53.7 F
Puerto Rico
Publicidad

ORIL le quita ingreso a ganaderos y favorece a Indulac

0

Por Miguel Díaz Román

En una decisión que afectará a decenas de ganaderos, la Oficina para la Reglamentación de la Industria lechera (ORIL) determinó que la planta de balance Indulac podrá vender leche cruda excedente a 60 centavos el litro a las empresas productoras de queso, lo que representa un precio menor al que vendían determinadas vaquerías su producto a esas empresas.

La determinación administrativa de la ORIL, emitida el pasado 1 de junio, ha representado una pérdida sustancial para decenas de vaquerías que vendían leche a las empresas elaboradoras de quesos a precios que oscilaban entre 70 y hasta 90 centavos el litro.

La orden introduce una enmienda a otra decisión difundida el pasado 15 de marzo, la cual autorizaba que Indulac pudiera vender leche a las empresas productoras de queso, pero no establecía claramente el precio por litro.

En la orden del 1 de junio la ORIL establece que Indulac venderá el litro a 45 centavos más un cargo adicional de 15 centavos por concepto de servicio, lo que eleva el precio final a 60 centavos por litro.

No está claro cuál ha sido la razón para que la ORIL emitiera la orden del 15 de marzo y la de 1 de julio, debido a que en el pasado la entidad reguladora no había reaccionado a los reclamos de las empresas productoras de queso para que Indulac, que es una planta de balance que recibe los excedentes de leche, les vendiera parte de los excedentes antes de exportarlos a la República Dominicana.

Secretario no ofrece explicaciones

El secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quien es el director ejecutivo interino de la ORIL se negó a comentar la orden del 1 de junio.

En una escueta respuesta enviada por mensaje de texto González Beiró sostuvo que “la orden es clara y no hay nada que explicar”.

Por su parte, el ganadero Carlos Benítez sostuvo que la orden de la ORIL es para beneficiar a la planta Indulac y, además, como un mecanismo para controlar la producción de leche del país ante la realidad de que las altas temperaturas han afectado la producción de leche.

“Aquí vemos otra vez como manipulan el sistema con órdenes administrativas para defender a Indulac. La producción ha disminuido por esta ola de calor que nos está arropando. Antes hacían unos chequeos preventivos y a los ganaderos que tenían altos contajes (de bacterias) les detenían el recogido (de leche) y le decían que se la vendieran a los queseros. Lo hacían para no meter esa leche en el sistema y poder pagar el segundo nivel mejor. Pero ahora, como ven que se están quedando sin leche, hacen esa orden administrativa para decirle al ganadero que no pueden vender leche al quesero y que Indulac será quien venda a los queseros a 45 centavos ganándose 15 centavos por servicio. Aquí vemos cómo quieren beneficiar a Indulac por encima de todas las plantas”, sostuvo Benítez.

Anticipan importación de leche

El ganadero anticipó que debido a las altas temperaturas y la falta de incentivos de parte del Departamento de Agricultura para reemplazar ganado, la producción de las vaquerías continuará disminuyendo hasta el punto que será necesario importar leche para satisfacer el mercado local.

“Todavía sigo pensando como a Tres Monjitas le pagan por un pasteurizado por la leche que se envía a la República Dominicana. Eso se pudo hacer por subasta pública y tratar de beneficiar al ganadero dándole más rendimiento. La ORIL funciona por encima de la ley y todavía no terminan el estudio económico exhaustivo y los ganaderos no sabemos a cuánto nos sale producir un litro de leche. Los números de nosotros varían de acuerdo a la vaquería y a la eficiencia. Con el estudio puedes otorgar una ganancia razonable. Los queseros no levantan su voz y ahorita se van a quedar sin leche porque Indulac les va a cerrar la llave y como los ganaderos no les pueden vender leche, le van a decir “ya no hay leche para ustedes”. Con este calor yo sé que tendrán que importar leche. La pregunta es si a esa leche importada le van a exigir los requisitos de calidad que nos exigen a nosotros”, dijo Benítez.

Por su parte, la presidenta de la empresa productora de queso, Quesos Vaca Negra, Inc, Wanda Otero, dijo que la decisión de la ORIL fue arbitraria y representa más costos para las empresas productoras de queso.

“Ahora con esta decisión tengo que buscar en San Juan la leche que veo pasar en camiones frente a mi casa y gastar dinero por esa transportación. Además, la leche de la ORIL está mezclada y no garantiza la calidad y frescura de la leche que podía obtener de mi suplidores”, dijo Otero.

Que se conviertan en queseros

Pero el presidente del sector de la leche de la Asociación de Agricultores, Manuel Martínez Arbona, defendió la decisión de la ORIL y señaló que la orden no obliga a nadie a comprar leche en Indulac.

“El ganadero que quiera vender leche a los queseros puede hacerlo, pero tiene que cumplir con un protocolo y pedir permiso a su planta elaboradora”, dijo.

Martrínez Arbona negó que el precio de 60 centavos el litro representa una competencia desleal a los ganaderos que suplían el producto a las empresas productoras de queso.

“Eso no es verdad. Los ganaderos tienen que cumplir con el mercado importante que es de leche fresca, que está a 90 centavos el litro. Se abrió un espacio en Indulac para leche excedente a las queseras. El ganadero a quien le tiene que vender leche es a su planta elaboradora. Pues si quiere, que se salga de ganadero y se quede como quesero. Aquí lo que tenemos es una licencia para vender leche a las plantas elaboradoras y si nos salimos de eso estamos haciendo otra cosa”, indicó.

Alegan vaquerías clandestinas

El presidente de la Asociación de Agricultores (AA), Héctor Cordero Toledo, aplaudió la determinación de la ORIL porque de alguna manera obliga a las queseras a cumplir con determinados requisitos de la ORIL para adquirir leche en Indulac.

“Antes esas personas compraban leche en la calle y ahora compran un producto que cumple con requisitos de calidad. Los ganaderos que le vendían leche a las empresas productoras de queso es mínimo y la mayoría de esas empresas las compraban la leche a vaquerías clandestinas”, agregó Cordero Toledo.

“Las vaquerías clandestinas tienen entre cuatro y cinco vacas y tienen una licencia del Departamento de Salud, pero esas vaquerías no están en el sistema de la ORIL. Creo que en Hatillo hay una persona que hace ese proceso, pero no está regulada por la ORIL”, concluyó el presidente de la AA.

Guadalupe Ortiz, presidente de la empresa Quesos Del País La Esperanza, Inc. sostuvo que la determinación de la ORIL ha sido muy favorable porque el precio de 60 centavos por litro ha representado un alivio económico para todos los queseros, pero especialmente para las empresas más grandes.

“Yo entiendo que los más grandes le compran a Indulac. Había ganaderos que vendían su leche a 70 centavos, 80 centavos y hasta 95 centavos. Yo sé de un quesero grande que por no quedarse sin leche pagó el litro a 95 centavos. Estamos comprando leche certificada, leche que cumple todos los requisitos de calidad y eso es una garantía para nosotros y para los consumidores. Yo no me voy de Indulac sin el certificado de calidad de la leche que acabé de comprar”, dijo Ortiz

Publicidad

Aseguradoras objetan reglamento de “appraisal” de la OCS

0

Por Miguel Díaz Román

La Asociación de Compañías de Seguros y la aseguradora Mapfre presentaron numerosas y serias objeciones al reglamento 106 que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) se propone poner en vigor y que tiene como objetivo establecer la metodología para resolver las diferencias sobre el valor económico de una pérdida, un proceso conocido como “appraisal” en el que un árbitro independiente adjudica el monto a pagar en una reclamación disputada.

