Reclaman intervención urgente del Congreso para enfrentar la escasez de médicos 

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Por Miguel Díaz Román

El presidente de la Asociación Médica Americana (AMA), el doctor Bobby Mukkamala, ha publicado un revelador artículo en la publicación digital de esa institución, que básicamente sostiene que la escasez de médicos en los Estados Unidos es un problema creciente, el cual requiere y requerirá acción directa del Congreso para revertirlo y garantizar atención médica a la sociedad estadounidense.

En el artículo el doctor Mukkamala detalla las diversas vertientes que causan el problema de la escasez de médicos en los Estados Unidos y comenta las medidas que se han tomado para enfrentar el problema. Además, propone una serie de medidas dirigidas a detener lo que ya es una grave tendencia que crece continuamente y que augura trascendentales consecuencias en el futuro.

En momentos cuando la calidad de los servicios médicos es una gran preocupación en Puerto Rico y la escasez de médicos  aflora como uno de los principales problemas, los planteamientos del doctor Mukkamala resultan iluminadores.

Sobre los argumentos del doctor Mukkamala, el presidente de la aseguradora Mapfre, Alexis Sánchez Géigel, comentó que «el problema de la escasez de médicos no es exclusivo de Puerto Rico; en Estados Unidos existe la misma crisis. Lo que es claro es que el recurso se lo lleva quien más paga». 

De hecho, entre los ofrecimientos de seguros de Mapfre figura una oferta de seguro de salud dirigido principalmente a grupos privados. 

En ese contexto, Sánchez Géigel sostuvo que «si deseamos tener más médicos, debemos facilitar su preparación educativa sin que tengan que endeudarse, aumentar los programas de residencia disponibles al graduarse, pagarles más durante su residencia, eliminar las redes cerradas para que no se les cierren puertas, y que su licenciamiento sea inmediato al graduarse de la residencia, evitando así un proceso burocrático y lento».

El doctor Carlos Díaz, presidente del Colegio Médico de Puerto Rico, ha resaltado la preocupante escasez de médicos y de especialistas médicos en el país, lo que amenaza, según ha planteado, con agravar el acceso a servicios médicos que ya padece el país.

Recientemente Díaz hizo un llamado para que el gobierno atienda la situación a fin de evitar que los diversos problemas que padece el sistema de salud local se dirijan por una ruta que culmine en una incontenible crisis en la que resulte victimizada la población más desfavorecida.

De hecho, ante el cierre de hospitales que ha ocurrido recientemente en el país,  Díaz solicitó que se atienda la estabilidad del sistema hospitalario para garantizar servicios médicos en todas las regiones de la isla.

Como un servicio de SN para aportar en la discusión de los problemas de nuestro sistema de salud, que incluye los servicios de salud patrocinados por el gobierno local y federal, y la oferta de seguros de salud  de las aseguradoras y los servicios de laboratorios y hospitales privados del país, a continuación replicamos el artículo del doctor Mukkamala:

La escasez de médicos puede empeorar a menos que el Congreso actúe ahora

Por el doctor Bobby Mukkamala

Existen enormes deficiencias en la atención médica actual que requieren la atención de médicos y líderes de la medicina organizada, pero todo comienza con el acceso oportuno a una atención de calidad. 

Las alarmantes proyecciones sobre la futura escasez de personal médico ignoran el hecho de que, para muchos pacientes en todo el país, esa escasez ya ha llegado.

Si bien los factores que impulsan esta situación son complejos, las soluciones no son difíciles de encontrar. El proceso comienza por eliminar las dificultades administrativas que alimentan el agotamiento y contribuyen a las decisiones de jubilación anticipada de los médicos.

Una segunda solución crucial es reformar el anticuado sistema de pago de Medicare, que ha visto caer los reembolsos a los médicos en más de un 33% desde 2001, lo que ha generado enormes dificultades financieras para consultorios independientes como el mío en Flint, Michigan.

Una tercera solución consiste en ampliar considerablemente el número de plazas para residencias de educación médica de posgrado (GME) financiadas por Medicare, con especial énfasis en áreas y especialidades con escasez crítica, como atención primaria y psiquiatría.

La AMA apoya con entusiasmo la recién introducida Ley de Reducción de la Escasez de Médicos Residentes de 2025, que añadiría 14.000 plazas de Médicos Residentes Generales (GME) de Medicare en siete años y codificaría el Programa de Planificación y Desarrollo de Residencias Rurales. 

Esta medida bipartidista ayudará a garantizar que los pacientes tengan acceso a médicos bien capacitados en sus comunidades, ampliando las oportunidades de formación en hospitales urbanos y rurales con mayor necesidad de personal.

Por un margen considerable, el gobierno federal es el mayor financiador de GME, principalmente a través de la financiación de Medicare. A mediados de la década de 1990, el Congreso decidió limitar el número de plazas de GME que Medicare financiaría, y este límite ha tenido un enorme impacto en nuestro sistema de salud en las décadas posteriores.

Por un lado, el límite no ha permitido que la atención médica se ajuste a los importantes cambios que se han producido en la población de pacientes y la demografía. Por otro lado, el límite ha exacerbado la escasez existente de médicos. En este momento, la Administración de Recursos y Servicios de Salud de EE. UU. estima que se necesitan más de 19,000 médicos para superar la escasez existente en atención primaria y salud mental en todo el país.

La escasez de médicos afecta a todos. Esta es solo una de las razones por las que la AMA continúa apoyando las soluciones legislativas bipartidistas propuestas a nivel federal, como la Ley Conrad State 30 y la Ley de Reautorización del Acceso a Médicos (H.R. 1585). 

Cabe destacar que tanto esta medida como un proyecto de ley similar presentado a principios de este año en el Senado (S. 709) han contado con el patrocinio y el apoyo de ambos partidos políticos.

Bajo el programa Conrad 30, cada estado recibe 30 exenciones que eximen a los médicos con visa J-1 del requisito de regresar a su país de origen a cambio de brindar tres años de servicio a pacientes en comunidades con acceso limitado a la atención médica. 

La aprobación de las medidas descritas anteriormente no solo reautorizaría el programa Conrad 30 por tres años más, sino que también aumentaría gradualmente el número de exenciones que cada estado recibiría en el futuro.

La AMA también apoya la Ley para el Avance de la Atención Rural por parte de los Médicos Especialistas (S. 1380), otra medida bipartidista actualmente en consideración. Este proyecto de ley crearía un programa de reembolso de préstamos para médicos especialistas que acepten completar seis años de servicio en una comunidad rural con escasez de personal.

En cuanto a los préstamos estudiantiles, la AMA ha expresado su seria preocupación por la posibilidad de que los cambios en el programa federal de préstamos estudiantiles propuestos en el proyecto de ley de conciliación presupuestaria de 2025 hagan que la escuela de medicina sea inasequible para la mayoría de los estudiantes, incluidos aquellos que podrían ser los solicitantes más cualificados.

Las crecientes cargas administrativas que enfrentan los médicos, en particular las excesivas exigencias de autorización previa, impulsan las tasas de agotamiento y tienen un claro impacto en la fuerza laboral cuando deciden reducir sus horas o incluso abandonar el campo por completo. 

La última encuesta de la AMA (PDF) reveló que, en promedio, los médicos completan 43 solicitudes de autorización previa cada semana. Esta carga les quita tiempo para la atención directa al paciente, amenaza la estabilidad financiera de las consultas y aumenta significativamente el agotamiento.

Al asumir las inmensas responsabilidades como presidente de la AMA, la importancia del acceso a la atención médica está muy presente en mi mente. En mi discurso inaugural del 10 de junio en la Reunión Anual de la AMA en Chicago, hablé sobre la importancia de mantener la cobertura médica para los más vulnerables de nuestras comunidades, los tipos de pacientes que atiendo en mi consulta a diario en Flint.

