Patronos llegó la hora de renovar la póliza SINOT y Mapfre garantiza mejores beneficios

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Por Mapfre

Para los patronos del sector privado llegó el momento de renovar el Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal (SINOT), que es un requisito de ley. Si los patronos del sector privado aspiran a mejorar las condiciones de los trabajadores de su empresa es el momento de examinar con atención la oferta de beneficios que ofrece Mapfre.

 El periodo de inscripción del seguro SINOT comenzó el 1 enero y se extiende hasta el 27 abril de 2026. En ese periodo los patronos pueden examinar las alternativas y los mejores beneficios para todos sus trabajadores que están disponibles en el mercado.

 El periodo de vigencia de la póliza comienza el 1 de julio de 2026 y se extiende hasta el 30 de junio de 2027.

 El seguro SINOT garantiza determinados beneficios a los trabajadores asegurados que han sufrido una interrupción en el pago de sus salarios como resultado de una incapacidad ocasionada por una enfermedad o lesión que no está relacionada con el empleo ni con un accidente de automóvil. 

 «Beneficia a los trabajadores de empresas con fines de lucro e incluye las empresas agrícolas, en caso de se incapaciten a corto plazo, con una incapacidad que no esté relacionada ni con el empleo ni con un accidente de tránsito, una incapacidad no ocupacional», sostuvo Dinorah Viruet Maestre, experta en la gerencia de suscripción de seguros de vida de Mapfre.

 «Hay empresas sin fines de lucro que están exentas pero pueden también acogerse al SINOT mediante una solicitud de seguro voluntario en el Departamento del Trabajo.   Una vez radican esta solicitud de seguro voluntario y es aprobada por el Departamento del Trabajo pueden acogerse al SINOT», agregó Viruet Maestre.

 El seguro SINOT es el resultado de la ley 139 de 1968 conocida como Ley de Beneficios por Incapacidad No Ocupacional Temporal.

 El seguro SINOT opera como un complemento para la cubierta de protección por accidentes en el trabajo que ofrece la Corporación del Fondo de Seguro de Estado, creada por la ley 45 de 1935, y para la cubierta de protección por accidentes de tránsito que provee la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, establecida por la ley 138 de 1968.

 «Pero en el caso de que la persona esté radicando una reclamación en el Fondo del Seguro del Estado pero no esté recibiendo beneficios, puede tramitar el SINOT, puede radicar una reclamación en SINOT, pero no puede estar recibiendo ambos beneficios. Al igual si el trabajador recibe otros beneficios por cualquier ley de incapacidad, no pueden estar recibiendo ambos beneficios», explicó la ejecutiva.

La ley matriz de SINOT exige una cubierta básica la cual es ofrecida por el mercado privado de seguros. Además, la ley permite que las aseguradoras privadas puedan mejorar los beneficios de la cubierta básica.

 «Nuestra tarifa (la de Mapfre) está bastante por debajo de la cubierta del gobierno (la cubierta básica) y le conviene al patrono, porque esto es obligatorio», agregó Manuel Martin Rivera, quien es el vicepresidente auxiliar de desarrollo empresarial-salud para la aseguradora Mapfre.

 Para un trabajador que sufrió un accidente fuera de sus horas laborales, el cual le ha causado una incapacidad temporal que le impide cumplir con su trabajo, la cubierta básica provee un beneficio semanal que garantiza el pago del 65 % de salario hasta un máximo de $113 semanales. Este beneficio estará vigente por hasta 26 semanas. Además de un beneficio por muerte máximo de $4,000 y desmembramiento hasta $4,000.

 «Eso es lo que ofrece la cubierta básica. Nosotros (Mapfre) podemos ofrecer a ese patrono ya ese empleado un beneficio de hasta $200 semanales por 30 semanas, en el caso de que le interese ampliar ese beneficio semanal.  La cubierta básica ofrece un beneficio por muerte y desmembramiento de hasta $4,000 y nosotros podemos ofrecer un beneficio por muerte accidental de $6,000 adicionales. También tenemos un beneficio de gastos finales que puede llegar hasta $5,000. Así que el patrono estaría dándole mejores beneficios a sus empleados obteniendo un plan privado (SINOT) con nosotros», destacó Viruet Maestre.

Otro aspecto atractivo de la cubierta SINOT de Mapfre es que la prima puede ser más económica que el costo de la cubierta básica, según advirtió Viruet Maestre.

 La cubierta básica en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos propone una prima cuyo costo es de 60 centavos por cada $100 de los primeros $9,000 de nómina tributable.

 «Si lo que el patrono lo que busca es el mismo beneficio de la cubierta básica, pues nosotros dependiendo de la industria, del tamaño del grupo y la experiencia de grupo la tarifa puede ser mucho más baja lo que redunda en un ahorro para el patrono», sostuvo.

 Viruet Maestre indicó que otro beneficios que ofrece la cubierta SINOT de Mapfre es que la tramitación de las reclamaciones se realiza de manera rápida y eficiente.

 «El empleado tiene hasta tres meses para radicar una reclamación desde que comienza su incapacidad. Una vez radicada esa reclamación y la reclamación está completa, tanto con la información del empleado, del patrono y de su médico, esa reclamación puede ser tramitada con una rapidez de entre dos semanas o menos dependiendo del volumen que tengamos en reclamaciones. Tenemos analistas de reclamaciones especializados en SINOT. Sí, tramitamos con rapidez las reclamaciones», afirmó.

Actualmente en el mercado privado las aseguradoras que ofrecen la póliza SINOT son Mapfre, la Cooperativa de Seguros Múltiples, Multinational Insurance,Triple S, Universal Insurance, mencionó  Martin Rivera.

 «Nosotros tenemos un equipo de basta experiencia en el área de SINOT y ofrecemos una atención personalizada. Los patronos y sus empleados pueden someter sus reclamaciones a través de nuestro correo electrónico de reclamaciones, lo que permite una mayor agilidad en la apertura de la reclamación y en la verificación de la misma», dijo Viruet Maestre.

De hecho, la cubierta SINOT que ofrece Mapfre es un producto de MAPFRE Life Insurance Company of Puerto Rico. 

 Los patronos o empleados que quieran obtener más información sobre el seguro SINOT  de Mapfre se pueden comunicar al teléfono 787-753-6161.

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La agricultura y la pesca como motor económico para crear riqueza

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Por el Lcdo. Eduardo A. Quijano Rivera – Director Ejecutivo Puerto Rico 4.0

La agricultura no es una experiencia meramente romántica y, mucho menos, debe considerarse un signo de retraso civilizatorio por pertenecer al sector primario y no ser una actividad tecnológica.

He participado activamente durante los últimos veinte años en foros estratégicos que promueven el desarrollo social y económico de Puerto Rico desde la perspectiva del empresarismo, enfoque con el que estoy totalmente de acuerdo. 

Entre las prioridades que allí se destacan se encuentra el turismo —con cuyo desarrollo coincido—, aunque con frecuencia se orienta más hacia el control por parte de “organizaciones especializadas” en mercadeo que hacia el mejoramiento y la participación de las comunidades anfitrionas.

