San Juan – A solo días del cierre del periodo de ventas de seguros agrícolas y a las puertas del inicio de la temporada de huracanes 2026, el Departamento de Agricultura y la Corporación de Seguros Agrícolas (CSA) informaron que este año se ha registrado un aumento significativo en la cantidad de agricultores asegurados en comparación con años anteriores para esta misma fecha.

Según datos actualizados al 15 de mayo de 2026, la Corporación de Seguros Agrícolas ha recibido 4,137 solicitudes de seguros agrícolas para el año póliza 2026-2027, superando las 3,857 solicitudes registradas en 2025-2026 y las 3,811 solicitudes del ciclo 2024-2025, reflejando un crecimiento sostenido en la participación de agricultores que han optado por proteger sus cultivos y operaciones agrícolas.

“El aumento en agricultores asegurados demuestra que nuestro sector agrícola está tomando conciencia sobre la importancia de proteger sus cultivos ante eventos atmosféricos. Las lluvias recientes y la cercanía de la temporada de huracanes han servido como recordatorio de la vulnerabilidad que enfrentan nuestras fincas y la necesidad de estar preparados”, expresó el secretario de Agricultura, Agro. Irving Rodríguez Torres.

El titular de Agricultura reiteró que todavía quedan pocos días para asegurar las fincas y exhortó a aquellos agricultores que aún no han completado el proceso a hacerlo antes del cierre del periodo de ventas el próximo 31 de mayo de 2026.

“Todavía estamos a tiempo de proteger nuestras cosechas. No queremos que ningún agricultor quede desprotegido en plena temporada de huracanes. El seguro agrícola es una herramienta esencial para garantizar la continuidad de las operaciones agrícolas y la recuperación económica tras un evento atmosférico”, añadió Rodríguez Torres.

Por su parte, el director ejecutivo de la Corporación de Seguros Agrícolas, Lcdo. Javier Lugo Rullán, destacó que el incremento en solicitudes refleja la confianza del sector agrícola en el programa de seguros y en los mecanismos de apoyo disponibles para reducir el costo de las primas.

“Este crecimiento en solicitudes es sumamente positivo y refleja que cada vez más agricultores reconocen el valor de contar con una cubierta de seguro. Sin embargo, aún hay agricultores que faltan por asegurar sus fincas y queremos reiterarles que quedan muy pocos días para hacerlo”, sostuvo Lugo Rullán.

El director ejecutivo recordó que el Departamento de Agricultura ofrece subsidios para ayudar a reducir el costo de las primas, incluyendo un subsidio de 35% durante el mes de mayo, hasta un máximo de $5,000 por agricultor por región agrícola. Además, el Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA) ofrece financiamiento a 12 meses mediante un trámite simplificado.

Actualmente, la CSA ofrece protección para cultivos como café, plátano, guineo, cítricos, aguacate, mango y otros frutales, entre otros cultivos elegibles bajo el Programa de Seguros Agrícolas 2026-2027.

Asimismo, el Departamento exhortó a todos los agricultores a registrar sus fincas ante la Farm Service Agency (FSA), requisito importante para acceder a programas federales, ayudas agrícolas y seguros catastróficos.

Para orientación o para completar el proceso de solicitud, los agricultores pueden comunicarse con la Corporación de Seguros Agrícolas al 787-722-2748 o 787-829-2900.

Por Miguel Díaz Román

La fiscalización de importaciones de parte del Departamento de Agricultura (DA) para evitar prácticas desleales como el «dumping» y el contrabando de productos agrícolas prohibidos, ha sido prácticamente inexistente durante los primeros de 17 meses de gestión del secretario de Agricultura, Irving Rodríguez, lo que ha contribuido a un aumento significativo de las pérdidas de los agricultores y en el decomiso del producto fresco del país. 

La situación es tan grave que actualmente existen extensos inventarios de huevos en peligro real de ser decomisados y amplias cosechas de plátanos en franco proceso de maduración debido a que los mercados naturales de estos productos se han visto inundados por productos importados de aparente legalidad y por productos importados ilegales que llegan al país por contrabando.