Un factor clave para el desafío del acceso es una cobertura médica adecuada, pero otro es una fuerza laboral médica próspera para satisfacer las crecientes demandas de salud de nuestro país. Por eso es fundamental que el Congreso tome medidas para reformar el engorroso proceso de autorización previa, que sabemos que retrasa la atención médica de los pacientes y es una de las principales causas del agotamiento profesional de los médicos.

Los problemas con la autorización previa, incluso para los tratamientos más rutinarios y basados ​​en la evidencia, como la prescripción de insulina para diabéticos, siguen siendo una fuente de frustración constante para mí, mi pequeño equipo y nuestros pacientes. 

Por ejemplo, hace apenas unos meses, un miembro de mi equipo tuvo que llamar a una aseguradora por un problema de autorización previa porque «Mukkamala» no figuraba como proveedor en su sistema. Llevo un cuarto de siglo ejerciendo la profesión, pero por alguna razón no figuraba en la lista de médicos de la aseguradora más grande de mi estado natal, Michigan. 

Este es un ejemplo aislado, sin duda, pero también un indicio de un problema mucho mayor: un sistema de salud insostenible.

El acceso a la atención médica es un tema crucial no sólo para mí, sino para todos en la AMA. En nuestro rol como poderoso aliado del médico en la atención al paciente, nos mantenemos firmes en nuestra labor para reformar el sistema de pago a médicos de Medicare, reducir el agotamiento, optimizar la autorización previa y garantizar que exista una sólida plantilla médica y esté completamente preparada para satisfacer las necesidades de atención médica de nuestra nación hoy y mañana.

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La economía de Puerto Rico o un ecosistema de caos

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Por doctor José Alameda

Desde el primer trimestre de 2006, la economía de Puerto Rico se ha sumergido en etapas cada vez más caóticas, sin un aparente atisbo de salir de manera espontánea de la misma y mucho menos con estrategias que suelen favorecer grupos de intereses sobre el colectivo.

En las ciencias económicas, hemos estudiado los ciclos o fluctuaciones en la economía con un intento de entender sus causas y efectos. En el contexto de los sistemas completos, el caos es un comportamiento de sistemas dinámicos que suelen ser altamente sensibles a las condiciones iniciales, evocando imágenes de perturbación, desorden y aleatoriedad que ejercen fuerzas cada vez más complejas y de difícil solución. 

Resalta en este paradigma, la teoría del caos, la cual revela patrones y estructuras en sistemas que pueden ser impredecibles y con fuerzas cada vez más difíciles de definir su contenido de los elementos causales. Dentro de este paradigma, podemos adicionar los ecosistemas socio-económicos. Nos parece que la economía de Puerto Rico está confrontando problemas estructurales extraordinarios en sus ecosistemas socio-económicos principales. 

Los mismos no están siendo atendidos por las autoridades locales con la diligencia pertinente, y hasta parecen no tener la capacidad de entenderlo, dado su complejidad.Los ecosistemas sociales representan complejas redes de relaciones humanas y participantes – ya sean personas naturales como jurídicas — que moldean comunidades, organizaciones y la sociedad en general. 

La economía de una comunidad o país se basa en relaciones interpersonales de los componentes de la  sociedad, algunos como clientes, socios, trabajadores, empresarios, funcionarios de                                                     gobierno; todos dentro de un marco de instituciones, creencias, ideas, leyes y reglamentos, que condicionan las vivencias humanas y las actividades económicas.

Las empresas operan dentro de una intrincada relación de seres humanos-con intereses diversos que se materializan tanto dentro de la empresa como factores exógenos que la empresa no controla, pero puede mitigar o modificar el riesgo que proviene de los mismos.

En este sentido, los problemas de los ecosistemas que son estructurales son:

  1. Ecosistema de energía: en nuestro sistema de la AEE se añaden entidades que no resuelven el problema sino lo complican: LUMA, GeneraPR, New Fortress, Negociado de Energía, etc. Entidades como Queremos Sol, y las organizaciones de energía solar no son oídas y mucho menos reconocidos en sus reclamos. Los problemas no son solo en los aumentos en el kWh, sino en
    lo cada vez más oneroso de la contratación, entiéndase en los $19 mil millones del contrato con New Fortress, como ejemplo.
  2. Ecosistema de Salud: Es caótico si usted tiene que esperar meses para ser atendido por un especialista. Ha habido cierre o consolidación de hospitales, y sobre un 80% de ellos con problemas de flujo de efectivo, Hay quejas que las aseguradoras pagan muy tarde, poco y malo. Existe una fuga de médicos hacia los EE.UU. muchos de ellos reclamando por consecuencia de las aseguradoras, lo que provoca escasez de médicos especialistas en algunas áreas, en especial, en los municipios dentro del archipiélago.
  3. Seguridad pública y ambiental a. policías escasos , b. vías de carreteras, puentes, aeropuertos, puertos , etc.; c. emergencias médicas y respuesta a desastres antes y después; d. Vertederos o rellenos sanitarios y su vida útil.
  4. Cambio Climático y sus efectos: Estudio del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático enfrenta escollos a fines de 2024 que puso en riesgo su consideración y aprobación y, con ello, la posibilidad de que el país cuente con una política pública ordenada y basada en ciencia para responder a esta problemática. El informe de la empresa Estudios Técnicos y Tetra Tech concluye que de no hacerse  nada con el cambio climático en Puerto Rico, los costos de inacción llegarían para 2050 a una pérdida de $379,270 millones en el PIB, dado un aumento de 2°C sobre los niveles preindustriales en la temperatura global. Este costo equivale al 18.3% del PIB acumulado entre el 2021 y 2050.
  5. Sistema de Educación Pública: menos estudiantes y profesores pero más gastos locales y federales y más ineficiencias y rendimiento en la proficiencia de los estudiantes . El problemas del sistema de la UPR, la cual es una situación caótica autoinfligida, pues para el 2016 no existía problema que no pudiera solucionarse en esta empresa de carácter público.
  6. Concentración Industrial: Comercio al detal y mayoristas, aseguradoras de salud y vida; banca y finanzas, entre otros. El economista Dr. Ramón Cao, realizó un estudio sobre las aseguradoras obteniendo hallazgos de que existe una alta concentración, tanto desde el punto de vista del número de suscriptores como de primas suscritas, por el lado de las compañías de seguros de salud .
  7. Sistema de Retiro de la AEE. La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) anunció que comenzó a cobrar un cargo provisional de 1.88 centavos por kilovatio-hora para cubrir las pensiones de sus jubilados. La medida, respaldada por la Junta de Supervisión Fiscal, busca mantener a flote el sistema de retiro mientras se concreta la largamente postergada reestructuración de la deuda de la corporación pública. Para los 1.3 millones de abonados de la AEE, esto nrepresenta un aumento directo en la factura de luz de 1.9 centavos.
  8. Los efectos de la Política de Aranceles de Trump y del Big, Beautiful, Budget. El presidente de los E.U., Donald Trump,realizó declaraciones de política comercial y estableció medidas mediante la firma de órdenes ejecutivas, algunas de bajo el marco jurídico de Emergencias Nacionales, por lo que las imposiciones arancelarias son para proteger la industria de este país.

No podemos perder de perspectiva que el sector de gobierno está bajo la Ley PROMESA, Título III que es una ley especial de quiebra y que tenemos una Junta de Supervisión Fiscal actuando como mediador un síndico en la quiebra. Todavía está Junta actúa con prerrogativa de administrador en especial el caso del Plan de Ajuste de la Deuda de la AEE, el cual no se ha llegado a ninguna determinación sobre el pago a los acreedores.

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ORIL redistribuye márgenes de ganancia para no aumentar el precio de la leche en algunos tamaños

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Por Miguel Díaz Román

A través de un comunicado de prensa el Departamento de Agricultura (DA) ha anunciado que a partir del próximo jueves 25 de septiembre entrará en vigor una nueva estructura de precios para la leche fresca y la leche UHT que básicamente no representará un alza en el precio a nivel del consumidor para algunos de los tamaños disponibles en el mercado.

