Por Miguel Díaz Román

En un giro sorpresivo relacionado con la liquidación de la aseguradora Real Legacy, una ex ejecutiva de la empresa solicitó al Tribunal de Primera InstancaI De San Juan, intervenir en el pleito con el fin de examinar  un acuerdo alcanzado entre la Cooperativa de Seguros Múltiples (CSM) y la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).

Alegadamente, el citado acuerdo pone fin a un reclamo para que se devolvieran los fondos que Real Legacy pagó de manera ilegal a determinados ejecutivos y cuyo monto total podría alcanzar los $500,000.

El pasado 22 de mayo la ex directora de finanzas de Real Legacy, Aleida Alsina, radicó una solicitud de intervención para examinar el citado acuerdo, en el cual, alegadamente, la CSM, que fue la empresa matriz de Real Legacy, aceptó devolver las sumas de dinero pagados en bonos ilegales a los ejecutivos.

Además, en el acuerdo la CSM se hizo cargo del pago de los intereses legales por las sumas pagadas de manera ilegal, los gastos por concepto de abogado y el costo del proceso administrativo relacionados con esta reclamación. 

No obstante, el pasado 20 de marzo la OCS presentó el acuerdo alcanzado con la CSM en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan y, además, solicitó que el contenido del acuerdo se mantenga bajo confidencialidad.  

Esta petición dirigida a mantener en confidencialidad el acuerdo entre la OCS y la CSM no fue objetada por la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG).

Pero la AG sí solicitó a la OCS que identifique el litigio original que provocó el acuerdo con la CSM. En una moción la OCS reveló el número del caso en el sistema digital de la rama judicial.

Se trata de una petición contra la CSM y determinados ejecutivos de Real Legacy para que reintegren al caudal de la liquidación los pagos ilegales.

Esa plieito fue radicado el 26 de julio de 2024 en el Tribunal de Primera Instancia der San Juan, que figura como tribunal supervisor de la liquidación.   

Es necesario recordar que la AG había impugnado el manto de confidencialidad que por mandato del tribunal cobija otro acuerdo alcanzado por la OCS con el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation.

Este acuerdo también está relacionado con la liquidación de Real Legacy.  

Real Legacy emite los pagos ilegales

El 10 de agosto de 2018 la aseguradora Real Legacy emitió los pagos a los ejecutivos, cuando ya la OCS había ordenado proteger los activos debido a la precaria situación financiera de la aseguradora. El 3 de agosto de 2018, la OCS le prohibió a Real Legacy desembolsar fondos sin su autorización.

A pesar de la prohibición, Real Legacy realizó el desembolso, el cual tuvo el consentimiento de la CSM y su empresa matriz, denominado como Grupo Cooperativo.

De hecho, la orden de la OCS prohibiendo el desembolso de fondos ocurrió en el contexto de que ese día, el 3 de agosto de 2018,  Real Legacy  sometió ante la OCS un informe financiero que certificó que la aseguradora padecía un menoscabo de capital de $71.1 millones.

El 3 de julio de 2018 la junta de directores de Real Legacy celebró una reunión extraordinaria en donde se informó que las reclamaciones causadas por el huracán María excedían el tope de la cubierta de reaseguro por $70 millones.

Luego, el 21 de julio 2018, en un situación insólita, la CSM y Real Legacy solicitaron que la OCS comenzara los procesos judiciales de rehabilitación y eventual liquidación de la aseguradora.

El mensaje fue planteado ante la OCS por el licenciado Carlos Rivera Vicente, del bufete Cancio, Nadal y Rivera, quien actuó en representación de Real Legacy.

En su petición para los pagos ilegales fueran reintegrados al caudal de liquidación de Real Legacy, la OCS sostuvo que,las disposiciones del Código de Seguros establecen que los pagos realizados «constituyen ser preferencias o transferencias fraudulentas o anulables».

«Por lo tanto, cualquier dinero recibido por estos ejecutivos tiene que ser devuelto  al caudal de la Liquidación de RLA”, sostuvo la moción de la OCS.

