Un Secretario de Agricultura que siembra placas solares

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Con una frase muy emotiva y esperanzadora y cito “abróchense los cinturones y enjoy the flight”, Ramón Gonzáles Beiró comenzó en enero de 2021 sus funciones como Secretario del Departamento de Agricultura en momentos en que la agricultura de Puerto Rico venía en franca recuperación luego de los dos huracanes más devastadores en décadas; Irma y Maria ocurridos en el 2017. Además, la economía apenas comenzaba a recuperar luego de las medidas de cierres obligados por la pandemia del COVID-19 y los efectos que tuvieron los terremotos principalmente en la costa Suroeste. Con un gobierno que heredaba la mayor cantidad de fondos federales comprometidos para su recuperación en la historia, se vislumbraba un despunte mayor y una aceleración de la economía la cual según pasaban los meses y los años se iba disipando entre tanta burocracia y falta de gestión administrativa y gerencial. Con un gobierno desarticulado y dividido en guerras entre la legislatura y la Fortaleza y con una Junta de Supervisión Fiscal tomando decisiones primero para pagar las deudas con los acreedores y sin mucho interés para establecer estrategias de crecimiento económico, realmente era casi imposible lograr mucho.

A diferencia de otros secretarios y secretaria, el secretario Ramón Gonzáles llegó a la dirección de la agencia apoyado por la Asociación de Agricultores, una organización principalmente compuesta por ganaderos de leche de la cual había sido presidente. Sin un plan agrícola definido y para sorpresa de todos así lo aceptó en una vista pública celebrada en la legislatura a la cual fue citado cuando mencionó que “su plan no estaba escrito sino en su cabeza”, se podía pronosticar que la agricultura no era prioridad para el actual gobierno. Al parecer su consigna de aumentar de un 15% a un 50% la actividad agrícola en cuatro años sin un plan y sin recursos para invertir, ponían en duda las verdaderas razones de porqué Ramón Gonzáles quería ser Secretario de Agricultura. 

Como pasado Secretario de Agricultura tuve conocimiento del cierre de las operaciones agrícolas de la empresa Mycogen Seeds Puerto Rico en el 2020, que mantenía un proyecto de producción de semillas en el municipio de Salinas y que mantuvo operaciones agrícolas desde el 2008. Además, advine en conocimiento de la intensión del Sr. Ramón Gonzáles, entonces agroempresario del Municipio de Salinas, para arrendar parte de estos terrenos con fines agrícolas por lo cual solicitó un Certificado Bonafide el 4 de noviembre de 2020 (un día después de que Pedro Pierluisi saliera electo Gobernador de Puerto Rico). En menos de 24 horas, el 5 de noviembre se le otorgó el certificado de agricultor bonafide que lleva la firma electrónica del Secretario de Agricultura, con número C-20-4-18511, según recomendado y gestionado por el director regional de Ponce, el Agro. Wilbert Velez. Este certificado se le otorgó a la corporación AGRIART LL, como caso nuevo dedicada a la siembra de plátanos donde el Sr. Ramón Gonzáles figuraba como representante autorizado. La tenencia legal que dio paso al Certificado Bonafide fue el contrato de arrendamiento por dos años entre AG-AGRO, INC, dueños de la finca DELPIN con cabida de 39.95 cuerdas y AGRIART LLC, representada por Ramón Gonzáles como propietario y vecino de Salinas, firmado el 27 de octubre de 2020, un mes antes de otorgarse el certificado bonafide. La corporación AGRIART LLC. Fue creada e incorporada en el Departamento de Estado cuatro meses antes, el día 14 de julio de 2020 y cuenta con la participación de la Sra. Mariliana Bennazar, esposa de Ramón Gonzáles como secretaria corporativa.  Once días después de obtener el certificado de agricultor bonafide, el 16 de noviembre de 2020, Agriart LLC. Llegó a un acuerdo de compraventa con Mycogen Seeds para la adquisición de 1,843.9 cuerdas de terreno agrícola distribuidas en 12 fincas ubicadas entre los municipios de Salinas y Guayama.  Según la escritura de compraventa Agriart LLC. pagó en efectivo $5,075,000.00, el 17 de febrero del 2021 cuando ya Ramón González ocupaba la posición de Secretario de Agricultura. Esta transacción se logró con la aportación de uno de los socios corporativos, un acaudalado ganadero de nombre Michael McCloskey quien paso a ser presidente de Agriart LLC, mientras Ramón González se mantuvo como socio reteniendo un 18% de participación en el negocio. Esta transacción no fue incluida en los informes financieros de Ramón González ante la Oficina de Ética Gubernamental sin embargo luego se realizaron enmiendas dando a conocer la información una vez salió la denuncia pública.

En tercer lugar, de lo que aparentaba ser una adquisición legitima para desarrollo agrícola, se convirtió en un plan para cambiar el uso de los terrenos agrícolas para el desarrollo de un parque fotovoltaico endosado por el Departamento de Agricultura. La situación que llama la atención por vicios de ilegalidad y violaciones éticas también están relacionadas con el endoso fraudulento otorgado por el Departamento de Agricultura al proyecto energético propuesto por la empresa Clean Flexible Energy, una subsidiaria de la empresa Applied Energy Services (AES) Puerto Rico a construirse en estos terrenos agrícolas pertenecientes a la agroempresa AGRIART LCC. y calificados como “Agrícola Productivo” (AP) por la Junta de Planificación y clasificado como “Suelo Rústico Especialmente Protegido Agrícola” (SREP-A) por el Plan de Uso de Terrenos establecido en virtud de la Ley 550 de 3 de octubre de 2004 según enmendada.

La empresa “Applied Energy Services” Puerto Rico (AES), dueña de la planta de carbón establecida en Guayama, logró la aprobación por parte de la Junta de Control Fiscal de un Acuerdo de Compra y Operación de Energía (PPOA, en inglés) con la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE). Este acuerdo, realizado en estricta confidencialidad por parte de la AEE, se realizó a través de la empresa Clean Flexible Energy, una subsidiaria de AES. La propuesta de AES consta de cuatro (4) proyectos de parques solares industriales a desarrollarse en Salinas, Guayama, Naguabo y Las Piedras. En el caso de Salinas, AES le arrendó mil veintinueve punto sesenta y tres (1,029.63) cuerdas a la empresa Agriarte, LCC. en la carretera PR 706 km 2.3, para construir un inmenso parque solar industrial con sistema de baterías e infraestructura eléctrica, que generaría doscientos cuarenta (240) MW.

A pesar de que los suelos arrendados a AES por AGRIART LCC. están calificados como “Agrícola Productivo” (AP) por la Junta de Planificación, y clasificado como “Suelo Rústico Especialmente Protegido Agrícola” y que, además, a través de estos terrenos transcurre el canal de riego de Patillas, la quebrada Amorós y el canal de riego Guamaní Oeste; el Departamento de Agricultura (DA) otorgó su endoso al megaproyecto. Esta acción contradice las GUÍAS O PARÁMETROS PARA TRABAJAR CASOS DE ENERGÍA RENOVABLE EN TERRENOS AGRÍCOLAS firmadas por el secretario del DA, Ramón González Beiró, las cuales claramente establecen que los terrenos clasificados como SREP-A y calificados como A-P no deben ser impactados por proyectos de energía renovable.

También resulta inexplicable que el Comité de Energía (Comité), nombrado por el Secretario del DA para evaluar estos proyectos energéticos, denegara su endoso a dos proyectos de generación de energía mediante parques solares en Naguabo y Cabo Rojo, por entender que no se puede continuar con la práctica de utilizar terrenos con opciones agrícolas para otros propósitos, sin embargo, sí dieron su endoso a dos proyecto de AES, uno en Salinas y el otro en Naguabo, cuyas construcciones también impactarían suelos agrícolas.

Para estos propósitos y de una forma no usual por otros Secretarios, el Secretario Ramón Gonzáles creó un comité, compuesto por subalternos comenzando por el subsecretario de Agricultura, Jorge Campos Merced; el agrónomo Wilbert Vélez Rivera, quien paso de ser el Director Regional de Ponce y quien tramitó el Certificado Bonafide para la adquisición de los terrenos a Subadministrador de la Administración de Desarrollo de Empresas Agrícolas (ADEA); y la Agro. Nancy Sánchez Villanueva, quien dirige la Oficina de Iniciativas para la Preservación de Terrenos. Aunque el informe de este comité reconoció que, en los terrenos de Salinas arrendados por AGRIART LLC. también hay diversidad de suelos, con clasificación de Rústico, Especialmente Protegido-Agrícola y calificación de Agrícola-Productivo, Agrícola Mecanizable, Conservación de Recursos-1 y Conservación de Cuenca, aun así, recomendaron dar el endoso al proyecto de AES.

La otorgación del endoso al megaproyecto de AES en los suelos agrícolas de Salinas causa una controversia, pues se reveló que el vicepresidente actual de AGRIART LLC. es Ramón González Bennazar, hijo del Secretario Ramón González Beiró. Esto podría constituir un conflicto de interés ya que se obtiene un beneficio personal y de su familia con este endoso de una agencia pública. Por otro lado, los funcionarios que componen el comité que evaluó y recomendó el endoso son considerados empleados de confianza del Secretario donde se pone en tela de juicio la capacidad de discreción en la toma de decisiones entre supervisor y supervisado.

Es por esto que solicitamos una investigación al Secretario del Departamento de Agricultura Ramón Gonzáles Beiro, como titular de la agencia en la otorgación de este endoso y su conducta antiética, directa o indirectamente, en su modalidad de conflicto de interés, conforme a la “Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico”, especialmente su Artículo 4.2. Según una fuente del periodista Miguel Díaz Roman, AGRIART LLC. obtendría un beneficio mensual por cuerda entre $200 y $700 durante todo el periodo de madurez del contrato que podría extenderse a 30 años, lo que representará un ingreso multimillonario para la empresa. Esto sin duda constituye un enriquecimiento ilegal a través de agenciar un negocio para beneficio personal y familiar con los poderes del cargo que se ocupa en el gobierno.

De igual forma, se deben investigar los fundamentos que dieron paso a la otorgación del endoso y extensión de una excepción, por parte del Comité de Energía nombrado por el Secretario del DA, al proyecto energético de AES en los suelos agrícolas pertenecientes a AGRIART LLC. en Salinas, mientras que en proyectos similares en Naguabo y Cabo Rojo se decidió no endosarlos para proteger los terrenos agrícolas.

Confiamos que estos hechos se puedan investigar y que prevalezca la verdad con la transparencia que el pueblo merece ya que Puerto Rico no necesita un Secretario de Agricultura que se dedique a sembrar placas solares.   

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Declaración jurada alega secretario de Agricultura ofreció incentivos para que le vendieran un terreno en Guayama

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Por Miguel Díaz Román

El secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, intervino indebidamente en las negociaciones de un agente de bienes raíces y ofreció incentivos agrícolas para impedir la venta de un terreno en el pueblo de Guayama, que colinda con una finca que pertenece a una empresa en la que al funcionario es accionista y su hijo es vicepresidente.

