Esencia: el ambientalismo selectivo y la hipocresía de clase

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Por Luis Aníbal Avilés

En Cabo Rojo estamos teniendo el debate equivocado. (Vivo en Cabo Rojo part time). Nos dicen que el problema con Esencia es ambiental. Que si el agua. Que si los manglares. Que si la huella ecológica. Todo eso importa. Claro que importa. Pero no nos engañemos: ese no es el verdadero eje del conflicto.

Porque si fuera un tema ambiental puro, Combate no existiría como existe hoy. Combate es el mejor contraejemplo de la narrativa moral que se está vendiendo. Allí se permitió, por décadas, un desarrollo desordenado, fragmentado, sin planificación integral, con impacto acumulativo real sobre el ecosistema costero. Casas, alquileres, presión sobre infraestructura, uso intensivo del litoral. Y nadie levantó la bandera con la misma intensidad.

¿Por qué? Porque Combate es un desarrollo de clase media. Orgánico. Caótico. Socialmente aceptable. Esencia, en cambio, es otra cosa. Es capital grande. Es lujo. Es diseño. Es inversión estructurada. Y ahí sí aparece la conciencia ambiental como si fuera un interruptor moral.

Ese doble estándar es el problema.

No se puede decir que algo es inaceptable ambientalmente cuando ya aceptaste lo mismo, o peor, durante décadas, simplemente porque era más accesible socialmente. Entonces pongamos el debate donde es.

Esto no es ricos versus ambiente. Esto es también ricos versus pobres.

Y eso no significa que Esencia esté bien como está. No lo está. El propio expediente ambiental lo deja claro. La Declaración de Impacto Ambiental reconoce una demanda de agua extraordinaria para un ecosistema semiárido (OGPe, 2024).

Investigaciones independientes estiman esa demanda en más de un millón de galones diarios (Centro de Periodismo Investigativo, 2025). En un municipio con problemas recurrentes de abasto, eso no es trivial. Es estructural.

A eso se suman los señalamientos técnicos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que identificó deficiencias sustanciales y advirtió impactos significativos sobre flora, fauna y uso de suelo (DRNA, 2024; Claridad, 2024).

Y no estamos hablando de un proyecto pequeño. Esencia abarca más de 1,500 cuerdas, una escala que por definición activa preocupaciones de impacto acumulativo (El Nuevo Día, 2024).

Todo eso es real. Todo eso es serio. Pero aquí es donde el debate se rompe. Porque si aplicáramos ese mismo estándar de rigor a todo el litoral de Puerto Rico, tendríamos que replantear medio país.

Lo que pasa es que no lo hacemos. Como ha señalado la teoría urbana, muchos conflictos territoriales reflejan tensiones de clase tanto como preocupaciones ambientales (Harvey, 2008). Y en la práctica, la gestión de recursos comunes exige reglas consistentes, no aplicación selectiva dependiendo del actor económico (Ostrom, 1990).

Ahí está el punto incómodo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Rechazamos todo desarrollo? No.
Puerto Rico necesita inversión. Necesita actividad económica. Necesita proyectos que generen empleo y expandan la base contributiva. Pero necesita hacerlo bien.

El propio concepto de desarrollo sostenible exige satisfacer necesidades presentes sin comprometer las futuras (World Commission on Environment and Development, 1987). Y eso implica rediseño, no rechazo automático.

Si Esencia quiere existir, tiene que transformarse. Primero, agua. No puede depender del sistema público. Tiene que internalizar su consumo con soluciones propias. Reciclaje total. Sistema cerrado. Cero carga adicional sobre Cabo Rojo.

Segundo, escala. Reducir huella. Eliminar excesos como campos de golf intensivos en agua. Adaptarse al ecosistema, no al revés.

Tercero, infraestructura. Si van a llegar, que traigan inversión real. Sistemas de agua, energía renovable, tratamiento moderno. Eso beneficia a la comunidad, no solo al proyecto.

Cuarto, cumplimiento vinculante. No promesas. Condiciones ejecutables. Supervisión independiente. Penalidades reales.

Eso es desarrollo sustentable. Lo demás es postureo.

Puerto Rico ya tiene política pública ambiental clara. La Ley 416-2004 exige evaluación rigurosa de impactos significativos. La Ley 33-2019 impone criterios de resiliencia climática. El problema no es falta de normas. Es falta de consistencia.

Si vamos a proteger el ambiente, lo protegemos siempre. Si vamos a permitir desarrollo, lo hacemos bien. Lo que no se vale es usar el ambiente como excusa cuando el problema real es quién puede pagar por vivir allí.

Menos hipocresía. Más consistencia. Más rigor. Ese es el debate que toca.

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Presidente Oriental Bank urge a encontrar una mejor ‘‘visión de país’’

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Miguel Diaz Roman
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Por Sharon Minelli Pérez (publicado por El Nuevo Día el 31 marzo de 2026)

Para José Rafael Fernández, principal ejecutivo de OFG Bancorp, Puerto Rico está en una encrucijada que requiere diseñar “una visión de país”, no sujeta a vaivenes partidistas, y que guía la economía a un terreno sostenible cuando los fondos federales de recuperación comiencen a mermar.

“Todo empieza con liderazgo. Puerto Rico tiene que tener mejores líderes a nivel público y a nivel privado. Sin liderazgo, no hay una visión que se crea, no hay un plan estratégico que se desarrolla y no hay ejecución”, afirmó Fernández, al participar como orador del conversatorio mensual de la Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros (APAF).

El evento, lleno a capacidad con miembros de la organización y de sectores como la banca, las finanzas y los seguros, se celebró el pasado jueves en un restaurante de Condado.

Al entrar en detalle, Fernández planteó que “Puerto Rico atraviesa hoy un momento estructuralmente distinto con una economía más fuerte, mayor actividad empresarial y nuevas inversiones”, pero que necesita atender problemas de infraestructura, acceso a talento y disciplina fiscal en el gobierno para sacar provecho a ese potencial.

“La pregunta es ¿qué va a pasar del 2026 en adelante, a medida que los fondos federales empiecen a mermar y en la medida en que todavía tenemos que resolver el tema de la Autoridad de Energía Eléctrica y su quiebra?”, cuestionó.

Al observar la situación actual de Puerto Rico, Fernández celebró que en meses recientes se hayan revelado “cerca de $2,000 millones de inversiones, por lo menos programadas, que serán como 4,000 nuevos empleos”.

“Creo que hay en camino varias más para anunciarse”, agregó.

Sin embargo, alertó que los retos de una infraestructura saturada y añeja pueden ser obstáculos para crecer esa lista.

Y, en el caso de las biociencias, una de las mayores apuestas de Invest Puerto Rico y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio por la experiencia acumulada en la fuerza laboral local, compartió una advertencia adicional: “Hoy por hoy, esos negocios de dispositivos médicos y de farmacéuticas no necesitan tanta mano de obra. Dependen mucho más de la tecnología”.

GESTIÓN QUE PROLONGA LA JUNTA FISCAL

“La pregunta que hay que hacerse es: Con la infraestructura que tenemos, ¿estamos suficientemente preparados para recibir a esos inversionistas o tenemos que invertir en tecnología, en infraestructura

José Rafael Fernández, principal oficial ejecutivo de Oriental Bank, urgió a diseñar una visión de país que guíe la economía a terreno sostenible luego de que los fondos de recuperación comiencen a mermar. de país?”, cuestionó el también líder de Oriental Bank.

