manual de condominios no costeros. Esos condominios acaban buscando seguro fuera de Puerto Rico. Ese tema hay que atenderlo”, dijo González Portilla.

O suben las tasas o bajan las comisiones

Sobre este aspecto, Alexis Sánchez Géigel, presidente de Mapfre, sostuvo que es necesario aumentar las tarifas para que las aseguradoras puedan pagar sus contratos de reaseguro y garantizar una ganancia adecuada. Pero advirtió que ante un escenario que no considere un incremento de las tasas, será necesario reducir la comisión de los agentes y productores.

“Tiene que haber una situación en donde suben las tasas o bajen las comisiones. Pero no puede haber una situación donde el costo del reaseguro siga subiendo y nosotros seamos incapaces de trasladar ese costo al consumidor”, indicó el ejecutivo.

De hecho, según fuentes de la industria de seguros, uno de los asuntos espinosos que deberán atender los actuarios de la OCS es la llamada comisión de 25 % y la comisión contingente de 20 % que la reglamentación vigente permite que las aseguradoras paguen a las agencias generales de seguros, algunas de las cuales pertenecen a los bancos.

Comisiones de 15 % en Estados Unidos

Estas comisiones, que ascienden a 45 % del dólar prima, se pagan por la adquisición de seguros de “dwelling” que las agencias generales de los bancos realizan para cubrir los riesgos catastróficos de las viviendas que los bancos acceden a financiar con préstamos hipotecarios.

Según las fuentes, ante el incremento sustancial que ha experimentado el reaseguro que pagan las aseguradoras, la OCS podría considerar reducir la comisión de 45 % que reciben las agencias generales con el fin de garantizar la solvencia de las aseguradoras, que es una de las principales obligaciones del regulador.

La fuente agregó que la comisión por la suscripción de seguros catastróficos para viviendas en Estados Unidos es de 15 %.

De hecho, el pasado 13 de mayo el diario The New York Times (NYT) publicó una historia en la que se indica que en la medida que el cambio climático hace que los desastres sean más frecuentes y graves, la industria de seguros ha tenido que pagar reclamaciones por daños extraordinarios, lo que ha causado que esa industria se haya sucumbido a una crisis por la casi nula rentabilidad de los seguros de propiedad en ciertos estados.

Según la historia del NYT, los datos muestran que el seguro para propietarios de viviendas no fue rentable en 18 estados el año pasado, frente a ocho en 2013. La mayoría de esos estados se encuentran en el interior del país, afectados por severas tormentas y granizo en el medio oeste y el sureste, e incendios forestales en gran parte del oeste.

Amenaza a la economía

En respuesta a esas pérdidas, las aseguradoras aumentaron las primas, redujeron la cobertura y abandonaron clientes, e incluso se retiraron por completo de algunos estados.

Las pérdidas se han extendido más allá de los estados devastados por huracanes e incendios forestales, como Florida y California, y a lugares como Iowa, Arkansas, Ohio, Utah y Washington. Incluso en el noreste, donde los seguros para propietarios de viviendas todavía eran rentables en general el año pasado, las tendencias indican que la rentabilidad de ese mercado está empeorando.

El reportaje sostiene que “un mercado de seguros inestable amenaza a toda la economía. Sin seguro, los bancos no emitirán hipotecas; sin una hipoteca, la mayoría de la gente no puede comprar una casa. Con menos compradores, es probable que los valores inmobiliarios disminuyan, junto con los ingresos por impuestos a la propiedad, dejando a las comunidades con menos dinero para escuelas, policía y otros servicios básicos”.

La historia también establece que los estados están aprobando modificaciones a la reglamentación y diversas estrategias para mejorar la industria de seguros.

Entre esas estrategias figuran facilitar que las empresas aumenten las primas o alentar a los propietarios a que hagan sus casas más resistentes a los daños. No obstante, el reportaje indica que no está claro si alguna de esas estrategias está funcionando debido a que “los estadounidenses siguen desplazándose a zonas de alto riesgo y el cambio climático continúa empeorando”.

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Aseguradoras de salud pierden $585.5 millones en 2023

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Por Miguel Díaz Román

Las principales aseguradoras de seguros de salud del país enfrentaron pérdidas por $585.5 millones en 2023, en comparación con 2022, lo que representa una cifra sin precedentes que revela un cambio dramático en el desempeño de este importante componente de la industria de la salud en Puerto Rico.

Las pérdidas se han registrado tanto en las pólizas de salud del mercado privado, que son contratadas por empresas y por individuos, y en aquellas pólizas de salud financiadas con fondos federales tales como el plan del gobierno conocido como Plan Vital y el plan Medicare Advantage, que atiende a los trabajadores retirados de 65 años o más que pagaron el seguro social federal.  

La información surge del más reciente informe de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) sobre el comportamiento de la industria local de seguros en 2023.

De hecho, las masivas pérdidas por $585.5 millones en 2023, acontecen luego de que, en 2022, las aseguradoras de seguros de salud registraron una ganancia de $39.9 millones.

Las aseguradoras afectadas por las pérdidas en 2023 son MMM Healthcare LLC con $251,776 millones; Triple S Advantage Inc con $187,179 millones; Humana Health Plan of PR Inc con $63,856 millones; Plan de Salud Menonita Inc con $31,079 millones; Triple S Salud Inc con $27,495 millones; MCS Advantage Inc con $14,103 millones; First Medical Health Plan Inc con $9,884 millones y Ryder Health Plan Inc con una pérdida de $281,000.

La mayor parte de los resultados negativos se concentran entre las aseguradoras MMM Healthcare LLC, Triple S Advantage Inc, Humana Health Plan of PR Inc y el Plan de Salud Menonita Inc, quienes en conjunto acumularon en 2023 una pérdida ascendente a $533.8 millones.

Solo cinco aseguradoras o planes de salud arrojaron números positivos en 2023, quienes en conjunto registraron una ganancia de $7.7 millones.

Estas son MMM Multi Health LLC con $5,671 millones; Auxilio Salud Plus Inc con $882,000; Delta Dental of PR Inc con $780,000; Molina Health Care of PR Inc con $279,000 y Plan Médico Servicios de Salud con $107,000.

Primas inadecuadas

Fuentes de la industria de seguros de salud atribuyen el mal desempeño demostrado en 2023 a las primas inadecuadas que tiene en Puerto Rico el plan Medicare Advantage, en relación con las primas que reciben las aseguradoras en las Islas Vírgenes y en los estados de Estados Unidos.

Otro factor es el incremento desproporcionado en la utilización por eventos de salud imprevistos, como el efecto adverso de la influencia el pasado año, y los altos costos de los medicamentos, entre otros factores.

También se menciona el impacto de determinadas disposiciones de la ley federal The Affordable Care Act, conocida como el Obama Care, especialmente aquella que obliga a las aseguradoras de salud a devolver a los asegurados parte de la prima ante un escenario de baja utilización.

Reducción de beneficios y a los proveedores

De hecho, voces al tanto de las estrategias de las aseguradoras anticipan que el mal desempeño del 2023 causará inevitablemente una reducción en los beneficios para los asegurados y una inminente revisión de las tarifas de los proveedores con miras a aplicar una reducción.

El Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, sostuvo que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) ha estado monitoreando la solvencia del sector de la salud, pero no explicó las medidas o estrategias que podría emplear su oficina para enfrentar las masivas pérdidas que han enfrentado las aseguradoras de salud en 2023.

“Desde 2022 la OCS ha estado monitoreando la solvencia del sector de la salud a través de investigaciones especiales, evaluaciones anuales y trimestrales y otros mecanismos provistos por el Código de Seguros y sus reglamentos. Para el 2023 la OCS ha mantenido comunicación directa con los aseguradores de salud y se han implementado planes de acciones correctivas a varios de los aseguradores. Durante este año 2024 continuamos monitoreando de cerca la situación financiera de este sector”, dijo Adams Vega.