Según fuentes de SN vinculadas al DA, la fiscalización de importaciones por razones fitosanitarias  es prácticamente inexistente debido a que la nueva administración del secretario Rodríguez «no cree en fiscalizar a los importadores y ni a los supermercados». 

De hecho, la fuente sostuvo que como resultado de la actitud de permisividad que ha asumido el DA con respecto al producto extranjero legal e ilegal, las importaciones han registrado un aumento sin precedentes tanto en huevos como en plátanos. 

SN ha podido confirmar que las importaciones semanales de huevos desde los Estados Unidos han crecido sustancialmente mientras que los especiales de huevo importado a precios bajísimos  han abarrotado los shoppers de las cadenas de supermercados en toda la isla desde comienzos del 2026. 

Aumento importaciones

«Ha habido un aumento en la entrada de furgones semanales de huevo importado y eso ha provocado que tengamos «los coolers» llenos de huevo del país que no se vende por el huevo importado a bajos precios», dijo Steven Benítez, que es el presidente de la empresa productora de huevos del país Cinderella Poultry.

Hasta el pasado año entraban al país cada mes entre 120 y 140 furgones procedentes de Estados Unidos, mientras que los productores locales producen cerca de 40 furgones de huevos mensuales.  Cada furgón puede traer  900 cajas con 30 docenas de huevos. 

Benítez explicó que la dificultad para detener las importaciones por «dumping» obedecen a que para el gobierno federal Puerto Rico es parte del mercado estadounidense, lo que implica que las ventas de huevos a bajos precios no se consideran una competencia desleal. 

«Como somos territorio de los Estados Unidos nos consideran locales», dijo Benítez. 

El «dumping» es una práctica comercial internacional en la que una empresa exporta productos a un precio inferior de sus costos de producción para eliminar la competencia.Se considera competencia desleal, y los países afectados suelen aplicar derechos antidumping para proteger a las industrias nacionales.

El huevo como gancho

«Está ocurriendo una sobre entrada de huevo importado después de la crisis de la gripe aviar en los Estados Unidos . El huevo siempre se ha tomado para llamar la atención en los supermercados, lo que se llama un gancho (para atraer clientes). Si buscas las estadísticas del DA verás que este mes han entrado muchos vagones más que los meses anteriores», dijo Benítez, quien también es el ex presidente Fondo para el Fomento de la Industria de Huevos de Puerto Rico.

De hecho, el secretario Rodríguez acudió recientemente a las vistas de presupuesto en el Senado y en toda su exposición no mencionó el grave problema de las importaciones legales e ilegales.

«Todo eso no va a la par con lo que ocurre en Puerto Rico donde sube el diesel, suben los insumos y lo único que baja es el precio del huevo. Ya uno tiene unos costos de insumo y se nos hace difícil competir. Están todas las tiendas abarrotadas de huevo importado. Lo único que hay que hacer es trabajar con las cadenas de supermercados para que sean conscientes que ellos mismos pueden afectar la industria local con ese tipo de acción que están haciendo. No es que usen el huevo de gancho. Es por qué llegan tantos (furgones) y de corrido», se quejó Benítez.

Sostuvo que actualmente el incremento en la entrada de furgones al país asciende entre cinco y diez furgones semanales más. Explicó que la entrada masiva de huevo importado ha detenido la venta del huevo del país. 

«En este momento tenemos mucho huevo en los  «los coolers» porque la venta se aguantó. Hay dos cosas con ese huevo, o lo vendes barato, si hay la oportunidad de hacer un especial, o lo entierras», dijo el conocido agricultor. 

Benítez reveló que encabeza un esfuerzo junto con otros productores de huevos para negociar con las cadenas de supermercados y acordar una venta especial.

Buscando la venta especial

«Estamos en negociación con cadenas de supermercados para lograr la venta del huevo en almacén. En eso nosotros también perdemos mucho dinero. Esto es un arreglo para unas semanas. Pero ya en un par de semanas tenemos lo mismo otra vez, los almacenes llenos de huevo», advirtió.

