Crecimientos e insolvencias

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Por Miguel Díaz Román 

Una recopilación estadística de las propiedades aseguradas en 2017 en comparación con las propiedades aseguradas en 2025, demuestra que la liquidación de las aseguradoras Integrand Assurance y Real Legacy por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), favoreció el crecimiento de las carteras de propiedad de numerosas aseguradoras del país.

La recopilación de información fue realizada por Mapfre, que se nutrió de los datos que las aseguradoras anualmente vierten en la OCS sobre los seguros de propiedad.

El paso del huracán María propició que surgieran las carencias de reaseguro de Integrand y Real Legacy, lo que encaminó la intervención y su posterior liquidación por parte de la OCS en 2019. De esta manera, los asegurados de las empresas liquidadas por la OCS pasaron a integrar la terna de nuevos clientes de las aseguradoras activas en el mercado, lo que aumentó el «market share»  (la cuota de mercado) de unas 14 aseguradoras.

Los crecimientos significativos se registraron en 11 aseguradoras, las cuales mencionamos a continuación: Multinational Insurance, Universal Insurance, Mapfre, Chubb Insurance, AIG Insurance, Triple S Propiedad, Cooperativa de Seguros Múltiples, One Alliance Insurance, Antilles Insurance, United Surety & Indemnity, Optima Seguros.

Retos a la vista

No obstante, estos crecimientos implican también retos para esas aseguradoras en términos de servicio y en el manejo de reclamaciones, si en un escenario hipotético el país se viera azotado por una catástrofe similar al huracán María. 

Además, estos crecimientos también representan un gran reto para la OCS, que, a pesar de su legendaria falta de personal, deberá mejorar notablemente su pericia en la fiscalización de las aseguradoras por medio de auditorías para garantizar que se haya contratado suficiente reaseguro.

En un intento por detectar a tiempo las dificultades financieras en las aseguradoras y así evitar las insolvencias, la Comisionada de Seguros, Suzette Del Valle Lecároz, anunció el inicio del programa de auditorías regulatorias de la OCS, el cual comenzará durante este año calendario.

La preocupación sobre los crecimientos significativos toma una mayor relevancia si determinadas aseguradoras han experimentado una alta concentración de propiedades aseguradas en un renglón específico del mercado como lo son los condominios, por ejemplo. Esa alta concentración implica que, tras el paso de la catástrofe, el servicio de reclamaciones de esos asegurados se puede afectar severamente.

Alta concentración

De la recopilación estadística de las propiedades se desprende que Multinational experimentó un crecimiento extraordinario, pues en 2025 demostró haber obtenido $372.6 millones en primas en el reglón de propiedad, mientras en 2017 su cuota en ese reglón era de $26.6 millones. 

Ese crecimiento implicó que la cuota de mercado de Multinational, que en 2017 era de  3.7%, aumentara a 19.4 % en 2025. Es decir, en nueve años las suscripciones de propiedad de Multinational experimentaron un impulso sin precedentes hasta casi copar el 20 % del mercado de propiedad en Puerto Rico, con un ingreso en primas ascendente a $372.6 millones.                                       

El crecimiento de Multinational ha trascendido públicamente ya que en octubre del 2025 el presidente de la aseguradora, Luis Pimentel Ferbi, le reconoció a SN que la cartera de condominios representaba el 14% de los 5,130 condominios que existen en la isla, según estimados del Departamento de Asuntos del Consumidor. 

Es decir, en la cartera de propiedad de Multinational existen unos 718 condominios aproximadamente, la cual es una cifra respetable que conlleva robustos acuerdos de reaseguro. 

«Me preocupa que en caso de otro huracán o terremoto algunas aseguradoras que hayan registrado un aumento significativo en primas y en clientes, o que hayan experimentado una concentración significativa en un solo sector de propiedad comercial como son los condominios, puedan ofrecer el servicio de calidad que los asegurados esperan en el manejo de sus reclamaciones», sostuvo Jaime González Portilla, presidente de Antilles Insurance Company.

En peligro el servicio

«Si el volumen de reclamos excede lo proyectado las aseguradoras del país podrían enfrentar serias dificultades para ofrecer un buen servicio. Estoy convencido de que si no podemos ofrecer un servicio de reclamaciones eficaz, como sucedió con algunas aseguradoras luego del paso del huracán María, nuestra imagen como industria se afectará gravemente otra vez», dijo el ejecutivo.

González Portilla advirtió que ante una nueva catástrofe las aseguradoras que hayan registrado un  aumento significativo en primas podrían enfrentar la disyuntiva de importar recursos para atender sus clientes durante la emergencia.»Y algunas de ellas se verían obligadas a atraer recursos externos como ajustadores, ingenieros y peritos si los recursos locales no son suficientes. Lamentablemente eso fue lo que les ocurrió a algunas aseguradoras luego del paso del Huracán María».

Por su parte, el presidente de Mapfre, Alexis Sánchez Géigel, explicó que los modelos utilizados por las aseguradoras para anticipar el monto de pérdidas frente a un fenómeno atmosférico fallaron debido a que no anticiparon correctamente las pérdidas reales.  

«Esto pone de relieve la importancia de adquirir reaseguro por encima de lo requerido por el regulador y las agencias calificadoras, ya que depender únicamente de esos umbrales puede comprometer la solvencia, como ocurrió con dos aseguradoras (Integrand y Real Legacy) tras el huracán (María)», sostuvo Sánchez Géigel.

De acuerdo con el ejecutivo, actualmente existe un mercado blando (tendencia a bajar el precio de las primas), en el que algunas aseguradoras reducen precios sin aprovechar la disminución en el costo del reaseguro para fortalecer su cobertura. 

«Esa cobertura no debería disminuir, sino aumentar, y la razón es sencilla. A las pérdidas reales de un evento como el huracán María se suma el aumento en los costos de reconstrucción, que en los últimos años han crecido de forma astronómica debido a la limitada oferta disponible, principalmente por la escasez de mano de obra. Esta situación se agravaría aún más tras una catástrofe. Como resultado, para cubrir un evento como el huracán María se requiere, desde el inicio, un 40% adicional, a fin de absorber los incrementos en los costos de reconstrucción desde 2017», explicó.

