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Puerto Rico
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A la criminalidad mercenarios de Grupo Wagner tras muerte de Prigozhin

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 Por Miguel Díaz Román

La muerte de Yevgeni Prighozin pudo causar júbilo al presidente de Rusia, Vladimir Putin, luego de su fanfarronada militar de intentar tomar Moscú el pasado mes de junio, y algo de euforia a la camarilla de militares rusos que recibieron los duros insultos del jefe del Grupo Wagner desde el campo de batalla en Ucrania.

Pero los efectos a largo plazo de esa muerte pueden llegar a ser catastróficos para Rusia, Europa y para el conjunto de naciones donde los mercenarios de Prighozin tienen entrada, de acuerdo con analistas de la geopolítica europea.

Estos analistas sostienen que tras la muerte de Prigozhin, muchos de los mercenarios del Grupo Wagner, que ascienden a 50,000 soldados, podrían dividirse en grupos paramilitares para dedicarse a la actividad criminal.  

Un comportamiento que ya se ha registrado en países como El Salvador y Siria, donde los militares desmovilizados se han trasladado a la actividad criminal ante la ausencia de mecanismos estatales para utilizar esos recursos.

El miércoles de la pasada semana el mundo pudo observar un video que mostraba el avión privado de Prigozhin precipitarse en territorio ruso luego de despegar desde un aeropuerto en Moscú en un viaje que lo llevaría a San Petersburgo.

En la nave viajaba la plana mayor del Grupo Wagner, incluyendo a Prigozhin, quien adquirió fama por sus vídeos insultantes contra el ministro de defensa ruso, Serguéi Shoigú, porque su ejército mercenario no recibía suficientes municiones del gobierno para su campaña militar en Ucrania.

Luego, Prigozhin llenó titulares alrededor del planeta al liderar un espectacular levantamiento militar contra el Kremlin el pasado mes de junio, en el que logró tomar la ciudad rusa de Rostov del Don.

El levantamiento provocó un reagrupamiento del ejército ruso cerca en el Kremlin y en la periferia de Moscú, que anticipaba una inminente derrota para la columna de mercenarios del Grupo Wagner que se dirigía a la capital rusa en un escuálido convoy de tanques y camiones. 

Muy rápida la muerte de Prigozhin

A millas de Moscú, Prigozhin desistió de su fanfarronada y aceptó reubicarse junto a sus mercenarios en Bielorrusia. 

De inmediato, Putin catalogó la acción de Grupo Wagner como una traición, lo que generó especulaciones sobre la inminente muerte de Prigozhin de la misma manera como fueron asesinados otros opositores del presidente ruso.

A modo de ejemplo es preciso recordar que en 2006 fueron asesinados Alexander Litvinenko y Anna Politkovskaya, quienes criticaron la embestida rusa en Chechenia a principios de los años 2,000.

 Sobre Prigozhin Putin llegó a decir que «era un hombre con un destino difícil y cometió graves errores en la vida».

De hecho, lo que ha llamado la atención es la rápida muerte de Prigozhin, apenas dos meses después del intento de golpe en Moscú.  

Unas hipótesis apuntan que el asesinato obedeció a dos misiles lanzados desde la tierra que derribaron la aeronave, mientras que funcionarios estadounidenses sospechan que el aparato voló en pedazos a causa de un artefacto explosivo colocado en su interior.

El principal asesor de la presidencia de Ucrania, Mijailo Podoliak, ha afirmado que la muerte de Prighozin es obra de Putin. También ha dicho que el asesinato del líder del Grupo Wagner es un intento de enviar un mensaje a las élites rusas que podrían oponerse a la guerra en Ucrania y a otras decisiones del presidente ruso, ante la celebración de las elecciones del próximo año.

Un saludo a la actividad criminal 

Por su parte, el historiador británico Orlando Figes, dijo que Putin «necesitaba demostrar que hay un solo poder en Rusia».

Figes argumentó que el motín que encabezó Prigozhin demostró que el régimen ruso está «muy enraizado en el poder» y que no se erosiona por «rebeliones o protestas populares».

«Como era de esperar, Putin ha utilizado el motín para hacer una limpieza en los mandos militares y probablemente veamos también una purga en las fuerzas de seguridad», analizó el historiador.

En declaraciones a la cadena de radio española SER, Mariano Aguirre, quien es investigador asociado del Instituto Chatham House, dijo que el escenario con mayores posibilidades es que los mercenarios del Grupo Wagner se integren a la actividad criminal.  

El Instituto Chatham House es uno de los bancos de ideas más prestigiosos del mundo dedicados al estudio de la geopolítica y las relaciones internacionales.

Aguirre dijo que desde el intento de golpe de estado del Grupo Wagner ha habido cientos de análisis que «aseguraban que ese desafío tan público era un símbolo claro de la debilidad de Vladimir Putin”, por lo que el presidente ruso necesitaba hacer una demostración de control y poder. 

Los mercenarios no favorecen el ejército ruso

Aguirre dijo que con el asesinato de Prighozin “Putin ha mostrado fuerza y total impunidad».

Agregó que actualmente existe incertidumbre sobre el futuro que le espera al Grupo Wagner tras la muerte de su líder. El analista recordó que Grupo Wagner no es solo un grupo de mercenarios, sino un conglomerado empresarial «ilícito», en el que «hay empresas dedicadas a la desinformación en redes sociales para difundir información falsa, y hay grupos armados diversos».

Según un estudio del diario francés Le Monde, existen alrededor de 400 empresas reales o ficticias, controladas directa o indirectamente por el gobierno ruso, entre las que se encuentra Grupo Wagner.

Aguirre dijo que, aunque el Kremlin haya ordenado a los miembros de Wagner inscribirse en el ejército ruso, eso no ocurrirá. El analista advirtió que el dilema para el gobierno ruso es «cómo integrar a muchos miles de mercenarios que han sido y son criminales que estaban en las cárceles rusas». Actualmente hay mercenarios de Wagner en África, Rusia y Bielorrusia.

Aguirre considera que en el futuro inmediato el escenario con mayores posibilidades es que los mercenarios podrían padecer de lo que llamó la «sirianización».

«De la misma manera que ha ocurrido en Siria, desde el Grupo Wagner van a formarse diferentes grupos armados que van a operar fundamentalmente en el terreno del crimen, aunque usarán alguna justificación política para sus actos. Y eso es enormemente peligroso para todos los países que tienen frontera con Rusia», advirtió.

El politólogo Andrei Kolesnikov, de la Fundación del Carnegie para la Paz Internacional, sostuvo que las unidades de Wagner “desaparecerán, en parte contratados por el ejército regular ruso». No obstante, en declaraciones al diario español El Independiente, Kolesnikov coincidió con Aguirre al señalar que una parte de los mercenarios «se convertirán en grupos criminales fuera de control y con armas”.

Para este reportaje el periodista se nutrió de diversos artículos publicados en la prensa estadounidense y en periódicos internacionales.

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INFORME SEMANAL-25 de Agosto de 2023

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Esta semana en Informe Semanal dialogamos con el empresario José González Freyre sobre la Ley de Cabotaje y la seguridad alimentaria. También dialogamos sobre cinco órdenes emitidas por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera que afectan a la empresa Suiza Dairy. Ademas, dialogamos sobre la reducción de recaudos del Fondo General y si el gobierno de Puerto Rico es en realidad un gobierno grande.

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El perfil de un mal secretario 

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Por Carlos A Flores Ortega

Ex secretario del Departamento de Agricultura

Un consistente patrón de abusos y faltas éticas se ha venido experimentando en el Departamento de Agricultura desde que el secretario Ramón González Beiro (Piru) asumió el cargo en enero del 2021. 

Al principio de su gestión se podía dar espacio para justificar algunos rangos de errores al ser un novato secretario sin conocimiento previo del funcionamiento del aparato gubernamental. El desconocimiento de la gestión pública gubernamental no sería un problema si el secretario, cualquiera que fuera, tuviera destrezas administrativas y gerenciales que le ayudarán a identificar a las personas que pueden cubrir sus deficiencias y dejarse asesorar sin que esto se vea como una reducción de su autoridad. 

En el caso del secretario de agricultura parece que la deficiencia de conocimiento en la gestión gerencial y falta de formalismo administrativo se empeoran con su actitud de que “él sabe más que nadie” y no acepta recomendaciones de los que sí saben aún y en su mismo equipo de trabajo. Estos rasgos que pudieran verse como complejos y en ocasiones machistas cuando es una fémina quien lo alerta sobre algo mal hecho, han pintado una caricatura de un secretario torpe, malcriado, ofensivo, malhablado y al cual le han perdido el respeto hasta sus propios aliados. 

