Por Tomás Figueroa

Ajustador Publico – licencia 3000301781

El aviso público de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) informa que las enmiendas a la Regla 106 fueron publicadas el 5 de marzo de 2026 buscan “aclarar” requisitos, idoneidad, obligaciones y agilizar el trámite del appraisal. 

No obstante, el borrador oficial confirma que la propuesta modifica, entre otros, los artículos sobre definiciones, requisitos para activar el appraisal, alcance, procedimiento, idoneidad del árbitro, efectos del laudo y costas y honorarios.

A continuación un análisis de las enmiendas propuestas por la OCS a la Regla 106:

1) Dónde está el golpe principal para el ajustador público contingente

El corazón del impacto está en cuatro cambios combinados: activación más técnica, plazos más cortos, más carga documental, y sin una compensación regulatoria equivalente en honorarios o sanciones por atraso del asegurador. 

La propuesta exige reclamación escrita con hechos, reconocimiento de cubierta, oferta detallada por escrito, identificación de una cantidad monetaria específica, desglose por partidas sin “bulk”, delimitación de los items en controversia, informes mensuales conjuntos a la OCS y cierre administrativo si no se informa progreso o resultado dentro del máximo reglamentario. 

Todo eso exige trabajo técnico adelantado, disciplina documental y disponibilidad operacional inmediata.

Un ajustador público por contingencia vive de una lógica simple: adelanta tiempo, conocimiento y costo esperando recuperación al final. Cuando el reglamento te obliga a llegar casi desde el arranque con una reclamación desglosada, cuantificada, defendible por item y lista para pelear matching y causation, el modelo deja de ser “yo entro y desarrollo” y pasa a ser “yo tengo que venir prácticamente armado desde la puerta”. 

Eso favorece a quien tenga capital, software, red pericial y capacidad de absorber trabajo hundido. En Puerto Rico, además, la regla vigente ya obliga a cada parte a pagar a su propio tasador y a compartir por mitad los honorarios del árbitro; la propuesta no enmienda ese artículo, por lo que ese costo base sigue vivo.

2) El gap más serio: eliminar la válvula contra la dilación del asegurador

Aquí está uno de los cambios más peligrosos. La Regla 106 vigente permite appraisal no solo cuando el asegurador reconoció cubierta e hizo oferta, sino también cuando no hizo oferta y el Comisionado considere que está dilatando o retrasando indebida e injustificadamente la resolución de la reclamación conforme al Art. 27.162. 

La propuesta elimina esa alternativa y deja como requisito que el asegurador haya reconocido cubierta y efectuado una oferta detallada por escrito.

Eso significa, en términos de guerra real, lo siguiente: si el asegurador quiere evitar appraisal, tiene ahora un incentivo más limpio para no llegar a una oferta detallada utilizable, o para patear el can hasta que le convenga. Antes existía una vía regulatoria para argumentar dilación; con la propuesta, esa puerta se estrecha. 

Para el ajustador público contingente, eso es veneno operativo porque le puede congelar el caso en la etapa previa al appraisal mientras sigue consumiendo horas no facturadas. Este cambio favorece claramente al asegurador.

3) El nuevo requisito de oferta “detallada” es bueno en teoría, pero trae un doble filo

No todo es anti asegurado. Exigir que el asegurador haga una oferta detallada por escrito sí le da al asegurado una base mejor para identificar dónde está la controversia y atacar partidas concretas. También ayuda a desmontar la práctica de números globales oscuros.

Pero el problema es estratégico: esa misma precisión que se exige al asegurador se exige también al reclamante, porque la propuesta prohíbe presentar items de forma consolidada (“bulk”) y requiere que ambas partes identifiquen específicamente los elementos en controversia. 

Eso puede sonar justo, pero en la práctica quien usualmente ya opera con sistemas, plantillas, estimadores y estructura de compliance es la aseguradora o su ecosistema técnico. El ajustador público contingente puede hacerlo, sí, pero le cuesta más y lo obliga a adelantar más trabajo antes de tener seguridad de cobro.

