Por Miguel Díaz Román

La empresa Universal Insurance Group, compañía matriz de la aseguradora Universal Insurance Company, está en espera de que finalmente se aclaren las aguas en la actual situación financiera y judicial  del The Phoenix Fund (TPF) para conocer qué ocurrirá con una inversión de $25 millones que el fondo de capital privado realizó en la aseguradora en el 2020. 

«Todo lo que te pueda decir es especulativo porque todo depende quién tenga jurisdicción porque en un ambiente de liquidación es una cosa y en un ambiente de reorganización puede ser otra.Ciertamente no vamos a pagar más de los $25 millones. Como te dije, es un ambiente de liquidación puede ser un valor y en un ambiente de reorganización puede tener otro valor», sostuvo Roberto J. Martínez, director financiero de Universal Insurance Group.

De acuerdo con El Nuevo Día, el controvertible TPF se acogió al Capítulo 11 de reorganización de la Ley de Quiebras Federal el pasado 23 de febrero, luego de que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) ordenara su liquidación.

La OCIF nombró como síndico permanente a la firma de contabilidad y asesoría financiera  Driven P.S.C. Alegadamente la OCIF se inclinó por la liquidación luego de Driven, en una auditoría que no concluyó, identificó que el TPF experimenta un alto nivel de deudas – $395 millones que corresponden a deudas del fondo de capital privado y $598 millones que adeudan tres de sus subsidiarias.

El pasado miércoles el juez Enrique Lamoutte Inclán, del Tribunal Federal de Quiebra en San Juan, rechazó activar la protección automática para protege a las entidades que se acogen a la quiebra de sus acreedores y permitió que la OCIF continuara con su intervención en el TPF, según informó El Nuevo Día.

Lamoutte Inclán también reconoció el nombramiento hecho por la OCIF para que Driven figure como síndico permanente . El juez le ordenó a Driven  informar al tribunal en 21 días si se propone someter al TPF a un proceso de reorganización o de liquidación.

Reconoce la deuda

Martínez reconoció que la aseguradora recibió de parte del TPF una inyección de capital  por medio de una nota de sobrante de $25 millones la cual, según dijo, tiene un término (para finalizar) y unas determinadas condiciones que «aún no se han dado». 

No obstante, indicó que una de las condiciones  es la obligación de devolver la totalidad de la inversión al fondo privado de inversiones. 

El director financiero de Universal Insurance Group sostuvo que la devolución de la inversión de TPF, la cual describió como » una inversión súper competitiva, pues era capital a un costo bajo», no  perjudicará a Universal Insurance Company, «porque es una compañía que  tiene cerca de $500 millones en capital».

Martínez no reveló cuándo debería terminar la inversión de la nota de sobrante, pero advirtió que «no es este año». 

«El concepto de nota de sobrante es capital temporero. Universal le debe ese dinero al fondo privado de inversiones. Nosotros vamos a pagar $25 millones, no más.

Es prematuro para nosotros saber lo que va a pasar. Cualquier cosa que pase, la obligación es devolver los $25 millones. En un escenario de reorganización, el negocio sigue en marcha. En caso de la liquidación, es determinar cuántos activos tiene TPF para pagar los pasivos», dijo Martínez.

Mogul de lo seguros en prisión

TPF realizó la inversión de $25 millones en Universal Insurance Company en diciembre de 2020 en el contexto de que Universal Life Insurance Company (ULICO), una subsidiaria de Universal Insurance Company dedicada a los seguros de vida, no había podido recuperar $524 millones que la aseguradora puertorriqueña depositó en un fideicomiso administrado por Private Bankers Life (PB Life), una corporación del empresario Greg Lindberg, ubicada en la isla de Bermuda. 

PB Life, que invirtió los fondos en violación al Código de Seguros y en contra de un acuerdo de reaseguro, es una subsidiaria del grupo Global Growth, que pertenece a Lindberg. El ex mogul de los seguros cumple una condena de siete años de prisión por fraude electrónico y cargos de soborno, emitidos en marzo del 2020 por un jurado federal. 

Lindberg intentó sobornar con $1.5 millones a la campaña de reelección del republicano Mike Causey para el cargo de Comisionado de Seguros de Carolina del Norte en las elecciones de 2020. A cambio del dinero, Lindberg pretendía que Causey destituyera a un funcionario asignado a revisar las operaciones de Global Growth, intervenidas en el 2019. 

Inyección de capital oportuna

Como resultado de la inversión de $25 millones de TPF en enero del 2020 la agencia clasificadora AM Best eliminó el estatus de revisión en la clasificación crediticia de ULICO pero conservó la perspectiva negativa a la aseguradora para ese año. La perspectiva negativa se debió principalmente al incumplimiento de PB Life con la devolución de los $524 millones.