En la citada finca se instalará un extenso parque de placas fotovoltaicas. De acuerdo con una fuente conocedora de la transacción, González Beiró intervino en la negociación para garantizar que el terreno se le vendiera a su empresa con el fin de ampliar el parque de placas fotovoltaicas.

Según la fuente, la adquisición del terreno permitiría aumentar la instalación de más placas fotovoltaicas, lo que elevaría la capacidad para producir electricidad del parque de 120 megavatios a 200 megavatios.

La intervención indebida del secretario ocurrió entre el pasado 7 y 10 de junio y tuvo como objetivo garantizar que la finca Besosa, que consta de 399 cuerdas y está ubicada en el barrio Pozo Hondo en Guayama, se le vendiera el ganadero Michael McCloskey, quien es socio de negocios del secretario de Agricultura.

La información surge de una declaración jurada emitida por el agente de bienes raíces Ricardo Javier Pérez Ocasio, la cual fue recogida por el licenciado y notario, Cristian A Santiago Montalvo. El documento fue emitido ayer 17 de julio de 2023 en el pueblo de Guayama.

De acuerdo con la fuente, González Beiró intervino en la negociación que realizaba Pérez Ocasio para garantizar que McCloskey adquiriera la finca Besosa, en representación de la empresa Agriart LLC. 

La empresa Agriart LLC es presidida por McCloskey, mientras que González Beiró es accionista. Además, Ramón González Bernnazar, quien es el hijo del secretario, figura como vicepresidente.

Agriart LLC es propietaria de 1,843.9 cuerdas de terreno distribuidas en 12 fincas ubicadas entre Salinas y Guayama. Una porción significativa de los terrenos ubicados en Guayama, fueron alquilados por Agriart LLC a la empresa Clean Flexible Energy, que se propone construir en el predio un inmenso parque de placas fotovoltaicas.

Clean Flexible Energy pertenece a la cogeneradora AES ubicada en Guayama.

Según la fuente, la adquisición de la finca Besosa permitiría a Agriart LLC alquilar el predio a Clean Flexible Energy para que la empresa pudiera ampliar la capacidad para producir electricidad del parque de placas fotovoltaicas de 120 megavatios a 200 megavatios.

Aparece en escena Serrano Cardona

En la transacción Pérez Ocasio representaba al empresario y ex convicto federal Jaime Serrano Cardona, quien había mostrado interés en adquirir la finca Besosa. 

Serrano Cardona adquirió prominencia pública en 2022, cuando este periodista reveló que en el 2020 se celebró una actividad de recaudación de fondos para la campaña electoral de Pedro Pierluisi en una residencia de la exclusiva urbanización Dorado Beach East, en Dorado, que pertenece a Serrano Cardona.

La actividad fue patrocinada por agricultores que favorecían la selección de González Beiró como secretario de Agricultura. El Contralor Electoral, Walter Vélez Martínez, confirmó que la citada actividad de recaudación de fondos para la campaña de Pierluisi no aparece registrada en su oficina.

La finca Besosa pertenece a Josué Rivera Padilla, quien es el propietario del complejo de ocio y entretenimiento conocido como Terra Campestre, y que está ubicado en Guaynabo.

Según narra la declaración jurada, durante el año 2020 Pérez Ocasio conoció a Rivera Padilla, quien le solicitó le consiguiera un comprador para la finca Besosa. La declaración jurada también indica que Rivera Padilla y Pérez Ocasio acordaron que la comisión que ganaría el agente de bienes raíces sería el 4% del precio final de venta. 

El documento sostiene que desde 2020 el agente de bienes raíces llevó múltiples prospectos a la finca. A partir del mes de abril del 2023, Pérez Ocasio comenzó a compartir información de la finca con Serrano Cardona.

En entrevista con este periodista, Serrano Cardona sostuvo que interesaba adquirir la finca para promoverla como un espacio para establecer proyectos de energía renovable y que ya había identificado varias empresas estadounidenses que aspiraban a ubicar en la isla instalaciones de placas fotovoltaicas. Serrano Cardona también agregó que estaba en conversaciones con McCloskey para que “compráramos la finca entre los dos”.

Según indica la declaración jurada, el 18 de mayo del 2023 Serrano Cardona hizo una oferta inicial por vía correo electrónico, por la cantidad de $1,250,000.00 para “cierre inmediato y sin banco interventor”.

Le puede costar el puesto al secretario

En respuesta, Rivera Padilla presentó una contraoferta a través de una llamada telefónica a Pérez Ocasio, en la que fijó el precio del predio en $2,000,000.00. Luego en un mensaje de texto al teléfono del agente de bienes raíces, Serrano Cardona elevó su oferta a $1,500,000.00.

Aproximadamente, el 2 de junio del 2023, Rivera Padilla llamó por teléfono a Pérez Ocasio para señalar  que el precio final por la finca sería $1,600,000.00.

El agente de bienes raíces explica en la declaración jurada que informó a Serrano Cardona sobre la oferta final de Rivera Padilla.  El 7 de junio de 2023, según narra Pérez Ocasio, Serrano Cardona aceptó la oferta final.

El 10 de junio de 2023, Pérez Ocasio llamó a Rivera Padilla para “verificar su respuesta a la aceptación del Sr. Cardona”. Es en esa llamada que Rivera Padilla notificó que no venderá la finca Besosa a Serrano Cardona, sino a González Beiró.  

“En esta llamada el Sr. Rivera (Rivera Padilla) me notificó que ya se había comprometido con el secretario de agricultura, conocido como Pirul González, por ser su amigo de toda la vida, y, además, porque tenía otros negocios con él, y también, porque iba a recibir unos incentivos en sus negocios”, sostiene la declaración jurada.

Además, el documento alega que Rivera Padilla “se percató de lo que me había dicho, y trató de aclarar, enfatizando que quien compraría no era el secretario de agricultura. Ante esta aclaración, le dije que se quedara tranquilo, que yo sabía que el secretario iba a comprar a través de McCloskey”. 

La finca tiene comprador

La declaración jurada indica que el 12 de junio del 2023 y por medio de un mensaje de voz (voicemail) Serrano Cardona le informó a Pérez Ocasio “que se reunió con el grupo de McCloskey, y le informaron que ya ellos no iban a comprar porque le podía costar el trabajo al secretario”. 

Pérez Ocasio también aclara en el documento que Rivera Padilla “nunca me refutó lo antes dicho”. 

Según se desprende de la declaración jurada, Pérez Ocasio insistió ante Rivera Padilla para que vendiera la finca a Serrano Cardona, luego de que, alegadamente, el grupo de McCloskey había desistido en su intento de comprar la finca.  Según narra el documento, Rivera Padilla no ofreció una respuesta a la petición de Pérez Ocasio.

El 26 de junio del 2023. Y a petición de Pérez Ocasio, el licenciado Owen R. Collazo Leandry, se comunicó con Rivera Padilla a través de un mensaje de texto, para conocer su decisión en relación con la finca Besosa. «Ya la finca fue opcionada por otro comprador», fue la contestación de Rivera Padilla a Collazo Leandry, según sostiene la declaración jurada.

En entrevista con este periodista, Rivera Padilla negó que González Beiró le hubiera ofrecido incentivos agrícolas para que se inclinara a vender la finca Besosa a la empresa Agriart LLC. “!Qué incentivos!, yo no he recibido un bellón del Departamento de Agricultura!”, dijo Rivera Padilla.

 También sostuvo que con la declaración jurada Pérez Ocasio pretendía “hacer daño”.

Rivera Padilla indicó que la oferta realizada por Serrano Cardona “no era razonable”.  “La persona estaba pidiendo una cantidad de dinero y esa cantidad de dinero no era razonable. Yo, mucho antes de que él llegara, ya había tenido conversaciones con otra persona para comprar la finca”, dijo el empresario.

El secretario es amigo mío

Agregó que la finca Besosa será vendida a la empresa Agriart LLC, “que tiene una finca pegada a la mía”. Explicó que ya existe un compromiso de Agriart LLC para comprar el terreno, pero aún no se han realizado desembolsos de dinero.

 “El secretario es amigo mío de toda la vida, desde los catorce años. Yo me crié con él en Salinas desde los catorce años. Y esa finca era de su familia, de su tío. Toda la vida esa finca ha sido de su familia. Yo se la compré y ahora se la quiero vender a ellos. Yo puedo hacer lo que me dé la gana con mi finca”, dijo Rivera Padilla

Sostuvo que González Beiró nunca intervino para impedir que le vendiera la finca Serrano Cardona. Indicó que no negoció con González Beiró ni con McCloskey, sino con “otra persona de apellido Picó”.

“Yo salía mejor vendiéndosela a esta gente porque no tenía un broker (intermediario). Estos son negocios y no hay más ná”, agregó.

González Beiró no ofreció una reacción sobre el comprometedor contenido de la declaración jurada emitida por el agente de bienes raíces Pérez Ocasio.

La revelación de la declaración jurada acontece en momentos cuando se encuentra a todo vapor la investigación de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) sobre las actuaciones de González Beiró relacionadas con la aprobación del proyecto de placas fotovoltaicas por el Departamento de Agricultura (DA) en los terrenos que pertenecen a Agriart LLC. 

La querella ante la OEG fue radicada por el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, quien sostuvo que la aprobación del DA del proyecto de placas fotovoltaicas es ilegal porque los terrenos de Agriart LLC son parte del corredor agrícola del sur incluye cientos de cuerdas de tierras agrícolas protegidas.

De hecho, una fuente indicó que en cuatro ocasiones la OEG ha realizado requerimientos de información que González Beiró no ha podido cumplir y ha solicitado prórrogas. 

Además, el secretario enfrenta varias renuncias de agrónomos de área, luego de que ordenara una serie de cambios administrativos de manera arbitraria, lo que ha desestabilizado la agencia hasta el punto que el asunto será discutido en la Fortaleza.

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Senador Zaragoza irá al tribunal contra el Comisionado de Seguros

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Por Miguel Díaz Román

El Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, se negó a entregar al Senado 28 documentos relacionados con la suspensión de la acreditación de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés), por lo que no se descarta acudir a los tribunales para que el funcionario sea obligado a cumplir con el reclamo senatorial.

El senador Juan Zaragoza Gómez, quien preside la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, reveló que considera la posibilidad de recurrir a los tribunales luego de que Adams Vega se negara a entregar la información con la excusa de que determinados criterios de confidencialidad de la NAIC impiden compartir los documentos con el Senado.

“Dicha investigación está en curso, pero ha sido dilatada por la OCS, quien se negó a proveer la información solicitada”, comentó el senador.

De hecho, la investigación senatorial incluye indagar sobre unas recientes determinaciones tomadas por Adams Vega, la cuales han sido catalogadas como un atentado contra el Centro Internacional de Seguros (CIS).

“La Comisión está en el proceso de contestar la negativa del Comisionado de Seguros y no descartamos llegar a los Tribunales o referir el asunto al Departamento de Justicia según establece el Código Político. Me parece que el Comisionado de Seguros le falta el respeto al senado de Puerto Rico al negarse a producir la información solicitada o que a pesar de ser licenciado no conoce las facultades que la Constitución de Puerto Rico le otorga a la asamblea legislativa”, sostuvo el senador Zaragoza Gómez.