Incrementa riesgo de insolvencia

De acuerdo con Sánchez Géigel, el «mercado blando» no ha podido subsanar el efecto de la inflación, lo cual aumenta los riesgos de que las aseguradoras sean sorprendidas por la insolvencia. 

«Aunque exista un mercado blando, este no ha compensado la magnitud del aumento en la inflación de los costos de construcción. Esta práctica incrementa el riesgo de insolvencia, especialmente cuando la experiencia demuestra la necesidad de contar con mayor protección que la sugerida por los modelos regulatorios y de calificación», señaló.

«Las compañías que adquieren menos reaseguro enfrentan costos más bajos, que podrían trasladar al cliente en forma de primas reducidas, pero lo hacen a costa de un mayor riesgo de insolvencia por falta de cubierta. En nuestro caso, con cerca de un 23% de participación en el mercado de propiedad al momento del huracán María —excluyendo aseguradoras no domésticas—, conocemos bien el nivel real de exposición y somos plenamente conscientes de los aumentos en los costos de construcción. Por ello, hemos sido consistentes en adquirir la protección adecuada y en mantener disciplina en la suscripción», concluyó Sánchez Géigel.

De la recopilación estadística también se desprende que las aseguradoras Universal Insurance y Mapfre resultaron favorecidas pues registraron crecimientos significativos en primas. Universal, por ejemplo, en 2017 tenía $95 millones en primas de propiedad pero en 2025 el recaudo en primas de propiedad se elevó a $258.2 millones, lo que representó una cuota de mercado de 13.4 %. 

Mapfre, por su parte, en 2017 tenía $164.4 millones en primas de propiedad pero en 2025 el se registró un alza en primas de propiedad de $254.1 millones, lo que representó una cuota de mercado de 13.2 %. 

Chubb Insurance es una aseguradora que en 2017 tenía $20.5 millones en primas de propiedad y en 2025 aumentó a $215.7 millones. Su cuota de mercado aumentó de 2.8 % en 2017 a 11.2 % en 2025.

Otras aseguradoras que resultaron favorecidas son AIG Insurance, Triple S Propiedad, Cooperativa de Seguros Múltiples y One Alliance Insurance.

En 2017 AIG Insurance tenía $39.6 millones en primas derivadas del mercado de propiedad pero en 2025 ese renglón aumentó a $139 millones con una cuota de mercado amplificada de 7.2 %. Triple S Propiedad registró en 2017 $85.4 millones en primas de propiedad y en 2025 sus ingresos por primas de propiedad se elevaron a $133.7 millones con una cuota de mercado de 7 %.

Cooperativa de Seguros Múltiples apenas tenía en 2017 $33.1 millones en primas de propiedad, pero en 2025 ese renglón aumentó hasta registrar$126.5 millones en primas con una cuota de mercado de  6.6 %.

Por su parte, One Alliance registró primas de propiedad por valor de $8.2 millones en 2017 y para 2025 ese renglón aumentó a $133.8 millones con una cuota de mercado amplificada de 5.4 %.

Antilles Insurance, United Surety & Indemnity y Optima Seguros también experimentaron crecimientos notables. En 2017 Antilles Insurance registraba ingresos por primas de propiedad por valor de $18.1 millones pero en 2025 esa cartera tuvo un alza hasta alcanzar $95.6 millones con una  cuota de mercado del 5 %. 

El caso de United Surety & Indemnity es similar al de Antilles Insurance, pues en 2017 registró ingresos por primas de propiedad ascendentes a $18.9 millones y en 2025 ese ingreso aumentó a $83.7 millones con una cuota de mercado de 4.4 %. Optima Seguros tenía en 2017 ingresos por primas de propiedad de $35.1 millones y en 2025 ese ingreso se elevó a $59.3 millones, mientras la cuota de mercado se situó en 3.1 %.  

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ACODESE con nueva Junta de Directores

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San Juan, Puerto Rico. 6 de mayo de 2026.– La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) anunció hoy la elección de su nueva Junta de Directores para el periodo 2026-2027, durante la celebración de su Asamblea General.

La nueva Junta estará liderada por José Del Amo Mojica, presidente de Triple S Propiedad, quien fungirá como presidente. Le acompañan Rafael A. Blanes González, presidente y CEO de United Surety and Indemnity Company (USIC), como vicepresidente; el Lcdo. Carlos R. Iguina Oharriz, presidente de MCS Life Insurance Company, como secretario; y Alexis Sánchez Geigel, presidente de MAPFRE PRAICO Insurance Company, como tesorero.

Además, integran la Junta de Directores los siguientes miembros: Lcdo. Ángel L. Torres Zequeira, presidente de AIG Insurance; Lcdo. Carlos O. Santana Marrero,  principal asesor legal y oficial de seguridad de First Medical Health Plan; Ricardo J. Benítez Fernández, presidente de One Alliance Insurance Corporation; Edrick Touma Taveras, presidente de TransOceanic Life Insurance Company (TOLIC);  y José C. Benítez Ulmer, presidente de Universal Life Insurance Company. 

La licenciada Iraelia Pernas, directora ejecutiva de ACODESE, expresó que “la elección de esta nueva Junta marca un paso importante en la continuidad del trabajo que hemos venido realizando desde ACODESE, con un enfoque claro en fortalecer la industria, elevar los estándares y atender los retos del entorno actual con responsabilidad y visión de futuro”. 

La nueva Junta asume funciones en un momento clave para la industria de seguros en Puerto Rico, en el que el sector continúa desempeñando un rol esencial en el desarrollo económico de la isla, además de promover la educación del consumidor y un mayor entendimiento sobre el rol de los seguros en el día a día de las personas y empresas en la isla.