La lista de beneficiados

Los pagos ilegales incluyen $124,000.00 que  fueron pagados a Miguel López, quien para entonces era el presidente de la Real Legacy; $30,000.00 a Mara Toro Toledo, quien era la vicepresidenta de finanzas; $ 30,000.00 a Dharma Rovayo, que era la gerente de riesgos; $20,000.00 a Luis Murphy, quien era el gerente de reclamaciones; $12,000.00 a Ana Gregori, quien era ejecutiva de recursos humanos; $12,000.00 a Nanette Cruz Columna, quien era gerente de contabilidad; $10,000.00 a Katina Cintrón Aponte, que se desempeñaba como analista financiero y $12,000.00 a Dyanne Santiago Díaz, quien era ejecutiva de riesgos.

Además, con el consentimiento de CSM y del Grupo Cooperativo, según alega la OCS,  Real Legacy desembolsó $75,000.00 por concepto de un «bono por desempeño» a favor del presidente Miguel López. 

En su petición la OCS concluyó que la CSM y el Grupo Cooperativo debían responder solidariamente por el pago total de lo reclamado, una cifra que se fijó en $250,000.00. 

Intereses y gastos de abogado

La petición de la OCS advirtió que esa cifra estaría acumulando intereses legales hasta que fuera saldada en su totalidad. Además,  cada uno de los demandados deberá  pagar $25,000.00 por concepto de honorarios de abogados por temeridad, junto con el pago de los costos administrativos.

No obstante, no está claro, según la petición de la OCS, el monto final que le corrrespondería pagar a la CSM.

Por su parte, en su moción para lograr acceso al acuerdo, la señora Alsina indicó que fue empleada de Real Legacy desde el mes de agosto de 2013 hasta el mes de marzo de 2017.

Durante ese periodo Alsina se desempeñó como directora de finanzas de Real Legacy. Además, la señora Alsina fue nombrada en el Comité Administrativo del Plan de Retiro de Real Legacy. Su participación en este comité comenzó el 13 de mayo de 2014 y finalizó en marzo de 2017, cuando terminó su trabajo en Real Legacy. 

No obstante, el Plan de Retiro de Real Legacy fue terminado el 31 de diciembre de 2018.

De acuerdo con la moción de Alsina, algunos participantes del Plan de Retiro presentaron un pleito de clase en la corte federal de San Juan para el 8 de noviembre de 2019. 

En ese pleito la CSM fue incluida como demandada debido a que la » Cooperativa era dueña del 100% de las acciones de Real Legacy; que Cooperativa había asumido la dirección de Real Legacy, incluso nombrando tres empleados de Cooperativa a formar parte del Comité de Administración del Plan de Retiro».

Acuerdo no incluyó a la señora Alsina

En su moción Alsina sostuvo que ella era la única empleada de Real Legacy nombrada a dicho comité. También alegó que durante el pleito en el Tribunal federal, la CSM y sus empleados mantuvieron una defensa unida junto con la señora Alsina. 

La moción alegó que la CSM llegó a un acuerdo de transacción sin incluir a la señora Alsina.

Además, la moción planteó que en el caso por los pagos ilegales radicado por la OCS «ninguno de los empleados demandados era empleado de la CSM».

La ex directora de finanzas de Real Legacy sostuvo en la moción que la CSM «negoció la transacción con el Liquidador de Real Legacy y se hizo cargo del pago (incluyendo de todos los empleados de Real Legacy demandados) pero se negó «a asumir responsabilidad por la señora Alsina.

Esto «a pesar de que la CSM llegó a un acuerdo con los demandantes que incluyó solamente a los empleados de Cooperativa que se nombraron al Comité Administrativo».

De hecho, según sostiene la moción, la exclusión de la señora Alsina por parte de la CSM es la razón por la que la ex ejecutiva de Real Legacy solicita que se le permita examinar el acuerdo de transacción.

Por Miguel Díaz Román

En la mañana de hoy miércoles 15 de mayo la gobernadora Jenniffer González Colón retiró el nombramiento de cuatro personas, dos de las cuales estaban designadas para ocupar posiciones en su gabinete y las otras dos eran designaciones para ocupar posiciones de jueces en la rama judicial.

