El Capitolio – Con el fin de fortalecer la protección al consumidor, promover el desarrollo económico inclusivo y aumentar la transparencia gubernamental, el Alto Cuerpo aprobó los Proyectos del Senado 976, 977 y 1031, de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, dirigidos a regular los seguros de mascotas en Puerto Rico, impulsar el empresarismo femenino en sectores estratégicos y establecer nuevos mecanismos de divulgación sobre los proyectos tecnológicos bajo la jurisdicción del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).

Se le dio paso al Proyecto del Senado 976, dirigido a regular el ofrecimiento y la venta de pólizas de seguros para mascotas en la Isla. La medida crea un marco regulatorio claro para los seguros de mascotas. Por primera vez, Puerto Rico contará con un capítulo dedicado exclusivamente a regular los seguros para mascotas dentro del Código de Seguros, estableciendo reglas uniformes que protegen a los cerca de 643,000 hogares puertorriqueños que tienen animales de compañía.

En términos de protección real al consumidor, la pieza legislativa exige divulgaciones claras antes de la compra sobre exclusiones, períodos de espera, condiciones preexistentes y la fórmula de pago de reclamaciones, eliminando el lenguaje técnico confuso que históricamente ha colocado al consumidor en desventaja.

Sobre el denominado “free look” de 15 días garantizado. Todo asegurado tendrá al menos 15 días para examinar su póliza y devolverla sin cargos ni penalidades, otorgándole una red de seguridad real al momento de adquirir el producto. 

La medida también se expresa sobre mayor competencia y acceso al mercado; al adoptar el modelo de la NAIC y establecer un proceso ágil de certificación, la ley incentiva la entrada de nuevos aseguradores locales, nacionales e internacionales, lo que se traduce en más opciones y mejores precios para las familias.

También refleja una alineación con las mejores prácticas nacionales. Puerto Rico se une a estados como California, Florida, Pennsylvania y otros que ya han adoptado legislación basada en el Pet Insurance Model Act, garantizando estándares modernos y probados que benefician tanto a los consumidores como a la industria.

Empresarismo femenino

A su vez, de Rivera Schatz, el Proyecto del Senado 977, que establece una política pública clara para impulsar el empresarismo femenino en sectores estratégicos de Puerto Rico. La pieza legislativa enmienda la Ley del Maletín Empresarial para la Mujer, ampliando su alcance y transformándola en un instrumento más robusto para el desarrollo económico. 

A través de esta iniciativa, se crea el Programa para Impulsar el Desarrollo Empresarial de la Mujer, adscrito al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), con el fin de brindar herramientas, incentivos y oportunidades a mujeres empresarias y emprendedoras.

“El desarrollo económico sostenible de Puerto Rico exige la participación de todos los sectores de nuestra sociedad. Las mujeres en Puerto Rico han demostrado su capacidad, innovación y liderazgo en múltiples ámbitos, incluyendo el empresarial. 

No obstante, aún persisten barreras estructurales y culturales que limitan su plena integración y su aprovechamiento en áreas claves para el desarrollo económico. Ante esta realidad, es menester que el Estado provea las herramientas necesarias para maximizar el potencial de las mujeres”, indica el proyecto.

Igualmente, de la autoridad del líder senatorial se aprobó el Proyecto del Senado 1031, que establece nuevos requisitos de divulgación sobre los proyectos tecnológicos activos bajo la jurisdicción del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS). 

Transparencia en PRITS

La legislación enmienda la Ley 75-2019 para requerir la publicación accesible de los proyectos tecnológicos en curso, permitiendo a la ciudadanía conocer el estado, alcance y desarrollo de las iniciativas tecnológicas del gobierno.

La pieza legislativa sostiene que “la presente ley busca establecer que PRITS publique los proyectos tecnológicos activos, utilizando la infraestructura digital existente sin incurrir en costos al erario. Esta ley no solo alineará a Puerto Rico con estándares internacionales de transparencia tecnológica, sino que también promoverá la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia administrativa en PRITS, sin comprometer recursos fiscales adicionales”.

Por otro lado, se aprobó el Proyecto de la Cámara 485 (A-040), medida de administración, que designa el cuarto jueves del mes de abril de cada año como el “Día Oficial de las Niñas y Mujeres en STEM” en Puerto Rico. 

Esta iniciativa reconoce la importancia de fomentar la participación femenina en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sectores clave para el desarrollo económico y la innovación. La medida busca incentivar el interés de niñas y jóvenes en estas disciplinas, así como visibilizar el talento y las aportaciones de las mujeres en estos campos.

