Por Miguel Díaz Román 

Un año y nueve meses después de que el 16 de mayo de 2024 fuera aprobada la ley 78, que permite la negociación colectiva de tarifas entre las aseguradoras y los proveedores de servicios salud, el nuevo estatuto está inoperante pues carece de un reglamento y hasta el presente  no existe un sólo grupo de proveedores que se haya organizado para entablar negociaciones con las aseguradoras.

Cuando se evaluaba en la legislatura el proyecto que proponía la negociación colectiva (el Proyecto de la Cámara 1641) había una atmósfera de expectación pues que se trataba de una medida con posibilidades de acabar  con el establecimiento unilateral de parte de las aseguradoras  de las tarifas que rigen el pago de los servicios que ofrecen los proveedores de servicios de salud, lo que prometía generar amplias repercusiones  en la industria de seguros de salud del país. 

La medida fue radicada el pasado cuatrienio por el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, y la representante Sol Higgins Cuadrado, ambos del PPD, y los representantes, Carlos Méndez Núñez y José Hernández Concepción, quienes pertenecen al PNP.

Llama la atención que tras su aprobación la ley 78 haya permanecido prácticamente engavetada en los estantes de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), que es la entidad a quien le toca administrar el estatuto.  

La ley 78 añadió los artículos 31.021, 31.050, 31.060 y 31.090 del Código de Seguros. También derogó varios artículos y enmendó otros. 

En realidad la negociación colectiva figura como un mecanismo para que las aseguradoras y los proveedores acuerden el monto de las tarifas desde 2008, cuando se aprobó la ley 203.

El estatuto añadió el capítulo 31 al Código de Seguros, el cual se convirtió en uno inoperante a consecuencia de las excesivas disposiciones de la regla 91, que fue introducida por la OCS. 

Entre otras disposiciones, la regla 91 estableció once áreas geográficas en las que se podrían organizar los grupos de proveedores para negociar con las aseguradoras, lo que fue considerado como un obstáculo para la negociación colectiva.  

La ley 78 enmendó la ley 203 y la regla 91 para establecer que toda la isla sería una única zona geográfica con el fin de facilitar la negociación.Un aspecto importante es que la ley 78 impide que las tarifas de los planes médicos financiados con fondos federales estén sujetas a la negociación colectiva. 

La mayor tajada

Actualmente el universo de asegurados de planes médicos financiados con fondos federales asciende a 1,885,635 millones de ciudadanos, lo que representa el 63.8 % de las vidas aseguradas – la mayor tajada de los seguros de salud en Puerto Rico. 

Así las cosas están exentas las tarifas del Plan Vital (Medicaid), que ofrece  la Administración de Seguros de Salud (ASES)  a los sectores de escasos recursos económicos, el cual cobija el 42.1 % de las vidas aseguradas; las tarifas del Medicare Advantage, que el alcanza al 13.8 % de las vidas aseguradas; las tarifas de Medicare Platino, que cubre el 7.6 % de las vidas aseguradas y Medicare Suplementario, que solo cubre el  0.3 % de las vidas aseguradas.

Además, estos planes tramitan $12,916,639,063 millones, que representa el 83.5 % de la facturación total pagada en planes de salud en Puerto Rico, que totaliza $15,460,881,103 millones.

La negociación colectiva de tarifas estaría disponible para el mercado de seguros de salud que no recibe fondos federales, el cual comprende 1,070,112 millón de asegurados, los cuales representan el 36.2 % del universo de vidas aseguradas. 

Este segmento del mercado de seguros de salud integra planes grupales privados grandes, planes individuales privados, planes privados grupales pequeños  y los planes de salud para empleados retirados del gobierno, empleados públicos del gobierno y empleados del gobierno federal.

De hecho, este segmento tramita una facturación estimada en $2,544,242,040 millones, lo que no es poca cosa.

Ley inoperante

No obstante, el consenso general es que la ley 78 ha permanecido inoperante mientras existen sectores entre los proveedores de servicios de salud que esperan ansiosos poder iniciar la negociación colectiva.

«No ha pasado nada con la ley 78», se quejó el doctor Carlos Díaz Vélez, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos (CMC).

Díaz Vélez dijo que el reglamento de la ley incumple con requisitos mínimos para propiciar la organización de los grupos y para estimular la negociación colectiva. «Tenemos en agenda una reunión muy pronto con la Comisionada de Seguros (la licenciada Suzette Del Valle Lecároz) para discutir los problemas del reglamento», agregó Díaz Vélez.

El presidente del CMC sostuvo que el reglamento requiere de unas enmiendas para que se pueda implementar, pero no identificó los detalles de las citadas enmiendas.

La presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas (CCD), la doctora Ivette Rodríguez, sostuvo que «estamos en super pañales en eso de organizarnos como grupo. Con la ley 78 no ha pasado nada».