La eliminación del estatus de revisión se basó en que ULICO garantizó una vía de acceso a capital a través de su compañía matriz, Universal Insurance Company, por medio de una nota de sobrante de $25 millones del TPF. La inyección de capital estuvo destinada a cubrir necesidades de liquidez de la aseguradora. 

Además, la inyección de capital incluyó un plan de aumento de capital suscrito por TPF, que le permitía a ULICO extender las necesidades de capital hasta $100 millones si era necesario. La inversión de TPF fue aprobada por la Oficina del Comisionado de Seguros en diciembre de 2020. 

De hecho, los paneles de arbitraje y los tribunales de New York han fallado consecutivamente  a favor de Universal y en contra de Lindberg y PB Life para que devuelvan los $524 millones. Martínez reveló que desde 2020 hasta 2025 Universal Insurance Company ha podido recuperar gran parte de los fondos adeudados.

Universal recupera los fondos

«Lo que queda para el cobro son entre  $130 millones y $140 millones de los $524 millones. Todo está cobrado o garantizado con un activo que se auditó y se revisó y que está próximo a realizarse. No prevemos ningún tipo de consecuencia económica con lo que tiene que ver con Lindberg. En realidad él tenía un grupo de compañías que valen dinero. Recientemente, a finales del año pasado, nosotros cobramos un poco más de $80 millones de una de esas compañías que se vendieron. O sea que hay valor en esas compañías y por eso hemos podido cobrar», explicó Martínez.

«Además, nosotros teníamos una garantía que no tenía nadie que ha hecho negocios con Lindeberg y lo hicimos porque esa es la manera como nosotros hacemos negocio con los reaseguradores.  Desde que comenzó todo esto la compañía de vida ha duplicado su capital. La compañía de vida (ULICO) todos los años tiene ganancias de doble dígito.Creo que te he dicho que la compañía de vida gana más que lo que ganan todas las compañías de vida en Puerto Rico en un año. Realmente, sea por cobro o por activos que tenemos en garantía, todo el dinero (adeudado por Lindberg) está asegurado y así consta en los libros auditados de ULICO», agregó.

Lindberg o Lex Luthor

El ejecutivo reconoció que el esfuerzo para recuperar la mayor parte de $524 millones fue arduo y requirió una gran diligencia entre el grupo legal y los ejecutivos financieros de la aseguradora. Sostuvo que Lindberg continúa en la cárcel donde realiza negociaciones para su posible excarcelación.

«Ha sido un esfuerzo que ha durado más de lo que todos quisiéramos. Tengo un par de canas de las que quería tener, pero el resultado ha sido exitoso. Para mi Lindberg más que un bandido era un loco. Un tipo graduado de Yale, sumamente inteligente. Tomando esto en broma y en serio, en los cómics de Superman había un personaje que era Lex Luthor, que era el enemigo de Superman. Muy inteligente pero era malo. Para mi así es Lindberg, un tipo inteligente pero brillante para lo malo. La realidad es que él quería ser como Warren Buffett (el ex presidente del conglomerado multinacional estadounidense con sede Nebraska, Berkshire Hathaway Inc), pero solo hay un Warren Buffett. Quiso crecer muy rápido y hay están los casos», concluyó Martínez.

Por Mapfre

Para los patronos del sector privado llegó el momento de renovar el Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal (SINOT), que es un requisito de ley. Si los patronos del sector privado aspiran a mejorar las condiciones de los trabajadores de su empresa es el momento de examinar con atención la oferta de beneficios que ofrece Mapfre.

 El periodo de inscripción del seguro SINOT comenzó el 1 enero y se extiende hasta el 27 abril de 2026. En ese periodo los patronos pueden examinar las alternativas y los mejores beneficios para todos sus trabajadores que están disponibles en el mercado.

 El periodo de vigencia de la póliza comienza el 1 de julio de 2026 y se extiende hasta el 30 de junio de 2027.

 El seguro SINOT garantiza determinados beneficios a los trabajadores asegurados que han sufrido una interrupción en el pago de sus salarios como resultado de una incapacidad ocasionada por una enfermedad o lesión que no está relacionada con el empleo ni con un accidente de automóvil. 

 «Beneficia a los trabajadores de empresas con fines de lucro e incluye las empresas agrícolas, en caso de se incapaciten a corto plazo, con una incapacidad que no esté relacionada ni con el empleo ni con un accidente de tránsito, una incapacidad no ocupacional», sostuvo Dinorah Viruet Maestre, experta en la gerencia de suscripción de seguros de vida de Mapfre.