De acuerdo con el senador, como parte de la investigación iniciada por la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal, el pasado 18 de mayo se le solicitó a Adams Vega entregar 28 documentos.

Dos semanas después, específicamente el pasado 26 de mayo, la OCS respondió a la solicitud de la Comisión, “en una escueta comunicación expresando que no entregarían la información solicitada amparándose en los parámetros de confidencialidad que cobija a la NAIC”, dijo Zaragoza.

Subterfugio para retener información

Según Zaragoza, Adams Vega “pretende usar como subterfugio las reglas de confidencialidad de la NAIC, un club privado de reguladores estatales de seguros de suscripción voluntaria. La NAIC no es un regulador federal ni sus reglas se anteponen al deber de la OCS ante el país y la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Es importante que el país cuente con la información del proceso de la pérdida de acreditación de la NAIC, así como el proceso de reacreditación y los efectos en la Industria de Seguros y la economía de Puerto Rico”.

La investigación de la Comisión se ampara en la Resolución del Senado 612, radicada en junio del 2022 por Zaragoza Gómez, que ordena investigar los motivos por los cuales la NAIC suspendió la acreditación de la OCS. La acreditación fue suspendida el 27 de julio de 2020.

También se propuso investigar por qué la apelación iniciada en el 2020 no tuvo éxito y las razones por las cuales la OCS no informó de la suspensión de la acreditación hasta el 30 de septiembre de 2021.

Además, la resolución exige indagar en las gestiones realizadas por la OCS para lograr la reacreditación, los cambios que tuvo que hacer esa oficina para atender los reclamos de la NAIC y el impacto económico que causó la suspensión de la acreditación.

Se le preguntó al senador Zaragoza si la investigación senatorial incluye las quejas sobre los nuevos requisitos que Adams Vega ha exigido a los aseguradores y reaseguradores registrados en el CIS. Alegadamente, los nuevos requerimientos se consideran un obstáculo a la evolución del CIS y podrían causar un éxodo de empresas hacia otros países que ofrecen beneficios contributivos y una gran flexibilidad reglamentaria.

Zaragoza investigará el CIS

“Al igual que a usted nos han llegado quejas sobre cómo la OCS está atentando contra el CIS exigiendo requisitos que no existen en el Código de Seguros, a nosotros también nos han llegado. Nos proponemos atender detenidamente la resolución 612 para lograr respuestas y atender legislativamente cualquier asunto que sea necesario”, concluyó el senador Zaragoza Gómez.

EL CIS ofrece jugosos beneficios contributivos y exime a los aseguradores y reaseguradores de las numerosas restricciones financieras, requisitos de reserva y de otra índole que el Código de Seguros impone a los aseguradores locales. La reglamentación del CIS permite realizar negocios con países extranjeros y con jurisdicciones de los Estados Unidos.

La carta circular emitida el pasado 7 de diciembre de 2022 por Adams Vega a los aseguradores, reaseguradores que operan en el CIS, sostiene que, si estas empresas se proponen realizar negocios con entidades ubicadas en jurisdicciones de los Estados Unidos, deben cumplir con las regulaciones del Código de Seguros que cobijan a los aseguradores locales.

Alegan carta es ilegal

Fuentes de la industria de seguros aseguran que la determinación de Adams Vega es ilegal porque ni en Código de Seguros ni en la reglamentación que cobija al CIS figura un mandato expreso que condiciona o prohíbe a los aseguradores y reaseguradores realizar negocios desde Puerto Rico con entidades domiciliados en Estados Unidos.

La Asociación de Aseguradores Internacionales de Puerto Rico, que integra a los aseguradores y reaseguradores instalados en el CIS, sostuvo que la carta circular incumplió con la ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, que exige celebrar vistas públicas a las disposiciones reglamentarias que imponen nuevos nuevas obligaciones y penalidades.

De acuerdo con esas fuentes, la carta circular emitida por Adams Vega es el resultado directo de los requerimientos de la NAIC para autorizar la reacreditación de la OCS, luego de que la acreditación fuera suspendida el 27 de julio de 2020, durante la incumbencia del ex Comisionado de Seguros, Rafael Cestero Lopategui.

La determinación de la NAIC obedeció a que, en 2018 el ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, avaló una transacción de que involucró una aseguradora de Wisconsin dedicada a los seguros de vida y seguros de cuidado prolongado con más de 200,000 asegurados en ese estado y otra cantidad indefinida de asegurados en otros estados.

En 2017 las aseguradoras Haven Insurance Company II y su empresa matriz, Haven Holdings Inc fueron registradas en el CIS. El 5 de diciembre de 2018 Rivera Ríos avaló que Haven Insurance Company II adquiriera y se fusionara con Time Insurance Company, una aseguradora domiciliada en Wisconsin.

El producto de la fusión fue registrado en el CIS como Time Insurance Company II, en la categoría de aseguradora y reaseguradora de la Clase 5, dedicada a asegurar y reasegurar riesgos relacionados con seguros de vida e incapacidad.

Petición dispara las alarmas

En 2019, Time Insurance le propuso a la OCS anular los contratos de reaseguro firmados por la extinta Time Insurance de Wisconsin, para recuperar $2,700 millones, los cuales serían invertidos en los llamados “planes de activos segregados” (fideicomisos de inversión), un tipo de inversión permitida en el CIS.

La intención de Time Insurance disparó las alarmas de los Comisionados de Seguro de los estados, porque afectaría a los asegurados que residían en esas jurisdicciones.

Los comisionados de seguros de los estados reclamaron a la OCS que impusiera a Time Insurance regulaciones tal como si fuera un asegurador doméstico que opera en una jurisdicción acreditada por la NAIC.

En 2020 la OCS revirtió la aprobación de Time Insurance, lo que permitió que la aseguradora regresara a Wisconsin, donde fue finalmente sometida a un proceso de liquidación.

Según la NAIC, la OCS fue incapaz de anticipar los graves efectos que la aprobación de la transacción representaría para múltiples estados, lo que también demostró que el regulador local carecía de los recursos para atender transacciones complejas que podrían causar implicaciones en otras jurisdicciones.

Además, la NAIC concluyó que la OCS no tuvo una adecuada comunicación con las oficinas de los comisionados de seguros de las jurisdicciones en los Estados Unidos que podrían experimentar los efectos de la transacción aprobada en Puerto Rico.

La OCS recuperó la acreditación el pasado mes de diciembre, durante la Convención Nacional de la NAIC, que se realizó en un hotel en la ciudad de Tampa en Florida. En la actividad estuvo presente Adams Vega.

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Comisionado de Seguros atenta contra el Centro Internacional de Seguros

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En lo que representa un acto sin precedentes de parte de un miembro del gabinete del gobernador, el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, ha tomado acciones administrativas contra los aseguradores y reaseguradores Internacionales instalados en el Centro Internacional de Seguros (CIS), que está ubicado en San Juan, lo que ha sido catalogado como un atentado contra un instrumento para atraer inversión y promover el desarrollo económico en Puerto Rico.

La acción unilateral tomada por Adams Vega está contenida en una carta circular emitida el pasado 7 de diciembre de 2022, la cual fue dirigida a los aseguradores, reaseguradores y aseguradores de líneas excedentes que operan en el CIS, con el fin de hacer negocios de seguros desde Puerto Rico con países extranjeros y en jurisdicciones de los Estados Unidos.

EL CIS ofrece jugosos beneficios contributivos y exime a los aseguradores y reaseguradores de las numerosas restricciones financieras, requisitos de reserva y de otra índole que el Código de Seguros impone a los aseguradores locales.

La mencionada carta circular emitida por Adams Vega impone nuevos requisitos a los aseguradores y reaseguradores registrados en el CIS para hacer negocios en jurisdicciones de los Estados Unidos, hasta el extremo que los obliga a cumplir con las restrictivas regulaciones del Código de Seguros que cobijan a los aseguradores locales.

En el encabezado de la carta circular se menciona que el tema a tratar es “la aplicabilidad del capítulo 61 del Código de Seguros”, que contiene todas las obligaciones y las exenciones aplicables a las empresas que aspiraban a realizar negocios de seguros desde el CIS, con jurisdicciones en los Estados Unidos y con países extranjeros.

Además, se menciona la Regla 80, que agrupa los normas que regulan a los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS.

Las operaciones de los aseguradores y reaseguradores internacionales también están reguladas por la regla 81, que cobija los planes de activos segregados (fideicomisos de inversión) ; la regla 82, que regula a las compañías tenedoras de aseguradores internacionales y la regla 100, que regula a los reaseguradores.

De hecho, miembros de algunas de las aseguradoras y reaseguradoras que operan en el CIS han catalogado la carta circular de Adams Vega como un empujón que “saca a estas empresas del CIS”.

Tres aseguradoras internacionales rechazados

La determinación de Adams Vega ya causó que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) haya rechazado al menos tres aseguradoras internacionales que habían realizado gestiones para ubicarse en Puerto Rico y que fueron atraídos por los beneficios contributivos y la flexibilidad reglamentaria que ofrece el CIS.

De acuerdo con fuentes de la industria de seguros, la determinación de Adams Vega también ha provocado una gran incertidumbre y desasosiego entre las cerca de 35 aseguradoras y reaseguradores internacionales que actualmente operan en el CIS, algunos de los cuales ya consideran trasladar sus negocios a otros países que ofrecen un esquema regulatorio flexible y favorable a la inversión.

Entre esos países figura con prominencia el territorio británico de Bermudas, que es un paraíso fiscal ubicado al norte del Caribe, a unas 1,000 millas de la costa este de los Estados Unidos.

Bermudas no tiene un impuesto sobre ingresos, exime de contribuciones a las ganancias de capital y a las transacciones relacionadas con sucesiones. Además, posee una industria de servicios financieros bien desarrollada que incluye banca, gestión de inversiones, seguros y servicios fiduciarios.

También ofrece un sistema regulatorio simplificado, cuenta con una fuerza laboral altamente calificada y garantiza fácil acceso a los mercados internacionales.

Comisionado prohíbe hacer negocio en Estados Unidos

La carta normativa emitida por Adams Vega sostiene, entre otros planteamientos, que cualquier asegurador “organizado bajo las leyes de Puerto Rico e interesado en realizar negocio de seguros en otro estado o territorio de Estados Unidos acreditado por la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC), deberá cumplir con los procesos y requisitos bajo el capítulo 3, 28 y 29 del Código de Seguros de Puertos Rico como un asegurador doméstico tradicional”.

El capítulo 3 del Código de Seguros mencionado por la carta normativa regula tanto requisitos de capital, como depósito, inversiones y otros requerimientos exigidos por la OCS para autorizar que un asegurador pueda operar en el mercado local.

Los capítulos 28 y 29 tratan sobre los requisitos de incorporación de un asegurador en el mercado local, así como exigencias para la gobernanza corporativa, derechos y poderes de las corporaciones, dividendos, responsabilidades de los accionistas con las deudas del asegurador, menoscabo de capital y transacciones en otros países, entre otros asuntos.