«Aquí lo que estamos buscando no es controversia con el gobierno. Aquí lo que estamos buscando es que el gobierno diga que hay que hacer algo y los supermercados no solo digan que apoyan al agricultor de aquí, sino que lo demuestren y no hablen para las gradas. Estamos en una crisis de la industria del huevo y es una crisis grande y fuerte. Si no se logra algo rápido  pronto va a haber mucha pérdida», dijo Benítez.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Agricultores de Maunabo, Solano Burgos, denunció que el plátano del país ha sido desplazado de los restaurantes, cafeterías y de los supermercados por un plátano sin cáscara importado que se vende congelado en un empaque al vacío y por un plátano sin cáscaras empacados en envases que contienen agua y sal.

Prefieren el plátano importado

El líder agrícola también denunció que se ha estado importando cajas de plátanos con cáscara el cual tiene gran acceso al mercado de los restaurantes y de las cafeterías.

El plátano importado sin cáscara no está sujeto a las inspecciones fitosanitarias del DA debido a que se le extrae la cáscara y se empaca al vacío. Pero el plátano importado con cáscara y empacado en cajas de cartón estaría sujeto a las inspecciones fitosanitarias del DA y su entrada al país está prohibida.

Burgos indicó que estas cajas de plátano con cáscara llegan al país por contrabando.

«Nuestra cosecha se nos ha quedado y lo que hemos tenido son pérdidas. Los restaurantes son nuestros principales clientes y este año se han ido por el plátano importado que es más barato pero que no es más fresco y no tiene igual sabor que el plátano fresco del país», dijo Burgos.

El líder agrícola reveló que numerosos agricultores de la zona este ya han sufrido cuantiosas pérdidas porque el mercado de los restaurantes y las cafeterías prácticamente se cerró para el producto fresco del país debido al bajo precio de plátano importado en sus diversas modalidades.

«Se nos están madurando los plátanos y el plátano maduro que no podemos vender tenemos que regalarlo o tirarlo a la basura. Las pérdidas han sido grandes y todavía estamos empezando en esto. ¿Y qué está haciendo el DA para detener este contrabando?», explicó Burgos.

San Juan – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, anunció hoy la publicación del Informe de Auditoría OC-26-27, correspondiente a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, en el cual se identificaron múltiples incumplimientos legales, debilidades de control interno y deficiencias significativas en la administración del Fondo de Mejoras Municipales y otras operaciones relacionadas. El período auditado está comprendido del 1 de julio de 2015 al 31 de marzo de 2023.

La auditoría emitió una opinión adversa, lo que significa que las pruebas realizadas y la evidencia recopilada reflejan que las operaciones examinadas no se llevaron a cabo conforme a la ley y reglamentación aplicable.

“La sana administración pública requiere controles firmes, transparencia absoluta y respeto irrestricto al uso de los fondos públicos. Cuando esos principios fallan, se afecta la confianza ciudadana y la capacidad del Gobierno para servir con justicia y eficiencia”, expresó la Contralora Vega Fournier.

El Informe contiene dos hallazgos principales relacionados con los objetivos de auditoría, un hallazgo adicional sobre otros asuntos detectados y un comentario especial referente a la falta de personal para atender las responsabilidades delegadas a la Autoridad.

Uno de los señalamientos más significativos corresponde a $297,177 pagados contrario a las disposiciones contractuales. La auditoría examinó contratos otorgados a entidades sin fines de lucro y determinó que la Autoridad efectuó desembolsos sin contratos vigentes, incluyendo pagos realizados antes del otorgamiento formal del contrato y luego de vencida su vigencia.

Asimismo, para ocho contratos por $375,820, la Autoridad requirió tardíamente —o no requirió— informes sobre el uso de los fondos o la devolución de sobrantes, lo que provocó que $262,732 no estuvieran disponibles para atender obras y servicios en beneficio de la ciudadanía.

La auditoría también reveló que en siete contratos por $385,000 no se especificaron claramente las obras, las mejoras permanentes, los servicios a prestar, ni los beneficiarios de los fondos asignados, situación que aumenta el riesgo de uso indebido de recursos públicos y dificulta la fiscalización.

