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Asegurados comienzan a mostrar interés en que seguros reflejen valor real de sus propiedades

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 Por Miguel Díaz Román

Cada vez con más ahínco los ciudadanos que tienen aseguradas sus hogares han llamado a sus agentes de seguros o a las aseguradoras con las que han suscrito sus pólizas de propiedad para obtener orientación y garantizar que los límites de su cubierta se ajusten al valor actual de sus propiedades y así evitar que estén subvaloradas.

Jaime González Portilla, presidente de Antilles Insurance Company.

De hecho, se espera que el reciente llamado realizado por la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR) y la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) para que los límites de las cubiertas de seguro de propiedad respondan al valor real de las viviendas motive a los asegurados a revisar sus pólizas.

Manuel Font, presidente saliente de la Asociación de Agentes Profesionales de Seguros de Puerto Rico y el Caribe (PIA por sus siglas en inglés) sostuvo que su organización ha realizado un gran esfuerzo para que los agentes asociados se comuniquen con sus clientes la necesidad de revisar los valores de sus propiedades.

Incluso, indicó que PIA y ACODESE han realizado la campaña “Asegúrate Puerto Rico”, en la que también advierte a los asegurados los efectos adversos de no estar correctamente asegurado.

“Cuando le explicas a los asegurados cómo funciona la póliza ellos entienden. Y esto tiene el otro lado de la moneda porque tiene un costo y obviamente el consumidor dice ´esto me va costar más´. Pero yo les explico que es mejor asegurarse bien que estar mal asegurado, porque cuando venga la reclamación te van a pagar mal. Y es una realidad triste que después de 10 años de comprar tu propiedad le debas aumentar el costo de reconstrucción de $100,000 a $125,000 y eso va a tener un aumento en la prima, pero es mejor estar bien asegurado”, dijo Font.

Aumento en consultas tras la tormenta Ernesto

La ABPR y ACODESE han sostenido que la campaña “Asegúrate que estés asegurado” surge como resultado de un aumento en las consultas realizadas de parte de asegurados y por clientes hipotecarios de los bancos tras el paso de la tormenta Ernesto. 

Las consultas intentaban indagar, según expresaron las organizaciones, sobre los límites de su seguro adecuados para proteger su vivienda al momento de realizar una reclamación.

No obstante, SN exploró en varias aseguradoras sobre la reacción de los asegurados y la respuesta consistente es que ya se están comenzado a recibir peticiones para revisar los límites.

De hecho, la temporada de huracanes termina el próximo 30 de noviembre, lo que implica que la revisión de los límites de la cubierta y del valor de la propiedad es un asunto de vital importancia.

El efecto de la inflación

Además, los huracanes no es la única amenaza catastrófica para las que las pólizas de propiedad ofrecen protección, pues también cubren daños causados por fuego y terremoto.

La ABPR y ACODESE también advirtieron que tener una cubierta adecuada en su seguro de propiedad es especialmente importante porque la inflación ha tenido un impacto sustancial en el costo de los materiales de construcción.  

El economista José García López, quien ha examinado los efectos de la inflación en los materiales de construcción, sostuvo que realizó un estimado sobre el efecto de la inflación en el costo por pie cuadrado para construir una vivienda de interés social, el cual ascendió a 58 %. 

En síntesis, una propiedad con un límite de cubierta que no responda al valor real de la propiedad puede causar efectos adversos al asegurado al momento de enfrentar una pérdida y presentar una reclamación, porque el pago no atenderá adecuadamente el costo de reconstrucción.

“Si has hecho un segundo piso, una piscina o has colocado en tu casa unas placas solares no dejes de llamar a tu agente para que esos cambios se incluyan en tu póliza de seguros. Tu póliza no se puede quedar con el mismo valor de hace 10 años si le has hecho cambios a tu propiedad”, insistió Font.

Responsabilidad de los agentes

Sobre este crucial aspecto el presidente de Antilles Insurance Company, Jaime González Portilla, sostuvo que ACODESE convocó a una reunión a la ABPR para trasladar la preocupación sobre que los límites de las cubiertas de los seguros de propiedad merecían una revisión debido al efecto que ha tenido en el costo de los materiales de construcción la espiral inflacionaria que experimentada por la economía local en los pasados años.

 De hecho, es necesario advertir que los bancos son dueños de determinadas agencias generales, las cuales tramitan con las aseguradoras del país los seguros de propiedad para las hipotecas que venden a sus clientes.  

González Portilla, quien también es el presidente de la Junta de Directores de Acodese, aclaró que no es responsabilidad de las aseguradoras procurar que los límites de las pólizas sean adecuados. Sostuvo que es una responsabilidad de los asegurados y de los agentes de seguros.

 “Son los agentes los responsables de hablar con sus clientes para que los límites sean revisados. Si usted compró una casa hace siete años ya el costo de reconstrucción por pie cuadrado cambió. Por ejemplo, si antes era $150.00 por pie cuadrado, ahora puede estar en $180.00 y ese aumento puede afectar la reconstrucción de una casa si los límites no son adecuados porque lo que pagará la aseguradora no será suficiente para reparar la casa”, dijo González Portilla.

Penalidad onerosa

Señaló que, si el valor de la propiedad aumentó y no fue registrado en la póliza, al momento de una reclamación el asegurador aplicará una penalidad de coaseguro, la cual es sumamente onerosa.

” Si la casa estaba asegurada por $100,000 y debió estar asegurada por $200,000, esa fracción, que equivale a 50 % – 100 entre 200 es 50 %, – quiere decir que al momento de la reclamación te pagarán el 50 % de la reclamación. Por lo tanto, el que tenga asegurada su casa por $100,000 en su póliza y la debe tener en $200,000, pues la debe subir a $200,000”, dijo González Portilla.

Agregó que, en caso de una pérdida total, el asegurado cuya casa estaba asegurada por $100,000 y debió estar asegurada por $200,000 “no va recibir más de $100,000”.

Muchas casas sub aseguradas

“Acodese le llevó la preocupación a la APBR de que muchas casas podrían estar sub aseguradas por el tema de la inflación y a las compañías de seguro le preocupa que, en caso de una catástrofe, los perjudicados serán los asegurados”, indicó el ejecutivo.

“Quien único puede enmendar la póliza o endosarla es el agente o el corredor. Pero la responsabilidad de que los valores sean los correctos es una responsabilidad del agente o corredor. Esa no es una función de las aseguradoras. Lo que sucede es que cuando venga la reclamación, las aseguradoras van a ajustar la pérdida y si la casa está mal asegurada te van a penalizar. Ese fue el mensaje que ACODESE le llevó a la ABPR. Y así fue que surgió el tema de la campaña para que los asegurados se aseguren de que su casa está bien asegurada”, dijo González Portilla.

De hecho, el presidente de Antilles Insurance indicó que el proceso de enmendar la póliza para cambiar el límite puede prescindir de una tasación y aun así ser un proceso rápido y efectivo.

Prescindir de la tasación

“Yo creo que no es tan complicado. Yo compré mi casa hace siete años atrás y en la tasación que debo tener, que es parte de mi hipoteca,  busco el costo por pie cuadrado de construcción. Supongamos que dice $150.00 por pie cuadrado de construcción. Pues yo llamo a mí agente para que confirme cuál es el costo por pie cuadrado de construcción hoy en día.  El agente hizo su trabajo y llamó a un ingeniero y le han dicho que ya no es $150.00 sino $180.00. Con esa información haces el cálculo y solicitas un aumento en el límite del seguro. Puedes hacer una tasación, pero eso te va a costar dinero. Si no quieres pasar por ese proceso puedes hacerlo con el costo por pie cuadrado de construcción hoy en día”, dijo González Portilla.