Es muy triste ver el perfil de los secretarios y secretaria anteriores en la historia de esa agencia (con algunas excepciones), donde la gran mayoría eran profesionales respetables y con las destrezas gerenciales para asumir la responsabilidad de una silla del gabinete constitucional y cómo hoy esto contrasta con lo que estamos viviendo. 

El tiempo corre y vale oro. 

Los grandes perjudicados aquí son los agroempresarios y agroempresarias que se mantienen en un letargo donde no hay dirección y el obtener una ayuda del gobierno se ha tornado más difícil que adquirir una hipoteca bancaria. Esto era previsible y el gran culpable ha sido el Gobernador Pedro Pierluissi por no saber escoger bien a sus miembros de gabinete constitucional. Hay una gran diferencia en escoger funcionarios que atenderán la función pública, de un plan de gobierno público, ejerciendo política pública para beneficiar al público, y otra cosa es escoger aliados a su candidatura política. 

Hacer esto es permitir que el funcionario le dé prioridad a un plan estratégico en apoyo “político” de los que los llevaron al poder, ejerciendo distorsiones a los controles de leyes y reglamentos de acuerdo con la necesidad política, callando y atropellando, despidiendo, destituyendo y no beneficiando a los que no estén de acuerdo con estas acciones políticas, beneficiando solo a los que lo apoyen en sus intenciones de permanecer en el poder político. 

Tiene cuatro patas, rabo, orejas y nariz larga y dice juau, juau

No hay que ser un genio para saber que el secretario Ramón González venía acomodado por un grupo igual que él por la Asociación de Agricultores, los mismos que hasta hoy no han abierto la boca para defender a los agricultores de todo lo que está pasando y sí echar la culpa a administraciones pasadas. 

El ser parte del gremio es el mejor disfraz para ocultarse. Una asociación que no representa los intereses de los agricultores y ni remotamente lo que fue en un pasado. Solamente controlada por un grupito de ganaderos de leche que por ley le descuentan automático sus cuotas para mantener a la Asociación de Agricultores, es lo único que la sostiene. No hay mejor cueva para meterse ya que ante los medios de comunicación la percepción es que la Asociación de Agricultores habla en nombre de los agricultores de Puerto Rico. Pregúnteles a los agricultores si esto es cierto o falso. 

Tú me ayudas y yo te ayudo

Esa pudiera ser la consigna que medió entre el gobernador y el designado secretario. No por faltas de consejo porque yo personalmente alerté al entonces candidato Pierluissi de lo que realmente necesitaba la agricultura ante mi salida de esa agencia y de lo que debía alejarse, pero parece que entendió al revés. Mi insistencia de que escogiera a un servidor público con experiencia, agrónomo de profesión, con probado perfil profesional de éxito ya fuera en el gobierno o la empresa privada y que pudiera junto a un equipo de trabajo elaborar un plan agrícola que tomara la situación actual y la mejorara, era lo menos que pedía.

El tener un plan agrícola no parecía ser lo más importante y es que esa no era la necesidad para su designación. La necesidad parece que era asegurar que los proyectos de energía renovable que se necesitaban para salvar de la posible quiebra a la empresa AES en Salinas se construyeran en terrenos agrícolas con el aval de agricultura no importa que. Esto nunca ha sido confirmado sin embargo la desesperación por diversificar las fuentes de energía renovable de la AES más allá del uso de carbón así lo sugieren. 

El entonces candidato y hoy Gobernador Pierluissi era abogado del bufete que atendía los asuntos de la AES. De hecho, cuando examinamos el plan de gobierno del PNP en su plan agrícola de cinco páginas, se entendió por qué la agricultura no era la prioridad para el nuevo gobierno. Por eso ante preguntas de los legisladores en una audiencia pública donde fue citado el secretario Ramón González para que presentara su plan agrícola, éste mencionó que no lo tenía escrito y que lo tenía en su cabeza. Un secretario tiene que estar consciente de que la importancia de la planificación agrícola no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. 

No se le puede pedir a un árbol de higüero que de chinas. El tema agrícola parece que no era lo más importante y ahí fue que me di cuenta de que yo también debía alejarme y desearles suerte. De todos modos, ya yo había trabajado muy duro con las situaciones que enfrentamos con dos huracanes mayores, una emigración sin precedente, una sequía extrema con racionamiento de agua, recortes por primera vez de la JSF, un abrupto cambio de gobierno, la llegada de la pandemia del COVID-19 con los cierres que esto conllevó y los terremotos del Sur. Aun así, en el 2019 levantamos y superamos los mismos niveles de producción agrícola a un 17% y logramos recuperar el mismo número de empleos agrícolas del 2017 según certificó el Departamento del Trabajo. 

Si malo es no tener fondos peor es tenerlos y no saber usarlos

 Una larga lista de decisiones erradas ha hecho que se pongan en riesgo de perder millones de dólares en fondos estatales y federales para el desarrollo agrícola. Comenzando por el Programa Re-Grow con fondos federales asignados al Departamento de la Vivienda (CDBG-DR) por $92 millones para subvenciones a los agricultores y agroempresarios. La propuesta de este programa originalmente fue elaborada por la administración anterior del Departamento de Agricultura luego del paso del huracán Maria y fue por $140 millones. 

En su descripción original el programa sería administrado por el DA con un acuerdo de entendimiento entre el DA y la Universidad de Puerto Rico. Esto fue alterado durante la corta estadía de la Gobernadora Wanda Vazquez quien los pasó al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología y luego el Gobernador Pierluissi los pasó a Vivienda, de Vivienda a Agricultura y devuelto a Vivienda. Se podrán imaginar dónde fueron a parar las más de 3,000 solicitudes de los agricultores y el seguimiento con tanta mudanza de un lado para otro. 

La piedra que tires hoy podría ser con la que tropieces mañana

 Así de fácil podría describirse las primeras expresiones del secretario Ramón Gonzáles cuando asumió el cargo. “Encontré un Laboratorio Agrológico del Departamento de Agricultura remodelado y equipos nuevos, pero sin gente para dar el servicio”, “las Regiones Agrícolas no tienen agrónomos ni inspectores para trabajar el programa de subsidio salarial y otros programas”, “el presupuesto no alcanza para cumplir todas las necesidades que tenemos”. “Encontramos regiones operando en vagones como la de Ponce y otras regiones con facilidades con daños desde los huracanes sin reparar como la de Caguas”. “Los mercados agrícolas son un desastre y no hay personal para inspeccionar las importaciones”. Los subsidios por producción no llegan a todos los agricultores y son una pérdida de dinero”. “Comedores escolares no adquiere suficiente producción local”. 

Lo mejor de todo es cuando el novato secretario con actitud de triunfo decía que todo esto era culpa de Carlos Flores. Oh, pero pasados casi tres años desde que asumió el control y dijo que lo resolvería de inmediato. ¿Aún y sin resolver sigue siendo la culpa de Carlos Flores? Por eso, antes de hablar de lo que uno no sabe, se debe aprender o dejarse asesorar. Hay necesidades en muchas áreas de gobierno que no dependen de una agencia para poderse resolver. Ahí la astucia y pericia de los funcionarios públicos en poder someter propuestas de ley, de presupuesto, de reorganización y de acuerdos con otras agencias para poder resolver lo que solo no se puede. 

Solo necesito 18 meses para asegurar lo mío. Cuando uno asume un cargo de tanto prestigio y responsabilidad como el de secretario de una agencia pública, se asume paralizando todo cuanto se hacía antes por el mero hecho de servir a tiempo completo y 24/7 durante todo el cuatrienio. Hay quienes llegan con otra motivación y se aprovechan de la posición para adelantar sus intereses privados utilizando su poder e influencias en el gobierno investidas por la posición. Esto además de ser un delito y violaciones a los códigos de ética es un reflejo de lo torcida que está nuestra sociedad. 

Lo que no saben los que intentan aprovecharse de estas situaciones es que en el gobierno todo sale a relucir y que tarde o temprano caen en sus propias redes. Por eso no me sorprende el comentario que me contó un buen amigo al escuchar a un funcionario metido en palos en un restaurante del Sur decir que solo necesitaba 18 meses en la posición para asegurar lo suyo. Esto, aunque no se quien lo dijo, me puso a pensar. 