Si la OCS no acoge las recomendaciones y rechaza las objeciones de ACODESE y Mapfre al reglamento 106, se estarían creando las condiciones para una posible impugnación en los tribunales.

De hecho, la industria de seguros sostiene que la redacción actual del reglamento 106 contiene disposiciones “ultra vires” y permite la selección de árbitros que no garantizan total imparcialidad y que podrían carecer de las competencias para dirimir las controversias.

Al menos el presidente de una de las aseguradoras del país manifestó la intención de acudir a los tribunales si la OCS no atempera las disposiciones del reglamento 106, según las preocupaciones de la industria de seguros.

Esto porque el proceso de “appraisal” comprende aquellas controversias generadas por reclamaciones presentadas ante pólizas de seguros de propiedad, las cuales suelen ser reclamos que involucran cantidades sustanciales de dinero.

El proceso de “appraisal” estará disponible para las controversias generadas en pólizas de propiedad de líneas personales (individuos) y por empresas y comercios.

Además, incluye las reclamaciones en disputa generadas por agencias del gobierno central, corporaciones públicas y municipios.

Tras el huracán María, decenas de reclamaciones de numerosos condominios, de agencias del gobierno central, corporaciones públicas y de municipios se han ventilado en los tribunales porque tanto los asegurados como las aseguradoras no han estado satisfechos con el monto de las reclamaciones presentadas o con el ajuste de esas reclamaciones.

Muchas de esas controversias aún se encuentran en los tribunales, especialmente aquellas en las que participaron activamente determinados ajustadores públicos, algunos de los cuales han sido imputados de fraude por la OCS, tras determinar que inflaron las reclamaciones.

“Appraisal” disponible para aseguradora y asegurado

Los señalamientos de ACODESE y de Mapfre fueron presentados el pasado viernes en una vista pública realizada en las instalaciones de la OCS en Hato Rey, la cual fue regida por el licenciado Norberto Santana Vélez, quien dirige la división de procesos adjudicativos en la OCS.

En representación de ACODESE acudió la licenciada Iraelia Pernas, quien es la directora ejecutiva de la entidad. De parte de Mapfre acudió la licenciada Hilda Surillo Peña, quien es la vicepresidenta ejecutiva de la aseguradora.

El proceso de “appraisal” obedece a las disposiciones de la Ley 242, la cual requiere que las aseguradoras de propiedad y lo asegurados participen en un procedimiento de valoración para resolver las disputas en torno al valor de una pérdida sujeta a reclamación, si así lo ha solicitado una de las partes.

A pesar de que la Ley 242 se aprobó en 2018, no ha sido hasta cinco años después que la OCS logró presentar el reglamento del estatuto.

El reglamento 106 dispone que el proceso de “appraisal” puede ser solicitado tanto por el asegurado como por la aseguradora y requiere que cada una de las partes seleccionen un tasador. En este caso será un ajustador público para los asegurados y un ajustador independiente para las aseguradoras.

Además, las partes tendrán la obligación de seleccionar por mutuo acuerdo un árbitro, que será una parte imparcial y cuya decisión se limitará a determinar la valoración de la reclamación en controversia.

El árbitro no podrá evaluar aquellos elementos de la cubierta dispuestos en el contrato de seguros entre el asegurado y el asegurador.

Remedio de buena fe

La decisión del árbitro será vinculante para las partes y aquella parte que se encuentre inconforme la podrá impugnar en el tribunal.

El reglamento permite que el Comisionado de Seguros nombre el árbitro si el asegurado y el asegurador no logran un acuerdo para designar la persona que ocupe esa posición.

De acuerdo con la ley 242, los honorarios del árbitro serán costeados entre el asegurador y el asegurado en igual proporción, y cada parte costeará los honorarios del ajustador que le represente en el proceso de “appraisal”.

Sorpresivamente, ACODESE alegó que el proceso de “appraisal” no será utilizado por los asegurados de líneas personales debido a que deberán pagar por los honorarios del ajustador público y por el árbitro, “aun cuando es un remedio de buena fe”.

Una de las principales objeciones por parte de la ACODESE y de Mapfre al reglamento 106 es que avala que figure como árbitro un evaluador de bienes raíces, ajustadores públicos o independientes. El reglamento 106 avala que la posición de árbitro también la ocupe un arquitecto o un ingeniero.

No favorecen evaluadores de bienes raíces

Acodese sostuvo que los evaluadores de bienes raíces carecen de “la pericia requerida a menos que cuenten con credenciales que así lo acrediten, además de su licencia de bienes raíces”.

Por su parte, Mapfre planteó que no tienen las competencias para indemnizar pérdidas, pues su especialidad es la venta de propiedades según las consideraciones del mercado.

Mapfre también se opuso a que los ajustadores públicos y los independientes se le considere para la posición de árbitros pues “van generar falta de confianza y neutralidad en el proceso”, debido a que los ajustadores públicos representan los intereses de los asegurados mientras que los independientes representan a las aseguradoras.

La aseguradora respaldó que la posición de árbitro la ocupe un arquitecto o un ingeniero, mientras que en segunda opción y ante la ausencia de ingenieros o arquitectos, se permita a los tasadores licenciados fungir como árbitros.

Estos profesionales también podrían ocupar la posición de árbitros en casos de poca monta y complejidad, según recomendó la aseguradora.

Otra disposición del reglamento que ha sido cuestionada porque es muy vaga y avala que el Comisionado de Seguros incurra en arbitrariedades, es aquella que permite que el funcionario designe a la posición de árbitro a una persona que no cumpla con los requisitos profesionales establecidos.

Mapfre alega disposición promueve arbitrariedades

La disposición del reglamento indica que “en circunstancias apropiadas” el Comisionado de Seguros podrá designar como árbitro a una persona que, aunque no reúna el criterio de cualificación o formación profesional aquí establecido, «éste considere que cuenta con el adiestramiento o la experiencia suficiente para entender el proceso de valoración”.

“Esto también abre la puerta a la pérdida de eficacia y confianza en los procesos, pues la intervención de la OCS en estos nombramientos sólo se justifica cuando asegurado y asegurador no estén de acuerdo en el nombramiento de un árbitro.
De otra parte, esta disposición abre las puertas de manera indiscriminada para que personas no aptas puedan entrar al proceso como árbitro. Eso solo contribuye a minar la confianza en el proceso, resultado que no es el deseado ni por los asegurados ni por los aseguradores”, sostuvo la licenciada Pernas.

Mapfre sostuvo que tal inciso del reglamento es vago y ambiguo que es proclive a propiciar las arbitrariedades de parte del Comisionado de Seguros.

Incluso, Mapfre sostuvo que dicha disposición atenta contra el objetivo de que el proceso de “appraisal” sea uno rápido y económico, pues podrían causar que una o ambas partes objeten la designación del Comisionado de Seguros, lo que causará que el proceso sufra atrasos.

Otra disposición cuestionada es aquella que permite al asegurado solicitar el proceso de “appraisal” sin que ello limite su facultad de acudir a los tribunales y radicar una querella ante la OCS.

“Permitir al asegurado activar varios remedios simultáneamente resulta problemático y contradictorio. En ese sentido, el asegurador estará obligado a enfrentar tres procesos simultáneamente. A la luz del estado de derecho actual, lo anterior resulta totalmente irrazonable, ya que si un asegurado acude al tribunal estaría renunciando al remedio administrativo”, sostuvo ACODESE.

Reglamento es ultra vires

El reglamento también posee disposiciones catalogadas tanto por ACODESE como por Mapfre como “ultra vires”, que es una frase latina usada para describir un acto que se hace sin la autoridad legal requerida.

