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Puerto Rico

Asociación de Garantía denuncia manto de secretividad impedirá conocer transacciones millonarias entre OCS y Swiss Re

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Por Miguel Díaz Román

En una moción de reconsideración que disecciona y descalifica los argumentos de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) para mantener en confidencialidad el contenido de un acuerdo alcanzado con el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation (Swiss Re),  la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG) insistió en solicitar al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que libere del manto de secretividad al citado acuerdo.

La AG sostuvo que “resulta irónico” que en su gestión como liquidador de la aseguradora Real Legacy, y como entidad pública, la OCS  pretenda reclamar que sus actuaciones deben estar resguardadas por el marco de la confidencialidad, lo que impedirá que  “los asegurados, reclamantes, acreedores y el público en general”, se enteren de las transacciones millonarias que pudo alcanzar con Swiss Re.

“Es de muy difícil acomodo a nuestro estado de derecho la noción de que un servidor público, en el desempeño de sus facultades estatutarias, pueda incurrir en transacciones millonarias bajo un manto de secretividad.Y es irónico que en el caso de autos el liquidador insista en proyectarse como un síndico puramente privado”,  sostuvo la moción de reconsideración radicada el pasado 11 de febrero por el licenciado Eric Negrón, quien integra el bufete especializado en asuntos de seguros, Rexach & Picó LLC, y quien es el representante legal de la AG.

La moción de reconsideración es la respuesta de la AG a la decisión de  la jueza Katarina Stipec Rubio, quien el pasado lunes 27 de enero de 2025, emitió un escueto “sin lugar” a una petición de la entidad  que se había radicado a principios del presente año para que se permita el acceso al acuerdo entre la OCS y  Swiss Re.  La jueza no presentó argumentos para justificar su proceder.

El 27 de septiembre de 2024 la OCS radicó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una solicitud “urgente ” en la que informó haber logrado un acuerdo con Swiss Re que, alegadamente, beneficiaría a los asegurados de Real Legacy. Además, le solicitó al Tribunal que mantenga en confidencialidad el documento. El 10 de octubre de 2024 el Tribunal avaló la petición de la OCS.

Dos planteamientos

La moción de reconsideración presentada por la AG parte del supuesto de que la decisión de la jueza Stipec Rubio se fundamentó en dos planteamientos esgrimidos por la OCS en otra moción para oponerse a que se retiré el manto de confidencialidad que actualmente cobija al acuerdo. 

El primero de ellos concluye que la AG no tiene derecho a intervenir judicialmente en contra de la OCS con el fin de fiscalizar las transacciones que acuerde como liquidador de un asegurador insolvente, para garantizar que estos sean acertados, según una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 1979 en el caso Comisionado de Seguros v. Builders Insurance Company. 

En el segundo planteamiento, la OCS sostuvo que al fungir como liquidador de un asegurador insolvente, sus actuaciones no pueden considerarse como públicas, pues actúa en representación de una empresa privada. También argumentó que los documentos relacionados con esa liquidación son privados y no públicos.

Incongruencias en argumentos de OCS

Sobre el primer planteamiento la AG sostuvo que es inválido porque se invoca el artículo 40.040(7) del Código de Seguros, el cual se refiere exclusivamente a que están prohibidas las reclamaciones contra el caudal de liquidación de un asegurador insolvente.

La AG también argumentó que artículo 40.040(7) no se refiere a una petición para que  se revele el contenido de una determinada documentación, como es el caso planteado por la AG. 

Además, la AG planteó que la decisión emitida en 1979 por el Tribunal Supremo en el caso Comisionado de Seguros v. Builders Insurance Company no se fundamentó en el citado artículo, porque este fue introducido al Código de Seguros en 1991. 

Según la AG, lo que el Tribunal Supremo determinó es que la ley (el Código de Seguros) “no provee esa intervención por parte de la AG”. La AG sostuvo que el caso de Builders Insurance fue decidido cuando todavía estaba en vigor el texto original el capítulo 40 sobre “Rehabilitación y Liquidación”, el cual integró el Código de Seguros desde que fue aprobado en 1957. 

La moción aclara que cuando se adoptó 1957 el Código de Seguros la AG no  existía. De hecho, la entidad fue creada por la ley 143 de 1974.  

Otro planteamiento aclaratorio es que en 1991 el Capítulo 40 fue reformulado utilizando una ley modelo de la Asociación de Nacional de Comisionado de Seguros, porque la versión vigente en aquel momento ya resultaba obsoleta.

Incluso, la AG planteó que la versión vigente del artículo 40.210(4) del Código de Seguros permite a la AG intervenir en contra de la OCS a través de una acción judicial. La citada versión establece que “una asociación de garantía o asociación de garantía extranjera tendrá derecho a comparecer en cualquier procedimiento judicial relacionado con la liquidación de un asegurador si la misma viene obligada o podría venir obligada a tomar alguna acción como resultado de la liquidación.”

Actuaciones públicas y no privadas 

“Resulta, pues, improcedente invocar como precedente dispositivo de la presente controversia el caso de Builders Insurance, que fue decidido cuando la ley era distinta y no concedía a la AG un derecho de comparecencia como el que ahora establece el antes referido Artículo 40.210(4)”, planteó la moción  de la AG.

El segundo planteamiento de la OCS básicamente sostiene que las actuaciones del Comisionado de Seguros como liquidador de Real Legacy, no pueden considerarse públicas, pues su intervención como liquidador es exclusivamente en representación de una aseguradora privada. 

Por lo tanto, la intervención de la OCS como liquidador no convierte a Real Legacy en una dependencia pública y toda la documentación relacionada con sus operaciones en documentos públicos. 

Otro argumento de la OCS es que el capítulo 40 del Código de Seguros establece que los documentos vinculados a un proceso de liquidación no son documentos públicos, sino documentos privados que no están sujetos a las normas que regulan los documentos públicos.

Real Legacy dejó de existir

Sobre estas afirmaciones la AG argumenta en la moción que, tras la intervención de la OCS con el objetivo de liquidar a Real Legacy, la empresa fue disuelta y dejó de existir con personalidad jurídica propia, lo que implica que la aseguradora no podrá ejercer sus poderes corporativos, según lo dispone el artículo 40.170 del Código de Seguros.

“Así pues, la personalidad legal del asegurador dejó de existir y fue el liquidador quien obtuvo el título sobre sus bienes y derechos, pero esto de ningún modo implica que el Comisionado de Seguros, al ejercer tal función de liquidador, pasó a incurrir en actuaciones que no sean las de un funcionario público. Al contrario, tales actuaciones son intrínsecamente de interés público”, planteó la AG.

Luego la moción de la AG cita el artículo 40.010(4) del Código de Seguros, el cual establece que los procedimientos en casos de insolvencia y de cualquier incumplimiento de un asegurador son parte integral del negocio de seguros y como tal están investidos de un interés público.

Además, argumenta que la OCS no deja de ser una entidad pública porque interviene y liquida un asegurador privado y también propone, siguiendo ese orden de reflexión, que los documentos relacionados con la liquidación en manos de la OCS son también documentos públicos sujetos al escrutinio público.