Por su parte, José Del Amo Mojica, presidente de la Junta, indicó que “Puerto Rico necesita una industria aseguradora fuerte y preparada para responder a riesgos cada vez más complejos. Nuestra prioridad será continuar construyendo un sector sólido y confiable. Es un honor liderar ACODESE, una organización que reúne a los principales componentes de uno de los sectores más importantes de la isla. Nuestro enfoque es seguir acercándonos a los consumidores y trabajar de la mano con el regulador, nuestros socios y otros sectores para fortalecer la industria de seguros”.

ACODESE reiteró su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la industria de seguros, fomentar las mejores prácticas y contribuir al bienestar económico y social de Puerto Rico.

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Sale el presidente ejecutivo de First Medical Salud, José Valentín Cameron 

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Por Miguel Díaz Román 

En medio de la difícil situación financiera que experimenta la empresa de seguros de salud First Medical Health Plan (FMHP), se ha conocido la salida de José Valentín Cameron, presidente ejecutivo de First Medical Salud, que entre otros asuntos tiene a cargo la administración de la cubierta del Plan Vital, que es plan de salud del gobierno.  

No está claro si Valentín Cameron renunció a su posición o si su salida obedece a una negociación con la familia Artaud Feliciano, que son los dueños de la aseguradora de salud  FMHP. Fuentes de la industria de seguros de salud indicaron que a principios de la pasada semana Valentín Cameron anunció su salida de la aseguradora.

La salida ocurre en momentos cuando una cantidad indeterminada de reclamos de proveedores de servicios de salud permanecen sin pagar y la aseguradora parece oscilar entre el cumplimiento con los requisitos financieros que impone el Código de Seguros y el umbral de la insolvencia.

De acuerdo con fuentes vinculadas a FMHP, Valentín Cameron abandona la posición ejecutiva y se dedicará a «ser profesor universitario». Otras fuentes indican que el ex ejecutivo podría ayudar a la FMPH en carácter de «consultor».

SN realizó múltiples intentos para obtener una reacción de FMHP pero estos resultaron infructuosos. El último de estos intentos fue el envío de un correo electrónico al licenciado Carlos Santana, quien ocupa la posición de oficial superior de asuntos jurídicos e investigaciones especiales de FMHP, procurando una declaración oficial de la empresa confirmando o negando la salida de Valentín  Cameron. No hubo respuesta de parte del licenciado Santana.

No fue sorpresa

No obstante, tan temprano como ayer Valentín Cameron se comunicó con sus seguidores a través de la red profesional Linkedin. El mensaje hace alusión a una «nueva etapa» y tiene un tono de despedida. En respuesta al mensaje un grupo de profesionales y expertos en la industria de salud le desearon a Valentín Cameron «éxito» y «éxito en su nueva encomienda».

La salida de Valentín Cameron no tomó por sorpresa a determinadas voces muy conocedoras del ámbito de los seguros de salud. 

«Había oído desde hace par de semanas rumores de que Valentín estaba en la cuerda floja. No me tomó por sorpresa. Era un secreto a voces que First Medical se devanea al borde de la insolvencia. La partida de Valentín parece confirmar esto», sostuvo el ex director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Jorge Galva.

La salida de Valentín Cameron puede causar determinadas repercusiones, según planteó Galva.

«El efecto sobre el Plan Vital puede ser bien complejo si no se maneja apropiadamente una salida repentina de esa aseguradora. Valentín lleva muchos años manejando las relaciones con ASES. Igualmente tiene vasta experiencia. Reponerlo con alguien de igual habilidad y solvencia profesional no será fácil», agregó el ex director ejecutivo de ASES.

Falla la fiscalización de ASES

No obstante, Galva señaló una posible laguna en la tarea de fiscalización que ASES debe realizar sobre las aseguradoras que contrata.Hasta el pasado año el FMHP tenía registrados cerca de 300,000 asegurados en el Plan Vital.

«Esto también puede ser un ojo negro para Ases.  ¿Cómo fue que la agencia fiscalizadora no siguió los rumores para enviar un enviar un auditor donde ellos? Más bien por no hacer las gestiones para averiguar el estado real de First Medical, especialmente después de que First Medical pasó por un episodio largo de falta de pago a los proveedores el año pasado. Una investigación oportuna de ASES podría haber descubierto la condición real de la aseguradora en términos de reserva, cuentas por cobrar, añejamiento de esas cuentas, etc», advirtió Galva. 

El pasado año durante la etapa más crítica de la falta de pago por parte FMHP se informó que la aseguradora arrastraba una deuda actuarial de $226.4 millones que había afectado a los proveedores de servicios de salud y a los asegurados.  

Vigilancia semanal

Ante la falta de pago de FMHP, Luis Martínez Villafañe, presidente de Med-Billers & ReCycle Association, una asociación profesional que representa a los facturadores de servicios de salud, acudió a la OCS en busca de explicaciones. 

En la OCS se le explicó que la aseguradora se encontraba en un plan de vigilancia semanal que intentaba garantizar su liquidez. 

El 23 de mayo de 2025 la OCS emitió una certificación de estado de situación sobre FMHP la cual indicó que la aseguradora no enfrentaba un estado de menoscabo pero que sí señaló que se encontraba en un «evento de acción conforme al Capítulo 45 de Código de Seguros». 

Entre otros asuntos, el Capítulo 45 concede autoridad a la OCS «para requerir de los aseguradores que tomen medidas para proteger su capital y reducir sus riesgos, tomando en consideración el perfil de activos y pasivos». 

Además, el capítulo 45 establece los requisitos de capital en función del riesgo y establece los mecanismos correctivos cuando la entidad no logra mantener el capital necesario en función del riesgo.

La certificación estableció que el total de capital y sobrantes de FMHP ascendía a $38 millones, mientras que el total de activos alcanzó a $264.6 millones y los pasivos (deudas) alcanzaban los $226.4 millones.

Solvente FMHP

De acuerdo con Martínez Villafañe, el impago de facturas de servicios prestados por parte de FMHP no solo ha ocurrido en 2025 y 2024, sino que se extiende hasta 2021.

