Por Miguel Díaz Román
El Senado aprobó una medida que establece como política pública que no serán vinculantes las recomendaciones que emitan las agencias con capacidad de peritaje durante el proceso de aprobación de permisos, lo que implica que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) no estará obligada a considerar la opinión de las agencias.
Esta nueva disposición que introduce el Proyecto del Senado 81, radicado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, representa un cambio radical en el proceso de aprobar permisos en Puerto Rico, pues la OGPE podría ignorar las recomendaciones de agencias como, por ejemplo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Departamento de Salud , el Cuerpo de Bomberos o el Instituto de Cultura.
El Proyecto del Senado 81, es una pieza importante en la reforma de permisos que promueve la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón. La medida, que pasa ahora la consideración de la Cámara de Representantes, pretende centralizar en la OGPE todo el proceso de concesión o denegación de los permisos que emite el gobierno,
Logra este objetivo a través de introducir enmiendas a la Ley 161 de 2009, que es el estatuto matriz de OGPE y que es conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos”, y la Ley 23 de 1972, conocida como Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
De hecho, el texto de la medida sostiene que si una agencia no emite su opinión en un término de tiempo predeterminado se entenderá que no tiene objeciones al proyecto propuesto, pero si la agencia cumple con el término establecido y comunica su opinión, la misma no será vinculante.
Esto implica que la OGPE no está obligada a considerar las recomendaciones de las agencias y podría descartarlas.
El texto de la medida indica: «si un municipio, agencia o entidad gubernamental no emitiera sus recomendaciones dentro de los términos aquí establecidos, se entenderá que no tiene recomendaciones ni objeciones al proyecto propuesto. Estas recomendaciones no serán vinculantes, y la determinación de conceder o denegar un permiso será de conformidad con la totalidad del expediente administrativo».
Términos cortos para emitir recomendaciones
Incluso, la medida propone cercenar totalmente la capacidad del DRNA de emitir permisos y convierte a la agencia con absoluto dominio de los asuntos ambientales en un mero asesor a la OGPE en la aprobación de permisos.
En la actualidad el DRNA emite permisos para la extracción de arena, grava y piedra, el corte y poda de árboles, la extracción y uso del agua, y la utilización de bienes de dominio público en la zona marítimo terrestre.
También se emiten permisos relacionados con actividades que involucren asbesto, con la vida silvestre y pesquerías, así como para la construcción de pozos para investigación y remediación ambiental y para construir sistemas de relleno sanitario y otras instalaciones de desperdicios sólidos no peligrosos.
Según dispone la medida, las agencias o los municipios emitirán sus recomendaciones dentro de los términos establecidos y si no cumplen con esos términos, se entenderá que la agencia no tiene objeciones o recomendaciones.
Para proyectos ministeriales, las recomendaciones se emitirán en 15 días naturales; 30 días naturales para proyectos discrecionales y para proyectos propuestos en áreas ecológicamente sensitivas, las recomendaciones se deberán emitir en 45 días naturales. La medida permite para este tipo de proyectos una prórroga de 15 días adicionales.
Otro aspecto controvertible es aquel que decreta la supremacía de las disposiciones de la medida sobre toda ley o reglamento vigente. El texto señala que «ninguna otra ley, norma o procedimiento vigente podrá menoscabar, limitar o interferir con la política pública establecida en esta ley».
Permisos atentan contra desarollo económico
El senador por el Partido Independentista Puertorriqueño, Adrián González Costa, denunció que el aspecto más adverso de la medida es que anula el peso que siempre han tenido las recomendaciones de las agencias.
«Da igual. La enmienda que pretende el PS 81 es pasar por alto los comentarios de las agencias, porque si no emites comentarios damos el permiso y si los emites (la recomendación) no importa porque no son vinculantes para OGPE», sostuvo González Costa durante el breve debate que tuvo lugar en el hemiciclo del Senado el pasado jueves, antes de que ese cuerpo avalara el PS 81.