Una de esas disposiciones establece que el asegurador debe haber “reconocido cubierta del evento o pérdida reclamada y efectuado una oferta de pago por los daños o pérdida reclamada; o el asegurador haya tenido la oportunidad razonable para investigar y hacer un ajuste de la reclamación.”

Ambos deponentes sostuvieron que la frase “el asegurador haya tenido la oportunidad razonable para investigar y hacer un ajuste de la reclamación” es ultra vires porque amplía las condiciones legales en las que procede el proceso de valoración y excede las limitaciones de la Ley 242.

“De no eliminar esa frase, la OCS estaría excediendo la autoridad delegada para reglamentar”, sostuvo ACODESE. Por su parte, Mapfre citó jurisprudencia que establece claramente que un reglamento no puede conceder mayores ni menores derechos a los ya reconocidos por la ley.

Otra disposición rechazada por ambos deponentes es la que permite al árbitro “determinar el costo de reemplazar la parte de la propiedad adyacente para razonablemente alcanzar una apariencia uniforme o en armonía de la propiedad dentro de la línea de visión («point of view»), buscando mantener consistencia y uniformidad conforme a la que existía antes del evento que causó los daños o la pérdida parcial de la propiedad”.

Mejoras no pactadas en contrato

Acodese indicó que la facultad de “determinar el costo de reemplazar la parte de la propiedad adyacente para razonablemente alcanzar una apariencia uniforme” puede estar en abierta contradicción con algunos términos y condiciones del contrato de seguros ya pactado entre el asegurador y el asegurado.

“Esa frase puede representar mejoras no pactadas en dicho contrato, y violentar el principio de indemnización”, indicó Pernas.

Mapfre indicó que la frase se refiere al concepto “matching”, ampliamente litigado en los Estados Unidos, el cual es un asunto de la cubierta de seguros y que no es un área de jurisdicción del proceso de “appraisal”.

Acodese también propuso que el proceso de “appraisal”, denominado con un proceso privado y alterno para resolver controversias, debe tener un plazo fijo de un año para que cualquiera de las partes solicite este procedimiento.

“De no ponerse un plazo, quedaría abierto indefinidamente el proceso de resolución de reclamaciones”, indicó ACODESE.

Según esta propuesta, el proceso de “appraisal” se debe solicitar no más tarde de un año desde la fecha en que el asegurador ha producido su oferta y el asegurado ha presentado su reclamación.

Publicidad

Involucrado suegro de Ricardo Rosselló en intento de controlar condominios

0

Por Miguel Díaz Román

La pasada semana comenzó en el Senado un proceso para revisar la ley de Condominios, ley 129 de 2020, debido a las numerosas objeciones que se han levantado contra el estatuto y porque la redacción y aprobación de la ley se atribuye a un grupo de abogados cuyos ingresos dependen de las controversias que se originan en condominios, entre los que se destaca el suegro del ex gobernador Ricardo Rosselló, el licenciado Roberto Rivera Ruiz.

La figura de Rivera Ruiz surgió durante la participación de la presidenta de la Asociación de Administradores de Condominios (AAC), Sharon Rodríguez, quien sostuvo que el abogado ha realizado actividades cuestionables por medio de una entidad sin fines de lucro, la Asociación de Condominios y Controles de Acceso Inc (ACCA), con la que ha pretendido controlar a las comunidades que viven en condominios.

Rodríguez dijo que tales gestiones de control de comunidades que residen en condominios las ha efectuado el licenciado Rivera Ruiz junto con el apoyo de unas personas a las que llamó “sus aliados”.

Las expresiones de Rodríguez fueron efectuadas el pasado miércoles en el foro, Encuentro de Titulares de Condominios, que se celebró en el salón Protocolar, ubicado en el edificio de Medicina Tropical en Puerta de Tierra y que es parte de los edificios de oficinas que pertenecen al Capitolio.

La actividad abrió con la participación del presidente del Senado, José Luis Dalmau, quien se manifestó a favor de “corregir y atemperar” la ley 129, la cual, según dijo, se aprobó en el 2020 sin que se celebraran vistas públicas en el Senado para conocer la opinión de los titulares de condominios.

“Quiero dar fe y testimonio del control que hubo detrás del diseño y desarrollo del Proyecto de la Cámara 1874 que culminó en la Ley de Condominios 129. Uno de los que estuvo capitaneando al grupo que se identificó como la “Coalición de Condominios” fue Roberto Rivera Ruiz, padrastro de Beatriz Rosselló y suegro de Ricardo Rosselló, quien se posiciona detrás de una corporación “sin fines de lucro” con cuestionables actividades dentro de los condominios y a quien he observado que en conjunto con sus otros aliados han mantenido un control desmedido sobre estas comunidades como si fueran de su propiedad”, sostuvo Rodríguez.

Atribuyen a Rivera Ruiz poder e influencia

En alusión directa a Rivera Ruiz, Rodríguez sostuvo que “lamentablemente con un personaje a mi mejor consideración de influencia dentro de las esferas del gobierno, ha sido una misión imposible para que a los propios dueños de estas comunidades se los tome en consideración. A las demás agencias y organizaciones, públicas y privadas, que tengan como base que aquí hay unos dueños de estas propiedades a las que debemos primero pedir permiso y servirles antes que servirnos. Porque se trata de su propiedad, su inversión, su casa y su hogar”.

La mera mención de Rivera Ruiz causó que las cerca de 100 personas presentes en el salón Protocolar emitieran expresiones de desaprobación.

No es la primera vez que el nombre del licenciado Rivera Ruiz surge durante la discusión de asuntos relacionados con la vida en condominios y el régimen legal que cobija a las comunidades que viven en esas estructuras multipisos.

En repetidas ocasiones anteriores Rodríguez ha sostenido que Rivera Ruiz es un abogado especializado en controversias que surgen en condominios, quien tuvo una participación activa en la redacción de la ley 129 y quien, alegadamente, posee un poder de influencia en los tribunales, en la legislatura y en el Departamento de Asuntos del Consumidor, que es la agencia que tiene la responsabilidad de atender las controversias de los titulares de condominios.

Abogado niega imputaciones

Este periodista se comunicó con el licenciado Rivera Ruiz, quien negó que el vínculo matrimonial de su hijastra, Beatriz Rosselló, con el ex gobernador Ricardo Rosselló, le hubiera conferido privilegios y capacidad de influencia en el gobierno y en los tribunales.

“El hecho de que yo sea el papá de Beatriz nada tiene que ver con mi gestión de abogado de condominios, porque yo soy abogado de condominios desde antes de que ella soñara con ser primera dama, desde que ella era una niña”, dijo Rivera Ruiz.

“Cuando Ricardo Rosselló tenía 15 años ya yo era abogado”, indicó.
El abogado admitió que intervino en la redacción de un proyecto que finalmente se convirtió en la ley 129, junto con varias organizaciones como la ACCA, la Federación de Condominios y la Alianza de Condominios. El abogado agregó que en la redacción de la medida también participaron administradores de condominios, abogados y contadores públicos autorizados.

“Quién usted quiere que haga una ley, el que conoce o el que no sabe nada”, indicó Rivera Ruiz para justificar su participación y la de otros abogados en la redacción de la medida.

Rivera Ruiz negó que la ley 129 se aprobara con disposiciones que benefician a los abogados y otras profesiones que participaron en la reacción. “Yo quiero que me digan qué artículo de la ley me beneficia a mí, porque yo represento a titulares y a condominios. A los dos. Y no importa la ley que hagan yo siempre voy a tener trabajo”, dijo Rivera Ruiz.