 «Hay empresas sin fines de lucro que están exentas pero pueden también acogerse al SINOT mediante una solicitud de seguro voluntario en el Departamento del Trabajo.   Una vez radican esta solicitud de seguro voluntario y es aprobada por el Departamento del Trabajo pueden acogerse al SINOT», agregó Viruet Maestre.

 El seguro SINOT es el resultado de la ley 139 de 1968 conocida como Ley de Beneficios por Incapacidad No Ocupacional Temporal.

 El seguro SINOT opera como un complemento para la cubierta de protección por accidentes en el trabajo que ofrece la Corporación del Fondo de Seguro de Estado, creada por la ley 45 de 1935, y para la cubierta de protección por accidentes de tránsito que provee la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, establecida por la ley 138 de 1968.

 «Pero en el caso de que la persona esté radicando una reclamación en el Fondo del Seguro del Estado pero no esté recibiendo beneficios, puede tramitar el SINOT, puede radicar una reclamación en SINOT, pero no puede estar recibiendo ambos beneficios. Al igual si el trabajador recibe otros beneficios por cualquier ley de incapacidad, no pueden estar recibiendo ambos beneficios», explicó la ejecutiva.

La ley matriz de SINOT exige una cubierta básica la cual es ofrecida por el mercado privado de seguros. Además, la ley permite que las aseguradoras privadas puedan mejorar los beneficios de la cubierta básica.

 «Nuestra tarifa (la de Mapfre) está bastante por debajo de la cubierta del gobierno (la cubierta básica) y le conviene al patrono, porque esto es obligatorio», agregó Manuel Martin Rivera, quien es el vicepresidente auxiliar de desarrollo empresarial-salud para la aseguradora Mapfre.

 Para un trabajador que sufrió un accidente fuera de sus horas laborales, el cual le ha causado una incapacidad temporal que le impide cumplir con su trabajo, la cubierta básica provee un beneficio semanal que garantiza el pago del 65 % de salario hasta un máximo de $113 semanales. Este beneficio estará vigente por hasta 26 semanas. Además de un beneficio por muerte máximo de $4,000 y desmembramiento hasta $4,000.

 «Eso es lo que ofrece la cubierta básica. Nosotros (Mapfre) podemos ofrecer a ese patrono ya ese empleado un beneficio de hasta $200 semanales por 30 semanas, en el caso de que le interese ampliar ese beneficio semanal.  La cubierta básica ofrece un beneficio por muerte y desmembramiento de hasta $4,000 y nosotros podemos ofrecer un beneficio por muerte accidental de $6,000 adicionales. También tenemos un beneficio de gastos finales que puede llegar hasta $5,000. Así que el patrono estaría dándole mejores beneficios a sus empleados obteniendo un plan privado (SINOT) con nosotros», destacó Viruet Maestre.

Otro aspecto atractivo de la cubierta SINOT de Mapfre es que la prima puede ser más económica que el costo de la cubierta básica, según advirtió Viruet Maestre.

 La cubierta básica en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos propone una prima cuyo costo es de 60 centavos por cada $100 de los primeros $9,000 de nómina tributable.

 «Si lo que el patrono lo que busca es el mismo beneficio de la cubierta básica, pues nosotros dependiendo de la industria, del tamaño del grupo y la experiencia de grupo la tarifa puede ser mucho más baja lo que redunda en un ahorro para el patrono», sostuvo.

 Viruet Maestre indicó que otro beneficios que ofrece la cubierta SINOT de Mapfre es que la tramitación de las reclamaciones se realiza de manera rápida y eficiente.

 «El empleado tiene hasta tres meses para radicar una reclamación desde que comienza su incapacidad. Una vez radicada esa reclamación y la reclamación está completa, tanto con la información del empleado, del patrono y de su médico, esa reclamación puede ser tramitada con una rapidez de entre dos semanas o menos dependiendo del volumen que tengamos en reclamaciones. Tenemos analistas de reclamaciones especializados en SINOT. Sí, tramitamos con rapidez las reclamaciones», afirmó.

Actualmente en el mercado privado las aseguradoras que ofrecen la póliza SINOT son Mapfre, la Cooperativa de Seguros Múltiples, Multinational Insurance,Triple S, Universal Insurance, mencionó  Martin Rivera.

 «Nosotros tenemos un equipo de basta experiencia en el área de SINOT y ofrecemos una atención personalizada. Los patronos y sus empleados pueden someter sus reclamaciones a través de nuestro correo electrónico de reclamaciones, lo que permite una mayor agilidad en la apertura de la reclamación y en la verificación de la misma», dijo Viruet Maestre.