Resolución de conflictos

“Se hace necesario fomentar, desde edades tempranas, iniciativas que inspiren, orienten y apoyen a niñas y jóvenes a descubrir su vocación y desarrollar su talento en estas disciplinas. La promoción de carreras STEM entre niñas no solo les abre puertas a mejores oportunidades individuales, sino que también fortalece nuestra economía y posiciona a Puerto Rico como un centro de talento científico e innovación”, cita la exposición de motivos.

También de administración, el Proyecto de la Cámara 585 (A-065), que introduce enmiendas a la Ley Orgánica del DTRH con el propósito de ampliar la jurisdicción y las facultades de la Oficina de Mediación y Adjudicación. Esta acción permitirá optimizar los procesos de resolución de conflictos laborales, agilizar la atención de casos y fortalecer los mecanismos de justicia administrativa en beneficio de trabajadores y patronos.

La medida expone que “esta Asamblea Legislativa reconoce la importancia de garantizar los derechos laborales de nuestra fuerza trabajadora, lo cual incide en el ambiente de hacer negocios en Puerto Rico, brindando mayor estabilidad en las relaciones obrero-patronales. Por ello, considera meritorio aprobar toda legislación necesaria, que redunde en mejores condiciones de trabajo y mayores garantías para las personas trabajadoras”.

De igual manera, el Proyecto del Senado 1078, de la senadora de mayoría, Roxanna Soto Aguilú, para crear el Programa “El Armario de la Niñez” en el Departamento de la Familia. Disponer la recolección anual de vestimenta para niños y niñas de cero a 18 años en las oficinas regionales y centrales del Departamento, coincidiendo con el Día del Niño en Puerto Rico. Además, fomentar la distribución gratuita de estos donativos a los albergues de menores y en casos de remociones de emergencia.

Investigación de población autista

Del vicepresidente senatorial, Carmelo Ríos Santiago, se le dio paso a la Resolución del Senado 423. La medida ordena a la Comisión de Educación, Arte y Cultura, a realizar una investigación exhaustiva sobre los servicios y la asistencia gubernamental que recibe la población con trastorno del espectro autista (TEA) en etapa temprana. 

Esto de cero a cinco años de edad, por parte de las agencias del Gobierno, incluyendo la coordinación interagencial, con la participación del Departamento de Educación, así como los acuerdos colaborativos con los programas Head Start y Early Head Start.

También, de la senadora de mayoría, Brenda Pérez Soto, se aprobó la Resolución del Senado 413. La pieza legislativa busca ordenar a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo a realizar una investigación exhaustiva en torno a la interrupción del servicio de agua potable en el Municipio de Arecibo, particularmente en el barrio Arrozal, sector Los Muertos. 

La razonabilidad de las suspensiones del servicio por falta de pago relacionadas con facturas emitidas en ausencia de suministro.

Igualmente, del senador de mayoría Jeison Rosa Ramos y Rivera Schatz, fue aprobada la Resolución Conjunta del Senado 96. Para designar la carretera Estatal PR-119 desde el kilómetro 76.5 hasta el kilómetro 67.4, dentro de la jurisdicción del Municipio de San Germán, con el nombre de Carlos A. 

Pagán González, en honor a su destacada trayectoria de servicio público como senador por el Distrito de Mayagüez-Aguadilla, profesor universitario y líder comunitario. Pagán falleció el 23 de septiembre de 2025 a los 71 años de edad tras enfrentar complicaciones de salud. 

Por One Alliance

El presidente de One Alliance Insurance Corporation (OAIC), Ricardo Benítez, reaccionó
hoy a un reportaje publicado por SN que hace referencia a una multa administrativa de $15,000 impuesta por la Oficina del Comisionado de Seguros(OCS), relacionada con el manejo de una reclamación presentada por el asegurado Centro Gran Caribe Mall (CCVA Inc), por los daños causados por el huracán María.

“El reportaje publicado no refleja adecuadamente la realidad procesal ni jurídica del caso”,
expresó Benítez.

“Este asunto se encuentra actualmente ante la consideración del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, por lo que dicha determinación administrativa es una a destiempo y todas las determinaciones tomadas por el tribunal de primera instancia en el presente caso se encuentran sujetas al trámite de revisión judicial”, agregó el ejecutivo.

Benítez señaló además que, durante el trámite previo del caso, no se salvaguardaron
adecuadamente los derechos fundamentales del debido proceso de ley de OAIC en el
Tribunal de Primera Instancia, lo cual constituye un asunto central dentro de los
planteamientos en revisión ante el foro apelativo.