Insatisfecho con ley 129

El abogado también negó que tuviera influencia en los tribunales y en el gobierno. “Ninguna influencia. Yo pierdo y gano casos, igual que todo el mundo”, dijo.

Agregó que la ley 129 se aprobó en agosto de 2020 cuando “Ricardo Rosselló no estaba ni en Puerto Rico”.

“La gobernadora era Wanda Vázquez. ¿Qué influencia puedo tener yo en Wanda Vázquez, una persona que mandó a investigar a Ricardo Rosselló?”, cuestionó.

Incluso, el abogado señaló que no ha tenido contratos con el gobierno, con excepción de su participación como juez administrativo en DACO en 1992.

Explicó que él no está satisfecho con la ley y que se propone sugerir enmiendas a través de una comisión del Colegio de Abogados. “Ese proyecto quedó aprobado con una serie de cosas que nosotros no estamos de acuerdo y que fueron cambios de última hora”, señaló.

Rivera Ruiz sostuvo que es falso que no se hubieran celebrado vistas públicas y señaló que la ex representante Yashira Lebrón, quien dirigió los trabajos para redactar la medida en la Cámara de Representantes, celebró vistas públicas en varios pueblos. Pero Rivera Ruiz aceptó que en el Senado no se celebraron vistas públicas.

Rivera Ruiz ataca a sus críticos

Indicó que la ley 129 contiene disposiciones que benefician a los titulares, como aquella que permite a los titulares con deuda la posibilidad de acceder a un plan de pago y continuar participando en las asambleas del condominio.

Mencionó, además, una disposición que impide a un titular o al Consejo de Titulares realizar obras que afecten la vida de un titular. “Si un titular se opone, la obra no se puede hacer”, dijo.

Rivera Ruiz señaló que Rodríguez y la presidenta de la Asociación de Titulares de Condominios (ATC), Marimar Pérez Riera, han efectuado críticas contra su gestión como abogado y promotor de la ley 129.

“La señora Rodríguez siempre ha tenido como un odio hacia mí y a Marian Ortega, de la ACCA, que es la organización en que estamos”.

“Sharon Rodríguez es una administradora (de condominios) que creo que no tiene licencia”, dijo.

Sobre los comentarios de Rivera Ruiz, Rodríguez dijo que “no estoy administrando porque las pólizas de seguro que exige la ley 129 a los administradores es un requisito inconstitucional y Rivera Ruiz lo sabe”.

“Yo lamento que me ataquen en mi carácter personal. Ellos no pueden aceptar a una persona que ha hecho una investigación sociológica responsables de las comunidades de condominios. Esa animosidad viene de ellos y no de mi parte. Lo que todos sabemos es que la ACCA es una entidad llena de contratistas y suplidores de servicios a condominios, que lo que hacen es vender y no velan por el mejor beneficio de estas comunidades”, dijo Rodríguez.

Sobre Pérez Riera el abogado argumentó que “ella fue la que se quedó en los hoteles de lujo y que tuvo que renunciar por eso. Tanto que habla de titulares y a costa del pueblo se quedó en hoteles de lujo”, dijo Rivera Ruiz, en referencia a la controversia que protagonizó Pérez Riera en noviembre de 2011, mientras fungía como presidenta de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En aquel momento Pérez Riera renunció a la presidencia de la Junta de Gobierno de la AEE en medio de una oleada de críticas, luego de que se revelará que durante una estadía oficial en New York incurrió en gastos excesivos pagados con fondos públicos.

Përez Riera: “Yo me río, yo me rïo”

En reacción a los planteamientos de Rivera Ruiz, Pérez Riera sostuvo que “me he enterado de que hay abogados que representan a los grandes intereses que parece se han dado cuenta del poder que tienen los titulares, y que han decidido atacarme a mí, personalmente, con aseveraciones falsas, por la trayectoria que llevo como líder en este sector. Esto no me va a descarrilar porque según he hecho, y voy a seguir haciendo, seguiré levantando la voz defiendo a sobre 500,000 titulares de condominios”.

“He llevado esta lucha al Senado de Puerto Rico, como lo hice la semana pasada, esbozo la lucha representando el interés pro titular del Colegio de Abogados y Abogadas, designada por su presidente, estoy defendiendo la lucha de titulares también ante la Juez Laura Taylor Swain para combatir el plan de ajuste fiscal que perjudica a los titulares. ¿Y qué hacen estos abogados? ¿Decir que hay que cambiar bombillas para ahorrar luz? ¡Por favor! En cuanto al ataque hacia mí, como dice Shakira, ‘eso no da rabia, yo me río, yo me río’ “, expresó Pérez Riera en declaraciones escritas.

Durante el foro Pérez Riera cuestionó severamente el presunto efecto adverso de la ley 129 en las comunidades que residen en condominios.

Pérez Riera sostuvo que la calidad de vida en los condominios se ha visto afectada por los alquileres a corto plazo y señaló que la ley 129 ha limitado derechos a los titulares.

Entre los derechos limitados mencionó que la ley impide votar en las asambleas a los titulares con deudas y prohibió que un titular puede demandar a un miembro de la Junta de Directores, por incumplimientos a sus responsabilidades de fiducia.

Pérez Riera señaló, además, que es necesario que la legislatura atienda el problema de hostigamiento vecinal que, alegadamente, existe en los condominios contra aquellos titulares que no concuerdan con las decisiones y enfoques realizados por la Junta de Directores.

Cada condominio una comunidad distinta

Según la presidenta de la ATC, los titulares que impugnan las decisiones de las Juntas de Directores son sometidos a “humillaciones, a falta de respeto y ataques para minar su credibilidad y reputación en la comunidad para intentar callarlos”.

Rodríguez indicó que cada condominio es una comunidad distinta con problemas y condiciones muy particulares, por lo que es necesario establecer un código con disposiciones generales con la suficiente flexibilidad para que cada comunidad adopte medidas que atiendan sus intereses.

La presidenta de la AAC también repudió el enfoque de DACO, que cataloga a los titulares de condominios como consumidores.

En la actividad se acordó crear un comité para identificar las enmiendas a la ley 129. No está claro si tales enmiendas serán aprobadas antes de que finalice el presente cuatrienio.

De hecho, los únicos senadores que acudieron al foro fueron la senadora Keren Riquelme, que pertenece al Partido Nuevo Progresista, y el senador independiente, José Vargas Vidot

Publicidad

Origen de los feminicidios

0
Enrique Vázquez Quintana, MD
Ex secretario de Salud

El problema de los feminicidios ha estado ocurriendo desde el origen de la humanidad. Lo terrible es que ese problema no se va a corregir nunca. Según el Antiguo Testamento Dios creó a Adán y luego de la costilla de Adán creó a Eva.

Ese acto de la creación de Eva dio comienzo al problema de los feminicidios. Pero lo que muchos fervientes cristianos desconocen es que la primera mujer no fue Eva sino Lilith. La primera mujer fue creada el mismo día y del mismo barro con que Dios creó a Adán. Lilith creía que ella era igual y con los mismos derechos que Adán. Dios les dijo, “Creced y multiplicaos”.

Cuando Lilith tenía relaciones sexuales con Adán ella se quejaba que ella no podía estar debajo de él siempre, mirando hacia arriba, en la posición conocida como misionero. Le reclamó a Adán que había que resolver ese asunto y Adán nunca respondió a sus reclamos. Se pudiera decir que Adán era muy ingenuo y no podía pensar en otras posiciones sexuales. Lilith se consideraba ser igual que Adán y nunca encontraron armonía.