El ejecutivo indicó que tras obtener un cambio en el límite el asegurado deberá pagar el incremento que este cambio causará en la prima.  “Todo esto es para lograr que, cuando venga la reclamación, te paguen lo que te tienen que pagar. Porque, de lo contrario, te van a penalizar”, sentenció.  

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Escasea la leche fresca mientras la ORIL sucumbe en comedia de errores

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Por Miguel Díaz Román

Los consumidores deberán esperar una merma significativa en la disponibilidad de la leche fresca en el mercado en los próximos días y quizás hasta finales del mes de octubre, debido a que el ganado experimenta una baja en la producción de leche por las altas temperaturas y también por otras circunstancias adversas como la quiebra de vaquerías y la reducción del ganado productor, como resultado de las políticas establecidas por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL).  

De hecho, el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quien también es el administrador interino de la ORIL, admitió el pasado jueves en una entrevista realizada en estación de radio WKAQ, la creciente escasez de leche fresca que se ya se está registrando en las neveras del comercio.

“Estamos en la época de baja producción, así que van a ver un poco de menos disponibilidad de leche, quizás hasta el próximo mes y medio y empieza a normalizarse a finales de octubre”, dijo González Beiró.

En relación con la baja producción de leche la Vaquería Tres Monjitas sostuvo en unas declaraciones escritas que continuará trabajando para garantizar la disponibilidad del producto en el mercado. 

Actualmente Tres Monjitas es la única procesadora de leche fresca activa luego de que la planta Suiza Dairy suspendió el procesamiento de leche fresca tras demandar a la ORIL en el Tribunal Federal de San Juan.

 “Por la reducción en la leche cruda que se recibe en la planta, estamos dando prioridad a la producción de los productos de mayor demanda, en coordinación con el Departamento de Agricultura. Esperamos que, al igual que todos los años, esta situación de baja producción en las fincas se estabilice a finales de octubre, mientras seguimos evaluando opciones con el Departamento de Agricultura para garantizar la disponibilidad de leche fresca en el mercado”, dijo Orlando González, gerente general de Vaquería Tres Monjitas.

No obstante, lo que no dijo el secretario en su entrevista radial es la comedia de errores que cometió la ORIL en los pasados días para enfrentar la baja producción de leche, al emitir una orden administrativa con el objetivo de eximir a los ganaderos de los nuevos parámetros de calidad establecidos por esa entidad reguladora, y un día después esa decisión fue derogada.

Comedia de errores

De acuerdo con una fuente conocedora de las incidencias en la ORIL la orden administrativa derogada tenía la intención de aumentar la cantidad de leche disponible para procesamiento en un periodo de baja producción porque decretó una moratoria en la aplicación de los nuevos parámetros.

Estos parámetros exigen una reducción de bacterias y de las células somáticas en la leche cruda más allá de los parámetros de leche grado A exigidos por el gobierno federal. 

El miércoles 11 de septiembre la ORIL emitió la orden administrativa 2024-48 para decretar una moratoria hasta el 6 de noviembre sobre el parámetro de células somáticas en la leche cruda, según lo dispone el reglamento 5, que exige contajes por debajo de 550,000 células por mililitro. Esta orden fue firmada por González Beiró como administrador interino de la ORIL.

La presencia de células somáticas está relacionada con infecciones y enfermedades en la ubre de las vacas y los técnicos de la ORIL ordena el decomiso de aquella leche que no cumple con el contaje por debajo de 550,000 células por mililitro.

Como resultado de la orden 2024-48 se estaría permitiendo que la leche cruda registrara contajes de hasta 750,000 células por mililitro, que es el rango aceptado para leche grado A por el gobierno federal.

La fuente indicó que la decisión tendría el efecto de detener los decomisos, lo que aumentaría la leche disponible para suplir el mercado de leche fresca.

Pero el jueves 12 de septiembre la ORIL emitió la orden administrativa 2024- 49 cuyo único fin fue derogar la orden administrativa 2024-48. El documento sostiene que la decisión respondió a una petición de los productores de leche para que la leche que llega a los consumidores “sea de la más alta calidad”, según lo dispone el reglamento 5.

El documento no identifica a los ganaderos que, alegadamente, solicitaron detener la moratoria para que continuara rigiendo los nuevos parámetros que impone el reglamento 5.

Una orden no puede enmendar un reglamento

 “Se acogió la petición presentada por entender que ésta obstruye o no tiende a poner en efecto la política pública y los fines de la Ley 34 (Ley para reglamentar la industria lechera) y la reglamentación vigente”, indica la orden administrativa 2024 -49, que también fue firmada por González Beiró.

No obstante, la fuente indicó que la verdadera razón para derogar la orden administrativa 2024- 48 “es que, a última hora, se dieron cuenta de que una orden administrativa no puede enmendar un reglamento. Ya eso ha sido decidido por los tribunales. Fue entonces cuando decidieron derogarla”.   

Sobre estos eventos SN le envió a González Beiró una solicitud para obtener su reacción a través de cuenta de Whatsapp y el funcionario no respondió.

SN supo que, tras la aprobación de la orden administrativa 2024- 48, ya existían ganaderos buscando una representación legal con el fin de demandar a la ORIL por las cuantiosas pérdidas causadas por los nuevos parámetros que impone el reglamento 5.

De hecho, para evitar los decomisos, los ganaderos se han visto obligados a incurrir en altos costos para pagar servicios veterinarios y para adquirir medicamentos. Además, los nuevos parámetros han contribuido a la reducción de producción de leche debido a que las ganaderías han tenido que disponer del ganado que registra alta incidencia de células somáticas para evitar los decomisos.

No al ganado de reemplazo

La merma en la producción por las altas temperaturas se había enfrentado en el pasado importando ganado con el fin de aumentar el caudal de leche, pero desde inicios de este cuatrienio González Beiró eliminó los incentivos para la importación de ganado de reemplazo.

Esta decisión ha causado una reducción significativa en el número de cabezas de ganado en las vaquerías porque, sin los incentivos del gobierno, resulta muy costosa para los ganaderos la importación de ganado de reemplazo. En la actualidad el costo por cabeza de ganado puede superar los $4,500.

Los nuevos parámetros que impone el reglamento 5 también han elevado los costos de producir leche hasta el punto muchos ganaderos se han declarado en quiebra en el Tribunal Federal mientras que otros, sencillamente, han cerrado sus operaciones, lo que también han contribuido a la reducción en la producción de leche.

 Además, el cierre de la planta Suiza Dairy, una decisión que se ha interpretado como la respuesta de la empresa a las arbitrariedades reglamentarias impuestas por la ORIL durante de dirección de González Beiró, promete causar graves problemas cuando la producción de leche aumente en el invierno por las bajas temperaturas, y la planta Tres Monjitas no pueda acopiar toda la producción debido a sus limitaciones en tamaño.

Más problemas para la ORIL

El pasado 3 de mayo Suiza Dairy radicó en el Tribunal Federal de San Juan moción de desacato contra la ORIl y González Beiró por, alegadamente, incumplir un acuerdo alcanzado en ese tribunal en 2013, que incluye el reglamento 12, el cual fue anexado a una sentencia emitida por el juez federal Daniel Dominguez.

 El citado acuerdo obliga a la ORIL a garantizar una ganancia adecuada a los integrantes de la industria lechera, especialmente a las plantas procesadoras, tras realizar evaluaciones económicas anuales y un amplio estudio cada cuatro años.

Suiza Dairy sostiene en la moción que ha perdido $172 millones por los incumplimientos de la ORIL. 