No obstante, el pasado miércoles durante su comparecencia a una actividad del Centro Unido de Detallistas, la Comisionada de Seguros, Suzette Del Valle Lecároz, declaró que FMHP se encontraba solvente y que la OCS no había tomado contra la aseguradora una acción regulatoria recientemente.

«First Medical capitalizó y están solventes todas las aseguradoras (de salud). En este momento no tenemos ninguna acción regulatoria contra First Medical», sostuvo Del Valle Lecároz.

Pero tan temprano como en febrero de este año FMPH despidió a 50 empleados como parte de una reorganización que tenía como fin reducir gastos y garantizar la sostenibilidad de la aseguradora de salud a largo plazo.

SN tiene conocimiento que numerosos proveedores de servicios de salud aún no reciben pagos para servicios facturados el pasado año.

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Un puertorriqueño entre los ganadores del concurso estudiantil AM Best

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AM Best ha anunciado que Hernán Burgos y Alexander Porte, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Wisconsin-Madison, como ganadores del Desafío Estudiantil 2025 de AM Best por su solución de seguro paramétrico contra tormentas tropicales para América Latina y el Caribe (ALC). Burgos es natural de Puerto Rico.

El Desafío Estudiantil 2025 retó a estudiantes de gestión de riesgos y seguros a crear soluciones innovadoras para riesgos de seguros. La solución de seguro propuesta por Burgos y Porte brindaría cobertura a personas de bajos ingresos y microempresas en las regiones costeras de ALC utilizando datos meteorológicos en tiempo real.

«En ALC, donde la penetración de seguros es extremadamente baja y la tasa de pobreza es significativamente alta, el acceso a productos de seguros es prácticamente imposible para las comunidades de bajos ingresos», dijo Burgos en una entrevista con AM Best TV sobre la propuesta. «En la región, el acceso a seguros se considera un lujo. Millones de personas quedan financieramente vulnerables y desprotegidas ante catástrofes naturales cada vez más frecuentes y severas».

Porte explicó que la propuesta ganadora del Student Challenge plantea aprovechar el alto nivel de productos bancarios en LAC para crear mercados de seguros y ofrecer productos: “Cuando intentas crear un mercado de seguros, cuando intentas crear demanda para estos productos, necesitas usar otros canales de distribución”.

Además de Burgos y Porte, estudiantes de la Universidad de Akron y la Universidad Estatal de Florida fueron finalistas en la competencia nacional, que estaba abierta a estudiantes de pregrado y posgrado.

“Las ideas innovadoras y las propuestas bien pensadas presentadas por estos estudiantes apuntan a un futuro brillante para la industria de seguros”, dijo Lee McDonald, vicepresidente sénior de publicaciones y servicios de noticias de AM Best.

Para ver entrevistas en video y entrevistas de la revista Best’s Review con el equipo ganador y otros finalistas, visite la página de inicio del Student Challenge 2025. El Student Challenge 2025 de AM Best es una iniciativa de la compañía para apoyar el desarrollo de nuevos talentos en la industria de seguros. La compañía también ofrece un programa de desarrollo analítico .

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, editora de noticias y proveedora de análisis de datos especializada en el sector asegurador. Con sede en Estados Unidos, la compañía opera en más de 100 países y cuenta con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México.

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Senado aprueba salas especializadas para condominios en tribunales y avala investigar la industria lechera

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Capitolio – En Sesión Ordinaria, el Alto Cuerpo dio paso al Proyecto del Senado 1086, de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, y el senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, dirigido a enmendar múltiples disposiciones de la Ley de Condominios con el fin de modernizar su administración, fortalecer los procesos de adjudicación de controversias y optimizar la gestión de estos inmuebles. 

Además, se aprobó la Resolución del Senado 124, del senador Jeison Rosa Ramos, que propone investigar la industria lechera del país y la situación de los ganaderos. La medidad busca identificar las acciones que ha tomado el Departamento de Agricultura ante el cierre de la planta procesadoras Suiza Dairy y determinar la producción local de leche y sus derivados. 

El Proyecto del Senado 1086 establece que el Tribunal de Primera Instancia tendrá jurisdicción primaria para atender disputas relacionadas con condominios, en un inteto de agilizar la resolución de conflictos y ofrecer mayor certeza jurídica a los titulares. 

Además, propone la creación de salas especializadas en cada región judicial para atender este tipo de casos. El proyecto propone que los Consejos de Titulares deberán establecer, mediante voto mayoritario, requisitos mínimos de educación o capacitación para la contratación de agentes administradores, con el objetivo de profesionalizar la gestión administrativa.

Sobre la medida Sánchez Álvarez sostuvo que “surge de una cumbre que realizamos aquí en el Senado el pasado 8 de noviembre, y donde este equipo que nos acompaña hoy,  personas que elevaron una serie de ideas importantes y entonces surge esta pieza legislativa que tenemos ante consideración. Hoy tenemos la gran oportunidad de hacerle justicia a nuestra gente que vive en los condominios. 

Esta medida tiene un análisis serio de experiencias acumuladas de nuestra gente, de la agencia y del diálogo con sectores relacionados, incluyendo esa cumbre. No es una improvisación, es una respuesta concreta a un problema real. Tenemos la oportunidad de darle a nuestros conciudadanos un sistema más ágil, más justo y más confiable para atender los conflictos que surgen en su entorno más cercano que es el hogar”.

Además, se aprobó la Resolución del Senado 239, radicada también por el senador Sánchez Álvarez.  La medida ordena a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor realizar un estudio sobre la figura del “Agente Administrador” de condominios, según establecida en la Ley 129 de 2020 o ley de Condominios de Puerto Rico.

La medida tiene como propósito evaluar si los requisitos actuales para ejercer esta función son adecuados en relación con las responsabilidades que conlleva, así como examinar si el DACO cumple consistentemente con su deber de investigar y validar que los solicitantes de licencia cumplan con los criterios establecidos en el Reglamento Núm. 9263.