También se enfatiza el desarrollo de la manufactura y de la alta tecnología, lo cual considero necesario, así como la educación de calidad con énfasis en la formación de una actitud emprendedora. Todo ello es, sin duda, positivo.

Sin restarle mérito ni importancia a esos puntos, hemos considerado que faltan cuatro elementos básicos: la salud previsiva, la recreación y el bienestar (ocio valioso), el desarrollo local territorializado y el desarrollo de una agricultura y pesca intensivas dentro de los límites de extensión natural.

Los movimientos que promueven acciones para cerrar brechas de desigualdades sociales y económicas injustas generalmente se apoyan en el llamado principio de erradicación de la pobreza. Visto sin mucho rigor, puede parecer una idea plausible. 

Sin embargo, este principio no siempre tiende al bien común, sino que con frecuencia conduce a una intervención excesiva y potencialmente peligrosa del poder del Estado en el ciclo productivo de producción, acumulación, consumo y distribución.

El enfoque defendido por nuestro movimiento Puerto Rico 4.0 es el de la creación de riquezas compartidas. Se propone promover un círculo virtuoso de desarrollo económico mediante el aumento de la producción local y el crecimiento del número de empresarios locales, lo que a su vez propicia un mercado libre y equilibrado.

Este principio aplica a todos los campos de la actividad económica, pero en el ámbito agrícola se convierte en un tema de urgencia. El primer y más importante motor económico para un Puerto Rico próspero y estable se encuentra en el desarrollo local de una agricultura moderna, intensiva y sostenible, siempre dentro de los límites de la extensión natural del territorio. 

Esto implica una agricultura que incorpore tecnología para aumentar la eficiencia y la producción de alimentos, pero sin rebasar la capacidad de recuperación ecológica, aplicando también tecnologías apropiadas que permitan mantener ese equilibrio.

La libre producción de alimentos y el libre comercio de productos alimenticios de alta calidad, accesibles para toda la población, deben convertirse en el motor económico comunitario de mayor prioridad dentro del desarrollo local.

Esta es la base para construir comunidades felices y una sociedad sana, capaces incluso de generar la seguridad emocional y la tranquilidad necesarias para que las nuevas generaciones puedan mirar el futuro con esperanza y no tengan que hacer lo que muchos hoy hacen —aunque no lo desean—: emigrar.

Seis principios para el desarrollo económico estratégico para prevenir la emigración basado en un círculo virtuoso de creación de riquezas en el sector primario:

1. Principio de creación de riqueza productiva

La base de un desarrollo económico sólido no es la redistribución de la escasez, sino la creación sostenida de riqueza productiva. Esto se logra estimulando la producción real de bienes esenciales —especialmente alimentos— mediante el aumento de empresarios locales capaces de generar valor económico en sus propias comunidades.

2. Principio de producción local de bienes esenciales

La estabilidad económica y social de un territorio comienza con su capacidad de producir localmente los bienes fundamentales para la vida, en particular alimentos. El fortalecimiento de la agricultura y la pesca reduce la dependencia externa y establece una base material estable para el desarrollo económico.

3. Principio de agricultura y pesca intensivas dentro de los límites naturales

La modernización del sector primario debe orientarse hacia modelos intensivos y tecnológicamente eficientes, pero siempre dentro de los límites de recuperación ecológica del territorio. La productividad y la sostenibilidad deben integrarse como partes de un mismo proceso.

4. Principio de mercado libre con base comunitaria

La prosperidad económica surge cuando se fomenta la libre producción y el libre comercio, pero sustentados en una base productiva local fuerte. Un mercado donde los productores locales puedan competir y prosperar crea un sistema económico más equilibrado, dinámico y resiliente.

5. Principio de desarrollo territorial y fortalecimiento comunitario

El crecimiento económico debe arraigarse en el territorio. El desarrollo de la agricultura y la pesca genera empleo local, dinamiza economías regionales y fortalece la vida comunitaria, evitando la concentración económica excesiva y favoreciendo una distribución más equilibrada de oportunidades.

6. Principio de estabilidad social y arraigo generacional

Una economía basada en la producción real de bienes esenciales genera seguridad material, estabilidad social y esperanza para las nuevas generaciones. Cuando las comunidades disponen de oportunidades reales de trabajo, emprendimiento y prosperidad, disminuye la presión migratoria y se fortalece el arraigo al país.

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La obsesión de Trump por los zapatos Florsheim

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Por Miguel Díaz Román 

La foto que encabeza esta nota muestra los pies del Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, luciendo un calzado que no se ajusta a su tamaño.

En un evento en la Casa Blanca el 7 de enero de 2026 Rubio lució unos zapatos de la marca Florsheim de $145.00 que le regaló el presidente Donald Trump.

Según el Wall Street Journal el presidente se ha obsesionado con los zapatos Florsheim desde finales del año pasado, cuando buscaba una alternativa con una plantilla acolchada para más comodidad y se decidió por la variedad Oxford. 

Según el diario, el presidente no se ha limitado a comprarlos para su uso personal sino que también los ha regalado a miembros de su gabinete y a otros personajes aliados de su administración. 

Alegadamente, él mismo los compra y los regala en paquetes de cuatro pares.

Algunos medios creen que Trump seleccionó el modelo Lexington mientras que otros especulan que prefirió el modelo Zaffiro, ambos cuestan $145.00.

De acuerdo con el WSJ, una funcionaria de la Casa Blanca comentó que «todos los chicos las tienen» y otra bromeó «es divertidísimo porque todos tienen miedo de no usarlas».

Es en ese último grupo en el que encaja Rubio, quien se calzó los zapatos Oxford aunque su tamaño fuera mayor que la talla de sus pies solo para agradar a su jefe. 

Marcos Rubio, secretario de Estado de EE.UU. en el Capitolio.

Y  es que, según comenta el periodista Jonathan Evans, de la publicación Squire, «el presidente Donald Trump ha creado una cultura del miedo en la Casa Blanca basada en la elección del calzado. ¿Una basada en la lealtad ciega? ¿O en la sumisión generalizada? ¡Claro! ¿Pero una basada en usar los zapatos adecuados? Sí».

Entre los que han resultado agraciados con los regalos presidenciales además de Rubio figuran el vicepresidente JD Vance, el secretario de Transporte, Sean Duffy; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el director de comunicaciones de Trump, Steven Cheung; el subjefe de gabinete, James Blair; y el redactor de discursos, Ross Worthington. El presentador de Fox News, Sean Hannity, y el senador Lindsey Graham también recibieron sus paquetes de zapatos.

Según el periodista Evans, la obsesión del presidente por los zapatos aflora por primera vez el pasado mes de diciembre cuando el vicepresidente Vance contó que el presidente interrumpió una reunión en la que participaban Trump, Vance y Rubio. De acuerdo con el relato de Vance, el presidente Trump se asomó por encima del escritorio y dijo: “Marco, JD, tienen zapatos horribles”.

«De repente, comenta el periodista Evans, todos estaban hojeando un catálogo de zapatos y Trump estaba coleccionando tallas. Según Vance, en medio de la recopilación de tallas, Trump bromeó: «Ya sabes, se puede saber mucho de un hombre por la talla de sus zapatos». Vance declaró usar talla 13; Rubio, talla 11.5. Un tercer político, cuyo nombre no se reveló, calzaba talla 7″. 