El presidente de OAIC indicó que la compañía se encuentra impugnando enérgicamente
todas las determinaciones de la OCS, por entender que las mismas carecen de fundamento
en derecho y en los hechos del caso.

“En este asunto, la Comisionada de Seguros fue inducida a error mediante información
incompleta o incorrecta, lo que resultó en una determinación que no refleja la totalidad de
la evidencia disponible”, añadió Benítez.

Asimismo, OAIC ha sostenido consistentemente que existen serias alegaciones de fraude por parte del asegurado CCVA en relación con la reclamación presentada, las cuales forman parte integral de los procedimientos judiciales en curso.

“Debe quedar claro que ninguna disposición del Capítulo 27 del Código de Seguros de
Puerto Rico obliga a una aseguradora a pagar reclamaciones que sean exageradas, infladas o fraudulentas. OAIC continuará defendiendo con firmeza sus derechos, así como los intereses de sus asegurados honestos, dentro del marco de la ley”, puntualizó.

Finalmente, OAIC reafirmó su compromiso con la transparencia, el cumplimiento
regulatorio y la integridad en todos sus procesos de ajuste de reclamaciones.

Por Miguel Díaz Román

La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) le impuso una multa de $15,000 a la aseguradora One Alliance Insurance Corporation por incurrir en dos violaciones al Código de Seguros relacionadas con la resolución tardía de reclamaciones y por incurrir en prácticas desleales en relación con un reclamo por los daños causados por el huracán María en el Centro Gran Caribe Mall (CCVA Inc), ubicado en Vega Alta.

La orden emitida el pasado 10 de marzo por la Comisionada de Seguros, la licenciada Suzette Del Valle Lecároz, le imputó a One Alliance haber actuado de mala fe en relación con la reclamación de CCVA Inc debido a que siempre hubo renuencia de parte de la aseguradora a reconocer los daños reales sufridos por el asegurado y además, incurrió en una dilación temeraria en el proceso de investigación, ajuste y resolución de la reclamación. 

En síntesis, la OCS le imputó a One Alliance violar el artículo 27.162(1) del Código de Seguros que dispone que una investigación, ajuste y resolución de cualquier reclamación se hará en 90 días después de haberse sometido.

Además le imputó violar el artículo 27.161 que estable las prácticas desleales en el ajuste de reclamaciones tales como dejar de adoptar métodos razonables para la rápida investigación de las reclamaciones, rehusar pagar una reclamación sin llevar a cabo una investigación,  no intentar de buena fe un ajuste rápido, obligar a los asegurados a entablar pleitos porque la oferta económica es menor a la cantidad que podría recobrar en un litigio, negar el pago de una reclamación bajo el pretexto de información insuficiente y requerir condiciones irrazonables para realizar el ajuste de una reclamación.

No acepta oferta

El 19 de abril de 2018, One Alliance realizó su oferta final de pago por la reclamación por la cantidad de $715,738.60, luego de descontar el pago en adelanto realizado por $250,000.00 y el deducible de $961,472.00 dispuesto en la póliza.

El presidente de CCVA Inc, Rafael Pérez Diez, no aceptó la oferta de pago debido a que discrepó de la cuantificación de daños y de la opinión del asegurador sobre la causa de los daños en el techo del centro comercial.

El 13 de junio de 2018, Pérez Diez presentó una demanda civil contra One Alliance en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. De acuerdo con la OCS entre la fecha en que One Alliance recibió la reclamación y la fecha de la radicación de la demanda transcurrieron 216 días.

Dilación temeraria

En la demanda presentada por Pérez Diez los daños experimentados por el CCVA Inc  fueron estimados en $3,818,667.62 millones.

El Tribunal emitió una sentencia el 30 de mayo de 2025, en la que destacó que One Alliance incurrió en una dilación temeraria al no atender la reclamación dentro de un término razonable, por lo que impuso intereses legales, honorarios de abogado por temeridad así como el pago de costas e intereses, lo que elevó el monto total a $6,634,810.34 millones.

Incluso, la OCS concluyó que de la sentencia no surge documento alguno que respalde la existencia de una justa causa que justifique la demora en resolver la reclamación.

De hecho, Pérez Diez radicó una solicitud de investigación en la OCS el 24 de junio de 2025, en la que pidió se indague a fondo  la solvencia financiera de One Alliance y su desempeño como asegurador debido a los múltiples incumplimientos en el manejo de la reclamación del CCVA Inc. 