En esa línea, lamentó que la evidencia apunte a que el gobierno no está mostrando “voluntad” ni “interés genuino” para adelantar soluciones.

“No tienen ese corazón puesto ahí. Tienen el corazón puesto en otras cosas, que no son las que añaden valor”, expresó.

Como consecuencia, estimó que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) continuará activa al menos “cinco, seis años” en un rol de “policía” del gobierno, porque no se han cumplido los requisitos de la ley Promesa para que cese operaciones.

“Creo que a Puerto Rico se le presenta una gran oportunidad en ese periodo de tiempo de actuar fiscalmente correcto hacia largo plazo”, opinó.

CLAVE EL ROL DEL EMPRESARIADO

Ante esta realidad, Fernández exhortó a que los empresarios, “como la fuerza civil de un país”, se inserten más en el debate económico y en la presentación de soluciones concretas.

Como ejemplo de esa participación, mencionó un reciente intercambio con 40 líderes del sector privado que, convocados por el Instituto de Competitividad y Sostenibilidad Económica (ICSE), buscaban cómo “insertar a la empresa privada en resolver la quiebra de la AEE”.

“Por primera vez, vi a la empresa privada no darse cuenta, sino tener un sentido de urgencia de que el costo energético en Puerto Rico va a aumentar y de que no hay manera de que lo evitemos y de que la quiebra de la AEE sigue alargándose”, compartió.

Aún así, al abordar la proyección macroeconómica en los próximos cinco años, Fernández se mostró optimista.

“No vamos a seguir creciendo el 2% o 3% de los últimos dos o tres años, pero vamos a estar creciendo entre el 0% y 2%. Vamos a tener altos niveles de liquidez, todavía los fondos federales siguen llegando”, analizó.

Agregó que el nearshoring y el reshoring (como se conoce en inglés la mudanza de operaciones cerca de o en territorio de Estados Unidos, respectivamente) debe aportar también si se concretan nuevas inversiones.

Sin embargo, reconoció que nadie puede predecir lo que se impulse desde el poder ejecutivo de Estados Unidos porque, bajo la presidencia de Donald Trump, se ha tornado “mucho más volátil de lo que hemos vivido en los últimos años”.

“Crea mucha incertidumbre, crea mucha volatilidad y crea entonces ciertas oportunidades. Pero, por otro lado, también crea distorsiones que hay que estar trabajando con ellas”, expuso.

“Sin liderazgo, no hay una visión que se crea, no hay un plan estratégico que se desarrolla y no hay ejecución”

LA FÓRMULA PARA CRECER

En cuanto a los retos que la despoblación de Puerto Rico pueda traer a la cantidad de clientes de Oriental, Fernández, quien ha liderado Oriental por 22 años, apostó a atraer más clientes de la competencia con una fórmula de “banca digital con toque personal”.

“De eso es que se trata, cuando hay un mercado donde 60% de la cuota de mercado está en un banco, es una gran oportunidad. Y son grandes competidores y son amigos nuestros, pero la realidad es que se presenta una oportunidad”, comentó el también presidente de la junta de directores de OFG Bancorp, matriz de Oriental Bank.

En concreto, informó que por los pasados cuatro años, Oriental ha crecido su clientela “más o menos 4%” anual, apoyados en un acercamiento consistente: “invertir con disciplina, ejecutar con enfoque y tomar decisiones pensando en el largo plazo”.

Agregó que, con activos de $12,500 millones, de los cuales cerca de $10,000 millones corresponden a depósitos y $8,200 millones a préstamos, ocupan el segundo lugar en la cuota de mercado en estos renglones. Mientras, en bienes raíces comerciales e hipotecas al detal se ubican en el tercer puesto.

Pero indicó que las métricas que monitorean van a más allá del mercado local, que se ha consolidado hasta dejar solo tres jugadores en la banca comercial de servicio completo: Popular, FirstBank y Oriental. Por ello, se contrastan también con las métricas de “nuestros pares en Estados Unidos”.

“El retorno a los inversionistas en los últimos cinco años de Oriental, no solamente está los primeros cinco, ni tres, ni dos. Somos el banco puertorriqueño, de pura cepa, por 64 años, donde el retorno de los inversionistas es el mejor de los pares bancarios en todo Estados Unidos”, destacó. “Para nosotros es un motivo de mucho orgullo, porque lo hacemos, a la vez, con una posición de capital sumamente fuerte».

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Legislatura considera crear un seguro de responsabilidad obligatorio para embarcaciones 

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Por Miguel Díaz Román

Para atender el alegado problema de los accidentes marítimos causados por embarcaciones  que no tienen seguro, lo que provoca daños cuantiosos a la propiedad ya la infraestructura costera que no son compensados, se ha radicado una medida que crearía el seguro de responsabilidad obligatorio para embarcaciones de motor.  

La medida, el Proyecto de la Cámara 1156, radicado por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez,  y por el representante, Jorge Navarro Suárez, ordena a la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC), que administra el seguro de responsabilidad obligatorio para vehículos de motor, que se haga cargo del nuevo seguro para embarcaciones. 

En su exposición de motivos la medida sostiene que «al igual que ocurre en las carreteras, los accidentes marítimos resultan frecuentemente en daños cuantiosos a la propiedad de terceros y a la infraestructura costera, dejando a las víctimas desprovistas de remedio económico cuando el causante del daño es insolvente o carece de un seguro de responsabilidad». 

«Esta asamblea legislativa reconoce la urgente necesidad de atender el problema de los daños no compensados ​​en nuestras costas, estableciendo un mecanismo que garantiza que toda embarcación de motor que navegue por nuestras aguas territoriales asuma la responsabilidad financiera de su operación», concluye la exposición de motivos.

Los límites de la póliza

La medida propone que la cubierta del seguro garantice un límite por accidente de  $25,000 para daños a la propiedad de terceros que incluye el casco de la embarcación, la maquinaria y daños a los muelles. 

Además, propone $10,000 para lesiones corporales a terceros por persona y  $20,000 por accidente. Otro aspecto de la cubierta es que establece un sublímite de $10,000 para la contención y limpieza de derrames de hidrocarburos en el mar. 

También dispone garantizar $100,000 para la remoción de naufragios de cualquier embarcación de motor, sin distinción de eslora, que represente un peligro a la navegación o para la áreas ecológicas protegidas.

La medida establece que para determinar la prima la ASC deberá encomendar un estudio actuarial que deberá considerar la frecuencia de accidentes marítimos, los costos de reparación de embarcaciones y los costos de mitigación ambiental.

Además, decreta que la  ASC propondrá tarifas para «embarcaciones recreativas hasta 25 pies» y para «embarcaciones recreativas grandes de 26 pies en adelante».

Otra disposición ordena que, con la aprobación de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), se podrán establecer tarifas para otras embarcaciones.

Sin prueba estadística

No obstante, el proyecto carece de evidencia estadística que compruebe el alegado problema de los accidentes marítimos causados ​​por embarcaciones. 

SN entrevistó a los presidentes de tres aseguradoras locales, quienes han planteado dudas sobre que exista una alta incidencia de accidentes de embarcaciones.

Incluso, los tres presidentes plantearon que probablemente la medida busca facilitar una póliza de seguros para las motoras acuáticas (Jet Ski) y para los botes o lanchas pequeñas. 

Jaime González Portilla, presidente de Antilles Insurance Company, sostuvo que la presentación de una medida para garantizar un seguro obligatorio para embarcaciones no estaba muy justificada debido a que se registran muy pocos accidentes de embarcaciones. 