El periodista concluyó que, tras ese comentario de Trump, Rubio no dijo la verdad sobre su talla. Y es por esa razón que en la foto tomada el 7 de enero vemos al secretario de Estado luciendo unos zapatos muy grandes para el tamaño de sus pies.

Claro está, coincido con Evans en eso de que la honestidad debe ser la mejor política aunque siempre exista el riesgo de que alguien pudiese interpretar un rasgo de tus partes pudendas.  Alegadamente, Trump se ha dedicado a adivinar la talla de los zapatos de sus subalternos y por supuesto, estas son las personas que acuden a la Oficina Oval estrenando zapatos nuevos por miedo al presidente.

De acuerdo con el WSJ, la preocupación de Trump por los zapatos que usan su personal más cercano ocurrió luego de que Weyco Group, que es la empresa matriz de Florsheim, presentara en diciembre una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos contra el gobierno federal, con la esperanza de obtener un reembolso por los aranceles impuestos por Trump en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Bueno, es posible que la insaciable y voraz administración de Donald Trump propicie eventos imprevisibles y paradójicos. 

Trump llegó a la presidencia prometiendo el florecimiento económico de los Estados Unidos, la paz y la no intervención en conflictos externos y en tan solo un año los precios han aumentado por efecto del alza en los aranceles, la violencia contra los inmigrantes y contra los ciudadanos estadounidenses de parte del gobierno aumentó de manera alarmante y las acciones militares suceden a un ritmo vertiginoso como si obedecieran a un libreto muy bien definido. 

Por esa razón no debe ser nada extraño que una disputa arancelaria en un tribunal internacional ocasione o coincida con una obsesión emergente del presidente por los zapatos. Y si de ahí se pasa a especular con el tamaño de los genitales de sus subalternos nadie debería alarmarse

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Mapfre eleva la ambición de su Plan Estratégico para 2026

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Redacción Mapfre

marzo 13, 2026

La Junta aprueba el mayor dividendo de la historia de la compañía: 0,18 euros por acción, lo que supone 554 millones de euros con cargo al ejercicio.

Mapfre cumple el 100% de los compromisos del Plan de Sostenibilidad y celebra su séptima Junta sostenible y neutra en carbono.

Eleva su objetivo de ROE por encima del 13% y mejora el de Ratio Combinado para 2026.

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas se dirige a la Junta General de Accionistas de Mapfre.

La compañía refuerza su transformación con el lanzamiento de su nueva marca global y el despliegue de las plataformas tecnológicas REEF y ATENEA.

La Junta General de Accionistas de Mapfre ha aprobado las cuentas correspondientes al ejercicio 2025, un año histórico para la compañía en el que el Grupo alcanzó por primera vez un beneficio neto superior a los 1.000 millones de euros y un beneficio bruto por encima de los 2.400 millones. Este desempeño excepcional, según destacó el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, refleja “la fortaleza de nuestro modelo de negocio, la estricta disciplina técnica que estamos aplicando en todos los mercados y la solidez que nos aporta nuestra diversificación geográfica y de productos”. 

La Junta aprobó el mayor dividendo de la historia del Grupo, que alcanza los 0,18 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2025, de los que 0,07 euros ya se abonaron en noviembre y los 0,11 euros restantes se pagarán el próximo mes de mayo. 

En total, Mapfre distribuirá 554 millones de euros íntegramente en efectivo entre sus más de 150.000 accionistas. Huertas subrayó que esta retribución, que supera el 51% del payout, “es coherente con el compromiso firme de la compañía con sus accionistas y con su capacidad de generar caja de forma constante”. 

La alta participación pone de manifiesto el acierto de la política de involucración de los accionistas aprobada por el Consejo de Administración y de las acciones implementadas en cumplimiento de esta. 

En su intervención, Antonio Huertas se refirió al conflicto bélico de Oriente Medio como la mayor incertidumbre a la que se enfrentan las economías mundiales: “Tenemos una gran confianza en nuestra capacidad de resiliencia frente a tensiones extremas pero la evolución de la inflación, de los tipos de interés y de la disponibilidad suficiente de oferta de energía y materias primas marcarán el pulso económico del año, y esto dependerá de la duración e intensidad del conflicto en Oriente Medio”. 

Es en este contexto cuando anunció la actualización de los objetivos financieros para el último año de vigencia del Plan Estratégico 2024-2026.  Mapfre prevé para 2026 superar un ROE del 13% y situar su objetivo de Ratio Combinado en un rango de entre el 93% y el 94%, aumentando así la exigencia respecto a las metas iniciales planteadas, aunque admitiendo que ambas variables estarán condicionadas por la evolución de la inflación, que de elevarse sustancialmente, obligaría a moderar las previsiones. 

El resto de compromisos financieros, estratégicos y de sostenibilidad se mantienen plenamente vigentes. “Reforzamos hoy nuestros compromisos desde el rigor y la solidez de nuestro plan estratégico, que sigue guiando nuestros pasos, pero siendo conscientes también de la responsabilidad y la prudencia que exige avanzar en un mundo inmerso en una gran incertidumbre y volatilidad”, afirmó Huertas.  

La compañía destacó además importantes avances en su proceso de transformación y modernización. Entre ellos, el lanzamiento de su nueva identidad de marca global, que refleja la profunda evolución de la compañía durante la última década y proyecta una imagen más ágil, tecnológica y humana. 

Mapfre reforzó también su transformación digital mediante el despliegue acelerado de la plataforma tecnológica REEF, ya operativa total o parcialmente en varios países de Latinoamérica y en áreas estratégicas de España, y a través del crecimiento del Centro de Inteligencia Artificial, que en 2025 desarrolló más de 150 casos de uso, una tercera parte de ellos basados en IA generativa. A ello se suma el impulso de la plataforma de datos Atenea, la mejora en la calidad del dato en 28 países y el crecimiento del negocio digital, que experimentó un avance del 14,6% interanual. 

En paralelo, Mapfre ha reforzado su posicionamiento como referente en planificación financiera, un ámbito estratégico para el futuro del Grupo. Durante 2025, la compañía impulsó de manera notable su propuesta basada en las tres “P” —Protección, Previsión y Patrimonio—, consolidando un crecimiento muy significativo en Vida-ahorro e inversión. Así, solo en IBERIA, el negocio captado de ahorro-inversión el pasado año se elevó a 3.200 millones. Esta evolución, unida al desarrollo de redes de mediadores expertos y al acuerdo con socios como Abante, consolida una oferta integral capaz de acompañar a los clientes en todas las etapas de su ciclo financiero. 

La compañía mejora en sus objetivos de contar con la plantilla más preparada para los cambios que vienen, a través de su Universidad Corporativa, haciendo posible a su vez un mejor alineamiento desde el punto de vista de la diversidad y de la igualdad de oportunidades. Así, se ha alcanzado un 4,2% de personas con discapacidad entre los empleados, y se ha superado el 35% de mujeres en puestos directivos.   