La solicitud de investigación estuvo acompañada por una copia de la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

En la sentencia el Tribunal señaló que One Alliance propuso un segundo adelanto por la cantidad de $715,738.00, el cual calificó ante la OCS como su oferta final. 

Patrón sostenido de dilaciones

De hecho, el monto ofrecido  fue desembolsado luego de que el propio TPI así lo ordenara y luego de que One Alliance agotara sin éxito un recurso presentado ante el Tribunal de Apelaciones y ante el Tribunal Supremo para intentar revocar dicha orden. 

Sobre este particular la OCS comentó que en realidad One Alliance no objetó la cuantía adeudada sino el desembolso mismo,  lo que provocó un litigio adicional sobre ese asunto y retrasó su cumplimiento. 

La OCS observó que aunque el asegurador presentó ante el Tribunal de Apelaciones una impugnación de la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 30 de mayo de 2025, en dicho recurso no se reclamó la revisión de las determinaciones de hechos relacionadas con el manejo de la reclamación por parte de One Alliance.

La orden emitida por la OCS concluye que de las circunstancias antes descritas en la sentencia surge la existencia de un patrón sostenido de dilaciones injustificadas, omisiones y actuaciones que obstaculizaron la investigación y el ajuste de la reclamación presentada por CCVA Inc. 

No actuó de buena fe

También señala que Pérez Diez  tuvo que acudir al litigio ante las cantidades irreales propuestas por el asegurador, lo que dilató la resolución de la reclamación en perjuicio del asegurado.

«Estas actuaciones demuestran que el asegurador dejó de adoptar métodos razonables para la rápida investigación de la reclamación, rehusó pagar sin una investigación razonable y no intentó de buena fe llevar a cabo un ajuste rápido, justo y equitativo en violación al artículo 27.161 del Código de Seguros», determnó la OCS en su orden.

De acuerdo con la OCS, el asegurador obligó a Perez Diez a recurrir al litigio «para obtener el pago de la reclamación y propició litigar asuntos ya resueltos, promovió litigios colaterales innecesarios y mantuvo una postura sobre la oferta que prolongó innecesariamente el proceso aun cuando la evidencia demostraba daños significativos inconsistentes con la oferta». 

«Estas actuaciones constituyen prácticas desleales al obligar al asegurado a entablar pleitos para recobrar lo que le correspondía bajo la póliza, al alegar insuficiencia de información que era obtenible mediante métodos ordinarios de investigación y al requerir condiciones irrazonables que dilataron el ajuste de la reclamación en violación del artículo 27.161 del Código de Seguros», concluyó la orden de la OCS.

Por Miguel Díaz Román

La empresa Universal Insurance Group, compañía matriz de la aseguradora Universal Insurance Company, está en espera de que finalmente se aclaren las aguas en la actual situación financiera y judicial  del The Phoenix Fund (TPF) para conocer qué ocurrirá con una inversión de $25 millones que el fondo de capital privado realizó en la aseguradora en el 2020. 

«Todo lo que te pueda decir es especulativo porque todo depende quién tenga jurisdicción porque en un ambiente de liquidación es una cosa y en un ambiente de reorganización puede ser otra.Ciertamente no vamos a pagar más de los $25 millones. Como te dije, es un ambiente de liquidación puede ser un valor y en un ambiente de reorganización puede tener otro valor», sostuvo Roberto J. Martínez, director financiero de Universal Insurance Group.

De acuerdo con El Nuevo Día, el controvertible TPF se acogió al Capítulo 11 de reorganización de la Ley de Quiebras Federal el pasado 23 de febrero, luego de que la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) ordenara su liquidación.

La OCIF nombró como síndico permanente a la firma de contabilidad y asesoría financiera  Driven P.S.C. Alegadamente la OCIF se inclinó por la liquidación luego de Driven, en una auditoría que no concluyó, identificó que el TPF experimenta un alto nivel de deudas – $395 millones que corresponden a deudas del fondo de capital privado y $598 millones que adeudan tres de sus subsidiarias.

El pasado miércoles el juez Enrique Lamoutte Inclán, del Tribunal Federal de Quiebra en San Juan, rechazó activar la protección automática para protege a las entidades que se acogen a la quiebra de sus acreedores y permitió que la OCIF continuara con su intervención en el TPF, según informó El Nuevo Día.

Lamoutte Inclán también reconoció el nombramiento hecho por la OCIF para que Driven figure como síndico permanente . El juez le ordenó a Driven  informar al tribunal en 21 días si se propone someter al TPF a un proceso de reorganización o de liquidación.