Sin ofrecer más explicaciones González Colón retiró el nombramiento del licenciado Alfredo Ocasio Pérez, quien fue designado a ocupar la posición de Comisionado de Seguros, y de la licenciada Nydza Irizarry Algarín como secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

No obstante, Ocasio Pérez atribuyó el retiro de su nominación a una querella radicada en su contra en el Tribunal Supremo por un «rival político». Ocasio Pérez no identificó el nombre del querellante ni las razones que motivaron la querella en su contra.

«(La querella) está en su proceso el cual es confidencial. El quejoso es un rival político en Mayagüez. No voy a emitir comentarios. El proceso de la queja presentada por un individuo que nunca ha sido cliente mío es confidencial por ley, no por capricho mío, aún cuando se trate de una querella frívola. Yo me apego a la ley. Una vez concluya ese proceso, me expresaré. Gracias», sostuvo Ocasio Pérez, a través de un mensaje de texto.

Proceso confidencial

Una fuente de SN indicó que la querella fue radicada por un residente de Mayagüez quien es simpatizante de la estadidad. El asunto de la querella, alegadamente, ocurrió en medio de disputas políticas.

Sobre las alegaciones de la fuente Ocsio Pérez sostuvo : “como indiqué, el proceso es confidencial por ley. Yo me atengo a la ley y a mis obligaciones éticas ante el Tribunal Supremo. El quejoso nunca ha sido cliente mío y él cree ser rival político mío”.

En el día de ayer, en una entrevista en la radio, el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, ofreció señales inequívocas de que el licenciado Alfredo Ocasio Pérez enfrentaría dificultades para ser confirmado en el cargo. Rivera Shactz no abundó en los obstáculos que enfrentaba el nominado.

Se queda Adams Vega

En algunos medios de comunicación ha surgido que Ocasio Pérez habría realizado en el pasado severas críticas al Partido Nuevo Progresista, lo cual no ha sido de agrado de los senadores novoprogresistas que integran la Comisión de Nombramientos.

Ocasio Pérez se había destacado en la pasada campaña electoral porque fue el presidente del Comité de Campaña Puerto Rico Trump-Vance 2024.

El retiro del nombramiento de Ocasio Pérez, causará que el licenciado Alexander Adams Vega continúe como Comisionado de Seguros en funciones.

Además, la gobernadora retiró los nombramientos del licenciado Libardo Hernández Pérez como juez superior del Tribunal de Primera Instancia, y de la licenciada Sharon Falak Rodríguez como jueza municipal.

Crisis sin precedentes

Sobre el retiro de la nominación de la licenciada Irizarry Algarín como secretaria del Trabajo, la Fortaleza informó que la actual subsecretaria, María del Pilar Vélez Casanova, asumirá el cargo de secretaria de manera interina.

La Fortaleza indicó que Irizarry Algarín continuará colaborando con Oscar Ramos, quien es el asesor de asuntos legales laborales de la gobernadora.

Con el retiro de los nombramientos de Irizarry Algarín y de Ocasio Pérez suman cinco los designados por González Colón para ocupar sus posiciones de su gabinete que ha tenido que retirar entre los meses de abril y mayo, en lo que representa una crisis de nombramientos del Ejecutivo sin precedentes.

El 27 de abril, la gobernadora retiró la designación de Verónica Ferraiuoli como secretaria designada del Departamento de Estado, luego de que ella aceptara que no radicó planillas durante tres años.

El pasado 6 de mayo la gobernadora retiró el nombramiento de Janet Parra, como secretaria de Justicia, en medio de imparables cuestionamientos a su integridad como abogada por representar a una persona que investigó cuando era fiscal del Departamento de Justicia.

La nominación de Arthur Garffer como secretario de Estado fue retirada por la González Colón el pasado martes 13 de mayo, luego de que surgieran dudas sobre que el designado podría cumplir con los requisitos constitucionales de residencia para ocupar la posición.

Madrid, 12 de mayo de 2025. 