De hecho, la cubierta SINOT que ofrece Mapfre es un producto de MAPFRE Life Insurance Company of Puerto Rico. 

 Los patronos o empleados que quieran obtener más información sobre el seguro SINOT  de Mapfre se pueden comunicar al teléfono 787-753-6161.

Redacción Mapfre

marzo 13, 2026

La Junta aprueba el mayor dividendo de la historia de la compañía: 0,18 euros por acción, lo que supone 554 millones de euros con cargo al ejercicio.

Mapfre cumple el 100% de los compromisos del Plan de Sostenibilidad y celebra su séptima Junta sostenible y neutra en carbono.

Eleva su objetivo de ROE por encima del 13% y mejora el de Ratio Combinado para 2026.

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas se dirige a la Junta General de Accionistas de Mapfre.

La compañía refuerza su transformación con el lanzamiento de su nueva marca global y el despliegue de las plataformas tecnológicas REEF y ATENEA.

La Junta General de Accionistas de Mapfre ha aprobado las cuentas correspondientes al ejercicio 2025, un año histórico para la compañía en el que el Grupo alcanzó por primera vez un beneficio neto superior a los 1.000 millones de euros y un beneficio bruto por encima de los 2.400 millones. Este desempeño excepcional, según destacó el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, refleja “la fortaleza de nuestro modelo de negocio, la estricta disciplina técnica que estamos aplicando en todos los mercados y la solidez que nos aporta nuestra diversificación geográfica y de productos”. 

La Junta aprobó el mayor dividendo de la historia del Grupo, que alcanza los 0,18 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2025, de los que 0,07 euros ya se abonaron en noviembre y los 0,11 euros restantes se pagarán el próximo mes de mayo. 

En total, Mapfre distribuirá 554 millones de euros íntegramente en efectivo entre sus más de 150.000 accionistas. Huertas subrayó que esta retribución, que supera el 51% del payout, “es coherente con el compromiso firme de la compañía con sus accionistas y con su capacidad de generar caja de forma constante”. 

La alta participación pone de manifiesto el acierto de la política de involucración de los accionistas aprobada por el Consejo de Administración y de las acciones implementadas en cumplimiento de esta. 

En su intervención, Antonio Huertas se refirió al conflicto bélico de Oriente Medio como la mayor incertidumbre a la que se enfrentan las economías mundiales: “Tenemos una gran confianza en nuestra capacidad de resiliencia frente a tensiones extremas pero la evolución de la inflación, de los tipos de interés y de la disponibilidad suficiente de oferta de energía y materias primas marcarán el pulso económico del año, y esto dependerá de la duración e intensidad del conflicto en Oriente Medio”. 

Es en este contexto cuando anunció la actualización de los objetivos financieros para el último año de vigencia del Plan Estratégico 2024-2026.  Mapfre prevé para 2026 superar un ROE del 13% y situar su objetivo de Ratio Combinado en un rango de entre el 93% y el 94%, aumentando así la exigencia respecto a las metas iniciales planteadas, aunque admitiendo que ambas variables estarán condicionadas por la evolución de la inflación, que de elevarse sustancialmente, obligaría a moderar las previsiones. 

El resto de compromisos financieros, estratégicos y de sostenibilidad se mantienen plenamente vigentes. “Reforzamos hoy nuestros compromisos desde el rigor y la solidez de nuestro plan estratégico, que sigue guiando nuestros pasos, pero siendo conscientes también de la responsabilidad y la prudencia que exige avanzar en un mundo inmerso en una gran incertidumbre y volatilidad”, afirmó Huertas.  

La compañía destacó además importantes avances en su proceso de transformación y modernización. Entre ellos, el lanzamiento de su nueva identidad de marca global, que refleja la profunda evolución de la compañía durante la última década y proyecta una imagen más ágil, tecnológica y humana. 

Mapfre reforzó también su transformación digital mediante el despliegue acelerado de la plataforma tecnológica REEF, ya operativa total o parcialmente en varios países de Latinoamérica y en áreas estratégicas de España, y a través del crecimiento del Centro de Inteligencia Artificial, que en 2025 desarrolló más de 150 casos de uso, una tercera parte de ellos basados en IA generativa. A ello se suma el impulso de la plataforma de datos Atenea, la mejora en la calidad del dato en 28 países y el crecimiento del negocio digital, que experimentó un avance del 14,6% interanual. 