Reconoce la deuda

Martínez reconoció que la aseguradora recibió de parte del TPF una inyección de capital  por medio de una nota de sobrante de $25 millones la cual, según dijo, tiene un término (para finalizar) y unas determinadas condiciones que «aún no se han dado». 

No obstante, indicó que una de las condiciones  es la obligación de devolver la totalidad de la inversión al fondo privado de inversiones. 

El director financiero de Universal Insurance Group sostuvo que la devolución de la inversión de TPF, la cual describió como » una inversión súper competitiva, pues era capital a un costo bajo», no  perjudicará a Universal Insurance Company, «porque es una compañía que  tiene cerca de $500 millones en capital».

Martínez no reveló cuándo debería terminar la inversión de la nota de sobrante, pero advirtió que «no es este año». 

«El concepto de nota de sobrante es capital temporero. Universal le debe ese dinero al fondo privado de inversiones. Nosotros vamos a pagar $25 millones, no más.

Es prematuro para nosotros saber lo que va a pasar. Cualquier cosa que pase, la obligación es devolver los $25 millones. En un escenario de reorganización, el negocio sigue en marcha. En caso de la liquidación, es determinar cuántos activos tiene TPF para pagar los pasivos», dijo Martínez.

Mogul de lo seguros en prisión

TPF realizó la inversión de $25 millones en Universal Insurance Company en diciembre de 2020 en el contexto de que Universal Life Insurance Company (ULICO), una subsidiaria de Universal Insurance Company dedicada a los seguros de vida, no había podido recuperar $524 millones que la aseguradora puertorriqueña depositó en un fideicomiso administrado por Private Bankers Life (PB Life), una corporación del empresario Greg Lindberg, ubicada en la isla de Bermuda. 

PB Life, que invirtió los fondos en violación al Código de Seguros y en contra de un acuerdo de reaseguro, es una subsidiaria del grupo Global Growth, que pertenece a Lindberg. El ex mogul de los seguros cumple una condena de siete años de prisión por fraude electrónico y cargos de soborno, emitidos en marzo del 2020 por un jurado federal. 

Lindberg intentó sobornar con $1.5 millones a la campaña de reelección del republicano Mike Causey para el cargo de Comisionado de Seguros de Carolina del Norte en las elecciones de 2020. A cambio del dinero, Lindberg pretendía que Causey destituyera a un funcionario asignado a revisar las operaciones de Global Growth, intervenidas en el 2019. 

Inyección de capital oportuna

Como resultado de la inversión de $25 millones de TPF en enero del 2020 la agencia clasificadora AM Best eliminó el estatus de revisión en la clasificación crediticia de ULICO pero conservó la perspectiva negativa a la aseguradora para ese año. La perspectiva negativa se debió principalmente al incumplimiento de PB Life con la devolución de los $524 millones.

La eliminación del estatus de revisión se basó en que ULICO garantizó una vía de acceso a capital a través de su compañía matriz, Universal Insurance Company, por medio de una nota de sobrante de $25 millones del TPF. La inyección de capital estuvo destinada a cubrir necesidades de liquidez de la aseguradora. 

Además, la inyección de capital incluyó un plan de aumento de capital suscrito por TPF, que le permitía a ULICO extender las necesidades de capital hasta $100 millones si era necesario. La inversión de TPF fue aprobada por la Oficina del Comisionado de Seguros en diciembre de 2020. 

De hecho, los paneles de arbitraje y los tribunales de New York han fallado consecutivamente  a favor de Universal y en contra de Lindberg y PB Life para que devuelvan los $524 millones. Martínez reveló que desde 2020 hasta 2025 Universal Insurance Company ha podido recuperar gran parte de los fondos adeudados.

Universal recupera los fondos

«Lo que queda para el cobro son entre  $130 millones y $140 millones de los $524 millones. Todo está cobrado o garantizado con un activo que se auditó y se revisó y que está próximo a realizarse. No prevemos ningún tipo de consecuencia económica con lo que tiene que ver con Lindberg. En realidad él tenía un grupo de compañías que valen dinero. Recientemente, a finales del año pasado, nosotros cobramos un poco más de $80 millones de una de esas compañías que se vendieron. O sea que hay valor en esas compañías y por eso hemos podido cobrar», explicó Martínez.

«Además, nosotros teníamos una garantía que no tenía nadie que ha hecho negocios con Lindeberg y lo hicimos porque esa es la manera como nosotros hacemos negocio con los reaseguradores.  Desde que comenzó todo esto la compañía de vida ha duplicado su capital. La compañía de vida (ULICO) todos los años tiene ganancias de doble dígito.Creo que te he dicho que la compañía de vida gana más que lo que ganan todas las compañías de vida en Puerto Rico en un año. Realmente, sea por cobro o por activos que tenemos en garantía, todo el dinero (adeudado por Lindberg) está asegurado y así consta en los libros auditados de ULICO», agregó.