Dale poder a una persona y sabrás quien es

Así ocurre muchas veces cuando personas asumen cargos y el poder los marea viciosamente convirtiéndose en abusadores y autoritarios personajes fugaces, caricaturas que quedarán retratadas en la historia por el daño que hicieron. El cargo de secretario de una agencia pública sugiere respeto, profesionalismo, apertura y conocimientos para poder motivar a otros a lograr grandes cosas y convertirse en líder aceptado en su sector. Los líderes se ganan el respeto con el ejemplo y nunca con el miedo. 

El saber escuchar y aceptar sugerencias crea equipos de trabajo y el agradecer y reconocer el trabajo de los demás forma los lazos de lealtad y compromiso en los equipos de trabajo. Un secretario que hace lo opuesto siempre estará solo, sin equipo y sin lealtad. El utilizar la posición para adelantar proyectos privados, familiares o de amigos es un acto criminal y se castiga con todo el peso de la ley en Puerto Rico. Esto generalmente no ocurre por casualidad sino por diseño. Las personas que van a delinquir ya saben lo que quieren y cómo lo piensan hacer. El error es creer que lo van a hacer distinto a los demás y que no podrán ser detectados en su intento. Tarde o temprano todo se sabe, no hay crimen perfecto y la historia está llena de ejemplos de esto. 

No escuches las palabras, observa las acciones

Lograr aumentar la producción agrícola de un 15% a un 50% en un cuatrienio es como llegar a la Luna en bicicleta. Esto es lo primero que debió cuestionar el Gobernador Pierluisi cuando su secretario fijó esta meta ficticia sin contar con un plan, sin tener los recursos y sabiendo que, en la historia, ni aun en las mejores circunstancias, jamás se han obtenido aumentos así de drásticos en tan corto tiempo. La imagen de ser un agricultor protector de los mejores intereses de la producción de alimentos quedó empañada cuando a semanas de ocupar el cargo el secretario de agricultura se convirtió en un desarrollador de proyectos industriales de generación de energía renovable, destruyendo una de las mejores fincas agrícolas del Sur para estos propósitos y continúa con intentos de seguirlo haciendo con otras fincas. La Oficina de Ética Gubernamental tiene ante su consideración una investigación sobre este asunto referido por mi una vez advine en conocimiento con la evidencia de todas las violaciones y faltas éticas cometidas. 

En situaciones donde el país atraviesa problemas económicos los jefes de agencias deben ser muy cuidadosos de cómo administran su presupuesto. Con recortes económicos donde no alcanza para los subsidios e incentivos a los agricultores, quienes son la razón de ser de esta agencia, no es el momento de comprar flotas de vehículos de lujo, guaguas RAM para cargar dos personas, remodelación de oficinas tipo hotel de lujo, otorgación de contratos y gastos extravagantes. Por otro lado, lo que se espera es que el jefe de agencia consiga los fondos necesarios a través de la legislatura, OGP y la JSF con propuestas donde se demuestre la necesidad de la inversión y el retorno económico para la economía de Puerto Rico. 

Lo que hemos recibido es todo lo contrario. Reducción de presupuesto en subsidio salarial, eliminación de préstamos con fondos del FIDA, falta de garantías para el pago de los seguros agrícolas, pérdida de fondos públicos con el decomiso en los vertederos de más de 50 furgones de guineo importado, paralización de los proyectos de placas solares en fincas, desaparición de inversión en nuevas vaquerías robóticas, desaparición del programa de servicio de Drones a través de agrónomos certificados en las regiones agrícolas, desaparición de los programas de adiestramiento empresarial y apoyo a la Marca Del País, Puerto Rico. 

Por último, ya que me extendería muchísimo más, el utilizar la posición de secretario para castigar políticamente a funcionarios ya sean de carrera, de confianza o contratistas privados por consideraciones políticas constituye discriminación y es un delito estatal y federal. Todo esto constituye el perfil de un mal secretario.

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Anticipan nuevo caso federal de Suiza Dairy contra la ORIL

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Por Miguel Díaz Román

La Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) emitió una orden administrativa que aumenta la fecha de expiración de la leche fresca producida por la planta procesadora Tres Monjitas en hasta 16 días, mientras que la misma orden deja la fecha de expiración para la leche fresca producida por Suiza Dairy en 12 días, lo que ha sido considerado como una medida discriminatoria.

La ORIL emitió otra orden que le asigna a la planta Indulac un suplido de leche excedente permanente por un año, una determinación que la planta Suiza Dairy impugnó con éxito en los tribunales el pasado mes de febrero y que la agencia reguladora ha puesto en vigor nuevamente luego de enmendar el reglamento en julio.

En otra determinación, la ORIL también eliminó el precio especial en el que se podía adquirir leche cruda excedente para sustituir el uso de leche en polvo en la elaboración de determinados productos, una decisión que carece de una justificación y no menciona el interés público que pretende proteger y que podría perjudicar algunos negocios de la empresa Suiza Dairy, que procesa más del 55 % de la leche cruda que producen las cerca de 200 vaquerías que existen en Puerto Rico.

Estas tres órdenes administrativas integran un grupo de cinco determinaciones que emitió la ORIL el martes 22 de agosto y que llevan la firma del administrador interino de esa entidad reguladora, una posición que actualmente la ocupa el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.

La base legal que fundamentó las cinco órdenes administrativas fueron las enmiendas a los reglamentos 10 y 5 de la ley 34 de 1957 o Ley para Reglamentar la Industria Lechera, las cuales fueron aprobadas el 18 julio de este año.

Anticipan reviva el caso federal contra la ORIL

De hecho, una fuente de Suiza Dairy le indicó a este periodista que la empresa se encamina a impugnar en los tribunales las órdenes administrativas y los reglamentos 10 y 5.

Por su parte, el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, dijo que el efecto de las cinco órdenes de la ORIL será “revivir el caso federal y nos va a costar otros $90 millones”.

El ex secretario hizo alusión a la posibilidad de que Suiza Dairy acuda al Tribunal Federal de San Juan y reclame violaciones a los acuerdos alcanzados como resultados del pleito radicado contra la ORIL en 2006 en ese tribunal.

En ese pleito las empresas Suiza Dairy y Tres Monjitas reclamaron pérdidas multimillonarias debido a la incapacidad administrativa de la ORIL realizar evaluaciones económicas efectivas del mercado y de los componentes de la industria leche, con el fin de garantizar los aumentos de precio que permitan a las empresas operar de manera estable.

El Tribunal Federal falló en contra de la ORIL e impuso una compensación multimillonaria para esas empresas que aún la está pagando el gobierno y los consumidores, cada vez que adquieren un litro de leche.

Incluso, Flores Ortega dijo que el mayor beneficiado de que se reviva el pleito federal lo será el licenciado Edward Hill Tollinche, quien es el representante legal de la ORIL y quien ha representado a esa entidad en los numerosos pleitos judiciales que ha enfrentado a la entidad reguladora contra ganaderos y contra las plantas procesadoras, especialmente contra la planta Suiza Dairy.

La facturación del bufete de Hill Tollinche ha obtenido ingresos por más de $1.2 millones según una evaluación de los contratos registrados en la Oficina del Contralor en los pasados años.

Las órdenes administrativas

La orden administrativa 2023 -29 es la que dispone que la leche fresca pasteurizada producida por la planta Tres Monjitas pueda tener hasta 16 días de expiración, mientras que la leche fresca producida por Suiza Dairy mantiene la fecha de expiración en hasta 12 días.

 La misma orden administrativa emitida por la ORIL instruye a las empresas a incorporar en las etiquetas de la leche fresca los cambios en las fechas de expiración.

La orden indica que la sección 10 del reglamento 5 establece la regla para determinar la durabilidad de la leche pasteurizada que se vende al consumidor. También señala que la decisión surge de los resultados de las pruebas de durabilidad realizadas en el laboratorio de ORIL en las que se consideraron pruebas organolépticas, bacterias totales, coliformes, crioscopía y acidez.

Tres Monjitas aplaude orden administrativa

En reacción a esta determinación el gerente general de Tres Monjitas, Orlando González Núñez, sostuvo: “recibimos con mucho orgullo y satisfacción la orden administrativa 2023-29 de la ORIL, que le reconoce mayor durabilidad a la leche fresca Tres Monjitas y le autoriza más días en su fecha de expiración. Esta determinación responde a los esfuerzos de nuestros equipos de trabajo y ganaderos que por más de 105 años se han comprometido en producir productos lácteos de la más alta calidad y durabilidad, que han sido validadas por pruebas de la ORIL, de compañías independientes y por nuestros propios estudios. Sabemos que esta determinación impulsará mayor estabilidad y crecimiento en la industria lechera de Puerto Rico».