El senador también denunció que la aprobación de permisos de manera precipitada y sin los fundamentos técnicos autorizados por las agencias, podría desencadenar una oleada de impugnaciones en los tribunales en contra de proyectos aprobados bajo las disposiciones que ampara el PS 81.
«Han convertido el permiso en un fin en sí mismo que atenta contra el medio ambiente, contra el patrimonio y contra el desarrollo económico también. Esta no es una legislación coherente con el derecho, con el ambiente ni con el desarrollo económico. Ninguna aseguradora quiere asumir el riesgo de algo que pueda anular después un tribunal. Ningún banco va a prestar dinero para una obra que luego pueda ser anulada por un tribunal o por una agencia federal. Y no es un asunto hipotético. Ya eso pasó en Vieques con un parque de pelota que el gobierno comenzó a construir y que tuvieron que parar la obra porque la iluminación podía afectar la bahía bioluminiscente. Y allí están las ruinas y se perdió ese dinero. Eso es lo que podría pasar si esta medida se convierte en ley», sostuvo el senador.
Sin personal el DRNA
González Costa argumentó que la falta de suficiente personal profesional especializado en áreas técnicas ya dificulta la tarea de aprobar permisos en el DRNA y en el Instituto de Cultura.
Advirtió que la presente administración ha tomado medidas para, alegadamente, «desaparecer» el DRNA, pues varias semanas atrás se aprobó el Proyecto de Senado 79, que le quita a la agencia la facultad de aprobar permisos para la extracción de arena y delega esa responsabilidad en OGPE.
«Aquí están desapareciendo el DRNA,lo advertimos el día del nombramiento de Waldemar Quiles, pero hay legislación que acompaña esa intención perversa del gobierno de Puerto Rico en los primeros 100 días en contra del medio ambiente, porque al final es eso», sostuvo el senador en referencia a la aprobación de los Proyectos del Senado 79 y 81.
Arquitectos preocupados
De hecho, según el informe positivo de la medida, elaborado el pasado 7 de abril, la directora de la Oficina de Asuntos Legales del DRNA, licenciada Brendaliz González Méndez, recomendó favorablemente la aprobación del PS 81.
El Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, representado por el arquitecto Bienvenido Pichardo, fue la única entidad, según el informe positivo de la medida, que expresó preocupación sobre que las recomendaciones de las agencias no sean vinculantes.
La medida fue respaldada por Agustín Rojo, quien preside la Asociación de Constructores. Rojo señaló la ineficiencia del actual sistema de aprobación de permisos, al sostener que la participación de diversos organismos que emiten o deniegan permisos resulta en «un proceso fragmentado que no abona a la eficiencia y la centralización».
El Colegio de Ingenieros y Agrimensores, también avaló el PS 81. El ingeniero Manuel Bermúdez Pagán,quien representó a la entidad, propuso eliminar la extensión de 15 días para recibir recomendaciones de las agencias sobre proyectos ubicados en áreas ecológicamente sensibles. Bermúdez Pagán sostuvo que las «agencias deben contar con la información necesaria desde el inicio».
La Oficina Estatal de Conservación Histórica condicionó su apoyo a que la medida cumpla con las leyes ambientales y federales aplicables.
Valor ecológico requiere estudios complejos
El senador Eliezer Molina sostuvo que determinadas evaluaciones de permisos son sumamente técnicas que toman tiempo en completarse, las cuales exceden los términos establecidos en la medida.
También planteó que la medida pretende imponer que OGPE evalúe un proyecto que podría impactar recursos naturales de alto valor ecológico con los mismos criterios que emplea para considerar el permiso de una tienda en un centro comercial.
Sostuvo que la evaluación de proyectos en zonas de alto valor ecológico requiere de estudios técnicos complejos que toman mucho tiempo, por ejemplo, una declaración de impacto ambiental y los estudios de suelo.
Molina coincidió con el González Costa, en la posibilidad de que los tribunales detengan proyectos o anulen permisos que fueron aprobados por OGEP sin considerar las opiniones técnicas de DRNA. El senador denunció que el PS 81 es parte una iniciativa para desmantelar el DRNA.