En paralelo, Mapfre ha reforzado su posicionamiento como referente en planificación financiera, un ámbito estratégico para el futuro del Grupo. Durante 2025, la compañía impulsó de manera notable su propuesta basada en las tres “P” —Protección, Previsión y Patrimonio—, consolidando un crecimiento muy significativo en Vida-ahorro e inversión. Así, solo en IBERIA, el negocio captado de ahorro-inversión el pasado año se elevó a 3.200 millones. Esta evolución, unida al desarrollo de redes de mediadores expertos y al acuerdo con socios como Abante, consolida una oferta integral capaz de acompañar a los clientes en todas las etapas de su ciclo financiero. 

La compañía mejora en sus objetivos de contar con la plantilla más preparada para los cambios que vienen, a través de su Universidad Corporativa, haciendo posible a su vez un mejor alineamiento desde el punto de vista de la diversidad y de la igualdad de oportunidades. Así, se ha alcanzado un 4,2% de personas con discapacidad entre los empleados, y se ha superado el 35% de mujeres en puestos directivos.   

Mapfre avanzó también de forma significativa en materia de sostenibilidad. En 2025, la compañía cumplió el 100% de sus compromisos del Plan de Sostenibilidad 2024-2026, redujo un 24% su huella de carbono operativa, alcanzó un 93% de inversiones calificadas con criterios ESG y consolidó su compromiso social con un récord de más de 10.600 voluntarios que han participado en cerca de 2.500 actividades en 26 países, tal y como refleja el informe Hechos para el Compromiso 2025. Además, impulsó la inclusión financiera a través del ecosistema de microseguros “A tu lado Mapfre”, ya desplegado en Brasil y Colombia, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la protección aseguradora a segmentos de población de menores ingresos.

La Junta aprobó también la reelección como consejeros de Antonio Huertas, Pilar Perales y Ángeles Santamaría.

El Capitolio — El Senado de Puerto Rico aprobó hoy el Proyecto del Senado 856, medida de administración, impulsada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dirigida a fortalecer la supervisión financiera de la industria de seguros y atemperar el Código de Seguros de Puerto Rico a los estándares regulatorios establecidos por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC).

La legislación enmienda el Capítulo 44 del Código de Seguros de Puerto Rico para incorporar nuevas herramientas de fiscalización aplicables a las estructuras de control o holding companies dentro de la industria de seguros. Entre las enmiendas principales, la medida añade nuevas definiciones, incluyendo el Cálculo del Capital del Grupo, el Marco de Pruebas de Resistencia de Liquidez de la NAIC, y los criterios de alcance utilizados para determinar qué aseguradoras deben someterse a estas evaluaciones regulatorias.

Además, la medida requiere que la persona que ostente el control final de un asegurador que opere en Puerto Rico presente anualmente un informe de riesgo empresarial, en el que se identifiquen riesgos significativos dentro de la estructura corporativa que pudieran afectar la solvencia o liquidez de la aseguradora. Este informe deberá presentarse ante el comisionado del estado principal que supervise la estructura del grupo asegurador.

El proyecto también establece la obligación de presentar un Cálculo de Capital de Grupo (Group Capital Calculation) para evaluar la suficiencia de capital dentro de todo el grupo corporativo de seguros, conforme a las instrucciones adoptadas por la NAIC. Asimismo, incorpora el requisito de realizar pruebas de resistencia de liquidez, mediante las cuales las aseguradoras incluidas en el marco regulatorio deberán someter informes que permitan identificar posibles riesgos de liquidez dentro de la estructura corporativa y adoptar medidas correctivas oportunas.

De igual forma, la medida autoriza al Comisionado de Seguros a exigir depósitos o fianzas cuando determine que un asegurador se encuentra en una condición financiera adversa, con el fin de proteger a los asegurados durante la vigencia de contratos o acuerdos dentro del sistema de compañías afiliadas. También dispone que los registros y datos de una aseguradora que estén en poder de entidades afiliadas continúen siendo propiedad del asegurador y permanezcan identificables y accesibles para fines regulatorios.

Otra medida impulsada por el presidente del Senado y aprobada por el Alto Cuerpo fue el Proyecto del Senado 994, el cual enmienda disposiciones de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico con el propósito de armonizar su contenido con el Código Penal de Puerto Rico de 2012 y garantizar mayor coherencia en la aplicación de las sanciones penales relacionadas con esta legislación.