El ex administrador de la Administración de Servicios de Salud (ASES), Jorge Galva, sostuvo que las pérdidas informadas por la OCS “son altamente interesantes y ciertamente preocupantes para la salud del sistema de salud de Puerto Rico”.

“Yo nunca había visto números así, una pérdida acumulada para las aseguradoras que sirven a la Reforma (Plan Vital) y al plan Medicare Advantage. Jamás había visto algo así”, dijo Galva.

El exadministrador de ASES identificó varios factores que podrían explicar las pérdidas masivas, entre estos mencionó el acelerado envejecimiento de la población y la alta incidencia de enfermedades que se registra en la población envejeciente puertorriqueña.

Envejecientes más enfermos

“Nuestra población envejeciente tiene unas patologías más serias que la vemos en el continente. Nuestra población envejeciente está más enferma que el promedio de la población envejeciente de los Estados Unidos y eso tiene un efecto altamente dramático para las aseguradoras”, indicó.

Otro factor que pudo contribuir al incremento de las pérdidas fue la oferta de beneficios suplementarios “que no estaban relacionados con servicios estrictamente médicos, que las aseguradoras del plan Medicare Advantage estuvieron ofreciendo a los asegurados por medio de una competencia agresiva”.

Entre esos beneficios suplementarios, Galva mencionó el servicio de recorte del cabello para mascotas y el servicio para el recorte de la grama, los cuales se promovían junto con la cubierta de servicios médicos en las cuñas publicitarias de las aseguradoras que ofrecían el plan de salud Medicare Advantage.

Efectos de tres factores

“Esos planes de salud fueron tan agresivos (en las campañas publicitarias) y los costos asociados tan fuertes que cuando el secretario de Salud Federal, Xavier Becerra, examinó la situación dijo que los gastos en este rubro (en los beneficios suplementarios) estaba fuera de la norma de lo que vemos en los Estados Unidos. Sin tener la oportunidad de hacer una investigación más en profundidad te diré que estamos viendo los efectos de esos tres factores, el envejecimiento de la población, una población envejeciente más enferma y la expansión de ofertas de beneficios que no eran estrictamente médicos”, sostuvo.

Galva reconoció que primas inadecuadas que recibe en Puerto Rico en el plan Medicare Advantage es un factor de indudable peso para explicar el monto de las pérdidas. No obstante, Galva señaló que las aseguradoras sabían que las primas eran inadecuadas y, además, “ese no era un evento nuevo”.

“No es que Washington bajó los chavos, es que los chavos nunca habían subido. Cabe preguntarse qué clase de planificación financiera se hizo para cubrir los riesgos, a la luz de unos ingresos que claramente se había entendido que no eran suficientes. En una planificación financiera tenías que considerar que la posibilidad de que te subieran ese ingreso no era seguro, pero los gastos sí eran seguros”, dijo Galva.

El exadministrador de ASES explicó que la respuesta ante un déficit tan apabullante como el registrado en 2023, conducirá a las aseguradoras a introducir recortes a los beneficios que reciben los asegurados y una revisión de las tarifas de los proveedores, con el fin de aplicar una reducción.

Recortes ya comenzaron

“Yo tengo contacto con médicos en toda la isla y ya los recortes comenzaron. Están recibiendo cortes por aquí y cortes por allá. Es una consecuencia natural ante un déficit tan grande. Vas a recortar beneficios a tus asegurados y la compensación a tú cadena de proveedores y ya lo estamos viendo”, indicó.

El pasado mes de abril la Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage (MMAPA) había reconocido que para el año 2023 los planes de salud de Medicare Advantage en Puerto Rico experimentaron una pérdida de más de $500 millones. La pérdida fue señalada en los informes que requiere la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros.

Se erosiona capital de aseguradoras

En aquel momento MMAPA indicó que la renuencia de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid de aumentar las tarifas de Medicare Advantage (MA) que entrarán en vigor en el 2025, causará una mayor disparidad en las tarifas, lo que implicará una reducción en los fondos disponibles dirigidos a garantizar beneficios a los asegurados y el pago a los proveedores.

En recientes informes de la OCS se ha informado que la capacidad financiera de las aseguradoras de salud ha registrado una erosión, lo cual es un síntoma preocupante sobre la estabilidad del sistema de salud de Puerto Rico.

 Según el informe anual de 2022 de la OCS, el capital de las aseguradoras de salud se ha erosionado, en la medida que las primas suscritas registraron un incremento de 8 %, mientras que las reclamaciones pagadas aumentaron en 11 %. Según la OCS, para el 2022 el margen de ganancia de las aseguradoras de salud fue de 0.3 %. Entre capital y el sobrante, las aseguradoras de servicios de salud experimentaron una reducción de 4 % en el año 2022, al comparar los resultados de ese año con los del año 2021.

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ABUSO DE PODER

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Por Enrique Vázquez Quintana, MD

“There is no crueler tyranny than that which is exerted under the shadow of law and

within the color of justice”.

Baron Montesquieu

El 20 de junio de 2000 operé a una paciente que tenía un nódulo en el lóbulo izquierdo del tiroides y el calcio de la sangre elevado (hiperparatiroidismo). Como secuela de la operación resultó con el calcio bajo, una complicación inherente a ese tipo de operación ocurre en 3-5% de los casos y no tiene que ver con la experiencia del cirujano. 

Para ese tiempo yo había operado a más de 10,000 pacientes de tiroides y más de 750 de paratiroides. La paciente tenía depresión antes de la cirugía y se trataba con un psiquiatra. Depresión es uno de los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer. 

El esposo y la paciente me demandaron en el 2001 por el calcio bajo. El caso tardó diez años antes de llegar al Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan. Pasaron seis jueces y no se resolvió el caso. El caso llegó al TPI de San Juan en el 2011 y se decidió en el TPI el 28 de octubre de 2011. 

El esposo de la paciente testificó que su esposa estaba olvidadiza, que iba a quemar la casa, que maltrataba a los nietos cuando los visitaban, que no podía asistir a la iglesia pues olvidaba los himnos, que no podían ir a bailar o al casino, que la intimidad sexual era menos de una vez al mes, que la llevó al CDT de Levittown y le dijeron que padecía de Alzheimer y la comenzaron en Aricept y Namenda, medicamentos que se usan exclusivamente para tratar la enfermedad de Alzheimer.

Un perito norteamericano, otorrinolaringólogo testificó que el calcio bajo que resultó de mi operación le causó demencia a la paciente. Mi abogado le preguntó si tenía evidencia científica para respaldar su testimonio y respondió que no la tenía. No la tenía, pues no existe esa evidencia en la literatura médica. 

Mí perito un endocrinólogo graduado de la Escuela de Medicina UPR y adiestrado en Yale y con fondos de NIH testificó que una baja abrupta de calcio puede causar desorientación o pérdida de memoria transitoria, se le administra calcio y Vitamina D y los síntomas se corrigen y no dan lugar a demencia alguna. 

Esa es la realidad científica. El caso se decidió el 28 de octubre de 2011. La jueza del TPI me puso una multa de $280,000 a pagar al matrimonio y $284,000 por temeridad porque el caso tardó diez años desde la demanda hasta llegar al TPI, la ineficiencia del sistema me las cargó a mí. Durante el juicio el abogado demandante me preguntó si yo había demandado a una abogada.