La orden administrativa 2023 -28 dispone de manera escueta y sin mayores explicaciones la derogación de la orden administrativa 2022-59, que establece un precio especial para leche excedente que sustituye el uso de leche en polvo para productos no fluidos.

En una redacción defectuosa, la orden administrativa 2022-28 concluye que la orden administrativa 2022-59 “obstruye o no tiende a poner en efecto las disposiciones de la misma”. Luego, sin ofrecer más información para justificar la decisión, la orden administrativa dispone la derogación de “la orden administrativa 2022-59 y toda orden posterior que establezca un precio especial para la leche excedente utilizada para elaborar productos no fluidos en sustitución de la leche en polvo”

La orden administrativa 2023-30 menciona que las enmiendas al reglamento 10 definen la leche excedente como «leche cruda producida en exceso de las necesidades del mercado de leche fresca, que se usa para manufacturar productos lácteos, o para enlatarla condensada, evaporada, pulverizada o en cualquier otra forma.»

Más leche excedente para Indulac

Luego, la orden indica que la ORIL evaluará cada año el mercado y determinará la cantidad de leche excedente que las plantas necesitarán para suplir la demanda de sus productos de leche fluida y leche no fluida. La orden indica que el manejo ”ordenado y eficiente del excedente es un deber legal y reglamentario del administrador”.

Más adelante hace un resumen sobre cómo se canalizó la leche cruda y el excedente entre 6 de julio de 2022 a 21 de junio 2023, un periodo en el que se generaron 78.8 millones de litros de leche excedente, de los cuales, en productos fluidos como leche UHT o leche de la larga vida útil o leche ESL, Indulac procesó el 64.4 % y Suiza el 35.5 %.

En productos no fluidos como crema, “sour cream” o “heavy cream”, Indulac procesó el 37.3 %, Suiza el 17% y Tres Monjitas el 45.6 %. Esta orden dispone básicamente que en esas proporciones será distribuido el excedente durante un año a partir de ayer miércoles 23 de agosto.

Sobre las otras dos órdenes administrativas, la 2023-28 deroga el precio especial para la leche UHT de exportación y la orden 2023-31 establece el monto de litros de leche excedente que recibirán las plantas entre el 17 y el 30 de agosto.

Apelativo había fallado contra la ORIL

El pasado mes de febrero el Tribunal Apelativo de San Juan anuló tres órdenes administrativas emitidas en noviembre de 2022 por la ORIL y que tenían como objetivo asignar un suplido sustancial de leche cruda hacia la planta Indulac.

Las tres órdenes fueron impugnadas por Suiza Dairy porque pretendían tratar a Indulac como si fuera otra planta comercial que compite en el mercado, e ignoraban su función reglamentaria como planta de balance, que es procesar solo los excedentes de leche.

 La determinación del Tribunal Apelativo se fundamentó en que las órdenes de la ORIL violaron la ley 34 y el Reglamento 10 que, entre otras disposiciones, establece la forma en que se debe canalizar el excedente de leche.

Además, el Apelativo determinó que la ORIL incumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme que ordena realizar vistas públicas y tomar en consideración las observaciones de los sectores afectados, cuando una determinación crea obligaciones, derechos e impone sanciones a los posibles violadores.

¿Fortaleza conoce las acciones de ORIL?

La decisión del Apelativo representó una victoria para Suiza que ha estado continuamente defendiendo sus operaciones como empresa privada de las decisiones arbitrarias de la ORIL, según surge de los numerosos casos judiciales en los que ha prevalecido la planta procesadora.

No está claro si la Fortaleza ha respaldado las acciones tomadas por González Beiró en la ORIL o si el gobernador y su entorno entienden en realidad los alcances de esas decisiones y el efecto que pueden tener en una empresa que ha realizado inversiones multimillonarias en el mercado local.

En los pasados meses la ORIL presentó las enmiendas a los reglamentos 10 y 5 y celebró vistas públicas hasta lograr la aprobación de las enmiendas el pasado mes de julio. No está claro si las enmiendas son cónsonas con las disposiciones de la ley 34.

El director ejecutivo de Indulac, Francisco Orama, dijo que no estaba en condiciones de opinar sobre las órdenes de la ORIL debido a que “no las he leído”.

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Multinational acusa de fraude a ocho condominios y reclama $1.6 millón en daños

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Por Miguel Díaz Román

La aseguradora Multinational Insurance Company (MIC) acusó a los consejos de titulares de ocho condominios exclusivos de la zona metropolitana de San Juan y a un grupo de empresas de peritaje, consultores e ingenieros, de crear un esquema de fraude para inflar el monto de las reclamaciones por daños causados por el huracán María.

En una petición presentada el pasado 13 de agosto en el Tribunal Superior de San Juan, la aseguradora sostuvo que nueve casos civiles que se ventilan en ese tribunal y que involucra a los ocho consejos de titulares, ha surgido evidencia de que presentan un patrón similar de fraude para sobrevalorar las reclamaciones por pérdidas causadas por el huracán María.

Ante esa realidad y para ahorrar gastos procesales al Tribunal, MIC presentó una petición de sentencia sumaria para que se condene a los demandados a resarcir a la aseguradora con $1 millón por los presuntos daños causados a la reputación de la empresa.

Además, MIC exige el pago de $600,000 adicionales por los gastos en que tuvo que incurrir para atender las reclamaciones fraudulentas como, por ejemplo, el pago por servicios periciales, de ajuste y otros gastos relacionados con los litigios como la toma de deposiciones.

Una moción de sentencia sumaria está justificada cuando una de las partes entiende que no existen hechos en controversia y que el tribunal se encuentra en posición de resolver.

Los consejos de titulares demandados pertenecen a los condominios Ashford Imperial, Camino Terraverde, Villas del Mar, Bosque del Río, Surfside Mansions, Portales de Carolina, Condado del Mar, condominio Paola y la empresa propietaria de edificios ELI S.E.

También figuran como demandados la empresa Forensic Building Science, Inc., (FBS), que es presidida por Tom Irmiter; el ingeniero Agustín Mujica, el contratista Raymond P. Shipley; la empresa de ingenieros Case Strategies Group, Inc, que es presidida por Craig Sienema; el ingeniero André Melo, quien es un ejecutivo de la empresa Principled Engineering Consultants Limited Liability Company; la empresa Attenure Group LLC; el fideicomiso Attenure Holding y la empresa HRH Property Holding, LLC (HRH).

MIC es representada por los abogados Carlos M. Rivera Vicent, Eduardo Capdevila Díaz, Ricardo Steffens, Germán Rieckehoff Pérez y Julio Nigaglioni Arache, quienes pertenecen al bufete Cancio, Nadal & Rivera.

Reclamaciones incluyen daños inexistentes

De acuerdo con la demanda de MIC, tras el paso del huracán María los consejos de titulares de los condominios demandados habían contratado ajustadores públicos en el mercado local o ajustadores procedentes de Estados Unidos, quienes presentaron las reclamaciones por daños.

Posteriormente los consejos de titulares contrataron algunas de las empresas codemandadas para que los representara ante la aseguradora, tras lo cual se presentaron informes de reclamaciones que incluían daños que no fueron reclamados originalmente.

Además, las reclamaciones presentadas por esas empresas aumentaban sustancialmente la valorización de los daños, en relación con las reclamaciones originales. Según la demanda, la sobrevaloración de los estimados de daños tenía como objetivo inflar el monto de las reclamaciones, lo cual constituye una violación grave al Código de Seguros.

Incluso, la demanda sostiene que el acto de inflar las reclamaciones afectó a los consejos de titulares porque tras la oposición de MIC a concretar ajustes finales, estas entidades no han recibido los pagos para rehabilitar sus condominios.

Otro planteamiento es que esas empresas alentaron falsas expectativas en los consejos de titulares sobre que los pagos por las reclamaciones serían sustancialmente altos, con el único fin de lograr que los contrataran.

Dos esquemas de fraude

De hecho, la demanda identifica dos esquemas de fraude principales. En el primero de ellos participó el bufete de abogados Raizner Lee LLC, que tiene oficinas en Texas y se estableció en Puerto Rico tras el paso del huracán María para ofrecer servicios legales y de peritaje a los consejos de titulares en reclamaciones contra las aseguradoras.

Según indica el documento, Raizner Lee LLC, que no figura como codemandado en el pleito, contrató a la empresa FBS, la cual se dedica al peritaje forense de edificios. Para evaluar los daños y preparar los estimados de pérdidas se contrató al ingeniero Agustín Mujica.