Entre sus disposiciones, la medida enmienda un artículo para establecer que la hospitalización o tratamiento psiquiátrico involuntario solo podrá ordenarse cuando existan criterios clínicos claros, incluyendo situaciones en las que la persona represente un peligro inminente para sí misma, para otras personas o para la propiedad, y cuando se demuestre que la persona carece de capacidad para tomar decisiones o controlar su conducta. Asimismo, dispone que la práctica de hospitalizar a una persona sin cumplir con estos criterios será penalizada conforme al Código Penal de Puerto Rico.

El proyecto también requiere que, para ordenar tratamiento psiquiátrico compulsorio, el tribunal evalúe evidencia específica de conducta reciente, determine que no existen alternativas menos restrictivas que resulten efectivas y establezca que el tratamiento solicitado ofrecerá un beneficio clínico para la persona.

El Senado también aprobó la Resolución Conjunta del Senado 125, presentada igualmente por el presidente del Senado, que ordena al Departamento de la Familia diseñar e implementar un programa piloto dirigido a adultos con neurodivergencia para ofrecerles un sistema coordinado de servicios y apoyo individualizado.

La resolución establece que el programa deberá atender a no menos de cincuenta adultos mayores de veintiún años con condiciones de neurodivergencia, incluyendo trastornos como autismo, TDAH, dislexia, dispraxia o síndrome de Tourette. Entre los servicios contemplados se incluyen orientación sobre oportunidades educativas, recreativas y residenciales; adiestramiento en destrezas de vida independiente como cuidado personal y mantenimiento del hogar; programas de cuidado diurno; oportunidades de recreación y socialización; servicios de terapia, nutrición y salud; manejo integrado de casos; y apoyo directo a las familias de los participantes.

El Alto Cuerpo también aprobó el Proyecto del Senado 872, de la autoría del senador Ángel Toledo López, por petición, que enmienda varias disposiciones de la Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para actualizar referencias a legislación que ha sido derogada o sustituida por leyes más recientes, incluyendo la Ley de Administración y Transformación de los Recursos Humanos de 2017 y la Ley de la Administración de Servicios Generales de 2019. La medida también aumenta de $36,000 a $100,000 el umbral de contratos que requieren aprobación de la Junta de Directores del Instituto, con el propósito de agilizar procesos administrativos y permitir una operación más eficiente de la entidad.

De igual forma, el Senado aprobó el Proyecto del Senado 884, presentado por la senadora Roxanna Soto Aguilú, que enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor para requerir que dicha agencia incluya en su informe anual información detallada sobre el estado de las querellas pendientes, los embargos emitidos y las cantidades recuperadas mediante procesos de cobro, con el propósito de fortalecer la transparencia en las operaciones del DACO.

A su vez, se dio paso el Proyecto del Senado 1045 del senador Wilmer Reyes Berríos, para enmendar el Código Penal de Puerto Rico, a los fines de disponer que en los casos donde se configure reincidencia agravada se aumentará 30 años a la pena fija dispuesta por ley para el delito cometido.

“Aquellas personas que asaltan una vez, asaltan dos veces, tres veces…Qué otra oportunidad le vamos a dar si se nota claramente que está violando el sistema, jugando con el sistema y no le interesa la seguridad. Eso es lo que busca este proyecto, velar por la seguridad de nuestra gente humilde, de aquel trabajador que va día a día a trabajar a echar su negocio para adelante, y siempre hay un sinvergüenza que está buscando cómo asaltar una, dos, tres veces. A ese hay que mandarle un mensaje contundente de que no vamos a tolerar esa conducta más en la sociedad”, indicó Reyes Berrios.

Asimismo, en un turno, el senador Toledo López, se expresó a favor del proyecto. “El proyecto pretende atender una situación de verdadera gravedad en una sociedad que necesita protección. Se trata de una persona que tiene el valor de cometer un delito grave que, sabiéndolo, cumple y comete otro delito grave y sabiéndolo comete uno tercero. Pues se trata de un delincuente habitual”.

Por otro lado, entre las medidas provenientes de la Cámara de Representantes, el Senado aprobó el Proyecto de la Cámara 736, que enmienda la Ley de Capacitación y Planificación para la Seguridad Financiera y el Desarrollo Económico de la Fuerza Laboral para designar a la Administración de Sistemas de Retiro como la entidad encargada de desarrollar el programa voluntario de ahorro para el retiro para empleados del sector privado y ajustar la composición del grupo de trabajo encargado de implementar dicha política pública.

También fue aprobado el Proyecto de la Cámara 771, que enmienda la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito para aumentar de $50,000 a $150,000 el capital accionario mínimo requerido para que una nueva cooperativa pueda comenzar operaciones, con el objetivo de asegurar una base financiera más sólida para estas entidades.