Esa pregunta no era pertinente al caso, mi abogado no objetó por lo que contesté que había demandado a una abogada que colocó una demanda frívola en mi contra. Le gané la demanda, el tribunal dictaminó que me debía compensar por la cantidad de $184,000 por daños económicos y morales. Eso creó animosidad de la Juez Gloria M. Soto Burgos hacia mí persona. 

A la licenciada la suspendieron por tiempo indefinido de su práctica legal. Acudí al Tribunal Apelativo y en un documento plagado de errores; donde debía decir hipocalcemia (calcio bajo) dice hipercalcemia (calcio alto), al leer esa oración no se comprende su significado. Hasta el nombre de la paciente fue cambiado, en lugar de Isabel Montañez Ortiz escribieron Isabel Montañez Quintana, creando un híbrido o una quimera entre la paciente y su cirujano.

Ese tribunal ratificó al TPI y me impuso una multa de $6,000 alegando que la apelación era frívola. Esa sentencia fue radicada el 28 de septiembre de 2012. Acudí al Tribunal Supremo y en votación de 5 -4 los jueces del Tribunal Supremo sentenciaron que le causé demencia a la paciente, pero no era Alzheimer. 

Ese es un grado de sofisticación extraordinario pues ni los neurólogos poseen ese grado de experiencia. Votaron en mi contra la presidenta Liana Fiol Matta, Mayte Oronoz Rodríguez, Anabelle Rodríguez Rodríguez, Erick Kolthoff Caraballo y Roberto Feliberti Cintrón. Otros cuatro jueces disintieron, pero no escribieron su opinión. 

Ante ese atropello me deprimí, necesité antidepresivos y fui admitido en el hospital psiquiátrico Panamericano de Cidra, PR. En febrero de 2016. No conseguí un abogado que me representara por lo que por derecho propio demandé a siete jueces del sistema judicial local y al perito norteamericano en la Corte Federal de San Juan. El Juez Jay García Gregory desestimó el caso con perjuicio a favor del perito norteamericano, acudí al Tribunal Apelativo de Boston y éste nos envió a llegar a una transacción. 

Acudimos al Edifico Ochoa ante el Juez Charles Cordero y el norteamericano tuvo que aceptar indemnizarme por una cantidad confidencial pero inferior a los $170,000 que tuve que pagarle a Triple-S Seguros por el exceso de mi póliza. Luego el Juez García Gregory desestimó el caso a favor de un juez del apelativo local y luego desestimó el caso a favor de los otros seis jueces. 

Apelé al Tribunal Apelativo de Boston y luego de un largo tiempo, ese tribunal con una sola palabra “Affirmed”, ratificó las decisiones del juez García Gregory. Acudí entonces al Tribunal Supremo Federal, le asignaron número al caso, pero luego me indicaron que lo rechazaban. Sometí una “Petition of Rehearing” pero el 21 de agosto de 2022 el legal Clerk me informó que rechazaron ver el caso. 

Solo me resta el Tribunal Celestial para que se me haga justicia, pero aun esa fecha no ha sido decidida. La abogada se negó a pagar la multa y fue restituida mintiéndole al Tribunal Supremo. Su restitución es una charada. Le reclamé por carta sobre esa irregularidad a la jueza presidenta Maite Oronoz, pero como a los jueces no se le puede escribir un ayudante me comunicó que la restitución de la Lcda. Gladys E. Guemarez Santiago era final y firme. 

Podemos pensar que si ese es el tipo de abogada que la Administración de la Hon. Juez Oronoz permite que practique en nuestro país, Puerto Rico no tiene remedio desde el aspecto judicial, está destinado al fracaso. 

La decisión del Tribunal Supremo que concluye que este servidor le causó demencia a una paciente es una Sentencia Maquiavélica ya que no acumula jurisprudencia, no es una opinión. Está hecha exclusivamente para mí, yo soy el único cirujano en el planeta que causa demencia en operaciones. Eso es una aberración judicial, equivalente a prevaricación en el sistema legal napoleónico. Eso es un fracaso de la justicia. 

El Tribunal Supremo convirtió una mentira científica a una verdad jurídica por medio de una aberración judicial. La madre de la juez Anabelle Rodríguez Rodríguez falleció en el 2012, a la edad 84 de la enfermedad de Alzheimer. 

En un cuerpo colegiado la Jueza Rodríguez Rodríguez estaba moral, ética y legalmente obligada a orientar a los otros miembros del Tribunal sobre esa enfermedad. Hizo todo lo contrario emitió su voto en mi contra sentenciando que este servidor le causó demencia a una paciente. 

Existe una relación genética o hereditaria que se está investigando en el presente. Los tres tribunales de justicia de Puerto Rico se ensañaron en mi contra imponiéndome castigos extraordinarios que violan el Artículo 8 de la Constitución norteamericana. El Tribunal Supremo me ha convertido en el hazmerreír de la profesión médica y de todo Puerto Rico. 

Durante mi vida profesional operé a abogados, jueces, juezas, esposa de jueces, esposas de abogados nunca rechacé tratar médicamente a esos profesionales. Pero hoy un abogado, Luis F. Abreu Elías a quien operé varios años atrás me envió un mensaje electrónico en el que me dice: “Engancha los guantes ya con lo del Alzheimer, lograste un milagro, causaste un Alzheimer, imposible. Solo Dios tiene ese poder. Adiós, Dios Vázquez Quintana, o hasta luego”.

En el plano personal: mi primera esposa y madre de seis hijos falleció de Alzheimer tras once años de enfermedad. Mi segunda esposa padece de los primeros síntomas de la enfermedad de Alzheimer y en su locura me dice que yo le produje el Alzheimer.

Encima de esa tragedia familiar, el Tribunal Supremo me estruja en la cabeza que yo le causé una demencia a una de mis pacientes. MAKTUB, es una palabra árabe que significa, Escrito Está. Cualquiera que fuera mi esposa ella padecería de Alzheimer, pero la alevosía del Tribunal Supremo no puedo comprenderla, ni siquiera la sospeché.

Todavía me pregunto, ¿Cuál fue el daño que le causé a la judicatura del país, para merecer este castigo? La que puedo pensar es que los abogados ni los jueces pueden concebir que un médico prevalezca en una demanda en contra de una abogada o abogado. Les pregunto a los honorables jueces, ¿Cuántos médicos le han ganado una demanda a un abogado o abogada? 

Creo que he sido el único y lo he pagado con creces. En el No Ha Lugar del Tribunal Supremo del 12 de marzo de 2024 se menciona solo cuatro jueces y una, la Hon. jueza Pabón Charneco, no participó, siendo consistente en su evaluación ya que disintió en el 2015. 

Este documento confirma el comportamiento de cofradía de la judicatura del país. Votaron a favor del No Ha Lugar la juez presidenta Maite Oronoz, consistente con su votación del 2015 que le causé demencia a una paciente. Sin embargo, el Hon. Luis Estrella Martínez disintió en el 2015 y ahora rehúsa ver el caso y corregir un error garrafal de sus colegas. 

Igualmente, el Hon. Juez Rivera García disintió en el 2015 y al presente rehúsa corregir el error de sus colegas. En el No Ha Lugar a la Primera moción de Reconsideración votaron otros cuatro jueces. Preside el grupo el juez Martínez Torres quien disintió en la sentencia de diciembre de 2015. Los jueces Kolthoff Caraballo y Feliberti Cintrón son consistente en su votación para continuar atropellándome. 

El Juez Colón Pérez no estaba en el Tribunal Supremo en el 2015, pero ahora se une como otro sabio en la medicina. La discrepancia en las decisiones de los jueces confirma la cofradía de estos. Los jueces del Tribunal Supremo se turnan en sus decisiones para continuar el atropello y humillación en mi contra. 