El costo de los servicios por los servicios de peritaje, sostiene la demanda, fue sufragado por la firma Raizner Lee LLC. Luego el bufete de abogados incluyó el costo del peritaje como parte de los gastos incurridos en el litigio. La demanda alega que para sufragar los gastos totales del litigio y obtener, además, una ganancia, fue necesario sobrevalorar los daños del asegurado, una responsabilidad que recayó en la firma de consultores FBS y su consultor, el ingeniero Agustín Mujica.

De hecho, la demanda relata cómo, alegadamente, FBS y Mujica inflaron el monto de las reclamaciones en varios condominios a través de incluir materiales y servicios para la reparación de las estructuras que resultaban innecesarios e incluyendo pérdidas de equipos inexistentes y extendiendo los efectos de las pérdidas en apartamentos que no enfrentaron daños.

Adelantos a cambio de controlar las reclamaciones

En el segundo esquema de fraude participó la empresa Attenure Group, la cual lograba acuerdos con los consejos de titulares que consistían en tomar control total de las reclamaciones a cambio de adelantar una cantidad de dinero para que comenzaran los trabajos de rehabilitación.

Las empresas Attenure Holding Trust y HRH tenían el control de las acciones civiles contra las aseguradoras en los tribunales y junto a ellas también participaron varias firmas de ingenieros y de contratistas, quienes inflaron la valorizaron las reclamaciones.

Entre estas firmas, según indica la demanda, se encuentra el contratista Raymond Shipley y Case Strategies Group, Inc.

La demanda relata cómo, alegadamente, el contratista Raymond Shipley y Case Strategies Group inflaron el monto de las reclamaciones en varios condominios al reclamar daños en áreas que no fueron afectadas por el huracán y reclamar trabajos de reparación que resultaron increíbles, como alegar que todos los enchufes eléctricos de todos los apartamentos se debían sustituir, así como reclamar daños en los elevadores que no eran compatibles con la realidad de esos equipos.

Según la demanda, la empresa Attenure Group adelantó a los consejos de titulares cantidades sustanciales de dinero y, además, se hicieron cargo del dinero adeudado a los ajustadores públicos y a los abogados que los representaban. 

Nuevas inspecciones

Como condición específica del contrato, los asegurados aceptaron que sus condominios fueran inspeccionados nuevamente, lo que causó la aparición de nuevos reclamos de pérdidas que no integraban la reclamación original.

La demanda indica que los informes de las nuevas inspecciones se realizaron con la intención de defraudar a MIC, inflar las reclamaciones e incluir daños que nunca fueron reclamados, aun cuando ya algunos condominios habían sido inspeccionados por ingenieros, consultores, y ajustadores públicos.

Otro argumento de la demanda es que durante el paso del huracán María en 2017, estaba en vigor la carta normativa 75, la cual fue emitida por la Oficina del Comisionado de Seguros en 2006. Esa carta normativa exigía que la valorización de un apartamento en una póliza de condominio tendría una vigencia de dos años.

La demanda sostiene que los límites de las pólizas de los codemandados no podían tener más de dos años de establecidos mediante tasación. No obstante, se presentaron reclamaciones por cantidades que sobrepasan los límites de cubierta de la póliza en porcentajes que comienzan en más de 100% sobre el límite de la póliza y en ocasiones el valor de los daños reclamados superan en más de 1,000 % el límite de la póliza.  

Entre los reclamos al Tribunal MIC solicita que, por haber incurrido en fraude, los demandados renunciaron, y se les debe impedir que reciban una indemnización por las pérdidas ocurridas en los condominios por el paso del huracán María. Incluso, MIC exige que, por haber incurrido en fraude, los demandados deben reembolsar aquellas partidas que hayan recibido como adelanto por sus pérdidas.

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La doctora Ilka Ríos es la nueva rectora de Ciencias Médicas

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Por Miguel Díaz Román

La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) seleccionó hoy en la tarde a la doctora Ilka Ríos Reyes como nueva rectora en propiedad del Recinto de Ciencias Médicas (RCM).

La selección, que se realizó por medio de una votación en la que la doctora Ríos Reyes recibió ocho votos a favor y cinco en contra, culmina un período tumultuoso en el RCM causado la esperada selección del rector en propiedad y el enfrentamiento dialéctico entre los que apoyaban a los distintos candidatos que competían por la posición.

Además de la doctora Ríos Reyes, para el cargo competían el oftalmólogo Natalio Izquierdo Encarnación y el actual rector interno del RCM, Carlos Ortiz Reyes.

La contienda había generado una enconada controversia en la UPR, entre los sectores liberales que apoyan la permanencia del rector interino Ortiz Reyes, y los sectores más conservadores y preocupados por el prestigio institucional, que habían favorecido a la selección de la doctora Ríos Reyes, quien ya había ocupado la posición de rectora del RCM. Ríos Reyes ocupó el cargo desde diciembre de 2021 hasta su renuncia en agosto del 2022.

Con esta determinación la Junta de Gobierno avaló la recomendación del presidente de la UPR, Luis Ferrao. El regreso de Ríos Reyes no fue fácil pues su candidatura enfrentó dificultades en el RCM hasta el punto de que no se le permitió aspirar al cargo con excusas procesales. La doctora Ríos Reyes presentó un interdicto en el Tribunal y los abogados de la UPR se allanaron a su pedido para que su candidatura fuera aceptada.

La candidatura de Ortiz Reyes generó serios cuestionamientos debido a las dudas insistentes sobre sus credenciales académicas y porque no es doctor en medicina.

 El “curriculum vitae” de Ortiz Reyes indica que posee un bachillerato del RCM obtenido en 1986, una maestría de Phoenix University en el año 2,000 y estudios conducentes a grado doctoral en Nova Southeastern University.

También hubo denuncias sobre irregularidades en la contratación de una empresa de su propiedad por el Centro Comprensivo de Cáncer. El pasado 16 de agosto se radicaron dos querellas en la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y la Oficina del Contralor (OC). Las querellas le imputan actos de corrupción a Ortiz Reyes.

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Cuarta acusación coloca a Trump en embudo judicial y electoral en 2024

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Por Miguel Díaz Román

El pasado lunes el expresidente Donald Trump fue acusado de participar activamente en una asociación con fines criminales para revocar los resultados electorales de las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia.

El pliego acusatorio de 41 cargos, invoca la ley estatal contra Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (Rico, por sus siglas en inglés) como herramienta legal para imputar lo que sin duda es el delito principal: que Trump y sus allegados integraban una asociación con fines criminales para subvertir las elecciones en Georgia.

De hecho, sería la primera vez que un expresidente de Estados Unidos enfrenta cargos por la Ley RICO, un estatuto que en el pasado ha sido utilizado contra jefes mafiosos como John Gotti y Vincent Gigante, porque permite a las fiscalías atar los cabos para llegar a los autores intelectuales de las actividades criminales.

Más de 30 estados han implementado sus propias versiones de la ley federal RICO y el modelo adoptado en Georgia tiene un alcance especialmente amplio.

La Ley RICO federal señala 35 crímenes relacionados con el acto de extorsión, pero la Ley RICO de Georgia contempla 65 crímenes.

La acusación contra el ex presidente Trump y otros 18 acusados incluye los delitos graves de conspiración, extorsión y chantaje. El expresidente también fue acusado de emitir declaraciones y escritos falsos, conspiración para cometer falsificación, solicitar a funcionarios públicos que violen sus juramentos, presentación de documentos falsos, influir en testigos, robo informático y perjurio.

La acusación revela la alegada conspiración para presionar a los funcionarios locales de Georgia, hacer declaraciones falsas sobre fraude electoral a las legislaturas estatales, hostigar a los trabajadores electorales y solicitar favores a funcionarios del Departamento de Justicia y al entonces vicepresidente Mike Pence.

También incluye una lista de acciones realizadas por Trump y sus asociados para promover la conspiración y violar las normas electorales en Georgia.

La acusación, aprobada el mismo lunes por un gran jurado, fue presentada en el tribunal estatal de la ciudad de Atlanta, que es la capital del estado de Georgia.

Imputados los allegados de Trump

Los cargos fueron radicados por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, quien le imputa a Trump y a otros 18 acusados que conspiraron deliberadamente para cambiar ilegalmente el resultado de las elecciones en Georgia a favor del expresidente, luego de que él y sus allegados se negaran a aceptar la derrota electoral.

«Los acusados participaron en una empresa criminal de chantaje para anular los resultados electorales de Georgia», dijo Willis.