Pero este no es el único problema que enfrenta la ORIl y González Beiró. Tan reciente como el pasado 9 de septiembre la ORIL acudió al Tribunal Supremo de Puerto Rico con una petición para que se revise una sentencia del Tribunal de Apelaciones de San Juan que anuló una sanción impuesta por la agencia reguladora contra un ganadero.

En esa sentencia el Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto un dictamen de la ORIL contra el ganadero Jesús R. Díaz González, a quien se le impuso el pago de $16,770.40 por, alegadamente, causar la contaminación por bacterias de 16,968 cuartillos de leche almacenada en un tanque de un camión de recogida del producto de Tres Monjitas.

Demandas a la vista

El Tribunal de Apelaciones sostuvo que ORIL actuó incorrectamente al aplicar al ganadero una pena por analogía. Es decir, imponer una penalidad dispuesta para una determinada acción a unos hechos que son similares o análogos.

El artículo 8 del reglamento 5 de la ORIL dispone claramente que un ganadero vendrá obligado a pagar el costo de aquella la leche decomisada de un tanque porque se depositó leche cruda contaminada con antibiótico, drogas, inhibidores, adulterantes, crioscopia o por exceder el límite de acidez. No obstante, la reglamentación no considera imponer esa penalidad si la leche cruda depositada en el tanque no cumple con el conteo bacteriano reglamentario.

Si el Tribunal Supremo avala la determinación del Tribunal de Apelaciones se abre un nuevo escenario en el que decenas de ganaderos podrían demandar al gobierno en busca de una compensación por daños económicos, debido a que la ORIL también los obligó a pagar miles de dólares por la leche decomisada que contenía los tanques de recogida, luego de que se determinara que sus entregas registraban altos contajes de bacterias.

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Cierran oficina del Negociado de Impuesto al Consumo en medio de hermética investigación

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Por Miguel Díaz Román

En momentos cuando la atención de los medios de comunicación se ha centrado en el tramo final de la campaña electoral del país, la oficina del Negociado de Impuesto al Consumo (NIC) en el edificio central del Departamento de Hacienda en Puerta de Tierra, la entidad que gestiona el cobro del IVU que es una de las fuentes de recaudos más importante del gobierno en este momento, ha sido precintada en medio de una investigación administrativa que fue confirmada por la agencia fiscal.

Además, en medio de la citada investigación administrativa, la directora del NIC, Griseida Cardona Machuca, ha dejado de asistir a cumplir las responsabilidades de su cargo.

De acuerdo con fuentes de SN, aproximadamente un mes atrás la oficina del NIC en el tercer piso del edificio Intendente Ramírez en Puerta de Tierra fue sellada con una banda plástica de color amarillo que tiene impresa el logo de Hacienda, en una acción que ha causado una gran consternación en el entorno administrativo de la agencia.

Desde entonces a Cardona Machuca no se le ve en la agencia mientras el secretario Interino de Hacienda, Nelson Pérez Méndez, y sus subalternos se han mantenido herméticos en relación a los motivos de la investigación, según indicaron las fuentes.

La pesquisa administrativa levanta numerosas interrogantes porque el NIC ha sido responsable de gestionar la segunda fuente de mayores recaudos del Fondo General después de la contribución sobre ingresos, ya que el pasado año fiscal el IVU generó $3,691,148 millones.

De hecho, la investigación administrativa contra el NIC acontece luego de que el pasado mes de diciembre un Gran Jurado Federal en el Tribunal Federal de San Juan emitió una acusación contra tres agentes de rentas internas de Hacienda, quienes, alegadamente, aceptaron los sobornos realizados por un gestor de empresas importadoras de vehículos de motor, quien también fue acusado.

El amplio espectro del NIC

No está claro si la pesquisa administrativa está relacionada con las acusaciones radicadas por el Gran Jurado Federal.

No obstante, el NIC tiene un amplio espectro de responsabilidades contributivas porque además de administrar el IVU también maneja los arbitrios especiales, el negociado de bebidas alcohólicas, un organismo que tiene jurisdicción en los arbitrios a la producción de licor, cervezas y a la importación de bebidas alcohólicas, las licencias de negocios para la venta de bebidas alcohólicas y las máquinas de juegos.

Además, el NIC tiene facultad en los impuestos que aplican a la celebración de espectáculos y las licencias para los productores de espectáculos.

En unas escuetas expresiones escritas realizadas a petición de SN, la portavoz del Departamento de Hacienda, Vilmar Trinta Negrón, confirmó la investigación administrativa en el NIC, pero no abundó sobre las causas que la motivaron.

“El Departamento de Hacienda realiza procesos de evaluaciones e investigaciones administrativas de manera ordinaria y continua en diferentes áreas, según sea necesario. Actualmente, el Departamento realiza una investigación interna en el Negociado de Impuesto al Consumo. Por tratarse de un proceso administrativo en curso y para asegurar la integridad y confidencialidad que rigen estos procesos, no ofreceremos detalles en estos momentos”, sostuvo Trinta Negrón.

Hacienda hace mutis sobre la ausencia

La portavoz de Hacienda no ofreció información sobre sí Cardona Machuca es parte de la investigación administrativa y tampoco explicó las razones que explican la ausencia de la funcionaria en la agencia. Trinta Negrón indicó que, antes de responder a nuestra petición para que se explicara la ausencia de Cardona Machuca, debía consultar con la división de recursos humanos de Hacienda.

Las acusaciones radicadas por el Gran Jurado Federal el pasado mes de diciembre de 2023 revelaron que los alegados sobornos pagados por el gestor de los importadores de vehículos tenían como objetivo reducir el monto del arbitrio que se le impone a los automóviles importados nuevos o usados, a través de un esquema de fraude que básicamente se realizaba al ingresar un número incorrecto de la transacción en el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI).  

Este falso error obligaba a revisar la declaración del pago del arbitrio, una oportunidad que se utilizó para modificar el monto a pagar por el importador.  

El gestor de los importadores de vehículos fue identificado en la acusación federal como Ariel Pintado Montalvo, mientras que los agentes de rentas internas que recibieron miles de dólares en sobornos a Antonio Silva Rodríguez, Héctor Vázquez Barroso y Doris Bonilla Valle.

Directora del NIC en controversias

La gestión de Cardona Machuca frente al NIC no ha estado exenta de controversias, pues en 2019 el Colegio de Productores de Espectáculos Públicos denunció la falta de diligencia por parte de la funcionaria, quien para entonces fungía como directora interina.

En aquel momento se denunció que la funcionaria improvisaba arbitrariamente con la reglamentación y, alegadamente, imponía determinados requisitos a los productores de espectáculos que aumentan sus costos de operación sin demostrar una base estadística que justificara esas decisiones.  

Otra queja fue que la funcionaria ordenaba investigaciones sin que a los productores se les notificara la causa.

Con poco éxito pesquisas de Hacienda

Lamentablemente los actos de soborno y corrupción han estado presentes cada vez con más frecuencia  en la historia del NIC y de los agentes de rentas internas. En 2017 la fiscalía federal radicó cargos por extorsión y soborno contra los ex agentes de rentas internas Edwin Aponte Hernández y Eduardo Collazo Torres.

Ambos ex funcionarios se declararon culpables en 2018 en relación con la devolución de tres máquinas de entretenimiento para adultos que fueron confiscadas por tener las licencias expiradas. Los ex agentes de rentas recibieron $1,500 a cambio de devolver las máquinas, según concluyó la investigación realizada por el Negociado Federal de Investigaciones.

No obstante, muchas de las investigaciones administrativas que realiza Hacienda contra sus empleados no logran los resultados esperados y en numerosas ocasiones los imputados pueden retornar a sus puestos luego de varios años de suspensión. De hecho, en determinados casos Hacienda se ha visto obligada a pagar a estos empleados miles de dólares en salarios retroactivos.