Se han anunciado los ganadores de la octava edición de los Premios Fundación MAPFRE a la Innovación Social, una iniciativa cuyo objetivo es mejorar la vida de las personas mediante proyectos y equipos emprendedores que se transforman en propuestas de alto valor social, y que está impulsada por IE University, partner académico de los premios.

Los premiados son PEGASI SAIL (Chile), una solución que utiliza inteligencia artificial para mejorar la detección temprana del cáncer y optimizar la coordinación asistencial entre pacientes, hospitales y profesionales de la salud; Helpful Village (Estados Unidos), una plataforma que gestiona el modelo de envejecimiento en casa y que facilita pedir ayuda 24/7, automatiza gestiones y ofrece videollamadas, mapas interactivos y geolocalización de voluntarios; y Cocoon (Suecia), un airbag para las sillitas infantiles de las bicicletas que se despliega en 20 milisegundos cuando su IA detecta riesgo de colisión.

Los tres seleccionados han recibido un premio individual de 40.000 euros para
desarrollar sus proyectos, así como un programa de mentorías por parte de IE
University. También entrarán a formar parte de Red Innova, que fomenta el
intercambio de conocimiento experto y contribuye al ecosistema de la innovación
social.

El acto, celebrado hoy en el Museo Reina Sofía, en Madrid, ha contado con la
participación de Juan Cruz Cigudosa, secretario de Estado de Ciencia,Innovación y Universidades; Antonio Huertas, presidente de Fundación MAPFRE; y Diego del Alcázar Benjumea, CEO de IE University; y Andrés Allamand, secretario general Iberoamericano.

Proyectos sociales e inclusivos

Antonio Huertas, presidente de Fundación MAPFRE, ha felicitado a los 12 finalistas y a los 350 proyectos innovadores de todo el mundo que se han presentado a esta edición de los premios, con el constante denominador común de proponer ideas que mejoren la vida de las demás personas. 

Además, ha destacado que por estos premios han pasado ya miles de propuestas disruptoras e inspiradoras, muchas de ellas convertidas hoy en una realidad que ayuda a cientos de miles de personas.

Los tres premiados: Chile, Suecia y Estados Unidos

Luis Santiago, cofundador y CEO de PEGASI SAIL: “PEGASI SAIL nació desde una experiencia personal dolorosa, pero se ha convertido en una herramienta con impacto real para miles de pacientes. Gracias a la inteligencia artificial, estamos transformando la manera en que se diagnostica y trata el cáncer, optimizando el tiempo que a veces marca la diferencia entre la vida y la muerte. 

Este premio refuerza nuestro compromiso de seguir desarrollando soluciones que rompan barreras, integren los sistemas de salud y lleven esperanza a quienes más lo necesitan”.

Manuel Acevedo, fundador y CEO de Helpful Village: “Las personas mayores merecen envejecer en casa, rodeadas de su comunidad, con independencia, dignidad y apoyo real. Ver cómo mi madre, tras jubilarse, se enfrentaba a la soledad y a la falta de propósito, nos llevó a descubrir el Movimiento Village en Estados Unidos, y a comprender que muchas comunidades necesitaban herramientas para organizar mejor su ayuda mutua. Fue todo lo que necesitamos para crear Helpful Village”.

Emma Garatea, fundadora y CEO de Cocoon: “Este premio refuerza la idea de que la movilidad sostenible también debe ser segura, sobre todo para los más pequeños. En Cocoon, no solo diseñamos un airbag, sino que diseñamos tranquilidad para madres y padres que quieren moverse en bicicleta sin miedo.

Esto nos da fuerza para seguir creciendo, aprendiendo y contribuyendo a unas ciudades más verdes, pero también más humanas”.

350 emprendedores de distintos países

A la convocatoria de este año se han presentado 350 proyectos, desarrollados por científicos, investigadores, estudiantes de universidades y escuelas de negocios. Los 12 finalistas han presentado sus propuestas ante un jurado formado por profesionales del ámbito empresarial y del emprendimiento social, que ha seleccionado a los tres ganadores, teniendo en cuenta criterios basados en su potencial de impacto social, su viabilidad técnica y económica, y la capacidad y experiencia del equipo.