Además, en un caso específico, se determinó que fondos por $30,000 fueron utilizados de una resolución distinta a la establecida contractualmente, en violación a los términos pactados.

En cuanto al segundo hallazgo, la Contralora informó que la entonces directora de Finanzas, Contabilidad y Presupuesto realizó funciones incompatibles entre sí, tales como pre intervenir justificantes de desembolso, emitir y firmar cheques, y registrar pagos, lo que representa una clara falta de segregación de deberes y eleva el riesgo de errores o irregularidades no detectadas oportunamente.

Igualmente, se encontró que la Autoridad carecía de reglamentación adecuada para procesos esenciales de contabilidad y finanzas, incluyendo preparación y registro de comprobantes de desembolso, conciliaciones bancarias y emisión de cheques. También se determinó que el Reglamento del Fondo de Mejoras de 2024 no había sido presentado ante el Departamento de Estado, pese a contener requisitos aplicables a terceros.

Otro hallazgo importante se relaciona con contratos no registrados ni remitidos a la Oficina de la Contralora, como exige la ley. Se identificaron seis contratos por $113,500 formalizados con una entidad sin fines de lucro que no fueron registrados ni remitidos, pese a que se efectuaron pagos relacionados con dichos acuerdos.

También se determinó que la Autoridad incumplió con el envío de certificaciones anuales requeridas por ley para los años fiscales del 2015-16 al 2021-22 y remitió diez informes mensuales de nómina y puestos con tardanzas de entre 3 y 30 días.

En sus comentarios oficiales, la gerencia indicó que muchas de las deficiencias señaladas habían sido atendidas mediante nueva reglamentación y controles internos, incluyendo procesos de verificación desde la solicitud legislativa hasta la aprobación final de asignaciones. 

También expresó que el incumplimiento relacionado con contratos no radicados y certificaciones anuales fue subsanado para evitar recurrencia. Sin embargo, la Oficina de la Contralora sostuvo los hallazgos tras evaluar las respuestas recibidas.

Como comentario especial, la auditoría destacó que la Autoridad no cuenta con suficiente estructura administrativa para cumplir las funciones del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes (PIR), encargado de manejar cientos de solicitudes legislativas y cerca de mil contratos anuales. Según el informe, esta insuficiencia obligó a contratar servicios externos y contribuyó a retrasos operacionales.

Entre las recomendaciones emitidas, la Contralora ordenó recobrar $410,677 a entidades sin fines de lucro, fortalecer la fiscalización de fondos, asignar personal suficiente al PIR, asegurar la revisión legal de contratos, implementar sistemas electrónicos de transparencia ciudadana, registrar oportunamente contratos, corregir deficiencias reglamentarias y adiestrar personal financiero en el uso del sistema contable.

“Nuestro deber constitucional exige impulsar correcciones, prevenir reincidencias y proteger cada recurso público que pertenece al pueblo de Puerto Rico. Exhortamos a la Autoridad a implementar con urgencia todas las recomendaciones emitidas las que evaluaremos en seis meses.”, concluyó Vega Fournier.

(Capitolio)— El Senado considera un paquete de medidas legislativas que proponen crear el primer Código de Pesca de Puerto Rico y además proteger derechos, ordenar la regulación, fortalecer villas pesqueras, crear un Registro Unificado de Pescadores, impulsar microempresas, profesionalizar el sector y abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico en las comunidades costeras.

Las medidas, que fueron radicadas por la senadora Roxanna Soto Aguilú, pretenden atender, por primera vez de manera articulada, moderna y multisectorial, los principales retos que enfrenta la pesca en Puerto Rico. 

Las medidas proponen una nueva visión pública para el sector pesquero, basada en pilares fundamentales de regulación clara, derechos del pescador, infraestructura pesquera, recopilación de datos, desarrollo económico local, acceso justo a incentivos, manejo sostenible y profesionalización de la cadena de valor pesquera.

La pieza central del paquete es el Proyecto del Senado 1232, que propone crear el Código de Pesca de Puerto Rico, un estatuto amplio y uniforme para organizar en un solo cuerpo legal la normativa aplicable a la pesca comercial, recreativa, deportiva, turística y científica, así como a la acuicultura, maricultura, desembarque, transportación, trazabilidad, fiscalización y comercialización de los recursos pesqueros y acuáticos.

