Por Miguel Díaz Román
Cada día con más ahínco se comenta que el proceso de expropiación que realiza el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) en una franja de terreno entre los pueblos de Dorado y Toa Baja con el fin de viabilizar la canalización del río La Plata, de alguna manera favorecerá el mega desarrollo Dorado Waterfalls que comprende suntuosos condominios residenciales, villas de lujo, hoteles, áreas comerciales y recreativas.
El proceso de expropiación es parte de un proyecto abarcador que pretende controlar las inundaciones causadas por el río La Plata en los pueblos de Dorado, Toa Baja, Toa Alta, y en sectores como Levittown, y en los barrios de Dorado conocidos como Mameyal, Ingenio y Campanilla.
El DRNA reveló que el Cuerpo de Ingenieros estará a cargo de los proyectos de control de inundaciones. La iniciativa cuenta con una aportación de fondos federales de $500 millones aprobados para atender daños causados por los Huracanes Irma y María, bajo el Bipartisan Budget Act de 2018.
De hecho, el DRNA ha prometido un trato «uniforme y equitativo» por medio de la aplicación de la ley federal de Política Uniforme de Asistencia para la Reubicación y Adquisición de Bienes Inmuebles de 1970, mejor conocida como la ley URA.
Las expresiones atribuidas al DRNA figuran en cartas que la agencia le ha enviado a los afectados con el proceso de expropiación y que SN ha tenido acceso.
Como dato revelador es preciso destacar que las citadas cartas son firmadas por el secretario del DRNA, Waldemar Quiles. Lo que demuestra que el funcionario personalmente le ha dado seguimiento al proceso expropiación y de canalización del río La Plata.
En esas cartas Quiles ha sostenido que las expropiaciones cumplen un fin público y que por medio de la ley URA se garantizará que los ciudadanos reciban el justo valor por aquella propiedad que será expropiada.
Dudan del fn público
No obstante, los afectados por las expropiaciones, especialmente los agricultores, expresaron dudas de que el proceso cumpliera en realidad un fin público.
«Nos han dicho que las expropiaciones cumplen un fin público, pero hay dudas de que eso sea cierto. No sabemos si al final estamos favoreciendo un fin privado, que nuestras empresas agrícolas desaparezcan para darle paso a empresas privadas», dijo uno de los agricultores afectados, quien solicitó permanecer en el anonimato para evitar ser objeto de represalias.
De acuerdo con los agricultores entrevistados por SN, no es una coincidencia que mientras toma velocidad el proceso de expropiación surjan a la luz pública detalles del proyecto Dorado Waterfalls. Alegadamente, es una confirmación de que el citado desarrollo será el principal beneficiado de la canalización del río La Plata.
De acuerdo con El Nuevo Día, el proyecto Dorado Waterfalls ofrecería 1,518 apartamentos, 18 villas y 60 suites de hotel También incluye unos 120,000 de amenidades, 88,000 pies cuadrados de espacio comercial y 66,000 pies dedicados a oficinas y clínicas médicas.
El proyecto, que fue propuesto por la empresa DRDBuildco, se edificará en un predio de 233.7 cuerdas ubicadas cerca del Río La Plata.
El alcalde de Dorado, Aníbal José Torres, sostuvo que Dorado Waterfalls está «en una etapa de evaluación preliminar y permanece a la espera de que los proponentes sometan la evidencia de cumplimiento ambiental, así como toda la documentación requerida por los reglamentos aplicables”.
El 28 de octubre de 2025 el DRNA radicó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una demanda de expropiación de 12 parcelas localizadas en las inmediaciones del cauce del río La Plata, entre Dorado y Toa Baja. Entre las parcelas figuran varias que pertenecen a la Autoridad de Tierras y que actualmente están alquiladas a varios agricultores.
Relocalización costosa
De hecho, estos agricultores se encuentran totalmente contrariados debido a que el proceso de expropiación ha estado acompañado de una gran incertidumbre. Especialmente porque el proceso de expropiación comprende relocalizar al agricultor en otra finca, pero el costo de esa relocalización lo debe pagar el agricultor y luego se le reembolsarán esos gastos.
Para el proceso de relocalización el DRNA contrató a la empresa PG Engineering Solutions, PSC (PGES), cuyo presidente es el ex candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Carlos Pesquera.
De hecho, SN supo que determinados agricultores no han estado satisfechos con la fincas de la Autoridad de Tierras que PGES a ofrecido como alternativa de relocalización, debido a que no garantiza los beneficios que ofrece la finca que el agricultor deberá abandonar.
Alegadamente, PGES ha ofrecido fincas ubicadas en zonas pantanosas, en comunidades atacadas por la criminalidad, o que utilizan la finca como vertedero. Otra queja de agricultores es PGES ha ofrecido fincas que no poseen tierras llanas o que carecen de infraestructura agrícola para garantizar grandes extensiones de cultivos.
«No sabemos cómo vamos a quedar. Nos están prometiendo ubicarnos en otra finca pero todo el trabajo que se ha hecho aquí (la finca que deberá abandonar) lo vamos a perder.Eso no es justo», sostuvo otro agricultor que será afectado por el proceso de expropiación.
Incluso, todos los gastos adicionales para adecuar la nueva finca serán reembolsables hasta un límite de $30,000. Estas tareas incluyen, por ejemplo, establecer los servicios de agua y luz o la construcción de un servicio sanitario.
Sin compensación
No obstante, el agricultor se enfrenta a la realidad de que no serán compensados por toda la inversión económica en que incurrió para establecer los cultivos en la finca que deberá abandonar. Tampoco serán compensados por el ingreso que dejarán de obtener debido al proceso de expropiación.
Además, no serán compensados por los pagos mensuales de alquiler a la Autoridad de Tierras, una entidad que alquiló las fincas en conocimiento de que eventualmente la actividad agrícola que lograra florecer en esas parcelas sería perjudicada por el proceso de expropiación.
De hecho, aunque la demanda de expropiación se radicó en el tribunal en octubre de 2025, ya en mayo de ese año el secretario Quiles había establecido comunicación con los afectados y le había prometido un trato «uniforme y equitativo».
SN solicitó al secretario Quiles una reacción sobre las denuncias sobre que el proyecto Dorado Waterfalls es el principal beneficiario de la canalización del río La Plata.
“La canalización del río La Plata es uno de los proyectos de infraestructura más abarcadores en toda la nación Americana. Luego de décadas de estudios, finalmente el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos aprobó este proyecto», dijo Quiles por medio de declaraciones escritas.
“Los procesos de expropiaciones de terrenos, cónsonos con los planos para el proyecto del Cuerpo de Ingenieros, son parte de los trámites. Destacamos que, aunque se someta solicitud de expropiación, no necesariamente equivale a que al final del proceso se materialice la misma. Como hemos explicado, este es un proyecto de envergadura que está bajo los parámetros del Cuerpo de Ingenieros”, explicó el secretario.
Quiles indicó que los trabajos incluyen mejoras en unas 4.8 millas de canal, al igual que unas 6.22 millas de diques de terraplén que serán reconstruidos. Igualmente se estarán realizando trabajos para proveer mayor protección contra la socavación de varios puentes, alcantarillas, y la reubicación de un sistema de acueducto de agua potable de 72 pulgadas, al igual que acciones de mitigación ambiental, entre otros.
«Esto se hace para asegurar la vida y propiedad de los residentes de varios municipios que se afectan con las inundaciones”, advirtió. No obstante, el secretario no respondió a las denuncias sobre que el proyecto Dorado Waterfalls es el principal beneficiario de la canalización del río La Plata.