Rodríguez resaltó la importancia de la herramienta de la negociación colectiva al sostener que actualmente el CCD mantiene reuniones con el director ejecutivo de ASES, licenciado Carlos Santiago, para dilucidar la legalidad de un reclamo que ha realizado una determinada aseguradora.

Negociación colectiva como herramienta

«Hay una compañía (aseguradora) que te exige un contrato comercial para poder proveerte un contrato con ASES (Plan Vital) y una cosa no tiene que ver con la otra. Por eso nos hemos tenido que reunir con el licenciado Carlos Santiago», dijo Rodríguez.

La presidenta del CCD indicó que las negociaciones con ASES pretenden que el organismo público «interfiera» con la aseguradora para que desista de solicitar el mencionado requisito. «Lo que estamos negociando con ellos (ASES) es que se provea un contrato básico para todos (los dentistas)», dijo Rodríguez. 

Por su parte, el presidente de la Asociación de Laboratorios Clínicos (ALC), Felipe Cintrón Zayas, dijo que actualmente existe mucha «disparidad» en los pagos que las aseguradoras han acordado con determinados laboratorios  en negociaciones individuales. 

«Sabemos que hay negociaciones individuales que ayudan a unos pocos y perjudica a muchos porque vemos mucha disparidad en los precios que pagan las aseguradoras. A unos les pagan un poco más y a otros un poco menos por las mismas pruebas, en las que se usan los mismos equipos y que los proveedores tienen los mismos costos. Cuando puedes negociar a nivel colectivo equiparas a todo el mundo y además, es una negociación más justa porque equiparas esos pagos. En síntesis, la negociación colectiva busca uniformar todos los pagos que reciben los proveedores», dijo Cintrón Zayas.

Aumentos que no elevan pagos

El presidente de la ALC sostuvo que las aseguradoras del sector comercial acostumbran a decretar aumentos entre un 30 % y un 35 % anual en sus cobros a los asegurados, lo cual se realiza siguiendo unas tablas que fijan aumentos por el aumento en la edad. Cintrón Zayas dijo que tales aumentos no benefician a los proveedores y los pacientes, por lo que la herramienta de la negociación colectiva se usaría para hacer justicia a los proveedores.

«Y mientras aumentan por un lado, las aseguradoras han disminuido en un 35 % sus pagos a los proveedores, lo que no va acorde con lo que están haciendo. ¿Cómo es posible que si estás cobrando más estés pagando menos? Tienes más dinero para pagar a los proveedores. El dinero no se está invirtiendo en el paciente. No sabemos dónde se está invirtiendo el dinero. Obviamente el asegurado de los planes privados no está viendo ese beneficio», indicó Cintrón Zayas.

«Lo que nos cuesta a nosotros procesar la prueba y entregarla al cliente no está cubierto con los pagos de las aseguradoras. Y esa es una gran preocupación de nosotros”, dijo.

Otra situación que es de gran preocupación para la ALC y que sería motivo de las negociaciones colectivas con las aseguradoras es que los costos reales de muchas pruebas no se logran cubrir con los pagos de las aseguradoras.  

Costos al descubierto

«Una prueba que a mi me cuesta $100 la aseguradora quiere pagar $10 y no pude ser. Entonces tenemos que decirle al paciente que no la podemos hacer aunque esté en el tarifario.

Cintrón Zayas sostuvo que otra tendencia que se ha registrado en las aseguradoras de salud es que efectúan una competencia desleal contra los laboratorios y otros proveedores de salud por medio de las llamadas policlínicas de salud. 

«Si te están costando mucho los laboratorios, las aseguradoras montan una policlínica y no le cobran deducible al paciente y te matan a la farmacia de comunidad, al laboratorio de comunidad, al médico de comunidad. A la larga el paciente no se da cuenta de que esas policlínicas están matando la accesibilidad. En Puerto Rico tú tienes un laboratorio a una distancia de 10 o 15 minutos y el resultado de las pruebas los tienes el mismo día o al día siguiente. Eso es una cualidad única de Puerto Rico. Si continúa la proliferación de las policlínicas obviamente se va a morir la accesibilidad de los laboratorios, que es una ventaja única a nivel mundial de Puerto Rico. No sé por qué estamos empeñados en eliminar esa bendición única que tenemos a nivel mundial», explicó Cintrón Zayas.

Acodese alerta inminente alza de primas

El presidente de la ALC sostuvo que la OCS realizó vistas públicas sobre la ley 78 en septiembre del pasado año, tras lo cual «el paso a seguir es movernos todos los proveedores para hacer presión para que se logre el reglamento». Agregó que la ALC presentó varias enmiendas al reglamento, el cual favorece a los proveedores  y a los pacientes». 

Finalmente Cintrón Zayas exhortó a los pacientes a confiar en su laboratorio clínico. «El laboratorio clínico está para servir a los pacientes, confíe en su laboratorio clínico», insistió el presidente de la ALC.