«Yo me sorprendo con estos proyectos. Yo no creo que aquí haya una escasez de seguros de embarcaciones ni de aseguradoras que ofrecen seguro de embarcaciones. Y hay mucha gente que no compra esos seguros porque no es obligatorio. Mucha gente anda por ahí sin seguro (de botes). Me imagino que radicaron la medida por eso.Yo entiendo que la experiencia de las compañías que venden estos seguros es muy buena porque mientras no haya un catástrofe les va muy bien. En años no catastróficos les va bien porque ¿qué le puede pasar a una embarcación? que se encalle, eso no pasa mucho. O que se prenda en fuego o que choque con otra embarcación, eso no pasa mucho», explicó González Portilla.

El ejecutivo indicó que Antilles no vende el seguro para embarcaciones, pero explicó que la agencia general de Antilles, Anglo Puerto Rican Insurance Corporation, tiene numerosos clientes de seguros para embarcaciones los cuales son colocados en la aseguradora Guardian Insurance. González Portilla indicó que es muy probable que la medida busque garantizar un seguro a las embarcaciones pequeñas como los botes y los Jet Ski.

Pocos accidentes

«En embarcaciones de 30 y 35 pies sus dueños las aseguran y son muy pocos los accidentes. Yo no creo que la frecuencia de accidentes en embarcaciones sea un problema. Yo tengo que pensar que las embarcaciones pequeñas, los botes y los Jet Ski, no tienen seguro y quizás por eso radicaron la medida», explicó.

González Portilla indicó que la póliza que propone el PC 1156 requerirá que la ASC tenga que armar un andamiaje completo para manejar esa póliza y realizar un estudio actuarial.

Raymond Fournier, presidente de Guardian Insurance, sostuvo «que la mayoría de los accidentes en el ámbito de las embarcaciones son encallamientos y la parte de responsabilidad pública no ha sido material( no recibe muchas reclamaciones). Nosotros no nos hemos cruzado con gente que haya impactado a un asegurado nuestro y que no tenga seguro. Y yo estoy de cerca en esta línea de negocio en nuestra compañía, yo la empecé originalmente en el 2008. Conocemos de botes», dijo Fournier. 

«Mi experiencia es que los botes de 35 pies o más tienen seguro con una cubierta de responsabilidad pública. Yo tengo que pensar que son los botes pequeños y las motoras acuáticas (Jet ski) las que no tienen seguro. Desde el punto de vista de responsabilidad civil, casos que nosotros nos hayamos encontrado donde el culpable no tiene un seguro han sido muy pocos», comentó González Portilla. 

«Yo creo que esta póliza va atender los jet ski y los botes pequeños de un tamaño menor de 26 pies. Quien tiene invertido medio millón de dólares en una embarcación no va a salir sin seguro, siempre los hay, pero si hay un banco en el medio (ofreciendo financiamiento) estás obligado a tener un seguro», agregó el ejecutivo.

De acuerdo con Fournier, el campo de los seguros de embarcaciones es muy especializado. «Yo no sé si hay mucha gente con el conocimiento en el ajuste de accidentes de botes. Yo creo que tendrán que crear una escuela para ofrecer una licencia de ajustador marítimo y para enseñar normas de navegación».

Campo especializado

«Me preocupa que la ASC tenga que buscar gente con conocimiento para ajustar daños a otros botes, daños corporales y daños ambientales, que incluyen arrecifes. Otro aspecto que me preocupa es la prima. No estamos hablando de $89 , aquí hay daños a terceros, daños a la propiedad, daños ambientales , daños corporales. Esos son muchos chavos y no existe experiencia disponible que nos diga cuál es la prima que tienes que cobrar, ¿Cuál es la estadística?, ¿quién tiene la estadística de los casos de accidentes que llegan a los hospitales y que son causados ​​en accidentes en el mar y no hay seguro para responder? Igualmente, los daños a botes en accidentes…¿de dónde sale la data?», cuestionó Fournier. 

«Si esto está justificado o no no sé. Para las compañías va a ver más negocio nuevo, pero a mucha gente no le interesa hacer Jet Kie y botes pequeños. Lo que más me preocupa es el volumen de negocio (que provocará la nueva póliza obligatoria) y si la gente tendrá el conocimiento para atender las reclamaciones. ¿Cómo se van a atender esas reclamaciones?, ¿dónde está el manual para guiar botes?», sostuvo el ejecutivo.

 En el mercado local las aseguradoras Guardian Insurance, Multinational Insurance, Óptima Seguros, Universal Insurance, Mapfre y  Gary Maxwell Insurance y el agente general Blue Waters ofrecen seguros para embarcaciones.

Por su parte, Alexis Sánchez Géigel, presidente de Mapfre, dijo que son muy pocos los accidentes que afectan a las embarcaciones y a la cubierta de responsabilidad pública. 

«La mayor parte de las embarcaciones tienen seguro de responsabilidad pública y no todas ellas tienen cubierta ambiental. Accidentes como tal de responsabilidad pública son muy poco frecuentes», dijo Sánchez Géigel. 

No será barata

Advirtió que la PS 1156 en realidad propone dos cubiertas, una cubierta ambiental y otra de responsabilidad pública. «Esa prima no será barata y costará más de acuerdo al tamaño de la embarcación. Muchas de esas medidas se inventan los problemas», comentó el ejecutivo.

Sánchez Géigel planteó que la medida es un tanto  incongruente debido a que se propone una cubierta ambiental mientras que las embarcaciones pequeñas no se ven involucradas en accidentes que causen daño ambiental por su poco calado. El calado se define como la distancia vertical entre la línea de flotación y la parte más baja de la quilla de una embarcación, indicando cuánto se sumerge en el agua.

 «Yo no estoy en desacuerdo que se le pida responsabilidad pública, yo creo que siempre es bueno que la gente esté asegurada para que responda por negligencia y por accidente. ¿Qué daño ambiental puede causar un jet ski o una lancha pequeña que nunca llegue a tocar un arrecife?. No es lo mismo que otras embarcaciones con un calado mucho más grande. El daño ambiental es menor en una embarcación pequeña que casi no cala. Eso sí, hay responsabilidad pública porque esas embarcaciones (jet ski) se meten en zonas donde hay gente bañándose y pueden haber accidentes”, explicó el ejecutivo.

La medida dispone que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) tendrá la responsabilidad de emitir la póliza y cobrar la prima en el momento de la renovación del marbete para embarcaciones. La prima y la emisión del seguro también podrán ser cobradas por las colecturías y los bancos.

Cargos a la prima

Además, se descontará un cargo del 5% de la prima para compensar los gastos administrativos de la entidad autorizada a cobrar por la emisión la póliza. Un 1% adicional será destinado al DRNA para sufragar los costos de mantenimiento del sistema de registro de embarcaciones, sistemas de información y la implementación del formulario de selección.

Otra disposición de la medida le ordena a la OCS establecer un comité de trabajo compuesto por representantes de la industria de seguros, la ASC y peritos en navegación del DRNA para diseñar las guías de determinación de negligencia en accidentes acuáticos. 

También deberá adoptar un sistema de determinación inicial de responsabilidad para facilitar el trámite de las reclamaciones de daños a embarcaciones y muelles. El sistema se basará en las reglas de navegación (COLREG) y las guías que adopte el comité de trabajo.

La ASC y los aseguradores privados que suscriben el Seguro Obligatorio Marítimo vendrán obligados a utilizar este sistema para investigar y ajustar las reclamaciones. Dicho sistema proveerá un término razonable, que no excederá 60 días, para emitir una determinación de responsabilidad.