Los jueces del Tribunal Supremo continúan abusando de su poder en contra de un ciudadano que le ha servido bien a su pueblo. Pasé 40 años de mi vida en la Escuela de Medicina de la UPR educando a estudiantes de medicina y cirujanos generales. Serví en el ejército incluyendo una estadía en la República de Vietnam donde adquirí unas cuantas enfermedades por exposición al Agente Naranja.

Algunos de ustedes patriotas, no fueron ni cobitos. Entiendo que ustedes están padeciendo del síndrome de hubris, un trastorno psiquiátrico caracterizado por arrogancia, soberbia y prepotencia. Pero esa enfermedad se cura a edad 70, a su retiro, hasta dejan de ser honorables. Pretenden por casos estatutarios decir que tienen inmunidad, impunidad e infalibilidad. La constitución dice que todos somos iguales ante la ley, menos los jueces. 

La Asociación de la Judicatura Puertorriqueña tiene unos reglamentos secretos, su presidente se dedica a defender a los jueces en los programas radiales y televisivos. El exjuez Antonio S. Negrón García indicó en una ocasión en el caso Feliciano Rosado v Matos Jr : “Se descarta la inmunidad absoluta y se establece la inmunidad parcial, nadie, ni los jueces están por encima del imperio de la ley”. 

Pero lo más terrible es que los abogados le tienen terror a los jueces. El Papa Francisco decretó que durante el mes de mayo de 2013 se rezase para—“Quienes administren la justicia actúen siempre con integridad y recta conciencia”. El dedicar un mes para rezar por la integridad moral y la recta conciencia de los jueces no puede pasar desapercibido, particularmente porque esas intenciones no se refieren a la función de otros servidores del estado.

Ya el profesor Erwin Chemerinsky había acuñado el término “Juridocrasia”, sinónimo de “cofradía”. Con un escueto No Ha Lugar el Tribunal Supremo se niega a corregir su error. Las sentencias del Tribunal Supremo de Puerto Rico no están escritas en piedra. El Tribunal Supremo Federal ha anulado 241 decisiones del propio tribunal desde el 1837 hasta el 2020. El último fue Roe v Wade. 

En la Corte Federal de San Juan hay historial de revocación de sentencias. En 1969 los estudiantes del Recinto de Río Piedras protestaron en contra del ROTC y el servicio militar obligatorio. El Estudiante Edwin Feliciano Grafals fue acusado por rehusar inscribirse en el servicio militar y fue llevado ante el Juez Hiram R. Cancio Vilella quien le impuso una sentencia de un año en prisión. 

Los abogados del estudiante Feliciano Grafals apelaron al Primer Circuito de Boston. El Juez Cancio Vilella solicitó autorización para reconsiderar su propia sentencia. El Juez Cancio Anuló su sentencia, le impuso una hora de cárcel y cerró el caso. El juez Cancio tuvo la valentía para revocar su propia decisión que no contenía error alguno de su parte. Una actuación similar de parte de esta Corte Suprema sería más que honorable. 

Este Tribunal Supremo le impuso una sentencia equivocada sobre los hombros a este servidor que solo siguió la mejor práctica de la medicina. Esa sentencia es contraria a los conocimientos científicos actuales. La revocación de esa sentencia ante la ciudadanía proveería un aumento en la admiración y respeto para nuestro más alto tribunal.

Cuando esta historia concluya tendré que decir como dijo el criminal Cool Hand Luke en la película al guardia antes de su ejecución—“Lo que aquí hemos tenido es una falta de comunicación”. Eso es así pues lo que me hizo el Tribunal Supremo fue una ejecución, no física pero moral, emocional y económica. 

La sentencia del Tribunal Supremo en mi contra pertenece a un Lugar de la Fama de la Injusticia. Cuando la ley falla, todos perdemos. La Junta de Licenciatura y Disciplinas Médicas es el experto en medicina, es la rama del Ejecutivo, del secretario de Salud que le otorga la licencia a los médicos, evalúa su comportamiento, los multa o los remueve de la práctica de la medicina. 

La Junta de Licenciatura y Disciplinas Médicas evaluó mi actuación y emitió una Resolución, número 2023-70, en abril de 2023 en la que me exonera de toda culpa en el manejo de la paciente en cuestión. 

Pero ustedes honorables jueces pretenden saber más medicina que los médicos, pero lo increíble es que no conocen nada de la medicina. Según ustedes claman deferencia en el asunto del aumento de sueldo a la judicatura, la rama Ejecutiva merece la misma deferencia de parte de los honorables jueces del sistema judicial del país.

La Doctrina Chevron (Caso Chevron v Natural Resources Defense Council 467 US 837, 1984) los tribunales de justicia les otorgan una gran deferencia a las autoridades del ejecutivo como EPA, OSHA, CDC y otras para regular y aplicar las medidas sobre ambiente, seguridad en el lugar de empleo, salud y otras. La JLDM evaluó mi caso como por ley se requiere y concluyó que este servidor actuó correctamente conforme a los estándares médicos y éticos aplicables. La actuación del Tribunal Supremo no tiene sentido. 

Esta negativa por parte de los tribunales a considerar la evidencia presentada, en favor de mantener una sentencia que contradice la práctica médica establecida, constituye una violación del derecho a un juicio justo y equitativo. Además, al desestimar la importancia de la documentación proporcionada por la Junta de Licenciatura y Disciplinas Médicas, se está ignorando el derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación, mi derecho al debido proceso de ley, la protección de mi reputación y dignidad profesional, ya que se trata de una entidad equivalente al Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo incurrió en el delito de prevaricación. Prevaricación ocurre cuando un tribunal dicta una sentencia o resolución a sabiendas de que dicha sentencia es injusta o contraria a la ley. Esa decisión equivale al incumplimiento de la ley y es una expresión de abuso de poder por parte de la autoridad judicial. 

En PR no existe el delito de prevaricación, pero existe perjurio, abuso de poder y el Artículo 1802. Estoy en una situación de indefensión y humillación ante esa sentencia de nuestro Tribunal Supremo. Solicito que el Honorable Tribunal Supremo anule mi sentencia del 18 de diciembre de 2015 por ser una aberración judicial, un abuso de poder y un fracaso de la justicia.

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INFORME SEMANAL- 17 DE MAYO DE 2024

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Esta semana en Informe Semanal conversamos con el licenciado Francisco Colón Ramírez, quien es el abogado de una ciudadana que demandó a la Cooperativa de Seguros Múltiples porque, alegadamente, la aseguradora le aplicó una depreciación a unas piezas para reparar su vehículo averiado. El Tribunal de Primera Instancia de San Juan le ordenó a la Cooperativa presentar evidencia sobre que la depreciación es legal. Este caso tiene el potencial de convertirse en uno de clase.

Además, con el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, hablamos sobre unas declaraciones del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quien sotuvo que no cree en el cambio climático. En otra expresión el funcionario dijo que la agricultura experimenta una supuesta transformación, lo cual no es cierto.

El economista José Alameda hablará sobre Singapur y si es un modelo a seguir para Puerto Rico. Alameda tambien hablará de las naciones con altos niveles de desarrollo humano.

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Tribunal ordena a la Cooperativa de Seguros Múltiples establecer legalidad de la depreciación en piezas

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Por Miguel Díaz Román

En una decisión que podría ser el inicio de un pleito de clase contra las aseguradoras de automóviles en Puerto Rico, el Tribunal Superior de San Juan determinó que le corresponde a la Cooperativa de Seguros Múltiples (CSM) establecer la legalidad de la aplicación de un descuento por depreciación en las piezas de automóviles relacionada con una reclamación de pérdida parcial y presentar la razonabilidad del método utilizado para calcular la depreciación y los fundamentos para aplicar dicho descuento.

