«No es lo mismo asegurar un yate o una lancha que un Jet Ski»
Por Miguel Díaz Román
Si algo quedó claro en la vista pública que examinó una medida que crearía un seguro de responsabilidad obligatorio para embarcaciones de motor, es que existe una falta de datos y estadísticos para justificar la intención legislativa de ordenar a la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC), que administra el seguro de responsabilidad obligatorio para vehículos de motor, que se haga cargo del propuesto seguro para embarcaciones.
Y con gran prudencia pero con firmeza, las mujeres que dirigen la ASC, la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE) establecieron que, antes de aprobar una legislación que carece de la información pertinente, es necesario encomendar un estudio actuarial y un estudio de mercado que desentrañe la realidad del mundo de las embarcaciones en Puerto Rico.
Y no es tan solo describir las particularidades del universo de las embarcaciones, sino sacar a relucir los elementos de ese mundo que pueden producir daños suficientemente sustanciales como para afectar a muchos ciudadanos, lo cual reclama la intervención del gobierno y la aprobación de un seguro obligatorio para embarcaciones como medida justa para mitigar esos daños.
En otras palabras, si algo quedó claro en la vista pública es que el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez Núñez, y el representante, Jorge Navarro Suárez, legislaron a ciegas y con total improvisación cuando radicaron el Proyecto de la Cámara 1156.
La vista pública fue celebrada el pasado viernes 15 de mayo por la Comisión de Banca y Seguros de la Cámara de Representantes ,que es presidida por el representante Navarro Suárez.
En la vista pública también se analizó el Proyecto de la Cámara 787, radicado por el representante José Aponte, que exige para obtener el marbete que emite el Departamento de Hacienda toda embarcación deberá tener una póliza de responsabilidad con una cobertura mínima de $50,000.
En su exposición de motivos el PC 1156 sostiene que «al igual que ocurre en las carreteras, los accidentes marítimos resultan frecuentemente en daños cuantiosos a la propiedad de terceros y a la infraestructura costera, dejando a las víctimas desprovistas de remedio económico cuando el causante del daño es insolvente o carece de un seguro de responsabilidad».
Comisionada exige estudio actuarial
«Esta asamblea legislativa reconoce la urgente necesidad de atender el problema de los daños no compensados en nuestras costas, estableciendo un mecanismo que garantice que toda embarcación de motor que navegue por nuestras aguas territoriales asuma la responsabilidad financiera de su operación», concluye la exposición de motivos.
No obstante, la Comisionada de Seguros, la licenciada Suzette Del Valle Lecároz, insistió en la necesidad de realizar un estudio actuarial que verifique la existencia de una necesidad constatable como para justificar lo que propone el PC 1156.
Incluso, que esa necesidad propicie un volumen lo suficientemente grande de reclamaciones como justificar la aprobación de una póliza de seguro obligatoria y el establecimiento de toda una estructura administrativa.
A la pregunta sobre cuánto ascendería el costo de ese estudio Del Valle Lecároza dijo que habría que solicitar una cotización, pero advirtió no haber visto un estudio actuarial en la OCS cuyo costo no sea menor de $60,000.
La funcionaria señaló que la naturaleza del estudio actuarial que se contempla para las embarcaciones podría tener un costo mayor a los $60,000. Incluso, Del Valle Lecároz dijo que también será necesario realizar un estudio del mercado de las embarcaciones en la Isla. Pero sobre este último la funcionaria no llegó a establecer su costo.
Prima más cara
«Hay que pedirle a las aseguradoras que nos digan su experiencia y su siniestralidad de los casos para entonces evaluar el costo de la partida que se le va a cobrar al ciudadano, que podrá ser mucho más de $99 (el costo de la prima de SRO). No podemos pensar que va a ser igual», dijo la Comisionada de Seguros, una expresión que, sin duda, pudo tener la intención de desalentar la consideración del PC 1156.
Del Valle Lecároz solicitó a viva voz que la OCS necesitaría una asignación de fondos para encomendar el estudio actuarial a lo que el representante Navarro Suárez respondió que evaluaría la petición.
La licenciada Iraelia Pernas, directora ejecutiva de ACODESE, marcó las diferencias entre los objetivos que perseguía la aprobación del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO) en la década de 1990 y los objetivos del PC 1156.
Pernas estableció que en la década de 1990, cuando la mayoría de los vehículos de motor no tenían un seguro, se aprobó el SRO, lo que permitió de los conductores obtuvieran una compensación económica si su auto es afectado por un accidente.
«Es muy diferente con una embarcación, que es algo que es de recreo. Y hasta qué punto existe la necesidad, volvemos a lo que mencionó la Comisionada, hay que ver el que realmente haya una necesidad constatable y que sea asegurable , que propicie un volumen lo suficientemente grande como para que pueda darse un seguro y no una selección adversa. Así por esas razones tenemos consignado el análisis, pero en esencia reconocemos la buena intención pero creemos que las medidas son prematuras en ausencia de una justificación documentada», dijo Pernas.
Mucho cuidado
A preguntas del representante Navarro Suárez, la directora ejecutiva de ACODESE expresó reservas en la propuesta de la medida de adscribir el seguro de embarcaciones en la ACS.
«Hay que tener mucho cuidado de no trastocar la solidez de las ASC, que por tantos años le ha servido bien al país conjuntamente con los otros aseguradores», dijo Pernas.
El representante Navarro Suárez, quien presidió la vista pública leyendo un libreto de preguntas que, posiblemente un asesor le hacía llegar a través de su computadora, cuestionó «si las marinas exigen que las embarcaciones que atraquen en sus instalaciones estén aseguradas ¿por qué no cerrar la brecha con las embarcaciones que no atracan en marinas?»
«Habría que ver qué tipo de embarcaciones son. No es lo mismo asegurar un yate o una lancha que un Jet Ski. No es que tenga nada en contra de los Jet Ski, es por poner un ejemplo. Pienso que el dueño del yate tiene un seguro. Cuál es el riesgo del yate versus una cosa más pequeña.Aquí la compañera de Recursos Naturales ha dicho que existen embarcaciones con motor otra sin motor, hay un abanico de posibilidades que hay que ver bien antes de brincar a las conclusión de que vamos meterlo en la ASC o vamos a requerir», explicó Pernas.
Rechaza involucrar a la ASC
La licenciada Nereida Carrero Muñiz, quien es la directora ejecutiva de la ASC, recordó que durante la creación del SRO en los primeros años de la década de 1990, se aprobó inicialmente una resolución que asignó $100,000 para realizar el citado estudio y para otros gastos. Indicó que tras la realización del estudio se pudo determinar que solo el 14.7 % de los autos en Puerto Rico estaban asegurados, un dato que se utilizó para justificar la aprobación de SRO.
Carrero Muñiz rechazó que se parta de la premisa de que la ASC debe realizar el estudio actuarial, la cual , según dijo, es una responsabilidad de la OCS que es el regulador de la industria de seguros.
De hecho, el ex representante y licenciado Angel Cintrón, estuvo asesorando a Carrero Muñiz en la vista pública. Hay que mencionar que Cintrón junto al ex Comisionado de Seguros, Juan García, realizó una brillante gestión legislativa para hacer realidad el SRO y la ASC.
En la vista pública estuvo presente Luis Alvárez Márques Ruiz, quien es el Comisionado de Navegación, una entidad adscrita al Departamento de Recursos Naturales. Márques Ruiz dijo que todas las embarcaciones que atracan en marinas están aseguradas y que las embarcaciones sin seguro son aquellas más pequeñas entre 23, 30 y 35 pies de eslora.