Si el asegurador o la ASC no recibe una notificación de accidente por parte de su asegurado, esto no los exime de cumplir con sus obligaciones. En esos casos, utilizarán el informe del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, la Guardia Costera o el Informe proporcionado por la parte perjudicada para determinar la responsabilidad.

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Averigue todo de su asegurador antes de comprarle un seguro

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Por Jaime González Portilla, presidente de Antilles Insurance Company

Lo más importante al momento de presentar a su aseguradora una reclamación de daños en su propiedad es conocer si ésta tiene la capacidad financiera y cuenta con un servicio ágil y expedito para poder pagarle a usted lo más pronto posible.

El monto total del pago que usted reciba dependerá principalmente de si está debidamente asegurado. Y el pago que usted reciba, después de descontar el deducible, debe ser lo suficiente como para que usted pueda reparar los daños a su casa o negocio.Para las aseguradoras es relativamente sencillo poder atender y pagar reclamaciones cuando no ocurren catástrofes como huracanes y terremotos. 

El asunto se complica cuando ocurre una catástrofe y la aseguradora que normalmente recibe un total de cinco 5,000 reclamos en un año, de la noche a la mañana recibe 30,000 en los primeros dos meses posteriores al evento. 

Los informes financieros que publica anualmente la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) demuestran que desde el paso del Huracán María, que ocurrió en 2017, algunas aseguradoras locales han experimentado un crecimiento bien acelerado en el número de asegurados que han adquirido. 
Algunas aseguradoras han aumentado sus carteras de primas (y por ende el número de pólizas o clientes asegurados) exponencialmente. 

De hecho, algunas de ellas han crecido 10 veces más en relación con el negocio que tenían antes del huracán María. 

Ese crecimiento en el número de clientes significa que cuando ocurra la próxima catástrofe las aseguradoras van a recibir un aumento significativo en el número de reclamaciones. 

El crecimiento en el número de clientes se ha dado principalmente por la salida de dos aseguradoras que quebraron luego del paso del huracán María y cuyos asegurados se inscribieron en el resto de las aseguradoras. 

Otro dato resaltante es que existe una alta concentración de seguros para condominios en una sola aseguradora, lo que implica que cuando ocurra la próxima catástrofe el servicio de reclamaciones de esos asegurados se puede afectar severamente.

Datos que provienen de la propia industria apuntan a que esa aseguradora tiene entre sus asegurados 800 condominios aproximadamente, lo que representa una cuota del mercado de cerca del 20% de los condominios existentes en Puerto Rico. 

Sobre ese particular, les comentario que antes del huracán María la aseguradora con la mayor concentración de condominios asegurados no alcanzaba un 5%. 

La pregunta que debemos hacernos como industria de seguros es si nuestras aseguradoras están preparadas para darle servicio al aumento en el número de reclamaciones que vamos a recibir cuando ocurra la próxima catástrofe. 

Llevo casi cuarenta años trabajando en la industria de seguros y me preocupa que en caso de otro huracán o terremoto algunas aseguradoras que hayan registrado un aumento significativo en primas y en clientes, o que hayan experimentado una concentración significativa en un solo sector de propiedad comercial como son los condominios, puedan ofrecer el servicio de calidad que los asegurados esperan en el manejo de sus reclamaciones. 

Estoy convencido de que si no podemos ofrecer un servicio de reclamaciones eficaz, como sucedió con algunas aseguradoras luego del paso del huracán María, nuestra imagen como industria se afectará gravemente otra vez. 

Tengo que pensar que todas las aseguradoras operando en Puerto Rico cuentan con un plan catastrófico bien diseñado y ejecutable para atender las reclamaciones que reciban.

Sin embargo, hay que tener bien presente que por más bueno que sea el plan, si el volumen de reclamos excede lo proyectado las aseguradoras del país podrían enfrentar serias dificultades para ofrecer un buen servicio. 

Y algunas de ellas se verían obligadas a atraer recursos externos como ajustadores, ingenieros y peritos si los recursos locales no son suficientes. Lamentablemente eso fue lo que les ocurrió a algunas aseguradoras luego del paso del Huracán María.   

Es muy importante que usted no seleccione una aseguradora simplemente porque le ofrece la prima más económica. 

Asegúrese con su agente o corredor de seguros de seleccionar una aseguradora que esté preparada y que tenga todos los recursos internos y externos para gestionar sus reclamos en una catástrofe. 

También es importante preguntar cuál fue su historial luego del paso del huracán María. ¿Pagó a tiempo sus reclamos?, ¿fue justa con el pago y cerró la totalidad de sus reclamos dentro de un tiempo razonable?

Pregunte si a la aseguradora aún le quedan reclamos pendientes de pago relacionados con el huracán María. Si ese es el caso, pregúntale por qué no ha podido cerrarlos. 

Recuerde que de nada le vale tener un seguro de propiedad residencial o comercial si a la hora de una catástrofe su aseguradora no está lista para responder y pagar su reclamación de seguros.

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Departamento de Salud avala leche UHT de Suiza Caribe se venda fría

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Por Miguel Díaz Román

La división de Salud Ambiental del Departamento de Salud determinó que «no tiene inconveniente» que la nueva leche grado A entera de larga duración (UHT) que elabora la empresa Suiza Caribe LLC, sea ubicada en las neveras de los comercios dedicadas para exhibir la leche fresca. 

La decisión  fue comunicada el pasado 10 de marzo de 2026 al director de operaciones de Suiza Caribe, Carlos Trigueros, por la especialista de Salud Ambiental en el Área de Higiene de Leche del Departamento de Salud, Vivian Betancourt Ríos. 

De hecho, la determinación de Salud Ambiental concluyó también que en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no existe un reglamento federal que prohíba la distribución refrigerada de la leche UHT. 

Además, destaca Salud Ambiental, la refrigeración previa a la apertura (del producto) no altera su clasificación de larga duración. 

Se consume habitualmente frío

«Se determina que no es engañoso ni inusual colocar productos de larga duración en neveras, específicamente en comercios de conveniencia ya que la refrigeración previa a la apertura no afecta su clasificación UHT y es un producto que se consume habitualmente frío», concluyó Betancourt Ríos.

«Por consiguiente, esta agencia no tiene inconveniente con que el producto leche grado A entera de larga duración (UHT), de Suiza Caribe, LLC, sea comercializado de manera refrigerada (o en los anaqueles de un comercio)», agregó la funcionaria.

La decisión de Salud Ambiental obedeció a una querella que planteó la posibilidad de que el consumidor estuviera expuesto a una confusión debido a que el producto de Suiza Caribe se está mercadeando en envases plásticos dentro de las neveras dedicadas exclusivamente para leche fresca. 

La posible confusión radica en que el consumidor pueda entender que la leche UHT de Suiza Caribe es también leche fresca.

Dos condiciones

La querella también mencionó que en la etiqueta del producto de Suiza Caribe se indica que es «leche grado A entera de larga duración de 28 oz». 

Otro señalamiento es que la etiqueta luce la palabra «ultra pasteurizada» en lugar de las siglas «UHT», que son las siglas de uso regular en los envases de leche elaborados en el proceso Ultra High Temperature (ultra altas temperaturas).

No obstante, la funcionaria señaló que  «para evitar la confusión señalada en la querella» el Departamento de Salud decidió exigir dos condiciones: en primer lugar se requiere que el producto esté claramente identificado como leche UHT y en segundo, que se mantenga en un área separada de la leche fresca en los puntos de venta. 