4) La velocidad nueva te aprieta el cuello

La regla vigente da 10 días para identificar el tasador de cada parte; la propuesta baja eso a 5 días. La vigente no le mete el mismo nivel de micro calendario a la reunión inicial; la propuesta exige que los tasadores se reúnan dentro de 5 días desde conocer la identidad del otro y traten de resolver en 10 días, prorrogables sólo por otros 10 por común acuerdo. 

Además, cuando la OCS interviene para designar árbitro, la propuesta reduce el término de la OCS de 15 días a 10 días.

Eso es importante porque el ajustador público contingente no compite solo en pericia, compite también en logística. Si maneja varios expedientes, si necesita inspección especializada, si el insured todavía no tiene scope robusto, si hace falta causation support, si el caso requiere “contractor pricing local” o “matching analysis”, cinco días vuelan. 

El carrier institucional aguanta mejor esa compresión del calendario. Ese cambio, otra vez, favorece más al asegurador y a firmas técnicas con volumen.

5) El cierre administrativo por falta de informes mensuales es una trampa de cumplimiento

La propuesta exige que las partes informen mensualmente a la OCS el progreso del proceso y dispone que, si no se reciben los informes mensuales o el resultado dentro de 120 días, la OCS entenderá que las partes no interesan continuar y cerrará la solicitud; si el asunto vino por el tribunal, habrá que informarle al tribunal. También exige informes mensuales del árbitro.

Eso se vende como gerencia de caso. Pero jurídicamente tiene un problema: puede convertir un mecanismo sustantivo en una pista con minas administrativas. Si el carrier obstruye, no firma, no coopera o juega a la lentitud, el insured y su ajustador se exponen a perder tracción por incumplimientos “conjuntos” o por inercia procesal que no controlan completamente. 

No veo en el texto una protección robusta que diga que la inacción de una parte no se imputará a la otra para fines de cierre. Ese es un gap serio.

6) “Matching” sí, pero más encarrilado y con munición para recorte

La propuesta mantiene matching y lo desarrolla un poco mejor: reconoce reemplazo de parte adyacente para lograr apariencia uniforme dentro de la línea de visión y permite considerar funcionalidad, durabilidad o valor de mercado si existe justificación pericial documentada. Eso te da un lenguaje útil cuando la diferencia estética también impacta valor o integridad.

El problema es que ese mismo texto le regala al carrier tres trincheras: línea de visión, razonablemente alcanzar, y justificación pericial documentada. En otras palabras, no mata matching, pero sí lo encuadra de forma que el reclamante tendrá que probar más fino. 

Para el ajustador público contingente, eso se traduce en más dependencia de apoyo técnico documentado y potencialmente en más gasto pericial adelantado. Leve beneficio sustantivo para el asegurado; costo operativo adicional para el PA.

7) El cambio más explosivo: “causation” entra al appraisal

La regla vigente ya permitía que el árbitro atendiera “causation” cuando el evento estaba aceptado en cubierta. La propuesta retiene esa lógica y la fórmula con más claridad, autorizando al árbitro a dirimir si daños particulares fueron causados por el evento cubierto, si eran preexistentes o si obedecen a desgaste/deterioro, para determinar reparaciones o reemplazo.

Eso tiene dos lecturas.

La lectura optimista: te permite llevar a appraisal muchas disputas que el carrier intentaría sacar hacia un pleito largo bajo la etiqueta de wear and tear o preexistencia. Eso puede ayudar al insured.

La lectura realista: mezcla valoración con mini-litigación técnica de causalidad. Cuando appraisal deja de ser solo “cuánto vale” y pasa a ser “qué parte del daño fue causada por qué”, el ajustador público contingente ya no solo necesita estimar; necesita blindar causalidad. Ahí entran ingenieros, arquitectos, consultores de building, meteorología forense, etc. 

Eso sube costo, sube riesgo y favorece al que tiene mayor presupuesto para sostener la pelea. Aquí la ventaja práctica también se mueve hacia el asegurador, salvo que el ajustador público tenga una red pericial fuerte y disciplinada.