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Ampliación y paralización de investigación permitió descubrir fraude de $1.2 millones en quebrada Margarita

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Por Miguel díaz Román

Los fiscales especiales independientes (FEI) que tienen a cargo la denuncia por negligencia en el cumplimiento de deber contra la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, señalaron que es incorrecto hacer una interpretación rígida de los términos en que se puede conducir una investigación y advirtieron que las ampliaciones de la investigación contra la exfuncionaria permitieron descubrir la malversación de los $1.2 millones destinados para mejoras en la quebrada Margarita en Guaynabo, la cual no fue la acusación original referida por el Departamento de Justicia.

En un recurso de certiorari (de revisión) ante el Tribunal Supremo, los FEI Ramón Mendoza Rosario, Fabiola Acarón Porrata Doria y Gisela Alfonso Fernández solicitaron que se deje sin efecto la desestimación de los cargos contra Rivera Martínez que emitió en Tribunal de Apelaciones y que el caso se devuelva al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los trabajos.

El pasado 19 de marzo el Tribunal Apelativo desestimó la denuncia por negligencia en el cumplimiento del deber que los FEI habían radicado contra Rivera Martínez. 

El Apelativo concluyó «que el foro primario incurrió en un abuso de discreción y error de derecho al no reconocer que el FEI actuó de manera ultra vires, al radicar una denuncia fuera del marco legalmente razonable que justifica su autoridad».

Ultra vires

La decisión de Apelativo sobrevino luego de que la licenciada Cándida Sellés Ríos, abogada de Rivera Martínez, presentó una moción en la que sostuvo que los FEI se excedieron de los términos establecidos en la ley matriz de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI)  para realizar una investigación y para radicar cargos. 

De hecho, como resultado de la moción de la licenciada Sellés Ríos, el Apelativo paralizó la vista preliminar para juicio contra Rivera Martínez hasta que pudiera examinar a fondo la petición y tomar una decisión, lo que ocurrió el 19 de marzo.

En síntesis, la moción de la licenciada Sellés Ríos sostuvo que los FEI actuaron de manera «ultra vires» (sin autorización legal) porque, alegadamente, se excedieron de los términos establecidos en la ley matriz de la la OPFEI para realizar la investigación y para radicar los cargos.

La moción sostuvo que los FEI tenían hasta 180 días para investigar los señalamientos contra los imputados (90 días inicialmente y otros 90 días adicionales si por determinados eventos la investigación no se pudo concluir). La abogada argumentó que los FEI requirieron  1,103 días desde la fecha en que se le asignó el caso y la fecha en que se presentaron los cargos, lo que, alegadamente, violentó el debido proceso de ley.

Permitidas las ampliaciones

Pero en su petición de certiorari los FEI argumentaron que la ley 2 de 1988 o ley matriz de la OPFEI «contempla que las investigaciones que llevan a cabo los FEI pueden ser objeto de ampliaciones. Ello sujeto a que las mismas sean concedidas por el OPFEI. Además, esta ley especial prevé que dichos fiscales se encuentren ante investigaciones cuyas particularidades les obligue a extender términos, ampliar, modificar la encomienda, la jurisdicción y hasta establecer términos especiales. Estas situaciones o el ejercicio de estas facultades no operan en el vacío. Se establecen, una vez justificadas las modificaciones o determinaciones que puedan surgir respecto a una investigación, siempre que ello sirva al propósito esencial de prevenir, erradicar y penalizar cualquier comportamiento delictuoso o indebido por cualquier funcionario gubernamental».

Con respecto al tiempo en que los FEI deben completar la investigación, la  moción cita la ley 2 de 1988, que sostiene «el fiscal especial deberá completar la investigación que se le encomiende dentro de un término que no excederá de 90 días contados a partir de la fecha que se recibe la encomienda. Disponiéndose, sin embargo, que el panel podrá fijar un término especial en aquellos casos en que sea justificado».

La petición de certiorari revela que fue por medio de una de las ampliaciones de la investigación solicitada por los FEI que se descubrió la malversación de los $1.2 millones del Fondo de Mejoras Municipales (FMM) que estaban destinados para realizar mejoras en la quebrada Margarita en Guaynabo.

Justicia no incluyó apropiación ilegal

Esa ampliación fue solicitada el 16 de diciembre de 2024 luego de que cinco días antes,  el 11 de diciembre del 2024, la Oficina del Contralor emitió un informe que entre sus hallazgos figuró la asignación de los $1.2 miñones para la quebrada Margarita, la cual fue autorizada por Rivera Martínez.

De hecho, según relata la moción de los FEI, el referido original para investigación del Departamento de Justicia a la OPFEI trataba sobre «asignaciones legislativas que debían ser supervisadas por el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes de la Autoridad de Tierras y no contemplaba las asignaciones de fondos públicos para las obras y mejoras permanentes de la quebrada Margarita. Esas asignaciones no fueron parte de la investigación preliminar que realizó el Departamento de Justicia».

Incluso, el referido del Departamento de Justicia al OPFEI no incluyó la apropiación ilegal en la que incurrió José Huertas Torres, quien fue designado por el Centro Comunitario de Servicios a la Familia, para que realizara las mejoras en la quebrada Margarita. La inclusión de Huertas Torres como parte de las irregularidades en que está involucrada Rivera Martínez también fue parte de la información vertida por el Informe del Contralor.  

Los trabajos en la quebrada nunca se realizaron y, alegadamente, Huertas Torres depositó los fondos en múltiples cuentas bancarias para su uso personal. Huertas Torres  ha sido acusado en 15 cargos, que incluyen apropiación ilegal, fraude, lavado de dinero, apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica y perjurio, entre otros.

En la moción los FEI exaltaron la pertinencia de la coordinación entre organismos de investigación y fiscalización como el OPFEI y la Oficina del Contralor para perseguir la corrupción y evitar la impunidad. De hecho, sostuvieron que habría sido irresponsable haber hecho una determinación de responsabilidad criminal contra Rivera Martínez antes de conocer  los hallazgos de la Oficina del Contralor. 