La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) ha sostenido que la negociación colectiva podría crear un monopolio en la negociación de tarifas a nivel de toda la Isla, lo que causará un aumento en las primas de los seguros de salud privados y los públicos y podría provocar un aumento en el número de personas no aseguradas.

Acodese también ha sostenido que los médicos que no participen de las negociaciones colectivas reclamarán trato igual, según las tarifas acordadas por aquellos grupos que negociaron con las aseguradoras, lo que causaría que las tarifas negociadas quedarían vigentes en toda la isla.

Por Miguel Díaz Román

La Comisionada de Seguros, Suzette Del Valle Lecároz, anunció ayer una serie de medidas dirigidas a auditar a las aseguradoras del país con el fin de garantizar que cada compañía posea el suficiente reaseguro para cubrir todos los valores asegurados. 

Del Valle Lecároz sostuvo que «las situaciones de colapso que hemos vivido en el pasado no pueden repetirse, no puede haber otro Real Legacy o otro Integrand. Todavía estamos trabajando con la Asociación de Garantía para pagar reclamaciones de María que aún están pendientes»

Y en sintonía con ese objetivo la funcionaria expresó que «el reaseguro adecuado no es un costo, es una inversión de estabilidad, es una inversión que protege a los asegurados, preserva la solvencia de las aseguradoras y  fortalece la credibilidad del mercado».

Del Valle Lecároz hizo las expresiones en el Foro de Reaseguro 2026, que ayer celebró la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico. El foro fue celebrado en el hotel Vanderbilt en el Condado. 

Las expresiones de la funcionaria representan el primer esfuerzo concertado de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), luego del paso del huracán María en el 2017, para fiscalizar a profundidad las operaciones de las aseguradoras y evitar que el país sea nuevamente sorprendido con nuevas insolvencias que causen el impago de millones de dólares en reclamaciones. 

Enfoque innovador

De hecho, la iniciativa de la funcionaria contiene un enfoque innovador que pretende privilegiar la fiscalización de las aseguradoras a través de varias medidas. En primer lugar, Del Valle Lecároz anunció que la OCS estaría sosteniendo reuniones individuales, «on one on one» (uno a uno), con las aseguradoras. 

«Estas conversaciones no serán punitivas sino preventivas y enfocadas en los niveles de estructura y en la coherencia entre la retención y el capital disponible y la exposición a riesgo.  La inclusión completa y correcta de todos los valores asegurables dentro del modelaje de riesgo, porque ahí está la clave. Análisis de capital y la consistencia entre los modelos utilizados y la realidad operativa de cada aseguradora», dijo la Comisionada.

Incluso, en un breve entrevista, SN le cuestionó a la Comisionada qué haría si en esas auditorías descubre que una aseguradora oculta parte de sus valores asegurados o sus contratos de reaseguro son insuficientes. 

Sin apenas vacilar, la funcionaria respondió: «Le ponemos un cese y desista. Yo estoy segura que esta es una industria sólida, una industria buena. Habrá algunas excepciones que vamos a apretar en su momento». 

Buena reputación

Otra de las medidas es realizar campañas para educar al público sobre lo qué es un seguro, cómo funciona y establecer claramente que los asegurados deben informar correctamente a las aseguradoras sobre el valor de lo que están asegurando. 

«Creo que eso va a redundar también en la buena reputación de la industria, que sino se informan mejor cómo deben proyectar los valores asegurados de pólizas individuales. Las aseguradoras no están para pagarlo todo sino se les informa correctamente qué es lo que están asegurando. Sino se les informa correctamente  las aseguradoras van a aplicar (una penalidad) de un 2 % de coaseguro y los ciudadanos tienen que aprender que es el 2 % de coaseguro», dijo la Comisionada. 

En lo que constituye otra innovación sobre cómo se debe enfrentar cada nueva temporada de huracanes, Del Valle Lecároz dijo que el país debe partir de una premisa realista y «prepararse todos los años como si nos fuera a atacar uno o dos huracanes». 

Las temporadas de huracanes, que comienzan todos los 1 de junio y terminan el 30 de noviembre, son recibidas con gran pasividad de parte de la ciudadanía y no provocan preparativos extraordinarios.  

Más auditores

Además, la funcionaria anunció que se propone fortalecer la capacidad técnica de la OCS con la inclusión de nueve plazas para auditores y otras 41 convocatorias para otras plazas necesarias para mejorar la fiscalización del ente regulador. 

Del Valle Lecároz dijo que las aseguradoras serán auditadas por proveedores privados especializados en realizar auditorías en el campo de los seguros.

La Comisionada también agregó que emitirá una carta circular para ampliar el marco de las aseguradoras que van a ser auditadas.