“El Comisionado de Seguros no deja de fungir como funcionario público por el hecho de que actúa como Liquidador de lo que fue un asegurador que era empresa privada, se desprende igualmente que, en virtud de preceptos fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional, la documentación que refleja las actuaciones de dicho servidor público no puede estar inmune al escrutinio de la ciudadanía”, sostiene la moción.

De inmediato el documento hace una exhortación al Tribunal para que reflexione sobre la importancia que significa que la ciudadanía tenga acceso a la información pública en una sociedad democrática: “el acceso a la información pública constituye un pilar fundamental en toda sociedad democrática. Este conocimiento permite a los ciudadanos evaluar y fiscalizar la función pública adecuadamente, a la vez que contribuye a una participación ciudadana efectiva en los procesos gubernamentales que impactan su entorno social. Se abona de este modo a la transparencia en la función gubernamental y se promueve una sana administración pública”.

Dífícil acomodo

La moción de la AG reconoce que el artículo 40.440 del Código de Seguros no considera públicos los documentos del asegurador que pasaron a manos de la OCS como resultado del proceso de liquidación. Pero advierte que la justa interpretación de ese capítulo es que aquellos documentos relacionados con las actuaciones del liquidador sí son documentos públicos.

También destaca que el artículo 40.180(1) del Código de Seguros dispone que “las asociaciones de garantía y las asociaciones de garantía extranjeras tendrán acceso razonable a los expedientes del asegurador, según sea necesario, para que puedan ellas desempeñar sus obligaciones estatutarias”.

Otro argumento de la AG es que el artículo 40.150(1) del Código de Seguros concede al liquidador facultad para negociar y reducir a efectivo, total o parcialmente, cualquier valor que sea necesario para costear la administración de la liquidación considerando que deberá obtener el máximo rendimiento en dicha negociación”. 

“El Liquidador cumple una función fiduciaria en beneficio de un caudal cuyo principal acreedor viene a ser la AG, y en parte por esa razón resulta comprensible que el Código de Seguros, en su artículo 40.180(1), incluye una disposición concediendo acceso a la AG con respecto a los expedientes del asegurador, aun si se fuese a interpretar que el público en general no tiene un derecho de acceso similar. Pero, reiteramos, es de muy difícil acomodo a nuestro estado de derecho la noción de que un servidor público, en el desempeño de sus facultades estatutarias, pueda incurrir en transacciones millonarias bajo un manto de secretividad. Y es irónico que en el caso de autos el Liquidador insista en proyectarse como un síndico puramente privado”, insistió la AG.

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Magistrado federal recomienda desestimar petición de desacato de Suiza Dairy contra González Beiró y ORIL

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Por Miguel Díaz Román

La magistrado federal Giselle López Soler recomendó desestimar la petición realizada por Suiza Dairy para que el Tribunal Federal de San Juan encuentre en desacato al ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró,y a la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) por violar un acuerdo alcanzado en ese tribunal en 2013, que busca garantizar márgenes adecuados de ganancia a las plantas procesadoras, y por incumplir las disposiciones del reglamento 12, el cual fue adoptado como parte del acuerdo.

La recomendación específica de la magistrado es desestimar la petición de desacato por falta de jurisdicción y, además, le aconseja a Suiza Dairy acudir a los tribunales locales en busca de un remedio a sus reclamos.

De esta manera la magistrado acogió los planteamientos de la planta Indulac, de González Beiró y de la ORIL, quienes habían presentado mociones solicitando que el tribunal rechace por falta de jurisdicción la petición de Suiza reclamando la imposición de un desacato.

“Después de considerar cuidadosamente los argumentos de las partes y la ley aplicable, el suscrito recomienda que las mociones de ORIL e Indulac para desestimar por falta de jurisdicción sean concedidas y, en consecuencia, que la moción de Suiza por desacato sea rechazada”, sostuvo la magistrado López Soler.

La recomendación fue informada en un documento de 14 páginas titulado “informe y recomendación” que fue emitido el pasado lunes 10 de febrero. El documento fue redactado a petición de la jueza María Antongiorgi Jordán, quien tiene a cargo el caso de Suiza Dairy.

Tras la presentación del “informe y recomendación”, es de esperarse que la jueza Antongiorgi Jordán tome una decisión con relación a la recomendación de la magistrado.

Cartoce días

No obstante, las partes tienen catorce días para reaccionar a la recomendación de la magistrado López Soler.

Entre los planteamientos para justificar el desacato Suiza sostuvo que la ORIL ha utilizado datos obsoletos del año 2016 para emitir órdenes de precios en 2021, 2022 y 2023 y que ha rechazado inapropiadamente el cálculo de algunos de los costos operativos de Suiza.

También alega que las estructuras de precios avaladas por la ORIL desde 2022 favorecen la leche UHT de Indulac a expensas de la leche fresca producida localmente.

Otro planteamiento es que la planta Indulac ha retenido ilegalmente los $3.1 millones, recaudados bajo el esquema de acumulación regulatoria implementado en el Reglamento 12 y que esto comenzó ya en el año 2017, cuando la primera orden de precio bajo el acuerdo de conciliación entró en vigencia.

Suiza también reclama que la ORIL ha estado utilizando una versión traducida no oficial del Reglamento 12 que omite definiciones importantes y esto ha causado interpretaciones y aplicaciones erróneas del Reglamento 12.

La empresa sostuvo en su petición de desacato que ha enfrentado una pérdida financiera de aproximadamente $172 millones debido a que la ORIL no ha establecido márgenes de ganancia adecuados, según lo determinó el Tribunal Federal en su sentencia emitida el 6 de noviembre de 2013.

Con limitaciones los tribunales

En su recomendación la magistrado López Soler cita varias decisiones judiciales que han sentado jurisprudencia sobre las limitaciones que tienen los Tribunales para actuar como supervisor o hacer cumplir un acuerdo avalado por ese mismo Tribunal. La magistrado también hizo referencia a expresiones del juez Daniel Domínguez, que fue el juez que atendió el caso en el Tribunal Federal, sobre las limitaciones de la intervención federal en ese caso.

“Ya he rechazado la posibilidad de que el Tribunal tuviera la intención de conservar la jurisdicción para hacer cumplir los términos del acuerdo de transacción con Suiza a perpetuidad, como se evidencia tanto de la limitación temporal o duración específica expresamente incluida en la sentencia como de las expresiones de la Corte en audiencia pública”, planteó la magistrado.

Incluso, la magistrado descartó reconocer la aplicabilidad de dos casos presentados por Suiza en su petición de desacato, para justificar la jurisdicción que, alegadamente, tiene ese Tribunal con el fin de hacer cumplir el acuerdo.

Sin jurisdicción indefinida

En síntesis, la magistrado López Soler sostiene que al Tribunal Federal no tiene jurisdicción indefinida sobre el acuerdo alcanzado en 2013 y que Suiza no reclamó a tiempo que la ORIL estaba desacatando el acuerdo y que de manera ilegal Indulac estaba reteniendo los dineros que le corresponden a Suiza.