Mapfre avanzó también de forma significativa en materia de sostenibilidad. En 2025, la compañía cumplió el 100% de sus compromisos del Plan de Sostenibilidad 2024-2026, redujo un 24% su huella de carbono operativa, alcanzó un 93% de inversiones calificadas con criterios ESG y consolidó su compromiso social con un récord de más de 10.600 voluntarios que han participado en cerca de 2.500 actividades en 26 países, tal y como refleja el informe Hechos para el Compromiso 2025. Además, impulsó la inclusión financiera a través del ecosistema de microseguros “A tu lado Mapfre”, ya desplegado en Brasil y Colombia, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la protección aseguradora a segmentos de población de menores ingresos.

La Junta aprobó también la reelección como consejeros de Antonio Huertas, Pilar Perales y Ángeles Santamaría.

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Propone nuevo partido para impulsar soberanía en libre asociación

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San Juan, Puerto — El Movimiento de Acción Puertorriqueña (MAP) presentó hoy una propuesta formal para la creación de un nuevo partido político denominado Acción Puertorriqueña, una colectividad de ideología demócrata de centro que busca obtener un mandato electoral para poner fin a la condición colonial de Puerto Rico en un solo cuatrienio mediante un modelo de soberanía en libre asociación con Estados Unidos.

“Buscamos ser el último gobierno electo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, afirmó el Dr. Efraín Vázquez Vera, catedrático universitario y portavoz de la iniciativa.

Según explicó, la propuesta surge ante lo que describió como la “inviabilidad del país” bajo el sistema político actual, al que calificó como colonial y como uno de los factores que ha contribuido a los principales retos sociales y económicos que enfrenta Puerto Rico.

De acuerdo con la organización, la urgencia de la propuesta responde a una crisis multisectorial que atraviesa el país, reflejada en indicadores sociales y económicos preocupantes, entre ellos altos niveles de pobreza, una baja participación laboral y una marcada dependencia de transferencias externas.

El movimiento también señala desafíos estructurales en áreas como los sistemas de salud, educación y energía eléctrica, así como una creciente desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas.

Según sus proponentes, el nombre Acción Puertorriqueña representa el paso de la pasividad política hacia una participación activa en la transformación del país.

La organización se describe como demócrata de centro, una postura que busca trascender las divisiones tradicionales entre izquierda y derecha y promover soluciones fundamentadas en el análisis académico, la evidencia científica y el bienestar colectivo.

Entre sus principios programáticos, el movimiento también destaca la justicia social como un objetivo central para la construcción de un Estado orientado a mejorar la calidad de vida y el bienestar del ciudadano puertorriqueño.

La propuesta busca además generar un debate público inmediato sobre el futuro político de Puerto Rico.

“Si se entiende que existe un apoyo que nos permita avanzar, se comenzará el proceso de inscripción del partido. De lo contrario, este esfuerzo quedará como una aportación necesaria al debate político del país”, puntualizó Vázquez Vera.

Los ciudadanos interesados pueden conocer la propuesta completa de Acción Puertorriqueña y compartir sus comentarios a través del portal oficial de la organización:
www.apuertorriquena.org

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Senado aprueba medida para supervisar las finanzas de la industria de seguros según los estándares de la NAIC

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El Capitolio — El Senado de Puerto Rico aprobó hoy el Proyecto del Senado 856, medida de administración, impulsada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dirigida a fortalecer la supervisión financiera de la industria de seguros y atemperar el Código de Seguros de Puerto Rico a los estándares regulatorios establecidos por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC).

La legislación enmienda el Capítulo 44 del Código de Seguros de Puerto Rico para incorporar nuevas herramientas de fiscalización aplicables a las estructuras de control o holding companies dentro de la industria de seguros. Entre las enmiendas principales, la medida añade nuevas definiciones, incluyendo el Cálculo del Capital del Grupo, el Marco de Pruebas de Resistencia de Liquidez de la NAIC, y los criterios de alcance utilizados para determinar qué aseguradoras deben someterse a estas evaluaciones regulatorias.

Además, la medida requiere que la persona que ostente el control final de un asegurador que opere en Puerto Rico presente anualmente un informe de riesgo empresarial, en el que se identifiquen riesgos significativos dentro de la estructura corporativa que pudieran afectar la solvencia o liquidez de la aseguradora. Este informe deberá presentarse ante el comisionado del estado principal que supervise la estructura del grupo asegurador.

El proyecto también establece la obligación de presentar un Cálculo de Capital de Grupo (Group Capital Calculation) para evaluar la suficiencia de capital dentro de todo el grupo corporativo de seguros, conforme a las instrucciones adoptadas por la NAIC. Asimismo, incorpora el requisito de realizar pruebas de resistencia de liquidez, mediante las cuales las aseguradoras incluidas en el marco regulatorio deberán someter informes que permitan identificar posibles riesgos de liquidez dentro de la estructura corporativa y adoptar medidas correctivas oportunas.

De igual forma, la medida autoriza al Comisionado de Seguros a exigir depósitos o fianzas cuando determine que un asegurador se encuentra en una condición financiera adversa, con el fin de proteger a los asegurados durante la vigencia de contratos o acuerdos dentro del sistema de compañías afiliadas. También dispone que los registros y datos de una aseguradora que estén en poder de entidades afiliadas continúen siendo propiedad del asegurador y permanezcan identificables y accesibles para fines regulatorios.

Otra medida impulsada por el presidente del Senado y aprobada por el Alto Cuerpo fue el Proyecto del Senado 994, el cual enmienda disposiciones de la Ley de Salud Mental de Puerto Rico con el propósito de armonizar su contenido con el Código Penal de Puerto Rico de 2012 y garantizar mayor coherencia en la aplicación de las sanciones penales relacionadas con esta legislación.

Entre sus disposiciones, la medida enmienda un artículo para establecer que la hospitalización o tratamiento psiquiátrico involuntario solo podrá ordenarse cuando existan criterios clínicos claros, incluyendo situaciones en las que la persona represente un peligro inminente para sí misma, para otras personas o para la propiedad, y cuando se demuestre que la persona carece de capacidad para tomar decisiones o controlar su conducta. Asimismo, dispone que la práctica de hospitalizar a una persona sin cumplir con estos criterios será penalizada conforme al Código Penal de Puerto Rico.

El proyecto también requiere que, para ordenar tratamiento psiquiátrico compulsorio, el tribunal evalúe evidencia específica de conducta reciente, determine que no existen alternativas menos restrictivas que resulten efectivas y establezca que el tratamiento solicitado ofrecerá un beneficio clínico para la persona.

El Senado también aprobó la Resolución Conjunta del Senado 125, presentada igualmente por el presidente del Senado, que ordena al Departamento de la Familia diseñar e implementar un programa piloto dirigido a adultos con neurodivergencia para ofrecerles un sistema coordinado de servicios y apoyo individualizado.

La resolución establece que el programa deberá atender a no menos de cincuenta adultos mayores de veintiún años con condiciones de neurodivergencia, incluyendo trastornos como autismo, TDAH, dislexia, dispraxia o síndrome de Tourette. Entre los servicios contemplados se incluyen orientación sobre oportunidades educativas, recreativas y residenciales; adiestramiento en destrezas de vida independiente como cuidado personal y mantenimiento del hogar; programas de cuidado diurno; oportunidades de recreación y socialización; servicios de terapia, nutrición y salud; manejo integrado de casos; y apoyo directo a las familias de los participantes.