La carta circular también menciona que la Regla 80 fue enmendada en noviembre de 2020 para aclarar que como resultado de la acreditación de la OCS por la NAIC, el trato de reciprocidad que los estados de Estados Unidos concedan a los aseguradores y reaseguradores que operan en mercado local en asuntos como licencias y reglamentación, no será aplicable a las empresas de seguros instaladas en el CIS, que están regulados por el capítulo 61.

Fuentes de la industria de seguros aseguran que la determinación de Adams Vega es ilegal porque ni el capítulo 61 ni la Regla 80 contienen un mandato expreso que prohíbe a los aseguradores y reaseguradores registrados en el CIS, realizar negocios desde Puerto Rico con entidades domiciliados en Estados Unidos.

NAIC condiciona acreditación

Sostienen las fuentes que la decisión no obedece a las disposiciones de la Ley 399 del 2004, la cual creó el CIS y el marco regulatorio contenido en el capítulo 61.

Una fuente indicó que la carta circular es el resultado directo de los requerimientos de la NAIC para autorizar la reacreditación de la OCS, luego de que la acreditación fuera suspendida el 27 de julio de 2020, durante la incumbencia del ex Comisionado de Seguros, Rafael Cestero Lopategui.

La pérdida de la acreditación fue el resultado de la pobre evaluación efectuada por la OCS de una transacción financiera realizada por un asegurador registrado en el CIS, que habría tenido serias implicaciones en numerosos estados de Estados Unidos.

La OCS recuperó la acreditación de la NAIC luego de una votación del Comité de Normas de Regulación Financiera y Acreditación de la entidad. La votación fue celebrada entre el 12 y 16 de diciembre de 2022, durante la Convención Nacional de la NAIC, que se realizó en un hotel en la ciudad de Tampa en Florida. En la actividad estuvo presente Adams Vega.

OCS contra Converge RE

La carta circular emitida el pasado 7 de diciembre de 2022 fue antecedida por una determinación de la OCS contra el reasegurador internacional Converge RE, la cual fue emitida casi dos meses antes, el 11 de octubre de 2022.

En esa ocasión la OCS produjo una orden de cese y desista contra Converge RE, que comenzó a operar en el CIS en 2017, por una alegada violación a la Regla 80 la cual consistió en suscribir riesgos en reaseguro de asegurados en los Estados Unidos.

Según la orden, el reasegurador había suscrito contratos de reaseguro para anualidades y seguros de vida en dos aseguradores domiciliados en Carolina del Sur y en Utha.

La orden la OCS le advierte a Converge RE que “no podrá continuar suscribiendo riesgos en reaseguro de asegurados domiciliados o residentes en jurisdicciones de cualquier otro estado o territorio de Estados Unidos”.

La orden exigió terminar con los contratos de reaseguro en los dos aseguradores domiciliados en Carolina del Sur y en Utah y además, pidió a Converge RE presentar un plan de transición en los próximos 90 días.

A la sorpresiva decisión de la OCS, Converge RE respondió con un alegato no menos sorpresivo: la Regla 80 no prohíbe la suscripción de riesgos de Estados Unidos.

La controvertible decisión contra Converge RE se ventiló en un proceso administrativo en la OCS, en la cual solicitó participación la Asociación de Aseguradores Internacionales de Puerto Rico (PRIIA por sus siglas en inglés), que integra a los aseguradores y reaseguradores instalados en el CIS. La petición de intervención fue presentada el 18 de noviembre de 2022.

PRIIA pide participar

PRIIA alegó que su participación en el caso estaba justificada por su conocimiento de las operaciones en el CIS y porque ya la OCS había aceptado el valor del peritaje de la organización, durante la redacción de la enmienda a la Regla 80, introducida en noviembre de 2020.

En su petición PRIIA sostuvo que la orden contra Converge RE tendría efectos adversos sobre las políticas y prácticas de todos los aseguradores internacionales, que podría representar pérdidas millonarias y alterar la viabilidad de sus operaciones en el CIS.

Cuando aún la OCS no había respondido a la petición de intervención de PRIIA, Adams Vega emitió la carta circular el 7 de diciembre, donde figura por primera vez que los aseguradores instalados en el CIS que realicen negocio en los Estados Unidos deberán cumplir con las disposiciones de los capítulos 3, 28 y 29 del Código de Seguros.

El 11 de enero de 2023 la OCS emitió una resolución en la que rechazó la intervención de PRIIA. Posteriormente, la OCS no se pronunció sobre una solicitud de reconsideración presentada por PRIIA.

El pasado 17 de marzo la organización acudió al Tribunal Apelativo para solicitar la revocación de la resolución de la OCS. PRIIA también solicitó que el Tribunal revise la carta circular emitida por Adams Vega, porque, alegadamente, en realidad es una regla legislativa debido a que impone nuevas obligaciones y penalidades a las empresas registradas en el CIS.

Carta circular contradice promoción

En su petición la organización planteó que la carta circular incumplió con la ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, que exige celebrar vistas públicas a las disposiciones reglamentarias que imponen nuevas obligaciones y penalidades.

En otro argumento PRIIA sostuvo que la permanencia de la interpretación de la Regla 80 realizada por la OCS causará que los aseguradores y reasegurados podrían abandonar el CIS “porque podrían quedar impedidos de continuar dichas operaciones”.

PRIIA también comentó la posición intransigente de la OCS, que rechazó la intervención de PRIIA y del ex director de la División de Aseguradores y Reaseguradores Internacionales de la OCS, Ruben Gely Rodriguez.

Incluso, PRIIA advirtió que la interpretación de la Regla 80 que favorece Adams Vega contradice la promoción que realiza el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DECC) sobre las virtudes del CIS.

En esa promoción el DECC afirma que en CIS se establecen “aseguradoras y reaseguradoras especializadas de riesgos estadounidenses y no estadounidenses».

En momentos cuando el Tribunal Apelativo aún no había atendido la petición de PRIIA, la OCS y Converge RE alcanzaron un acuerdo confidencial que puso fin a la controversia.

Senado investiga la OCS

El presidente de PRIIA, Hugo Córdova, no estuvo disponible para comentar sobre el acuerdo de la OCS y Converge RE y sobre las implicaciones de la carta circular.

No obstante, la controvertible carta circular emitida por Adams Vega continúa generando incertidumbre en las operaciones del CIS. De hecho, no está claro porqué el actual Comisionado de Seguros ha decidido emprender acciones administrativas contra el CIS, a pesar de que esa oficina ha sido el principal promotor de la ley 399, que permitió fundar el CIS.

Incluso, no está claro si el gobernador Pedro Pierluisi apoya las acciones tomadas por Adams Vega, debido a que en la plaforma política del Partido Nuevo Progresista el CIS figura como un parte integral del conjunto de instrumentos para atraer inversión al país y crear empleos bien remunerados.

De hecho, en la actualidad la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado, que preside el senador Juan Zaragoza, realiza una investigación sobre las decisiones de la OCS relacionadas con el CIS.

La investigación se está efectuando como parte de la Resolución del Senado 612, que ordena investigar los detalles sobre las causas para que la OCS perdiera la acreditación de la NAIC.

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Anticipan monopolio en las negociaciones tarifarias por servicios médicos

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Por Miguel Díaz Román

La negociación colectiva entre los proveedores y las aseguradoras como mecanismo para fijar las tarifas por servicios médicos podría crear un monopolio en la negociación de tarifas a nivel de toda la Isla que aumentará las primas de los seguros de salud privados y los públicos, según sostuvo la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE).

ACODESE indicó que la negociación colectiva podría causar un aumento en el número de personas no aseguradas y amenazar la estabilidad de la industria local de seguros de salud.

La ominosa advertencia tuvo lugar ayer en una vista pública del Proyecto de la Cámara 1641, que propone convertir la negociación colectiva en un instrumento para establecer las tarifas por servicios de salud. La vista fue celebrada por la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes.

La medida propone la negociación colectiva para propiciar un alza en las tarifas y evitar el éxodo de médicos y otros profesionales de la salud.

La licenciada Iraelia Pernas, quien es la directora ejecutiva de la ACODESE, sostuvo que los médicos que no participen de las negociaciones colectivas reclamarán trato igual, según las tarifas acordadas por aquellos grupos que negociaron con las aseguradoras, lo que causaría que las tarifas negociadas quedarían vigentes en toda la isla.

“Aunque (la medida) no dispone que la negociación colectiva que se conduzca será vinculante para ellos, en la práctica éstos van a demandar igual trato que aquellos que negociaron. ¿Se crearía de facto un monopolio en las negociaciones tarifarias? El resultado previsible es que las tarifas quedarían fijadas a nivel toda la Isla e inevitablemente se afectarán los costos de los planes médicos, lo que redundará en una desventaja para los asegurados”, sostuvo Pernas.

La ejecutiva de ACODESE también impugnó la credibilidad de la medida en lo que concierne a que, alegadamente, la negociación colectiva evitará el éxodo de los médicos.

“Sin presentar data alguna que así lo constate, este proyecto de ley concluye que la negociación colectiva retendrá o hará regresar a los médicos que emigraron a los Estados Unidos en búsqueda de mejores condiciones de empleo y paga por sus servicios”, sostuvo Pernas en una vista pública que se caracterizó por una atmósfera hostil contra las aseguradoras, la cual fue compartida por los deponentes y los legisladores.

Éxodo de médicos por varias causas

Pernas dijo que la fuga de profesionales de la salud no se obedece exclusivamente a las diferencias entre las aseguradoras y la clase médica y señaló que existen otros precipitantes económicos que propician el éxodo de los puertorriqueños en general, tales como el aumento en tasas contributivas, servicios de salud, luz, agua, medicamentos, educación, todos los cuales son servicios esenciales.

La directora ejecutiva de la ACODESE recordó que las medidas tomadas por el gobierno para evitar el éxodo de los médicos y el retorno de los que ya emigraron no han tenido éxito y presentó como ejemplo la reducción a 4% la tasa contributiva que cobija a los médicos.

Incluso, Pernas cuestionó la credibilidad de un estudio que ordenó la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) al economista Ramón Cao, para conocer el comportamiento del mercado de seguros de salud debido a que utilizó la información de un censo cuya confiabilidad no ha sido constatada.

No obstante, los portavoces del Colegio de Cirujanos Dentistas (CCD) y de la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología (SPTO) respaldaron la medida porque, alegadamente, evitaría el éxodo de médicos y otros profesionales de la salud a través de un alza de las tarifas por servicios que le haría justicia a los proveedores.

Contratos onerosos

Los portavoces de ambas organizaciones, Raúl Dámaso Ortiz, presidente del CCD, y Antonio Otero, presidente de la SPTO, denunciaron que además de las bajas tarifas, el éxodo también responde a las condiciones onerosas que contienen los contratos para servicios médicos que proponen las aseguradoras.

De hecho, el doctor Otero reveló que una costumbre de las aseguradoras es presentar los contratos sin incluir las tarifas de pago por servicios. Además, los contratos sólo conceden 90 días para presentar facturas por servicios y 25 días para reclamaciones. “Medicare no permite hasta un año para presentar facturas”, dijo Otero.