Por Miguel Díaz Román

En lo que representó un exabrupto marcado por la desinformación, la gobernadora Jenniffer González Colón, acusó la pasada semana a la aseguradora MAPFRE de hacer una oferta al Departamento de la Vivienda (DV) de $9 millones en relación con una reclamación por pérdidas en viviendas públicas causadas por los huracanes Irma y María que ascendía entre $600 y $800 millones, lo cual es totalmente falso.

Según la información obtenida de documentos judiciales accesibles a través del mecanismo electrónico para radicación y archivo de casos de la rama judicial conocido como SUMAC, la cifra de $9 millones que mencionó González Colón en realidad no se trata de una oferta realizada por Mapfre, sino de una determinación efectuada de por dos ajustadores y un árbitro en relación a las pérdidas reclamadas por el DV en una póliza que cubre parte de las propiedades de la agencia.

La determinación de los tres profesionales se realizó a través del proceso de valoración de pérdidas (appraisal) que promueve la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).

El mecanismo de «appraisal», que pretende lograr un valoración objetiva de las pérdidas con la participación de las partes, surge de la Ley 242 de 2018 y posteriormente, en 2019, la OCS emitió la Carta Normativa CN-2019-248-D que estableció el proceso de manera formal.

Es necesario señalar que, según dispone el proceso de «appraisal», uno de los ajustadores fue contratado por el VMH, el otro por MAPFRE y el árbitro fue seleccionado en común acuerdo por las partes.

Además, la cifra de «entre $600 y $800 millones» mencionada la gobernadora es el reclamo en pérdidas que alega el DV en una segunda póliza para la cual aún no existe un laudo.

Dos pólizas

En realidad existen dos pólizas que cubren los residenciales públicos en la Isla y que mantiene enfrentados en una controversia judicial a la aseguradora MAPFRE y al DV por las pérdidas causadas por los huracanes Irma y María.

El 20 de septiembre de 2019, el DV radicó varios pleitos judiciales contra MAPFRE, alegando incumplimiento de contrato, daños y una solicitud de sentencia declaratoria en relación con las dos pólizas. Los litigios están en espera de resolución ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan.

El DV es representado por el bufete Cancio, Nadal & Rivera, L.L.C., aunque en el principio de las controversias judiciales el licenciado Andrés Guillemard figuró como abogado de la agencia.
MAPFRE es representada por el bufete Saldaña, Carvajal & Vélez Rivé.

De hecho, el proceso de «appraisal» fue ordenado para las dos pólizas por la jueza Iveliz Morales Correa, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

El pasado jueves 8 de mayo el periódico digital Noticel citó a la gobernadora González Colón, quien «visiblemente molesta» acusó a MAPFRE de incumplir con el gobierno de Puerto Rico al ofrecer una “insultante” compensación por los daños que dejó el huracán María en cientos de residenciales públicos.

Las expresiones de la gobernadora

La historia de Noticel sostiene que González Colón, con su habitual elocuencia pero sin lo datos exactos, la emprendió contra la aseguradora: “estoy hablando de MAPFRE, y estoy hablándole con nombre y apellido”, sentenció la gobernadora, visiblemente molesta, al revelar que mientras el Departamento de la Vivienda reclamó entre $600 y $800 millones por pérdidas en estructuras públicas, la aseguradora respondió con una oferta de apenas $9 millones».

“Es imposible que el gobierno de Puerto Rico acepte una negociación de esa magnitud”, sostuvo.

Según Noticel, la gobernadora denunció que MAPFRE demuestra una falta de compromiso con los contratos firmados, a pesar de que el gobierno paga entre $25 y $27 millones al año en primas para asegurar los residenciales públicos.

“Si tú tienes un ‘broker’ que te vende una póliza asegurándote por una cantidad… y me vienes a compensar con $9 millones por una pérdida de casi $800, aquí hay algo mal…”, sostiene Noticel que expresó la gobernadora.