“La última orden emitida por el Tribunal fue el 1 de abril de 2015. Allí, el Tribunal declaró irrelevantes varias mociones posteriores a la sentencia, incluidas la moción de desacato y una moción de suspensión. Durante diez años hubo un silencio completo. El caso estuvo inactivo hasta el 3 de mayo de 2024, cuando Suiza llamó a la puerta del Tribunal para obtener una reparación por el supuesto incumplimiento de los términos del acuerdo de conciliación. Suiza ahora alega que las acciones de incumplimiento de la ORIL comenzaron al menos dos años después de la entrada en vigor de la sentencia o en el año 2015, y que las acciones de Indulac se remontan al año 2017.
Y que dicho incumplimiento, que sigue vigente, confiere a este Tribunal autoridad sobre el asunto. Pero Suiza no proporciona al Tribunal ninguna justificación de por qué esperó más de una década para solicitar reparación al Tribunal. El Tribunal se pregunta qué llevó a Suiza a sufrir una década de supuesto incumplimiento sin intentar reivindicar sus derechos en virtud del acuerdo de conciliación y si existe alguna exigencia que requiera la intervención urgente del Tribunal y su poder sancionador ahora”, argumentó la magistrado en su recomendación.

Incluso, la magistrado no sólo señala que Suiza falló en informar al Tribunal sobre los alegados incumplimientos de parte de la ORIL y de Indulac, sino que sostiene que la falta de reclamos sobre la vulneración del acuerdo era una indicación de que las partes estaban cumpliendo lo acordado.

Recomiendan a Suiza el tribunal local

“El hecho de que el Tribunal no hubiera sido informado previamente de estas acciones en desacato, sólo podía ser interpretado por el Tribunal como una indicación de que las partes estaban cumpliendo a satisfacción de los involucrados con la sentencia del Tribunal y sus compromisos de conciliación, incluidos los términos del Reglamento 12”, sostuvo la magistrado en su explicación para descartar el pedido de Suiza.

Tras recomendar la desestimación de la petición de desacato presentada por Suiza, la magistrado le sugirió a la empresa que acuda a los tribunales locales a buscar un remedio para sus reclamos.

“Si Suiza cree que la ORIL e Indulac están incumpliendo el acuerdo de conciliación y, en consecuencia, sus deberes bajo el Reglamento 12, puede intentar reivindicar sus derechos en una acción estatal, como lo ha hecho en el pasado”, sostiene la recomendación.

Aunque la recomendación de la magistrado López Soler debe esperar por la decisión que tome la jueza Antongiorgi Jordán para que se convierta en una determinación final o sea descartada, de manera preliminar constituye una victoria para González Beiró, para Indulac y la ORIL, pues sus planteamientos a favor de la desestimación fueron avalados.

Suiza no reacciona

Hasta ayer la empresa Suiza Dairy, que ha detenido totalmente sus operaciones en sus plantas de San Juan y Aguadilla, no había emitido una reacción a la recomendación realizada por la magistrado.

Por su parte, el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, advirtió más problemas para la industria lechera si esta recomendación de López Soler adquiere calidad de decisión final por el Tribunal Federal. Flores Ortega y otros sectores de la industria lechera han reclamado el regreso de Suiza Dairy como planta procesadora de leche en el mercado para evitar el decomiso de leche en los periodos de alta producción y para evitar la importación de leche y el cierre de más ganaderías.

“Esta decisión del tribunal no abona en nada al restablecimiento de la normalidad en la industria lechera. El tener detenidas las operaciones de Suiza Dairy mantiene en peligro el cierre de más vaquerías al no existir la capacidad de procesar toda la leche en los meses de alta producción. Habrá más decomisos o en su defecto se desviará leche a República Dominicana a precios que no dan ganancia al ganadero. Por otro lado en los meses de baja producción habrá que importar leche algo que representa una derrota de una industria que era autosuficiente en su demanda local”, sostuvo Flores Ortega.

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Confirmado Josué Rivera para secretario de Agricultura

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El Senado de Puerto Rico confirmó de manera unánime ayer a Josué Rivera Castro como secretario del Departamento de Agricultura, respaldando su visión para modernizar el sector agropecuario y convertirlo en un motor clave para el desarrollo económico de la Isla.

Tras su confirmación, Rivera Castro agradeció la confianza depositada en él y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la agricultura puertorriqueña.

“Me siento profundamente honrado por la confianza que el Senado de Puerto Rico ha depositado en mí al confirmarme como secretario de Agricultura. Asumo esta responsabilidad con el firme compromiso de trabajar incansablemente por el desarrollo del sector agrícola, el fortalecimiento de nuestros agricultores y la seguridad alimentaria de nuestra Isla, siguiendo la política pública de la Gobernadora, Honorable Jenniffer González Colón. Lo hago con la determinación de servir con transparencia, entrega y pasión por nuestra tierra y nuestra gente”, expresó Rivera Castro.

“La agricultura es clave para el crecimiento económico y la sostenibilidad de Puerto Rico. Junto a nuestro equipo de trabajo, los agricultores y todos los sectores involucrados, impulsaremos iniciativas para modernizar la industria, fomentar la producción local y asegurar un futuro resiliente para el sector”, añadió.

El ex director estatal del Departamento de Agricultura a nivel federal presentó una agenda integral para revitalizar la agricultura en Puerto Rico, con proyectos estratégicos centrados en sostenibilidad, innovación y apoyo directo a los agricultores.

Entre las iniciativas más destacadas figura la creación de la Oficina de Asuntos Económicos y Estadísticas, destinada a recopilar y analizar datos del mercado agrícola para ayudar a los agricultores a planificar sus operaciones de manera más estratégica. Esta nueva unidad colaborará con universidades y el sector privado para ofrecer información basada en evidencia, facilitando la toma de decisiones informadas.

Otro proyecto clave es el fomento del relevo generacional en la agricultura, mediante un programa para arrendar terrenos de la Autoridad de Tierras a jóvenes agricultores a precios subsidiados. Estos nuevos agricultores recibirán talleres y capacitación en desarrollo de agroempresas, asegurando así la viabilidad y el éxito de sus proyectos.

Rivera Castro anunció también la restauración de la finca del Departamento de Agricultura en Dorado, destinada a la producción de semillas de alta calidad como plátano, guineo y papaya. Paralelamente, se implementarán medidas para proteger las reservas de agua de la montaña mediante prácticas de conservación, esenciales para garantizar una agricultura sostenible a largo plazo.

En respuesta a los desafíos del cambio climático, el Departamento impulsará políticas de adaptación y mitigación, promoviendo el uso de tecnologías agrícolas avanzadas y fuentes de energía renovable para mejorar la eficiencia de la producción y proteger los recursos naturales.

El desarrollo de la agricultura orgánica es otra de las prioridades del secretario confirmado. Se ofrecerán talleres y asesoría técnica para que los agricultores obtengan certificaciones orgánicas, y se facilitará la creación de nuevos mercados para estos productos a través de la red de plazas agrícolas de la Isla.

En el sector ganadero, el Secretario destacó el desarrollo de una zona de novillas de reemplazo para fortalecer la producción local de leche y el respaldo a investigaciones científicas para la creación de vacas lecheras más resistentes al cambio climático.