El fallo, emitido el pasado 30 de abril por la jueza Iris Cancio González, surge de una demanda radicada por la ciudadana Lynette Rodríguez Flores contra la CSM por el alegado uso no autorizado de la depreciación para reducir el monto a pagar por una reclamación.

En su resolución la jueza Cancio González instruyó a la parte demandante para “avalarse de los mecanismos de descubrimiento de prueba para obtener aquella evidencia necesaria para poner al Tribunal en condiciones de evaluar si se cumplen los requisitos de la Regla 20.1 para certificar un pleito como uno de clase”.

“Le corresponde a la CSM el peso de establecer la legalidad de la aplicación de un descuento por depreciación en una reclamación de pérdida parcial, la razonabilidad del método utilizado para calcular la depreciación, y la base fáctica para aplicar dicho descuento. Para ello, tendrá su día en la corte”, sostuvo la jueza en su resolución.

Del documento también se desprende que la jueza pautó para el próximo 4 de septiembre de 2024 una conferencia entre las partes para examinar el estado del caso.

Los detalles sobre la determinación de la jueza Cancio González fueron difundidos por un comunicado de prensa que produjo el bufete 1-800-LAW-FIRM, que participa a favor de la parte demandante.

Según los hechos narrados en la decisión del Tribunal, el vehículo de la demandante, que estaba asegurado por su póliza de la CSM, resultó averiado en un accidente en octubre de 2020, tras lo cual la aseguradora estimó los costos de reparación en $4,544.07.

Depreciación de 20 %

Pero del desglose de pagos presentado por la ajustadora de CSM, Ana Bauzá Rosas, surge que al costo neto de piezas necesarias para reparar el vehículo se le aplicó un “descuento” de 25%, una depreciación por 30%, y el deducible de $250, establecido en la póliza, lo redujo el monto a pagar por la reclamación a $3,859.15.

Luego, el esposo de Rodríguez Flores, el señor Richard Dunnam, cuestionó el uso de la depreciación y adujo que era incorrecto. Como resultado de esa queja la CSM determinó que la depreciación aplicable era de 20 % y no 30 %. Finalmente, al aplicar la depreciación de un 20% la CSM restó $681.61 y determinó que el pago neto debía ascender a $4,199.96.

No obstante, según la narración que surge de la decisión de la jueza Cancio González, en la póliza emitida a favor de la demandante por la CSM no se establece que se aplicará una depreciación por el costo de las piezas para reparar el vehículo en caso de un accidente y mucho menos indica cómo se calculará esa depreciación.

Si está establecido en la póliza que se utilizará el mecanismo de la depreciación ante un escenario en que el automóvil se declare pérdida total.

Tribunal rechaza alegatos de la OCS

De la resolución emitida por la jueza Cancio González se desprende que el Tribunal rechazó los argumentos de CSM sobre que las deducciones por depreciación habían sido autorizadas por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), lo que representa un evento singular en este caso.

La OCS es el regulador de la industria de seguros y la entidad del gobierno que tradicionalmente los tribunales le han reconocido discreción absoluta en los asuntos de seguros. En este caso el Tribunal rechazó el alegado aval realizado por la OCS a favor del uso de la depreciación de piezas.

El Tribunal también rechazó las afirmaciones de CSM sobre que la demandante había liberado a la aseguradora de cualquier pago adicional al aceptar el pago reducido o pago en finiquito, que finalmente se emitió por la reclamación.

“La demandante argumenta que la CSM no puede impedirle de cuestionar la legalidad del descuento por alegada depreciación bajo una alegada defensa de pago en finiquito, sin primero se adjudique si el descuento era lícito o no. Le asiste la razón. Si el Tribunal en su día concluye que el descuento por alegada depreciación que le practicó a la reclamación de la demandante no es lícito, ello necesariamente significaría que la CSM violó el citado artículo 4(b) de la Regla 47 y las secciones pertinentes del Código de Seguros. De ser así, CSM carecería de manos limpias para invocar la defensa de pago en finiquito (y además la conclusión hipotética significaría que no hubo disputa de buena fue u oferta de pago de buena fe, lo cual también impide aplicar la doctrina)”, sostuvo la jueza como argumento previo para luego rechazar una moción de sentencia sumaria presentada por la CSM para lograr el fin del pleito.

CSM pide reconsideración

Ayer el presidente de la CSM, Yamil García Díaz, emitió un breve comunicado de prensa en el que reveló que los abogados de la aseguradora presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia una moción de reconsideración.

“Durante el día de hoy (ayer) se publicó noticia expresando que el 30 de abril de 2024 el Tribunal determinó que la CSM debe explicar la razonabilidad del método utilizado para calcular la depreciación en piezas de autos. Es importante aclarar que esta expresión se toma de una resolución emitida por el tribunal como parte del trámite procesal del caso, el cual todavía está en sus etapas iniciales. Ayer, la CSM radicó una moción de reconsideración presentando al tribunal nuestra posición al respecto. Estamos a la espera de la decisión del Tribunal”, indicó García Díaz.

“En la CSM nos hemos distinguido por llevar a cabo el proceso de ajuste de reclamaciones enmarcado en pagos justos y razonables a nuestros asegurados y reclamantes, cumpliendo con la ley y los términos de la póliza de seguros. Como empresa de ley y orden comprometida con nuestros asegurados, nuestra prioridad es hacer las cosas correctamente, como siempre lo hemos hecho. Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la seriedad en la atención de este asunto”, señaló el principal ejecutivo de la CSM.

Abogado alega esquema fraudulento

En el comunicado de prensa emitido por el bufete 1-800-LAW-FIRM, se indica que el abogado Ari Kresch señaló que “numerosos proveedores de seguros en Puerto Rico ejercitan prácticas comerciales similares, las cuales son ilegales y engañosas con respecto a sus asegurados de automóviles”.

Según el comunicado de prensa, los bufetes 1-800-LAW-FIRM, Colón Ramírez LLC y DiCello Levitt LLP, tienen la intención de litigar casos contra la CSM y contra “cualquier otra compañía de seguros que participe en este presunto esquema fraudulento”.

“Este tipo de conducta escandalosa debe eliminarse de cualquier proceso de reclamación de seguros en Puerto Rico. Las reclamaciones en la jurisdicción de los Estados Unidos no están sujetas a depreciación reducida a menos que el automóvil se declare pérdida total. Si bien las reglamentaciones de seguros en Puerto Rico son similares y solo permiten una deducción por depreciación cuando el vehículo se declara pérdida total, la mayoría de las aseguradoras no se ajustan a esas”, concluyó Kresch.

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Persisten los retos para los reaseguradores en Puerto Rico

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Por Miguel Díaz Román

El cambio climático en el entorno mundial y su efecto en las pérdidas de las aseguradoras, los inevitables incrementos en las primas, el impacto de la inflación incipiente, la necesaria revisión de determinadas tarifas y la incertidumbre que generan los cambios que se proponen a la reglamentación que rige la industria de seguros fueron los temas dominantes durante un foro patrocinado por la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE).

De hecho, la variedad de temas discutidos en el foro Retos de la Industria de Seguros de Propiedad y Contingencia 2024, que fue celebrado el pasado martes en el hotel Vanderbilt en San Juan, apuntan a que aún los reaseguradores enfrentan en el mercado local una serie de retos que se deberán superar para garantizar que las aseguradoras que operan en Puerto Rico continúen teniendo acceso al indispensable reaseguro.

Un tema reiterado por los representantes de los principales reaseguradores que atienden el mercado de seguros puertorriqueño, quienes participaron en el foro, es que el capital del mercado reasegurador se mueve hacia aquellos lugares que garanticen un retorno adecuado a los inversionistas de estas empresas.