Otro aspecto innovador de parte de Del Valle Lecároz, es que concibe el reaseguro como una parte vital para el funcionamiento de las aseguradoras, cuyos engranajes internos no deben operar como un secreto administrativo, sino en total transparencia. 

«La OCS no concibe la supervisión de reaseguro como de tipo aislado o como un complemento documental, por lo menos yo no. Sino que lo entiende como un proceso continuo que requiere  transparencia, mucha comunicación oportuna y colaborar con las aseguradoras, los reaseguradores y el regulador. Las situaciones de colapso que hemos vivido en el pasado no pueden repetirse».

Es insostenible

«El reaseguro catastrófico es un componente neurálgico en la solvencia de cualquier aseguradora que opera en una jurisdicción como la nuestra. No se trata únicamente de cumplir con un requisito regulatorio, sino de asegurar tras un evento mayor que la aseguradora pueda honrar sus obligaciones con los asegurados sin poner en riesgo sus operaciones. Nuestra experiencia histórica demuestra con claridad que una estructura de reaseguro inadecuada ya sea por insuficiente, por diseño deficiente o por información incompleta puede tener consecuencias graves y duraderas. Cuando el reaseguro no responde cómo se espera, el impacto no se limita a la aseguradora, se traslada a los asegurados, a los reclamantes y a todo el mercado. Y lo que no se puede recuperar por mucho tiempo es la reputación y la confianza de la ciudadanía en la industria de los seguros», expresó la Comisionada. 

En ese contexto Del Valle Lecároz sostuvo que a ocho años del huracán María  «es insostenible» que aún permanezcan en los tribunales casos de seguro originados por el huracán María. 

La funcionaria exhortó a las aseguradoras relacionadas con esos casos que intenten transarlos de inmediato para no afectar su reputación ante los ciudadanos.  

Incluso, la funcionaria advirtió que «la industria (de seguros) no ha de progresar si seguimos teniendo  ese pasado todavía aquí y con los ciudadanos insatisfechos». 

Pide transar demandas

«Es muy importante, porque deja un mal sabor en la ciudadanía y una falta de confianza. Y el riesgo reputacional  es muy difícil volverlo  a recuperar. Si ellos ( las aseguradoras) a lo que se dedican es a la venta de seguros ¿cómo vamos a convencer a la ciudadanía si no le hemos pagado sus reclamaciones?. Vamos a poner la acción donde está la palabra. Tienen, tienen, tienen que cumplir con esa promesa de pago. No hay otra opción. No es justo», dijo la Comisionada a SN.

Sobre el reglamento de la regla 106, o el reglamento de «Appraisal», Del Valle Lecároz dijo que el reglamento será publicado en febrero  y, luego,  se recibirán los comentarios y si hay deseo para un vista, «se va a realizar».

SN también cuestionó sobre la solicitud de determinados reaseguradores y aseguradoras para que sean revisadas las tarifas para las pólizas de «dwelling», que es un seguro obligatorio para hipotecas, que protege la estructura física de la residencia principal, incluyendo techo, paredes y cimientos, ante eventos como fuego, huracán y terremoto. 

De hecho, un alza en la tarifa causará un aumento en la prima de la póliza de «dwelling»,  lo que repercutirá en el incremento en las hipotecas para viviendas. 

«Lo que hemos hecho es que se está estudiando (la tarifa) con un informe actuarial. En verdad el aumento (de la prima por el efecto del alza recomendada a la tarifa) es muy severo y es insostenible ahora mismo. Estamos evaluando hacer algo paulatino, para que se pueda lograr un balance porque la realidad es que habría que aumentar la tarifa por una parte, para que el costo del reaseguro baje. Me tengo que sentar con la industria y buscar un balance porque el fin de la gobernadora (Jenniffer González Colón)  es proteger a los ciudadanos y no continuar aumentando el costo de vida», dijo la Comisionada.

Por Miguel Díaz Román

SN entrevista a Jaime González Portilla, presidente de Antilles Insurance Company, luego de que se publicara hoy su artículo «La compra de reaseguro catastrófico», en el que plantea que la compra de reaseguro es neurálgica para la solvencia de una aseguradora tras el paso de un huracán o de un terremoto. 

Luego del paso del huracán María  las aseguradoras Integrand y Real Legacy fueron liquidadas por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), lo que causó que miles de asegurados no recibieron una justa compensación por las pérdidas que les causó el fenómeno meteorológico.

Las dos aseguradoras carecían de suficiente reaseguro para afrontar las pérdidas de sus asegurados. Además, la OCS fue incapaz de identificar esa grave falla operacional antes del paso del huracán María.

González Portilla también recordó en su artículo que en la década de 1990 la aseguradora National Insurance Company quedó insolvente luego de que la OCS descubriera en una auditoría que no estaban reportando a los reaseguradores el 100% de sus valores asegurados.

Pregunta – ¿Crees que existen aseguradoras que no reporten la totalidad de sus valores asegurados?