El doctor Otero, quien se dedica a realizar reemplazos de rodilla y cadera, dijo que por cada uno de estos procedimientos recibe una compensación de hasta dos veces y media menor que la que obtiene un ortopeda en Estados Unidos.

“El modelo actual está totalmente sesgado a favor de las aseguradoras”, dijo Otero.

Por su parte, el doctor Dámaso Ortiz denunció que por más de 25 años las tarifas para determinados procedimientos dentales no han sufrido cambios mientras las primas de los seguros de salud aumentan frecuentemente.

Luego de que fuera cuestionada por varios legisladores, Pernas explicó que para establecer tarifas las aseguradoras emplean información actuarial, la cual ofrece estadísticas sobre la utilización de determinados servicios y su costo.

El doctor Dámaso Ortiz reveló que una aseguradora bajó las tarifas recientemente, lo que causó asombro a varios legisladores.

El Proyecto 1641 fue radicado por la representante Sol Higgins Cuadrado, quien preside la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes,. junto al presidente del cuerpo legislativo, Rafael Hernández Montañez, y por el representante Carlos Méndez.

La negociación colectiva figura como un mecanismo para que las aseguradoras y los proveedores acuerden el monto de las tarifas desde 2008, cuando se aprobó la ley 203.

El estatuto añadió el capítulo 31 al Código de Seguros, pero se convirtió en uno inoperante a consecuencia de las excesivas disposiciones de la regla 91, que es el reglamento de la ley, el cual fue establecido por la OCS.

Pero la medida propone enmendar la ley 203 y la regla 91, con el objetivo de convertir la negociación colectiva en un mecanismo viable.

El Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, ha respaldado la medida e incluso contrató al economista Cao para que efectuara un estudio para analizar el comportamiento actual de las fuerzas del mercado de salud para posibilitar la negociación colectiva.

Confirmada la concentración del mercado

El estudio confirmó la concentración del mercado en los seguros de salud por parte de varias aseguradoras por primas suscritas y por distribución de suscriptores. El estudio ha sido la base conceptual para varias enmiendas propuestas a la medida por Adams Vega.

Entre las enmiendas presentadas por el funcionario figura considerar a toda la isla como una sola área geográfica, lo que eliminaría las once áreas geográficas reconocidas por la regla 91.

Una de las enmiendas dispone que el proceso de negociación colectiva sea obligatorio y además, propone aumentar de un 20% a 40% el número de proveedores que se pueden unir para negociar con las aseguradoras.

Otra enmienda propone derogar el artículo 31.060 del Código de Seguros, para eliminar la Junta Revisora de Tarifas de Planes Médicos y Seguros, debido a que su excesiva injerencia operó como un obstáculo contra la negociación colectiva y convirtió al organismo en uno inefectivo.

Cuestionan credibilidad de estudio

Pernas cuestionó la credibilidad del estudio efectuado por el economista Cao, debido a que fue elaborado con los resultados de un censo que realizó el Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico, del cual se desconoce el tipo de metodología utilizada y la confiabilidad de los resultados censales, según lo menciona el propio estudio en una nota al calce.

“¿Puede esta honorable Asamblea Legislativa tomar como fuente confiable una recomendación basada en información que no ha sido constatada?”, cuestionó Pernas durante su ponencia, lo que desató reacciones a favor del estudio de parte de la representante Higgins Cuadrado y del representante independentista Dennis Márquez.

“Este es el estudio del gobierno”, exclamó Higgins Cuadrado.

“Es una nota al calce (el comentario sobre la metodología y la confiabilidad) y no es parte del estudio”, reclamó el representante Márquez, quien dijo favorecer la negociación colectiva.

Incluso, el representante Márquez cuestionó la posición de ACODESE sobre que la negociación colectiva causará un alza en las primas.

“Este no es un problema de costo (el alza en las primas), es un problema de ganancias. Que vale más las ganancias millonarias de las aseguradoras que la vida humana”, dijo Márquez.

Pernas alegó que el Proyecto 1641 pretende lograr por legislación lo que el Colegio de Médicos Cirujanos no logró a través de un interdicto contra la regla 91, en el que se alegó que varias disposiciones del reglamento eran contrarios a la negociación colectiva que es permitida por la ley 203.

La directora ejecutiva de ACODESE recomendó a la Comisión de Salud solicitar los comentarios de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos de América (FTC por sus siglas en inglés) que ha concluido que la negociación colectiva puede aumentar los costos y reducir la innovación y el acceso a los servicios de salud como resultado de la limitación a los beneficios que genera la libre competencia.

La representante Higgins Cuadrado aceptó la propuesta de consultar a la FTC.

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Justicia rechaza Comisionado de Seguros ajuste reclamaciones

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Por Miguel Díaz Román

En lo que representa una estocada mortal contra una medida que propone facultar a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) con el poder de ajustar reclamaciones impugnadas por los asegurados, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, favoreció que dicha facultad permanezca en los tribunales.

El secretario de Justicia sostuvo que la medida que concede a la OCS el poder de ajustar reclamaciones en controversia carece de unos parámetros y criterios que guíen la adjudicación administrativa con el fin de evitar las decisiones arbitrarias o caprichosas.

El funcionario hizo las expresiones a través de una ponencia escrita que recibió la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e industria de Seguros, que ayer celebró una vista pública para examinar el Proyecto de la Cámara 1533, radicado el pasado 17 de octubre por la representante Estrella Martínez Soto.

“La delegación de poderes cuasi legislativos y cuasi judiciales es permisible si se hace a través de un principio inteligible que guíe la autoridad de la agencia. A estos efectos, observamos que la medida no cuenta con unos parámetros específicos para delimitar sus facultades. Véase que la medida incluye una delegación de funciones general mediante la cual delega una función cuasi judicial técnica a la agencia sin establecer unas guías claras”, indicó Emanuelli Hernández.

La medida propone que la OCS posea la facultad “de revisar y determinar la valoración de daños en reclamaciones de seguros en controversia”.

La redacción actual del proyecto no establece limitaciones sobre el monto económico de las reclamaciones en controversia que podría revisar la OCS y tampoco identifica si estas reclamaciones serán comerciales o aquellas presentadas por individuos y relativas a sus propiedades privadas.

La única enmienda propuesta a la medida que aún no ha sido introducida al texto es para confinar la intervención de la OCS en reclamaciones de individuos de hasta $300,000.

La enmienda fue presentada en una reciente vista pública del Proyecto 1533 por el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega.

El proyecto también dispone que durante un estado de emergencia la OCS podrá ordenar a los aseguradores emitir pagos parciales en reclamaciones libres de controversia y sin necesidad de esperar a la resolución total de la reclamación.

Evitar actuaciones arbitrarias y caprichosas

“En aras de evitar que la actuación de la agencia resulte arbitraria o caprichosa, el proceso adjudicativo con el cual se pretende facultar a la OCS debió tener unos parámetros, estándares o criterios que guíen claramente la adjudicación administrativa, dentro de un marco normativo establecido por la ley 38 de 2017, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico (LPAU). Por lo tanto, ante la falta de estos parámetros específicos en la medida, entendemos que la función de la valoración del daño en estos casos se debe dejar a la discreción de los tribunales”, sentenció el secretario de Justicia.

El Proyecto 1533 fue radicado por la representante Martínez Soto a instancias de Adams Vega, como una respuesta de la Legislatura y del Ejecutivo, luego de la experiencia tras el huracán María sobre el alegado atraso en el pago de reclamaciones y las presuntas bajas ofertas para reparar daños por parte de las aseguradoras.

Adams Vega ha sostenido que la medida pretende ofrecer una alternativa a los asegurados insatisfechos con los ajustes realizados por las aseguradoras, quienes acuden a la OCS en busca de un remedio y no lo encuentran debido a que actualmente el Código de Seguros no faculta al regulador con el poder de intervenir en una reclamación.

Pero la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) sostiene que para finales del 2021 la mayoría de las reclamaciones provocadas por el huracán María, unas 300,582 ya fueron atendidas y el dinero desembolsado asciende a $7,200 millones.

ACODESE también alega que hasta septiembre de 2022 permanecían pendientes 1,800 reclamaciones, de las cuales 1,400 se encontraban en litigio en los tribunales, muchas de las cuales fueron impugnadas por las aseguradoras debido a las alegadas acciones fraudulentas de parte de determinados ajustadores públicos por medio del mecanismo de inflar reclamaciones.

No retirará la medida

De hecho, los principales ejecutivos de la aseguradora Mapfre han denunciado que las supuestas ofertas bajas y el retraso en resolver reclamaciones son argumentos falsos que no responden a la realidad y que tienen como objetivo de desacreditar y crear animosidad contra las aseguradoras del país.

La posición esgrimida por Emanuelli Hernández podría ser determinante en el futuro de la medida en la Cámara de Representantes.

Incluso, si la medida fuera aprobada en la Cámara sin cambios, los señalamientos del secretario de Justicia podrían alimentar una atmósfera contraria a su aprobación en el Senado, un cuerpo que tradicionalmente ha mostrado más disposición a escuchar la posición de las aseguradoras.

Pero si ambos cuerpos avalaran el proyecto sin introducir enmiendas, la posición del secretario de Justicia tendría un gran peso en la decisión que finalmente tomé el gobernador Pedro Pierluisi cuando el proyecto llegue a su escritorio.

En reacción a la posición del secretario de Justicia, la representante Martínez Soto sostuvo que no retirará la medida.

Sobre sí introducirá enmiendas al Proyecto 1533 para satisfacer la falta de parámetros señalada por Emanuelli Hernández, la legisladora indicó que “aún la medida se está trabajando, aún no puedo darle esa respuesta”.

Por su parte, la licenciada Iraelia Pernas, quien es la directora ejecutiva de ACODESE, indicó que la posición del secretario de Justicia es válida porque concluye que ante la falta de parámetros la valoración de los daños en reclamaciones impugnadas “se debe dejar a la discreción de los tribunales”.

La medida es insalvable

No obstante, Pernas dijo que aún estableciendo parámetros y criterios la medida es “insalvable” porque no se corrige el conflicto que representa que la agencia supervisora de las compañías de seguros también participe en la adjudicación de reclamaciones en controversia.

“Más allá de la posición de Justicia, entendemos que aún estableciendo unos parámetros, existe un problema de conflicto entre el deber principal de la OCS, que es supervisar las compañías y la industria de seguros y se establece una dualidad donde (la OCS) se convierte en juez y parte y puede haber unos conflictos sobre cómo actuar. Insistimos en que el foro idóneo son los tribunales”, dijo Pernas.

En su ponencia Emanuell Hernández sostuvo que la delegación de poderes a las agencias administrativas ha sido respaldada por el gobierno federal y por el gobierno local “siempre y cuando la ley habilitadora establezca normas adecuadas o principios inteligibles que sirvan de guía a la delegación y delimiten sus facultades para evitar que la actuación de la agencia resulte arbitraria o caprichosa”.

