Por Miguel Díaz Román
La jueza María Antongiorgi Jordán del Tribunal Federal de San Juan ha desestimado por falta de jurisdicción la petición realizada por la empresa Suiza Dairy para que se encuentre en desacato a la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) por, alegadamente, violar un acuerdo alcanzado en ese tribunal en 2013, que incluye el reglamento 12, el cual fue adoptado como parte del acuerdo.
El citado acuerdo y el reglamento 12 pretenden garantizar márgenes adecuados de ganancia a las plantas procesadoras de leche.
La solicitud de desacato radicada por Suiza Dairy también incluyó a la planta Indulac por, alegadamente, haber retenido de manera ilegal $3.1 millones, recaudados bajo el esquema de acumulación regulatoria implementado por el Reglamento 12.
Antongiorgi Jordán concluyó que la jurisdicción del Tribunal Federal sobre el acuerdo alcanzado en 2013 expiró el 31 de diciembre de 2017 y, además, ha rechazado los planteamientos de Suiza Dairy sobre que ese tribunal aún conserva jurisdicción para hacer cumplir el acuerdo.
La jueza planteó que a partir de los argumentos de Suiza se podría concluir que ese tribunal mantiene una jurisdicción indefinida sobre el acuerdo, lo cual, según sostuvo la jueza, fue rechazado por el juez federal Daniel Dominguez, quien presidió el caso que finalizó con el acuerdo alcanzado en ese tribunal en 2013.
Sin jurisdicción el tribunal federal
De hecho, la jueza Antongiorgi Jordán finalizó su decisión recordando las expresiones del juez Domínguez sobre el caso y quien declaró a viva voz en su sala once años atrás: “les digo a todos que este caso ha concluido».
«Este Tribunal ya no conserva la jurisdicción federal sobre ningún aspecto de este caso», sostuvo la jueza, quien, para respaldar su conclusión, cita dos determinaciones que sientan jurisprudencia las cuales sostienen que «los tribunales federales tienen jurisdicción limitada» y «no tienen jurisdicción inherente para hacer cumplir un acuerdo transaccional por el simple hecho de haber presidido un caso».
La determinación de la jueza, que consta de 10 páginas y fue emitida ayer 27 de marzo, avala las interpretaciones realizadas por la ORL y por la empresa Indulac, quienes presentaron una solicitud de desestimación a la petición de desacato de Suiza, radicada el 3 de mayo de 2024, argumentando que la jurisdicción del tribunal sobre el acuerdo expiró el 31 de diciembre de 2017.
En su decisión la jueza transcribió una parte del texto de la sentencia enmendada del caso, emitida el 7 de noviembre de 2013, en la que el juez Domínguez incluyó los acuerdos logrados en una conferencia de conciliación.
La sentencia incluyó una disposición que establece el alcance de la jurisdicción federal sobre el acuerdo, la cual sostiene que «el Tribunal conservará la jurisdicción federal para ejecutar el Acuerdo de Transacción hasta que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Departamento de Agricultura de Puerto Rico y ORIL, así como todas las partes firmantes, hayan cumplido plena y efectivamente con el Acuerdo de Transacción y lo hayan mantenido durante al menos cuatro años consecutivos, es decir, el 31 de diciembre de 2017».
Aconsejan el tribunal local
Incluso, la jueza sostuvo que en la última década Suiza ha intentado impugnar en los tribunales locales la aplicación del Reglamento 12 y reivindicar los derechos que surgen del acuerdo.
El resultado de esas acciones judiciales es que la empresa ha prevalecido en cuatro ocasiones.
La jueza Antongiorgi Jordán argumentó que considera estas acciones judiciales como una admisión implícita por parte de Suiza de que los tribunales federales ya no tienen jurisdicción para hacer valer sus derechos en este caso.
En su decisión la jueza también exhortó a Suiza Dairy a buscar un remedio a sus reclamos contra la empresa Indulac y la ORIL en los tribunales locales, lo que representa un espaldarazo a las conclusiones de la magistrado federal Giselle López Soler, quien recomendó desestimar la petición realizada por Suiza Dairy por falta de jurisdicción.
Además, la magistrada aconsejó a la empresa acudir a los tribunales locales en busca de un remedio a sus reclamos. Las conclusiones de la magistrada López Soler fueron realizadas a petición de la jueza Antongiorgi Jordán, quien tiene a cargo el caso de Suiza Dairy.
«Si Suiza considera que ORIL e Indulac han incumplido sus obligaciones en virtud del Reglamento 12, podría intentar reivindicar sus derechos en una acción estatal, como lo ha hecho en el pasado. Si bien el lenguaje de la sentencia fue ambiguo, en tales circunstancias es obligación del Tribunal someterse a una interpretación razonable del significado y el efecto de la sentencia, dilucidada por el funcionario judicial que la redactó. En este caso, con base en los hechos presentados anteriormente, tras considerar la totalidad de los veinte años de expediente en este caso, y con especial atención a las declaraciones del Juez Domínguez que aclaran el significado y efecto de la sentencia, el Tribunal concluye que la interpretación correcta de la disposición en cuestión es que su intención era mantener la jurisdicción hasta la fecha indicada en la propia disposición, es decir, el 31 de diciembre de 2017», sostuvo la jueza en su decisión.
Suiza no reclamó por más de 20 años
«Suiza ha permitido que transcurran más de veinte años desde el inicio de esta demanda; más de once años desde la firma del Acuerdo Transaccional y el cierre del caso, y más de nueve años sin que se haya presentado una sola entrada sustancial en este expediente. Pero ya es suficiente. Por las razones expuestas anteriormente, el Tribunal considera que su jurisdicción de ejecución sobre el presente caso expiró el 31 de diciembre de 2017», concluyó la jueza Antongiorgi Jordán.
El ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quien junto a la ORIL figuró inicialmente como demandado en el pleito radicado por Suiza Dairy, señaló que la decisión de la jueza Antongiorgi Jordán confirma que sus actuaciones en la dirección interina de la entidad reguladora fueron correctas.
“Esta decisión confirma que la Oficina de Reglamentación y este servidor actuaron dentro del marco regulatorio y no da paso a las pretensiones arbitrarias de Suiza Dairy. La ORIL siempre tiene que procurar por el bienestar de todos los componentes de la industria y así lo hicimos “, sostuvo González Beiró.
Por su parte, la empresa Suiza Dairy señaló que no estaría emitiendo expresiones sobre la determinación del Tribunal Federal.
Pérdidas por $172 millones
Entre los planteamientos para justificar el desacato Suiza sostuvo que la ORIL ha utilizado datos obsoletos del año 2016 para emitir órdenes de precios en 2021, 2022 y 2023 y que ha rechazado inapropiadamente el cálculo de algunos de los costos operativos de Suiza.
También alega que las estructuras de precios avaladas por la ORIL desde 2022 favorecen la leche UHT de Indulac a expensas de la leche fresca producida localmente. Otro planteamiento es la retención ilegal de $3.1 millones por parte de Indulac.
Suiza también reclama que la ORIL ha estado utilizando una versión traducida no oficial del Reglamento 12 que omite definiciones importantes y esto ha causado interpretaciones y aplicaciones erróneas del Reglamento 12.
La empresa sostuvo en su petición de desacato que ha enfrentado una pérdida financiera de aproximadamente $172 millones debido a que la ORIL no ha establecido márgenes de ganancia adecuados, según lo determinó el Tribunal Federal en su sentencia emitida el 6 de noviembre de 2013.