Respuesta – Una de las cosas más neurálgicas en el tema de reaseguro y de solvencia es que se tienen que auditar los valores asegurados de cada compañía y estar seguros de que son certeros. Yo tengo mis dudas porque la OCS no ha estado auditando – con la nueva Comisionada de Seguros eso va a cambiar – y los reaseguradores tampoco están auditando, pues sabe Díos si no se están reportando el 100 % de los valores asegurados que cada compañía tiene. 

P – ¿Cuál es tú preocupación?

R – Si tú escondes valores asegurados, que fue lo que hizo National, pues obviamente compras menos reaseguro y puedes quedar insolvente. Como aquí nadie audita a las compañías no me extrañaría que haya compañías que no estén reportando el 100 % de sus valores asegurados. Eso yo no lo sé, por eso yo le digo a la Comisionada de Seguros, Suzette Del Valle Lecároz, que audite a las compañías de seguros.

P – ¿Tiene la OCS los recursos para esa encomienda? Recientemente la Comisionada, Del Valle Lecároz, reconoció que la OCS no cuenta con los recursos económicos que una vez tuvo y tiene menos personal. Aunque actualmente realiza un esfuerzo para reclutar nuevo personal y ha sido exitosa en esa gestión.

R – La OCS no tiene los recursos y la empleomanía para hacer las auditorías. Por ende, la Comisionada de Seguros no está auditando las compañías. Ella sabe que tiene que buscar recursos externos e internos. Ella está trabajando en eso. Una de las maneras para hacerlo es contratar compañías privadas para hacer las auditorías y quien acaba pagando por esa auditoría es la misma compañía de seguros.

Fue una excelente selección el reclutamiento de Del Valle Lecároz. Es una Comisionada muy diligente y yo la apoyo.Yo sé que es una prioridad para ella el tema de las auditorías y si tiene esa prioridad el tema de reaseguro de los valores asegurados es crítico y también lo es el tema de la reserva adecuada para las pérdidas de María.

Una compañía con poco capital y una reserva inadecuada para las reclamaciones aún vigentes de María, es una candidata a la insolvencia si la reclamación de María resulta ser sustancial cuando se resuelva en el tribunal.

P – ¿Cuán importante es tener una reserva adecuada para las pérdidas de María?

R – Muy importante. Dirán que se han resuelto el 95 % o 96 % de las reclamaciones de María, pero esas que quedan son «heavy» (pesadas). Una de ellas es la reclamación del Departamento de la Vivienda, hay municipios, condominios y otras cuentas de gobierno. Son reclamaciones que representan mucho dinero.

P – ¿Los informes de Pérdida Máxima Probable (PMP) que las aseguradoras deben presentar ante la OCS, funcionan? ¿Qué pasó con esos informes en los casos de Real Legacy y de Integrand? 

R – Esas aseguradoras entregaron esos informes, claro que sí. Pero pudo pasar una de dos cosas: o escondieron valores asegurados  o no compraron suficiente reaseguro. De Integrand y de Real Legacy se sabe que no compraron suficiente reaseguro, esa fue la razón de la insolvencia. Lo de National fue distinto, no fue un evento catastrófico lo que sacó a relucir el problema, sino una auditoría de la OCS. Entonces tuvo que comprar el reaseguro y los reaseguradores le subieron los precios y comenzaron a perder dinero hasta que quedaron insolventes.

P – Has planteado que los reaseguradores también deben realizar auditorías a sus clientes. Eso parece que no ha ocurrido y no va a ocurrir….

R – Yo entiendo que son muy pocos los reaseguradores que han venido a Puerto Rico y le han dicho a sus clientes, mira ábreme tus libros que quiero ver si tus valores asegurados están correctos o si tus tarifas son adecuadas. Las auditorías de los reaseguradores son neurálgicas. Si tú no metes el 100% de tus valores asegurados en los modelos para determinar la PMP, nunca vas a comprar el reaseguro que necesitas. 

P – ¿Podría la OCS exigir por reglamento que los reaseguradores auditen a las aseguradoras?

R – Recuerda que la OCS no regula a los reaseguradores. Los reaseguradores si pueden por contrato, establecer que podrían venir a Puerto Rico y auditar a sus clientes.

P – ¿Por qué los reaseguradores no auditan a las aseguradoras?

R – A mi no me molesta si viniera un reasegurador a auditar mis libros, yo no tengo nada que esconder, somos transparentes. En Antilles tenemos al chavo nuestros contratos de reaseguro. Pero eso sí podría molestar a otros aseguradores y hasta podrían sacarlos del programa de reaseguro y lo reemplazan con otro reasegurador. Puede ser eso. 