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Gobernador veta medida extendía hasta el 2040 exención a los ingresos por alquiler de viviendas y que eximía de contribuciones a las pensiones calificadas

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Por Miguel Díaz Román

El gobernador Pedro Pierluisi impartió un veto de bolsillo a una importante medida que introducía numerosas enmiendas técnicas que intentaban simplificar el sistema contributivo del país con el fin de garantizar ahorros a los contribuyentes tanto en trámites como en costos y que, además, extendía hasta el 2040 la vigencia de la exención a los ingresos provenientes del arrendamiento de propiedades residenciales.

De hecho, el Departamento de Hacienda estimó que para el año fiscal 2026 la exención a los ingresos provenientes del arrendamiento de propiedades representará un ahorro para los dueños de propiedades de $31.4 millones.

Además, la medida disponía que los municipios podrían acceder al sistema digitalizado contributivo SURI del Departamento de Hacienda para integrar el cobro del IVU municipal y la patente municipal, que recoge la declaración de volumen de actividad económica de los negocios ubicados en los municipios.

La medida también proponía impedir que las distribuciones de planes de pensiones calificados estuvieran sujetas a la contribución básica alterna de 10 %y que la contribución alternativa mínima no cobijará a los dividendos de corporaciones domésticas. El impacto fiscal de estas dos propuestas no fue divulgado en el análisis legislativo de la medida.

Se desconocen las razones que motivaron al gobernador para emitir un veto de bolsillo al Proyecto de la Cámara 2100, que fue radicado por el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez junto con la delegación del Partido Popular Democrático y miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista.

El veto de bolsillo se configura cuando han pasado 30 días desde que la legislatura envió a la Fortaleza una medida aprobada y el gobernador no actúa sobre ella. Además, el veto de bolsillo tiene la característica de que el Primer Ejecutivo no tiene que ofrecer explicaciones sobre por qué no avaló la medida.

El PC 2100 fue enviado a la Fortaleza el pasado 2 de agosto, lo que implica que los 30 días requeridos para el veto de bolsillo se cumplieron el pasado 31 de agosto.

Un “primer paso”

Del debate legislativo que generó la medida se desprende que la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA), Edmy Rivera Colón, presentó varias objeciones a las propuestas de la medida, aunque calificó el PS 2100 como “un primer paso” hacia una reforma contributiva integrada.

Aunque Rivera Colón no se opuso totalmente al proyecto, tampoco hubo un respaldo absoluto, lo cual pudo tener un impacto en la decisión del gobernador porque los comentarios del CCPA suelen tener repercusiones tanto en la Legislatura como en el Ejecutivo, cuando se trata de asuntos contributivos.

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) realizó un análisis y concluyó que la medida tendrá un efecto fiscal en tres áreas principales, pero no presentó un estimado de ese impacto fiscal. Según el análisis de la OPAL, la primera área de impacto fiscal comprende las enmiendas técnicas que propone el proyecto porque pudieran representar “un ahorro al gobierno en términos de fiscalización y a los contribuyentes en términos de mayor simplificación”.

El segundo factor de impacto fiscal es la exención de los ingresos provenientes del arrendamiento de propiedades residenciales. De hecho, la OPAL indicó que la exención estará vigente hasta 2030 y la propuesta de la medida es extenderla hasta el 2040.

Para el año fiscal 2026 Hacienda estimó que el impacto fiscal de la exención ascendería a $31.4 millones, lo que puede ofrecer una perspectiva del recaudo que Hacienda dejará de ingresar en una década y el ahorro que significaba para los dueños de propiedades en ese periodo de tiempo.

El área tercera de impacto fiscal es la exclusión total de los dividendos de corporaciones domésticas sujetas a la contribución alternativa mínima. De hecho, la OPAL comentó que, aunque esta exención pudiera representar una reducción en recaudos del Fondo General “su efecto fiscal no se pudo precisar por falta de información”.  

La ambición fue la “pastilla venenosa”

El ex presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Cañellas, lamentó el veto al PS 2100 aunque señaló que la medida pudo contener dificultades técnicas que contribuyeron a que fuera rechazada por el gobernador.

“Es lamentable que no haya sido aprobada porque tenían muchas secciones que simplificaban la radicación de planillas con Hacienda y con los municipios, sobre todo, incluyendo socios no residentes, además de eliminar de tributación de la contribución básica alterna las pensiones calificadas. La extensión de la exención por ingresos de rentas residenciales hasta el 2040 hace sentido. Pero vista la oposición del CCPA, parece que había ciertos asuntos técnicos relacionados a la medida que no fueron atendidos, contribuyendo a que se vetara la misma”, indicó Cañellas.

Cañellas, quien también es abogado y contador público autorizado, señaló que probablemente el defecto de la medida radicó en la gran cantidad de asuntos que pretendió atender con enmiendas.

“Pasa a menudo cuando un proyecto de ley es muy ambicioso y quiere cubrir muchas áreas lo que causa una especie de “poison pill” (pastilla venenosa) involuntario que imposibilita que la medida sea aprobada. Una opción era aprobar y luego enmendarla pero no sucedió. También había cierta incertidumbre sobre el costo de la medida y la Junta de Supervisión Fiscal quizás no hubiera permitido su implementación”, indicó.

Entre las principales enmiendas de la medida figuran enmendar la definición de industria o negocio para incluir criterios más objetivos y armonizar la misma con la definición de trabajador a distancia.  La medida propone enmendar disposiciones de la contribución básica alterna para eximir al contribuyente de incluir reconciliaciones de gastos e informativas para poder reclamar el gasto en este cómputo. 

Exime a las distribuciones en los planes de pensiones

Además, la medida dispone que las distribuciones de planes de retiro (fideicomiso de empleados) sujetas a la tasa de 10% de retención no están sujetas al cómputo de contribución básica alterna. 

También se exime a las corporaciones de someter con sus planillas conciliaciones entre el gasto reflejado en libros y las declaraciones informativas. Se exime de contribución alternativa mínima las distribuciones de dividendos de una corporación doméstica, foránea o de ingreso de fomento industrial. 

Se amplía y flexibiliza la regla para contribuyentes que desean seguir utilizando el método de contabilidad de recibido y pagado, de forma que a partir del 1 de enero de 2024 se permite el uso de este método para contribuyentes que generan hasta $10 millones. 

El proyecto cambia la fecha de radicación de la planilla de entidades conducto para el 31 de marzo al igual que la informativa a los socios. En otra enmienda la medida autoriza al secretario de Hacienda a cambiar la fecha de radicación de las planillas otorgando una prórroga adicional de hasta 6 meses en situaciones de emergencias declaradas por el presidente de los Estados Unidos. 

Además, se establece una nueva regla para notificar efectos de reorganización o liquidación de entidades a través de SURI.

Exención a asociaciones de propietarios

La medida amplía los requisitos de comerciantes que tienen que notificar transferencias y transacciones financieras electrónicas y se aclaran las disposiciones de la exención de contribución sobre ingresos que será aplicable a las asociaciones de propietarios. 

La medida aclara las definiciones de servicios en las disposiciones del IVU y modifica el concepto de “error matemático” por “ajuste de planilla” y se define el alcance del término “ajuste de planilla”. 

El proyecto también establece la regla para el cómputo de la contribución estimada en el caso de corporaciones exentas y se establecen los requisitos para un programa de rehabilitación del contribuyente y las facultades que tendrá el secretario de Hacienda. 

Otra propuesta es que se establece un acuerdo colaborativo entre Hacienda y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos con el propósito de consolidar las planillas patronales y procesar las mismas a través de SURI.

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Fracaso del sistema educativo demuestra fracaso del contrato social

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Por doctor Edgar León

En Puerto Rico la Constitución garantiza a los ciudadanos el derecho a una educación de calidad, un derecho que ha sido fundamentalmente ignorado durante décadas.