Entre las estrategias adicionales, el Departamento realizará una auditoría completa del uso de terrenos agrícolas arrendados por la Autoridad de Tierras para asegurar que se están utilizando de manera óptima y conforme a las condiciones establecidas. Las fincas identificadas como de alto potencial agrícola se priorizarán para ser arrendadas a nuevos agricultores.

Para garantizar el acceso a recursos, el Departamento apoyará a los agricultores en la obtención de fondos federales, mediante la asesoría de agrónomos especializados en la preparación de propuestas. Estos expertos también recibirán formación avanzada en administración de fincas, manejo de plagas, conservación de suelos y manejo integrado de recursos hídricos.

Finalmente, Rivera Castro reiteró su compromiso con el fortalecimiento de los mercados familiares, asegurando la fiscalización de las ventas para garantizar productos de calidad a precios justos, protegiendo tanto a los consumidores como a los agricultores locales.

“Asumo esta responsabilidad con gran entusiasmo y respeto. Nuestro objetivo es trabajar mano a mano con los agricultores, ganaderos y todos los sectores relacionados para llevar la agricultura de Puerto Rico a su máximo potencial. Estoy convencido de que, juntos, lo lograremos”, concluyó Rivera Castro.

Con esta confirmación, el nuevo secretario comenzará a implementar de inmediato esta ambiciosa agenda de trabajo para transformar el sector agropecuario, promoviendo la sostenibilidad, la innovación y el crecimiento económico de Puerto Rico.

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Ex secretarios respaldan a Josué Rivera para secretario de Agricultura en medio de incipiente oposición

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Por Miguel Díaz Román

Cuatro ex secretarios de Agricultura han respaldado la designación realizada por la gobernadora Jenniffer González de Josué Rivera para el cargo de secretario de Agricultura , en lo que representa una expresión de apoyo a una persona para ese cargo que no tiene precedentes y que podría indicar que el nominado enfrenta alguna oposición que no ha aflorado públicamente.

La expresión de apoyo fue realizada a través de una ponencia escrita que los cuatro ex secretarios firmaron y en la que fundamentalmente recomiendan “sin reserva alguna” la aprobación por parte del Senado del nombramiento de Rivera. 

Los ex secretarios de Agricultura son Neftalí Soto Santiago y Miguel Muñoz Muñoz,  quienes ocuparon el cargo durante la administración de Pedro Rosselló; Javier Rivera Aquino, quien fue secretario de Agricultura durante el mandato de Luis Fortuño y Carlos Flores Ortega, quien ocupó el cargo bajo la administración de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez Garced.

De hecho, se espera que de los cuatro ex secretarios sólo el ex secretario Flores Ortega esté presente en la vista pública que hoy celebrará el Senado para considerar cinco nominados para el gabinete de la gobernadora, incluyendo la designación de Rivera. 

Incluso SN supo que el ex secretario Flores Ortega se aprestaba a presentar una ponencia en oposición a Rivera por su presunta participación como testigo en una investigación que realizó la Oficina del Fiscal Especial Independendiente, tras un referido que efectuó la ex gobernadora Wanda Vázquez Garced en 2019.

La ex gobernadora refirió a Flores Ortega al FEI por un alegado conflicto de intereses, una imputación que fue llevada a la Fortaleza por un grupo de agricultores de la Asociación de Agricultores. Finalmente el FEI determinó desestimar el referido, porque tras una investigación se encontró que las imputaciones no tenían fundamento.  

Rivera y el FEI

No obstante, Flores Ortega le indicó a SN que tuvo la oportunidad de conversar ampliamente con Rivera sobre los eventos ocurridos previo a que fuera referido al FEI por Vázquez Garced y concluyó que el designado a secretario de Agricultura “no estuvo implicado en un esquema con agricultores o en la Fortaleza” con el fin de perjudicarlo.

“El apareció en el informe del FEI como un testigo de corroboración para otras imputaciones que se hicieron contra un funcionario federal. Pero pude comprobar que no actuó en contra mía y por esa razón voy a apoyar a Rivera para el cargo de secretario de Agricultura. Aclarado ese asunto yo no tengo queja contra Rivera”, dijo Flores Ortega.

Cabildeo que no acaba

No obstante, SN supo que Jorge Campos, quien fue ex subsecretario de Agricultura durante el pasado cuatrienio, ha estado realizando un fuerte cabildeo en la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, que preside el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, para permanecer en el cargo de subsecretario o para que se le designe cómo administrador de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera. 

Incluso, la fuentes alegan que determinados sectores agrícolas habían alentado la idea de que la oposición de Flores Ortega habría podido desencadenar algunos votos en contra de Rivera entre los miembros de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos y de la Comisión de Agricultura del Senado, hasta lograr anular su nominación, lo que hubiese abierto la posibilidad de que la gobernadora considerara otros candidatos para el cargo más afines con los intereses de esos sectores. 

 De acuerdo con una fuente de SN, el senador Jeison Rosa, quien preside la Comisión de Agricultura del Senado, sostuvo una extensa entrevista con Flores Ortega sobre la posibilidad de que el ex secretario se disponía a presentar una ponencia en contra de Rivera.

Piden estado de emergencia

De hecho, SN supo que estos sectores aspiran a mantener el orden establecido por el ex secretario Ramón González Beiró, especialmente en la industria lechera, que es la principal industria agrícola del país. 

Esto a pesar de que ese sector experimentó durante el cuatrienio de González Beiró el cierre de numerosas vaquerías, el cierre de la planta Suiza Dairy y reducción significativa en la producción de leche, lo que ha causado una grave crisis en ese sector, que ya estaba afectado por un baja en consumo de leche.

En los pasados días el ganadero Carlos Benítez solicitó a la gobernadora que declare a la industria lechera en estado de emergencia, debido a que el cierre de la planta Suiza Dairy  ha causado un descalabro en ese sector. 

Benítez sostuvo que ante el alza en la producción de leche por las bajas temperaturas, será necesario exportar leche a la República Dominicana según lo reveló el ex secretario González Beiró.  

El ganadero sostuvo que las plantas existentes no podrán procesar la producción, lo que siempre es detrimental para el ganadero porque el pago por la leche de exportación es muy por debajo de sus costos de producción.

Bien vista la gestión de Rivera

En la expresión de apoyo, los cuatro ex secretarios alabaron las gestiones de Rivera a favor de los sectores rurales y de los pequeños comerciantes mientras ocupó la dirección de la agencia federal para el Desarrollo Rural y la oficina federal del Caribe de la agencia para los Pequeños Negocios entre 2018 y 2024.

“En conversaciones que hemos tenido con el designado secretario Josué Rivera hemos visto su interés en trabajar con los problemas que aquejan el desarrollo de la agricultura desde una visión más empresarial enfocada en que el agricultor pueda generar mejores ingresos; fortalecer el manejo de programas estatales y federales; obtener mejor retorno por inversión en las ayudas a los agricultores y mejorar la efectividad y eficiencia en los procesos operativos y organizacionales. En adición ha presentado ideas para fortalecer algunas áreas de apoyo, particularmente el área de Informática, Estadísticas, Análisis Económicos y Finanzas. Estas son áreas donde el designado Secretario Josué Rivera puede hacer grandes aportaciones a la agricultura”, sostiene la ponencia de los ex secretarios.