Ahora, un reasegurador que tenga mucha participación en un asegurador en Puerto Rico, me refiero a una participación importante, pues yo creo que deberían tener interés en hacer una auditoría. Si yo fuera reasegurador lo haría. Recuerda que ellos deben traer un equipo de auditores a Puerto Rico. Deben dedicar tiempo y esfuerzo. La realidad es que no lo hacen mucho.

P – En gran medida esta controversia surge por una propuesta que Alexis Sánchez Géigel, presidente de Mapfre, le hizo a la OCS para verificar si los contratos de reaseguro de las aseguradoras  son adecuados. Su propuesta fue que los productores le provean a las aseguradoras el número de catastro de las propiedades de sus clientes, una descripción exacta y detallada del tipo de construcción de las propiedades y una valoración reciente de la propiedad. 

R – Todo eso es bueno pero yo no sé si es funcional. Si eso funcionará. Eso cuesta dinero y estamos hablando de miles y miles de propiedades. Lo de la valorización es buenísimo. Ojalá que a nosotros, las compañías de seguro, nos llegara todo lo que vamos a asegurar con una valorización. Eso sería fantástico porque nos permite saber el valor de reemplazo de la propiedad y ese sería el valor por el que se debe asegurar el individuo. Si se quiere asegurar por menos no le vamos a asegurar esa propiedad. Pero todo eso cuesta dinero. 

La única razón por la que una aseguradora pide una valorización es cuando el agente o corredor quiere poner un límite de seguro y  pide suspender la cláusula de coaseguro,  ( esta cláusula le impone una penalidad al asegurado si, en caso de una reclamación, el valor de la propiedad  no es el correcto). Si el agente o corredor pidió suspender la cláusula de coaseguro la aseguradora pide una valoración para asegurarse de que el valor de la propiedad es, por ejemplo, $1 millón.

Por Miguel Díaz Román

Elevance Health demanda a cuatro ex ejecutivos de su filial puertorriqueña, MMM Holdings, LLC (MMM), alegando que violaron acuerdos de no competencia al irse a la aseguradora Triple-S Salud, según publicó ayer la revista Hospital Review.

La nota de prensa, escrita por el periodista Jakob Emerson, sostiene que los ex ejecutivos de MMM renunciaron para integrar la plantilla de su principal competidor, la aseguradora Triple S Salud, y realizar funciones similares a las que ejecutaban con su antiguo patrono. La nota no identifica a los cuatro ejecutivos. SN pública la historia para beneficio de nuestros lectores.

La demanda, presentada el 29 de enero en un tribunal federal de Indiana, alega que los ex ejecutivos incumplieron los términos de sus acuerdos de compensación accionaria al unirse a un competidor directo. Elevance reclama más de $1.08 millones en concepto de reembolso combinado de acciones, más honorarios de abogados e intereses.

Tres de los demandados se incorporaron a Elevance tras la adquisición de MMM en junio de 2021, mientras que el cuarto trabajaba para la filial desde 2018. Según la demanda, los cuatro renunciaron entre agosto y diciembre de 2025 y asumieron altos cargos en Triple-S de GuideWell, que la demanda describe como la mayor pagadora de Puerto Rico.

Los ex ejecutivos ocuparon puestos que tenían responsabilidades como liderazgo médico, servicios de hospitalización, finanzas y operaciones farmacéuticas, y sus nuevos puestos en Triple-S implican funciones similares, según la demanda. Elevance afirma que cada uno de ellos tuvo acceso a información confidencial, incluyendo estrategias de marketing, precios, planes de negocio, datos financieros y modelos operativos propios que podrían ser valiosos para un competidor.

Las adjudicaciones de acciones se otorgaron bajo un plan de compensación de incentivos con condiciones, incluyendo acuerdos de no trabajar para un competidor durante 12 meses después de dejar la empresa. Elevance alega que envió cartas a los ex ejecutivos solicitando el reembolso en un plazo de 10 días, pero ninguno realizó ningún pago.

En septiembre, Elevance demandó a una ex ejecutiva sénior de suscripción que aceptó un puesto en la compañía de beneficios médicos Gravie, alegando que tenía acceso a fórmulas de precios confidenciales y secretos comerciales. En 2023, la compañía demandó a una exejecutiva que dejó la empresa para ocupar un puesto similar en Molina Healthcare, lo cual finalmente se resolvió.

Por Jaime González Portilla

Presidente de Antilles Insurance Company

La compra de reaseguro catastrófico es neurálgica para la solvencia de una aseguradora post un huracán o terremoto. Luego del paso del Huracán María (2017) dos (2) aseguradoras en Puerto Rico se fueron a la quiebra, otras abandonaron la isla y la gran mayoría sobrevivieron únicamente porque su compañía matriz tuvo que inyectar más capital para mantenerlas a flote. 

En la década de los 1990 la aseguradora National Insurance Company fue víctima de haber quedado insolvente unos años después de que la OCS descubriera que estos no estaban reportando a los reaseguradores el 100% de sus valores asegurados retenidos y por ende la compra de reaseguro catastrófico era inadecuada. 