 El contrato social que el gobierno ha establecido con su pueblo —la promesa de preparar a los estudiantes para un futuro exitoso— ha sido violado sistemáticamente. Mientras nos concentramos en cancelar contratos como el de LUMA, el proveedor de electricidad, poco se ha hablado de la necesidad de cancelar el “contrato” del Departamento de Educación y su administración.

 El sistema educativo tal como está, ha fracasado en su misión. En lugar de formar líderes y emprendedores con habilidades competitivas en el mercado global, está produciendo una población ignorante, diseñada para ser empleada por otros en lugar de crear sus propios negocios.

 Este currículo, lejos de capacitar a los jóvenes para liderar, los prepara para ser parte de una maquinaria laboral que no fomenta la creatividad ni la independencia. El modelo educativo actual limita el pensamiento crítico, y en muchos casos, impide el progreso de aquellos que realmente desean aprender.

 Este fracaso del sistema educativo ha permitido que la clase política mantenga el control sobre la población, utilizando la ignorancia como herramienta para gobernar con el miedo. Las decisiones políticas que afectan el bienestar y el futuro del país rara vez encuentran resistencia cuando las personas carecen de las herramientas necesarias para evaluar y comprender su entorno.

 El problema se agrava aún más con la naturaleza corrupta y burocrática del Departamento de Educación. El dinero destinado a la educación se desvía hacia contratos innecesarios, alquileres de edificios y una inmensa red de empleos administrativos con vínculos políticos, en lugar de destinarse al desarrollo de un sistema de enseñanza eficaz.

 La educación compulsoria, que debería ser una solución, en cambio se ha convertido en una carga, atrapando a estudiantes en un sistema que no les permite avanzar ni desarrollar su máximo potencial.

Aún peor, se culpa a los maestros del fracaso de los estudiantes cuando de por sí, no los dejan enseñar y le ponen de camisa de fuerza un currículo estéril, los obligan a pasar de grado a estudiantes que no saben leer, le quitan tiempo lectivo para completar actividades administrativas y papeleo auto creado por la administración central.

 Este mal manejo de los recursos convierte al Departamento de Educación en la “gallina de los huevos de oro” para otras agencias gubernamentales, que, al igual que el propio Departamento de Educación, no cumplen con el contrato de proveer los servicios para los cuales fueron creadas.

 Puerto Rico necesita un cambio radical e inmediato. Es imperativo cerrar el actual sistema educativo y comenzar desde cero, con un plan que ponga el 90% del presupuesto en manos de los maestros y en la enseñanza directa, y no en la administración burocrática con procesos de papel.

 Necesitamos un sistema que fomente la innovación, el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades reales que sean útiles en un mundo globalizado, donde los jóvenes se sientan felices, y puedan ser no solo empleados si desean, sino también líderes, empresarios y ciudadanos capaces de transformar su sociedad.

 Los estudiantes hace 30 años aprendían a cocinar, a construir con madera, a jugar con programas deportivos en los planteles, a bregar con sistemas eléctricos simples y con electrónica. Ahora solo es una cárcel donde son obligados a memorizar un contenido aburrido que viene del extranjero y que no aplica al niño de Puerto Rico.

 Peor aún, se gastan dos semanas de periodo lectivo en la preparación de un examen estandarizado que no sirve para nada y que constantemente salen peor los estudiantes.

 Solo cuando prioricemos la educación y dejemos de despilfarrar fondos en intereses políticos, en salarios y contratos para los que corren las campañas de los partidos en el poder y burocráticos, podremos comenzar a revertir los años de daño que se ha hecho a la población puertorriqueña. La educación debe ser la columna vertebral de nuestra sociedad, no el último eslabón en una cadena de corrupción y negligencia.

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Rompamos las cadenas del conformismo

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Por Carlos A Flores Ortega

Agrónomo y ex secretario de Agricultura

A menos de dos meses para un evento electoral en Puerto Rico, el que dictará nuestro futuro por los próximos cuatro años, se repite el escenario de políticos buscando desesperadamente el voto de sus constituyentes haciendo promesas de campaña a todo dar y de todos colores.

 Nada nuevo y no nos sorprende. Yo he estado durante cuatro años enviándole artículos publicados en periódicos y en los medios digitales a muchos políticos sobre problemas en la agricultura y para mi decepción nunca me comentaron o reaccionaron a los señalamientos.

 Sin embargo, en las últimas semanas comienzo a recibir sus mensajes de promoción para reelección o para que los apoyemos en su objetivo de representarnos en la búsqueda de soluciones a nuestros problemas.

Si no sirvieron para interesarse en lo que señalamos, para qué los necesitamos ahora. De hecho, ya he interactuado con algunos y los he sacado de mi lista de contactos. Demás está decir que no tendrán nuestro apoyo.

 Durante estos meses previos a unas elecciones se escribe la ruta que debemos aceptar antes de dar el voto a quienes nos representarán. Esto no debe ser un permiso a ciegas, debe ser un voto de confianza para atender lo que verdaderamente nos preocupa e interesa.

 Los partidos políticos le llaman programa de gobierno y compromisos programáticos que deben ser definidos y aprobados por sus juntas de partido y luego convencer a los constituyentes de que con estos planes Puerto Rico deberá mejorar.

 Estos planes los elaboran comités principalmente compuestos por servidores públicos y expertos del sector privado. Así lo hacen casi todos los partidos y requieren que estos comités consulten en reuniones con la gente sus ideas y reciban nuevas propuestas. Así se consulta al pueblo y se confecciona lo que será el mapa de ruta de los partidos.

 La dinámica debe ser de apertura y de amplia participación, pero esto no siempre ocurre así. Tenemos la dinámica del sector público donde se forman bandos enfocados más en alcanzar puestos y posiciones que en presentar ideas y soluciones. En casi todas las agencias están más interesados por quién va a dirigir la agencia que los cambios que van a presentar y esto dilata y corrompe el proceso.

 Por otro lado, en el sector privado la dinámica es asegurar que las ideas y compromisos puedan generar ganancias, contratos o beneficios a grupos específicos por solo el hecho de que participaron y apoyaron económicamente al partido.

 Dos escenarios con los que el nuevo gobernante tendrá que trabajar hábilmente para una vez alcanzada la meta de ganar unas elecciones filtrar bien toda esta “borra” que queda en la taza y que más adelante les ocasionarán problemas éticos y de ejecución.

Cuando un político se acerque lo primero que debemos preguntarle es si conoce su plan de gobierno o lo que su partido considera será la política pública. Muchos de ellos ni conocen esto. La mayoría de ellos nos dirán que el anterior no lo hizo, pero ellos sí resolverán los problemas que nos aquejan.

Ahí está la clave para romper el conformismo de escuchar clichés y jingles de campaña. Ahí es el momento de preguntarles cómo lo van a hacer. Es más importante el cómo que el qué y ahí escucharán algunos balbucear y decir que escucharán al pueblo que es soberano para buscar las soluciones.

 A este tipo de político de derecha y dígale adiós porque está perdido en las nubes y no hay seriedad ni compromiso para que nos represente.

La democracia es la herramienta más poderosa que tienen los países y mientras mayor participación se logre en los eventos electorales, mejor representada estará su ciudadanía. Esto les pone mayor presión a los políticos porque tienen que esbozar planes que atiendan a todos los sectores de la población.

 En nuestro caso el sector agrícola necesita de unas atenciones especiales que la mayoría de los políticos desconoce y que muy pocos se toman el tiempo de entender.