Colegio de Agrónomos se opone

El documento también respaldó la propuesta de Rivera de crear un Concilio Asesor compuesto por ex secretarios de Agricultura “lo cual pone de manifiesto su interés en buscar el consejo y la experiencia en su dirección del Departamento de Agricultura”.

Por su parte, el Colegio de Agrónomos, presentó una ponencia en la que se opuso a la designación de Rivera porque no es agrónomo, aunque la institución no descarta trabajar en apoyo de las iniciativas que surjan de la agencia.  

“Con el ánimo de contribuir al éxito de las gestiones del Departamento de Agricultura, el Colegio de Agrónomos de Puerto Rico expresa que, aunque nos oponemos respetuosamente a la designación del señor Rivera, estamos completamente a disposición del Departamento de Agricultura para ofrecer nuestro apoyo técnico y los recursos de nuestros profesionales para el éxito de sus gestiones”, sostuvo la ponencia del Colegio de Agrónomos.

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Universal Group vende Universal North America Insurance Company 

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Por Miguel Díaz Román

La empresa Universal Group Inc, que es la matriz de las aseguradoras Universal Insurance y Point Guard, anunció la venta de la aseguradora Universal North America Insurance Company (UNAIC por sus siglas en inglés), la cual fue adquirida por la corporación 5B Alliance, LLC, cuyo principal accionista es Rafael Cedeño, quien también es el presidente de la aseguradora local One Alliance.

UNAIC está ubicada en Texas y sus oficinas centrales están localizadas en la ciudad de Arlington, en ese estado. Cedeño, quien es de origen venezolano, también es el dueño de la agencia general Singular Insurance Agency.

La licenciada Josely Vega Maldonado, principal oficial  ejecutiva y presidenta de Universal Group Inc, informó que el Departamento de Seguros de Texas aprobó la venta de las operaciones de UNAIC a la corporación 5B Alliance LLC el 5 de diciembre de 2024, y la transacción fue efectiva el 31 de diciembre de 2024.

“Esta transacción responde a una estrategia por parte Universal Group Inc. de concentrar sus esfuerzos de crecimiento y expansión en Puerto Rico  y en aquellos mercados sinergéticos a sus líneas de negocio y grupo de interés afines”, sostuvo Vega Maldonado por medio de unas declaraciones escritas y enviadas a SN.

“En los últimos años, Universal ha solidificado su liderazgo en el sector de propiedad y contingencia así como en los productos de vida y anualidades. Esta estrategia ha optimizado  la base de capital para aprovechar otras oportunidades de crecimiento y diversificación en el mercado de Puerto Rico”, concluyó la presidenta de Universal Group Inc.

Los detalles de la transacción económica no fueron difundidos públicamente debido a que las partes firmaron un acuerdo de confidencialidad, según informó Universal Group Inc. 

No obstante, la fuente indicó que UNAIC obtuvo el pasado año ingresos por primas que superan los $300 millones.

UNIAC está especializada en seguros de propiedad y contingencia que incluye pólizas para propietarios de viviendas unifamiliares, para apartamentos en condominios, para individuos que alquilan viviendas o apartamentos y para empresarios o propiedades comerciales.

La aseguradora ofrece seguros contra riesgos catastróficos como inundaciones, terremotos, huracanes, incendios y pólizas de protección contra averías de equipos en su modalidad comercial.

La adquisición de UNIAC por parte de 5B Alliance LLC se extendió durante todo el 2024 y uno de los elementos importantes para finiquitar la compra venta fue definir los efectos financieros de las posibles reclamaciones que podía recibir la aseguradora tras el paso del devastador huracán Helene.

Helene causó 130 muertos y cerca de 600 desaparecidos en seis estados de Estados Unidos, mientras que los daños materiales superaron los $85,500 millones. 

En un comunicado de prensa emitido el pasado 29 de agosto de 2024 la entidad acreditadora de aseguradoras AM Best, anunció que había mantenido el estado de revisión con implicaciones negativas para la calificación de fortaleza financiera de B+ (Buena) y la calificación crediticia de emisor de largo plazo de “bbb-” (Buena) de UNAIC.

“Estas calificaciones crediticias reflejan la fortaleza del balance de UNAIC, que AM Best evalúa como adecuada, así como su desempeño operativo marginal, perfil comercial limitado y gestión marginal del riesgo empresarial”, sostuvo AM Best en el comunicado de prensa emitido el pasado 29 de agosto de 2024.

Según AM Best, “las calificaciones de UNAIC se colocaron inicialmente bajo revisión con implicaciones negativas el 11 de octubre de 2023, luego de una disminución significativa en el superávit de los asegurados como resultado de los eventos climáticos en 2023”.

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Pleito contra Steri-Tech por emisiones tóxicas

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San Juan, Puerto Rico – Luego de años de abandono negligente y exposición a contaminantes perjudiciales, la voz y reclamos de los residentes de Salinas, Puerto Rico, finalmente serán escuchados en su lucha contra las emisiones tóxicas de óxido de etileno (EtO).

Tres destacadas firmas legales se han unido para presentar una demanda de clase y una demanda por lesiones personales en representación de los residentes de Salinas que han sufrido graves consecuencias para la salud, incluyendo casos de diversos tipos de cáncer, relacionados con la exposición prolongada a emisiones de la planta de esterilización Steri-Tech, Inc., localizada en dicho municipio.

Steri-Tech ha operado en Salinas desde 1986, utilizando EtO para esterilizar equipos médicos y materiales. Este gas incoloro, clasificado como un carcinógeno humano por la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) en 2016, ha sido relacionado con tasas alarmantes de cáncer y otras graves afecciones de salud en las comunidades circundantes. Una evaluación de riesgos realizada por la EPA confirmó e identificó un riesgo elevado de cáncer en las comunidades cercanas a Salinas.

Los bufetes de abogados Kresch Legal Services, Napoli Shkolnik y Milberg, están radicando medidas legales decisivas contra Steri-Tech por incumplir con las regulaciones ambientales federales.

“Durante demasiado tiempo, la salud y el bienestar de estas comunidades han sido sacrificados por la avaricia corporativa y el abandono”, afirmó Ari Kresch, abogado de los residentes, y añadió que “esta demanda no se trata solo de responsabilizar a Steri-Tech; se trata de dar una voz a las personas que han estado sufriendo en silencio durante décadas”.

Además de las reclamaciones por lesiones personales, se presentó una demanda de clase el 29 de agosto de 2023 contra Steri-Tech y otras empresas responsables de liberar EtO en todo Puerto Rico. Esta demanda aborda el daño causado a los residentes de Salinas y otras áreas afectadas, incluidos los municipios de Villalba, Fajardo y Añasco. La EPA ha identificado estas instalaciones como algunas de las ubicaciones con mayor riesgo de cáncer en los Estados Unidos debido a la exposición al EtO.

La demanda de clase busca: compensación por daños a la salud y la propiedad, financiamiento para programas de monitoreo médico a largo plazo y daños punitivos para prevenir futuros perjuicios.