Una advertencia que no solo comprende la necesidad de mantener en el país una economía estable y en crecimiento, sino que advierte sobre los peligros que implica trastocar la reglamentación que rige la industria de seguros.

“¡Es un suicidio!”, exclamó en el foro Walter Chaname, quien es el vicepresidente y gerente general para América Latina y el Caribe de la empresa de reaseguro Allied World Re, sobre la posibilidad de que la reglamentación de la industria local de seguros sea intervenida hasta producir una atmósfera de incertidumbre que impida a los reaseguradores obtener en Puerto Rico los retornos esperados.

De hecho, las expresiones de Chaname constituyen una advertencia explícita sobre la determinación de los reaseguradores de abandonar aquellos mercados que no garanticen ganancias adecuadas.

Además, las expresiones de Chaname fueron realizadas en obvia referencia al Proyecto de la Cámara 1533, el cual concede a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), el poder adjudicar el monto de una reclamación de propiedad en controversia.

Reaseguro es el sostén del sistema financiero

Aunque el PC 1533 se encuentra neutralizado, actualmente la legislatura considera el Proyecto del Senado 1349, que otorga a la OCS el poder adjudicar el monto de las reclamaciones presentadas por los proveedores de salud, lo que demuestra que sigue latente la inclinación a favor de modificar la reglamentación de seguros para que el regulador pueda ordenar el monto que una aseguradora debe pagar por una reclamación.

Tanto el PC 1533 como el PS 1349 han sido respaldados por el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega.

“Esto es bien preocupante porque el sector reasegurador es el sostén del sistema financiero y sin una póliza no hay un financiamiento y sin financiamiento no hay actividad económica”, dijo Alexis Sánchez Géigel, quien es el presidente de la aseguradora Mapfre y quien integró un panel de presidentes de aseguradoras que reaccionó a los planteamientos de los reaseguradores.

El ejecutivo favoreció mantener dominio sobre aquellos elementos que “nosotros podemos controlar y que pueden crear incertidumbre”.

Se protegen más a los asegurados

“Lo que podemos hacer es tratar de evitar las cosas que crean incertidumbre que están en el control nuestro y una regulación que promueva certeza y que las pólizas de interpreten de manera clara y precisa para evitar actos ilegales innecesarios y también decisiones que no van cónsono con lo que originalmente se pactó. El capital reasegurador se mueve. Puerto Rico depende altamente del capital del reaseguro y si mañana la economía no tiene la capacidad de pagar el retorno que están buscando los reaseguradores, ese capital se moverá fuera de Puerto Rico”, dijo Sánchez Géigel.

De hecho, el presidente de Mapfre sostuvo que las medidas y la reglamentación aprobada en los pasados años ha tenido como objetivo proteger más a los asegurados, mientras que la realidad es que las insolvencias de las aseguradoras Integrand y Real Legacy ha sido el evento que más ha afectado a los asegurados del país.

“La insolvencia de las aseguradoras Integrand y Real Legacy ha costado $370 millones a los asegurados. Señores, las regulaciones que se hicieron no van a ayudar en eso. Y si la reglamentación no protege al sector financiero, las aseguradoras vamos a tener problemas en un evento de mayor capacidad de lo que fue (el huracán) María”, sentenció Sánchez Géigel ante una concurrencia que se mantuvo expectante y en tenso silencio.  

Insolvencias con repercusiones

Sostuvo que la insolvencia de Integrand y Real Legacy no solo ha afectado a sus asegurados, sino que la Asociación de Garantía obligó a las aseguradoras a realizar una derrama de $26 millones, la cual han pagado todos los consumidores de seguros a través de las primas que pagan para sus seguros.

Otro tema recurrente en el foro es que los recientes incrementos en el reaseguro, que eventualmente repercuten en un alza de las primas a nivel del consumidor, es el resultado del aumento en las pérdidas en el ámbito mundial causadas, en gran parte de los casos, por los efectos del cambio climático.

Aunque se trabaja para crear herramientas que permitan predecir con mayor certeza y rapidez los efectos del cambio climático, lo que sí se sabe es que los efectos catastróficos de este fenómeno son impredecibles y continuarán generando pérdidas y posibles alzas en el reaseguro.

El pasado año en Puerto Rico se registraron alzas de hasta 40 % y aunque este año los aumentos oscilaron entre 5 % y 10 %, no se descartan nuevos incrementos en el futuro.

En ese contexto, los reaseguradores exhortaron a la industria local de seguros a mejorar las tarifas y “cobrar lo que se tiene que cobrar”, realizar una adecuada suscripción de los riesgos y atender los términos y condiciones que se establecen en los contratos de seguro para garantizar la viabilidad económica del negocio.

Persisten las tasas bajas

De hecho, Chaname clamó por una revisión de las tasas o tarifas, especialmente aquellas que rigen el mercado de seguros de viviendas en Puerto Rico, las cuales no han sido revisadas durante décadas.

Sobre este aspecto, Jaime González Portilla, presidente de la Junta de Directores de ACODESE y presidente de la aseguradora Antilles Insurance Company, indicó que aunque se ha realizado un aumento en las tasas comerciales después de huracán María, aún persisten tasas bajas que requieren revisión como lo son las tasas de líneas personales para residencias y para los condominios no costeros. González Portilla dijo que ambas tasas están reguladas y no han sido revisadas durante 25 años.

El ejecutivo favoreció que estas tarifas sean desreguladas, de la misma manera como ya fueron desreguladas las tarifas de los condominios costeros.

“Son tasas de los años 80, que no dan para pagar el reaseguro catastrófico. Ya tenemos compañías fuera de Puerto Rico que están cobrando unas tasas mucho más altas que las tasas de manual de condominios no costeros, me refiero a las compañías de líneas excedentes. Nosotros no podemos hacerlo porque estamos regulados por esas tasas de manual de condominios no costeros. Esos condominios acaban buscando seguro fuera de Puerto Rico. Ese tema hay que atenderlo”, dijo González Portilla.

Sobre este aspecto, Sánchez Géigel sostuvo que es necesario aumentar las tasas para que las aseguradoras puedan pagar sus contratos de reaseguro y garantizar una ganancia adecuada. Pero advirtió que ante un escenario que no considere un incremento de las tasas, será necesario reducir la comisión de los agentes y productores.

“Tiene que haber una situación en donde suben las tasas o bajen las comisiones. Pero no puede haber una situación donde el costo del reaseguro siga subiendo y nosotros seamos incapaces de trasladar ese costo al consumidor”, indicó el ejecutivo.

Otro tema discutido en el foro fue el impacto que podrían tener la ocurrencia de un evento catastrófico mayor que provoque severas pérdidas en propiedades cuyos valores no han sido revisados.

Penalidad por falta de valorización 

Según planteó Ricardo Benítez, quien es el vicepresidente de One Alliance Insurance Corporation, esta situación podría causar la imposición de penalidades como pagar esas reclamaciones en la modalidad de valor real en efectivo y no en la modalidad de costo de reemplazo, porque las pólizas de esas propiedades no tenían los límites adecuados. La modalidad de valor real en efectivo supone definir el costo de reemplazo de la propiedad y aplicar una depreciación.

“Es necesaria una revisión de valores en líneas personales. En los pasados tres años los costos de construcción han aumentado en un 30 %. La pregunta básica que nos hacemos es si los valores de mi cartera de líneas personales han aumentado un 20 %, 25 % o 30 %”, planteó Benítez.

La inflación fue otro tema recurrente y preocupante que salió a relucir en el foro, debido a que el alza en los costos de reconstrucción puede tener un efecto adverso en los asegurados que no han revisado el valor de sus propiedades. 