Betancourt Ríos reveló que la querella fue consultada con Marybeth Willis, quien es especialista de leche de la FDA asignada a Puerto Rico. 

No es engañoso

De acuerdo con la funcionaria, Willis sostuvo «que no es engañoso colocar productos de larga duración en neveras ya que la refrigeración previa a la apertura (del producto) no afecta su clasificación UHT y es un producto que se consume habitualmente frío». Según Betancourt Ríos, la decisión del Departamento de Salud se basó en la recomendación de Willis. 

SN se comunicó con Alberto De la Cruz, presidente y principal oficial ejecutivo de CC1 Companies, que es la empresa matriz de Suiza Caribe LLC, para que reaccionara a la decisión del Departamento de Salud.  

De la Cruz sostuvo que «la leche UHT en botellas de PET (polietileno tereftalato) es una tendencia creciente dentro del canal de conveniencia, impulsada por la demanda de los consumidores de consumo sobre la marcha y disponibilidad 24 horas al día, 7 días a la semana.Esta tendencia está pasando en los Estados Unidos y el FDA apoya este producto en nevera».

Vaquerías Tres Monjitas se había quejado

En la carta Betancourt Ríos no identificó al autor de la querella pero ya SN había publicado que la empresa Vaquerías Tres Monjitas (VTM) se había quejado ante la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (Oril) por la presencia del producto de Suiza Caribe en las neveras dedicadas a la venta de leche fresca.

El señalamiento de parte de VTM es que la nueva leche Suiza de larga duración es esencialmente un producto UHT que no necesita refrigeración mientras se encuentra en las góndolas de los comercios. 

Además, VTM ha señalado que el reglamento número 6 de la ORIL, que establece las normas para regular las leches ultrapasteurizadas, dispone claramente que la leche UHT debe estar separada de la leche fresca. 

Cinco criterios básicos

El pasado 10 de noviembre de 2025, el administrador de la ORIL, Jorge Campos, emitió una opinión administrativa que atendió la interrogante sobre si la leche UHT se podía colocar en las neveras comerciales. 

La opinión administrativa determina que la leche UHT puede colocarse en las neveras comerciales pero debe estar separada de la leche fresca. Para cumplir con el requisito el funcionario desglosó cinco criterios básicos. 

Esos criterios son: que los productos se ubiquen en compartimientos o secciones claramente diferenciadas dentro del equipo de refrigeración; que se mantenga una distancia o barrera física suficiente que evite la confusión del consumidor y la mezcla de productos;que exista rotulación visible y legible que identifique y a su vez diferencie el producto como leche UHT con el precio, según la orden de precios vigente; que el envase y la etiqueta sea distintivo a la leche frescas, y a su vez establezca el método de pasteurización al cual fue sometido y que la nevera o góndola fría mantenga una temperatura menor o igual a 41°F.

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Senado aprueba marco regulatorio para seguros de mascotas   

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El Capitolio – Con el fin de fortalecer la protección al consumidor, promover el desarrollo económico inclusivo y aumentar la transparencia gubernamental, el Alto Cuerpo aprobó los Proyectos del Senado 976, 977 y 1031, de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, dirigidos a regular los seguros de mascotas en Puerto Rico, impulsar el empresarismo femenino en sectores estratégicos y establecer nuevos mecanismos de divulgación sobre los proyectos tecnológicos bajo la jurisdicción del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).

Se le dio paso al Proyecto del Senado 976, dirigido a regular el ofrecimiento y la venta de pólizas de seguros para mascotas en la Isla. La medida crea un marco regulatorio claro para los seguros de mascotas. Por primera vez, Puerto Rico contará con un capítulo dedicado exclusivamente a regular los seguros para mascotas dentro del Código de Seguros, estableciendo reglas uniformes que protegen a los cerca de 643,000 hogares puertorriqueños que tienen animales de compañía.

En términos de protección real al consumidor, la pieza legislativa exige divulgaciones claras antes de la compra sobre exclusiones, períodos de espera, condiciones preexistentes y la fórmula de pago de reclamaciones, eliminando el lenguaje técnico confuso que históricamente ha colocado al consumidor en desventaja.

Sobre el denominado “free look” de 15 días garantizado. Todo asegurado tendrá al menos 15 días para examinar su póliza y devolverla sin cargos ni penalidades, otorgándole una red de seguridad real al momento de adquirir el producto. 

La medida también se expresa sobre mayor competencia y acceso al mercado; al adoptar el modelo de la NAIC y establecer un proceso ágil de certificación, la ley incentiva la entrada de nuevos aseguradores locales, nacionales e internacionales, lo que se traduce en más opciones y mejores precios para las familias.

También refleja una alineación con las mejores prácticas nacionales. Puerto Rico se une a estados como California, Florida, Pennsylvania y otros que ya han adoptado legislación basada en el Pet Insurance Model Act, garantizando estándares modernos y probados que benefician tanto a los consumidores como a la industria.

Empresarismo femenino

A su vez, de Rivera Schatz, el Proyecto del Senado 977, que establece una política pública clara para impulsar el empresarismo femenino en sectores estratégicos de Puerto Rico. La pieza legislativa enmienda la Ley del Maletín Empresarial para la Mujer, ampliando su alcance y transformándola en un instrumento más robusto para el desarrollo económico. 

A través de esta iniciativa, se crea el Programa para Impulsar el Desarrollo Empresarial de la Mujer, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), con el fin de brindar herramientas, incentivos y oportunidades a mujeres empresarias y emprendedoras.

“El desarrollo económico sostenible de Puerto Rico exige la participación de todos los sectores de nuestra sociedad. Las mujeres en Puerto Rico han demostrado su capacidad, innovación y liderazgo en múltiples ámbitos, incluyendo el empresarial. 

No obstante, aún persisten barreras estructurales y culturales que limitan su plena integración y su aprovechamiento en áreas claves para el desarrollo económico. Ante esta realidad, es menester que el Estado provea las herramientas necesarias para maximizar el potencial de las mujeres”, indica el proyecto.

Igualmente, de la autoridad del líder senatorial se aprobó el Proyecto del Senado 1031, que establece nuevos requisitos de divulgación sobre los proyectos tecnológicos activos bajo la jurisdicción del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS). 

Transparencia en PRITS

La legislación enmienda la Ley 75-2019 para requerir la publicación accesible de los proyectos tecnológicos en curso, permitiendo a la ciudadanía conocer el estado, alcance y desarrollo de las iniciativas tecnológicas del gobierno.

La pieza legislativa sostiene que “la presente ley busca establecer que PRITS publique los proyectos tecnológicos activos, utilizando la infraestructura digital existente sin incurrir en costos al erario. Esta ley no solo alineará a Puerto Rico con estándares internacionales de transparencia tecnológica, sino que también promoverá la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia administrativa en PRITS, sin comprometer recursos fiscales adicionales”.

Por otro lado, se aprobó el Proyecto de la Cámara 485 (A-040), medida de administración, que designa el cuarto jueves del mes de abril de cada año como el “Día Oficial de las Niñas y Mujeres en STEM” en Puerto Rico. 

Esta iniciativa reconoce la importancia de fomentar la participación femenina en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sectores clave para el desarrollo económico y la innovación. La medida busca incentivar el interés de niñas y jóvenes en estas disciplinas, así como visibilizar el talento y las aportaciones de las mujeres en estos campos.