Entre los acusados figuran el exalcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, el exjefe de gabinete de la Casa Blanca Mark Meadows, el ex funcionario del Departamento de Justicia Jeffrey Clark y los abogados John Eastman, Kenneth Chesebro, Jenna Ellis y Ray Smith.

Otro de los acusados es la abogada Sidney Powell, quien ganó notoriedad por difundir acusaciones infundadas sobre que las máquinas electorales suplidas por la empresa Dominion estaban manipuladas para favorecer las aspiraciones del entonces candidato a la presidencia Joe Biden en los estados de Georgia y Pensilvania. 

De hecho, las teorías conspiratorias de Powell resultaron tan increíbles que la Casa Blanca decidió prescindir de los servicios de la abogada como asesora de Trump. La acusación también incluye a David Shafer, quien es el ex presidente del partido republicano de Georgia.

Escenario mediático para el ex presidente

Además, la fiscal Willis sostiene en la acusación que la empresa criminal de Trump y sus allegados se extendía a los otros estados disputados como Arizona, Michigan, Nevada, Nuevo México, Pennsylvania, Wisconsin y Washington, DC.

Según ha trascendido en la prensa, la fiscal Willis comenzó a investigar a Trump poco después de que salieran a la luz la llamada telefónica que el entonces presidente Trump le hizo al secretario de estado de Georgia, Brad Raffensperger, el 2 de enero de 2021, exigiendo que «encontrara 11.780 votos».

En una conferencia de prensa celebrada el lunes en la noche, la fiscal Willis solicitó a los 19 acusados que se entreguen antes del 25 de agosto. Dijo que tiene la intención de juzgar a todos acusados en un solo caso, y se propone celebrar el juicio en los próximos 6 meses.

La solicitud de la fiscal Willis al ex presidente y a los otros 18 acusados prepara el escenario para un nuevo evento mediático en el que Trump comparecerá ante los medios de comunicación a repetir su arenga sobre que los cargos obedecen a la presunta persecución en su contra orquestada por el Departamento de Justica y los demócratas, con el fin de evitar que logre la nominación para la candidatura a la presidencia por el Partido Republicano en el 2024.

Por supuesto, se espera que Trump se declare inocente. Los 41 cargos radicados en Georgia elevan a 91 el número total de cargos que enfrenta Trump en cuatro casos penales, los cuales han creado las condiciones para que el ex presidente se enfrente a un apretado embudo judicial y electoral en 2024 cuyo desenlace es muy difícil de anticipar en este momento.

Acusaciones alimentan respaldo electoral

En dos de los otros tres casos que enfrenta Trump ha sido acusado por el fiscal especial Jack Smith por el presunto intento de conspirar para alterar el resultado de las elecciones de 2020, una causa que será ventilada en el tribunal federal en Washington, y por negligencia en el manejo de documentos confidenciales, un caso que se verá en un tribunal federal de Florida.

Además, Trump deberá responder por los alegados pagos ilegales que realizó en 2016 a una actriz porno para comprar su silencio, un pleito que se dilucida en un tribunal federal en Nueva York.

Pero es fácil prever que la cuarta acusación contra Trump en Georgia podría aumentar el apoyo del candidato entre los millones de incondicionales republicanos, quienes consideran que las múltiples acusaciones que enfrenta son prueba de sus afirmaciones de que el gobierno federal, promovido por los demócratas, lo persigue para evitar su regreso a la Casa Blanca.

Los estadounidenses nunca han visto el procesamiento por fiscales federales de un posible candidato a la presidencia en el año que serán celebradas las elecciones generales.

No hay duda que Trump sacará provecho de la compleja agenda que le depara acudir a numerosos cónclaves políticos en diversos estados del país, mientras, simultáneamente, comparece a vistas judiciales en Washington, Florida, New York y Georgia.

Obviamente, todo ese intrincado escenario de vistas judiciales, discursos políticos y los efectos de la campaña política publicitaria causarán un flujo interminable de imágenes de Trump en los medios de comunicación que deberían causar una cosecha favorable en las encuestas.

Evento inédito

Ya las encuestas favorecen a Trump por una ventaja considerable en relación con la puntuación que logran sus contrincantes en la inminente primaria republicana y no existen señales claras de que la gravedad de los cargos radicados contra el ex presidente y sus allegados en Georgia hayan causado al menos una merma en el apoyo de sus huestes.

La gravedad y las repercusiones de los cargos radicados en Georgia superan cualquier escándalo político estadounidense moderno, incluyendo el caso Watergate que causó la caída del ex presidente Richard Nixon, y el intento de destitución del ex presidente Bill Clinton.

De hecho, cada vez con más frecuencia se escuchan voces en el escenario mediático estadounidense que anticipan reverberaciones violentas si los graves cargos contra Trump culminan en veredictos de culpabilidad y posibles condenas de cárcel. Algunos de los cargos radicados en Georgia contemplan penas de hasta 20 años de cárcel.

Sin duda alguna un veredicto de culpabilidad antes de las elecciones provocará un evento inédito en la historia estadounidense en el que el sistema judicial deberá sentenciar a un ex presidente y posible candidato a la presidencia que es protegido por el servicio secreto.  

Para echar más leña al fuego es preciso recordar que el proceso judicial en Georgia estará en las ondas televisivas en todo Estados Unidos debido a que las normas estatales establecen que los casos judiciales se deben difundir en televisión.

Otro factor importante es que, si Trump ganara la nominación republicana y luego las elecciones presidenciales de 2024, no podría emitir un indulto a su favor, si fuera encontrado culpable en Georgia, porque es un proceso estatal en el que el gobierno federal no posee jurisdicción.

Además, Trump tampoco podrá ejercer presión para que la fiscalía retirara los cargos, porque se trata de un caso gestionado por la fiscalía del estado de Georgia, sobre el cual el extraordinario poder de la presidencia carece de autoridad. 

Para este reportaje el periodista se nutrió de diversos artículos publicados en la prensa estadounidense y en periódicos internacionales.

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Desarticulada reacción de Ciencias Médicas a radicación de querellas

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Por Miguel Díaz Román

En una desarticulada reacción a una historia publicada el sábado por este medio, el Recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico emitió ayer un comunicado que pretende convertir a este periodista en protagonista de la controversia sobre la selección en propiedad de un rector para esa institución, cuando en realidad el asunto reseñado trata de dos querellas contra el rector interino de la institución, Carlos Ortiz Reyes.

Las querellas fueron radicadas en la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) y la Oficina del Contralor (OC), y le imputan actos de corrupción Ortiz Reyes, quien es uno de los tres candidatos que compiten para la posición de rector del RCM.

A pesar de que la historia publicada el sábado reseña ampliamente el contenido de las querellas, en el comunicado del RCM no hace alusión a ellas.

En cambio, el comunicado del RCM y la licenciada Rosa Martínez, quien se identifica como ayudante de Ortiz Reyes, dirigen sus ataques contra este periodista mientras ignoran los señalamientos que surgen de las querellas.

Luego, en un claro intento de intimidar a este periodista con acciones legales y de suprimir el trabajo periodístico de investigación, la licenciada Martínez advierte que “podrían considerarse acciones legales por difamación”.

No obstante, la abogada no aclara quién es el objetivo de esa difamación y no explica en qué consiste la información que ella considera que es difamatoria. 

De hecho, desde que he prestado atención a la controversia sobre la selección de un rector para el RCM,  ni el señor Ortiz Reyes ni la licenciada Martínez se han comunicado con este periodista para aclarar o refutar alguna información publicada.

Todos mis escritos sobre esta controversia están accesibles en SN. Invitó a los lectores a indagar en esos artículos para que de forma directa y sin intermediarios, puedan formar una opinión responsable sobre mi trabajo periodístico y el esfuerzo realizado para que todas las partes involucradas expresen su particular punto de vista.

Con el fin de ayudar a la licenciada Martínez a cumplir con el código de ética que regula la profesión de los abogados en Puerto Rico, la invitó también a leer esos escritos. De hecho, esta publicación estará acompañada de una copia digital de una de las dos querellas radicadas, debido a que el contenido de ambos documentos son similares. Las querellas fueron presentadas el 16 de agosto por el ciudadano Benjamín Betancourt.

Serios cuestionamientos

La candidatura de Ortiz Reyes a la posición de rector del RCM ha provocado serios cuestionamientos porque el funcionario no es doctor en medicina. He atendido esta controversia en mis escritos con puntuales cuestionamientos.