Justifica violación de términos

«La conducta negligente de la aquí recurrida (Rivera Martínez) está intrínsecamente vinculada a la del señor Huertas Torres, por haber sido quien autorizó, mediante contratos, el desembolso de la asignación millonaria destinada para las mejoras de la quebrada Margarita y de otras adicionales. La cadena de eventos que desembocó en la apropiación millonaria de fondos públicos tuvo inexcusablemente la participación de la parte recurrida (Rivera Martínez). No obstante, hasta tanto la investigación contra el señor Huertas Torres, sus corporaciones, así como a otras personas involucradas en el desembolso y eventual apropiación de los $1.2 millones de fondos públicos estuviese completada, no era posible determinar la responsabilidad criminal de la recurrida en estos actos», señaló la moción de certiorari. 

Sobre la alegada violación de los términos para investigar, los FEI argumentaron «el análisis no debe ser liviano y meramente indicar que la investigación se excedió en mil días». 

«Las actuaciones de los FEI y de la OPFEI no han sido arbitrarias, caprichosas o irrazonables. En este caso, los FEI utilizaron 110 días de los 135 días del término investigativo original otorgados por la OPFEI para la encomienda original referida por el DJ. A los 110 días, los FEI le solicitaron al OPFEI la paralización de la investigación para que la Oficina del Contralor continuara su auditoría, solicitud que fue concedida. Al continuar la investigación, en diciembre de 2024, ante los hallazgos producidos por el informe  de la Oficina del Contralor los FEI determinaron que había otras conductas de mayor envergadura que las originalmente investigadas, lo cual culminó con la radicación del cargo que fue desestimado y es objeto de este escrito», sostuvo la moción de lo FEI.

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«Aseguradoras y hospitales se benefician de los nurse practitioners porque les pagan menos»

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Por Miguel Díaz Román 

El presidente de Colegio de Médicos Cirujanos (CMC), doctor Carlos Díaz, tronó en contra del Proyecto del Senado 757, que integra de manera formal a los enfermeros practicantes (nurse practitioners) como profesionales autorizados para prescribir medicamentos.

La medida fue aprobada por el Senado la semana pasada. El proyecto 757 es de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, junto a los senadores de minoría José Luis Dalmau Santiago y Joanne Rodríguez Veve. 

Díaz sostuvo que en última instancia la medida beneficia a las aseguradoras y los hospitales porque le pagarán menos a los enfermeros practicantes en relación con lo que le pagan a los médicos. 

«Esta medida beneficia a las aseguradoras y los hospitales porque le pagan a las enfermeras una quinta parte de lo que le pagan a los médicos. Estamos haciendo medicina barata. Le están faltando el respeto a la gente porque los enfermeros practicantes no van a responder cuando comentan un error o un malpractice. Quien será responsable es el médico de sala de emergencia  cuando atienda a ese paciente. Le están faltando el respeto a la gente», replicó Díaz.

«Yo no tengo nada en contra de los enfermeros practicantes. El Colegio de Médicos es pro enfermeras y enfermeros y estamos a favor de cualquier medida que mejore sus condiciones de trabajo.Yo soy el primero que doy el paso y los defiendo. Lo único que estamos opuestos es que no puedes darle a otra persona la facultad o el privilegio de recetar, de hacer una receta a un paciente. Que (las enfermeras y enfermeros) ayudan a los médicos haciendo recetas en los hospitales  bajo supervisión médica sí,. La responsabilidad final de la prescripción es del médico, que es lo más sagrado de esta vocación que yo amo», indicó.

El presidente de CMC sostuvo que la responsabilidad de recetar medicamentos es una muy seria y conlleva graves implicaciones si no se receta adecuadamente y en conocimiento de las condiciones del paciente. 

«Si hay un problema con estas recetas, porque la gente cree que estos es como recetar agua de coco, no, no, no. Hasta los medicamentos «over the counter» (sin la intervención de una receta) tienen interacciones y puede alterar el tratamiento de un paciente. Hasta una pastilla Tylenol!!. El que recete es el responsable de la complicación o de la reacción que tenga ese paciente. ¿El enfermero practicante lo atenderá a las 3:00 de la mañana cuando ese paciente vaya con un contraindicación a una sala de emergencia? No, es una responsabilidad que le toca al médico en la sala de emergencia y ese médico tiene un (seguro) de malpractice que le cubre. Recetar es la responsabilidad más grande del médico. La función que hacen los enfermeros practicantes es vital y valiosísima para nuestro sistema de salud, pero el prescribir medicamentos es la función más importante de un médico. El médico se entrena para conocer los medicamentos y poder prescribir medicamentos según la condición de los pacientes», explicó Díaz.

Según un comunicado de prensa distribuido por el Senado, la medida enmienda diversas leyes, incluyendo la Ley de Farmacia de Puerto Rico, la Ley para Regular la Práctica de la Enfermería, la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente y el Código de Seguros, con el fin de reconocer a estos profesionales dentro del sistema de salud. Además, dispone que los pacientes puedan seleccionar servicios ofrecidos por “nurse practitioners”, siempre que su plan médico cubra dichos servicios, promoviendo así mayor accesibilidad y continuidad en la atención médica.

Los enfermeros practicantes son enfermeras y enfermeros registrados en práctica avanzada, que poseen una maestría o un doctorado que les permite brindar atención primaria especializada, incluyendo el diagnóstico de enfermedades, la prescripción de medicamentos y la solicitud de pruebas diagnósticas.

La exposición de motivos de la medida alega que «la inclusión de los enfermeros practicantes en el sistema de salud contribuye a optimizar la distribución de los recursos médicos, mejorando la cobertura en áreas con déficit de profesionales y aumentando la capacidad de respuesta del sistema. 

No obstante, existe una discrepancia con la Ley 247 de 2004, según enmendada, conocida como Ley de Farmacia de Puerto Rico, que únicamente reconoce como prescriptores a médicos, odontólogos, dentistas, podiatras y veterinarios. Esta inconsistencia ha generado que las recetas emitidas por los enfermeros practicantes no sean aceptadas por farmacias, afectando la aplicación de sus atribuciones legales”, sostiene la exposición de motivos.