Inflación afecta costo de reconstrucción

De hecho, Janine Seifert Espinosa, quien es la directora de suscripción para Latinoamérica y el Caribe y jefa de mercado de la reaseguradora Swiss R, indicó que, aunque se realicen esfuerzos para controlar la inflación, los precios seguirán subiendo, lo que surtirá efecto en los esfuerzos de reconstrucción luego de una catástrofe.

Sobre este ángulo Sánchez Géigel advirtió que, si ocurriera un evento similar al huracán María, el monto de pérdidas a pagar por las aseguradoras sería superior a los pagado tras María debido al efecto inflacionario en el costo de reconstrucción y a la falta del mano de obra, por lo que era necesario aumentar las primas.

“Lo que antes costaba $1 ahora cuesta $1.50 y si es que se consigue el personal para hacer la construcción, y eso crea un problema de manejo de reclamaciones en caso de otra catástrofe”, sostuvo.

González Portilla alertó que los modelos que establecen la llamada “pérdida máxima probable”, no estiman los peligros que encara una aseguradora con numerosos condominios en su cartera. El ejecutivo señaló que una aseguradora local que no identificó, tiene 1,200 condominios en su cartera, lo cual podría causar otra insolvencia si ocurriera un evento catastrófico grave.

El panel de presidentes de aseguradoras también coincidió en que la OCS debe flexibilizar el uso de la Reserva Catastrófica con el fin de que las aseguradoras la pueden utilizar de manera rápida para cumplir sus compromisos con los asegurados. La Reserva Catastrófica se creó para reducir la dependencia del reaseguro y evitar los aumentos de prima luego de un evento catastrófico.

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¿Cuál es la utilidad de un administrador cuando el estudiante no sabe leer ni escribir? 

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Por doctor Edgar León

Recientemente fuimos testigos de la ignorancia que tienen los candidatos a primarias para la gobernación. Ninguno de los candidatos se ha dado cuenta que el problema del desastre del sistema publica educativo no es por causa de la falta administración ni de moverla más cerca en una oficina regional.

Recordemos que los administradores no enseñan nada y cada vez se necesitan menos, porque la Inteligencia Artificial puede llevar a cabo esa función más rápido y sin errores o favoritismos políticos.

El problema primordial de la educación pública en la isla es que los niños no aprenden nada y están aburridos del método de enseñanza forzado de forma dictatorial desde un sistema central infectado con la política partidista y funcionarios analfabetas que cometen negligencias todos los días en contra de los estudiantes.

Solo hay que preguntarles a los niños y no a la secretaria de educación por las condiciones del sistema.

Hay que preguntarle a los que reciben el servicio para que puedan decir lo que sienten estar presos en una escuela, con calor, con material que no es relevante y con maestros que se sienten desmotivados por el maltrato institucional que reciben a diario.

Tenemos que tener claro que para aprender hacen falta maestros y no un reguero de administradores de confianza. Preguntamos: ¿De qué nos sirve un administrador cuando el estudiante no sabe leer ni escribir?

¿Porque se la pagan cientos de miles a los administradores y a los maestros que son los que están a cargo de cambiar al estudiante y ayudarlo se le dan migajas y se mantiene como transitorio para tenerlo con la bota al cuello y en silencio?

Tampoco se debe continuar gastando millones en subcontratos a las agencias públicas y privadas para dar tutorías. Si se le permite al maestro enseñar con un currículo apropiado y relevante a sus estudiantes, no hacen falta tutorías y centros de cuido por las tardes.

Como solución a esta condición educativa que sigue creando analfabetas, hay que hacer una ley que no se pase de grado a nadie que no tenga las destrezas de lectura y escritura.

Al maestro y director que mienta y le regala una nota al estudiante para pasarlo de grado sin saber nada estaría cometiendo un delito de fraude al gobierno con pena de cárcel y multas. Esto ocurre todos los años y todos son cómplices de la mentira triste que afecta a nuestros niños.

Hay que eliminar la oficina central y las regionales para que el dinero llegue directamente a las escuelas con el fin de contratar maestros, maestros y más maestros. El resto de la gente no enseña nada. Por lo menos tres maestros en cada salón de la escuela elemental para enseñar a leer, escribir y computar de manera correcta. Los salones deben ser talleres donde se aprenda haciendo proyectos.

Hay que tener miles de libros, revistas y periódicos disponibles en cada salón escolar para que los maestros y estudiantes puedan leer a todo momento.

 Hay que eliminar el contrato millonario a las agencias privadas a cargo de proveer internet en las escuelas porque la señal de internet es pésima y la conectividad es cada día peor según los maestros que ofrecen pruebas virtuales.

La tecnología necesaria en las escuelas no les ofrece la oportunidad a los estudiantes de aprender con la computadora porque el sistema actual no sirve.

Por lo tanto, hay que eliminar el sistema actual en la ORE y OSIAT para darle esa función a la escuela de forma directa con el fin de que compre las computadoras, compre el mantenimiento y administre la internet de forma local con sus maestros.

No hacen falta más comités de consulta, ni políticos dirigiendo la parte educativa. Eso lo hacen los maestros que fueron a estudiar a la Universidad para aprender cómo enseñar y aun así no los dejan y le interrumpen las clases con actividades mundanas sin relevancia educativa todos los días.

Los políticos ignoran que al educar forjamos gente productiva en la sociedad y que el maestro es una pieza importante en el desarrollo de un país.

Si desean descentralizar la educación de Puerto Rico hay que cerrar el sistema central y regional que se come la mayoría del dinero con puestos administrativos y contratos externos, promoviendo la producción de analfabetas funcionales.

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Rechazan OCS posea poder sumario para resolver disputas de proveedores

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Por Miguel Díaz Román

La industria de seguros ha hecho sonar las alarmas ante un proyecto de ley que le concede a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) el poder de adjudicar de manera sumaria y expedita el pago de facturas a los proveedores de servicios de salud que no hayan logrado superar con una determinación final, el periodo de reconciliación de diferencias relacionada con una reclamación.  

Una de las disposiciones más polémicas de la medida es que la OCS podrá determinar el monto a pagar por una reclamación mientras conserva su posición privilegiada de regulador, lo que convierte a esa oficina en juez y parte en una controversia, según ha sostenido la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE).

La medida, el Proyecto del Senado 1349, fue radicada por el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y por el senador Ramón Ruiz Nieves, el 13 de octubre de 2023.

El PS 1349 dispone que la OCS deberá adjudicar una controversia sobre una cuantía de pago por medio de un procedimiento sumario, que es un proceso rápido que debería prescindir de algunas formalidades del juicio ordinario.

Otro aspecto controvertible de la medida es que establece que la parte insatisfecha con una decisión de la OCS tendrán 10 días para solicitar una revisión ante el Tribunal de Primera Instancia. La medida también establece que en 10 días se podrá solicitar en el Tribunal Apelativo una revisión de las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia.

Además, el proyecto ordena al Tribunal Apelativo y al Tribunal Supremo resolver en 10 días los recursos de revisión que presente alguna de las partes.

El mecanismo sumario y expedito que la medida reconoce a la OCS para resolver controversias cobija a las aseguradoras de servicios de salud, a los administradores de beneficios de farmacias (PBM por sus siglas en inglés), y las organizaciones de servicios de salud como las organizaciones de servicios primarios mejor conocidos como los centros 330.

El PS 1349 fue examinado por la Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico del Senado, que también preside el senador José Luis Dalmau. El pasado 29 de abril la medida fue aprobada por el pleno del Senado, lo que implica que el PS 1349 pasó a la Cámara de Representantes para su consideración. 