El alza decretada por la ORIL causará un efecto neutral en el precio de la leche porque algunos envases no experimentarán aumentos de precio y otros registrarán un cambio mínimo en el precio.

El efecto neutral se ha logrado por medio de una redistribución de los márgenes de ganancia de los productores, elaboradores y detallistas. 

El comunicado de prensa de la ORIL no revela los componentes de la industria lechera cuyos márgenes de ganancia fueron alterados por medio de la redistribución y si estos sectores están satisfechos con esa acción unilateral del gobierno. 

El aumento decretado por la ORIL se fundamentó en las recomendaciones de un estudio económico exhaustivo que se efectuó en los pasados meses, luego de que la entidad reguladora no hubiese actuado sobre el estudio desde 2016, a pesar de que está obligada por ley  a realizar el estudio cada cuatro años.

No obstante, se desconoce porque la ORIL ha tomado la determinación de redistribuir los márgenes de ganancia en la leche fresca ante la realidad que el consumidor está acostumbrado a enfrentar aumentos de precio en numerosos productos en el mercado de alimentos, según se elevan los costos de las empresas que participan en su producción.  

Y aunque tal decisión es resentida y criticada, finalmente es acatada por los consumidores. 

Así ha ocurrido y ocurre continuamente, por ejemplo, con el precio de productos frescos como verduras y vegetales, productos frescos importados, diversos tipos de carnes y alimentos envasados y congelados. 

Decisión busca evitar debate público

Es evidente que  la determinación de la ORIL tiene como objetivo evitar que la entidad reguladora fuera objeto de críticas por decretar un alza en el precio de la leche, el cual podría provocar una oleada de rechazo en el debate público en contra de la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón. 

No está claro si la acción tomada por la ORIL cumple con la rigurosidad que se espera de un regulador que debe velar por la salud económica de todos los componentes que integran la industria lechera, desde los ganaderos, las plantas procesadoras, los detallistas y los transportistas.

Además,  las recomendaciones del estudio económico exhaustivo para los márgenes de ganancia de las empresas que integran la industria lechera se basan en los datos que esas empresas ofrecen sobre sus costos de producción. 

Interrogantes que no aclara la ORIL

No está claro si la redistribución de los márgenes de ganancia le hace justicia a las empresas que integran la industria lechera, según las recomendaciones que señaló el estudio económico exhaustivo, las cuales se fundamentan en datos económicos corroborables sobre sus costos de producción.

Alegadamente, el sector de las plantas procesadoras recibió un ajuste o reducción en su margen de ganancia, el cual se instrumentó para garantizar un alza de hasta ocho centavos por cuartillo para el sector de los ganaderos. 

No obstante, se desconoce cuál fue el monto del ajuste final que recibieron las plantas procesadoras, las cuales, por cierto, experimentaron dos aumentos de precio decretados por la ORIL en los pasados años.

Para determinados tamaños, la ORIL decretó un precio mínimo y un precio máximo, lo que le permite a las plantas procesadoras establecer aquel precio que le resulte más competitivo en el mercado. 

El precio mínimo y el precio máximo es una oportunidad que ofrece la ORIL para que las plantas procesadoras puedan fijar un precio de venta de acuerdo con sus costos de producción.  

La ORIL, alegadamente,  le reconoció un aumento de un centavo al sector de los detallistas. 

Detallistas insatisfechos

El presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Ramón Barquín, dejó conocer su descontento con el alza de un centavo, la cual, según el líder de los detallistas, no satisface adecuadamente los gastos en que incurren las pequeñas empresas  y las cadenas de supermercados para garantizar que diariamente exista en sus establecimientos una buena oferta de diversos envases de leche fresca y leche UHT.

«Los detallistas siguen cargando con los ganaderos el peso de producción y venta de la leche fresca. Tiene que dejarse a un lado la intervención del estado y auto regularse la oferta y demanda con terceros productores que entren al mercado con la promesa de retornos de inversión», sostuvo Barquín.

En las pasadas semanas la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA)denunció que por 17 años el sector de los detallistas no ha experimentado modificación alguna en su margen de ganancia.

Incluso, MIDA sostuvo que la recomendación de aumentar 1 centavo fue realizada sin ofrecer datos científicos que justifiquen su decisión. El márgen bruto de ganancia de los detallistas avalado por la ORIL asciende a 10 centavos por cuartillo, lo que implica que con el alza de un centavo el margen bruto asciende a once centavos. 

Incluso, en una carta enviada a la ORIL, MIDA denunció que la recomendación de aumento a los detallistas es irracional y demuestra un claro discriminen contra ese sector empresarial.

Los efectos de la decisión

El comunicado de prensa de la ORIL revela que la orden administrativa que se emitió para decretar el alza con efecto neutral en determinados tamaños, conserva sin cambio alguno el precio a nivel del consumidor del cuartillo de leche fresca, el cual oscila entre $1.89 y $1.98.

El costo del medio galón se mantendrá entre $3.68 y $3.97. Mientras que el precio del galón de leche fresca oscilará entre un precio mínimo y un precio máximo de $7.09 y $7.44, desde su precio actual que es de $6.97.

El precio del cuartillo de leche UHT ascenderá entre un precio mínimo y un precio máximo de $2.18 y $2.23., desde su precio actual que es $2.09. 

Para el envase de 28 onzas la ORIL le reconoce un precio que puede oscilar entre un precio mínimo y un precio máximo de $1.91 y $1.95, desde su precio actual que es de $1.83.

Luego, el comunicado de la ORIL celebra que la redistribución de ganancias evitó «aumentos innecesarios que pudieran afectar el poder adquisitivo de las familias puertorriqueñas». 

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El grave peligro que esconden las primas bajas 

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Por Jaime González Portilla

Presidente de Antilles Insurance Company

Existe mucho desconocimiento para aquellos que no laboran en la industria de seguros sobre cuál es la diferencia entre una aseguradora, un agente y/o un corredor de seguros. 

Las aseguradoras son las entidades que asumen el riesgo y pagan las pérdidas o las reclamaciones de seguros. Algunas de las aseguradoras locales son Mapfre, Antilles, Seguros SSS, Multinational, Chubb, One Alliance, Guardian, Universal, Optima, American International y Liberty. 

Los agentes y/o los corredores de seguros no asumen riesgo y no pagan pérdidas de reclamaciones. Los agentes y/o corredores de seguros generan comisiones que le pagan las propias aseguradoras producto de las primas que usted como consumidor paga a su aseguradora por un seguro.

Cuando usted vaya a seleccionar una aseguradora de propiedad comercial o residencial (incluyendo los condominios) no la escoja simplemente porque esta le ofrece la prima más económica. 

Como dice el viejo refrán lo barato sale caro. Las dos (2) aseguradoras que quebraron luego del paso del Huracán María (2017) lo aseguraban prácticamente todo y unas primas baratas o inadecuadas y esa fue una de las principales razones por la cual cesaron sus operaciones dejando a miles de sus clientes sin poder cobrar el seguro para reparar los daños a sus propiedades. 

Hoy día se está comenzando a observar un ciclo de bajas en las primas de seguros producto de que hay más oferta que demanda. Cuando eso sucede la industria de seguros entra en lo que se conoce como un mercado blando o «soft market». 

El peligro de un mercado blando o de bajas en primas a expensas de querer asegurarlo prácticamente todo para obtener cuotas de mercado («market share») podría empezar a trastocar los resultados operacionales de las aseguradoras reduciendo su nivel de capitalización que sirve para poder protegerlo a usted de una posible quiebra o insolvencia. 