Una vez sale a relucir que esta aseguradora ocultó su exposición a pérdida y que la compra de reaseguro no era la correcta, la aseguradora tuvo que sufragar unos costos tan altos de reaseguro que al cabo de unos años sus pérdidas operacionales la llevaron a la quiebra. 

El motivo de National de no ser certeros cuando decidieron no reportar el 100% de los valores asegurados fue para pagar menos por la compra de reaseguro catastrófico reduciendo sus gastos y así aumentar sus ganancias operacionales.    

Para asegurarnos que la compra de reaseguro catastrófico sea adecuada es bien importante que las aseguradoras locales reporten a sus reaseguradores el 100% de sus valores asegurados retenidos expuestos a una pérdida.  

Prácticamente, quien único puede certificar o corroborar que una aseguradora esté reportando todos sus valores es la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico (OCS). 

La OCS tiene que asegurarse de auditar periódicamente a todas las aseguradoras y presencialmente visitarlas para poder solicitar acceso a toda la data relacionada con los valores asegurados retenidos con miras a certificar que los mismos están correctos y que la compra de reaseguro catastrófica es la adecuada. 

Reconociéndose que es imposible que un auditor de la OCS pueda cotejar el 100% de todas las pólizas aseguradas por un asegurador, la OCS en su auditoría tiene que identificar y solicitar que se le entregue un grupo de pólizas de seguros al azar con el propósito de asegurarse que los valores asegurados retenidos está correcto.  

Cabe señalar que los reaseguradores también pueden solicitar auditorías a sus clientes, las aseguradoras locales, para corroborar que los valores asegurados retenidos estén correctos, pero la realidad es que prácticamente nunca lo hacen. Como industria tenemos que exhortar a los reaseguradores que auditen a sus clientes las aseguradoras. 

Otro aspecto bien importante para asegurarnos que una aseguradora no quede insolvente es que la OCS tiene que auditar si las reservas de pérdidas pendientes de pago del Huracán María son adecuadas. 

La OCS tiene conocimiento de que aún quedan cientos de reclamos complejos pendientes de pago del Huracán María. 

Si las reservas de pago no son las correctas o adecuadas una aseguradora con un capital limitado podría quedar insolvente.

La Comisionada de Seguros de Puerto Rico, Lcda. Suzette Del Valle Lecároz, informó que el Financial Regulation Standards and Acreditation (F) Committee de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) restableció la acreditación de Puerto Rico tras la OCS demostrar cumplimiento de los requisitos del Part A Accreditation Manual y del Corrective Action Plan de la OCS sometido el 19 de diciembre de 2025. 

“Este resultado confirma que Puerto Rico cumple con los estándares regulatorios aplicables a los aseguradores internacionales multiestatales, y refleja el trabajo riguroso, la disciplina y la constancia de la OCS, respaldada siempre por la gobernadora Jenniffer González Colón, para fortalecer la supervisión financiera y la estabilidad de la industria de seguros”, explicó la Comisionada.

La evaluación realizada por la NAIC abarcó el impacto de la Ley Núm. 130-2025, así como la actualización de reglamentos, procedimientos y prácticas operacionales implementadas por la OCS, reconociendo, con el restablecimiento de la acreditación, el progreso alcanzado. La OCS continuará haciendo reportes periódicos a la NAIC y mantendrá comunicación continua con dicha organización sobre cada asegurador y reasegurador internacional y cada asegurador y reasegurador internacional multiestatal que acuda a la OCS para autorizarse dentro del Centro Internacional de Seguros.

“En la OCS reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, la supervisión efectiva de la industria de seguros y la protección del consumidor en Puerto Rico. Continuaremos trabajando con rigor y en estrecha colaboración con la NAIC para sostener y fortalecer el cumplimiento con los estándares de acreditación del NAIC”, añadió la Comisionada.

“Exhortamos a toda la industria de seguros a mantener no solo el cumplimiento con los estándares de la NAIC, sino también la estricta observancia con el Código de Seguros de Puerto Rico y su reglamento, demostrando así que somos una jurisdicción seria, responsable y comprometida con las mejores prácticas regulatorias”, finalizó la licenciada Del Valle Lecároz.

Por Mapfre

Mapfre tiene desde hoy una nueva identidad visual. Después de años de transformación del negocio para responder mejor a las necesidades de los clientes y el cambiante contexto tecnológico y social, la compañía evoluciona la imagen que proyecta a la sociedad con una renovación de la marca que reafirma la esencia de la compañía, pero transmite mejor su actividad en todos los mercados y unidades de negocio.  

Alexis Sánchez Géigel, presidente de Mapfre, se dirge al público en el Coca Cola Music Hall.

La marca, un activo estratégico para la compañía, alineará la proyección externa con la transformación de los últimos años y permitirá conectar con audiencias más amplias transmitiendo una mayor cercanía. 