Además, las credenciales académicas de Ortiz Reyes han sido tema de señalamientos públicos de parte del doctor Hermán Cestero, quien es especialista en cirugía y miembro de la Junta de Gobierno de la UPR, y por el conocido cardiólogo Iván González Cancel.

De hecho, ambos doctores están convencidos de que Ortiz Reyes no es un candidato idóneo para ocupar la posición de rector en propiedad del RCM. Incluso, el presidente de la UPR, el doctor Luis A. Ferrao, mantuvo silencio cuando este periodista solicitó que revelara las credenciales académicas de Ortiz Reyes.

Los legítimos cuestionamientos sobre los contratos de una empresa de Ortiz Reyes, IT Group Solutions Puerto Rico Inc (ITGS), con el Centro Comprensivo de Cáncer (CCC) durante los años 2019 y 2020, es otra de las controversias que he investigado y sobre las que los lectores encontrarán escritos en SN.

Querellas alegan no hubo dispensa

Precisamente, esta controversia es el motivo principal de las querellas radicadas en la OEG y en la OC. 

Las querellas sostienen que Ortiz Reyes no presentó ni obtuvo una dispensa para gestionar los contratos con el CCC. Según las querellas, la dispensa, que debía emitir la OEG, era necesaria debido a que, al momento en que fueron concedidos los contratos, Ortiz Reyes era un empleado del RCM mientras que el CCC es una unidad hospitalaria adscrita a la UPR.

También señalan las querellas que tanto Ortiz Reyes como el CCC violentaron una disposición que figura en ambos contratos, la cláusula 23.2, la cual exige que al momento de la contratación ni la parte contratante y sus empleados tienen posiciones regulares o de confianza en el gobierno.

En esos años Ortiz Reyes se desempeñaba como director de la oficina de Informática y recursos educativos de la escuela de profesiones de la salud del RCM, mientras simultáneamente ocupaba la posición de presidente de ITGS. Además, en el certificado de incorporación de ITGS figura como vicepresidente Eliel Melón, quien para los años 2019 y 2020, laboraba en la escuela de profesiones de la salud del RCM.

Para ese reportaje Ángel Hoyos, portavoz de Ortiz Reyes, no respondió a los reiterados pedidos de este periodista para que explicara las interrogantes relacionadas con los contratos.

Hoyos es fiel representante de una nueva generación de relacionistas públicos que gestionan a toda fuerza que su “jefe” quede bien en los medios de comunicación y que suelen no responder a las preguntas controversiales, una conducta que contraviene los objetivos fundamentales de las relaciones públicas.

Obligados a decir la verdad 

Puedo entender que al sentir el calor de la fiscalización periodística los directivos del RCM se hayan sentido conturbados, pues históricamente esa institución del sistema universitario público ha gozado de una privilegiada posición, tal como si fuera un satélite adorado e inalcanzable.

Pero lo cierto es que los funcionarios públicos están obligados a ofrecer explicaciones de su gestión, a esclarecer dudas y discutir abiertamente y con la verdad y documentos, las controversias que pueden surgir durante su incumbencia.

La transparencia y el acceso a la información en el servicio público es un deber inquebrantable para conservar la confianza de la ciudadanía y jamás, estas prioridades de la buena gobernanza pueden estar condicionadas por los caprichos de figuras transitorias y de poco calado.   

La OEG, a través de su portavoz para la prensa, Jennifer Rodríguez, indicó que la contratación de la empresa ITGS por parte de CCC, es completamente legal. Rodríguez indicó que Ortiz Reyes no necesitaba solicitar una dispensa de la OEG para tener responsabilidades adicionales.

Ley 100 no tiene jurisdicción

Pero la funcionaria también dijo que la entidad para la cual trabajaba Ortiz Reyes, en este caso el RCM, le correspondía dar ese consentimiento sobre responsabilidades adicionales, según lo establece la Ley de Contrataciones de Empleados Públicos de la Universidad de Puerto Rico, mejor conocida como la ley 100 de 1956.

Sobre la aplicabilidad de la cláusula 23.2 que contienen los contratos, Rodríguez señaló que Ortiz Reyes debía obtener el consentimiento del RCM de acuerdo como lo dispone la Ley 100.

Del comunicado del RCM y de unas expresiones que envió Hoyos, se desprende que la Ley 100 no tiene jurisdicción porque, alegadamente, Ortiz Reyes no fue contratado por el CCC en su carácter personal, sino que el contrato fue con ITGS.

Sobre la aplicabilidad de la cláusula 23.2, tanto el comunicado del RCM como las expresiones enviadas por Hoyos, sostienen que la empresa ITGS estaba exenta de cumplir con esa disposición.

Esta conclusión obedece a que el artículo 5 de la Ley 237 del 2004 o ley de Parámetros Uniformes en los Procesos de Contrataciones de Servicios Profesionales y Consultivos para las Agencias y Entidades Gubernamentales, establece que en los contratos con individuos se debe incluir una cláusula donde se indique que el contratista no recibe pago o compensación alguna por servicios regulares prestados bajo nombramiento en otra entidad pública, excepto los autorizados por Ley.

Por lo cual, tanto la licenciada Martínez como Hoyos concluyen que la cláusula 23.2 se refiere a individuos y no es un requisito que debía cumplir la empresa ITGS. En el escrito enviado por Hoyos se establece que correspondía al CCC hacer valer la cláusula 23.2 para verificar que los contratistas cumplan con todos los requisitos estipulados en los contratos.

No obstante, según ese escrito, ITGS también estaba exento de cumplir con el requisito de dispensa, debido a que el contratista fue una corporación.

Sobre estos argumentos la OEG y la OC deberán expresarse si las querellas radicadas son investigadas debidamente por estas dependencias.

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Exigen no aprobar proyectos de energía renovable en terrenos agrícolas mientras la OEG calla ante querella contra secretario de Agricultura

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Por Miguel Díaz Román

En momentos cuando la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) aún no ha determinado si procede una querella contra el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, por la aprobación ilegal de un parque fotovoltaico en terrenos de una reserva agrícola protegida en el pueblo de Salinas, seis organizaciones demandaron al gobierno por aprobar la construcción de proyectos de energía renovable en terrenos de alto valor agrícola.

Las organizaciones solicitaron al Tribunal de Primera de Instancia de San Juan que prohíba al Negociado de Energía (NE), la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos y el Departamento de Desarrollo de Económico y Comercio (DEC), la aprobación de proyectos industriales de energía en áreas de reservas agrícolas y que se ubiquen en terrenos previamente contaminados, impactados o en techos.

El reclamo fue presentado el pasado 9 de agosto de 2023 en una petición de mandamus, que pretende que el Tribunal ordene al gobierno no aprobar los proyectos porque se violarían las disposiciones del Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico y las leyes de política pública energética, agrícola, ambiental y de cambio climático.

La querella contra González Beiró fue presentada por el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, y a pocos meses de que se cumpla un año desde que fue radicada el 22 de noviembre de 2022, aún la OEG no ha determinado si la denuncia procede o si carece de méritos.

Querella por violaciones éticas

La querella sostiene que González Beiró pudo incurrir en serias violaciones éticas debido a que los terrenos donde se construye el proyecto en Salinas pertenecen a Agriart LLC, una empresa en la que el funcionario es uno de los accionistas y su hijo, Ramón González Bennazar, ocupa la posición de vicepresidente.

El comité de energía del Departamento de Agricultura, integrado por subalternos del secretario, endosó el proyecto a pesar de que los terrenos están protegidos por su alto valor agrícola.

El proyecto de placas fotovoltaicas fue propuesto por la empresa Clean Flexible Energy, que es una subsidiaria de la cogeneradora Applied Energy Services Puerto Rico (AES), que es dueña de la planta de carbón que opera en Guayama. Los terrenos que pertenecen a Agriart LLC , fueron alquilados a largo plazo a la empresa Clean Flexible Energy para construir el proyecto.

En una conferencia de prensa las organizaciones expresaron preocupación por el alegado conflicto de interés del González Beiró en relación a cuatro proyectos de energía propuestos por Clean Flexible Energy.

Incluso, señalaron que es motivo de preocupación una declaración jurada emitida por el agente de bienes raíces Ricardo Javier Pérez Ocasio el 17 de julio de 2023 en Guayama, la cual fue reseñada por SN. La declaración jurada denuncia que el secretario, alegadamente, ofreció incentivos agrícolas al dueño de un terreno para que Agriart LLC pudiera adquirirlo.