Pero el doctor Díaz insistió en cuestionar las razones para trasladar una responabilidad indelegable de los médicos a los enfermeros practicantes.

«¿Por qué delegar esa responsabilidad máxima de un médico en su segundo grupo?, ¿cuál es la razón para darle el privilegio de recetar a los enfermeros practicantes? La razón que yo escucho es que no hay médicos, que el éxodo de médicos hace necesario darle esa responsabilidad a las nurse practitioner.¿A quién beneficia esta medida? A las aseguradoras y los hospitales porque le pagan a las enfermeras una quinta parte de lo que le pagan a los médicos. Le están faltando el respeto a la gente porque los enfermeros practicantes no van a responder cuando comentan un error o un malpractice. Quien será responsable es el médico de sala de emergencia  cuando atienda a ese paciente. Le están faltando el respeto a la gente», sostuvo Díaz.

La senadora Rodríguez Veve expresó que “a pesar de que la ley y reglamento que rige esta profesión permite que los «nurse practitioners» puedan recetar, la Ley de Farmacias de Puerto Rico no los reconoce como prescriptores autorizados. El efecto que esto tiene es que las recetas emitidas por los «nurse practitioners» no son aceptadas en las farmacias. Por lo tanto, para nosotros corregir esta incongruencia y hacerles justicia es que presentamos este proyecto”.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago Negrón señaló que «se trata de un reconocimiento a lo que la profesión de la enfermería ha adelantado en esta práctica. Personas realmente comprometidas con la salud pública, comprometidas, además con que se proyecte adecuadamente lo que se presenta esta profesión, que es indispensable para la provisión de servicios de salud en Puerto Rico. Por lo tanto, estaremos votando a favor de la medida”.

En beneficio del personal de enfermería el Senado aprobó también el Proyecto del Senado 687, presentado por petición del Colegio de Enfermería, a través del portavoz de la mayoría, Juan Oscar Morales Rodríguez. La medida propone crear la “Ley de Patrón de Personal de Enfermería en las instituciones médico-hospitalarias de Puerto Rico”, a los fines de resguardar unas condiciones de trabajo funcionales y óptimas que viabilicen la labor del personal de la enfermería en beneficio y atención de los pacientes.

La medida es el resultado de la sobrecarga laboral en el personal de enfermería y la escasez de profesionales, factores que impactan directamente la calidad del servicio y la seguridad del paciente. La medida pretende asegurar una distribución adecuada del personal.

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Senado investigará si aseguradoras se niegan a cubrir la cirugía robótica

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Por Miguel Díaz Román 

La Comisión de Salud del Senado investigará si las aseguradoras de salud se niegan a cubrir los costos asociados al uso de tecnologías quirúrgicas avanzadas, incluyendo sistemas de cirugía robótica, y si obstaculizan que los pacientes tengan acceso a equipos quirúrgicos especializados y la participación de asistentes quirúrgicos en determinados procedimientos médicos. 

La investigación fue ordenada tras la aprobación por el cuerpo de la Resolución del Senado 452, la cual fue presentada el pasado 10 de marzo por la senadora Nitza Moran Trinidad.

La resolución sostiene que según diversos pacientes y profesionales de la salud, las aseguradoras se niegan a cubrir y reembolsar los costos relacionados con el uso de tecnologías quirúrgicas avanzadas. 

«Particularmente, las denegatorias recaen sobre procedimientos relacionados con el uso de sistemas de cirugía robótica, bandejas quirúrgicas especializadas o la participación de asistentes quirúrgicos en la sala de operaciones», señala la resolución.

Alegadamente, las aseguradoras consideran que el uso de las tecnologías quirúrgicas avanzadas constituye únicamente una técnica adicional para realizar un procedimiento quirúrgico que ya está cubierto por el plan, por lo que no autorizan el pago por el uso de dichas herramientas o equipos.

 Además, existe una alegada diferencia en el acceso de los pacientes a las tecnologías médicas avanzadas debido a una falta de uniformidad  y de transparencia en los criterios utilizados por las aseguradoras para determinar qué componentes de un procedimiento quirúrgico están cubiertos por la póliza de seguro de salud.

En ese contexto, la resolución declara que resulta necesario evaluar si las leyes aprobadas y el marco regulatorio que cobija a las aseguradoras de salud, atienden adecuadamente la evolución tecnológica en la medicina moderna y si las decisiones de cobertura se encuentran alineadas con la política pública de acceso a los servicios de salud de calidad.

Otro aspecto de la investigación es aquel que busca determinar si las desiciones de cobertura adoptadas por las aseguradoras responden a la evolución tecnológica de la medicina moderna y si impiden el acceso a tales avances que ya están disponibles en los servicios que ofrecen determinados  proveedores de servicios de salud.

Según la resolución, las tecnologías quirúrgicas avanzadas representan una inversión significativa para los hospitales y la investigación pretende identificar posibles áreas de mejora.

Alegadamente, estas tecnologías ofrecen diversos beneficios tales como una mayor precisión quirúrgica, menor invasividad, reducción del tiempo de recuperación y, en algunos casos, mejores resultados clínicos para los pacientes.

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Plátano importado causa estragos y pérdidas en agricultores locales

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Por Miguel Díaz Román

El plátano local fresco ha sido desplazado de los restaurantes, cafeterías y de los supermercados del país por un plátano sin cáscara importado que se vende congelado en un empaque al vacío y por un plátano sin cáscaras empacados en envases que contienen agua y sal, según denunció Solano Burgos, presidente de la Asociación de Agricultores de Maunabo.

«Nuestra cosecha se nos ha quedado y lo que hemos tenido son pérdidas. Los restaurantes son nuestros principales clientes y este año se han ido por el plátano importado que es más barato pero que no es más fresco y no tiene igual sabor que el plátano fresco del país», dijo Burgos.

El líder agrícola también denunció que se ha estado importando cajas de plátanos con cáscara el cual tiene gran acceso al mercado de los restaurantes y de las cafeterías.