El Alto Cuerpo también aprobó el Proyecto del Senado 872, de la autoría del senador Ángel Toledo López, por petición, que enmienda varias disposiciones de la Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para actualizar referencias a legislación que ha sido derogada o sustituida por leyes más recientes, incluyendo la Ley de Administración y Transformación de los Recursos Humanos de 2017 y la Ley de la Administración de Servicios Generales de 2019. La medida también aumenta de $36,000 a $100,000 el umbral de contratos que requieren aprobación de la Junta de Directores del Instituto, con el propósito de agilizar procesos administrativos y permitir una operación más eficiente de la entidad.

De igual forma, el Senado aprobó el Proyecto del Senado 884, presentado por la senadora Roxanna Soto Aguilú, que enmienda la Ley Orgánica del Departamento de Asuntos del Consumidor para requerir que dicha agencia incluya en su informe anual información detallada sobre el estado de las querellas pendientes, los embargos emitidos y las cantidades recuperadas mediante procesos de cobro, con el propósito de fortalecer la transparencia en las operaciones del DACO.

A su vez, se dio paso el Proyecto del Senado 1045 del senador Wilmer Reyes Berríos, para enmendar el Código Penal de Puerto Rico, a los fines de disponer que en los casos donde se configure reincidencia agravada se aumentará 30 años a la pena fija dispuesta por ley para el delito cometido.

“Aquellas personas que asaltan una vez, asaltan dos veces, tres veces…Qué otra oportunidad le vamos a dar si se nota claramente que está violando el sistema, jugando con el sistema y no le interesa la seguridad. Eso es lo que busca este proyecto, velar por la seguridad de nuestra gente humilde, de aquel trabajador que va día a día a trabajar a echar su negocio para adelante, y siempre hay un sinvergüenza que está buscando cómo asaltar una, dos, tres veces. A ese hay que mandarle un mensaje contundente de que no vamos a tolerar esa conducta más en la sociedad”, indicó Reyes Berrios.

Asimismo, en un turno, el senador Toledo López, se expresó a favor del proyecto. “El proyecto pretende atender una situación de verdadera gravedad en una sociedad que necesita protección. Se trata de una persona que tiene el valor de cometer un delito grave que, sabiéndolo, cumple y comete otro delito grave y sabiéndolo comete uno tercero. Pues se trata de un delincuente habitual”.

Por otro lado, entre las medidas provenientes de la Cámara de Representantes, el Senado aprobó el Proyecto de la Cámara 736, que enmienda la Ley de Capacitación y Planificación para la Seguridad Financiera y el Desarrollo Económico de la Fuerza Laboral para designar a la Administración de Sistemas de Retiro como la entidad encargada de desarrollar el programa voluntario de ahorro para el retiro para empleados del sector privado y ajustar la composición del grupo de trabajo encargado de implementar dicha política pública.

También fue aprobado el Proyecto de la Cámara 771, que enmienda la Ley de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito para aumentar de $50,000 a $150,000 el capital accionario mínimo requerido para que una nueva cooperativa pueda comenzar operaciones, con el objetivo de asegurar una base financiera más sólida para estas entidades.

Asimismo, el Senado dio paso al Proyecto de la Cámara 834, que establece como política pública que los hogares sustitutos, establecimientos residenciales y hogares de crianza bajo la supervisión del Departamento de la Familia sean considerados instalaciones prioritarias para el restablecimiento de servicios esenciales, como energía eléctrica, agua potable y telecomunicaciones, tras emergencias o desastres.

Finalmente, el Senado aprobó la Resolución Conjunta de la Cámara 244, que asigna $30,000 al Municipio de Luquillo provenientes de fondos previamente autorizados para la construcción y mejoras de un muro de gaviones en la quebrada Juan Martín, con el propósito de proteger una residencia cercana a esa zona.

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Tribunal Apelativo paraliza VP contra imputados de malversar $1.2 millones para la quebrada Margarita

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Por Miguel Díaz Román

El Tribunal Apelativo de San Juan paralizó la continuación de la vista preliminar para juicio contra la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, y José Huertas Torres, en el caso sobre la malversación de los $1.2 millones del Fondo de Mejoras Municipales (FMM) destinados para mejoras en la quebrada Margarita en Guaynabo.

La continuación de la vista preliminar estaba pautada para hoy en la mañana en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, pero fue paralizada a instancias del Tribunal Apelativo de San Juan, que ordenó detener la vista preliminar hasta examinar una moción radicada por la defensa de Rivera Martínez.

En esencia la moción radicada por a licenciada Cándida Sellés Ríos, abogada de Rivera Martínez, sostiene que la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OFEI) se excedió de los términos establecidos en la ley matriz de esa entidad para realizar una investigación y para radicar cargos. La alegación de la defensa de Rivera Martínez ya se había presentado en una moción de desestimación que no tuvo éxito.

«Esto esta reiteradamente resuelto por el Tribunal Supremo y está basado en una defensa que nunca ha tenido éxito. Lo que pretende la defensa es que se le den más derechos, más garantías y términos más amplios a los funcionarios (acusados) bajo la ley de la OFEI que a los demás ciudadanos. La defensa hizo ese planteamiento en Regla 6 (vista prelminar para arresto) y en la vista preliminar (para Juicio) y fue un no ha lugar. Ahora fueron al Apelativo
que paralizó los procesos en Primera Instancia. Habrá que esperar que el Apelativo resuelva para continuar los trabajos en la vista preliminar «, explicó la fiscal Zulma Fuster Troche de la OFEI.

Investigación requirió 1,103 días

En síntesis el planteamiento de la licenciada Cándida Sellés Ríos es que el OFEI actuó de manera «ultra vires» (sin autorización legal) porque, alegadamente, se excedió de los términos establecidos en la ley matriz de la Oficina del Fiscal Especial Independiente para realizar la investigación y para radicar los cargos.

En la moción la licenciada Sellés Ríos sostuvo que la OFEI tenía hasta 180 días para investigar los señalamientos contra los imputados (90 días inicialmente y otros 90 días adicionales si por determinados eventos la investigación no se pudo concluir). La abogada argumentó que la OFEI requirió 1,103 días desde la fecha en que se le asignó el caso y la fecha en que presentó los cargos, lo que violentó el debido proceso de ley.

Otro de sus argumentos es que la OFEI interrumpió la investigación porque la Oficina del Contralor realizaba una auditoría, lo que a juicio de Sellés Ríos fue una indebida delegación de la autoridad de procesar criminalmente. Además, planteó que sería una violación a la doctrina de separación de poderes si la OFEI actuó por que la Oficina del Contralor solicitó que se interrumpieran la investigación.

En la moción Sellés Ríos alegó que los fiscales de OFEI violaron la regla 64 de procedimiento criminal, la cual avala desestimar una acusación si “el fiscal carecía de la autoridad para presentar la acusación o denuncia».

«Yo radiqué una moción en auxilio de jurisdicción con relación a lo que ya habíamos planteado en la moción de desestimación y en la moción de reconsideración. También radiqué un Certiorari y el Apelativo lo acogió y le dió 10 días a la OFEI para expresarse. Nosotros estamos seguros de nuestros argumentos y esperamos que el tribunal así los acoja y se le haga justicia a nuestra representada que ha estado en investigación en exceso de los términos permitidos por ley», señaló la licenciada Sellés Ríos.