“Puerto Rico tiene una relación histórica, económica, alimentaria y cultural con el mar, pero durante demasiado tiempo la política pública pesquera ha estado fragmentada. Con este paquete legislativo estamos atendiendo la pesca desde todos los frentes: protegemos el recurso, reconocemos al pescador, fortalecemos las villas pesqueras, promovemos la capacitación, damos herramientas económicas a los municipios, mejoramos la recopilación de datos y abrimos paso a una industria más formal, más ordenada y con mayor capacidad de crecimiento”, expresó Soto Aguilú.

Según la legisladora, el Código de Pesca busca sustituir un modelo disperso por una estructura legal coherente que brinde certeza jurídica tanto al pescador como al Estado. La medida atiende asuntos como licencias, permisos, registros, operadores autorizados, embarcaciones, torneos, operaciones turísticas, vedas, tallas, cuotas, zonas reguladas, trazabilidad, inspección, decomiso, sanciones, información pesquera y coordinación interagencial.

“Este Código no es una simple recopilación de normas. Es una reforma estructural. Por primera vez se propone un marco jurídico integrado para que Puerto Rico pueda regular, fiscalizar, conservar y desarrollar el sector pesquero con reglas claras, modernas y uniformes”, añadió Soto Aguilú.

Como parte de esa misma visión de ordenamiento, la senadora también destacó el Proyecto del Senado 952, presentado previamente, que propone crear el Registro Unificado de Pescadores en Puerto Rico. Esta medida busca integrar en una base de datos centralizada, digital e interactiva a pescadores comerciales, recreativos y de subsistencia, con el propósito de mejorar la planificación pública, la recopilación de estadísticas pesqueras, la emisión de licencias y permisos, la seguridad, la educación, la conservación y el manejo sostenible de los recursos marinos.

Soto Aguilú explicó que la ausencia de un registro unificado limita la capacidad del Gobierno para conocer con precisión quiénes participan en la actividad pesquera, bajo qué modalidad, con qué nivel de esfuerzo pesquero y cómo esa actividad incide sobre los recursos marinos. La medida propone que el registro sea administrado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, e incluye mecanismos de inscripción, reportes de captura, protección de datos personales, integración con sistemas existentes y reglamentación dentro de un término de 180 días.

“Para proteger el recurso y apoyar al pescador, el Gobierno necesita información confiable. No se puede manejar adecuadamente lo que no se mide. El Registro Unificado de Pescadores nos permite tener una visión más completa de la actividad pesquera en Puerto Rico, mejorar la toma de decisiones y fortalecer la conservación sin perder de perspectiva la realidad del pescador”, sostuvo la senadora.

Como complemento directo al Código de Pesca, la senadora presentó el Proyecto del Senado 1231, para crear la Carta de Derechos del Pescador de Puerto Rico. Esta medida reconoce derechos básicos del pescador frente al aparato gubernamental, incluyendo orientación clara y oportuna, acceso a información actualizada, trato administrativo justo, asistencia regional, coordinación interagencial y referidos adecuados a programas de apoyo, certificación, incentivos, financiamiento y capacitación.

“Regular no puede significar abandonar al pescador en un laberinto administrativo. Si el Estado exige cumplimiento, también tiene que orientar, asistir y facilitar procesos razonables. La Carta de Derechos del Pescador afirma que detrás de cada licencia, cada embarcación y cada desembarque hay una persona, una familia y una comunidad costera que merecen respeto institucional”, sostuvo.

El paquete también incluye el Proyecto del Senado 1230, que crea la Ley para el Desarrollo, Inventario, Fortalecimiento y Regulación de las Villas Pesqueras de Puerto Rico. Esta medida ordena levantar un inventario oficial de villas pesqueras, clasificarlas, identificar sus necesidades, promover su rehabilitación y establecer una política pública uniforme para su uso, administración y aprovechamiento como infraestructura estratégica del sector pesquero.