Resolución de conflictos

“Se hace necesario fomentar, desde edades tempranas, iniciativas que inspiren, orienten y apoyen a niñas y jóvenes a descubrir su vocación y desarrollar su talento en estas disciplinas. La promoción de carreras STEM entre niñas no solo les abre puertas a mejores oportunidades individuales, sino que también fortalece nuestra economía y posiciona a Puerto Rico como un centro de talento científico e innovación”, cita la exposición de motivos.

También de administración, el Proyecto de la Cámara 585 (A-065), que introduce enmiendas a la Ley Orgánica del DTRH con el propósito de ampliar la jurisdicción y las facultades de la Oficina de Mediación y Adjudicación. Esta acción permitirá optimizar los procesos de resolución de conflictos laborales, agilizar la atención de casos y fortalecer los mecanismos de justicia administrativa en beneficio de trabajadores y patronos.

La medida expone que “esta Asamblea Legislativa reconoce la importancia de garantizar los derechos laborales de nuestra fuerza trabajadora, lo cual incide en el ambiente de hacer negocios en Puerto Rico, brindando mayor estabilidad en las relaciones obrero-patronales. Por ello, considera meritorio aprobar toda legislación necesaria, que redunde en mejores condiciones de trabajo y mayores garantías para las personas trabajadoras”.

De igual manera, el Proyecto del Senado 1078, de la senadora de mayoría, Roxanna Soto Aguilú, para crear el Programa “El Armario de la Niñez” en el Departamento de la Familia. Disponer la recolección anual de vestimenta para niños y niñas de cero a 18 años en las oficinas regionales y centrales del Departamento, coincidiendo con el Día del Niño en Puerto Rico. Además, fomentar la distribución gratuita de estos donativos a los albergues de menores y en casos de remociones de emergencia.

Investigación de población autista

Del vicepresidente senatorial, Carmelo Ríos Santiago, se le dio paso a la Resolución del Senado 423. La medida ordena a la Comisión de Educación, Arte y Cultura, a realizar una investigación exhaustiva sobre los servicios y la asistencia gubernamental que recibe la población con trastorno del espectro autista (TEA) en etapa temprana. 

Esto de cero a cinco años de edad, por parte de las agencias del Gobierno, incluyendo la coordinación interagencial, con la participación del Departamento de Educación, así como los acuerdos colaborativos con los programas Head Start y Early Head Start.

También, de la senadora de mayoría, Brenda Pérez Soto, se aprobó la Resolución del Senado 413. La pieza legislativa busca ordenar a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo a realizar una investigación exhaustiva en torno a la interrupción del servicio de agua potable en el Municipio de Arecibo, particularmente en el barrio Arrozal, sector Los Muertos. 

La razonabilidad de las suspensiones del servicio por falta de pago relacionadas con facturas emitidas en ausencia de suministro.

Igualmente, del senador de mayoría Jeison Rosa Ramos y Rivera Schatz, fue aprobada la Resolución Conjunta del Senado 96. Para designar la carretera Estatal PR-119 desde el kilómetro 76.5 hasta el kilómetro 67.4, dentro de la jurisdicción del Municipio de San Germán, con el nombre de Carlos A. 

Pagán González, en honor a su destacada trayectoria de servicio público como senador por el Distrito de Mayagüez-Aguadilla, profesor universitario y líder comunitario. Pagán falleció el 23 de septiembre de 2025 a los 71 años de edad tras enfrentar complicaciones de salud. 

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Huevos Camperos: Una historia de innovación

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Miguel Diaz Roman
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Por Miguel Díaz Román

El ex ganadero Carlos Benítez ha incursionado en la avicultura de libre pastoreo con su nueva empresa SolRac, en la que produce los llamados huevos camperos.

Tras abandonar la ganadería debido a que la regulación de la industria lechera no permite al ganadero lidiar con los altos costos de operación porque el pago por la leche que produce es insuficiente, Benítez comenzó a mirar hacia otros horizontes agrícolas.

A mediados de 2025 decidió incursionar en una empresa avícola dedicada exclusivamente a la producción de huevos bajo el esquema de libre pastoreo. Fue entonces que se propuso realizar mejoras en su finca en Isabela con el propósito de acondicionarla para traer más de 200 gallinas.

«Los sistemas de libre pastoreo en la avicultura son esquemas de producción que han ganado gran relevancia en los últimos años. A diferencia de los sistemas con jaulas, este modelo permite que las gallinas no estén confinadas, sino que tengan acceso a espacios abiertos donde pueden caminar libremente, explorar y comportarse de manera natural, siempre dentro de áreas delimitadas por cercas que garantizan su seguridad», explicó Benítez.

Gallinas felices

«Nuestro enfoque también es de bienestar porque procuramos que nuestras gallinas vivan felices y así logramos que sus huevos sean más grandes y mucho más nutritivos», agregó.

Según el ex ganadero ahora convertido en productor avícola, todos los días el área de pastoreo en su finca en Isabela recibe una lluvia de trozos de calabaza y zanahorias frescas que son la fuente principal de alimentación de sus gallinas.

Además, las gallinas reciben una buena parte de su alimentación con trozos de melón y de plátanos maduros.

«Tenemos un sistema de iluminación dentro del gallinero que se enciende a las 4:30 de la madrugada y allí comienza el proceso de alimentación. A las 7:30 de la mañana las gallinas salen del gallinero hacia el área de pastoreo en la que están 12:00 horas al aire libre. Nuestros animales están expuestos a la luz entre 14 y 16 horas diarias», dijo Benítez.

Bienestar redunda en buen sabor

Explicó que en la nueva empresa SolRac no hay jaulas ni estrés, solo aire puro y libertad. «Nuestras aves eligen qué comer y dónde moverse. Porque creemos que el respeto por la vida y alcanzar el bienestar redunda y se nota en el sabor. Es un proceso 100% artesanal», señaló el avicultor.

El resultado de ese proceso natural es un huevo robusto, cuya clara es brillante y la yema es de un color anaranjado que revela su calidad alimenticia.

«Un huevo de supermercado es pálido porque la gallina no vio el sol. Nuestros huevos de libre pastoreo tienen yemas de color anaranjado intenso, cargadas de Omega-3 y vitaminas, gracias a una dieta real de frutas y vegetales», comentó Benítez.

Los huevos producidos por la empresa SolRac, son grandes y en promedio su tamaño alcanza la categoría Jumbo y Súper Jumbo, lo que significa que cada huevo pesa entre 60 y 90 gramos, superando ampliamente los estándares comerciales comunes.

¿Por qué es importante el peso del huevo?, preguntó SN.

Peso es calidad

De acuerdo con Benítez, el peso de un huevo es un indicador directo de calidad, nutrición y bienestar animal. Un huevo Jumbo contiene mayor cantidad de proteína que es esencial para el desarrollo muscular y la regeneración celular.

También posee más nutrientes esenciales como colina que es un nutriente clave para el cerebro, vitaminas A, D, E y del complejo B. Una yema más grande y consistente revela que las gallinas están bien alimentadas y su metabolismo es saludable.

Un huevo con un peso mayor a 90 gramos suele estar relacionado con la buena genética de las gallinas, con la alimentación equilibrada y natural, y una atmósfera libre de estrés y un manejo del animal responsable.

Buen rendimiento

Otra característica del huevo categoría Jumbo es que garantiza un mayor rendimiento en la cocina, lo que lo convierte en un alimento ideal para la repostería, para la elaboración de desayunos y comidas completas en cafeterías y en restaurantes.

