Por Miguel Díaz Román
En un intento por detectar a tiempo las dificultades financieras en las aseguradoras y así evitar las dolorosas insolvencias, la Comisionada de Seguros, Suzette Del Valle Lecároz, anunció el inicio del programa de auditorías regulatorias de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), el cual comenzará durante este año calendario y aplicará a los aseguradores autorizados a operar en Puerto Rico.
El anuncio se realizó por medio de una carta circular el pasado 16 de abril y constituye el retorno de un programa de auditorías que no ha sido consistente año tras año. De hecho, en Puerto Rico existen aseguradoras que no han sido auditadas durante más de cinco años.
Para realizar las citadas auditorías la OCS contrata a entidades privadas especializadas en auditorías en la industria de seguros. Las auditorías son pagadas por la OCS, pero las aseguradoras están obligadas a reembolsar al regulador el costo de cada auditoría.
La medida anunciada por Del Valle Lecároz ha sido aplaudida por numerosos miembros de la industria de seguros, quienes sospechan que actualmente podrían existir aseguradoras que padecen alguna insuficiencia financiera de reserva o que no han contratado el suficiente reaseguro para cubrir los riesgos de propiedad que tienen asegurados.
De hecho, luego del paso del huracán María en el 2017 las aseguradoras Integrand Assurance y Real Legacy fueron liquidadas por la OCS, debido a que carecían de suficiente reaseguro para afrontar las pérdidas de sus asegurados.
Insolvencia indetectada
Además, la OCS fue incapaz de identificar esa grave falla operacional antes del paso del huracán María.
Como resultado de la liquidación de Integrand y de Real Legacy miles de asegurados no recibieron una justa compensación por las pérdidas que les causó el fenómeno meteorológico. Actualmente, la Asociación de Garantía es responsable del pago de esas reclamaciones.
En la década de 1990 la aseguradora National Insurance Company quedó insolvente luego de que la OCS descubriera en una auditoría que no estaba reportando a los reaseguradores el 100% de sus valores asegurados.
La carta circular señala que el programa de auditorías forma parte de la función regulatoria de la OCS, la cual fue definida como la obligación de proteger «el interés público mediante la supervisión de la solvencia financiera, la estabilidad operacional y el cumplimiento del Código de Seguros y sus reglamentos».
Como parte de esa función reguladora la OCS mencionó «los esfuerzos institucionales dirigidos a fortalecer la transparencia financiera y las mejores prácticas de supervisión».
Incluir costos en presupuesto
Las aseguradoras seleccionadas para una auditoría regulatoria, según señala la carta circular, serán notificadas individualmente con antelación al inicio de dicho proceso. La notificación podrá incluir, entre otros aspectos, el alcance de la auditoría y la información o documentación que deberá recopilar y entregar a los auditores.
La comunicación oficial de la OCS exhorta a todos los aseguradores a planificar y a incluir en sus respectivos presupuestos los recursos necesarios para cumplir y colaborar con las auditorías.
De acuerdo con la carta circular, la colaboración con los auditores comprende la designación de personal de enlace, disponibilidad de sistemas contables, acceso a registros electrónicos, así como apoyo de sus recursos externos.
También incluye presupuestar los recursos financieros necesarios para reembolsar a la OCS los gastos razonablemente incurridos durante los exámenes, según dispuesto en el artículo 2.110 del Código de Seguros..
Además, la carta circular anunció la adopción de la forma EX-2026-2062, en la que los aseguradores deberán actualizar la información requerida, según lo dispone el artículo 7 de la Regla XIV-A del Reglamento del Código de Seguros.
Cada asegurador deberá remitir la información solicitada utilizando dicho formulario a más tardar el 30 de abril de 2026, mediante comunicación dirigida a la División de Exámenes de la OCS.