Los $1.2 millones del FMM fueron enviados al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, para que se realizaran mejoras en la quebrada Margarita en Guaynabo. Los trabajos en la quebrada nunca se realizaron y, alegadamente, Huertas Torres depositó los fondos en múltiples cuentas bancarias para su uso personal.

La OFEI le imputa un cargo por incumplimiento del deber contra Rivera Martínez y contra Huertas Torres se radicaron 15 cargos, que incluyen apropiación ilegal, fraude, lavado de dinero, apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica y perjurio, entre otros.

Se amplia la investigación

Por su parte, la fiscal Fuster Troche reveló que la OFEI se encuentra en el proceso de ampliar la investigación en relación con las asignaciones de dineros del FMM al Centro Comunitario de Servicios a la Familia.

«Estamos en la gestión para ampliar esta investigación porque hay otras asignaciones también relacionadas a este mismo Centro Comunitario que pues, tenemos motivos para entender que se cometieron delitos adicionales. Asi que estamos en la gestión con el panel (la OFEI) para ampliar esta investigación», sostuvo la fiscal Fuster Troche.

De hecho, el caso del Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc. ya se perfila como un escándalo de proporciones mayúsculas con posibilidades de estremecer a la asamblea legislativa pues llegó a recibir asignaciones legislativas por el monto de $7 millones.

Existe la posibilidad, según fuentes conocedoras de las asignaciones legislativas a través del FMM, de que la entidad sin fines de lucro se haya convertido en un centro de lavado de dinero público para unos fines que en este momento no están definidos.

De acuerdo con fuentes de SN, algunas de las asignaciones de fondos públicos para el a Comunitario de Servicios a la Familia Inc se sucedieron a través de resoluciones conjuntas aprobadas mucho tiempo antes de que en diciembre de 2020 la Autoridad de Tierras recibiera la encomienda de manejar el FMM.Luego de esa fecha el citado Centro Comunitario continúo recibiendo asignaciones de legisladores a través del FMM.

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Continúa la VP contra imputados de malversar $1.2 millones para la quebrada Margarita

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Por Miguel Díaz Román

Hoy se celebra la continuación de la vista preliminar para juicio contra la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, y José Huertas Torres, en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.

Se trata del caso sobre la malversación de los $1.2 millones del Fondo de Mejoras Municipales (FMM) que fueron enviados al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, para que se realizaran mejoras en la quebrada Margarita en Guaynabo. 

Los trabajos en la quebrada nunca se realizaron y los fondos, alegadamente, Huertas Torres los depositó en múltiples cuentas bancarias para su uso personal.

La ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez.

La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OFEI) le imputa un cargo por incumplimiento del deber contra Rivera Martínez y contra Huertas Torres se radicaron 15 cargos, que incluyen apropiación ilegal, fraude, lavado de dinero, apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica y perjurio, entre otros. 

El pasado 4 de noviembre la jueza Irmarie Cintrón Alvarado , del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró causa probable para arresto contra Rivera Martínez, y contra Huertas Torres, en relación con la desaparición de $1.2 millones.

Fondos para uso personal

La fiscal Zulma Fuster Troche de la OFEI, ha sostenido que Huertas Torres se apropió de los $1.2 millones y los utilizó para su beneficio personal. 

Según la fiscal, los fondos fueron transferidos a distintas corporaciones y depositados en diversas cuentas bancarias para luego ser utilizados en el pago de tarjetas de crédito y en sufragar gastos privados incurridos por el imputado. La fiscal indicó que una porción indeterminada fue retirada en efectivo de esas cuentas bancarias por Huertas Torres 

La licenciada Cándida Sellés Ríos, abogada de Rivera Martínez, radicó una moción de desestimación para el cargo por incumplimiento del deber que le ha imputado la OFEI a la exfuncionaria.

En la moción la licenciada Sellés Ríos sostuvo que el OFEI actuó de manera «ultra vires» (sin autorización legal) porque, alegadamente, se excedió de los términos establecidos en la ley matriz de la Oficina del Fiscal Especial Independiente para realizar la investigación y para radicar los cargos.

La licenciada Sellés Ríos sostuvo que la OFEI tenía hasta 180 días para investigar los señalamientos contra los imputados (90 días inicialmente y otros 90 días adicionales si por determinados eventos la investigación no se pudo concluir). La abogada argumentó que la OFEI requirió 1,103 días desde la fecha en que se le asignó el caso y la fecha en que presentó los cargos, lo que violenta el debido proceso de ley.

Rivera Martínez pide la desestimación

Otro de sus argumentos para justificar la desestimación es que la OFEI interrumpió la investigación porque la Oficina del Contralor realizaba una auditoría, lo que a juicio de Sellés Ríos fue una indebida delegación de la autoridad de procesar criminalmente. Además, planteó que sería una violación a la doctrina de separación de poderes si la OFEI actuó por que la Oficina del Contralor solicitó que se interrumpieran la investigación.

En la moción Sellés Ríos alegó que los fiscales de OFEI violaron la regla 64 de procedimiento criminal, la cual avala desestimar una acusación si “el fiscal carecía de la autoridad para presentar la acusación o denuncia”.

 «La evidente violación del debido proceso de ley y a la doctrina de separación de poderes, por parte de la OFEI, vemos que los fiscales especiales carecían de autoridad de presentar dichas denuncias», indca la moción.

Finalmente, la licenciada Sellés Ríos señaló que la OFEI radicó los cargos en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, cuando tradicionalmente esa entidad presenta los cargos en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, lo que también justifica la desestimación. 

«Nos crea suspicacia dicha decisión de presentar cargos criminales en la Sala Superior de Bayamón, ya que actuaron fuera de lo que históricamente ha sido tradición para los Fiscales Especial Independientes, presentar denuncias sobre alegados desembolsos de fondos públicos en la Sala Superior de San Juan. Solicitamos con el mayor de los respetos que tome conocimiento de lo atropellado e inusual que ha sido este caso para nuestra representada», sostiene la moción.

La moción de desestimación radicada por la licenciada Sellés Ríos también reveló que la OFEI concretó acuerdos de inmunidad a favor del ex representante Antonio «Tony» Soto Torres, quien creó la legislación que permitió que el FMM pasara a ser administrado por la Autoridad de Tierras, y a favor del pastor Heriberto Andújar, quién recibió $1.2 millones para hacer mejoras en la quebrada Margarita.

Acuerdos de inmunidad

La información sobre los acuerdos de inmunidad ha desatado numerosas interrogantes entre conocedores del caso debido a que tanto el ex representante Soto Torres como el pastor Andújar se consideran protagonistas principales de la desaparición de $1.2 millones asignados para trabajos en la quebrada Margarita, y de otras irregularidades detectadas en el manejo del FMM. 

Es necesario señalar que los $1.2 millones para la quebrada Margarita fueron diligenciados a través de una asignación procedente directamente del Fondo General y no a través del FMM. 