Por lo que ella se marchó del paraíso desnuda pues todavía no había ocurrido el pecado original. Lilith se marchó a orillas del Mar Rojo y allí se entregó a la lujuria de muchos demonios. Dios envió a tres ángeles a buscarla, pero ella rehusó regresar.

Es entonces que Dios crea a Eva de la costilla de Adán. Adán exclamó, “Esta sí, que es hueso de mis huesos y carne de mi carne”. Por tal motivo Adán creyó que Eva era su posesión, que la podía maltratar, humillar y hasta matarla. Esa interpretación de la creación ha sido trasmitida a toda la humanidad. Y a través del tiempo el hombre ha maltratado y asesinado a las mujeres.

Eva era muy dócil e ingenua, tan ingenua que fue inducida al pecado original por la serpiente por lo que ambos tuvieron que abandonar el Paraíso. Lo extraño es que el cristianismo ha escondido, enterrado e ignorado la existencia de Lilith. Ella fue la primera mujer en reclamar la igualdad de derechos, la libertad e igualdad sexual.

El castigo divino para Lilith fue la completa desaparición de ella de la historia, su nombre fue borrado de la Biblia. Aunque los religiosos se han encargado de ignorar totalmente a Lilith los escritores y artistas se han encargado de divulgar su existencia.

En el 1667 John Milton escribió. El Paraíso Perdido. Milton es el escritor inglés más admirado después de Shakespeare. Su escrito es una epopeya sobre la caída de Adán y Eva del Paraíso; la obra trata sobre el problema del mal y el sufrimiento, así como el libre albedrío de los hombres y la omnipotencia divina. El pintor francés Gustave Doré, que supuestamente era ateo, en el 1866 ilustró múltiples escenas de esa obra y además realizó pinturas de Lilith.

En el 2012, el escritor Stephen Greenblatt publicó su libro, Ascenso y Caída de Adán y Eva (4) en el que plantea el mito de Adán y Eva en la historia universal y su influencia en nuestra cultura. El pintor francés Gustave Coubert (1819-1877) pintó en el 1866 el Origen del Mundo, que actualmente se exhibe en el Museo Orsay de Paris. La pintura representa el sexo y el vientre de una mujer. Para ese tiempo la pintura fu catalogada como pornográfica, pero con la evolución del tiempo al presente es aceptada como una obra de arte. En el siglo XVIIII el artista Dante Gabriel Rossetti escribió la obra “Lady Lilith”.

José Saramago en su novela Caín describe las aventuras de Lilith. Los feminicidios, el maltrato al que son sometidas las mujeres en todos los lugares del mundo no podrá ser solucionado por el ser humano. Ninguna ley de los gobiernos terrenales podrá resolver este problema. Solamente el hombre que tiene a Dios en su corazón no maltratará a su mujer.

Eva demostró ser menos agresiva, más manejable que Lilith. Adán aparentemente pensaba que ella le pertenecía y podía manipularla a su antojo, lo que no pudo hacer con Lilith. Lilith además de ser la primera mujer en la creación fue la primera defensora de los derechos humanos de las mujeres, de que las mujeres fueran respetadas por el hombre, que no fueran maltratadas y menos asesinadas por el hombre. Lilith reclamaba ser igual que Adán, que habían sido creados simultáneamente por Dios del mismo barro. Se resistió a ser maltratada por Adán.

 De igual manera Lilith ha sido olvidada, su existencia negada por la humanidad entera particularmente por los religiosos. Si usted le pregunta a un devoto, ¿Quién fue la primera mujer de la existencia humana?, todos invariablemente le responderán que fue Eva.

Los que se proclaman agnósticos o ateos son los que saben sobre la existencia de Lilith según se relata en Génesis del Antiguo Testamento. La historia de Lilith es muy interesante e intrigante. Lilith se ha convertido en el ícono del feminismo. En el 2018 en una marcha en Francia una joven mostraba un letrero que decía, “Nous sommes Lilith”.

Publicidad

El Puerto de Mayagüez: infraestructura fundamental para el desarrollo sostenible

0
José Israel Alameda Lozada Ph.D.
Economista y profesor de la UPR Mayagüez Departamento de Economía

En la presente década de 2020, la ciudad de Mayagüez se dirige hacia un nuevo paradigma de desarrollo socioeconómico sostenible; esta vez, apoyado en su base industrial permanente la cual postula la asignación de sus recursos endógenos a su máxima potencia.

Este nuevo paradigma es radicalmente diferente al modelo de los 1970 y 1980 basado en una ley contributiva federal– Sección 936—donde se apoyaba las gestiones gubernamentales y el marco industrial para el desarrollo de ciertos sectores de la manufactura. Las atuneras, las empresas de ropa y textiles, descansaban en determinaciones finales del Congreso Federal y no en una base local de recursos permanentes.

Desde los 1990, el reto de Mayagüez ha sido el reconocer y auspiciar un proceso de planificación estratégica dirigida por su ventaja competitiva impulsada por lo que se reconoce en la literatura como clústeres, a saber: (1) el clúster de Salud (con base central en el Centro Médico Ramón Emeterio Betances); (2) el clúster de Educación (con base en el recinto de la UPR de Mayagüez) ; (3) el clúster de Deportes (con base en la infraestructura de los Juegos 2010); y, (4) el clúster de la economía del visitante, o turismo (con base en la infraestructura de hoteles, lugares de visita, etc.). Dentro de este último, una facilidad crítica es el Puerto de Mayagüez, tema central de este corto artículo.

Desde 2016, la firma Puerto Mayagüez Development, Inc., el gobierno municipal y la Comisión del Puerto de Mayagüez, planifican el desarrollo del Puerto en un proyecto turístico de gran envergadura para el desarrollo de la economía de la región Oeste. Este proyecto ha recibido el visto bueno de la Administración de Fomento Industrial, el COR3 y el mismo Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, lo reconocen como el proyecto de esta presente y futuras décadas.

En una apretada síntesis, pasemos a delinear los fundamentos que justifican esta interpretación. El desarrollo del Puerto se divide en dos etapas; la primera radica en facilitar la llegada de cruceros y la segunda, el diseño efectivo de Feries de gran velocidad en rutas de Mayagüez- Boca Chica y Mayagüez-Punta Cana. En el caso de los cruceros, hay que reconocer que, a través del Canal de la Mona, transitan más de medio centenar que transportan gran cantidad de pasajeros, en gran medida, potenciales visitantes de Mayagüez y de la región Oeste.

 Estas rutas y sus respectivos pasajeros no son competencia de San Juan, pues nunca pasaría por el área de norte del Caribe y si por el Sur del Caribe. Un conteo preliminar de los pasajeros y la tripulación de esta ruta de Sur-Caribe nos llega a 62,000 pasajeros y 21,000 tripulantes, para un potencial de 83 mil personas.

Los pasajeros que transitan por el Sur del Caribe son aquellos de altos niveles de poder adquisitivo pues usan cruceros de alto costo y la duración del viaje esta entre 7 a 21 días. En lo referente a las rutas turísticas y comerciales con la República Dominicana, la operación estaría en transportar pasajeros y carga. La ruta Mayagüez-Punta Cana, una nunca explorada, tiene una proximidad de 72 millas náuticas por lo que en un lapso de menos de tres horas puede transportar pasajeros, automóviles y carga en ambas direcciones.

Punta Cana cuenta con más de 40 mil habitaciones y es visitada por turistas internacionales, en su mayoría provenientes de la Comunidad Europea. Precisamente, los portadores de pasaportes de la Comunidad Europea pueden pernoctar hasta 90 días en territorio de Estados Unidos, lo que potencia no sólo la visita a Mayagüez sino prolongar su estadía en la región Oeste.