La solidez financiera de una aseguradora lo es todo. Exijale a su agente y/o corredor de seguros que le brinde una información financiera y operacional completa de las aseguradoras que le están cotizando un seguro y recuerde que una aseguradora podría estar ofreciéndole la prima más económica para obtener «market share» porque en esencia no le puede vender a usted su solidez financiera. 

Otros factores bien importantes a la hora de decidir por una aseguradora en particular es saber cual es su clasificación financiera de AM Best. 

AM Best es el ente clasificador de las aseguradoras más prestigioso de los Estados Unidos. Una aseguradora con clasificación de A menos (Excelente) o A (Excelente) y/o A+ o A++ (Superior) se consideran las clasificaciones más altas que otorga AM Best. 

Existen otras agencias calificadoras en adición a AM Best como por ejemplo Demotech, pero estas no son del mismo calibre o gozan de la misma reputación por lo que usted no se debe dejar llevar por un ente clasificador financiero de aseguradoras que no sea AM Best. 

También es bien importante que usted verifique con su agente y/o corredor de seguros cuál fue la experiencia del servicio y pago de reclamaciones luego del paso del Huracán María antes de seleccionar una aseguradora en particular. 

Usted debe preguntar si la aseguradora que le está recomendando su agente y/o corredor de seguros pagó a tiempo sus reclamos del Huracán María, ofreció un buen servicio y si fue justo con sus ajustes. 

También es importante que su agente y/o corredor de seguros le pueda contestar si la aseguradora aún tiene reclamos pendientes del Huracán María, qué cantidad de su capital todavía está expuesto a dicho huracán y porque ha tardado tanto tiempo en cerrar sus reclamos. 

La información sobre el número de casos pendientes de pago y las reservas por reclamación que ha establecido cada aseguradora para los casos del Huracán María está disponible en la Oficina del Comisionado De Seguros.   

Lo más importante al momento de adquirir o renovar un seguro es asesorarse con un buen profesional (agente y/o corredor) de seguros. Un agente y/o corredor de seguros se debe reunir con usted en persona por lo menos una vez al año para poder identificar todos sus activos y exposiciones a pérdida que pueda causar un huracán, terremoto, fuego y su responsabilidad pública hacia terceros con miras a poder preparar un plan efectivo de seguros que le ayuda a protegerlo a usted y a sus empresas de un suceso imprevisto. 

Su agente y/o corredor de seguros debe de siempre estar preparado para poder explicarle y demostrarle a usted cuales son las aseguradoras mejor capitalizadas, con clasificación de A de AM Best y cuál fue su experiencia con los reclamos del Huracán María. Recuerde siempre nunca basar su decisión de seleccionar una aseguradora en particular meramente porque esta le ofrece la prima más económica.      

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El inminente colapso de la Autoridad de Tierras

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Por Juan Tierras Tierras

“Se les viene el techo encima”, es una típica frase utilizada cuando se cierran las
opciones para una persona y este parece ser el escenario de la
Autoridad de Tierras de Puerto Rico (AT) no solo en sentido figurado, sino en el
sentido literal, cuando, por ejemplo, el martes 2 de septiembre de 2025, colapsó parte del techo del salón de los exdirectores.

Y es que la AT en San Juan se enfrenta a una crisis multifacética que amenaza no solo la integridad física del edificio, sino también su credibilidad y función institucional.

El reciente desprendimiento del techo en el salón de exdirectores es solo la punta del iceberg de una serie de problemas graves que incluyen una incapacidad para generar ingresos, una pésima gestión de cobros, un departamento de servicios legales inoperante con nula gestión de desahucios, periodos interminables para el otorgamiento de contratos por parte del departamento de bienes raíces, un manejo cuestionable de sus activos, y serias denuncias de atropellos y tratos
selectivos contra los derechos de los empleados y de los agricultores.

La AT aparenta no poder sacar los pies del plato con los Directores Ejecutivos que
han ocupado la posición en los recientes tiempos de esta corporación. Varios de estos
directivos han tenido señalamientos éticos y de otra naturaleza, por las deficiencias en
su gestión y por acciones improcedentes en derecho.

Desde la Agró. Dorally Rivera Martínez quién tuvo una destitución por un señalamiento de acoso laboral, además de señalamientos de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG). Así también, el actual subsecretario del Departamento de Agricultura y anterior Director Ejecutivo de la
ATPR, Irving Rodríguez Torres, también ha tenido señalamientos a la OEG y
grandes cuestionamientos de sus diversas gestiones gubernamentales.

A toda luz, da la impresión de que la historia se repite bajo la administración de la
actual Directora Ejecutiva de la ATPR, Helga Méndez Soto, a quién se le ha
señalado deficiencias crasas en su capacidad administrativa y una falta de
conocimiento en temas básicos sobre la naturaleza de los trabajos de la agencia que
administra.

Sin acción el secretario

Además, todos se cuestionan la falta de acción del Secretario del Departamento de Agricultura (DA), Josué E. Rivera Castro, quién ha permitido que la AT sea dirigida por Méndez Soto, quién al igual que los últimos Directores, ha demostrado no dar el grado para dirigir la agencia.

Para cumplir su fin público la AT cuenta el Departamento de Bienes Raíces y el
Departamento de Servicios Legales, dos departamentos necesarios para mantener operando adecuadamente la corporación.

Así también ha surgido cuestionamientos sobre la capacidad del secretario Rivera Castro, quien ha sido incapaz de impedir que Méndez Soto haya reclutado a Jeannette Zea Aponte y la
licenciada Valeria Rivera Pagán, para dirigir estas dos áreas que se mantienen
inoperantes.

La experiencia corroborable demuestra falta de gestión de casos, gestiones improcedentes en otros escenarios, lo que al momento ha provocado amenazas de demandas y
acciones legales que afectará aún más las finanzas de esta corporación.

​El deterioro extremo de las instalaciones de la AT, ha llegado a un punto crítico a pesar de que ha sido notificada repetidamente a la administración actual y a las anteriores.

El colapso físico ocurrido en el primer piso no es un incidente aislado, sino la consecuencia previsible de años de negligencia, la actual falta de mantenimiento y del establecimiento de prioridades para la seguridad del personal.

Este evento puso en peligro la seguridad del personal y evidencia un fracaso administrativo en la gestión de sus propios bienes.

Más iregularidades

​La agencia también sufre de una parálisis financiera. Se alega, que Helga Méndez
y la Directora del Departamento de Bienes Raíces, Jeannette Zea, han demostrado una
inhabilidad para aumentar el número de arrendatarios a través de otorgamientos de
nuevos contratos, un factor esencial para la autosuficiencia de la agencia.

Así también, bajo la supervisión de ambas funcionarias se ha dado
situaciones de arrendamiento en propiedades ya arrendadas, así como permitir que uno de sus coordinadores haya favorecido a familiares y amigos en diversos procesos de arrendamiento, lo que según las alegaciones, podría tratarse de un delito al amparo de las leyes de la OEG.

Para agravar la situación, el inventario de terrenos y sus mapas no están actualizados,
lo que se traduce en un desconocimiento alarmante de sus propios activos. Esta falta
de control no solo impide una gestión eficaz, sino que también abre la puerta a posibles
irregularidades y pérdidas millonarias para la agencia.

También se denuncia que el Departamento de Servicios Legales está siendo
dirigido por una persona con limitada experiencia para la gestión que le fue designada,
resultando en un retraso en las gestiones de desahucio, incumplimientos de
contrato relacionados con asuntos ambientales y de asuntos relacionados a proyectos públicos.

Otra situación es que han salido a la luz serias alegaciones de atropellos contra empleados y arrendatarios. Las denuncias incluyen varios casos de acoso en el escenario laboral, abuso de poder, creando un ambiente de trabajo tóxico e inseguro.

Además, se investigan señalamientos de expropiaciones forzosas de terrenos en la
canalización del Río La Plata en Dorado a agricultores sin seguir el debido proceso de
ley, una acción que contradice la razón de ser de la propia agencia.