González Colón también alegó, según se desprende de la historia de Noticel, que determinadas aseguradoras imparten un trato discriminatorio contra el gobierno: “Basta ya de que el gobierno sea el principal cliente de muchas aseguradoras, que pagamos más de primas y de seguros y recibimos menos de un 1% en cubiertas que en el sector privado hubieran recibido el doble de las transacciones que se están haciendo”.

Los hechos según el registro judicial

No obstante, los hechos desmienten a la gobernadora, según surge de los documentos radicados en SUMAC.

En la primer póliza, suscrita por MAPFRE a favor de una dependencia del DV conocida como Vivienda Modernization Holding SE (VMH), y que ha sido denominada en el pleito como “Póliza de Modernization”, cubre aproximadamente 34 localidades y fue emitida para el período del 1 de julio de 2017 al 1 de julio 2018.

Como resultado del proceso de «appraisal» los dos ajustadores y el árbitro determinaron de manera unánime que la pérdida sufrida por VMH ascendió a $9,553,200.00 millones.

La cifra figura en un documento titulado «opinión sobre alcance y costos del panel de evaluación», emitido el 20 de diciembre de 2024, el cual fue firmado por los ajustadores Tim Swift, Carlos Báez y por el árbitro Luis Esteves.

Además, el reclamo original de pérdidas radicado por VMH totalizó $66,261,412.47 millones, lo que implica que la reclamación estaba inflada por $56,708,212.47 millones, según la prueba de pérdida juramentada por VMH en 2021, según surge de la información obtenida en SUMAC.

Reclamación inflada

Mapfre había radicado una reconvención a la demanda original presentada por VMH en la que alegó fraude debido a que la reclamación fue inflada en un por 594%.

Un dato revelador es que para el 2018 el DV notificó que había contratado a la empresa Scott M. Favre Adjusters, LLC (SFPA) como el ajustador público para las dos pólizas.

En 2019 la OCS le imputó fraude a SFPA haber inflado de manera fraudulenta reclamaciones de daños de sus clientes causadas por los huracanes Irma y María.Los señalamientos de fraude en reclamaciones contra SFPA fueron presentados ante la OCS por las aseguradoras Integrand Assurance, MAPFRE y QBE Seguros.

Seis años después de las graves imputaciones la OCS finalmente cerró el caso con una multa contra SFPA por la cantidad de $15,000 que no conllevó la anulación de su licencia, lo que implica que la empresa podrá continuar operando en el mercado local.

No obstante, fuentes de la industria de seguros indican que SFPA ya no es el ajustador público del DV.

Segunda póliza en espera de «appraisal»

En la segunda póliza, denominada como la «póliza de Vivienda», el DV presentó una reclamación juramentada la cual asciende a $827,406,972.10 millones, que responde a daños
reclamados en 237 localidades. Luego de aplicar los deducibles establecidos en la póliza, el reclamo se redujo a $661,306,817.43 millones.

De SUMAC no se desprende que «la póliza de Vivienda» haya sido evaluada bajo los preceptos del proceso de «appraisal», según lo ordenó el Tribunal.

El pasado viernes 9 de mayo MAPFRE y el DV radicaron en conjunto en el Tribunal una moción informativa en que describió en detalle el estado actual para las dos pólizas.

En síntesis, la moción sostiene que aunque ya existe un laudo para la “póliza de Modernization”, aún existen controversias que el tribunal deberá resolver. También se informó que las partes han dialogado para la continuación de las inspecciones de las propiedades.

Sobre «la póliza de Vivienda», la moción indica que las partes aún discuten la manera de concluir el proceso de appraisal y advierte que existen discrepancias entre las partes en el número de propiedades que deben inspeccionarse.

Por Miguel Díaz Román

Frente a la denuncia de que los corredores de seguros del gobierno «siempre son los mismos», el Departamento de Hacienda (DH) defendió el método de cualificación de corredores que la agencia utiliza desde 2021 porque, alegadamente, evita «cualquier tipo de esquema de irregularidades, negligencia y falta de transparencia en la selección de los corredores de seguro».