Lindberg o Lex Luthor

El ejecutivo reconoció que el esfuerzo para recuperar la mayor parte de $524 millones fue arduo y requirió una gran diligencia entre el grupo legal y los ejecutivos financieros de la aseguradora. Sostuvo que Lindberg continúa en la cárcel donde realiza negociaciones para su posible excarcelación.

«Ha sido un esfuerzo que ha durado más de lo que todos quisiéramos. Tengo un par de canas de las que quería tener, pero el resultado ha sido exitoso. Para mi Lindberg más que un bandido era un loco. Un tipo graduado de Yale, sumamente inteligente. Tomando esto en broma y en serio, en los cómics de Superman había un personaje que era Lex Luthor, que era el enemigo de Superman. Muy inteligente pero era malo. Para mi así es Lindberg, un tipo inteligente pero brillante para lo malo. La realidad es que él quería ser como Warren Buffett (el ex presidente del conglomerado multinacional estadounidense con sede Nebraska, Berkshire Hathaway Inc), pero solo hay un Warren Buffett. Quiso crecer muy rápido y hay están los casos», concluyó Martínez.

Por Mapfre

Para los patronos del sector privado llegó el momento de renovar el Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal (SINOT), que es un requisito de ley. Si los patronos del sector privado aspiran a mejorar las condiciones de los trabajadores de su empresa es el momento de examinar con atención la oferta de beneficios que ofrece Mapfre.

 El periodo de inscripción del seguro SINOT comenzó el 1 enero y se extiende hasta el 27 abril de 2026. En ese periodo los patronos pueden examinar las alternativas y los mejores beneficios para todos sus trabajadores que están disponibles en el mercado.

 El periodo de vigencia de la póliza comienza el 1 de julio de 2026 y se extiende hasta el 30 de junio de 2027.

 El seguro SINOT garantiza determinados beneficios a los trabajadores asegurados que han sufrido una interrupción en el pago de sus salarios como resultado de una incapacidad ocasionada por una enfermedad o lesión que no está relacionada con el empleo ni con un accidente de automóvil. 

 «Beneficia a los trabajadores de empresas con fines de lucro e incluye las empresas agrícolas, en caso de se incapaciten a corto plazo, con una incapacidad que no esté relacionada ni con el empleo ni con un accidente de tránsito, una incapacidad no ocupacional», sostuvo Dinorah Viruet Maestre, experta en la gerencia de suscripción de seguros de vida de Mapfre.

 «Hay empresas sin fines de lucro que están exentas pero pueden también acogerse al SINOT mediante una solicitud de seguro voluntario en el Departamento del Trabajo.   Una vez radican esta solicitud de seguro voluntario y es aprobada por el Departamento del Trabajo pueden acogerse al SINOT», agregó Viruet Maestre.

 El seguro SINOT es el resultado de la ley 139 de 1968 conocida como Ley de Beneficios por Incapacidad No Ocupacional Temporal.

 El seguro SINOT opera como un complemento para la cubierta de protección por accidentes en el trabajo que ofrece la Corporación del Fondo de Seguro de Estado, creada por la ley 45 de 1935, y para la cubierta de protección por accidentes de tránsito que provee la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, establecida por la ley 138 de 1968.

 «Pero en el caso de que la persona esté radicando una reclamación en el Fondo del Seguro del Estado pero no esté recibiendo beneficios, puede tramitar el SINOT, puede radicar una reclamación en SINOT, pero no puede estar recibiendo ambos beneficios. Al igual si el trabajador recibe otros beneficios por cualquier ley de incapacidad, no pueden estar recibiendo ambos beneficios», explicó la ejecutiva.

La ley matriz de SINOT exige una cubierta básica la cual es ofrecida por el mercado privado de seguros. Además, la ley permite que las aseguradoras privadas puedan mejorar los beneficios de la cubierta básica.

 «Nuestra tarifa (la de Mapfre) está bastante por debajo de la cubierta del gobierno (la cubierta básica) y le conviene al patrono, porque esto es obligatorio», agregó Manuel Martin Rivera, quien es el vicepresidente auxiliar de desarrollo empresarial-salud para la aseguradora Mapfre.