La finca colinda con los terrenos donde se ubicará el proyecto solar propuesto por Clean Flexible Energy en Salinas. González Beiró ha negado el contenido de la declaración jurada.

No consideran lugares en desuso

Las entidades demandantes son Organización Boricuá de Agricultura Eco-Orgánica Inc., Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas Inc., Comité Diálogo Ambiental Inc., Puente de Williamsburg Inc, Sierra Club Puerto Rico y Liga de Ciudades de Puerto Rico Inc.

Las organizaciones argumentaron en su petición de mandamus, que las propias leyes de política pública establecen que los lugares aptos para proyectos de energía renovable son los vertederos en desuso, los terrenos previamente contaminados, estacionamientos y los techos.

Además, señalaron que el DEC tiene el deber de identificar los lugares aptos para proyectos industriales de energía renovable y el NE tiene la obligación de considerar esas recomendaciones antes de aprobar los proyectos.

Según la demanda, el NE aprobó una primera fase de 18 proyectos que ocupan 5,097.85 cuerdas de terreno en suelos clasificados como Reserva Especial Agrícola y Suelo Rústico Especialmente Protegido que, de acuerdo con el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico, deben protegerse.

Aprueban proyectos en terrenos agrícolas

Alertaron que queda “la consideración de probablemente más de 80 proyectos industriales de energía renovable, sin que antes se identifique la ubicación y los lugares aptos” como requieren la Ley de Política Pública Energética y la Ley de Transformación y Alivio Energético.

La demanda sostiene que el NE ha aprobado “contratos de compra de energía para 18 proyectos industriales de energía renovable que se pretenden ubicar ilegalmente en la Reserva Especial Agrícola, y estará considerando unos 80 proyectos industriales adicionales, sin antes identificar los lugares aptos conforme a la ley, sin considerar la ubicación, sin contar con las conclusiones que debe someter el DEC, y sin excluir los terrenos de la Reserva Especial Agrícola”.

Las organizaciones demandantes denunciaron la falta de transparencia del NE y el proceso confidencial de evaluación para implantar el Plan Integrado de Recursos de la Autoridad de Energía Eléctrica, que impidió divulgar los nombres de los proyectos, la dirección física, ubicación, magnitud, tamaño de las fincas, persona o entidad a cargo y megavatios a generar.

“Toda esa información es pública, pero tuvimos que acudir al Tribunal anteriormente y logramos que se ordenara que nos entregaran la información de los 18 proyectos. Ahí descubrimos que todos incumplían con las leyes porque impactan terrenos que deben ser protegidos”, expresó Alfredo Vivoni, del Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas Inc.

Menoscabo de 1 millón de cuerdas agrícolas en 70 años 

El licenciado Omar Saadé Yordán señaló que el NE y las agencias no respondieron las solicitudes de las organizaciones para que cumplieran con su deber ministerial de identificar los lugares que son aptos para los proyectos industriales de energía renovable, que cumplieran con el Plan de Uso de Terrenos, y establecieran un proceso que garantice la protección de los suelos agrícolas y de valor ecológico, hídrico y de paisaje delimitados en ese plan.

“La pérdida de tierras agrícolas de primera calidad para instalar proyectos solares de una magnitud industrial es un atentado grave a la seguridad alimentaria de Puerto Rico que ya está en precario. Hay que recalcar que casi ningún producto puede sembrarse de forma productiva debajo de las placas y la instalación conlleva destrucción de esos suelos con los movimientos de la construcción cambiando incluso la hidrografía”, indicó David Sotomayor, quien es catedrático en suelos del Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.

La demanda sostiene que, en 70 años, entre 1935 y 2002, se perdió un millón, trescientas mil cuerdas de terrenos agrícolas debido al auge de la industria de la construcción, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura y el Departamento de Geografía del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

NE atenta contra la comida

Federico Cintrón Moscoso, del Puente de Williamsburg Inc, afirmó que “es inconcebible que cuando todos los estudios demuestran que la mejor ubicación para la energía solar son los techos de las casas y los lugares previamente impactados, el gobierno insista en desarrollarlos en terrenos agrícolas con un alto potencial para producir comida”.  

Cintrón Moscoso explicó que la adaptación climática implica la capacidad de aumentar la capacidad de producir energía renovable y alimentos y advirtió que esas dos actividades no se pueden cancelar una a la otra.  

En la demanda argumentaron que la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico establece que hay que “promover las energías renovables o alternativas aprovechando espacios ya alterados por la actividad humana, y minimizar así la ocupación innecesaria del suelo”. 

Peligro de inundaciones

La licenciada Ruth Santiago, del Puente de Williamsburg Inc, señaló que el cumplimiento de las agencias con sus deberes de identificar los lugares aptos es crucial para el desarrollo de un sistema eléctrico confiable, resiliente y seguro. También es necesario para no perjudicar a las comunidades vulnerables que se encuentran aguas abajo y que pueden afectarse por el aumento en las escorrentías e inundaciones en sus comunidades.

Explicó que la firma Salo Engineering hizo este año un estudio hidrológico que concluyó que el proyecto de AES que se ubicaría en los terrenos de Agriart LLC entre Salinas y Guayama, tiene potencial de aumentar los niveles de inundaciones para las comunidades de ambos pueblos que ubican aguas abajo de las fincas donde se propone construir.

“Esto implica que la comunidad puede verse afectada por inundaciones más severas causadas directamente por la remoción de árboles y vegetación, compactación y movimientos de terreno de este monumental proyecto además de los daños ambientales que causa la deforestación”, recalcó Santiago.

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Colegio de Agrónomos aprueba resolución para investigar al secretario de Agricultura

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Por Miguel Díaz Román

El Colegio de Agrónomos aprobó ayer una resolución para investigar las actuaciones del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, en relación con una serie de renuncias de agrónomos que fungían como directores regionales del Departamento de Agricultura (DA).

Las renuncias ocurieron luego de una tormentosa reunión que se caracterizó por la ausencia de destrezas cívicas y el uso de lenguaje soez de parte de González Beiró y en la que el funcionario anunció una serie de traslados que han sido catalogados de injustos.

La resolución fue aprobada de manera unánime durante la celebración de la asamblea anual del Colegio de Agrónomos, que ayer se realizó en el pueblo de Hatillo.

La resolución menciona un artículo publicado en el periódico digital Noticel sobre una reunión celebrada el pasado 14 de julio, en la que el secretario, alegadamente, maltrató a los agrónomos que dirigían determinadas regiones agrícolas y ordenó una serie de traslados unilaterales.

En el artículo González Beiró justificó los traslados porque se estaban efectuando acciones contrarias a la ley al conceder los certificados de agricultor bonafide. El secretario también mencionó que los agrónomos habían incurrido en un supuesto “desgaste” en sus funciones porque “llevaban 6 años y medio” en el cargo.

Pero una fuente, según relata el artículo, denunció que el secretario promueve que los directores regionales aprueben certificados bonafide a personas que son sus amigos y que tienen terrenos que no los dedican a actividad agrícola.

La fuente también denunció que el secretario suele maltratar a la gente con lenguaje soez como la palabra “cabrón”. “Para él, todo el mundo es un ‘cabrón’ y así los llama en frente de todos. No hay ni el más mínimo comportamiento profesional de llevar una reunión con orden, agenda y estructura a lo cual los funcionarios han estado acostumbrados», dijo la fuente.

Las quejas sobre las acciones del secretario fueron presentadas por algunos de los agrónomos involucrados ante la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, y la directora de la oficina del gobernador, Caridad Pierluisi, quien es la hermana del Primer Ejecutivo. Pero hasta el presente las quejas no han tenido mayores repercusiones para González Beiró.

Tras la reunión del 14 de julio los agrónomos Ana Esther Maldonado, de Naranjito, Maricarmen Martínez, de Arecibo, y Elmer Pérez, de Utuado, renunciaron a sus posiciones como directores regionales y regresaron a sus puestos de carrera en el DA.

La resolución ordena a la Comisión de Consulta y Protección del CA realizar una investigación de esos hechos y presentar en 45 días al consejo directivo de la institución un informe sobre sus hallazgos. 

También indica que si la investigación concluye que los hechos denunciados se cometieron y causaron determinados daños a los agrónomos involucrados, el informe se deberá enviar a varias agencias investigativas del gobierno, incluyendo el Departamento de Justicia.

La resolución ordena difundir el contenido del informe a los medios de comunicación y, además, establece que, si en el futuro algunos de los agrónomos radican en los tribunales un pleito contra el secretario o contra el gobierno, el CA presentará peticiones para figurar como amigo de la corte en esos casos.

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