Benítez señaló que SolRac acordó con la empresa Vaca Negra de Hatillo ofrecer a la venta, además de los huevos camperos, yogures y quesos del país.

«En SolRac creemos que en la innovación y que las industrias nativas son nuestra herramienta más poderosa de progreso. La buena agricultura se educa y se comparte. Por eso, estamos siempre disponibles para orientar, aclarar dudas y acompañar a toda persona interesada en conocer más sobre el huevo, su calidad, su valor nutricional y las prácticas agrícolas responsables que lo hacen posible», concluyó Benítez.

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One Alliance: «La Comisionada de Seguros fue inducida a error mediante información incompleta o incorrecta»

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Miguel Diaz Roman
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Por One Alliance

El presidente de One Alliance Insurance Corporation (OAIC), Ricardo Benítez, reaccionó
hoy a un reportaje publicado por SN que hace referencia a una multa administrativa de $15,000 impuesta por la Oficina del Comisionado de Seguros(OCS), relacionada con el manejo de una reclamación presentada por el asegurado Centro Gran Caribe Mall (CCVA Inc), por los daños causados por el huracán María.

“El reportaje publicado no refleja adecuadamente la realidad procesal ni jurídica del caso”,
expresó Benítez.

“Este asunto se encuentra actualmente ante la consideración del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, por lo que dicha determinación administrativa es una a destiempo y todas las determinaciones tomadas por el tribunal de primera instancia en el presente caso se encuentran sujetas al trámite de revisión judicial”, agregó el ejecutivo.

Benítez señaló además que, durante el trámite previo del caso, no se salvaguardaron
adecuadamente los derechos fundamentales del debido proceso de ley de OAIC en el
Tribunal de Primera Instancia, lo cual constituye un asunto central dentro de los
planteamientos en revisión ante el foro apelativo.

El presidente de OAIC indicó que la compañía se encuentra impugnando enérgicamente
todas las determinaciones de la OCS, por entender que las mismas carecen de fundamento
en derecho y en los hechos del caso.

“En este asunto, la Comisionada de Seguros fue inducida a error mediante información
incompleta o incorrecta, lo que resultó en una determinación que no refleja la totalidad de
la evidencia disponible”, añadió Benítez.

Asimismo, OAIC ha sostenido consistentemente que existen serias alegaciones de fraude por parte del asegurado CCVA en relación con la reclamación presentada, las cuales forman parte integral de los procedimientos judiciales en curso.

“Debe quedar claro que ninguna disposición del Capítulo 27 del Código de Seguros de
Puerto Rico obliga a una aseguradora a pagar reclamaciones que sean exageradas, infladas o fraudulentas. OAIC continuará defendiendo con firmeza sus derechos, así como los intereses de sus asegurados honestos, dentro del marco de la ley”, puntualizó.

Finalmente, OAIC reafirmó su compromiso con la transparencia, el cumplimiento
regulatorio y la integridad en todos sus procesos de ajuste de reclamaciones.

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OCS multa por $15,000 a One Alliance por prácticas desleales y resolución dilatada de reclamaciones

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Miguel Diaz Roman
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Por Miguel Díaz Román

La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) le impuso una multa de $15,000 a la aseguradora One Alliance Insurance Corporation por incurrir en dos violaciones al Código de Seguros relacionadas con la resolución tardía de reclamaciones y por incurrir en prácticas desleales en relación con un reclamo por los daños causados por el huracán María en el Centro Gran Caribe Mall (CCVA Inc), ubicado en Vega Alta.

La orden emitida el pasado 10 de marzo por la Comisionada de Seguros, la licenciada Suzette Del Valle Lecároz, le imputó a One Alliance haber actuado de mala fe en relación con la reclamación de CCVA Inc debido a que siempre hubo renuencia de parte de la aseguradora a reconocer los daños reales sufridos por el asegurado y además, incurrió en una dilación temeraria en el proceso de investigación, ajuste y resolución de la reclamación. 

En síntesis, la OCS le imputó a One Alliance violar el artículo 27.162(1) del Código de Seguros que dispone que una investigación, ajuste y resolución de cualquier reclamación se hará en 90 días después de haberse sometido.

Además le imputó violar el artículo 27.161 que estable las prácticas desleales en el ajuste de reclamaciones tales como dejar de adoptar métodos razonables para la rápida investigación de las reclamaciones, rehusar pagar una reclamación sin llevar a cabo una investigación,  no intentar de buena fe un ajuste rápido, obligar a los asegurados a entablar pleitos porque la oferta económica es menor a la cantidad que podría recobrar en un litigio, negar el pago de una reclamación bajo el pretexto de información insuficiente y requerir condiciones irrazonables para realizar el ajuste de una reclamación.

No acepta oferta

El 19 de abril de 2018, One Alliance realizó su oferta final de pago por la reclamación por la cantidad de $715,738.60, luego de descontar el pago en adelanto realizado por $250,000.00 y el deducible de $961,472.00 dispuesto en la póliza.

El presidente de CCVA Inc, Rafael Pérez Diez, no aceptó la oferta de pago debido a que discrepó de la cuantificación de daños y de la opinión del asegurador sobre la causa de los daños en el techo del centro comercial.

El 13 de junio de 2018, Pérez Diez presentó una demanda civil contra One Alliance en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. De acuerdo con la OCS entre la fecha en que One Alliance recibió la reclamación y la fecha de la radicación de la demanda transcurrieron 216 días.

Dilación temeraria

En la demanda presentada por Pérez Diez los daños experimentados por el CCVA Inc  fueron estimados en $3,818,667.62 millones.

El Tribunal emitió una sentencia el 30 de mayo de 2025, en la que destacó que One Alliance incurrió en una dilación temeraria al no atender la reclamación dentro de un término razonable, por lo que impuso intereses legales, honorarios de abogado por temeridad así como el pago de costas e intereses, lo que elevó el monto total a $6,634,810.34 millones.

Incluso, la OCS concluyó que de la sentencia no surge documento alguno que respalde la existencia de una justa causa que justifique la demora en resolver la reclamación.

De hecho, Pérez Diez radicó una solicitud de investigación en la OCS el 24 de junio de 2025, en la que pidió se indague a fondo  la solvencia financiera de One Alliance y su desempeño como asegurador debido a los múltiples incumplimientos en el manejo de la reclamación del CCVA Inc. 

La solicitud de investigación estuvo acompañada por una copia de la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

En la sentencia el Tribunal señaló que One Alliance propuso un segundo adelanto por la cantidad de $715,738.00, el cual calificó ante la OCS como su oferta final. 

Patrón sostenido de dilaciones

De hecho, el monto ofrecido  fue desembolsado luego de que el propio TPI así lo ordenara y luego de que One Alliance agotara sin éxito un recurso presentado ante el Tribunal de Apelaciones y ante el Tribunal Supremo para intentar revocar dicha orden. 

Sobre este particular la OCS comentó que en realidad One Alliance no objetó la cuantía adeudada sino el desembolso mismo,  lo que provocó un litigio adicional sobre ese asunto y retrasó su cumplimiento. 

La OCS observó que aunque el asegurador presentó ante el Tribunal de Apelaciones una impugnación de la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 30 de mayo de 2025, en dicho recurso no se reclamó la revisión de las determinaciones de hechos relacionadas con el manejo de la reclamación por parte de One Alliance.

La orden emitida por la OCS concluye que de las circunstancias antes descritas en la sentencia surge la existencia de un patrón sostenido de dilaciones injustificadas, omisiones y actuaciones que obstaculizaron la investigación y el ajuste de la reclamación presentada por CCVA Inc. 