Reunión comunitaria en Salinas

Se invita a residentes de Salinas a una reunión informativa el 13 de febrero de 2025, a las 6:00 p.m., en el Centro Comunitario La Margarita. Expertos legales brindarán actualizaciones sobre la demanda y orientación para los residentes afectados por las emisiones de EtO. La reunión también abordará cómo las personas pueden presentar reclamaciones por cánceres como el de mama, leucemia y linfoma, así como otras enfermedades vinculadas a la exposición al EtO.

Para orientarse sobre cómo unirse a la demanda de clase o presentar una reclamación por lesiones personales, puede comunicarse al 1-800-LAW-FIRM (529-3476) o visitar www.etoinjuryclaims.com. Seleccione “Salinas” en el menú desplegable “Hazardous Locations” para comenzar su camino hacia la justicia.

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Entra en calor el caso Redbridge por venta ilegal de seguros de viaje

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Por Miguel Díaz Román


La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese) solicitó una vista administrativa para dilucidar a fondo la determinación de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) de cerrar una querella contra la empresa Redbridge Assist por la alegada venta ilegal de seguros de viaje.

En una solicitud de vista administrativa radicada el pasado lunes 3 de febrero, Acodese rechazó la posición oficial de la OCS, la cual sostiene que no se ha presentado evidencia que demuestre que el producto de seguros de viaje que, alegadamente, promueve la empresa Redbridge Assist, “se haya mercadeado en Puerto Rico”.

En septiembre de 2023 la ACODESE presentó una querella contra Redbridge Assit en la OCS, en la que sostuvo que la entidad vendía seguros de viaje a través de un esquema ilegal que utiliza un asegurador de líneas excedentes para proveer la póliza.

El viernes 17 de enero de 2025, en una comunicación enviada a Acodese a través de correo electrónico, la OCS informó oficialmente que determinó cerrar el caso debido a que de los señalamientos contra la empresa Redbridge Assist no se desprenden violaciones al Código de Seguros.

La petición para que se celebre una vista administrativa, que fue presentada por la licenciada Iraelia Pernas, directora ejecutiva de ACODESE, sostiene que la determinación de la OCS estuvo fundamentada, presumiblemente, por dos argumentos principales.

El primer argumento sostiene que el seguro de viaje mercadeado por Redbridge, era un producto de líneas excedentes, suscrito por un asegurador de líneas excedentes ubicado en Barbados y tramitado como corredor de líneas excedentes.

El segundo argumento señala que la investigación no logró comprobar que el producto de viaje fue mercadeado en Puerto Rico.

Acodese discrepa

En la solicitud de vista administrativa, Pernas planteó que Acodese discrepa de ambos argumentos porque “existe evidencia clara y contundente” de que el producto de viaje promovido por Redbridge Assist “era mercadeado en Puerto Rico, y la publicidad utilizada por dicha empresa, particularmente a través de redes sociales, iba específicamente dirigida al mercado de Puerto Rico”.

Pernas sostuvo que el seguro de viaje es muy accesible en las aseguradoras locales y que el mecanismo de líneas excedentes esta justificado cuando el mercado no ofrece determinado producto de seguros.

La solicitud de vista administrativa fue acompañada de impresiones de pantalla (screenshots) de la página en internet de Redbridge en las que se ofrece el seguro de viaje y en las que es visible la bandera de Puerto Rico.

Incluso, Acodese sostuvo que en la parte inferior de la página se indica que el país de residencia del adquirente de la póliza es Puerto Rico.

Las impresiones de pantalla fueron obtenidas el 18 de junio de 2024. Ese día también fue adquirida una póliza de viaje a través de la página de Redbridge Assist por una persona que fue identificada en el documento como el licenciado Antonio Ramírez Aponte.

El documento también indica que en esa fecha una copia de la póliza fue entregada al investigador de la OCS, Fortunato Colón Parrilla, y al entonces director de la División Legal de la agencia reguladora, el licenciado David Castro Anaya.

La entrega de la póliza a los dos funcionarios fue realizada en una reunión sostenida en la OCS, en la que también participó Ramírez Aponte el 18 de junio de 2024. En esa reunión el licenciado Ramírez Aponte también le indicó a los dos funcionarios de la OCS que el seguro de viaje estaba siendo mercadeado a través de redes sociales.

Mercadeo en las redes sociales

De acuerdo con Acodese, en otras impresiones de pantalla obtenidas el 10 de julio de 2024 de la página de Redbridge Assist, Puerto Rico figura como una de las alternativas del encasillado “país de residencia”. En otra página que permite al usuario seleccionar la categoría del producto de seguros que desea adquirir aparece una bandera de Puerto Rico.

La solicitud de vista administrativa fue acompañada con copia de pautas publicitarias colocadas por Redbridge en redes sociales como instagram y Facebook y dirigidas al mercado de Puerto Rico .

Las pautas publicitarias incluyen un número telefónico de Puerto Rico (787-991-9191) así como una dirección de Puerto Rico (Parada 26, CWRR85J, Calle San Antonio, 5 CB Rosales, San Juan, Puerto Rico) en las que, alegadamente, se puede solicitar información o adquirir el seguro de viaje.

Pernas también señaló que el seguro de viaje es de fácil accesibilidad para el consumidor local en múltiples aseguradoras admitidas a operar en el país, por lo que no es un producto susceptible a mercadearse en Puerto Rico a través del mecanismo de líneas excedentes.

La directora ejecutiva de ACODESE advirtió que una cubierta de seguro sólo puede obtenerse mediante el mecanismo de líneas excedentes, que son aseguradores no autorizados a operar en Puerto Rico, cuando “el seguro no pueda obtenerse de aseguradores autorizados”, según lo indica el artículo 10.070 del Código de Seguros.

Póliza se vendió en Plaza Las Américas

La solicitud de vista administrativa alega, además, que existe prueba de que el producto de viaje de Redbridge se estaba vendiendo en Puerto Rico.

El documento sostiene que el 30 de junio de 2024, el licenciado Alejandro Morales, director de Legal y Cumplimiento de América Central y del Caribe del asegurador CHUBB, sostuvo que Redbridge tenía un exhibidor en Plaza Las Américas que ofrecía el seguro de viaje a residentes de país por parte de una persona identificada como Mayra Ramírez de Palerm.

Alegadamente, esta información fue ofrecida al investigador Colón Parrilla. CHUBB, que entre sus productos ofrece seguros de viaje, es una de las aseguradoras que habría sido afectada por el presunto esquema empleado por Redbridge Assist de utilizar un asegurador de líneas excedentes para proveer la póliza, el cual fue denominado por Acodese como una competencia desleal contra los aseguradores locales autorizados.

Pernas sostuvo en el documento que ante el acopio de la evidencia presentada, Acodese solicita una vista administrativa para dilucidar la determinación de la OCS de cerrar la querella contra Redbridge Assist. La entidad también solicitó copia de expediente del caso.

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Cómo Reducir El Costo De Su Seguro 

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Por Jaime González Portilla

presidente de Antilles Insurance Company

Complete una Solicitud de Seguros 

Las aseguradoras de líneas personales para residencias y automóviles en Puerto Rico (PR), a diferencia de la gran mayoría o todas las aseguradoras de Estados Unidos (EU), no requieren que se complete una solicitud de seguros. 