El secretario auxiliar de asuntos legales del DH, el licenciado José Chavez, advirtió que la contratación de los «mismos corredores» responde a su experiencia en asegurar propiedades del gobierno que «por su complejidad son difíciles de asegurar».

Chavez presentó como ejemplo las cubiertas de seguro que cubren los riesgos de las represas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

De hecho, los seguros de esta corporación pública han sido manejados por muchos años por la firma Lone Star Insurance, la cual está vinculada al señor Andrés Guillemard Ginorio, quien ha sido señalado en el pasado como uno de los corredores que, alegadamente, se ha beneficiado por el proceso de selección realizado en Hacienda.

A la derecha el licenciado José Chavez, secretario auxiliar de asuntos legales del DH, y Rafael Santiago, de seguros públicos.

El funcionario hizo las expresiones la pasada semana ante la Comisión de Banca, Seguros y Comercio de la Cámara de Representantes, en representación del secretario del DH, Ángel Pantoja Rodríguez.

No obstante, el presidente de la citada Comisión, el representante Jorge Navarro Suárez, cuestionó el proceso de selección de corredores de seguros que realiza el DH al sostener que su experiencia en los pasados años como legislador ha visto que los corredores de seguros del gobierno «siempre son los mismos».

«Los mismos, los mismos, los mismos»

«Yo veo que siempre son los mismos. En cada administración siempre son los mismos, los mismos, los mismos. No hay espacio para otros productores. Y yo digo, aquí está pasando algo. Llevo veinte años en esto y he tratado de entrar productores y no hay forma. Siempre son los mismos, los mismos, los mismos. Si el gobierno es popular, son los mismos. Si el gobierno es PNP, son los mismos. Entonces se reparten las agencias. No es que le estoy metiendo el dedo en la llaga, pero ¿qué está pasando aquí que no hay diversidad, de tantos productores que ustedes indican que hay?, sostuvo Navarro Suárez.

En respuesta al planteamiento del legislador, Chavez argumentó que «sé que muchas veces se ha dicho que podrían ser los mismos, pero esto tiene que ver y está directamente atado al «expertise» que tienen estos corredores para salir al mercado y asegurar propiedades del gobierno que son difíciles de asegurar. Pensamos quizás que tradicionalmente te van asegurar una flota de carros o un edificio, pero el gobierno cuenta con infraestructura bien compleja y técnica, que a la hora de salir, como le comenté, incluso no son aseguradoras del patio las que te aseguran. Hay que ir al mercado excedente, a Europa. Hay sindicatos en Escocia que yo he aprendido que son los únicos que te ofrecen un seguro para esto en particular».

El intercambio entre Navarro Suárez y Chavez ocurrió durante el examen del Proyecto de la Cámara 341, que impone un cargo de 5 % a la comisión que reciben de los corredores que manejan los seguros del gobierno.

La medida, radicada por el representante Navarro Suárez, exime del cargo de 5 % a las comisiones ganadas por corredores de aquellos seguros que hayan sido seleccionados a través de un proceso de subasta pública.

El PC 341 busca generar ingresos para beneficiar a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y a los municipios del país.

Necesarios más de 70 puntos

La comparecencia de Chavez aconteció luego de que en dos ocasiones la Comisión citó al secretario Pantoja Rodríguez y este se ausentó, según comentó Navarro Suárez al inicio de la vista pública.

En la vista Chavez explicó que el nuevo método de cualificación de corredores establecido en 2021, impuso como requisito que los corredores presenten ante el DH una «solicitud de calificación» (RFQ, por sus en inglés), que es un documento que se utiliza para medir las cualificaciones y capacidades de los corredores.

Los RFQ son examinados por un comité evaluador que está integrado por representantes de las divisiones de seguros públicos, asuntos legales y administración del DH.

Además, participa un representante de la Autoridad de Agencia Fiscal y de Asesoría Financiera de Puerto Rico y un representante de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).

Para integrar la terna de corredores del gobierno se debe obtener una nota de 70 puntos o más en el llamado talonario de cualificación, que es administrado por el comité evaluador, explicó Chavez.