El ex representante Soto Torres, quien durante el cuatrienio 2016- 2020 era el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, fue el autor del Proyecto de la Cámara 2619, que proponía ,entre otros asuntos, enmendar el Código de Rentas Internas para que el control del FMM, que estaba bajo el dominio del Departamento de Hacienda, pasara a manos del Programa de Infraestructura Rural (PIR) de la Autoridad de Tierras.

Entra la Junta de Supervisión Fiscal

La medida fue convertida en la ley 173 el 30 de diciembre del 2020 por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, lo que dió paso a que el PIR, que ya manejaba las resoluciones conjuntas de los legisladores para obras en la zona rural, fuera responsable de distribuir los fondos públicos del FMM.

Soto Torres también emitió una comunicación dirigida a la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Rivera Martínez, para que los $1.2 millones fueran enviados al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, que preside el pastor Andújar.

Incluso, el ex representante hizo gestiones ante la Junta de Supervisión Fiscal para que el organismo avalara la asignación de los fondos al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, que  es una entidad sin fines de lucro que no posee experiencia alguna en trabajos de construcción.

A pesar de todo lo anterior, la OFEI decidió convertir a Soto Torres en un testigo con inmunidad, lo que, según los conocedores del caso, representa un trato favorable para un ex representante que estuvo en el centro de la planificación de lo que luego se ha convertido en una trama criminal cuyas repercusiones apenas está comenzando a salir a flote. De hecho, conceder la inmunidad implica que el beneficiado cometió algún delito. 

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En ruta de colisión la Comisionada de Seguros y Acodese

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Por Miguel Díaz Román

La postura pública de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) a favor del Proyecto del Senado 916, que permitiría el uso de vehículos todo terreno (VTT) en las vías públicas, ha colocado a la entidad reguladora en ruta de colisión con la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE), que no favorece la medida. 

El diferendo no es poca cosa pues se trata de una medida que ha sido propuesta por la gobernadora Jenniffer González Colón, quien nombró a un comité para atender los reclamos de los fanáticos de los VTT. 

De hecho, el PS 916 es el resultado de los trabajos y recomendaciones de ese comité. González Colón también nombró a la licenciada Suzette Del Valle Lecároz a la posición de Comisionada de Seguros, lo que podría colocar el apoyo a la medida de parte de la Comisionada más en el ámbito de la fidelidad política que en el territorio para garantizar un seguro estimando todas las implicaciones del riesgo.

Lo anterior no es un comentario de poca envergadura si se considera que el PS  916  ya recibió un informe negativo de la la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor del Senado,que es presidida por el controvertible senador Héctor Joaquín Sánchez.

Un rechazo que está en sintonía con la disputa a muerte que la gobernadora tiene con el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Develados a luz del día esos elementos que ocurren detrás de las cortinas y que han de determinar la vida o muerte de los proyectos de ley que patrocine González Colón, no es de dudar que del Del Valle Lecároz se ha inscrito en una incómoda coyuntura cuyas repercusiones son imprevisibles en el presente.

Lo que está claro es que la disputa entre González Colón y Rivera Schatz ya causó la muerte del PS 916. Pero dado que se trata de dos líderes políticos al mando de dos poderes constitucionales y quienes están acostumbrados a prevalecer, debemos esperar nuevos capítulos en esta novela.

Otra oportunidad para ir a escena 

Y como era de esperarse ya la gobernadora anunció  que radicará nuevamente el PS 916, lo que sin duda ofrece una nueva oportunidad para que el diferendo entre la Comisionada de Seguros y Acodese pueda ir a escena.

Claro está, la Comisionada tiene del deber de apoyar aquellas medidas que ofrecen una alternativa de asegurabilidad a las necesidades de los ciudadanos. 

No obstante, lo que ocurre en esta controversia es que Acodese se ha negado a avalar una medida que autoriza la circulación de vehículos que no han sido diseñados para rodar en carreteras públicas ni certificados como vehículos de motor tradicionales.

Acodese sostiene que «la apertura de las vías públicas a este tipo de vehículos, particularmente en carreteras principales y autopistas, plantea preocupaciones serias en cuanto al aumento en la frecuencia y severidad de accidentes, la exposición a responsabilidad civil y el impacto sobre terceros, razones por las cuales entendemos necesario evaluar esta medida con suma cautela».

De hecho, Acodese ha destacado en su ponencia sobre el PS 916 que la medida estableció una limitación, la cual es un reconocimiento de los peligros que conlleva autorizar que los VTT puedan transitar en las vías públicas. Y es que la propia medida prohíbe que los menores de 16 años sean transportados como pasajeros en los VTT. 

La prohibición comprende todas las clasificaciones de estos vehículos, incluyendo en vehículos de baja velocidad y los carritos de golf. 

«Esta limitación constituye, en sí misma, un reconocimiento de los riesgos asociados a la autorización de estos vehículos para transitar por las vías públicas», sostiene la ponencia, que fue presentada por la licenciada Iraelia Pernas, directora ejecutiva de Acodese.

Posible aumento de accidentes

La organización que agrupa a las principales aseguradoras del país ha planteado también la preocupación de que los VTT, que son vehículos cuya capacidad le permite moverse a bajas  velocidades, puedan transitar en avenidas y autopistas junto a otros vehículos que se desplazan a velocidades altas (50 millas por hora, 65 millas por hora y 80 millas por hora) lo que pudiera aumentar la posibilidad de accidentes de tránsito.

Otra área de preocupación es que se delegue al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) para que mediante reglamentación determine  en qué vías públicas podrán transitar los VTT.

La medida dispone que tras la pasar la inspección los VTT recibirán una tablilla y una autorización de circulación «Street-Legal’ o marbete digital, pero nada se dice del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO) ni del seguro de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA). 

Según Acodese la definición de “vehículo de motor” del SRO no incluye a los VTT. Además, el seguro de la ACAA no incluye a los VTT,pues se aplica sólo a los vehículos de motor tradicionales.

«Tal omisión pone en evidencia la necesidad de llevar a cabo los correspondientes estudios actuariales y análisis de experiencias de pérdidas, a fin de determinar primas adecuadas que permita cubrir estos riesgos por la industria de seguros y, asegurar la disponibilidad de ACAA para proveer los servicios médicos-hospitalarios a las personas lesionadas como resultado del uso de estos tipos de vehículos», comenta Acodese.

La ponencia de la OCS se limita a recomendar varias enmiendas para que el SRO y el seguro de la ACAA puedan estar accesibles a los VTT. Además, reconoce que la póliza de auto personal tradicional bajo la que se ofrece el seguro de responsabilidad pública establece que tal cubierta no estará disponible para vehículos que no tengan cuatro ruedas o no hayan sido diseñados para transitar en las carreteras.

«Sí existen alternativas viables de seguro para viabilizar la medida, particularmente con las enmiendas recomendadas por esta Oficina durante su ponencia en la vista pública celebrada por la Comisión del Senado que evalúa el Proyecto», señaló Del Valle Lecároz en unas declaraciones escritas enviadas a SN.

El SRO como salvación

Ante esa realidad Del Valle Lecároz revela que la OCS posee un estudio actuarial para proveer el SRO a los VTT.

«Esta recomendación está respaldada por un estudio actuarial comisionado por la OCS, el cual confirma que el sistema del SRO puede asumir este riesgo de manera adecuada», sostuvo Del Valle Lecároz. 