También señala que, aunque en el pasado se tenía la concepción de que sólo los tribunales podían conceder indemnizaciones monetarias para compensar los daños sufridos, en la actualidad se acepta como válida la delegación de este poder a las agencias “al amparo de su ley habilitadora o porque está consignado en su amplia facultad para conceder remedios”.

Permanecen 537 casos en los tribunales

Además, indicó que la LPAU establece los criterios para que el proceso adjudicativo formal en una agencia proteja cuatro derechos principales: el derecho a notificación de los cargos o querellas en contra de una parte; el derecho a presentar evidencia; el derecho a una adjudicación imparcial; y el derecho a que la decisión sea basada en el expediente.

En la vista pública también compareció la licenciada Gisel Rosa González, quien es asesora legal de la Administración de Tribunales. La abogada indicó que aún permanecen en los tribunales 537 casos de reclamaciones en controversia, de un total de 4,317, lo que implica que ya se han resuelto 3,780 casos.

La representante Martínez Soto preguntó a la deponente si facultar la OCS con el poder de ajustar reclamaciones era una medida favorable para los consumidores, pero la licenciada Rosa González rechazó emitir una opinión debido a que las decisiones de política pública corresponden a la Legislatura y al Ejecutivo.

“El poder judicial tiene por norma abstenerse de emitir una opinión sobre asuntos de política pública”, dijo Rosa González.
Pero la abogada comentó que si la determinación pretendía facilitar la resolución de controversias sería una medida que favorece a los consumidores.

La legisladora también preguntó si facultar a la OCS con el poder de ajustar reclamaciones convertiría a esa agencia en juez y parte, a lo que la licenciada Rosa González respondió que la asamblea legislativa puede delegar poderes cuasi judiciales a las agencias.

“Si es conveniente en este caso, nos abstenemos de comentar”, dijo Rosa González.

La abogada indicó que en sus conversaciones con jueces que han considerado controversias sobre seguros en sus salas, ha surgido que las controversias que involucran comercios y condominios pueden tardar más tiempo debido a que suelen ser casos complejos porque involucran múltiples reclamaciones y reclamantes.

Los principales ejecutivos de las aseguradoras del país sostienen que la aprobación del Proyecto 1533 podría colocar en peligro la disponibilidad de reaseguro y causar un alza en las primas de seguros y una merma sustancial en la capacidad de las aseguradoras para asegurar propiedades.

En un foro sobre reaseguro celebrado en las pasadas semanas por ACODESE, los representantes de los principales reaseguradores que asumen riesgos en Puerto Rico levantaron su voz por la atmósfera de “inseguridad legal”, “incertidumbre” y de posibles “conflictos” que podría causar la aprobación del Proyecto 1533.

En el citado foro Adams Vega restó importancia a los señalamientos de los representantes de los reaseguradores al sostener que “parten de premisas erradas”.

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Comisionado de Seguros: reaseguradores parten de “premisas erradas”

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Por Miguel Díaz Román

A pesar de que los representantes de los principales reaseguradores que asumen riesgos en Puerto Rico levantaron su voz por la atmósfera de “inseguridad legal”, “incertidumbre” y de posibles “conflictos” que podría causar una medida que concede al gobierno el poder de ajustar las reclamaciones emitidas por las aseguradoras privadas, el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, restó importancia a los señalamientos al sostener que los reaseguradores parten de “premisas erradas”.

Adams Vega sostuvo que la medida pretende ofrecer una alternativa a los asegurados insatisfechos con los ajustes realizados por las aseguradoras, quienes acuden a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) en busca de un remedio y no lo encuentran debido a que actualmente el Código de Seguros no faculta al regulador con el poder de intervenir en una reclamación.

El funcionario no explicó en qué consisten las “premisas erradas” que atribuyó a los representantes de los reaseguradores, pero advirtió que el Proyecto de la Cámara 1533 solo le permitiría a la OCS “revisar” las reclamaciones emitidas por las aseguradoras.

Adams Vega se amparó en la palabra “revisar” como un subterfugio semántico para minimizar los efectos del poder que le reconoce la medida. Pero la redacción del proyecto establece claramente que, además de “revisar”, el Comisionado de Seguros podrá “determinar la valoración de daños en reclamaciones de seguros en controversia”.

Los planteamientos de Adamas Vega y de los ejecutivos de las compañías de reaseguro formaron parte del foro “Reaseguro, retos de la industria de seguros en Puerto Rico 2023”, auspiciado por la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE).

La actividad fue celebrada el pasado jueves en el hotel Vanderbilt en el Condado.

Durante el foro Harry Bishop, vicepresidente de Guy Carpenter; Tobias Heister, gerente de clientes de Munich Re Caribbean; Humberto Cabrera, principal oficial de Latin American P&C Partner Re y Eduardo Garduño, principal oficial del reasegurador Swiss Re para las regiones Andina y del Caribe, dejaron saber en distintas instancias la incertidumbre que ha provocado el Proyecto 1533.

Con reservas los reaseguradores

Las reservas de los ejecutivos con el propósito de la medida acontecen en el contexto de que la industria de reaseguro a nivel mundial atraviesa un periodo de reducción de capacidad debido a las pérdidas sufridas en los pasados años por las diversas catástrofes ocurridas, la caída del euro y los efectos colaterales causados por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Los representantes de los reaseguradores también plantearon de manera clara que actualmente existe una competencia entre diversas jurisdicciones en busca de capacidad de reaseguro y advirtieron que para las compañías de reaseguro la seguridad legal y la ausencia de incertidumbre en los aspectos regulatorios serán factores importantes a considerar para invertir en determinados mercados.

De hecho, Eduardo Garduño sostuvo que la iniciativa de investir al regulador con el poder de intervenir reclamaciones ya fue avalado por algunos países en Latinoamérica como Ecuador, y la experiencia ha sido tan desfavorable que actualmente existen iniciativas para desmontar el aparato legal que lo posibilitó.

El Proyecto 1533 fue presentado por la representante Estrella Martínez Soto a petición del propio Adams Vega.

El funcionario sostuvo en el foro que las situaciones precursoras de la medida fueron el atraso en el pago de reclamaciones tras el huracán María y los alegados bajos ajustes de daños efectuados por determinadas aseguradoras.

Sin evidencia el Comisionado de Seguros

El Comisionado de Seguros no acompañó sus argumentos a favor de la medida con evidencia estadística sobre las dificultades de los asegurados tras el huracán María, sino que fundamentó su apoyo en una experiencia que tuvo durante una entrevista en una estación de radio, en la que un radioescucha planteó que debido a las dificultades que experimentó para cobrar una reclamación había perdido la fe en la industria de seguros.

ACODESE ha sostenido que hasta el presente se han desembolsado más de $7.2 billones en pagos por reclamaciones causadas por los huracanes Irma y María.

En total, se han resuelto 300,582 reclamaciones y aún permanecen pendientes 1,800 reclamaciones, de las cuales 1,400 están en litigio en los tribunales.

Según ACODESE, el retraso en la resolución de reclamaciones obedeció a varios factores en los que figuran el desconocimiento de los asegurados sobre el alcance de sus pólizas y sobre los requisitos para presentar reclamaciones.

Otro factor fue la presentación de reclamaciones infladas por parte de determinados ajustadores públicos.

Fraude sin respuesta

Durante el foro Adams Vega no ofreció respuesta en dos ocasiones cuando se le preguntó cuántos casos de fraude había presentado la OCS contra ajustadores públicos que habían inflado reclamaciones.

Entre estos ajustadores públicos figura la empresa Scott Favre Adjusters, a la cual la OCS imputó diversas violaciones al Código de Seguros en 2019 por cometer fraude al presentar estimados de pérdidas infladas en los daños causados por el huracán María.

La OCS le imputó al ajustador público haber cometido fraude en las reclamaciones de un edificio de la empresa Rivera Siaca Inc, ubicado en San Juan, y en propiedades de los municipios de Yabucoa y San Germán. Tres años después de la determinación de la OCS, el caso de Scott Favre no ha sido examinado en una vista a fondo.

El ajustador público es representado por el licenciado Andrés Guillemard, quien es el esposo de Caridad Pierluisi, hermana del gobernador, Pedro Pierluisi, y quien ocupa la posición de directora de la Oficina del Gobernador.

También figuran como abogados de Scott Favre los licenciados Ramón Rosario y Alfonso Orona. Durante la administración del ex gobernador Ricardo Rosselló, Rosario fue ex secretario de Asuntos Públicos y Orona fue asesor legal en la Fortaleza.

No está claro si los estrechos vínculos de los abogados de Scott Favre con la administración del gobernador Pierluisi y con el Partido Nuevo Progresista estén relacionados con la falta de acción de la OCS en el caso del ajustador público.

En la OCS también se han radicado querellas contra Edward Reynols y la empresa 411 Claims PR LLC, por, alegadamente, fungir ilegalmente como ajustadores públicos de la Autoridad de Carreteras y la Autoridad de Transporte Marítimo, debido a que no tienen licencia.

Demonizada la industria de seguros

Adams Vega también intentó disminuir el alcance del Proyecto 1533 al plantear que propuso una enmienda para confinar la intervención de la OCS en reclamaciones de individuos de hasta $300,000, lo que fue considerado como un límite excesivo por Luis Negrón, quien es vicepresidente de suscripción y reclamaciones de Mapfre.

Negrón indicó que en el universo de reclamaciones que maneja Mapfre, la mayoría de los reclamos de individuos se encuentran en los $300,000 o menos, lo que implica que la OCS tendría un radio amplio de intervención en los ajustes realizados por esa y otras aseguradoras.

El ejecutivo denunció lo que llamó una retórica “para demonizar a la industria de seguros la cual ha sido respaldada por el gobierno, determinados bufetes de abogados y ajustadores públicos”.

El funcionario reveló que la OCS realiza una revisión actuarial de las tarifas de la póliza básica para viviendas que provee protección contra daños causados por fuego, huracán o terremoto y que se conoce como “pólizas dwelling”.

Las tarifas de estas pólizas no se han reevaluado durante décadas y han sido señaladas por los reaseguradores como insuficientes, en relación con el costo actual de las propiedades en Puerto Rico y el alza en el costo de reconstrucción incluyendo materiales de construcción y mano de obra.

Adams Vega dijo que antes de que se culmine la revisión, la OCS estaría aceptando solicitudes de desviación de las tarifas vigentes de parte de las aseguradoras.

El Comisionado anunció que aprobará nuevos requisitos para estimar la pérdida máxima probable, la cual surge del promedio de pérdida que arrojen los resultados de dos programas de simulación catastrófica.

Dijo que como resultado de nuevas disposiciones de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros habrá hasta 34 nuevos reaseguradores a través de las llamadas “jurisdicciones recíprocas”, pero los ejecutivos de las aseguradoras locales indicaron que no se ha registrado en el mercado local la presencia nueva capacidad de reaseguro.

Inminente alza en el reaseguro

En el foro Harry Bishop comentó un inminente aumento en el costo de reaseguro que podría alcanzar hasta un 27% para los riesgos catastróficos de propiedad, y específicamente indicó que para el Caribe el alza podría oscilar entre 15 % y 30 %, lo cual ya era conocido en la industria local de seguros.