No actuó de buena fe

También señala que Pérez Diez  tuvo que acudir al litigio ante las cantidades irreales propuestas por el asegurador, lo que dilató la resolución de la reclamación en perjuicio del asegurado.

«Estas actuaciones demuestran que el asegurador dejó de adoptar métodos razonables para la rápida investigación de la reclamación, rehusó pagar sin una investigación razonable y no intentó de buena fe llevar a cabo un ajuste rápido, justo y equitativo en violación al artículo 27.161 del Código de Seguros», determnó la OCS en su orden.

De acuerdo con la OCS, el asegurador obligó a Perez Diez a recurrir al litigio «para obtener el pago de la reclamación y propició litigar asuntos ya resueltos, promovió litigios colaterales innecesarios y mantuvo una postura sobre la oferta que prolongó innecesariamente el proceso aun cuando la evidencia demostraba daños significativos inconsistentes con la oferta». 

«Estas actuaciones constituyen prácticas desleales al obligar al asegurado a entablar pleitos para recobrar lo que le correspondía bajo la póliza, al alegar insuficiencia de información que era obtenible mediante métodos ordinarios de investigación y al requerir condiciones irrazonables que dilataron el ajuste de la reclamación en violación del artículo 27.161 del Código de Seguros», concluyó la orden de la OCS.

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Apelativo  desestima denuncia por negligencia contra la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez

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Miguel Diaz Roman
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Por Miguel díaz Román

El Tribunal de Apelaciones de San Juan desestimó la denuncia por negligencia en el cumplimiento de deber que la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OFEI) radicó contra la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, en el caso sobre la malversación de los $1.2 millones del Fondo de Mejoras Municipales (FMM) destinados para mejoras en la quebrada Margarita en Guaynabo.

La determinación del Apelativo implica que Rivera Martínez deberá ser excluida del proceso de vista preliminar para juicio (VP) que se está ventilando en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón. La OFEI responsabilizó a Rivera Martínez, y José Huertas Torres, por las graves irregularidades en el manejo de los fondos públicos destinados a realizar mejoras en la quebrada Margarita.

De hecho, la pasada semana la VP fue paralizada por Apelativo, quien ordenó detener los trabajos hasta examinar a fondo una moción radicada por la defensa de Rivera Martínez.

La moción radicada por la licenciada Cándida Sellés Ríos, abogada de Rivera Martínez, sostiene que la OFEI se excedió de los términos establecidos en la ley matriz de esa entidad para realizar una investigación y para radicar cargos. 

La alegación de la defensa de Rivera Martínez ya se había presentado en una moción de desestimación de la acusación del OFEI que no tuvo éxito en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.

Sentencia contundente

«Concluimos que el foro primario incurrió en un abuso de discreción y error de derecho al no reconocer que el FEI actuó de manera ultra vires, al radicar una denuncia fuera del marco legalmente razonable que justifica su autoridad. Por los fundamentos antes expuestos, expedimos el recurso de certiorari y revocamos el dictamen recurrido», sostuvo el Apelativo en una sentencia emitida hoy 19 de marzo del 2026. 

El panel de jueces del Apelativo estuvo integrado por su presidenta, la jueza Ortiz Flores, el Juez Bonilla Ortiz y la jueza Martínez Cordero. La sentencia fue escrita por el juez ponente, que en esta ocasión lo fue el juez Bonilla Ortiz. 

La moción de la licenciada Sellés Ríos sostuvo que el OFEI actuó de manera «ultra vires» (sin autorización legal) porque, alegadamente, se excedió de los términos establecidos en la ley matriz de la OFEI para realizar la investigación y para radicar los cargos.

La moción sostuvo que la OFEI tenía hasta 180 días para investigar los señalamientos contra los imputados (90 días inicialmente y otros 90 días adicionales si por determinados eventos la investigación no se pudo concluir). La abogada argumentó que la OFEI requirió 1,103 días desde la fecha en que se le asignó el caso y la fecha en que presentó los cargos, lo que violenta el debido proceso de ley.

Se violó el debido proceso de ley

Otro de sus argumentos es que la OFEI interrumpió la investigación porque la Oficina del Contralor realizaba una auditoría, lo que a juicio de Sellés Ríos fue una indebida delegación de la autoridad de procesar criminalmente. Además, planteó que sería una violación a la doctrina de separación de poderes si la OFEI actuó por que la Oficina del Contralor solicitó que se interrumpieran la investigación.

En la moción Sellés Ríos alegó que los fiscales de OFEI violaron la regla 64 de procedimiento criminal, la cual avala desestimar una acusación si “el fiscal carecía de la autoridad para presentar la acusación o denuncia».

Sellés Ríos radicó una moción en auxilio de jurisdicción con una petición desestimación y una moción de reconsideración y un certiorari , que es un petición de revisión de la decisión del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.

La sentencia del Apelativo es contundente en su apreciación de que, aunque el OFEI tiene cierta discreción, dicha discreción no es tan amplia como para ignorar los términos.

«El FEI debe completar su investigación en un término que no excederá de noventa (90) días, contados a partir de la fecha en que recibe la encomienda. A su vez, permite un término adicional de noventa (90) días, debido a su naturaleza y complejidad. Si bien es cierto, que dicho artículo faculta al PFEI a “fijar un término especial en aquellos casos en que sea justificado”, esta discreción no le da permiso al PFEI a ignorar los plazos estrictos que dispone la ley para completar sus investigaciones. De lo contrario, los términos que establece la ley se volverían ineficientes», sostuvo el Apelativo en una sentencia de 20 páginas.

«Ciertamente, reconocemos que el término dispuesto en la Ley ha sido catalogado como de cumplimiento estricto y no jurisdiccional. Por ello, el PFEI posee cierta flexibilidad para fijar un término especial en aquellos casos en que sea justificado. No obstante, dicha flexibilidad no es infinita. En el presente caso, el Panel y el FEI excedieron drásticamente cualquier estándar de razonabilidad. Aun ante la presencia de una alegada justa causa por la complejidad del caso, una dilación que supera los mil días es contraria a la naturaleza del trámite ágil que dispone la Ley. No puede la “justa causa” convertirse en un mecanismo para validar una demora tan extrema que lacera las garantías del debido proceso de ley», argumentó la sentencia.

Fiscal anuncia que van al Supremo

«Asimismo, es importante resaltar que, aunque la Ley permite al FEI requerir la colaboración de otras agencias (como la Oficina del Contralor) para que le provean cualquier recurso o ayuda que estimen necesaria para el efectivo cumplimiento de su encomienda; esta facultad no le da autoridad para paralizar o detener indefinidamente el término de la investigación», concluyó. 

En reacción a la decisión del Apelativo la fiscal Zulma Fuster Troche se limitó a decir  «vamos a ir al Supremo en un recurso de certiorari». 

Los $1.2 millones del FMM fueron enviados al Centro Comunitario de Servicios a la Familia, para que se realizaran mejoras en la quebrada Margarita en Guaynabo. Los trabajos en la quebrada nunca se realizaron y, alegadamente, Huertas Torres depositó los fondos en múltiples cuentas bancarias para su uso personal.

La OFEI le imputó un cargo por incumplimiento del deber contra Rivera Martínez y contra Huertas Torres se radicaron 15 cargos, que incluyen apropiación ilegal, fraude, lavado de dinero, apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica y perjurio, entre otros.

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