La fuente de estas importaciones lo es la República Dominicana pero no está descartado que existan otros países de Centro América sean fuente de estas importaciones, señaló el presidente de la Asociación de Agricultores de Maunabo.

Preocupa el plátano con cáscara

El plátano importado sin cáscara no está sujeto a las inspecciones fitosanitarias del Departamento de Agricultura (DA), debido a que se le extrae la cáscara y se empaca al vacío.

El plátano importado con cáscara y empacado en cajas de cartón estaría sujeto a las inspecciones fitosanitarias del DA y con toda probabilidad su entrada al país estaría prohibida como lo está la entrada del plátano fresco de la República Dominicana.

No obstante, Burgos indicó que estas cajas de plátano con cáscara llegan al país por contrabando.

Burgos dijo que la semana pasada le trasladó su preocupación con las pérdidas que enfrentan los agricultores de plátanos al secretario de agricultura, Irving Rodríguez.

Excusa importaciones con libre comercio

Alegadamente, el secretario pareció excusar la presencia del producto importado porque, según dijo Burgos, se limitó a decir «eso es el libre comercio».

Burgos sostuvo que al menos el secretario debió prometer una mayor fiscalización de las importaciones y de los importadores. Además, la presencia del contrabando requiere de una acción más concertada con las autoridades federales.

«Yo no entiendo esto», dijo el agricultor.

El huracán María en el trasfondo

El desplazamiento del plátano local de los restaurantes, cafeterías y supermercados ha ocurrido paulatinamente luego de que el huracán María destrozó en su totalidad los cultivos locales, lo que causó la escasez del fruto en el mercado local.

La escasez tras el paso del María estimuló la importación autorizada por el DA, el cual vigila que el fruto importado cumpla los requisitos fitosanitarios y las exigencias de calidad.

En restaurantes de alta demanda, según fuentes de la industria de alimentos, el plátano sin cáscara ha resultado muy favorable porque no es necesario dedicar exclusivamente un empleado a pelar el fruto.

Otro factor que favorece el consumo del plátano sin cáscara importado es que su precio es más bajo que el precio del plátano fresco de cosecha local.

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Del Valle Lecároz anuncia auditorías obligatorias para las aseguradoras

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Por Miguel Díaz Román

En un intento por detectar a tiempo las dificultades financieras en las aseguradoras y así evitar las dolorosas insolvencias,  la Comisionada de Seguros, Suzette Del Valle Lecároz, anunció el inicio del programa de auditorías regulatorias de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), el cual comenzará durante este año calendario y aplicará a los aseguradores autorizados a operar en Puerto Rico. 

El anuncio se realizó por medio de una carta circular el pasado 16 de abril y constituye el retorno de un programa de auditorías que no ha sido consistente año tras año. De hecho, en Puerto Rico existen aseguradoras que no han sido auditadas durante más de cinco años. 

Para realizar las citadas auditorías la OCS contrata a entidades privadas especializadas en auditorías en la industria de seguros. Las auditorías son pagadas por la OCS, pero las aseguradoras están obligadas a reembolsar al regulador el costo de cada auditoría.  

La medida anunciada por Del Valle Lecároz ha sido aplaudida por numerosos miembros de la industria de seguros, quienes sospechan que actualmente podrían existir aseguradoras que padecen alguna insuficiencia financiera de reserva o que no han contratado el suficiente reaseguro para cubrir los riesgos de propiedad que tienen asegurados.

De hecho, luego del paso del huracán María en el 2017 las aseguradoras Integrand  Assurance y Real Legacy fueron liquidadas por la OCS, debido a que carecían de suficiente reaseguro para afrontar las pérdidas de sus asegurados.

Insolvencia indetectada

Además, la OCS fue incapaz de identificar esa grave falla operacional antes del paso del huracán María. 

Como resultado de la liquidación de Integrand  y de Real Legacy miles de asegurados no recibieron una justa compensación por las pérdidas que les causó el fenómeno meteorológico. Actualmente, la Asociación de Garantía es responsable del pago de esas reclamaciones.

En la década de 1990 la aseguradora National Insurance Company quedó insolvente luego de que la OCS descubriera en una auditoría que no estaba reportando a los reaseguradores el 100% de sus valores asegurados.

La carta  circular señala que el programa de auditorías  forma parte de la función regulatoria de la OCS, la cual fue definida como la obligación de proteger «el interés público mediante la supervisión de la solvencia financiera, la estabilidad operacional y el cumplimiento del Código de Seguros y sus reglamentos». 

Como parte de esa función reguladora la OCS mencionó «los esfuerzos institucionales dirigidos a fortalecer la transparencia financiera y las mejores prácticas de supervisión».

Incluir costos en presupuesto

Las aseguradoras seleccionadas para una auditoría regulatoria, según señala la carta circular,  serán notificadas individualmente con antelación al inicio de dicho proceso. La notificación podrá incluir, entre otros aspectos, el alcance de la auditoría y la información o documentación que deberá recopilar y entregar a los auditores. 

La comunicación oficial de la OCS exhorta a todos los aseguradores a planificar y a incluir en sus respectivos presupuestos los recursos necesarios para cumplir y colaborar con las auditorías.

De acuerdo con la carta circular, la colaboración con los auditores comprende la designación de personal de enlace, disponibilidad de sistemas contables, acceso a registros electrónicos,  así como apoyo de sus recursos externos.

También incluye presupuestar los recursos financieros necesarios para reembolsar a la OCS los gastos razonablemente incurridos durante los exámenes, según dispuesto en el artículo 2.110 del Código de Seguros..

Además, la carta circular anunció la adopción de la forma EX-2026-2062, en la que los aseguradores deberán actualizar la información requerida, según lo dispone el artículo 7 de la Regla XIV-A del Reglamento del Código de Seguros. 

Cada asegurador deberá remitir la información solicitada utilizando dicho formulario a más tardar el 30 de abril de 2026, mediante comunicación dirigida a la División de Exámenes de la OCS.

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