Asimismo, el Senado dio paso al Proyecto de la Cámara 834, que establece como política pública que los hogares sustitutos, establecimientos residenciales y hogares de crianza bajo la supervisión del Departamento de la Familia sean considerados instalaciones prioritarias para el restablecimiento de servicios esenciales, como energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones, tras emergencias o desastres.

Finalmente, el Senado aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 244, que asigna $30,000 al Municipio de Luquillo provenientes de fondos previamente autorizados para la construcción y mejoras de un muro de gaviones en la quebrada Juan Martín, con el propósito de proteger una residencia cercana a esa zona.

Por Miguel Díaz Román

La postura pública de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) a favor del Proyecto del Senado 916, que permitiría el uso de vehículos todo terreno (VTT) en las vías públicas, ha colocado a la entidad reguladora en ruta de colisión con la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE), que no favorece la medida. 

El diferendo no es poca cosa pues se trata de una medida que ha sido propuesta por la gobernadora Jenniffer González Colón, quien nombró a un comité para atender los reclamos de los fanáticos de los VTT. 

De hecho, el PS 916 es el resultado de los trabajos y recomendaciones de ese comité. González Colón también nombró a la licenciada Suzette Del Valle Lecároz a la posición de Comisionada de Seguros, lo que podría colocar el apoyo a la medida de parte de la Comisionada más en el ámbito de la fidelidad política que en el territorio para garantizar un seguro estimando todas las implicaciones del riesgo.

Lo anterior no es un comentario de poca envergadura si se considera que el PS  916  ya recibió un informe negativo de la la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado,que es presidida por el controvertible senador Héctor Joaquín Sánchez.

Un rechazo que está en sintonía con la disputa a muerte que la gobernadora tiene con el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Develados a luz del día esos elementos que ocurren detrás de las cortinas y que han de determinar la vida o muerte de los proyectos de ley que patrocine González Colón, no es de dudar que del Del Valle Lecároz se ha inscrito en una incómoda coyuntura cuyas repercusiones son imprevisibles en el presente.

Lo que está claro es que la disputa entre González Colón y Rivera Schatz ya causó la muerte del PS 916. Pero dado que se trata de dos líderes políticos al mando de dos poderes constitucionales y quienes están acostumbrados a prevalecer, debemos esperar nuevos capítulos en esta novela.

Otra oportunidad para ir a escena 

Y como era de esperarse ya la gobernadora anunció  que radicará nuevamente el PS 916, lo que sin duda ofrece una nueva oportunidad para que el diferendo entre la Comisionada de Seguros y Acodese pueda ir a escena.

Claro está, la Comisionada tiene del deber de apoyar aquellas medidas que ofrecen una alternativa de asegurabilidad a las necesidades de los ciudadanos. 

No obstante, lo que ocurre en esta controversia es que Acodese se ha negado a avalar una medida que autoriza la circulación de vehículos que no han sido diseñados para rodar en carreteras públicas ni certificados como vehículos de motor tradicionales.

Acodese sostiene que «la apertura de las vías públicas a este tipo de vehículos, particularmente en carreteras principales y autopistas, plantea preocupaciones serias en cuanto al aumento en la frecuencia y severidad de accidentes, la exposición a responsabilidad civil y el impacto sobre terceros, razones por las cuales entendemos necesario evaluar esta medida con suma cautela».

De hecho, Acodese ha destacado en su ponencia sobre el PS 916 que la medida estableció una limitación, la cual es un reconocimiento de los peligros que conlleva autorizar que los VTT puedan transitar en las vías públicas. Y es que la propia medida prohíbe que los menores de 16 años sean transportados como pasajeros en los VTT. 

La prohibición comprende todas las clasificaciones de estos vehículos, incluyendo en vehículos de baja velocidad y los carritos de golf. 

«Esta limitación constituye, en sí misma, un reconocimiento de los riesgos asociados a la autorización de estos vehículos para transitar por las vías públicas», sostiene la ponencia, que fue presentada por la licenciada Iraelia Pernas, directora ejecutiva de Acodese.

Posible aumento de accidentes

La organización que agrupa a las principales aseguradoras del país ha planteado también la preocupación de que los VTT, que son vehículos cuya capacidad le permite moverse a bajas  velocidades, puedan transitar en avenidas y autopistas junto a otros vehículos que se desplazan a velocidades altas (50 millas por hora, 65 millas por hora y 80 millas por hora) lo que pudiera aumentar la posibilidad de accidentes de tránsito.

Otra área de preocupación es que se delegue al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para que mediante reglamentación determine  en qué vías públicas podrán transitar los VTT.