Un plan agrícola como mínimo debe incluir un análisis de la situación actual dentro del trasfondo histórico de nuestra Isla. Debe incluir un análisis de la aportación de la agricultura al Ingreso Bruto Agrícola y cómo este ha variado además de los cambios en los eslabones que este sector de producción primaria impacta como la industria de alimentos, la manufactura y el turismo.

Se debe estudiar el impacto de los incentivos y cómo estos promueven la sostenibilidad de las actividades agrícolas y su crecimiento. El retorno de inversión que estos generan y si es necesario hacer cambios a estos incentivos o subsidios agrícolas.

Es importante tener claro la necesidad del obrero agrícola y cómo se puede motivar a más puertorriqueños a entrar a esta fuerza laboral sin descartar la importación de mano de obra extranjera, recurso que están usando todos los países del mundo.

Ante la realidad de continuos recortes de presupuesto ordenados por la Junta de Supervisión Fiscal, los políticos tienen que entender bien claro la función normativa y fiscalizadora del Departamento de Agricultura (DA) y traer soluciones y cambios a la estructura organizacional para mejorar su efectividad.

Además, es necesario revisar los sueldos y condiciones de trabajo de los empleados gubernamentales que han aguantado las reducciones más grandes en la fuerza laboral continuando el trabajo como verdaderos servidores públicos.

A modo de ejemplo, para el año 2000 la plantilla de empleados del DA era de 2,200 empleados en la sombrilla y hoy escasamente alcanza unos 600 empleados. Esto está directamente relacionado con las asignaciones de presupuesto y cómo se establecen las prioridades en el modelo de servicio gubernamental en agricultura.

Los políticos deben entender que el DA no es una isla aparte y que necesita el apoyo de agencias estatales y federales para cumplir su misión. Son enfoques estratégicos que casi siempre están desarticulados y no tienen grandes logros. Son como fincas aparte y cada cual haciendo lo suyo por su lado con el mismo cliente.

Así tenemos el DA buscando ayuda de Educación, Recursos Naturales, la Universidad y por otro lado las agencias federales en lo suyo y los agricultores perdidos entre tantas oficinas y burocracia lo que le trae frustración y apatía al sistema de gobierno.

Durante esta época los políticos deben estar concentrados en establecer estrategias para mejorar la agilidad gubernamental. Cómo solicitar y recibir del DA las aprobaciones en un tiempo razonable. No como lo que hemos visto en los pasados cuatro años donde todavía no se sabe si se recibirán las ayudas que se prometieron.

Conscientes que la función del DA es una normativa y no la de hacer o desplazar negocios, sino más bien un promotor de iniciativas privadas que se encarguen de la actividad agrícola. En los planes de los partidos es necesario preguntarles a los políticos qué están considerando en cuanto a la utilización de nuevas prácticas agrícolas, ciencia y tecnología de avanzada que nos lleve a una mayor producción.

Los planes de gobierno en la agricultura deben proveer ayudas tanto para el agricultor pequeño o artesanal como para el industrial exportador, esto se enmarca en políticas diferenciadas que atienden a cada cual en sus necesidades.

Incluso, los políticos deben incluir estrategias para promover cadenas agroalimentarias donde se establezcan acuerdos entre productores y empresas elaboradores, en diseños que permitan sacar nuevos productos del país elaborados al mercado y sustituir importaciones.

La promoción de la agroindustria y mercadeo deben tener un espacio importante en la planificación de la agricultura y reconocer la aportación que estos sectores proveen a la economía con nuestra materia prima al igual que el turismo con el disfrute de los campos y fincas para el disfrute de experiencias y escenarios únicos en la Isla.

La relación con el desarrollo y una mejor calidad de vida en las zonas rurales es patente y vital para nuestras comunidades aisladas. No por último es menos importante pero los políticos deben tener un compromiso de sangre con la protección de los terrenos agrícolas si quieren nuestro respaldo en la política.

Ya es demasiado estruendoso el silencio que muchos políticos han hecho en situaciones de riesgo de pérdida de terrenos agrícolas para luego con caras de lechuga venir a buscar el voto para representarnos. Si no pueden defender lo nuestro entonces para que los necesitamos. Aquel que ponga un pie al frente, estará bien respaldado.

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En el limbo nuevo código para rehabilitar edificios viejos y advierten que demolerlos sería alternativa frente al costo de renovarlos 

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Por Miguel Díaz Román

Al cumplirse un año de la primera reunión entre la industria de seguros y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) con miras a establecer un nuevo código que garantice la rehabilitación de miles de estructuras construidas hace más de 40 años, el proceso no ha logrado avances notables mientras surgen advertencias sobre que la demolición de edificios viejos sería una alternativa frente al alto costo que supondría renovarlos.

De hecho, el presidente de la empresa de bienes raíces Martinal Group, Alfredo Martínez Álvarez, sostuvo que no estaba en contra del nuevo código y su reglamento, pero advirtió que, si la nueva reglamentación es demasiado onerosa o contiene disposiciones de difícil cumplimiento, será letra muerta para los dueños de propiedades.

Incluso, el empresario indicó que es necesario que existan fondos para emprender la rehabilitación de propiedades y señaló que si los trabajos de renovación son muy costosos se configurará como una alternativa demoler las estructuras.

El pasado mes de agosto se cumplió un año de la citada reunión y ninguno de los objetivos esbozados en aquel momento para iniciar el proceso de poner en vigor el nuevo Código de Mantenimiento y su reglamento se han cumplido.

Entre estos objetivos figura realizar en los primeros meses del 2024 una vista técnica y una vista pública para traer a discusión los elementos del código y su reglamento que, en síntesis, pretenden viabilizar la vida útil de estructuras antiguas que no han recibido mantenimiento durante décadas y para manejar aquellos edificios que no son seguros debido a que no cumplen con las exigencias del Código de Mantenimiento.

Incluso, otro de los grandes retos que deberá atender el nuevo código y su reglamento es examinar la vida útil de estructuras ubicadas en las zonas costeras, que suelen ser zonas de gran atracción turística, debido a que podrían estar afectadas por la erosión marina.

Retrasos en plaga

De hecho, el proceso ha estado plagado de retrasos hasta el punto de que, en junio de 2023, tras cumplirse un año desde que la Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes 201 (RCC 201) fue firmada por el gobernador Pedro Pierluisi, la OGPe solicitó una prórroga en la Legislatura porque no había podido encaminar el nuevo código de mantenimiento y su reglamento.

La RCC 201 ordena a la agencia acoger un código internacional de mantenimiento de estructuras y atemperarlo a las condiciones del país.

Además, el proceso se ha visto afectado por la renuncia del subsecretario auxiliar de OGPe, el ingeniero Carlos Oquendo, quien tenía entre sus responsabilidades gestionar el nuevo código de mantenimiento. Oquendo le confirmó a SN que renunció a OGPe a principios de 2024. No obstante, Oquendo sostuvo que la agencia continúa trabajando con la nueva reglamentación.

Hasta el próximo año el nuevo código

El ex presidente del Comité de Terremotos del Colegio de Ingenieros, ingeniero Félix Rivera Arroyo, quien ha promovido la adopción del código de mantenimiento, dijo que los trabajos continúan en OGPe para poner en vigor el nuevo código, pero reconoció que “hasta que no se complete el proceso se va a necesitar un tiempo adicional para trabajar con el código y no se espera que esos trabajos estén completados este año”.

Rivera Arroyo indicó que existe en la agencia un comité permanente que está trabajando en el código de mantenimiento y cuando se finalice el texto del reglamento se deberá cumplir con la celebración de la vista técnica, en la que participarán los sectores profesionales conocedores de los aspectos técnicos del código. 