Una solicitud de seguros requiere la firma del prospecto que solicita un seguro y el agente o su corredor de seguros. Por ejemplo, la solicitud de seguros más común en el mercado de EU se le conoce como la forma “ACORD'”.  

Una solicitud de seguros recopila una serie de información proveniente de la persona que solicita un seguro que incluye, pero no se limita a información relacionada con su historial de pérdidas. Las solicitudes también recopilan información relacionada a si su residencia tiene una alarma, extintores, tormenteras, detectores de humo, “sprinklers”, distancia de cuerpos del mar, piscinas, mascotas…etc. 

Por otro lado, las solicitudes de automóvil recopilan información que incluye, pero no se limita a quienes conducen los automóviles, cuán frecuentemente usted conduce su automóvil, para qué propósito usted utiliza su automóvil, donde se estacionan los automóviles y si los vehículos han sido inspeccionados por el agente o corredor de seguros.  

Esto quiere decir que a las aseguradoras que operan en PR al no requerir una solicitud previa a la aceptación del seguro carecen de una certificación que detalle cuál ha sido el historial de pérdidas de la persona que solicita el seguro y en muchos de los casos evita que estos no le puedan aplicar descuentos por buena experiencia a la prima que usted paga. 

Tampoco le pueden aplicar descuentos como por ejemplo por usted tener una alarma contra robos en su residencia o descuentos si los automóviles han sido previamente inspeccionados por su agente o corredor de seguros. 

Para que usted pueda recibir todos los descuentos de seguro que usted se merece exijale a su agente o corredor de seguros que le asista a completar una solicitud de seguros todos los años para que se la pueda presentar a su actual aseguradora o las aseguradoras que usted desea le cotice sus seguros.           

Informe de Conductor

A diferencia de los EU, las aseguradoras de seguros para automóviles en PR carecen de un informe que recopila el historial de infracciones y/o violaciones de un conductor de automóvil por su número de licencia. 

En EU se conoce como “Motor Vehicle Report or MVR”. Una aseguradora en PR, a diferencia de en los EU, no puede identificar qué conductores mantienen un buen historial de conducir y cuales mantienen un historial negativo de infracciones o violaciones de las leyes de tránsito. 

Tanto la industria de seguros local como la propia Oficina Del Comisionado De Seguros de PR deberían unir esfuerzos para solicitarle al gobierno (Policía de PR/DTOP) de PR que mediante una ley se establezca un banco data accesible y confiable al público en general que refleje el historial de las infracciones y violaciones de tránsito por número de licencia del conductor. 

No cabe la menor duda que miles de conductores podrían verse beneficiados de un buen descuento en la prima de seguros de automóviles si su aseguradora tuviese acceso a un banco de datos que refleje el historial de infracciones y violaciones de tránsito por conductor.           

Coaseguro en las pólizas de seguros de propiedad comercial

En la actualidad los asegurados que compran un seguro de propiedad comercial para sus edificios y su contenido están experimentando aumentos en primas debido al alto costo de los seguros a nivel mundial. 

Para contrarrestar los aumentos en prima las aseguradoras hemos estado notando una tendencia por parte de los asegurados de reducir el límite asegurado de su propiedad comercial con el objetivo de pagar menos prima. 

De la manera que funciona es que el asegurado acepta asegurar solo el 90% o el 80% del valor de su propiedad o costo de reemplazo envés de asegurarlo en un 100%. Cuando eso sucede el asegurado se convierte en un ‘coasegurador’ al retener un determinado por ciento (%) del valor o costo de reemplazo de su edificio propiedad y su contenido. 

El asegurado no debe esperar que la reducción en prima que paga por el seguro de una propiedad comercial sea cónsona con el mismo porcentaje de reducción en el valor de la propiedad asegurada. 

Esto se debe a que la exposición a pérdidas de su estructura o propiedad comercial por parte de su aseguradora sigue siendo la misma debido a que la mayoría de las pérdidas de reclamaciones de propiedad comercial están asociadas a pérdidas parciales y no pérdidas totales. 

En otras palabras, no espere recibir un descuento en la prima de propiedad comercial de un 20% por reducir el valor de su edificio de $10 millones a $8 millones porque en realidad y cuando se trata de una pérdida parcial (ej. un pequeño fuego) la aseguradora terminará pagando lo mismo, irrespectivamente que si el límite de seguros fuese $10 millones o $8 millones. 

Tenga mucho cuidado con reducir el valor asegurado de su propiedad porque en caso de una pérdida total, la aseguradora no le pagará más del límite asegurado o, en ejemplo que les mostré anteriormente, $8 millones. Evite sorpresas que le puedan ocasionar una pérdida económica y asesórese bien con su agente o corredor de seguros antes de tomar la decisión de reducir el valor asegurado de su propiedad con el objetivo de reducir la prima que usted paga por el seguro de propiedad comercial.              

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Posible escasez de café que el secretario de Agricultura niega

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Por Miguel Díaz Román

Mientras determinadas voces de la industria del café auguran la posibilidad de que pronto se registre una escasez de café en el mercado local, debido a que las existencias del grano importado han bajado a niveles alarmantes, el secretario de Agricultura, Josué Rivera Castro, espera que la llegada de un nuevo embarque permita a los torrefactores procesar las cantidades adecuadas para satisfacer la demanda.

La realidad innegable es que en el almacén de café del Departamento de Agricultura, ubicado en el barrio Yahuecas de Adjuntas, el inventario de café importado se ha reducido dramáticamente y en las últimas semanas las ventas se han dirigido a satisfacer la demanda de los pequeños torrefactores con ciertas restricciones. 

La presunta  escasez afecta tanto los granos importados de café arábica y el robusta, que son las variedades más populares en el mercado mundial y las que son utilizadas por los torrefactores para elaborar las diversas marcas de café que pululan en el mercado local.

De hecho, la situación fue originada por el atraso de un embarque de café procedente de México que la pasada administración del ex secretario Ramón González Beiró había ordenado. El atraso ha sido en extremo preocupante debido a que su llegada podría acontecer a finales de febrero o durante el mes de marzo. 

Atraso en embarque

Alegadamente, el atraso del café procedente de México encendió las alarmas en el Programa de Compraventa de Café de la Administración de Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), que es la entidad encargada de lograr los acuerdos de importación con los productores extranjeros.

Rivera Castro confirmó el atraso del embarque procedente de México y reveló que el DA ordenó un nuevo embarque de café en la República Dominicana, el cual estaría arribando próximamente.

“La previa administración realizó una orden de compra y por asuntos de aduanas se atrasó, pero nosotros no dudamos en pedir otro embarque en vecinas jurisdicciones (República Dominicana) para que llegara antes de la fecha de entrega del embarque atrasado”, señaló Rivera Castro. 

“El embarque de República Dominicana llegará primero que el de México. Hay inventario en torrefactores grandes que tiene mayor demanda, por ende la prioridad son los pequeños torrefactores. Los pequeños torrefactores han recibido café. No hay escasez”, indicó el funcionario.

No obstante, las fuentes indicaron que mientras más rápido se cierre la brecha que separa las mermadas existencias de café importado en Yahuecas y la llegada del embarque procedente de la República Dominicana, no habrá escasez de café en las góndolas de los supermercados.