La OCS como juez y parte

La directora ejecutiva de ACODESE, licenciada Iraelia Pernas, se opuso a la medida porque, entre otras razones, convierte a la OCS en juez y parte debido a que esa oficina posee información financiera privilegiada de sus regulados, un conocimiento que los jueces del sistema judicial por lo general no poseen.

De hecho, Pernas sostuvo que resulta preocupante que la medida le conceda poderes absolutos a la OCS, que es el regulador de la industria de seguros y cuya función es garantizar la solvencia financiera de las aseguradoras bajo su jurisdicción.

Explicó que la medida coloca a la OCS en la disyuntiva de cumplir con una “dualidad incompatible”, la cual se tornará en una realidad cuando la OCS tome determinaciones que afecten la solvencia de un asegurador. Sostuvo que la responsabilidad del regulador es proteger la solvencia de las aseguradoras  “en beneficio del asegurado”.

Pernas advirtió que la aprobación del PS 1349 convertirá a la OCS en juez y parte en las reclamaciones de proveedores que están adscritos al gobierno, a través del Plan de Salud Vital y por medio de las reclamaciones que puedan surgir de los hospitales que aún opera el Departamento de Salud.

Cuestionado el proceso sumario

También expresó preocupación por el procedimiento sumario que impone la medida.

“Las controversias sobre el pago de reclamaciones y la determinación del monto a pagar es un asunto que corresponde al Poder Judicial resolver. Por la diversidad y complejidad de las reclamaciones que pueden envolver estos casos, no se trata de asuntos susceptibles de una adjudicación sumaria. Se trata de controversias que deben juzgarse por un tribunal, no por el regulador de la industria de seguros. De esa manera, se resuelven los casos, salvaguardando el debido proceso de ley de ambas partes”, dijo Pernas.

Incluso, la directora ejecutiva de ACODESE planteó que reconocer a la OCS la facultad de adjudicar de manera sumaria controversias entre los aseguradores y los proveedores atenta contra la revisión judicial, debido a que el regulador maneja información privilegiada de sus regulados.

“Es de notar que, los procedimientos administrativos, son menos formales que los procedimientos ante un tribunal. En ese sentido, un procedimiento ante el Poder Judicial cuenta con garantías de debido proceso de ley, lo que incluye un amplio descubrimiento de prueba, la utilización de peritos, deposiciones y otros remedios dispuestos por ley. En el caso de lo propuesto en este proyecto de ley, al adjudicar obligaciones de los aseguradores, el Comisionado de Seguros, se convierte en un juzgador que tiene información privilegiada de sus regulados, aspectos que no tiene un juez”, indicó Pernas.

Un asunto de importancia notable es que el PS 1349 establece un proceso de reconciliación que, según ACODESE, no tiene relación alguna con el proceso de reconciliación que ya dispone el Capítulo 30 del Código de Seguros, el cual surge de la Ley de Pago Puntual o la Ley 104 de 2002.

En el aire el Capítulo 30 

Para la ACODESE es materia de preocupación que nada se dispone en la medida en cuanto a si el procedimiento de reconciliación expedita que propone se activaría después de agotar los remedios establecidos en el Capítulo 30.

Por otra parte, comentó que la OCS carece del capital humano y la competencia para entrar en la revisión del pago de reclamaciones de servicios de salud, siendo necesario que este personal domine códigos de Current Procedural Terminology (CPT).

En la exposición de motivos de la medida se insinúa que la tardanza en la resolución de reclamos de pago presentados por los proveedores de salud es responsable del cierre de hospitales y del éxodo de médicos y enfermeras.

No obstante, tal conclusión no es objeto de un análisis cuidadoso y certero que revele los nexos entre ambos fenómenos como para invocar la necesidad de aprobar la medida, sino que estos señalamientos permanecen en el proyecto como un eslabón inconcluso.

Tardanza en reconciliación justifica medida

En la exposición de motivos también denuncia que en ocasiones los procedimientos de reconciliación pueden tardar meses y hasta años, lo que justifica la aprobación del P S 1349 porque “establece una política pública clara a los fines de poner fin a la incertidumbre que experimentan los proveedores de servicios de salud, una vez aceptan iniciar estos procedimientos (de conciliación)”.

De hecho, el informe positivo que emitió la Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico del Senado el pasado 23 de abril establece que la División de Investigaciones de Servicios al Consumidor de la OCS, resolvió en 2022 alrededor 325 investigaciones de pago puntual, la cuales constituyen “una cantidad minúscula de reclamaciones”, según señaló el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega.

El informe sostiene que Adams Vega aseguró que la poca cantidad de reclamaciones obedece a que los proveedores tienen temor a represalias y han optado por no impugnar las dilaciones en el proceso de pago puntual. Como resultado de esa conducta “quedan inmersos en un proceso de reconciliación de cuentas”.

Adams Vega favorece la aprobación del PS 1349.

El informe alega que “hasta la aprobación de esta medida, no existen términos precisos para que los aseguradores y proveedores puedan dilucidar permanentemente las discrepancias surgidas en una factura que llevaron a las partes a iniciar un proceso de reconciliación”.

En ese contexto, la medida establece un periodo de 30 días desde que la aseguradora, el PBM o la organización de servicios de salud certifique a la OCS que se encuentra en un proceso contable activo de reconciliación de facturas y pagos. 

La citada certificación será enviada a la OCS en los primeros 5 días de cada mes e incluirá todos los procesos de reconciliación de facturas y pagos iniciados el mes anterior por la aseguradora, el PBM o la organización de servicios de salud.

Por acuerdo entre las partes, el periodo de reconciliación podrá extenderse en otros 20 días adicionales para la resolución y determinación de pago de la factura.

Comisionado impondrá intereses

El PS 1349 dispone que, si en el periodo de conciliación establecido las partes no logran llegar a un acuerdo, la OCS podrá intervenir para adjudicar en 30 días y de manera sumaria la controversia y establecer el monto de la deuda, la cual será líquida y exigible de inmediato.

Además, a la deuda se le impondrán intereses legales, los cuales serán determinados por la OCS y pagaderos a favor de los proveedores de servicios de salud.

El informe indica que el Colegio de Médicos Cirujanos no se expresó sobre la propuesta de PS 1349, pero el doctor Carlos Díaz, quien es el presidente de esa entidad, indicó que apoya la medida.

Fuentes de la industria de seguros que prefieren mantener su anonimato señalaron que el PS 1349 es casi una réplica de otra medida, el Proyecto de la Cámara 1533, el cual concedía a la OCS el poder adjudicar el monto de una reclamación de propiedad en controversia.

Rama Judicial en silencio

“El PS 1349 tiene el mismo objetivo del PC 1533, pero en reclamaciones de servicios de salud”, dijo la fuente.

¿Qué posición tendrá el Comisionado cuando tiene información privilegiada sobre la condición financiera de un asegurador, y a la vez adjudica reclamaciones?  Un juez en el Poder Judicial, adjudica con independencia, pues carece de la información sobre la capacidad de pago.  El Comisionado sería un juzgador con información privilegiada. ¿Qué haría cuando sabe que un asegurador está al borde de la insolvencia?  ¿Lo llevará a la insolvencia para pagar reclamaciones o no?”, cuestionó la fuente.

Otro aspecto intrigante es que la Rama Judicial no se ha expresado en torno a los estrechos términos que impone la medida para que el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal Apelativo y el Tribunal Supremo emitan decisiones.

“Me parece incomprensible que la Rama Judicial no se expresara cuando la Asamblea Legislativa le otorga un plazo para resolver una reclamación judicial en 10 días.   Se me hace difícil pensar en que se obligue a un tribunal resolver en un plazo determinado. ¿Qué pasaría si el juez no resuelve?   Deja un vacío, y el derecho bien hecho, rechaza ese tipo de situación”, advirtió la fuente.   

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