 Para un trabajador que sufrió un accidente fuera de sus horas laborales, el cual le ha causado una incapacidad temporal que le impide cumplir con su trabajo, la cubierta básica provee un beneficio semanal que garantiza el pago del 65 % de salario hasta un máximo de $113 semanales. Este beneficio estará vigente por hasta 26 semanas. Además de un beneficio por muerte máximo de $4,000 y desmembramiento hasta $4,000.

 «Eso es lo que ofrece la cubierta básica. Nosotros (Mapfre) podemos ofrecer a ese patrono ya ese empleado un beneficio de hasta $200 semanales por 30 semanas, en el caso de que le interese ampliar ese beneficio semanal.  La cubierta básica ofrece un beneficio por muerte y desmembramiento de hasta $4,000 y nosotros podemos ofrecer un beneficio por muerte accidental de $6,000 adicionales. También tenemos un beneficio de gastos finales que puede llegar hasta $5,000. Así que el patrono estaría dándole mejores beneficios a sus empleados obteniendo un plan privado (SINOT) con nosotros», destacó Viruet Maestre.

Otro aspecto atractivo de la cubierta SINOT de Mapfre es que la prima puede ser más económica que el costo de la cubierta básica, según advirtió Viruet Maestre.

 La cubierta básica en el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos propone una prima cuyo costo es de 60 centavos por cada $100 de los primeros $9,000 de nómina tributable.

 «Si lo que el patrono lo que busca es el mismo beneficio de la cubierta básica, pues nosotros dependiendo de la industria, del tamaño del grupo y la experiencia de grupo la tarifa puede ser mucho más baja lo que redunda en un ahorro para el patrono», sostuvo.

 Viruet Maestre indicó que otro beneficios que ofrece la cubierta SINOT de Mapfre es que la tramitación de las reclamaciones se realiza de manera rápida y eficiente.

 «El empleado tiene hasta tres meses para radicar una reclamación desde que comienza su incapacidad. Una vez radicada esa reclamación y la reclamación está completa, tanto con la información del empleado, del patrono y de su médico, esa reclamación puede ser tramitada con una rapidez de entre dos semanas o menos dependiendo del volumen que tengamos en reclamaciones. Tenemos analistas de reclamaciones especializados en SINOT. Sí, tramitamos con rapidez las reclamaciones», afirmó.

Actualmente en el mercado privado las aseguradoras que ofrecen la póliza SINOT son Mapfre, la Cooperativa de Seguros Múltiples, Multinational Insurance,Triple S, Universal Insurance, mencionó  Martin Rivera.

 «Nosotros tenemos un equipo de basta experiencia en el área de SINOT y ofrecemos una atención personalizada. Los patronos y sus empleados pueden someter sus reclamaciones a través de nuestro correo electrónico de reclamaciones, lo que permite una mayor agilidad en la apertura de la reclamación y en la verificación de la misma», dijo Viruet Maestre.

De hecho, la cubierta SINOT que ofrece Mapfre es un producto de MAPFRE Life Insurance Company of Puerto Rico. 

 Los patronos o empleados que quieran obtener más información sobre el seguro SINOT  de Mapfre se pueden comunicar al teléfono 787-753-6161.

Redacción Mapfre

marzo 13, 2026

La Junta aprueba el mayor dividendo de la historia de la compañía: 0,18 euros por acción, lo que supone 554 millones de euros con cargo al ejercicio.

Mapfre cumple el 100% de los compromisos del Plan de Sostenibilidad y celebra su séptima Junta sostenible y neutra en carbono.

Eleva su objetivo de ROE por encima del 13% y mejora el de Ratio Combinado para 2026.

El presidente de Mapfre, Antonio Huertas se dirige a la Junta General de Accionistas de Mapfre.

La compañía refuerza su transformación con el lanzamiento de su nueva marca global y el despliegue de las plataformas tecnológicas REEF y ATENEA.

La Junta General de Accionistas de Mapfre ha aprobado las cuentas correspondientes al ejercicio 2025, un año histórico para la compañía en el que el Grupo alcanzó por primera vez un beneficio neto superior a los 1.000 millones de euros y un beneficio bruto por encima de los 2.400 millones. Este desempeño excepcional, según destacó el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, refleja “la fortaleza de nuestro modelo de negocio, la estricta disciplina técnica que estamos aplicando en todos los mercados y la solidez que nos aporta nuestra diversificación geográfica y de productos”. 

La Junta aprobó el mayor dividendo de la historia del Grupo, que alcanza los 0,18 euros brutos por acción con cargo a los resultados de 2025, de los que 0,07 euros ya se abonaron en noviembre y los 0,11 euros restantes se pagarán el próximo mes de mayo. 