8) El texto nuevo sobre “ajustador” trae un problema de técnica legislativa/reglamentaria

La propuesta añade a definiciones que “Ajustador” es quien, conforme al Art. 9.050, investiga y negocia reclamos por honorarios, comisión o sueldo a nombre del asegurador o del asegurado, y añade: “Disponiéndose que un ajustador público no podrá ser empleado de un asegurado.”

Aquí hay un problema evidente. El texto estatutario disponible indica que el ajustador público es el ajustador empleado por el reclamante cuyos intereses representa exclusivamente, y la versión legal de 2014 cita como prohibición que el ajustador público no podrá ser empleado de un asegurador, no de un asegurado.

Eso abre dos posibilidades, y ninguna es buena:

Primero, puede ser un error de redacción en la propuesta. Si lo es, refleja falta de pulcritud en un punto definicional sensible. Segundo, si no fuera un error y fuera intencional, generaría una contradicción rara con la definición legal del rol del public adjuster. 

Para un ajustador público por contingencia pura, como contratista independiente, quizá no cambie tu modelo principal. Pero sí te puede afectar en litigios laterales sobre cómo estructuraste tu firma, tus empleados, tus “claims managers”, tus asistentes, o la relación contractual con el reclamante. Eso es un flanco innecesario. Este punto hay que atacarlo en comentarios reglamentarios sin piedad.

9) La afirmación oficial de “no impacto fiscal significativo” no aguanta mucho escrutinio

La propuesta certifica que no representa impacto fiscal significativo para la OCS, aseguradores, asegurados, reclamantes o sus representantes, y que los costos administrativos y operacionales son razonables y absorbibles con recursos existentes.

Eso, francamente, es vulnerable. Cuando exiges ofertas detalladas, scope por item, cuantía específica, reuniones rápidas, inspecciones, matching con justificación documentada, posible causation analysis, informes mensuales, y un calendario comprimido, sí hay costo real. 

Tal vez no sea costo presupuestario del gobierno, pero sí es costo transaccional y costo de cumplimiento para las partes. Y en el insured side ese costo cae de frente sobre el ajustador público contingente o sobre el reclamante si el PA no lo absorbe. Hay un gap entre la narrativa de “agilización sin costo” y la realidad operativa.

10) La propuesta mejora algunas cosas para el insured, pero no enough

No todo merece fuego. Hay piezas rescatables.

La propuesta obliga a que el laudo o acuerdo venga por escrito y con desglose específico y detallado por partida, y permite laudos parciales sobre items ya resueltos. Además, fija que, una vez firme, el asegurador emita el pago conforme a póliza dentro de 30 días. Eso mejora la trazabilidad y ejecutabilidad práctica del resultado.

También aclara mejor que el proceso se limita a las partidas en controversia y no a las ya acordadas, lo cual reduce ruido y puede ayudar a evitar que el carrier reabra lo ya resuelto.

Pero esas mejoras no compensan del todo los cambios que aumentan el costo de entrada y la capacidad del carrier para usar la técnica procesal como filtro.

11) El tema de costas y honorarios sigue flojo para el lado del insured

La regla vigente dice que, si la parte perdidosa va al tribunal y pierde, el tribunal podrá ordenar reembolso de costas y honorarios de abogado si hubo temeridad. La propuesta cambia la redacción a que la parte prevaleciente podrá solicitar reembolso de costas y desembolsos e imposición de honorarios “que en derecho proceda”, pero no crea una regla fuerte de fee-shifting automático por subvaloración temeraria previa al appraisal ni por obstrucción reglamentaria del carrier dentro del appraisal.

Para el ajustador público contingente esto importa muchísimo: sigues teniendo que financiar la pelea sin una red clara de recuperación de costos. El carrier puede perder valorativamente y aun así haber forzado al insured side a gastar tasador, documentos, inspecciones, tiempo y, en casos complejos, peritos de causation. Otro punto donde la balanza no se mueve a favor del PA contingente.

12) Quién gana y quién pierde

Si me obligas a ponerle nombre al ganador estructural, te diría esto:

Gana más el asegurador institucional que ya tiene oferta desglosada, vendor ecosystem, appraisers frecuentes, counsel, ingeniería y capacidad de compliance rápido.