La ruta Mayagüez-Boca Chica es otra muy similar, aunque se espera desarrollar la ruta para un Ferry de mayor tonelaje con mayor capacidad de pasajeros y carga. Claramente, el desarrollo del Puerto de Mayagüez incluiría zonas para concesionarios típicos de los puertos y aeropuertos, los cuales habrán de potenciar aún más los beneficios económicos a Mayagüez y la región Oeste.

Publicidad

Lo que no te dicen del seguro obligatorio de automóvil

0
Jaime González Portilla
Presidente de Antilles Insurance Company

Es bien importante que usted como asegurado sepa que, a la hora de seleccionar el seguro obligatorio y en caso de un accidente, el seguro no le paga ni un solo centavo para reparar su propio vehículo.

Algunas compañías de seguros que ofrecen el seguro compulsorio nos inundan y gastan millones de dólares en anuncios de televisión, prensa, radio y redes sociales haciéndole pensar a usted que el seguro y el servicio que le ofrecen es para la reparación de su vehículo, cuando la realidad es que quien único recibe el pago de una reclamación es el dueño del auto a quien usted chocó.

El seguro obligatorio es estrictamente un seguro de responsabilidad pública que cubre su responsabilidad por los daños ocasionados a otro vehículo en caso de un accidente.

El seguro obligatorio no cubre los daños a la propiedad ajena, lesiones corporales o muerte que usted le ocasione por un accidente a un pasajero que vaya con usted en su automóvil, peatón o a otro conductor.

También es bien importante que usted como conductor sepa que el seguro obligatorio le provee la misma cubierta y el mismo límite de seguro de $4,500 no importa la aseguradora que usted seleccione.
El seguro y las cubiertas son las mismas.

No se deje confundir por los anuncios. El único dinero que paga el seguro obligatorio a su favor es el del servicio de grúa para su automóvil y este aplica únicamente en el caso de que su unidad tenga que ser remolcado del lugar del accidente.

Recuerde que para poder reparar su propio vehículo en caso de un accidente usted necesita adquirir un seguro de daños físicos, también conocido como «full cover». El seguro de daños físicos para su automóvil cubre peligros como robo, vandalismo, daños por huracán o inundación y colisión.

Para más información sobre un seguro para proteger su propio automóvil o un seguro de responsabilidad pública tradicional que le cubra daños a la propiedad ajena, lesiones corporales y/o muerte a terceros comuníquese con su agente o corredor de seguros.

El seguro de responsabilidad pública tradicional es el más importante de todos los seguros de automóvil. Es el seguro más importante porque de no tenerlo y usted resulta ser el responsable de un accidente y le causa lesiones corporales o la muerte a un tercero, usted se estaría exponiendo a tener pagar enormes sumas de dinero.

Nos parece que ha llegado el momento de que las aseguradoras que ofrecen el seguro obligatorio junto con la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico preparen unas campañas de orientación educativas que claramente incluyan el mensaje de que el seguro compulsorio no cubre la reparación de su vehículo.

Esas campañas también deben orientar al público de la necesidad de adquirir un seguro adicional de daños físicos para su automóvil y aún más importante un seguro de responsabilidad pública tradicional.

Publicidad

Sede de Agricultura recibe andanada de disparos

0

La sede del Departamento de Agricultura recibió en la madrugada de hoy una andanada de disparos los cuales se concentraron en el lado derecho de la estructura, junto a la también sede de la Autoridad de Tierras.

El secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, confirmó que la sede de su agencia fue tiroteada pero señaló que los disparos fueron realizados por delincuentes.

El funcionario agregó que el acto delincuencial no guarda relación con las actividades cotidianas del DA.

González Beiró agregó que existe una investigación de la Policía en curso.

El funcionario no pudo precisar el número de disparos que recibió la estructura y si las balas procedieron de pistolas o de rifles de asalto.

Alegadamente los disparos fueron realizados entre las 5:00 y 6:00 de la madrugada desde la avenidas Fernádez Juncos. Al momento de los disparos se encontraba personal de seguridad en la sede de Agricultura.

No obstante, fuentes indicaron que los disparos se concentraron en el ala derecha del tercer piso de la estructura donde están ubicadas las oficinas del subsecretario de Agricultura, Jorge Campos, la oficina de Recursos Humanos y la oficina del Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola.

Por su parte, el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, señaló «sólo espero que las cámaras de vigilancia que la pasada administración instaló y dejó funcionando ayuden a esclarecer esta situación. Es la primera vez que ese Departamento es tiroteado».

Publicidad

En el limbo 1,700 empleados públicos

0

Unos 1,700 empleados públicos se encuentran en un limbo administrativo desde agosto del 2022, cuando el gobierno local avaló que se acogieran al retiro con una pensión equivalente al 50 % de su salario, pero a solo un mes de cumplirse un año de esa decisión, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aún no ha aprobado la transacción a pesar de que promovió y avaló el acuerdo de jubilación.

“Llevamos once meses sin poder jubilarnos, a pesar de que nuestro retiro fue aprobado el 22 de julio de 2022. Y hasta ahora no tenemos una fecha de salida. No sabemos por qué la JSF no ha dado el visto bueno”, dijo Ángel Maldonado, quien ha sido el portavoz de los empleados públicos que aspiraban al retiro a través de la ley 80 de 2020 o Ley del Programa de Retiro Incentivado.

Maldonado dijo que ha realizado gestiones en la Fortaleza y en la Junta de Retiro del Gobierno para conocer por qué la JSF aún no ha avalado que los 1,700 empleados finalmente se acojan al retiro y no ha obtenido una respuesta satisfactoria.

“Cada vez que pregunto la respuesta siempre es la misma, un disco rayado, estamos esperando que la JSF dé el visto bueno”, expresó.

Agregó que se ha comunicado con la JSF para conocer de primera mano las razones para la dilación del organismo federal y no ha podido obtener una respuesta.

Maldonado explicó que la ley 80 es beneficiosa para el gobierno debido a que la pensión de los jubilados será el 50 % del salario, lo que implica que el restante 50 % del salario es un ahorro para las agencias.

“El ahorro está claro. Yo no entiendo qué está pasando”, sostuvo Maldonado.

Este periodista solicitó a la JSF una explicación sobre la inacción ante la aprobación por el gobierno local para la jubilación de los 1,700 empleados. Al cierre de esta edición aún la JSF no había atendido la petición.

Llama la atención la inacción de la JSF en este asunto porque el acuerdo para viabilizar la jubilación de los 1,700 empleados públicos fue logrado con la administración del gobernador Pedro Pierluissi a instancias del organismo federal ante la jueza federal Laura Taylor Swain.

Objeciones de la JSF

De hecho, el acuerdo fue el resultado de las objeciones de la JSF a las disposiciones de la ley 80 de 2020, que estableció una ventana de retiro para los empleados públicos con una pensión vitalicia equivalente al 50 % del salario más alto devengado en los últimos tres años y otros beneficios como una aportación de $100 para plan médico.

El estatuto entró en vigor en agosto del 2020, luego de que la exgobernadora Wanda Vázquez Garced lo firmó, tras la aprobación unánime en la Cámara y en el Senado.

En ese momento determinados sectores del gobierno argumentaban que el beneficio de jubilación de la Ley 80 estaría accesible para 11,000 empleados públicos en casi 150 agencias y municipios.