El resultado es una marca que mantiene la esencia y el legado de una organización con más de 90 años de historia, pero al mismo tiempo se actualiza hacia una imagen moderna y audaz que refleja mejor la compañía dinámica e innovadora que es hoy Mapfre. 

Una evolución del icónico rojo, que es ahora más vibrante y decidido, un renovado logo del trébol, más atractivo y actual, y el uso de minúsculas, que transmiten cercanía, son algunos de los elementos más reconocibles de este movimiento.  

“Hoy somos una compañía distinta a la que éramos hace apenas una década -señaló Alexis Sánchez Géigel, presidente de Mapfre. Nos hemos transformado, y estamos preparados para competir mejor es el mundo digital y conectado y, como siempre, priorizando a las personas. Esto no va a cambiar, lo que sí evoluciona es la marca, para reflejar mejor todo lo que ahora somos y enfatizar aún más lo cerca que nos sentimos de los clientes y de sus necesidades”  

La relación con clientes y otros grupos de interés es uno de los pilares que ha impulsado la adopción de la nueva marca. Mapfre ha aprovechado con agilidad las posibilidades de la revolución tecnológica para afianzar una relación más cercana, personalizada y sencilla con quienes confían en ella, una proximidad que tiene su reflejo en la nueva marca, impulsando la llegada a nuevos públicos.

   Una marca global 

La nueva marca se implementará de manera gradual en los próximos tres años en todos los países en los que está presente Mapfre de manera directa, siguiendo una estrategia que priorizará la adaptación local en cada territorio, y asegurando que la nueva identidad de marca sea relevante y comprensible en todos los mercados.

 La actualización se llevará a cabo en las más de 4.600 oficinas que Mapfre tiene en el mundo, en canales digitales y otros activos como las distintas sedes de la compañía.

En Puerto Rico se implementará el cambio empezando por los elementos que la empresa considera más estratégicos, que incluyen las oficinas centrales ubicadas en San Juan, las sucursales ubicadas en los diferentes puntos de la isla y las oficinas de los principales representantes autorizados siguiendo por la presencia online y, a continuación, se irá avanzando en el resto.

Descubre todos los detalles sobre el cambio de la marca en este enlace. 

Para más información puedes contactar a Paola Molina, de Comunicación de Mapfre al tel- 1 787 919-3354. Email: pmolina@mapfrepr.com

El orgullo de ser RRIQUEÑO va más allá de la identidad; también se manifiesta en el deseo de aportar y generar un impacto positivo en la comunidad. Con ese espíritu, ya están disponibles las camisetas oficiales del orgullo RRIQUEÑO, una pieza que celebra la diversidad cultural y el sentido de pertenencia, permitiendo a las personas escoger entre una variedad de banderas disponibles para representar el país con el que más se identifiquen.

La camiseta puede adquirirse a través de www.rriqueño.com, y todo el dinero recaudado será destinado a la Fundación Luis Miranda Casañas (FLMC), organización sin fines de lucro con el fin de mejorar la calidad de vida de comunidades vulnerables en Puerto Rico.

La Fundación Luis Miranda Casañas, creada en el 2012 en honor al fundador de Universal Group Inc., es una organización comprometida con el desarrollo social de Puerto Rico. Su misión es mejorar la calidad de vida de comunidades vulnerables mediante programas enfocados en educación, salud, bienestar y apoyo comunitario, promoviendo un impacto positivo y sostenible a largo plazo.

A través de sus programas e iniciativas, la Fundación Luis Miranda Casañas trabaja en áreas prioritarias como educación, salud, bienestar social y apoyo comunitario, desarrollando proyectos que impactan directamente a familias y poblaciones con necesidades apremiantes. Su compromiso es transformar la solidaridad en acciones concretas y sostenibles.

“Ser RRIQUEÑO es sentir orgullo por nuestras raíces e identidad, pero también es asumir el compromiso de apoyar a nuestras comunidades y a nuestra gente. Esta iniciativa nos permite canalizar ese orgullo de una manera muy especial, convirtiéndolo en recursos que fortalecerán nuestro alcance en las comunidades y las organizaciones a las que servimos”, expresó José Gabriel Morales, director ejecutivo de la FLMC.

Esta iniciativa invita a la ciudadanía a expresarse con orgullo a través de una prenda que refleja identidad y diversidad, mientras contribuyen directamente a una causa social que busca generar bienestar y oportunidades para quienes más lo necesitan. La camiseta tiene un costo de $15 y $5 por el envío vía correo a cualquier parte de la Isla o del exterior.

Las ventas sólo se realizarán a través de la plataforma www.rriqueño.com. Para más información sobre la Fundación puede visitar www.fundacionluismirandacasanas.org o las redes sociales de Universal Group en Facebook e Instagram.