Posibles problemas

La fuente sostuvo que si el café de República Dominicana no llega a tiempo veremos a los torrefactores  “en problemas para satisfacer la demanda local”. 

La empresa PR Coffee Roasters, que posee 10 marcas de café que representan alrededor del 50% del mercado local, adquiere cerca del 80 % del café importado, lo que lo convierte a esa empresa en el principal cliente del Programa de Compraventa de Café de ADEA. 

Rivera Castro advirtió que el Programa de Compraventa de Café de ADEA adquirió café importado a precios satisfactorios, pues las compras fueron realizadas antes de una tendencia alcista que recientemente se registró en los precios del café en el mercado internacional.

El secretario también reveló que ha estado procurando la ayuda de pasados ex secretarios de Agricultura para crear un banco de ideas agrícolas que lo ayuden a realizar con éxito su gestión.

“Nosotros nos enfocaremos en lograr motivar a productores locales de café y proveer herramientas para alcanzar un aumento en producción. Confió en que el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores, el ex secretario Javier Rivera Aquino y el ex secretario Salvador Ramírez y muchos otros nos provean sus recomendaciones para así hacerlo. El principal reto es la mano de obra para sembrarlo y recogerlo”, agregó Rivera Cortés.

La vista de confirmación en el Senado para el nombramiento de Rivera Cortés no se  celebró ayer sábado como estaba previsto y se espera que en algún momento esta semana o el próximo sábado el designado secretario se exponga al interrogatorio de los senadores que integran la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos.

La citada Comisión es presidida por el  también presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Importación que salva y afecta

No se espera que el incremento en la tarifa de 25 % decretada por el presidente Donald Trump a los productos importados de México afecte el embarque en tránsito que adquirió la administración de González Beiró y futuras compras del Programa de Compraventa de Café de ADEA, debido a que el gobierno local está exento de pagar el arbitrio que impone el gobierno federal al café importado.

Precisamente, esa exención federal es la que ha convertido al Programa de Compraventa de Café de ADEA en una lucrativa fuente de ingresos para el DA, debido a que en el mercado internacional el precio del grano es sumamente bajo.  

La venta de café importado a los torrefactores genera cerca de $30 millones anuales. No obstante, ADEA debe reservar hasta $20 millones para realizar la compra de café del próximo año.

La importación de café se ve como un mal necesario debido a que la producción local no alcanza para satisfacer el consumo desde 1998. 

Competencia desleal

Los caficultores locales han denunciado que la importación de café atenta contra la estabilidad de la producción local porque el grano importado se vende más barato que el grano de alta calidad cosechado en la isla.

Otra denuncia es que desde el sector de los torrefactores se ha gestionado una competencia desleal porque el café importado se ha estado empacando y vendiendo como café del país, mientras el grano local de alta calidad se queda en los almacenes.

Incluso, recientemente el caficultor Miguel López Hernández, quien es el presidente de la Asociación de Beneficiados de Puerto Rico, denunció que las llamadas marcas de café “especial” o “gourmet” para consumo local y para exportación no utilizan grano de alta calidad cosechado en Puerto Rico, sino grano procedente de México que es importado por el gobierno, lo que representa una insólita práctica de fraude que podría causar el colapso de la industria de café del país.

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La Política Comercial de Trump y sus efectos en Puerto Rico

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Por José Alameda

Economista

En estas semanas, la política local e internacional de la administración Trump-Vance ha dejado
mucho de qué hablar por parte de otros dirigentes globales.

Desde mi punto de vista como economista y habiéndome especializado en la materia de comercio internacional, me parece que los aspectos de la estrategia de comercio internacional salen de un libro de un sub-realismo mágico perverso que no parece solventar a Estados Unidos como una nación centrada en promover su propio bienestar pero tampoco aquel del resto de la comunidad global.

Debemos reconocer que el orden económico de la postguerra de un mundo bipolar –Estados
Unidos versus la Unión Soviética—se esfumó.

En el tablero del mundo hoy existen potencias como China, Rusia, Europa, Taiwán, India, Corea del Sur, y los llamados BRICS, entre otros, que deben ser socio comerciales de Estados Unidos, en donde impere la armonía y política comercial concertada.

No hay espacio para posturas imperialistas ni tampoco de una actuación histriónica del emperador del mundo, al estilo Napoleón Bonaparte.

Los aranceles si son parte de políticas comerciales de los países siempre y cuando sean
manejados y de concertación global bilateral o multilateral. No son armas de guerra para
hostigar y fastidiar un supuesto enemigo, como es en el caso de un conflicto bélico.

Los aranceles son tributo a las importaciones de los países socios que son pagado, en primera
instancia, por los importadores de Estados Unidos y luego, son transferidos total o
parcialmente, en el precio de la mercancía hacia los consumidores de Estados Unidos.

De ahí, la falsedad del discurso inaugural de Trump que dijo que China ya había pagado miles de millones al IRS federal; no señor Trump, lo pagaron sus conciudadanos del norte.

En el caso de Puerto Rico, la política de la administración Trump-Vance nos comienza costado
recursos pero no parece haber beneficios, por lo menos, al momento. El supuesto beneficio de
un posible retorno de las farmacéuticas de China a Puerto Rico, fue hace más de cuatro años
anunciado por su asesor económico Pete Navarro en Puerto Rico, pero hasta el momento ha
sido un gran cuento de hadas y nada más.

La renuencia de Trump de no aceptar el impuesto mínimo global (IMG) a las corporaciones
multinacionales, nos puede costar $3,800 millones anuales, en la medida que la Asamblea
Legislativa local sigue el camino de Trump.

El estudio preparado por el equipo de Espacios Abiertos (EA) cuantifica en unos $3,800 millones anuales el potencial de ingreso del IMG, planteaba la necesidad de tomar acción antes de enero de 2025 para evitar que ese dinero sea reclamado por otras jurisdicciones.

De otra, Trump saca a EE.UU del Tratado de París sobre el cambio climático y en Puerto Rico,
sospecho que seguirá esta ruta. Según el estudio de la firma de consultoría Estudios Técnicos
realizado para el Comité de Cambio Climático de Puerto Rico, el costo de la inacción para 2050 sería de una pérdida de $379,270 millones en el PIB, de ocurrir un aumento de 2°C sobre los niveles preindustriales en la temperatura global.

Otro asunto es el costo a los consumidores de los aranceles para Puerto Rico. Veamos. Según
las estadísticas de la Junta de Planificación, el volumen de importaciones de Puerto Rico desde
México ($1,122 millones); Canadá ($501.8 millones) y China ($1,002.3 millones).

Trump ha dicho que colocaría un arancel de 10% a todos los países y de 60% a China. De ser así, en estos tres países, el costo para el consumidor local de los aranceles sería $763.8 millones adicionales, lo que equivale a $761 anuales por familia en Puerto Rico. Claro, esto son sólo lo que provienes de estos tres países.

Si se añade Japón y Brasil, serían $212 millones adicionales para unos $211 anuales por familia.

En resumen, la política comercial global de Trump-Vance, la cual intenta hacer a Estados Unidos grande de nuevo, pudiera hacerlos más pobres de nuevo, y en esta agenda parece que no habremos de estar solos.

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