En la vista pública se espera que comparezca la ciudadanía en general, incluyendo los dueños de propiedades y los sectores del país que entiendan que serán afectados por el nuevo código. Finalmente, el código y el reglamento requieren la aprobación de la legislatura para que puedan entrar en vigor.

Entre tres y cinco años para rehabilitar

El ingeniero reveló que de manera paralela el citado comité también realiza una revisión del Código de Construcción, cuya versión vigente es del 2018, para temperarlo a las nuevas disposiciones vigentes en 2024.

Rivera Arroyo sostuvo que el número de estructuras antiguas que podrían ser inspeccionadas oscilan entre 35,000 y 50,000. Indicó que los planes esbozados contemplan inspeccionar el universo de estructuras antiguas en un término de 10 años, comenzando con estructuras de 5,000 pies cuadrados como hospitales, escuelas y condominios y terminando con las estructuras más pequeñas.

Explicó que también se vislumbra decretar un periodo de dos años para educar los profesionales que tendrán a cargo las inspecciones y al país sobre las implicaciones de la nueva reglamentación.

Aquellas estructuras que tras la inspección reciban un señalamiento de rehabilitación tendrán un período de entre tres y cinco años para acometer la tarea y garantizar la seguridad de la edificación.

Sin fondos para renovar estructuras

El ingeniero reconoció que el nuevo código de mantenimiento no contempla proveer ayuda financiera a los dueños de propiedades que reciban señalamientos de rehabilitación. 

“Las personas van a tener que sufragar ese gasto”, dijo Rivera Arroyo. Pero aclaró que eventualmente se podría negociar con el gobierno para ofrecer a los dueños de propiedades una exención contributiva u otro tipo de beneficio.

Sobre este aspecto el presidente de la empresa de bienes raíces Martinal Group, Alfredo Martínez Álvarez, señaló que “hay que mirar propiedad por propiedad. El proyecto no puede ser aplicar el reglamento a todas las propiedades. Y que haya una inversión, tú puedes determinar lo que sea, pero si no hay una inversión ¿con qué vas a renovar?”.

“Hay que ver cuáles son los edificios que hay que renovar y cuáles son los costos de esa renovación. Puede ser que los costos de la renovación de esos edificios sean demasiado altos y es mejor tumbarlos y hacerlos nuevos. Hacerlos más eficientes con energía renovable. Muchas de esas propiedades no cumplen con los códigos de construcción y te cuesta mucho más arreglar esas propiedades que están en desuso que tumbarlas y hacerlas nuevas. Y si pones ese reglamento demasiado oneroso o con demasiadas trabas va a ser letra muerta”, advirtió Martínez Álvarez.

El empresario también recomendó que, antes de poner en vigor el nuevo código de mantenimiento y su reglamento, se mida cuáles son las tendencias de la gente, de los comercios y de las industrias.  

“Tiene que ser un reglamento que sea efectivo y que mida las necesidades de la población, de los comercios y de las industrias. Hay edificios que tienen más de 50 años y hay edificios que tienen más de 500 años y ¿Qué vas a hacer con esos edificios que no cumplen con ningún código, no cumplen con energía renovable y no son eficientes? Yo no estoy en contra de ese reglamento. Yo no he visto ese reglamento. Lo que sí yo digo es que si se va a hacer una cosa como esa hay que mirar edificio por edificio”, insistió el empresario.

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República Dominicana vendería electricidad a Puerto Rico por medio de un cable submarino

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Por Miguel Díaz Román

El gobierno de la República Dominicana vendería electricidad a Puerto Rico por medio de un cable submarino cuando logre un sustancial excedente en la generación de energía, una meta cuyo logro está pautado para el 2027, según publicó ayer el periódico dominicano Diario Libre.

De acuerdo con la edición de Estados Unidos de ayer 4 de septiembre del periódico Diario Libre, el presidente Luis Abinader sostuvo que el objetivo del gobierno es crear un excedente en la generación eléctrica para el año 2027 suficiente para vender energía a Puerto Rico a través de un cable submarino.

El mandatario dominicano hizo las expresiones durante su participación en la Conferencia sobre Inversión en Infraestructura en América Latina y el Caribe del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y Financial Times, que se celebra en la ciudad de Nueva York.

Abinader dijo que la República Dominicana necesitará invertir alrededor de $5,400 millones en los próximos años para mejorar el sistema eléctrico en materia de generación, transmisión y distribución.

“Nuestro objetivo es lograr una reserva fría para el año 2027, creando un excedente que nos permita tender un cable submarino para vender electricidad a Puerto Rico. Otro objetivo es alcanzar el 30% de generación renovable para 2030”, expresó.

El anuncio del presidente dominicano acontece en momentos cuando Puerto Rico enfrenta una grave crisis energética que se ha caracterizado por las continuas interrupciones en el suplido de energía eléctrica debido a la fragilidad de la red de distribución y a la obsolescencia de la flota de plantas de generación que pertenecen a la Autoridad de Energía Eléctrica.

Hasta el presente la privatización de la red de distribución de electricidad a la empresa LUMA y de las plantas de generación a la empresa Genera PR no ha logrado estabilizar el suplido de electricidad, lo que ha provocado graves tribulaciones a la ciudadanía y a la economía local.

De hecho, la crisis energética del país se ha posicionado como el principal tema de la presente campaña política.

La empresa Caribbean Transmission Development Company (CTDC), que es presidida por el puertorriqueño Rafael Vélez, ha informado que persigue la meta de obtener un permiso del presidente de los Estados Unidos para instalar un cable submarino que permita transportar energía eléctrica desde la República Dominicana hacía Puerto Rico.

 CTDC se ha propuesto poner en vigor el llamado Proyecto Hostos, denominado así en honor al histórico intelectual puertorriqueño Eugenio María de Hostos, que pretende añadir 500 megavatios de energía al sistema eléctrico de Puerto Rico. 

El cable para lograr la transmisión de energía eléctrica discurriría por aproximadamente 160 kilómetros, que es la distancia que separa a Puerto Rico de la República Dominicana.

El pasado mes de marzo, según informó el periódico Diario Libre, Vélez reveló que ha realizado reuniones informales con determinadas figuras del gobierno dominicano y con figuras del sector privado para presentar el Proyecto Hostos.

En el citado foro el presidente Abinader también anunció que se propone expandir las operaciones mineras en la República Dominicana, enfocadas en la búsqueda de tierras raras, que son de alta demanda por las industrias de alta tecnología.

El mandatario indicó que actualmente están explorando esta posibilidad con la ayuda del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, para lo cual estarían respetando “los estándares internacionales establecidos para la minería por la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)”.

Abinader indicó que en las últimas décadas la economía dominicana ha experimentado un crecimiento económico promedio anual de alrededor del 5 %, mientras el producto interno bruto de la República Dominicana ha logrado alcanzar $130 mil millones, lo que la convierte en la séptima economía más grande en América Latina y el Caribe.

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Presidente Colegio de Médicos alega que MMAPA busca que la OCS responda a sus intereses 

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Por Miguel Díaz Román 

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMC), Carlos Díaz Vélez, respaldó la gestión realizada por el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, y lamentó el veto impartido por el gobernador Pedro Pierluisi a una medida que concedía a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) el poder de adjudicar de manera sumaria y expedita el pago de facturas a los proveedores de servicios de salud.

En unas breves expresiones escritas Díaz Vélez implicó que el sector de las aseguradoras de salud está detrás del veto emitido por el gobernador al Proyecto del Senado 1349.

Díaz Vélez acusó directamente a la Asociación de Productos de Medicare y Medicare Advantage (MMAPA) de intentar “eliminar a la OCS para que volviese a ser una decorativa al servicio de sus intereses. Por eso acosan al Comisionado Alexander con demandas frívolas”.