Protección ausente

Se alega que Méndez Soto no ha gestionado adecuadamente su deber ministerial para proteger los
terrenos de la AT aledaños a la canalización. Alegadamente, que esto se debe al interés
de Méndez Soto en mantener las buenas relaciones con PG Engineering Solutions (PGES),
corporación perteneciente al activista político y en un entonces candidato a la
gobernación, Carlos Pesquera Morales.

Pesquera Morales mantiene un contrato con el Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales (DRNA) a través de la corporación PGES para la expropiación de terrenos en el área de Dorado, que, una vez concluido el proyecto de canalización, multiplicarán su valor de forma dramática.

Otra situación alarmante es que Méndez Soto ha aprobado altos salarios a ciertos
empleados sin la asignación de nuevas tareas que justifiquen el aumento. Entre los beneficiados figuran secretarias, empleados de mantenimiento y cobradores.

Mientras tanto, el desarrollo de un nuevo Plan de Clasificación y Retribución ha sido
intencionalmente atrasado y, según las denuncias, está siendo diseñado a la medida
para beneficiar desmedidamente a personal de oficinas específicas, en detrimento de la
mayoría de la plantilla.

Se alega que Helga Méndez ha sido incapaz de asignar recursos económicos actuales en las
áreas adecuadas. Se alega que la asignación de fondos de manera injustificada
fluctúan entre $500.00 y $2000.00, y sólo podrían justificarse por asuntos de
amistad o afiliación política.

Empresarios beneficiados

Todo esto ocurre mientras en la AT existen Departamentos y Divisiones sin el personal necesario para que sean funcionales. Existen vacantes para los puestos de un agrimensor licenciado, asistentes de agrimensura, gerente de asuntos ambientales, gerente de proyectos públicos, apoyo
en el área de compra y venta de terrenos, paralegal y para un emplazador, entre otros.

La controversia rodea también las transacciones de terrenos. Se ha dado continuidad a
la venta de terrenos de alto valor agrícola en Dorado al conocido desarrollador Federico
Stubbe a través de sus corporaciones a precios bajos, facilitando la expansión de sus
proyectos de construcción en detrimento de la agricultura.

Una denuncia sobre la venta de 430 cuerdas en Vega Alta se suma a una transacción previa de más de 500 cuerdas en Dorad, levantando banderas sobre la posible violación de la ley que prohíbe la
tenencia de más de 500 acres por parte de individuos o corporaciones.

De hecho, Méndez Soto ha determinado dar continuidad a la venta de 430 cuerdas de la finca Carmen Islote en Vega Alta, a pesar de las recomendaciones no favorables de los
distintos agrónomos que han atendido esta área, incluyendo Jessica Ruiz
Olavarría, Andrea Ortiz Matos y Michelle Álvarez Beauchamp.

Por otro lado, Méndez Soto mantiene un silencio absoluto sobre la inundación planificada para cambiar miles de cuerdas de terrenos agrícolas en el municipio de Guánica a una reserva ambiental.

A pesar de la fuerte oposición de los agricultores y arrendatarios de la zona, quienes ven amenazado su sustento y la seguridad alimentaria del país, no existe una postura pública de la Directora Ejecutiva sobre este controversial proyecto.

Alegan falta de capacidad

El sentir común apunta a que Méndez Soto ha demostrado una falta de capacidad administrativa, falta de gestión, desconocimiento sobre las operaciones de la AT, selección inadecuada de
personal calificado para dirigir los departamentos medulares y la falta de defensa de las propiedades de la corporación.

La acumulación de estos problemas dibuja un panorama desolador para una de las
agencias clave para el desarrollo agrícola y la gestión de uno de los recursos más
importantes de Puerto Rico, su tierra.

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Cae el manto de confidencialidad entre Swiss Re y la OCS

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Por Miguel Díaz Román 

El manto de confidencialidad que protegía un acuerdo alcanzado entre la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation (Swiss Re), ha quedado sin efecto luego de que la jueza Katarina Stipec Rubio, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó que «no procede».

El polémico acuerdo entre la OCS y Swiss Re se alcanzó a finales de 2024 en el marco de la liquidación de la aseguradora Real Legacy. 

La determinación de la jueza Stipec Rubio, emitida ayer 16 de septiembre, representa un nuevo giro en la controversia judicial que han protagonizado la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG) y la OCS por los pasados nueve meses, cuyos efectos reales estarán claros cuando finalmente se conozcan los pormenores del citado acuerdo.

De hecho, no está claro si bajo la dirección de la nueva Comisionada de Seguros,la licenciada Suzette Del Valle Lecároz, la OCS mantendrá su posición de defender la confidencialidad del acuerdo con Swiss Re. Esa fue la posición del ex comisionado de seguros, Alexander Adams Vega.

La orden de la jueza Stipec Rubio obliga la OCS a presentar nuevamente como un documento público el acuerdo con Swiss Re en un plazo de 20 días.

El 27 de septiembre de 2024 la OCS radicó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una solicitud “urgente ” en la que informó haber logrado un acuerdo con Swiss Re que, alegadamente, beneficiaría a los asegurados de Real Legacy. 

Además, le solicitó al Tribunal que mantenga en confidencialidad el documento. El 10 de octubre de 2024 el Tribunal avaló la petición de la OCS.

En su determinación la jueza concluyó que aunque la confidencialidad representa una herramienta útil para que la OCS logre acuerdos que favorezcan atraer más dineros al caudal de liquidación de un asegurador, no fue un objetivo de la Asamblea Legislativa avalar el uso de la confidencialidad en los acuerdos entre el liquidador y «potenciales deudores» del asegurador en liquidación.

«Sin embargo, ante la minuciosidad del Código de Seguros, resulta forzoso concluir que la Asamblea Legislativa no tuvo el propósito de conferir confidencialidad a los acuerdos entre el Liquidador y potenciales deudores del Asegurador que formen parte del expediente judicial. Corresponde a la Legislatura conferir ese privilegio, si luego de considerar los intereses envueltos, la estima apropiada», explicó la jueza en uno de los últimos párrafos de su decisión de nueve páginas.

En el documento la jueza hace una detallada identificación de las instancias en las que el Código de Seguros avala la confidencialidad para concluir que el Código no recomienda el uso de la confidencialidad en los procesos de liquidación de un asegurador. 

La juez también rechazó los planteamientos realizados por la OCS sobre que sus actuaciones en calidad de liquidador son en realidad en representación de una entidad privada (el asegurador en liquidación) y no como una entidad pública que busca proteger el interés público.

«Rechazamos el planteamiento del Comisionado a los efectos que en su función de Liquidador no funge como funcionario público. Por el contrario, es precisamente por la importancia de la industria de seguros en nuestro país y el alto interés público que revisten los procesos de liquidación, que el ordenamiento designa al funcionario público de mayor inherencia en materia de seguros para que funja como liquidador», sostuvo la jueza. 

A principios de este año la AG se opuso formalmente a que el Tribunal le concediera el manto de confidencialidad al acuerdo entre la OCS y Swiss. Entre sus planteamientos figura que la acción de la OCS podría garantizar un beneficio económico para Swiss Re, el cual iría en detrimento de los asegurados afectados por la liquidación de Real Legacy.

De hecho, la AG ha expresado en su escritos de oposición la posibilidad de que la OCS haya cerrado un acuerdo que no logre comprometer a Swiss Re con un pago sustancial, lo que causaría la necesidad de decretar una derrama entre las aseguradoras que son miembros de la AG.

La OCS ha presentado una oposición vehemente en contra de que se devele el manto de confidencialidad que protege el acuerdo bajo el argumento de que la intención de la AG es fiscalizar los acuerdos alcanzados por el ente regulador. 

La OCS también ha sostenido que existen suficientes recursos para cubrir las reclamaciones, por lo que no será necesario decretar una nueva derrama entre los aseguradores para pagar las reclamaciones.