Gana parcialmente el insured sofisticado que ya viene bien documentado y con ajustador/peritos sólidos, porque el texto reconoce matching, causalidad dentro de evento cubierto, laudos detallados y pago en 30 días una vez firme.

Pierde relativamente el ajustador público contingente pequeño o mediano que depende de tiempo propio, inspección rápida, desarrollo progresivo del expediente y recuperación al final, porque ahora el reglamento le exige invertir más antes, más rápido y bajo riesgo de cierres o tecnicismos.

13) Mi conclusión brutal

La balanza, en conjunto, está más inclinada hacia el asegurador que hacia el ajustador público contingente. No porque el texto diga “protejo al carrier”, sino porque el diseño premia a quien tenga capacidad de respuesta inmediata, estructura técnica, cumplimiento documental y caja para sostener fricción. Eso casi siempre describe mejor al carrier que al insured side.

Los gaps y errores más serios son estos: la eliminación de la vía por dilación del asegurador, el cierre administrativo por falta de informes mensuales sin blindaje claro para la parte diligente, la compresión agresiva de plazos, la ficción de “no impacto fiscal”, y la redacción problemática sobre que el ajustador público no podrá ser empleado de un asegurado.

Por Miguel Díaz Román

La Asociación de Compañías de Seguros (Acodese) solicitó la celebración de vistas públicas y una oportunidad para deponer sobre las enmiendas propuestas por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) al reglamento de la Regla 106 del Código de Seguros, que trata sobre el procedimiento alterno para la valorización de reclamaciones en controversia conocido como «appraisal».

Acodese dió a conocer su petición en un documento de 17 páginas presentado el pasado 1 de abril ante la OCS, luego de que el pasado 5 de marzo de 2026 la comisionada de seguros, Suzette Del Valle Lecároz, publicó sus enmiendas al reglamento la Regla 106 e invitó a todas las partes interesadas a solicitar vistas públicas.

La Regla 106 entró en vigencia el 31 de diciembre de 2023, durante la incumbencia del ex comisionado de seguros, Alexander Adams Vega. Desde ese momento Acodese presentó objeciones a la nueva regla  porque, alegadamente, sus disposiciones representan un reto para los intereses y derechos de las aseguradoras. Pero el ex comisionado de seguros resistió los reclamos para introducir enmiendas. 

Tras asumir el cargo, Del Valle Lecároz se propuso atender los reclamos de Acodese. Esa decisión ocurrió después de que la organización que integra las principales aseguradoras del país  aceptó retirar del Tribunal de Primera Instancia de San Juan una demanda que había radicado el pasado 4 de agosto de 2025, dirigida impugnar la Regla 106.

Con el retiro del pleito, la OCS se comprometió a evaluar las enmiendas propuestas por Acodese y luego presentar un documento que recoja aquellas que estaría dispuesta a avalar. Las enmiendas publicadas por la OCS el pasado 5 de marzo pretenden atender los reclamos de Acodese.

No obstante, el documento emitido por Acodese contiene sus principales objeciones a las enmiendas presentadas por Del Valle Lecároz. 

Principales objeciones

Acodese sostiene que «los incisos 2 y 3 del artículo 10 de la Regla 106 son contrarios al texto del artículo 11.190 3 del Código de Seguros; que las definiciones contenidas en los incisos 4e y 4f del Artículo 4, de la Regla 106 vigente, resultan insuficientes e incongruentes con la legislación habilitadora; que la falta de opción del asegurador para rechazar el proceso de valorización bajo el Artículo 11 cuando existen controversias de cubierta contraviene el propósito del procedimiento».

Otro argumento de Acodese es que «el reconocimiento reglamentario de sistemas tecnológicos bajo el artículo 16 no refleja la realidad del mercado de Puerto Rico». Propuso que como referencia válida para la estimación de los daños en el proceso de valorización solo se tomarán en consideración los índices de costos de construcción de Puerto Rico. 

Sostuvo que los sistemas tecnológicos genéricos utilizados en la industria no reflejan la realidad del mercado local. «Los costos de materiales, mano de obra y logística en Puerto Rico difieren significativamente de los costos en el territorio continental de Estados Unidos, por lo que la utilización de sistemas que no están calibrados para la realidad puertorriqueña puede resultar en valoraciones infladas que perjudican al asegurador», argumentó la ponencia de la entidad.