Para lograr ese objetivo se propuso que los VTT puedan acceder a la póliza del SRO por dos años. Esto con el fin de conocer la experiencia en severidad y frecuencia de accidentes. Solo entonces la Asociación de Suscripción Conjunta, que administra el SRO, podrá establecer la prima adecuada.

La Comisionada recomendó enmendar la ley del SRO para incorporar en ésta a los VTT. Sobre el particular, la funcionaria sostuvo que ya existen aseguradores que actualmente ofrecen cubierta para los vehículos de baja velocidad, como los carritos de golf contemplados en la medida, y que el SRO constituye la alternativa inmediata y viable para los VTT.

En cuanto a las cubiertas de seguro tradicional, la Comisionada puntualizó «que en los Estados Unidos existen pólizas diseñadas para este tipo de vehículos, y que, una vez el Proyecto se convierta en ley y se establezca un marco regulatorio uniforme, los aseguradores en Puerto Rico podrán enmendar sus pólizas para suscribir este riesgo conforme a la nueva normativa. Además, existen aseguradores autorizados que pueden incorporar esta línea de negocios para Puerto Rico y de líneas excedentes que pueden proveer alternativa adicional de cubierta».

Finalmente la Comisionada se reafirmó en su compromiso con promover un sistema que permita el disfrute responsable de los VTT, protegiendo la seguridad vial y garantizando que los consumidores cuenten con alternativas de seguro adecuadas, sostenibles y compatibles con el marco de ley propuesto.

Silencio comprometedor

La realidad es que la Comisionada no comentó nada sobre la posibilidad de que se registre un aumento en la frecuencia y severidad de accidentes como resultado de que los VTT son vehículos que no han sido diseñados para rodar en carreteras públicas ni certificados como vehículos de motor tradicionales.

Del Valle lecároz tampoco comentó nada sobre que la propia medida prohíbe que los menores de 16 años sean transportados como pasajeros en los VTT. Un hecho significativo pues revela la atmósfera de peligrosidad a la que estarían expuestos todas las personas que figuren como pasajeros en un VTT, incluyendo los menores de 16 años.

De hecho, ni la ponencia de la OCS ni la expresiones enviadas a SN abordan las limitaciones de los VTT para alcanzar altas velocidades y sobre el posible aumento en los accidentes de tránsito si se permite que esos vehículos transiten en avenidas y autopistas con otros vehículos que se desplazan a altas velocidades.

Tampoco se expresó la Comisionada sobre la responsabilidad delegada al DTOP para que determine en qué vías públicas podrán transitar los VTT.

Todo lo anterior constituye un menú de platos que auguran una cena apetitosa que,sin duda, contiene también los ingredientes para una aparatosa indigestión. Lo único que debemos hacer es asistir a la cena y esperar.

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Las mujeres alcanzan el 35.4% de los puestos directivos en Mapfre y en Puerto Rico el 59.4% de la fuerza laboral es talento femenino

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Por Mapfre

«Reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y con
el impulso del talento femenino en nuestra organización. Es una convicción
que nos acompaña desde hace décadas y que hoy se traduce en hechos,
cifras y resultados visibles en los casi 40 países donde operamos».

Lo ha destacado Juan Carlos Rondeau, director general del Área Corporativa de
Personas y Organización de Mapfre, quien ha subrayado que «la diversidad,
la inclusión y la igualdad son compromisos en los que creemos porque
ayudan a construir un mundo más justo y solidario».

MAPFRE se suma al Día Internacional de la Mujer, que se celebra este
domingo, 8 de marzo, con la campaña #JuntosCerramosBrechas, con la que
defiende una estrategia de cierre de todo tipo de brechas y de promoción del
talento en todos los países donde tiene presencia.

La compañía ha iluminado su sede de color morado para conmemorar esta
fecha en la que se reivindica la igualdad de género, se reconocen los logros
de las mujeres, se visibilizan los retos pendientes y se promueve la
participación para promover la igualdad.

De Los 30,846 empleados en el mundo, más de la mitad (55.1%) son mujeres.

El Consejo de Administración de Mapfre cuenta entre sus miembros con 7
mujeres, lo que representa el 46.7 % de los miembros; el 43.1% de los
puestos de responsabilidad estan siendo desempenados por talento
femenino; el porcentaje de mujeres en puestos de dirección es del 35.4%
(0.9 más que en 2024) y sus empleadas representan más de la mitad de las
promociones internas (50.3%) y de las nuevas incorporaciones (54.6%) en
2025.

Las mujeres alcanzaron el 35.7% de los puestos directivos en Mapfre en Puerto
Rico, consolidando su liderazgo en las promociones y nuevas incorporaciones
durante 2025.

Ese año, el 68.75% de las promociones internas y el 52.4% de las
nuevas contrataciones en la operación local correspondieron a mujeres.

Además, el Consejo de Administración de Mapfre en Puerto Rico cuenta con tres mujeres
entre sus miembros, lo que representa el 50% de su composición. A nivel de la
compañía en Puerto Rico, más de la mitad de su fuerza laboral (59.4%) esta
compuesta por mujeres, reafirmando el compromiso con la diversidad y la igualdad
de oportunidades.

Política de Diversidad

Desde 2015, la compañía cuenta con una Política de Diversidad e lgualdad de
Oportunidades, que le permite avanzar y cumplir con sus compromisos en esta
materia, como seguir incrementando el porcentaje de mujeres en puestos de
dirección hasta el 36% (meta para 2026). Este compromiso nos ha llevado a
obtener en España el Distintivo de lgualdad en la Empresa desde hace una
década.

El objetivo de Mapfre es crear un entorno laboral donde todas las personas tengan
las mismas oportunidades de crecer profesionalmente que los hombres.

Su IV Plan de lgualdad, que estara vigente hasta marzo de 2027, incorpora
medidas en nueve ámbitos, como la creación de un protocolo de actuación para
la prevención del acoso sexual y por razón de sexo; el compromiso de la
empresa para continuar con la formación y sensibilización en materia de
igualdad y sesgos inconscientes; y la creación de un apartado específico en la
intranet que incluye, también, medidas para víctimas de violencia de género,
entre otras.

Cerrar La brecha

Mapfre lleva años desarrollando acciones concretas que le han convertido en un
referente y le han permitido seguir impulsando el papel de la mujer en la empresa.

También es socio fundador de la asociación ClosinGap, una asociación que
analiza las principales brechas de género, cuantifica su impacto y muestra el coste
de oportunidad que supone no cerrar dichas brechas.

El Grupo, fomenta, además, talleres y encuentros internos de mujeres para
identificar puntos clave que favorezcan su promoción profesional, e iniciativas
como «Chicaslmparables», una «Ruta de Liderazgo»; para chicas entre 15 y 18 años en España, que les ofrece una experiencia formativa únIca para desarrollar liderazgo responsable, visión emprendedora y competencias clave para el mundo profesional.

Madrid, 6 de marzo de 2025. Para mas informaci6n, puedes contactar con Nuria
del Olmo, de Comunicaci6n de MAPFRE. Tel: 606537889. Email:
ndelolmo@mapfre.com

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