Encuesta de servicio

Sostuvo que solo 19 corredores obtuvieron una calificación de más de 70 puntos de un grupo de 70 corredores que participaron en 2021. El funcionario indicó que desde ese año no se hace el proceso competitivo entre corredores, lo cual es una discreción que posee el secretario de Hacienda.

Chavez también explicó que el nuevo método permite que el DH prescinda de la cualificación anual de corredores y en sustitución se realice una «encuesta de servicio» entre las agencias para determinar la calidad del servicio que ofrecen los corredores.

Esta información le permite al secretario del DH determinar si es necesario renovar los contratos o recurrir a un nuevo proceso de presentar RQF y su posterior cualificación.

«El procedimiento permite que el secretario del DH en su discreción, de año en año, no haga el proceso competitivo, dependiendo de distintas cosas. Entre ellas, estos años que no se ha hecho el proceso competitivo, se hace una encuesta de servicio a las entidades gubernamentales y ellos nos comparten la retroalimentación de cómo ha sido su experiencia con ese productor. Y entonces, a base de eso, el secretario puede determinar hacer una renovación de esos contratos», indicó Chavez.

Inexistente la subasta

En la vista pública Chavez confirmó que ningún corredor ha presentado propuestas en la división de seguros públicos del DH para que los seguros del gobierno sean seleccionados por subasta pública.

El funcionario también señaló que en los pasados 12 años no se han seleccionado seguros del gobierno mediante subasta.

Chavez explicó que las agencias del gobierno seleccionan la póliza que les parece más favorable a través de un proceso que el funcionario llamó «adquisición directa», el cual ocurre luego de que el corredor hace una presentación con varias alternativas de pólizas de seguro compatibles con las necesidades de las agencias.

El funcionario también expresó que el proceso de subasta para seleccionar los corredores del gobierno podría ser contrario al interés público porque, alegadamente, no permite un proceso de negociación en el que las primas se atemperan a los presupuestos de las agencias.

Un planteamiento que no fue comprendido por los legisladores presentes en la vista, pues ninguno de ellos cuestionó si las primas responden al riesgo que se va a asegurar o a las necesidades presupuestarias de las agencias.

«Respetuosamente, señalamos que el proceso de subasta para los servicios profesionales de contratos de seguros podría ser contraproducente al interés público. Ello ya que, bajo una subasta, entre otras cosas, no se permite un proceso ágil de negociación de primas que debe atemperarse a los presupuestos de las entidades gubernamentales. La contratación de los corredores de seguros se efectuó con el propósito de utilizar sus recursos, contactos con la industria, sus conocimientos, sus acreditaciones y la fiscalización de ellos por parte de la OCS», sostuvo Chavez al leer directamente de su ponencia escrita.

Incluso el funcionario indicó que exigir la subasta pública para las pólizas del gobierno requeriría que el DH tuviera que «notificar alrededor de 1,000 subastas anuales para las 125 dependencias con requisitos de seguros especializados y complejos; considerando que usualmente éstas tienen entre 5 y 15 pólizas distintas».

Posible aumento en los seguros

«En muchas ocasiones, esas subastas quedarían desiertas para ciertas agencias gubernamentales por la complejidad y seguro de riesgo de éstas», expresó Chavez, quien añadió que la división de seguros públicos no podría manejar adecuadamente estos requerimientos porque sólo cuenta con cuatro técnicos.

Otro ángulo que tocó el funcionario en su ponencia es la posibilidad de que el cargo de 5% que propone la medida podría aumentar el costo de los seguros.

Chavez recordó que los contratos de seguros también están cobijados por una aportación de 1.5% establecida por la ley 48 de 2013, conocida como «Ley para Establecer una Aportación Especial por Servicios Profesionales y Consultivos».

Aunque Chavez indicó que el DH favorece la aprobación del PC 341, advirtió que el presupuesto de las agencias podría necesitar la aprobación de incrementos si la prima de los seguros aumenta como resultado del cargo de 5%.

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa ha estimado que el cargo de 5% generaría $7.4 millones, de los cuales $4.2 millones se obtendrían a través de los municipios y $3.2 millones por medio del gobierno estatal.