También existe una fuerte objeción a las disposiciones sobre costas y honorarios de abogado del artículo 20 y las sanciones del artículo 22. Acodese alega que carecen de base legal, según la Ley 242 de 2018, que estableció la valoración o «appraisal» como un método alternativo para resolver diferencias entre el asegurador y asegurado sobre el valor de los daños en propiedades.

 «Nada en dicha ley (a Ley 242 de 2018) autoriza la imposición de sanciones monetarias, costas u honorarios de abogado por cuestionar una resolución de valorización o por cualquier actuación dentro del proceso de appraisal. La inclusión de este tipo de penalidades en la reglamentación constituye un ejercicio de legislación mediante reglamentación que excede las facultades delegadas a la OCS por la Asamblea Legislativa», planteó Acodese. 

«El procedimiento de valorización es un mecanismo informal y privado para resolver desacuerdos sobre el valor de los daños, por lo que la imposición de costas y honorarios tiene un efecto disuasivo que coarta el derecho del asegurador a ejercer sus defensas legítimas. Acodese solicita que el artículo 20 sea eliminado en su totalidad», señaló la objeción.

Acodese también se opuso a que un ajustador pueda fungir como un árbitro en un proceso de «appraisal», según lo permite el inciso 4b del artículo 12 .

No al ajustador

«Un ajustador que no tiene experiencia en la construcción de Puerto Rico o que no tiene una educación formal en la ingeniería o arquitectura no puede ser considerado como un árbitro “competente” ya que desconoce cómo arreglar o reemplazar esa propiedad afectada, y por tanto,valorizar esa pérdida», sostiene el documento. 

Según Acodese los profesionales idóneos para fungir como árbitros son los ingenieros y los arquitectos licenciados.

Advirtió que los ajustadores son diestros en todos los aspectos de la cubierta de una póliza, pero carecen del conocimiento sobre la estimación del daño causado por un siniestro. 

No obstante, Acodese planteó que si las partes entienden que un ajustador es la persona idónea para realizar el appraisal de su reclamación, se puede realizar la designación si obedece a una petición de las ambas partes. 

Con ese fin propuso una enmienda al inciso (5) del Artículo 12 que lee como sigue: a petición de las ambas partes, el comisionado de seguros podrá designar como árbitro a una persona que, aunque no reúna el criterio de cualificación o formación profesional aquí establecidos, éste considere que cuenta con el adiestramiento o la experiencia suficiente para entender en el proceso de valoración que se trate, incluyendo a una persona que posea licencia vigente de ajustador.

Otro elemento que Acodese considera objetable es el artículo 10 de la Regla 106, el cual incluyó el concepto de matching como uno de los elementos a considerar en un proceso de «appraisal».

El «matching» ocurre cuando un asegurado reclama indemnización para incluir, por ejemplo, un aspecto de la fachada de un estructura que, aunque no resultó afectada por el siniestro cubierto, «debe ser reemplazada para evitar que se cree una discrepancia visual con las otras que sí fueron dañadas por el siniestro».

De acuerdo con el documento, Acodese presentó objeción a la siguiente enmienda: «Cuando la evidencia demuestra que las diferencias de uniformidad o apariencia afecta la funcionalidad, durabilidad o valor de mercado del bien, el árbitro podrá considerar dichos factores como parte del valor razonable de la pérdida, siempre que exista justificación pericial documentada».

Según Acodese «tanto la enmienda propuesta, como el inciso 2 del artículo 10 vigente, pueden alterar indebidamente los términos de un contrato de seguros. A manera de ejemplo, un siniestro puede haber provocado daños físicos a unas losas de piso que pueden estar cubiertas por una póliza. Sin embargo, si la cubierta de la póliza no provee para matching, el asegurador será responsable por indemnizar el reemplazo de las losas, pero sin tomar en consideración el valor del matching.