No obstante, lo que aún las aseguradoras locales desconocen es el monto del aumento que los reaseguradores exigirán por sus carteras individuales de riesgos, lo que impide definir el efecto que tendrá en el costo de los seguros a nivel del consumidor.

En los próximos meses las aseguradoras conocerán el monto del alza durante la renovación de sus contratos de reaseguro con los reaseguradores.

El presidente de Antilles Insurance, Jaime González, sostuvo que ha expresado a los reaseguradores su preocupación por aumentos que superen el 20%, debido a la situación asfixiante que enfrenta el consumidor local por los aumentos en el costo de vida causados por la inflación.

“Yo he tratado de decirles que es muy difícil vender un aumento muy grande porque estamos en una economía débil, donde todo el mundo está pagando más por los huevos, el agua…por todo. Yo puedo vender un 20 %, pero es difícil vender un 30%, un 40% y 50 % a un asegurado que está pagando más por todo”, indicó.

Más cambios

González sostuvo que el efecto del aumento en el reaseguro y la reducción de capacidad vendrán acompañados de otras modificaciones impulsadas por los reaseguradores tales como un aumento en la llamada retención, que es aquella porción del riesgo que pagan las aseguradoras en reclamaciones utilizando fondos propios, en caso de que ocurra un evento catastrófico.

“Al aumentar esas retenciones nuestros resultados operacionales se pueden ver afectados en caso de una catástrofe”, advirtió el ejecutivo.

Los reaseguradores también exigirán un aumento en el depósito o la prima mínima que pagan las aseguradoras como parte de los contratos de reaseguro. “Si antes la prima era de 70% ahora será de 80 % y 90 %”, dijo González.

Otra novedad es que los reaseguradores cobrarán un cargo adicional para garantizar protección si ocurre un segundo evento catastrófico durante la vigencia de un contrato anual.

“Antes nosotros comprábamos una capa catastrófica que cubría dos eventos. Ahora tendremos que pagar por ese segundo evento”, agregó González.

Además, los contratos de reaseguro catastrófico serán restringidos por el concepto denominado “peligros nombrados”, que es definir claramente los riesgos para huracán y terremotos.

José Del Amo Mojica, presidente de Triple S Propiedad, sostuvo que el desafío será “cómo vamos a transferir gran parte de estos costos a nuestros asegurados. Algunos recibirán un mayor incremento, otros recibirán menos y quizás algunos no recibirán nada porque ya se habían incrementado sus tasas”.

Jorge Amadeo, jefe se suscripción de Universal Insurance, indicó que el aumento en “el reaseguro será de doble dígito en caso de todos los riesgos”. Indicó que el efecto del alza hacia el consumidor dependerá “de la tolerancia de riesgo de cada compañía y del resultado de la negociación con los reaseguradores”.

Negrón sostuvo que “vamos a tener que ser selectivos en los riesgos y cómo usamos esa capacidad para asegurarnos que se cubran las necesidades de los principales clientes de la aseguradora”.

En el foro trascendió que habrá capacidad de reaseguro para las carteras de clientes existentes, lo que implica que los nuevos clientes podrían enfrentar serias dificultades para conseguir una póliza de seguros para sus operaciones y propiedades.

Entre nuevos clientes figuran decenas de proyectos estratégicos de infraestructura promovidos por el gobierno con los fondos federales de reconstrucción.

En el foro se discutieron los efectos del cambio climático y cómo será afectada la industria de seguros a causa de los trastornos de la economía local.

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A vista ejecutiva González Beiró por falta de estudio sobre industria lechera

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Por Miguel Díaz Román

El Departamento de Agricultura (DA) y su secretario, Ramón González Beiró, deberán ofrecer explicaciones en el Senado sobre por qué no se ha concluido el llamado estudio económico exhaustivo de la industria lechera, que no se ha realizado desde 2016, a pesar que por ley se debe efectuar cada cuatro años.

González Beiró y los directivos de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) serán confrontados junto con los ejecutivos de las plantas procesadoras y los representantes del sector de los ganaderos en una vista ejecutiva en la Comisión de Agricultura del Senado, que preside el senador José Luis Dalmau, quien también es el presidente del cuerpo senatorial.

La vista ejecutiva será celebrada la última semana de mayo, según informó ayer la senadora Ada García Montes, quien es la vicepresidente de la Comisión de Agricultura.

La senadora había radicado el pasado 20 de abril la Petición 2023-0105, que le concedió al secretario de Agricultura cinco días para responder a cinco interrogantes principales sobre por qué no se ha concluido el citado estudio económico.

La petición fue tramitada a través de la secretaría del Senado y el 26 de abril González Beiró respondió a las cinco preguntas.
Pero García Montes sostuvo que no está satisfecha con las explicaciones que ofreció González Beiró.

“No estamos satisfechos con las respuestas del secretario. No hay una fecha para terminar el estudio y por eso estamos recibiendo asesoramiento legal para ver si podemos ir con un recurso de mandamus para obligar al secretario que termine el estudio o si debe ser una expresión del cuerpo (del Senado)”, había dicho la senadora García Montes la semana pasada.

Aumentan las quiebras de ganaderos

Ayer la senadora indicó que tras sostener una reunión con el presidente del Senado y sus asesores se decidió acoger el mecanismo de la vista ejecutiva para confrontar a González Beiró y a los directivos de la ORIL.

Actualmente, el secretario ocupa la dirección de la ORIL de manera interina luego de que su pasado director ejecutivo, el licenciado Javier Lugo Rullán, renunciara al cargo y pasara a dirigir la Corporación de Seguros Agrícolas.

El estudio económico exhaustivo de la industria lechera es una indagación económica que se utiliza para garantizar un adecuado margen de ganancias a los integrantes de la industria lechera y un precio razonable a los consumidores de leche.

De hecho, existen determinados ganaderos que responsabilizan al DA y a la ORIL por el aumento de ganaderías en quiebras debido a que carecen de un adecuado margen de ganancias porque no se ha realizado el estudio económico exhaustivo.

Según el Boletín de Puerto Rico, que recopila información sobre las quiebras en el país, en los primeros nueve meses del 2022 se habían registrado 12 quiebras en el sector agrícola, de las cuales siete fueron empresas de ganadería.

El licenciado Homel Mercado, quien representa a numerosos ganaderos en los procesos de quiebra ante el Tribunal Federal, indicó que conoce al menos seis dueños de vaquerías que están considerando presentar una solicitud de quiebra.

De hecho, Mercado sostuvo que entre 2021 y 2022 aproximadamente seis vaquerías han dejado de operar sin recurrir a radicar quiebra, lo que dramatiza el estado crítico que enfrenta el sector de leche.

Vedada la prensa a la vista ejecutiva

No están totalmente claras las razones para que el interrogatorio de González Beiró y a los demás deponentes se realice en una vista ejecutiva, lo que impedirá la presencia de la prensa.

La ausencia de la prensa en la vista impedirá que trascienda la información según surgió durante el intercambio entre los senadores y los deponentes, y también obligará a los periodistas a depender de los relatos que ofrezcan voluntariamente los senadores.

De las respuestas de González Beiró a la Petición 2023-0105 se desprende que la finalización del estudio es incierta debido a que la ORIL aún está recibiendo información económica de las plantas procesadoras y comenzando a recopilar información de más de 100 ganaderías.

Incluso, el secretario sostuvo en sus respuestas que aún la ORIL está contratando personal para recopilar información en el campo.

“Estamos en el proceso de contratar recopiladores adicionales para culminar el proceso lo antes posible”, dijo González Beiró.

Dudas sobre empresa contratada para estudio

Según el secretario, la finalización del estudio “depende en gran medida de la velocidad con que nos entreguen la información para el análisis y el número de recopiladores en el campo. Estamos en proceso de contratar personal adicional a través de una compañía de empleos temporeros para acelerar la fase de campo”.

El estudio económico exhaustivo de la industria lechera es un requisito de la ley 34 de 1957, conocida como Ley para Reglamentar la Industria Lechera.

El estatuto dispone que el administrador de la Industria Lechera debe «realizar estudios económicos exhaustivos por lo menos cada cuatro años, a los fines de revisar y mantener el precio de la leche fresca dentro de un margen razonable y equitativo para los diferentes sectores dentro de la industria”.

El último estudio económico exhaustivo se realizó en 2016 y fue actualizado en el 2018, pero nunca fue presentado en vistas públicas que es un requisito fundamental para validar sus resultados y establecer cambios en el margen de ganancia de los integrantes de la industria lechera si fuera necesario.

De hecho, la senadora García Montes reveló que la ORIL contrató una empresa para realizar el estudio económico y hasta el momento se desconoce la cantidad de fondos públicos que ha recibido la empresa por un estudio que no se ha finalizado.

“La vista servirá para aclarar dudas relacionadas a la compañía contratada para llevar a cabo el estudio, el contrato, la fecha en la cual culminará la investigación, así como otros asuntos relacionados. La vista permitirá a la Comisión determinar el curso de acción futuro con relación a este tema”, dijo García Montes.

Cuestionan subsidio

En sus respuestas el secretario indicó que en 2022 la ORIL emitió una orden administrativa para aumentar el precio de la leche fresca y la leche UHT, que fue efectiva a partir del 26 de mayo de 2022, y que incluyó una revisión de los costos de producción.

González Beiró sostuvo que “la revisión del precio de la leche se realizó por causa del aumento en precios, principalmente los alimentos concentrados, como consecuencia del conflicto entre Ucrania y Rusia, por lo que el precio a pagarse a los productores aumentó a $0.97 centavos por cuartillo. Posteriormente, se revisó el costo de las Plantas Elaboradoras dando un costo y margen de ganancia mínima de $0.67 centavos por cuartillo para la leche fresca a las Plantas Elaboradoras”.

Según el funcionario, con el fin de aliviar la carga económica a los ganaderos y reducir los efectos de la inflación, el DA ofrece subsidios para la compra de fertilizantes, siembra de pastos mejorados, crianza de novillas y reemplazo de equipos.

González Beiró también reveló que el DA invierte $13 millones anuales para ofrecer incentivos y subsidiar a los ganaderos. “Subsidiamos el precio que recibe el ganadero, bisemanalmente se otorga un subsidio de entre 15 a 25 centavos por cuartillo del segundo nivel aplicados en el pago a los ganaderos para aliviar el alza en los costos”.

No obstante, los conocedores del mercado de leche sostienen que no tiene sentido incentivar el segundo nivel, que comprende la producción de leche que se destina para la elaboración de subproductos lácteos, incluyendo la exportación de leche a la República Dominicana.

“Lo que se debe incentivar es la producción de leche fresca que es el principal producto para los ganaderos y para la industria lechera”, dijo el ganadero Carlos Benítez.

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OGPe no descarta prorrogar nuevo código de inspección de edificios

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Por Miguel Díaz Román

El secretario auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el licenciado Félix Rivera, no descartó solicitar una prórroga a la Legislatura para poder cumplir debidamente con un mandato que le ordena establecer un Código de Mantenimiento que garantice la seguridad de condominios y edificios construidos hace más de 30 años.