Por su parte, la AG ha cuestionado la  suficiencia del caudal para satisfacer la totalidad de las reclamaciones, lo que podría representar un duro golpe para los miles de asegurados de la desaparecida Real Legacy,  quienes nueve años después del paso de huracán María, esperan poder cobrar, al menos,  una parte de las pérdidas causadas por el fenómeno meteorológico.

La AG es el organismo destinado a pagar las reclamaciones de las aseguradoras sometidas a liquidación por la OCS.

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Insólito: nuevas reclamaciones por el huracán María tras ocho años de la catástrofe

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Por Miguel Díaz Román

En esta nueva sección vamos a traer historias insólitas y confidenciales de la industria de seguros que merecen un trato especial en nuestra publicación.
En esta nueva sección vamos a traer historias insólitas y confidenciales de la industria de seguros que merecen un trato especial en nuestra publicación.

En semanas recientes determinadas aseguradoras han recibido reclamaciones por daños causados, alegadamente, por el catastrófico fenómeno climático conocido como el huracán María, acontecido en 2017.

Es decir, que tras ocho años del paso del huracán María existen asegurados insatisfechos con  la suficiente dureza en el rostro como para pensar que sus reclamaciones pueden lograr éxito, aunque el evento causante de la pérdida haya ocurrido ocho atrás.

Por cierto, estas pretensiones de asegurados cuyos reclamos aún se mantienen latentes tras ocho años de litigio en los tribunales, amenazan con impedir que se le ponga fin a las controversias legales generadas por el huracán María, según han revelado fuentes de la industria de seguros.

De hecho, aunque ya nos encontramos en el ocaso de  los litigios generados por el huracán María, las nuevas reclamaciones, cuya legalidad ya ha sido puesta en duda, podrían extender la longevidad de estas controversias en los tribunales.

En un país acostumbrado a enfrentar con cierta frecuencia situaciones insólitas no es nada extraño que se presenten reclamaciones de seguros por daños catastróficos a destiempo. 

Pero presentar reclamaciones por unos daños que, alegadamente, causó un evento ocurrido ocho años atrás no suele figurar en los escenarios oficiales donde se resuelven los asuntos serios en Puerto Rico.

De manera que asistimos a un nuevo capítulo de lo insólito, de lo que no tiene precedente en esta isla del Caribe, y no queda más que dejar la boca abierta y observar.

Las fuentes señalan  que las reclamaciones han sido originadas por dueños de viviendas que mantienen reclamos judiciales contra sus aseguradoras, los cuales aún no han alcanzado una resolución final. 

La fuente señaló que las reclamaciones presentan daños totalmente nuevos  que no habían sido reclamados antes. Está por evaluarse si esos reclamos contienen los elementos de credibilidad necesarios para sostener la validez de unos daños ocho años después del paso del terrible huracán. 

Lo que sí se sabe es que las aseguradoras esperan que los tribunales finalicen la vida útil de tales reclamos al someterlos en el cadalso de la sentencia sumaria, en el marco legal de los casos que actualmente se litigan en las frías salas judiciales. 

Y como la oportunidad para impresionar con el asombro no tiene límites, las nuevas reclamaciones casi logran perturbar el esperado final de las reclamaciones vivas causadas por el huracán María. 

Para abril de 2024  existían en el país unos 212 casos judiciales relacionados con los daños causados por los huracanes María, según informó  la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) a petición de SN. 

La OAT informó que la información fue recopilada por la oficina de estadísticas, ciencia de datos y planificación de la Rama Judicial.

Estos casos involucran fundamentalmente impugnaciones en contra de Ia valorización de las pérdidas realizada por las aseguradoras o por los asegurados, y por discrepancias en Ia interpretación de Ia cubierta y la extensión de las pólizas de seguro.

Los 212 casos representan el 4.88 % de los 4,345 casos judiciales relacionados directamente con los daños causados por los huracanes Irma y María radicados entre 2017 y 2023 en los tribunales del país.

Según los datos provistos por la OAT, al 14 de abril del 2024 los tribunales ya habían resuelto un total de 4,133 casos judiciales vinculados a los daños causados por los huracanes Irma y María, lo que implica que el 95.12 % de todos los casos radicados en los tribunales (4,345) ya habían sido sentenciados a habían logrado un acuerdo que resolvió la disputa.

Un informe estadístico elaborado por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) en 2024, establece que, para el 31 de diciembre de 2023, el total de las reclamaciones causadas por los huracanes Irma y María ascendieron a 303,924.

El informe de la OCS sostiene que al 31 de diciembre del 2023 el 99.7 % de las reclamaciones presentadas, es decir, 303,924 reclamaciones, ya habían sido resueltas por las aseguradoras y el total de dinero pagado ascendió a $7,441,225.2 millones.

A pesar de que ciertamente las estadísticas indican que las disputas judiciales se aproximan a su fin, en la medida que más casos reciben una solución judicial, no es menos cierto que las nuevas reclamaciones podrían extender la vida de estas controversias por uno o dos años más.  

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One Alliance garantiza su solidez y atribuye rumores de insolvencia a asegurados con reclamos fraudulentos 

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Por Miguel Díaz  Román

La aseguradora One Alliance se encuentra en un estado de total solvencia económica para atender los compromisos relacionados con el pago de reclamaciones, por lo que los asegurados y los consumidores en general no deben conceder credibilidad a determinadas declaraciones sobre que la empresa enfrenta dificultades económicas, según expresó su presidente, el conocido empresario de la industria de seguros, Juan Terrassa. 

Terrassa denunció que las declaraciones sobre la insolvencia económica se han realizado de manera irresponsable y en  violación al Código de Seguros. 

El ejecutivo tronó contra unas expresiones publicadas en el diario El Nuevo Día, las cuales fueron realizadas por un asegurado de One Alliance que mantiene un litigio judicial contra la aseguradora por una reclamación ascendente a $6.63 millones.

Se trata de Rafael Pérez Diez, presidente del Centro Gran Caribe Mall (CCVA Inc), quien sostuvo que la aseguradora experimentaba una supuesta insolvencia financiera en unas declaraciones que fueron difundidas en la edición de diario del pasado 4 de julio de 2025. 

De acuerdo con la información publicada, la jueza Cristina E. Sau González, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, emitió una sentencia el pasado mes de mayo en la que determinó que One Alliance debía compensar a CCVA Inc con $6.63 millones por los daños causados por el huracán María.  

Preocupa la solvencia

La noticia contiene una cita a Pérez Diez señalando que le solicitó al tribunal el aseguramiento de la sentencia debido a que «le preocupa la solvencia económica de One Alliance». Incluso, Pérez Diez le solicitó al ex Comisionado de Seguros , Alexander Adams Vega, «una investigación sobre la solvencia financiera de One Alliance, sus directores y abogados».

Terrassa señaló que de las 3,500 reclamaciones que One Alliance recibió tras el paso del huracán María solo quedan doce, las cuales son reclamaciones marcadas por acciones de fraude que actualmente  se dilucidan en los tribunales. 

«El común denominador de los doce casos que nos quedan  es que todos tienen reclamaciones infladas, exageradas o son fraudulentas. Y una cosa va de la mano de la otra, porque cuando dices que un tornillo te cuesta $10 cuando en realidad cuesta 20 centavos, esto es exagerado, es inflado y también fraudulento», sostuvo el licenciado Jesús Del Valle, quien es representante legal de One Alliance. 

 Reclamación fraudulenta

De hecho, Terrassa dijo que la reclamación de Pérez Diez es una reclamación fraudulenta. 

«Esta gente quiere que le paguemos una pérdida de 100 %. La evidencia que tenemos es que el huracán María afectó entre el 20 % y el 25 % del techo,  y el  (Pérez Diez) quiere reparar el techo completo de un centro comercial que está abandonado, con el 40 % de las localidades abandonadas, y que está al borde de la quiebra», señaló Terrassa.