En las escuetas declaraciones Díaz Vélez no identificó las “demandas frívolas” que MMAPA ha radicado contra la OCS.

De hecho, SN solicitó a MMAPA una reacción sobre las expresiones de Díaz Vélez y Ana María Santiago, agente de prensa de la organización, indicó que “MMAPA no va a reaccionar”.

Durante el pasado fin de semana trascendió que el gobernador vetó el PS 1349, el cual concedía a la OCS la facultad de adjudicar por medio de un procedimiento rápido de hasta 30 días, la cantidad de dinero que debería recibir un proveedor de servicios de salud de parte de una aseguradora en una reclamación en disputa.

Las reclamaciones que serían atendidas en el proceso rápido serían aquellas que no han logrado superar favorablemente el periodo de reconciliación de diferencias dispuesto en el Código de Seguros y que deben implantar las aseguradoras de salud. 

El PS 1349 fue ampliamente respaldado por el sector de los proveedores de servicios de salud, entre los que figuran los médicos, la industria de hospitales, las farmacias y los laboratorios.

La medida también establecía que a las deudas consideradas en el proceso rápido se le impondrán intereses legales, los cuales serán determinados por la OCS y pagaderos a favor de los proveedores de servicios de salud. Además, la medida ordenaba al Tribunal Apelativo y al Tribunal Supremo resolver en 10 días los recursos de revisión que presente alguna de las partes.

En sus expresiones Díaz Vélez indicó que el CMC continuará ofreciendo su apoyo a Adams Vega, cuyo término como Comisionado de Seguros finaliza el próximo 31 de diciembre de 2024.

“Nosotros sabemos que el agente devastador del ecosistema de salud es el oligopolio de las aseguradoras. Ellos tienen un sindicato MAPPA que quisieran eliminar la OCS y que volviese a ser una decorativa al servicio de sus intereses. Por eso acosan al Comisionado Alexander con demandas frívolas. El Colegio seguirá apoyando sus honestas gestiones”, sostuvo Díaz Vélez.

“Seguimos trabajando y defendiendo los derechos de los profesionales de la salud y de los pacientes frente a la embestida y la gula de las aseguradoras que han arrastrado el sistema de salud. Se trata de una batalla desigual pero no disminuiremos la combatividad, ni la denuncia de los abusos”, afirmó el presidente de CMC, quien agradeció a quienes apoyaron la aprobación en la Cámara y en el Senado del PS 1349.

La Fortaleza informó que el proyecto fue vetado porque el capítulo 30 del Código de Seguros ya tiene un proceso expedito de pagos a las aseguradoras.

Pero Adams Vega había sostenido en la Legislatura que la medida era necesaria porque en el Código de Seguros no existe un proceso expedito para resolver disputas sobre reclamaciones en 30 días.

De hecho, la OCS había indicado que los proveedores de servicios de salud albergan el temor de que las aseguradoras tomen represalias si impugna los atrasos en los pagos de reclamaciones y por esa razón se ha registrado una cantidad pequeña de reclamaciones de parte de los proveedores ante la OCS.

La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico había señalado que el nuevo poder que el PS 1349 concedía a la OCS amenazaba con convertir a la entidad reguladora en juez y parte de las controversias relacionadas con el pago de reclamaciones.

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Veto de bolsillo a medida que permitía a la OCS adjudicar facturas de proveedores

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Por Miguel Díaz Román

El gobernador Pedro Pierluisi ha impartido un veto de bolsillo a una controvertible medida que le concedía a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) el poder de adjudicar de manera sumaria y expedita el pago de facturas a los proveedores de servicios de salud, la cual fue favorecida por el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, y por el sector de los proveedores de servicios de salud, entre los que figuran los médicos, la industria de hospitales, las farmacias y los laboratorios.

El veto de bolsillo se configura cuando han pasado 30 días desde que la legislatura envió a la Fortaleza una medida aprobada y el gobernador no actúa sobre ella. Además, el veto de bolsillo tiene la característica de que el Primer Ejecutivo no tiene que ofrecer explicaciones sobre por qué no avaló la medida.

No obstante, la Fortaleza informó que el proyecto fue vetado porque el capítulo 30 del Código de Seguros ya tiene un proceso expedito de pagos a las aseguradoras. De hecho, la Fortaleza coincidió con los planteamientos de La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), que había hecho sonar las alarmas debido a que el nuevo poder que el PS 1349 concedía a la OCS amenazaba con convertir a la entidad reguladora en juez y parte de las controversias relacionadas con el pago de reclamaciones.

El Proyecto del Senado 1349 fue enviado al gobernador el pasado 31 de julio, lo que implica que el pasado viernes 30 de agosto, se cumplieron los 30 días reglamentarios desde que la Fortaleza recibió la medida. De hecho, entre las medidas convertidas en ley en los pasados días no figura el PS 1349.

La conversión en ley de la medida por el gobernador prometía un enfrentamiento legal con la industria de seguros de salud, que ya había dado señales inequívocas que se impugnarían el estatuto en los tribunales.

La medida fue radicada por el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y por el senador Ramón Ruiz Nieves, el 13 de octubre de 2023.

Ayer ni el presidente del Senado ni el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz, que había respaldado el PS 1349, no estuvieron disponibles para reaccionar al veto de bolsillo emitido por el gobernador.

La directora ejecutiva de ACODESE, licenciada Iraelia Pernas, había sostenido que la medida era “peligrosa” debido a que las discrepancias sobre el monto que corresponde pagar por una reclamación es un asunto que siempre se ha dilucidado en los tribunales y no en la OCS, que es el regulador de la industria de seguros.

“Por la diversidad y complejidad de las reclamaciones que pueden envolver estos casos, no se trata de asuntos susceptibles de una adjudicación sumaria. Se trata de controversias que deben juzgarse por un tribunal, no por el regulador de la industria de seguros. De esa manera, se resuelven los casos, salvaguardando el debido proceso de ley de ambas partes”, dijo Pernas.

La medida dispone que la OCS deberá adjudicar una controversia sobre una cuantía de pago a un proveedor por medio de un procedimiento sumario, que es un proceso rápido que debería prescindir de algunas formalidades del juicio ordinario, en aquellas reclamaciones que no hayan logrado superar favorablemente el periodo de reconciliación de diferencias dispuesto en el Código de Seguros.  

Además, la medida establece que a las deudas que atienda la OCS a través del proceso expedito se le impondrán intereses legales, los cuales serán determinados por la OCS y pagaderos a favor de los proveedores de servicios de salud. La medida también ordena al Tribunal Apelativo y al Tribunal Supremo resolver en 10 días los recursos de revisión que presente alguna de las partes.

El Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, había avalado la medida porque no existe un proceso expedito para resolver disputas sobre reclamaciones en 30 días en el Código de Seguros. De hecho, la OCS había indicado que la División de Investigaciones de Servicios al Consumidor de la OCS, resolvió en 2022 alrededor 325 investigaciones de pago puntual, las cuales constituyen “una cantidad minúscula de reclamaciones”.

Adams Vega aseguró que la poca cantidad de reclamaciones obedece a que los proveedores tienen temor a represalias y han optado por no impugnar las dilaciones en el proceso de pago puntual. Como resultado de esa conducta “quedan inmersos en un proceso de reconciliación de cuentas”.

Otra medida que sí fue avalada por el Primer Ejecutivo fue el Proyecto de la Cámara 303, que regula la figura de los “terceros administradores” en el Código de Seguros de Puerto Rico. La medida añade el Capítulo 32 al Código de Seguros el cual estará dedicado exclusivamente al asunto de los terceros administradores.

Sobre esta medida ACODESE no respaldó su aprobación porque representaba una duplicidad de funciones y obligaciones que ya se encuentran en el Código de Seguros.

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