“Las cosas se tienen que hacer bien y si tenemos que pedir una prórroga lo vamos a hacer porque no vamos a sacar algo a la ligera que después no cumpla”, dijo Rivera, quien aclaró que asumió el cargo de secretario auxiliar de OGPe, el pasado mes de marzo.

De acuerdo con fuentes conocedoras de las interioridades de la OGPe, la agencia estaría en problemas para cumplir con el mandato de la Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes 201 (RCC 201), que ordena a la agencia acoger un código internacional de mantenimiento de estructuras y atemperarlo a las condiciones del país.

La RCC 201 pretende establecer la inspección y certificación obligatoria de estructuras antiguas con el fin de evitar que en la isla ocurra una tragedia similar al colapso del edificio Champlain Towers South, ocurrida en 2021 en el estado de Florida.

Se estima que en la isla existen cerca de un millón de edificios construidos más de 30 años atrás que incluyen estructuras públicas como el Coliseo Roberto Clemente y el centro gubernamental Minillas.

El pasado 7 de junio de 2022 el gobernador Pedro Pierluisi firmó la RCC 201, lo que implica que la OGPe tiene hasta el próximo 7 de junio para cumplir con todo lo dispuesto en la medida.

La resolución 201, además, dispone que la OGPe deberá concebir y redactar un Código de Mantenimiento para garantizar la seguridad de las estructuras.

Además, deberá establecer un reglamento para manejar aquellos edificios que no son seguros debido a que no cumplen con las exigencias del Código de Mantenimiento.

Proceso comprende vista pública

“Estamos dándole seguimiento (para cumplir con la RCC 201) y en caso de que no podamos culminar en junio, estaríamos pidiendo una prórroga”, agregó el funcionario.

Rivera indicó que el trámite para para cumplir con el mandato de la RCC 201 comprende celebrar una vista técnica con el comité de evaluación de códigos de OGPe, en la que se dilucidarán diversos aspectos técnicos y procesales relacionados con las exigencias de la resolución, el Código de Mantenimiento y el reglamento.

“La vista técnica será celebrada antes de que termine el mes de mayo”, dijo Rivera.

Sostuvo que en junio se estaría celebrando una vista pública en la que los diversos sectores del país podrán expresar si favorecen o se oponen a las disposiciones de la RCC 201.

El funcionario dijo que no ha recibido información sobre la existencia de oposición contra la RCC 201.

Este periodista ha recibido confidencias sobre que importantes desarrolladores y empresarios que ofrecen en el mercado de alquiler estructuras residenciales y comerciales construidas más de 30 años atrás, rechazan incurrir en gastos para colocar en cumplimiento algunas de esos edificios.

Demolición como opción

El ingeniero Félix Rivera Arroyo, quien preside el Comité de Terremotos del Colegio de Ingenieros (CTCI), dijo que el Código de Mantenimiento y su reglamento disponen que a las estructuras que necesiten rehabilitación se les concederá cinco años para colocarlas en cumplimiento.

Rivera Arroyo agregó que la reglamentación redactada por OGPe incluye la posibilidad de que se le conceda una prórroga a los dueños de aquellas estructuras que requieren reparaciones y no posean los recursos económicos para afrontarlas.

Incluso, este periodista supo que la nueva reglamentación incluye la demolición como un mecanismo para lidiar con estructuras que no garanticen la seguridad de la ciudadanía o que ya cumplió su periodo de vida útil.

El secretario auxiliar de OGPe se negó a comentar sobre si la demolición figura en la nueva reglamentación.

“En este momento no voy a contestar esa pregunta porque este documento se va a exponer al público comentar, adelantar si estará esa parte o no quizás podría ir en contra de lo que está haciendo la agencia y el debido proceso de ley”, concluyó Rivera.

El calendario de inspección previsto para las cerca de un millón de estructuras construidas por más de 30 años atrás, se extendería por 10 años, lo que implica que cada año se evaluarían 100,000 estructuras.

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Sabotaje pornográfico para descarrilar selección de rector en Ciencias Médicas

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Por Miguel Díaz Román

Símbolos fálicos y dibujos con clara intención pornográfica irrumpieron inesperadamente durante la presentación digital de uno de los candidatos a la rectoría del recinto de Ciencias Médicas (RCM) de la Universidad de Puerto Rico, en lo que se considera como un acto de sabotaje para descarrilar su posible selección.

Los símbolos fálicos y los dibujos pornográficos se colaron durante la presentación digital del oftalmólogo Natalio Izquierdo Encarnación, quien es uno de los dos candidatos que actualmente compiten para la designación en propiedad al cargo de rector del RCM.

El otro candidato es el actual rector interino del RCM, el profesor Carlos Ortiz Reyes.

Las inesperadas escenas pornográficas irrumpieron el pasado miércoles en el anfiteatro 2, ubicado en el primer piso del RCM, que se encuentra dentro del Centro Médico de Río Piedras.

En el anfiteatro se encontraban los miembros del comité de consulta y evaluación de candidatos para la rectoría del RCM, así como catedráticos y otro personal universitario.

Las escenas causaron conmoción entre el público presente y entre aquellos profesores que observaban la actividad a través de la plataforma de participación remota conocida como “Zoom”.

La conmoción ocasionada por las escenas fue de tal extremo que la doctora Carmen Zorrilla, quien es profesora de ginecología y obstetricia en el RCM y quien se encontraba presente en el anfiteatro, exigió a viva voz que las imágenes fueran retiradas de la pantalla.

“¡Quiten eso de ahí!”, sostuvo una fuente que vociferó Zorrilla.

En entrevista con este periodista la doctora Zorrilla sostuvo que “cuando me di cuenta de que eran mensajes ofensivos pedí que se detuviera la proyección. Luego, todo continuó como se esperaba”.

“Al estar en el anfiteatro las imágenes se mezclaron con el texto y al principio parecían garabatos. Luego nos dimos cuenta de que había símbolos fálicos. Los que vieron las imágenes por Zoom vieron otros detalles. También escribieron la palabra “negro”, según narró la doctora Zorrilla.

Posible “hackeo”

La profesora del RCM argumentó que la proyección de las imágenes pornográficas fue el resultado de un “hackeo” que se realizó desde una computadora con el objetivo de sabotear el proceso de selección de un nuevo rector para el RCM.

“Todo proceso de hackeo tiene un propósito de sabotear el orden. No creo que fuera una broma. Pero al ser un proceso público, algunos aprovecharon para retrasar la presentación”, indicó Zorrilla.

La intromisión de las imágenes pornográficas ha desatado una oleada de conjeturas entre la facultad y entre el personal administrativo y directivo del RCM, sobre los posibles autores intelectuales y sus objetivos.

Algunas fuentes se han mostrado conturbadas debido a que la súbita aparición de las imágenes pornográficas haya ocurrido durante la rectoría interina de Ortiz Reyes, quien, alegadamente, es experto en informática y en inteligencia artificial.

Sobre este aspecto la doctora Zorrilla indicó que “ya el RCM inició una investigación inmediatamente, y el senado académico también”.

Se opone a investigación

No obstante, una de las fuentes indicó que, durante una reunión del Senado Académico de la UPR, celebrada el pasado viernes, Ortiz Reyes se opuso a una moción para que se realizara una investigación sobre la intromisión de las imágenes pornográficas durante la presentación de su contrincante.

De acuerdo con otra fuente que estuvo presente en el anfiteatro, la embarazosa intromisión de las imágenes fue aprovechada por Izquierdo Encarnación para justificar la necesidad de cambios en el RCM.

“Por esta razón es que necesario hacer cambios en el RCM”, sostuvo la fuente que dijo Izquierdo Encarnación, mientras las imágenes de los símbolos fálicos y los dibujos con talante pornográfico se sucedían en la pantalla y se mezclaban con la presentación del candidato a rector del RCM.

De acuerdo con la fuente, durante la presentación de Izquierdo Encarnación, miembros de la facultad y del comité de consulta atiborraron al candidato con preguntas sobre sus posturas hacia el aborto y hacia la comunidad LGBTQ.

Candidato conservador

Según la fuente, a Izquierdo Encarnación, quien es un conocido miembro de la iglesia católica, se le considera una persona conservadora muy identificada con las posturas más inflexibles de esa formación religiosa.

Alegadamente, la candidatura de Izquierdo Encarnación, quien es hijo del ex secretario de Salud, Luis Izquierdo Mora, y hermano del ex secretario de Estado, José Izquierdo Encarnación, es favorecida por el doctor Francisco Muñiz, quien es el ex director de Medicina del RCM, y por ex presidente de la UPR, el doctor Norman Maldonado.

Mientras que la candidatura de Ortiz Reyes tiene es favorecida por el presidente de la UPR, el doctor Luis A. Ferrao”, por su asesor y el ex rector del RCM, el doctor Segundo Rodríguez Quilichinni y por el senador Tomás Rivera Schatz.

Según las fuentes, Ortiz Reyes no tiene el respaldo de determinados sectores en el RCM porque su preparación académica es de asistente de veterinario.

“No tiene ni maestría ni doctorado. Ortiz Reyes no tiene la preparación para ocupar la rectoría del RCM, que tradicionalmente ha sido un cargo para doctores y cirujanos reputados, que cuentan con una amplia preparación universitaria”, dijo la fuente.

Presentan interdicto

Entre tanto, la ex rectora del RCM, doctora Ilka Ríos Reyes, radicó contra la UPR una solicitud de interdicto preliminar y permanente con el fin de que se detenga el proceso de selección del rector de RCM y se ordene a la presidencia de la universidad que permita a Ríos Reyes participar en la competencia para el cargo.}

Según la petición de interdicto, el pasado 21 de abril Ríos Reyes se presentó antes de la 4:00 de la tarde en la rectoría del RCM para dejar copia de los documentos requeridos para oficializar su candidatura.
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Una hora después, Ríos Reyes recibió un correo electrónico de parte del doctor Francisco Javier Jiménez, quien es catedrático de la Escuela de Farmacia del RCM, quien le informó que la hora límite para cumplir con el trámite había vencido a las 3:00 de la tarde, lo que impidió que Ríos Reyes fuera registrada como competidora para la elección.

En la petición de interdicto Ríos Reyes alega que los directivos del comité de consulta difundieron información contradictoria que no justifica la cancelación de su candidatura.

El documento sostiene que “una carta del comité de consulta que indicaba la fecha límite para el proceso de nominación y entrega de los documentos es el viernes, 21 de abril de 2023 en o antes de las 3:00 PM”. Pero un afiche digital informaba que “el cierre de las nominaciones será el 21 de abril del 2023 en o antes de las 4:00 PM”.

Según una fuente, la doctora Ríos Reyes alberga esperanzas de que el Tribunal de Primera Instancia decrete a favor la petición de interdicto antes del próximo 17 de mayo, cuando está pautada la celebración de la última reunión del comité de consulta.

La petición de interdicto fue radicada el pasado jueves en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por la licenciada Wanda Valentín Custodio. De acuerdo con la fuente, el doctor Ferrao ya fue emplazado. 

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