En total, Mapfre distribuirá 554 millones de euros íntegramente en efectivo entre sus más de 150.000 accionistas. Huertas subrayó que esta retribución, que supera el 51% del payout, “es coherente con el compromiso firme de la compañía con sus accionistas y con su capacidad de generar caja de forma constante”. 

La alta participación pone de manifiesto el acierto de la política de involucración de los accionistas aprobada por el Consejo de Administración y de las acciones implementadas en cumplimiento de esta. 

En su intervención, Antonio Huertas se refirió al conflicto bélico de Oriente Medio como la mayor incertidumbre a la que se enfrentan las economías mundiales: “Tenemos una gran confianza en nuestra capacidad de resiliencia frente a tensiones extremas pero la evolución de la inflación, de los tipos de interés y de la disponibilidad suficiente de oferta de energía y materias primas marcarán el pulso económico del año, y esto dependerá de la duración e intensidad del conflicto en Oriente Medio”. 

Es en este contexto cuando anunció la actualización de los objetivos financieros para el último año de vigencia del Plan Estratégico 2024-2026.  Mapfre prevé para 2026 superar un ROE del 13% y situar su objetivo de Ratio Combinado en un rango de entre el 93% y el 94%, aumentando así la exigencia respecto a las metas iniciales planteadas, aunque admitiendo que ambas variables estarán condicionadas por la evolución de la inflación, que de elevarse sustancialmente, obligaría a moderar las previsiones. 

El resto de compromisos financieros, estratégicos y de sostenibilidad se mantienen plenamente vigentes. “Reforzamos hoy nuestros compromisos desde el rigor y la solidez de nuestro plan estratégico, que sigue guiando nuestros pasos, pero siendo conscientes también de la responsabilidad y la prudencia que exige avanzar en un mundo inmerso en una gran incertidumbre y volatilidad”, afirmó Huertas.  

La compañía destacó además importantes avances en su proceso de transformación y modernización. Entre ellos, el lanzamiento de su nueva identidad de marca global, que refleja la profunda evolución de la compañía durante la última década y proyecta una imagen más ágil, tecnológica y humana. 

Mapfre reforzó también su transformación digital mediante el despliegue acelerado de la plataforma tecnológica REEF, ya operativa total o parcialmente en varios países de Latinoamérica y en áreas estratégicas de España, y a través del crecimiento del Centro de Inteligencia Artificial, que en 2025 desarrolló más de 150 casos de uso, una tercera parte de ellos basados en IA generativa. A ello se suma el impulso de la plataforma de datos Atenea, la mejora en la calidad del dato en 28 países y el crecimiento del negocio digital, que experimentó un avance del 14,6% interanual. 

En paralelo, Mapfre ha reforzado su posicionamiento como referente en planificación financiera, un ámbito estratégico para el futuro del Grupo. Durante 2025, la compañía impulsó de manera notable su propuesta basada en las tres “P” —Protección, Previsión y Patrimonio—, consolidando un crecimiento muy significativo en Vida-ahorro e inversión. Así, solo en IBERIA, el negocio captado de ahorro-inversión el pasado año se elevó a 3.200 millones. Esta evolución, unida al desarrollo de redes de mediadores expertos y al acuerdo con socios como Abante, consolida una oferta integral capaz de acompañar a los clientes en todas las etapas de su ciclo financiero. 

La compañía mejora en sus objetivos de contar con la plantilla más preparada para los cambios que vienen, a través de su Universidad Corporativa, haciendo posible a su vez un mejor alineamiento desde el punto de vista de la diversidad y de la igualdad de oportunidades. Así, se ha alcanzado un 4,2% de personas con discapacidad entre los empleados, y se ha superado el 35% de mujeres en puestos directivos.   

Mapfre avanzó también de forma significativa en materia de sostenibilidad. En 2025, la compañía cumplió el 100% de sus compromisos del Plan de Sostenibilidad 2024-2026, redujo un 24% su huella de carbono operativa, alcanzó un 93% de inversiones calificadas con criterios ESG y consolidó su compromiso social con un récord de más de 10.600 voluntarios que han participado en cerca de 2.500 actividades en 26 países, tal y como refleja el informe Hechos para el Compromiso 2025. Además, impulsó la inclusión financiera a través del ecosistema de microseguros “A tu lado Mapfre”, ya desplegado en Brasil y Colombia, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la protección aseguradora a segmentos de población de menores ingresos.

La Junta aprobó también la reelección como consejeros de Antonio Huertas, Pilar Perales y Ángeles Santamaría.