Desde la aprobación de la ley 80 la JSF sostuvo que el estatuto fue aprobado de manera irresponsable porque ni la legislatura ni el Ejecutivo identificaron su impacto fiscal.

La ley 80 fue invalidada por el Tribunal Federal el 28 de diciembre de 2021, cuando la jueza Taylor Swain emitió una orden en la que pospuso la puesta en vigor de la anulación, en espera de que la JSF y el gobierno lograran un acuerdo para ofrecer algunos de los beneficios de la ley sin que le cueste un centavo al fisco.

Tras la orden del Tribunal Federal la JSF y el gobierno enfrentaron numerosos desencuentros, especialmente porque la administración no podía ofrecer toda la información que exigía el organismo federal.

Acuerdo con implementación parcial

Finalmente, el acuerdo entre el gobierno y la JSF se alcanzó al inicio del verano de 2022.

En un comunicado emitido el 22 de julio de 2022 la JSF anunció la implementación parcial de la propuesta de retiro de la Ley 80, la cual estaría disponible para los empleados no esenciales y las agencias no podrán realizar nuevos reclutamientos para llenar las plazas de los empleados que se jubilen.

Además, el beneficio de los $100 para plan médico solo estará accesible para los empleados que se retiren a los 62 años.

Originalmente se indicó que el acuerdo podría beneficiar a 3,989 empleados públicos denominados como no esenciales, pero la Fortaleza informó que los beneficiados serán 1,700 empleados no esenciales.

Fracaso para el gobierno

Conocedores de las negociaciones sostuvieron que el acuerdo representa en realidad el fracaso de la administración de Pedro Pierluisi, porque el objetivo original pretendía lograr el retiro de 6,564 empleados públicos denominados como esenciales.

La administración Pierluisi había sostenido que los empleados esenciales que se acogieran al retiro por ley 80 serían sustituidos por empleados públicos transferidos de otras agencias.

La iniciativa no se había logrado concretar por las numerosas dificultades burocráticas que conlleva trasladar empleados de una agencia a otra y porque no fue fácil identificar a los funcionarios con las calificaciones adecuadas para sustituir a un empleado esencial.

Otro factor, alegadamente, fue la renuencia de los secretarios de las agencias a perder empleados indispensables.

Además, la JSF había objetado la iniciativa debido a que los empleados esenciales debían ser reemplazados exclusivamente por funcionarios con el conocimiento y las habilidades que requiere la posición denominada como esencial.

La JSF también había exigido identificar la identidad de los funcionarios que sustituirán a un empleado esencial, su nivel salarial y los beneficios acumulados con el fin de proyectar de manera confiable los ahorros netos de los puestos eliminados propuestos.

Publicidad

Defectuosa importación de guineos podría causar pérdida de hasta $500,000 en fondos públicos

0

Por Miguel Díaz Román

En lo que representa nuevo escándalo en ciernes, el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, se ha negado a pagar cerca de $500,000 a la corporación agrícola de Costa Rica Aproveco, responsable de exportar a Puerto Rico guineos verdes en acuerdo con el Departamento de Agricultura (DA), porque, alegadamente, una determinada cantidad de sus embarques arribaron al país en condiciones deplorables que impidieron su venta en el comercio al detal.

De acuerdo con una fuente conocedora de las interioridades del DA, la acción de González Beiró es un intento desesperado del funcionario por recuperar una parte de los fondos públicos invertidos en una defectuosa importación de guineos que se encamina a generar pérdidas.

Según la fuente, González Beiró está convencido que el DA no le adeuda dinero a Aproveco, sino que es la empresa la que le debe dinero a la agencia debido a que cerca de 40 contenedores no fueron adquiridos por el comercio detallista porque las frutas se encontraban excesivamente maduras o deterioradas.

Además, de los cerca de 40 contenedores, aproximadamente 10 fueron decomisados en los vertederos del país.

De hecho, algunos miembros de la Asociación de Productores de Banano de Puerto Rico (APB), que integra a los agricultores locales de plátanos y guineos, reclaman el reembolso de miles de dólares por contenedores que pagaron de manera adelantada el DA. y que luego no pudieron vender a sus clientes debido al deterioro de los frutos.

Además, también existen sustanciales reclamos económicos de los transportistas contratados por el DA para realizar la distribución y entrega de los contenedores en toda la isla.

El secretario de Agricultura no respondió a las solicitudes de este periodista para que ofreciera una reacción a la información o para que aclarara los señalamientos vertidos por la fuente.

Los ejecutivos de Aproveco han sostenido que las autoridades federales, que inspeccionan las importaciones procedentes de países extranjeros, no rechazaron ni un solo contenedor de guineos que llegaron a los muelles de San Juan.

De acuerdo con la fuente, en las pasadas semanas varios ejecutivos de Aproveco llegaron al país y se reunieron con González Beiró en su oficina en Santurce, con el fin de dialogar sobre las objeciones del secretario a honrar el pago a la empresa.

Aproveco asegura cumplió con contrato

Los ejecutivos han señalado que los embarques de Aproveco cumplieron con las disposiciones contenidas en el contrato alcanzado con el DA el pasado año, por lo que no existen razones que justifiquen la decisión de González Beiró de detener los pagos relacionados con una cantidad sustancial de contenedores que arribaron al país en los pasados meses.

El acuerdo entre Aproveco y el DA implicó la importación de aproximadamente 15 contenedores semanales, los cuales tienen un costo de cerca de $17,000 cada uno.

Luego de que en septiembre de 2022 el huracán Fiona destruyera la totalidad de los cultivos de guineos y plátanos del país, González Beiró avaló importar ambos frutos para satisfacer la demanda local.

El secretario también decidió que la importación sería administrada y financiada por el DA y no por las empresas privadas importadoras de alimentos, ni por la APB.

Finalmente, el DA no pudo acordar la importación de plátanos, pero la importación de guineos se logró en acuerdo con la empresa Aproveco de Costa Rica.

Esta decisión implicó que la importación de guineos comprometiera más de $6 millones en fondos públicos desde de diciembre 2022 hasta el pasado mes de junio, cuando debió culminar la introducción de guineos desde Costa Rica.

40 contenedores perdidos

La fuente indicó que, de los cerca de 40 contenedores que no se lograron vender en el comercio detallista, unos 10 contenedores fueron decomisados en los vertederos del país.

Los contenedores restantes se distribuyeron gratuitamente entre organizaciones sin fines de lucro que operan instituciones de rehabilitación y hogares para envejecientes.

Seis contenedores fueron decomisados entre el viernes 13 y el sábado 14 de enero del 2023 en el vertedero de Vega Baja, debido a que los frutos se encontraban en franca descomposición y fueron rechazados por las cadenas de supermercados, varias empresas distribuidoras de alimentos y por los agricultores de guineos.

El decomiso fue supervisado por el agrónomo Andrés Rosado, quien es el director del Programa de Mercadeo del DA. A finales del pasado mes de mayo varios contenedores también fueron decomisados en el vertedero de Cayey.

Este periodista intentó establecer comunicación telefónica con Georjanny Arias, quien ocupa una posición directiva en Aproveco. Arias no respondió a las llamadas. Luego, se estableció comunicación con Arnoldo Guzmán, quien es otro de los ejecutivos de Aproveco y tampoco respondió.

No está claro si González Beiró está dispuesto a negociar un acuerdo con Aproveco o si mantendrá una posición intransigente que podría desencadenar una impugnación judicial contra el DA.

Federales detectaron insectos

Según la fuente, los ejecutivos de Aproveco entienden que los embarques de guineos cumplieron con los requerimientos de temperatura durante la travesía desde Costa Rica a Puerto Rico, la cual contempla algunas paradas en diversos puertos del Caribe, incluyendo los puertos en Panamá y en la República Dominicana.