El matching en problemas

En otras palabras, el asegurador podrá reemplazar una losa de color “bone white” dañada con una losa de color “ivory white,” aunque sea instalada junto a losas de color “bone white.” Por supuesto, si la póliza provee cubierta para matching, la única opción que tendrá el asegurador será reemplazar una losa de color “bone white” por otra del mismo color.

En su oposición, Acodese señaló que el artículo 11.190 del Código de Seguros es claro al disponer que “el árbitro no tendrá autoridad para decidir controversias de cobertura o cualquier cuestión de derecho.” 

Acodese sostiene que el  concepto de matching ha sido uno altamente litigado en Estados Unidos, donde se ha establecido que es  un asunto de cubierta, y por lo tanto, no puede ser objeto de la determinación de un árbitro en un procedimiento de appraisal.

Otra asunto que está en controversia es que Acodese entiende que determinar la causa de unos daños determinados o la llamada «causalidad» está fuera del ámbito de aplicación del appraisal, pues dicho procedimiento se limita a valorizar la pérdida de la reclamación que fue presentada. 

«Según han resuelto tribunales de varias jurisdicciones, las determinaciones de causalidad y cubierta son asuntos de derecho que deben ser adjudicados por un tribunal. Por tanto, Acodese solicita que la misma sea eliminada en su totalidad de artículo 10», propuso la entidad.

En su escrito, ACODESE ofreció múltiples ejemplos de jurisdicciones en las que se ha resuelto que el asunto de causalidad (“causation”) es un asunto de estricto derecho, por lo que es un asunto de cubierta.

No obstante, la organización propuso una enmienda en la que se requiere «haber consenso entre las partes» para que sea un árbitro el que dirima aquellos asuntos sobre la causa de los daños de una reclamación que se haya aceptado que está cubierto por la póliza.

Todas las aseguradoras que proporcionan el plan de salud del gobierno, conocido como Plan Vital, cumplieron con los requisitos de capital aplicables conforme a las disposiciones del Código de Seguros, informó la Comisionada de Seguros, Suzette Del Valle Lecároz.

“Al día de hoy, y conforme a la información financiera sometida por las aseguradoras y a las capitalizaciones reportadas recientemente, todo indica que las entidades que participan en el Plan Vital cumplen con los parámetros de capital requeridos por nuestro ordenamiento legal, afirmando su estabilidad financiera dentro del marco regulatorio vigente» sostuvo Del Valle Lecároz en declaraciones escritas.

Agregó que «como parte del proceso regulatorio ordinario, toda información provista a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) está sujeta a evaluación continua, la cual incluye la validación y análisis detallado de la información recibida y de los eventos posteriores a la fecha de los estados financieros. Asimismo, confirmamos que esta Oficina no ha recibido ni evalúa actualmente solicitud alguna de cambio de control sobre ninguna de estas entidades”.

Las aseguradoras del Plan Vital son First Medical Health Plan, Triple-S Salud, Plan de Salud Menonita y MMM Multi Health, Inc. Las entidades sometieron sus Informes Anuales correspondientes al año 2025 el pasado 31 de marzo de 2026.

La funcionaria aclaró que la OCS continúa su proceso de evaluación regulatoria debido a que la información financiera fue recibida recientemente y que ciertas capitalizaciones ocurrieron con posterioridad a la fecha de corte de los estados financieros al 31 de diciembre de 2025.

“Una de las encomiendas que nos ha dado la gobernadora es no escatimar en recursos para cumplir con nuestra misión institucional. Esta misión consiste en proteger los derechos de los asegurados, reclamantes y de la ciudadanía en general mediante una regulación transparente, eficiente e innovadora, que promueva una industria de seguros confiable, competitiva y financieramente sólida, y que contribuya al desarrollo económico y social de Puerto Rico. Ese es nuestro norte. Lo asumimos con responsabilidad, con un enfoque técnico y con un compromiso firme con el cumplimiento de la ley y la sana administración pública. Gracias al compromiso de nuestro equipo de trabajo y al rigor con el que ejecutamos nuestra función reguladora, continuamos fortaleciendo la confianza del pueblo en el sistema de seguros y garantizando la estabilidad del mercado”, concluyó.