«Estamos defendiendo los intereses de la compañía. Aquí hay un planteamiento total y categóricamente de fraude «, sostuvo Terrassa.

De hecho, One Alliance ha recurrido en el Tribunal de Apelaciones la sentencia que la obliga a pagar $6.63 millones a CCVC. 

Otro caso controvertible que ha levantado interrogantes sobre la solvencia de One Alliance  es el del condominio Ocean Sixteen, ubicado en Río Grande, cuyo consejo de titulares solicitó con éxito que el Tribunal de Primera de San Juan emitiera una orden de embargo contra la aseguradora  por la cantidad de $3 millones. 

Terrassa catalogó este caso como otro de fraude, debido a que los reclamos presentados a One Alliance ocurrieron en realidad mucho antes del paso del huracán María. 

Recllamación  originada antes de María

De acuerdo a lo planteado por Terrassa y el licenciado Del Valle, antes de 2017 el consejo de titulares de Ocean Sixteen tuvo una disputa legal en el Tribunal y en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) contra el contratista y el desarrollador de la estructuctura por vicios de construcción. Alegadamente, la disputa  se resolvió a favor del consejo de titulares por la cantidad de $1.5 millones.  

«Ganaron el caso en DACO y en el Apelativo pero no cobraron y entonces han decido que pague la compañía de seguros, que pague One Alliance», explicó Terrassa. 

«Son daños preexistentes y se los quieren cobrar a la aseguradora», advirtió el licenciado Del Valle.

El ejecutivo sostuvo que el caso Ocean Sixteen también se encuentra impugnado por One Alliance en el Tribunal Apelativo. 

Otra reclamación marcada por el fraude, según mencionó Terrassa, es el de la empresa PR Asset Portfolto 2013 -1 Internattonal LLC (PAPRI),  que posee cientos de propiedades alrededor de la isla y que está integrada por un grupo de empresas socios entre las que figura el Banco Popular y la corporación Caribbean Property Group (CPG), en la que el inversionista de bienes raíces Barry Breeman es uno de sus directivos.

Aparece Breeman

El pasado mes de mayo Breeman se declaró culpable de cometer fraude a través de un esquema Ponzi, en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

«Cuando yo llegué a esta compañía y vi quienes estaban en ese grupo, dije, esta gente compra carteras tóxicas a los bancos, edificios abandonados, residencias que las perdieron los dueños registrales,  quienes tienen interés asegurable. Esta gente cogió todo eso, lo empaquetaron en una reclamación y págame los chavos. No van a reparar ni un clavo. Van a coger el dinero, si lo cogen, y van a salir de Puerto Rico y se van a reír de nosotros. No puede ser», dijo Terrassa.

Terrassa insistió en que One Alliance es una empresa solvente que recientemente recibió una calificación de B + con perspectiva positiva, de parte de la agencia calificadora AMBest.

Incluso, el ejecutivo indicó que los fallos judiciales contra One Alliance y la obligación de establecer una reserva para responder a esos reclamos, no han comprometido el capital de la aseguradora, según lo requiere la Oficina del Comisionado de Seguros, estimada en $21 millones. 

«Yo duermo tranquilo porque yo he pagado el reaseguro, que yo tengo mi empresa salvaguardada. Aquí pueden pasar dos Marías este año 2025 y One Alliance tiene la posibilidad de pagar», dijo Rafael Cedeño Camacho, quien es el dueño de la aseguradora y presidente del Consejo de Administración de One Alliance Insurance Group.

«No es un asunto de falta de dinero. Es un asunto de dignidad. No vamos a pagar reclamaciones fraudulentas», concluyó Cedeño Camacho.

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Gobernadora premia a Alexander Adams Vega con nominación para juez superior

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Por Miguel Díaz  Román

La polémica incumbencia del licenciado Alexander Adams Vega como Comisionado de Seguros le ha generando beneficios tangibles, pues a tan solo horas de abandonar el cargo, la gobernadora Jenniffer González Colón lo ha premiado con un nombramiento para la posición de juez superior.

La información surge de un comunicado de prensa emitido por la Fortaleza ayer 18 de agosto,  en el que se informa que se estarían llenando 34 vacantes para los puestos de registrador de la propiedad y otras posiciones del sistema judicial y de la administración de la justicia.

El nombre de Adams Vega figura en la parte final del segundo párrafo del comunicado: 

«Con relacion a la Judicatura, la gobernadora designó como Jueces Municipales del Tribunal de Primera lnstancia a los licenciados Cynthia Marie Vazquez Pena, Viviana Eva Velez Agosto, Janelise Torres Marrero y Yaritza Enid Gonzalez Rosado. Como Jueces Superiores a Samuel Acosta Camacho, Monica Alpi Figueroa, Waleska Cruz Garcia, Ruth Myriam Perez Perez, Alexander S. Adams Vega y Ruben Castro Rodríguez».

No obstante, resulta significativo que una persona como Adams Vega, de cuyo expediente público  se desprende que en numerosas ocasiones ha tomado la ruta de violar la ley con acciones “ultra vires” para alcanzar sus objetivos, haya sido recomendado para impartir justicia desde la posición de juez superior. 

Y no se trata de señalamientos vociferados al calor de una controversia, sino de conclusiones de investigaciones realizadas por el Senado el pasado cuatrienio y que figuran en informes debidamente redactados con una amplitud de detalles sobre el calibre de las acciones del funcionario. 

De hecho, esos informes son de fácil acceso por medio del sitio en internet de la Oficina de Servicios Legislativos.

Informes reveladores

Por ejemplo, una investigación senatorial concluyó que Adams Vega actuó de manera «ultra vires» al prohibir, por la vía administrativa, que los aseguradores internacionales pudiesen hacer negocios en los Estados Unidos. La información salió a relucir en el informe de la investigación avalada por la Resolución del senado 612 radicada por el senador Juan Zaragoza el pasado cuatrienio. 

La Resolución del Senado 612 concluyó que Adams Vega cometió fraude al representar falsamente ante la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC), que había prohibido por la vía administrativa, a través de la carta circular 2022-2007, que los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS hicieran negocios en los Estados Unidos.

Según el informe parcial de la resolución 612, ese tipo de determinación requería una enmienda a la ley matriz del CIS, la Ley 399 de 2004. El informe también concluyó que Adams Vega actuó en contravención a la política pública establecida por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en torno al desarrollo del CIS al aprobar la Ley 399.

El pasado cuatrienio el Senado también aprobó la Resolución del Senado 852, radicada por Zaragoza Gómez, la cual solicitó al gobernador que destituya a Adams Vega, por realizar representaciones falsas ante la NAIC.

Sin respaldo Adams Vega

El entonces gobernador Pedro Pierluisi no avaló la petición de la citada resolución. No obstante, Pierluisi sí convirtió en ley el Proyecto del Senado 1352, una medida que respaldó totalmente al CIS, lo que representó un serio revés para la credibilidad de Adams Vega, quien aplaudió la medida y actuó en contra de la institución con acciones administrativas para socavar su capacidad de crecimiento.

La medida recibió 49 votos a favor de los 51 votos que existen en la Cámara de Representantes. Además, hubo una abstención y uno voto en contra, lo que representa un respaldo incuestionable a favor del CIS y un rechazó a las acciones de Adams Vega. 

El Proyecto del Senado 1352 propone establecer de manera clara que las aseguradoras instaladas en el CIS podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en Estados Unidos.

Conducta antijurídica 

En la exposición de motivos la medida señala que, en su afán por lograr la reacreditación de la OCS por la NAIC, Adams Vega “tomó acciones contrarias a la Ley del CIS, a la Regla 80 del Reglamento del Código de Seguros, y a la política pública establecida por más de 18 años en torno al desarrollo del CIS, al pretender prohibir, por vía reglamentaria, que los aseguradores internacionales suscribiesen seguros en los Estados Unidos”.