La medida dispone que tras la pasar la inspección los VTT recibirán una tablilla y una autorización de circulación «Street-Legal’ o marbete digital, pero nada se dice del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO) ni del seguro de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA). 

Según Acodese la definición de “vehículo de motor” del SRO no incluye a los VTT. Además, el seguro de la ACAA no incluye a los VTT,pues se aplica sólo a los vehículos de motor tradicionales.

«Tal omisión pone en evidencia la necesidad de llevar a cabo los correspondientes estudios actuariales y análisis de experiencias de pérdidas, a fin de determinar primas adecuadas que permita cubrir estos riesgos por la industria de seguros y, asegurar la disponibilidad de ACAA para proveer los servicios médicos-hospitalarios a las personas lesionadas como resultado del uso de estos tipos de vehículos», comenta Acodese.

La ponencia de la OCS se limita a recomendar varias enmiendas para que el SRO y el seguro de la ACAA puedan estar accesibles a los VTT. Además, reconoce que la póliza de auto personal tradicional bajo la que se ofrece el seguro de responsabilidad pública establece que tal cubierta no estará disponible para vehículos que no tengan cuatro ruedas o no hayan sido diseñados para transitar en las carreteras.

«Sí existen alternativas viables de seguro para viabilizar la medida, particularmente con las enmiendas recomendadas por esta Oficina durante su ponencia en la vista pública celebrada por la Comisión del Senado que evalúa el Proyecto», señaló Del Valle Lecároz en unas declaraciones escritas enviadas a SN.

El SRO como salvación

Ante esa realidad Del Valle Lecároz revela que la OCS posee un estudio actuarial para proveer el SRO a los VTT.

«Esta recomendación está respaldada por un estudio actuarial comisionado por la OCS, el cual confirma que el sistema del SRO puede asumir este riesgo de manera adecuada», sostuvo Del Valle Lecároz. 

Para lograr ese objetivo se propuso que los VTT puedan acceder a la póliza del SRO por dos años. Esto con el fin de conocer la experiencia en severidad y frecuencia de accidentes. Solo entonces la Asociación de Suscripción Conjunta, que administra el SRO, podrá establecer la prima adecuada.

La Comisionada recomendó enmendar la ley del SRO para incorporar en ésta a los VTT. Sobre el particular, la funcionaria sostuvo que ya existen aseguradores que actualmente ofrecen cubierta para los vehículos de baja velocidad, como los carritos de golf contemplados en la medida, y que el SRO constituye la alternativa inmediata y viable para los VTT.

En cuanto a las cubiertas de seguro tradicional, la Comisionada puntualizó «que en los Estados Unidos existen pólizas diseñadas para este tipo de vehículos, y que, una vez el Proyecto se convierta en ley y se establezca un marco regulatorio uniforme, los aseguradores en Puerto Rico podrán enmendar sus pólizas para suscribir este riesgo conforme a la nueva normativa. Además, existen aseguradores autorizados que pueden incorporar esta línea de negocios para Puerto Rico y de líneas excedentes que pueden proveer alternativa adicional de cubierta».

Finalmente la Comisionada se reafirmó en su compromiso con promover un sistema que permita el disfrute responsable de los VTT, protegiendo la seguridad vial y garantizando que los consumidores cuenten con alternativas de seguro adecuadas, sostenibles y compatibles con el marco de ley propuesto.

Silencio comprometedor

La realidad es que la Comisionada no comentó nada sobre la posibilidad de que se registre un aumento en la frecuencia y severidad de accidentes como resultado de que los VTT son vehículos que no han sido diseñados para rodar en carreteras públicas ni certificados como vehículos de motor tradicionales.

Del Valle lecároz tampoco comentó nada sobre que la propia medida prohíbe que los menores de 16 años sean transportados como pasajeros en los VTT. Un hecho significativo pues revela la atmósfera de peligrosidad a la que estarían expuestos todas las personas que figuren como pasajeros en un VTT, incluyendo los menores de 16 años.

De hecho, ni la ponencia de la OCS ni la expresiones enviadas a SN abordan las limitaciones de los VTT para alcanzar altas velocidades y sobre el posible aumento en los accidentes de tránsito si se permite que esos vehículos transiten en avenidas y autopistas con otros vehículos que se desplazan a altas velocidades.

Tampoco se expresó la Comisionada sobre la responsabilidad delegada al DTOP para que determine en qué vías públicas podrán transitar los VTT.

Todo lo anterior constituye un menú de platos que auguran una cena apetitosa que,sin duda, contiene también los ingredientes para una aparatosa indigestión. Lo único que debemos hacer es asistir a la cena y esperar.