Soto Aguilú destacó que las villas pesqueras deben dejar de verse únicamente como estructuras físicas y comenzar a tratarse como centros de actividad económica, comunitaria, turística y productiva.

“Las villas pesqueras son puntos de desembarque, acopio, venta directa, organización comunitaria, orientación, capacitación y desarrollo económico. Sin un inventario claro, sin criterios uniformes y sin planificación, el Gobierno no puede saber cuáles están operando, cuáles necesitan rehabilitación y cuáles pueden convertirse en motores de actividad económica costera”, indicó la senadora.

En el frente de desarrollo económico municipal, el Proyecto del Senado 1228 propone enmendar el Código Municipal de Puerto Rico para reconocer expresamente la facultad de los municipios de fomentar industrias locales compatibles con su realidad territorial, incluyendo la pesca y las microempresas vinculadas a la industria pesquera. La medida permitiría a los municipios desarrollar programas, alianzas, mecanismos de apoyo, espacios de incubación, capacitación y proyectos de fortalecimiento económico local relacionados con la pesca.

“Muchas oportunidades de la pesca ocurren a escala municipal: venta directa, fileteo, empaque, distribución local, puntos de expendio, turismo pesquero compatible, cooperativas y pequeños negocios. Queremos darle a los municipios una base legal clara para apoyar esas iniciativas sin imponerles cargas fiscales irrazonables”, explicó.

Asimismo, el Proyecto del Senado 1229 atiende una preocupación práctica del sector pesquero relacionada con la certificación de Agricultor Bona Fide y el acceso a incentivos bajo la Ley 60-2019 y la Carta de Derechos y Deberes del Agricultor. La medida busca aclarar que el ingreso de un cónyuge que no participa en la operación pesquera no debe convertirse automáticamente en una barrera para que un pescador comercial se cualifique para beneficios, incentivos o certificaciones aplicables.

“Si un pescador sostiene una operación legítima y su cónyuge tiene otro empleo para complementar el ingreso familiar, eso no debe usarse de manera automática para cerrarle la puerta al sistema de incentivos. Esta medida busca justicia administrativa, claridad y uniformidad para que los pescadores comerciales puedan acceder a beneficios que ya el ordenamiento reconoce en términos generales”, señaló Soto Aguilú.

Finalmente, el Proyecto del Senado 1227 propone crear la Ley para el Desarrollo de Capacitación Pesquera, Manejo Postcaptura, Comercialización Legal y Valor Añadido en Puerto Rico. Esta medida establece una política pública dirigida a capacitar pescadores y personas vinculadas a la cadena de valor pesquera en áreas como manejo postcaptura, fileteo, empaque, conservación, inocuidad, trazabilidad, documentación, mercadeo, comercialización legal y valor añadido.

La senadora enfatizó que el valor económico de la pesca no termina cuando la embarcación llega al puerto.  “Una pesca fuerte no depende únicamente de cuánto se captura, sino de cómo se maneja, cómo se conserva, cómo se documenta, cómo se procesa y cómo se lleva legalmente al mercado. Profesionalizar la cadena de valor pesquera significa reducir pérdidas, aumentar ingresos, abrir mercados y convertir el esfuerzo del pescador en mayor oportunidad económica”, afirmó.

Soto Aguilú sostuvo que este paquete legislativo reconoce la pesca como una actividad que combina conservación ambiental, seguridad alimentaria, desarrollo económico, identidad cultural, turismo, actividad científica y sustento familiar.

“Estamos proponiendo una nueva arquitectura pública para la pesca en Puerto Rico. Este no es un paquete de medidas aisladas; es una agenda completa. El Código organiza la regulación. El Registro Unificado permite datos confiables para tomar mejores decisiones. La Carta de Derechos reconoce al pescador. La ley de villas pesqueras atiende la infraestructura. La enmienda al Código Municipal promueve el desarrollo económico local. La medida de Agricultor Bona Fide garantiza acceso justo a incentivos. Y la ley de capacitación profesionaliza la cadena de valor. Esa es la visión: atender el sector pesquero de manera completa, responsable y moderna”, concluyó.