“Esto, además de constituir conducta antijurídica por parte de la OCS, inflige peligrosamente en el principio de separación de poderes, ya que es a esta Asamblea Legislativa, con el concurso del gobernador, a quien le corresponde determinar si un estatuto debe enmendarse para cambiar política pública previamente establecida”, advierte la exposición de motivos

Más adelante la exposición de motivos sostiene que aunque la acreditación de la NAIC es importante, la acción de Adams Vega  habría infligido una grave herida la reputación del país como lugar para la inversión extranjera: “esta Asamblea Legislativa es consciente del beneficio que la acreditación de la NAIC representa para nuestra industria de seguros, pero es igualmente consciente de la importancia del sector de aseguradores y reaseguradores internacionales, y del grave riesgo reputacional para Puerto Rico que representa el que, luego de que los invitáramos a establecerse en Puerto Rico, intentemos cerrarle las puertas”.  

Adams promulgó la Carta Circular 2022-2007, en la cual esencialmente prohibía a los aseguradores internacionales hacer negocios en los EE.UU., salvo que cumpliesen con las disposiciones de los capítulos 3, 28 y 29 del Código de Seguros, lo que equivaldría a que se tendrían que convertir en aseguradores domésticos tradicionales. 

La Asociación de Aseguradoras Internacionales de Puerto Rico (PRIIA), presentó ante la OCS una impugnación de dicha carta circular, por ser “ultra vires”. La OCS falló contra PRIIA y cuando la entidad se disponía a impugnar  la carta circular en el Tribunal de Apelaciones, Adams la derogó.

Nuevas acciones ultra vires

En la actualidad la situación de la acreditación de la NAIC se encuentra nuevamente en controversia y será uno de los asuntos con los que deberá lidiar como una prioridad la licenciada Suzette Del Valle Lecároz, la  Comisionada de Seguros designada por la gobernadora Jenniffer González Colón, . 

De hecho, el más reciente señalamiento contra Adamas Vega por incurrir en acciones ultra vires lo presentó la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese) cuando  impugnó semanas atrás, la llamada Regla 106 del Código de Seguros que establece el procedimiento de valorización de reclamaciones en controversia conocido como “appraisal».

La demanda, que fue radicada en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, 

es una solicitud de sentencia declaratoria que busca que el tribunal avale  los argumentos fundamentales de ACODESE sobre que determinadas disposiciones de la Regla 106 son nulas e improcedentes, debido a que son ultra vires y por tanto inconstitucionales.

Desde su puesta en vigor en noviembre del 2023, la Regla 106 fue recibida con reclamos de parte de las aseguradoras del país para que algunas de sus partes fueran enmendadas. Las aseguradoras entendieron que la redacción vigente de la Regla 106 representa un reto real para sus intereses y derechos.

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Agenda de retos esperan a Comisionada de Seguros designada

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Por Miguel Díaz Román  

Finalmente la gobernadora Jenniffer González Colón realizó el nombramiento de la licenciada Suzette Del Valle Lecároz como Comisionada de Seguros, de quien se espera deberá lidiar con un abanico de problemas y agrias controversias, causadas por el vacío en liderato y las decisiones cuestionables tomadas en la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) en la pasados años.

Aunque se le vincula con la conocida agencia de corretaje internacional Marsh, Del Valle Lecároz está relacionada con SVL Legal & Consulting, en la que ha manejado litigios de derecho civil, derecho contribuyo y en la resolución de conflictos. La designa al cargo de Comisionada de Seguros posee títulos de abogado colegiado y corredor de seguros.

La licenciada Suzette Del Valle Lecároz es la primera a la izquierda.

Entre las controversias que le esperan podemos señalar que la Comisionada Del Valle Lecároz se enfrentará con una plantilla de empleados que está mermada en cantidad y sus ánimos abatidos como resultado de las conductas cuestionables del Comisionado de Seguros en funciones, el licenciado  Alexander Adams Vega. 

Esas conductas irregulares ya habían sido denunciadas en misivas enviadas a la Cámara y al Senado por los empleados de la OCS. 

Las denuncias no provocaron reacción alguna de parte del poder ejecutivo ni de la legislatura, a pesar de que Adams Vega dirigió la agencia reguladora que  tiene la importante encomienda de fiscalizar la industria de seguros del país.

Dificultades presupuestarias

Es meritorio mencionar que las dificultades presupuestarias le han impedido que la OCS reclutar el gran número de vacantes que tiene la agencia con salarios competitivos con el sector privado.

El nombramiento de Del Valle Lecároz se realizó mientras el Senado se encuentra en receso, lo que implica que la funcionaria podrá ejercer sus pregotivas inmediatamente y sin esperar la aprobación de ese cuerpo legislativo.

La nueva Comisionada de Seguros llega a la OCS cuando un amplio sector de las aseguradoras locales, representadas a través de la Asociación de Compañías de Seguros (Acodese), ha impugnado en los tribunales el reglamento 106, conocido como el reglamento de «appraisal». 

Esta controversia es de altos calibres pues el reglamento de «appraisal» está relacionado con el monto a pagar por una aseguradora en una reclamación en controversia, lo que incluye la estimación de las pérdidas  y el uso de ajustadores y árbitros para hacer del proceso uno justo y creíble. 

El reglamento contiene aspectos que han sido rechazados por la Acodese, pero Adams Vega se ha negado a atender esos reclamos.

Sin acreditación la OCS

Además, aún se deben resolver otras controversias relativas a la acreditación de la OCS ante la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC), lo cual representa una mancha al prestigio y a la credibilidad de la agencia reguladora ante la industria local de seguros y de los Estados Unidos.  

Del Valle Lecároz también deberá lidiar con determinados empresas del sector de los servicios de salud que han favorecido  la permanencia en el cargo de Adams Vega, quien en los pasados años fiscaliza las aseguradoras de salud para, entre otros  objetivos, lograr que estas pagaran sus deudas morosas con los médicos, hospitales y laboratorios. 

De hecho, Adams Vega ocupó la posición de Comisionado de Seguros ininterrumpidamente desde principios de 2022 hasta el presente, un periodo en que el Senado le solicitó la renuncia por encontrar que, en al menos tres ocasiones, el funcionario incurrió en  actuaciones «ultra vires» relacionadas con la NAIC y con sus  inclinación a limitar la reglamentación del Centro Internacional de Seguros.  

La única pausa al reinado de Adams Vega fue la breve incumbencia de Alfredo Ocasió Pérez,  cuyo nombramiento fue realizado en abril y, luego,  retirado en mayo debido a una querella radicada en su contra en el Tribunal Supremo.

Liquidaciones en caliente

Otro asunto candente con el que deberá lidiar la recién nombrada Comisionada de Seguros, son las controvertibles liquidaciones de las aseguradoras Real legacy e Integrand.

La liquidación de Real Legacy enfrenta en los tribunales una petición de parte de la Asociación de Garantía y Seguros Misceláneos (AG) para que se libre del manto de confidencialidad a un acuerdo entre la OCS y el reasegurador internacional Swiss RE. 

La AG ha planteado que el acuerdo con Swiss RE no beneficiará  a los asegurados de Real Legacy y que la OCS ha «dejado dinero sobre la mesa». Una acusación, que si es corroborada, podría desencadenar nuevas indagaciones sobre el comportamiento de la OCS como liquidador de Real Legacy.

Incluso, la Comisionada de Seguros Del Valle Lecáróz deberá indagar los insistentes señalamientos sobre que actualmente existen  aseguradoras que podrán enfrentar escenarios de insolvencia ante una catástrofe de considerable magnitud. 

Los avisos de precaución abarcan el complejo territorio de las aseguradoras de servicios de salud, cuyas dificultades han sido atendidas con notable timidez por la prensa del país.

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