Numerosos contenedores exportados por Aproveco no cumplieron con éxito las inspecciones realizadas por la Aduana Federal en San Juan, debido a que se detectó la existencia de plagas en su interior, lo que requirió de extensas fumigaciones para matar esos insectos por funcionarios del Departamento de Agricultura Federal.

No obstante, las autoridades federales avalaron la entrada al país de los guineos, luego de que fueran fumigados.

Las inspecciones federales y los periodos de fumigación retrasaron por varias semanas la salida de los contenedores de la zona portuaria, lo que provocó que los frutos en su interior padecieran de una progresiva maduración hasta que, en algunos casos, el producto sufrió de descomposición.

Otro aspecto de esta controversia es que la inexperiencia del DA provocó graves retrasos e interrupciones en la distribución de los guineos en el mercado detallista.

Según las fuentes, los ejecutivos de Aproveco entienden que no son responsables por los atrasos cometidos por el DA y por las autoridades federales durante las inspecciones reglamentarias y en los procesos de fumigar aquellos contenedores en los que se detectó la presencia de insectos.

Publicidad

Sin resultados aún investigación de Ética Gubernamental contra secretario de Agricultura

0

Por Miguel Díaz Román

A pesar de que siete meses atrás la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) recibió una querella que denunció la aprobación ilegal de un parque fotovoltaico en terrenos de una reserva agrícola protegida en el pueblo de Salinas, la agencia investigativa aún no ha determinado si el aval gubernamental al proyecto violó la ley.

La querella sostiene que el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, pudo incurrir en serias violaciones éticas debido a que los terrenos donde se construye el proyecto pertenecen a AGRIART, LCC, una empresa en la que el funcionario es uno de los accionistas y su hijo, Ramón González Bennazar, ocupa la posición de vicepresidente.

De hecho, mientras se desconoce si la pesquisa de la OEG ha arrojado algún resultado, el masivo proyecto de placas fotovoltaicas está en plena construcción en una finca de 1,029.63 cuerdas ubicada en la carretera 706 en Salinas.

La OEG sostuvo que la investigación de la querella no ha culminado y rechazó que la investigación esté atrasada.

La agencia investigativa justificó que hayan transcurrido siete meses desde la radicación de la querella sin que exista aún un resultado, al sostener que los investigadores procuran recopilar prueba robusta para cumplir requisitos establecidos por el Tribunal Supremo.

Investigaciones pueden tardar más de dos años

Incluso, la OEG podría extender una investigación por hasta más de dos años, según indicó la portavoz de prensa de la agencia, Jennifer Rodríguez.

«La Ley de Ética le otorga a los abogados del Área de Investigaciones y Procesamiento Administración dos años y medio para culminar una investigación. El que solo hayan transcurrido siete meses, no es una dilación o tardanza por parte de los abogados de la OEG, es que para culminar una investigación deben asegurar el nuevo quantum establecido por el más alto foro judicial”, dijo Rodríguez en declaraciones escritas.

Según la funcionaria, una reciente decisión del Tribunal Supremo, elevó los requisitos de prueba en las investigaciones realizadas por dependencias del gobierno para casos que culminen en los tribunales.

“Ahora el Tribunal Supremo, en el caso OEG v. Martínez Giraud, 2022, ha determinado que la prueba a presentar debe ser clara, robusta y convincente. Prácticamente es como si fuera más allá de duda razonable. Lo que provoca que las investigaciones requieran de mucha más evidencia. Cada caso es independiente y las investigaciones culminan cuando hayan culminado”, dijo Rodríguez.

El proyecto de placas fotovoltaicas fue propuesto por la empresa Clean Flexible Energy, que es una subsidiaria de la cogeneradora Applied Energy Services Puerto Rico (AES), que es dueña de la planta de carbón que opera en Guayama.

Los terrenos que pertenecen a AGRIART LCC, fueron alquilados a largo plazo a la empresa Clean Flexible Energy para construir el proyecto.

La querella fue radicada por el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, el pasado 22 de noviembre de 2022.

Siete meses después no hay señal de OEG

En una carta dirigida al director ejecutivo de OEG, Luis Pérez Vargas, el ex secretario se quejó de que transcurridos siete meses desde la radicación de la querella “no he recibido ningún comentario, comunicación o información de su oficina que me indique que se consideró mi petición y los resultados de esta ante lo señalado”.

En la carta, enviada el pasado 23 de junio, Flores Ortega indica que en la querella explicó que AGRIART LLC había adquirido los citados terrenos en Salinas con el aparente objetivo de establecer una operación agrícola, pero la iniciativa tomó otro giro.

“Se convirtió en un plan para cambiar el uso de los terrenos agrícolas para el desarrollo de un parque fotovoltaico endosado de forma dudosa por el Departamento de Agricultura (DA)”, relata la carta.

Flores Ortega sostiene que solicitó la investigación porque el endoso otorgado por el DA al proyecto de Clean Flexible Energy es “fraudulento”.

Comité de subalternos

Según el ex secretario, el llamado Comité de Energía del DA, estuvo integrado por subalternos de González Beiró.

Estos son el subsecretario de Agricultura, Jorge Campos Merced; el agrónomo Wilbert Vélez Rivera, quien es el subadministrador de la Administración de Desarrollo de Empresas Agrícolas; y Nancy Sánchez Villanueva, quien dirige la Oficina de Iniciativas para la Preservación de Terrenos.

Vélez Rivera, alegó Flores Ortega en la querella, fue el funcionario de DA en Ponce que tramitó en 2020 el Certificado Bonafide de AGRIART LLC.

Además, el Comité endosó el proyecto a pesar de que las guías para evaluar las propuestas de proyectos de energía renovable en terrenos agrícolas, disponen que ese tipo de desarrollo no se pueden construir en terrenos agrícolas protegidos.

Los terrenos en Salinas que pertenecen a AGRIART LLC están calificados como “Agrícola Productivo” (AP) por la Junta de Planificación y como “Suelo Rústico Especialmente Protegido Agrícola” (SREP-A) por el Plan de Uso de Terrenos, que fue ordenado por la Ley 550 de 3 de octubre de 2004.

Otro factor potencialmente problemático es que a través de estos terrenos transcurre el canal de riego de Patillas, la quebrada Amorós y el canal de riego Guamaní Oeste, que son fuentes de agua para los cultivos establecidos en toda la zona sur.

Guías limitan la energía renovable

“Claramente las guías para evaluar las propuestas de proyectos de energía renovable establecen que los terrenos clasificados como SREP-A y calificados como AP no deben ser impactados por proyectos de energía renovable”, argumentó Flores Ortega en la misiva.

Alegadamente, la propuesta de energía renovable de AES consta de cuatro proyectos de parques solares industriales a desarrollarse en Salinas, Guayama, Naguabo y Las Piedras.

El parque solar industrial de Salinas comprende un sistema de baterías e infraestructura eléctrica, que generaría 240 megavatios, los cuales serían adquiridos por la privatizadora Luma.

Flores Ortega menciona en la carta que “resulta inexplicable” que el Comité de Energía “denegara su endoso a dos proyectos de generación de energía mediante parques solares en Naguabo y Cabo Rojo, por entender que no se puede continuar con la práctica de utilizar terrenos con opciones agrícolas para otros propósitos, sin embargo, sí dieron su endoso a dos proyecto de AES, uno en Salinas y el otro en Naguabo, cuyas construcciones también impactarían suelos agrícolas”.

Publicidad