Esta semana en Informe Semanal dialogamos sobre la necesidad de establecer entre Puerto Rico un código de mantenimiento de propiedades que exija rehabilitar estructuras antiguas o de más de 30 años desde que fueron construidas. También hablaremos sobre el efecto que pueden tener fallas sismicas que comienzan en el suroeste y que podrían alcanzar áreas en el norte de país. También conversamos sobre las múltiples investigaciones que enfrenta el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró. También hablaremos sobre la impugnación que ya realizó Suiza Dairy contra dos reglamentos enmendados que facilitan el envío de leche a la planta de balance Indulac, la cual se pretende tratar como otra planta comercial.
Aumentan las tensiones entre Suiza Dairy, Indulac y Tres Monjitas por las decisiones de la ORIL
Por Miguel Díaz Román
La empresa Suiza Dairy ha señalado que la empresa Tres Monjitas no necesita un aumento de más de 24,000 cuartillos diarios de leche cruda que la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) le asignó recientemente y que en realidad la medida tiene como objetivo encaminar el producto hacia la planta de balance Indulac.
Los señalamientos de Suiza Dairy están contenidos en una comunicación que envió a las vaquerías que le suplen leche, los cuales son cónsonos con una demanda que la empresa ha realizado en el Tribunal Apelativo que fundamentalmente denuncia que la ORIL desea convertir a Indulac en una planta comercial y favorecer la capacidad competitiva de Tres Monjitas.
La comunicación que envió Suiza Dairy a las vaquerías que le suplen leche, emitida el pasado 18 de septiembre, revela cómo las decisiones de la ORIL han incrementado las fricciones entre las plantas procesadoras Suiza Dairy, Tres Monjitas y la planta de balance Indulac.
De hecho, en declaraciones escritas el principal ejecutivo de Tres Monjitas, Orlando González Núñez, y Francisco Orama, de Indulac, respaldaron las determinaciones de la ORIL. El secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, es actualmente el administrador interino de la ORIL.
El pasado 1 de septiembre Suiza Dairy impugnó ante el Tribunal Apelativo las enmiendas introducidas por la ORIL a los reglamentos 5 y 10 que regulan el manejo de los excedentes y la calidad de la leche, entre otras disposiciones.
En la impugnación Suiza Dairy sostuvo que las enmiendas representan un intento de favorecer la empresa Tres Monjitas y al grupo de ganaderos que controlan la planta de balance Indulac con el fin de convertirla en una planta elaboradora comercial. Indulac es una planta de balance cuyo fin es procesar los excedentes de leche que generan las plantas comerciales.
En la carta a los ganaderos Suiza Dairy indicó que la orden administrativa 2023-01 de la ORIL permitió contabilizar las ventas de la leche de vida extendida como parte del renglón de leche fresca para determinar que la planta Tres Monjitas experimentó un aumento en su participación en el mercado.
Tras esa decisión la ORIL determinó que correspondía trasladar la producción de un grupo de vaquerías asignadas a Suiza Dairy hacía Tres Monjitas, con el objetivo de aumentar su suplido de leche cruda en 24,000 cuartillos diarios.
Anticipan pérdidas a los ganaderos
La misiva de Suiza Dairy también señala que Indulac no pagará a los ganaderos los 24,000 cuartillos al precio establecido para el mercado de leche fresca, que es 97 centavos por cuartillo, lo que implica que la determinación causará una pérdida a esas vaquerías.
“Al considerar esta leche dentro de los volúmenes de la leche fresca como todos la conocemos, Tres Monjitas aumenta su participación en el mercado, y ocasiona que el administrador interino (de la ORIL) ordene a Suiza Dairy a transferir más de 24,000 cuartillos diarios a Tres Monjitas que no necesitan y que al final del día terminan en manos de Indulac para el uso que ellos entiendan más apropiado para su negocio y que no necesariamente será pagada a $0.97 por cuartillo como todos los que llegan a Suiza Dairy”, indica la misiva.
En la carta Suiza Dairy también señaló que la orden administrativa 2023-29 la ORIL estableció que la fecha de expiración de la leche pasteurizada y homogeneizada de Tres Monjitas será entre 10 y 16 días. Actualmente la fecha de expiración para la leche fresca producida por Suiza Dairy es de hasta 12 días, por lo que la determinación de la ORIL fue denunciada ante el Apelativo como una acción para conceder una ventaja competitiva a Tres Monjitas.
Decisión requerirá menos leche
Según Suiza Dairy, esta orden administrativa pone en riesgo toda la Industria Lechera porque “al aumentar la vida útil de la leche fresca, se compromete su frescura y, además, su denominación como leche fresca, que puede confundirse con leche con vida extendida”.
Además, señala que el aumento de la fecha de expiración a favor de Tres Monjitas permite que su producto permanezca cuatro días adicionales en el mercado, lo que provoca que se necesite una menor rotación del producto en el mercado y como resultado la planta procesadora necesitará menos leche de los ganaderos.
“Esto está directamente relacionado con un menor beneficio para el ganadero pues, es contrario a una mayor rotación, que necesitaría mayor cantidad de leche cruda de parte de los ganaderos. Les comparto un detalle en el que pueden observar que en las liquidaciones de ganaderos de Tres Monjitas ha aumentado su participación del excedente, ya que cada vez necesita menos leche cruda producida por ustedes”, sostiene la carta.
Este periodista le solicitó a Tres Monjitas una reacción a los señalamientos de Suiza Dairy a sus ganaderos y el gerente de Tres Monjitas, Orlando González Núñez, justificó las determinaciones de la ORIL en unas declaraciones escritas.
“La leche fresca de larga duración MST cumple con estos requisitos establecidos por definición para la leche fresca y esto ha sido certificado por el Departamento de Salud, la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA), el National Conference of Interstate Milk Shipment (NCIMS) y por la ORIL”, indica González Nuñez.
“La leche de vida extendida (ESL) se pasteuriza a una temperatura de 280 grados, mucho más alta que el proceso de pasteurización de la leche fresca de larga duración de Tres Monjitas, conocida como la leche «Dura» o MST”, agregó el ejecutivo.
Aumenta participación en el mercado
Sobre el incremento en la participación de mercado y el aumento en la asignación de leche cruda a Tres Monjitas González Nuñez sostuvo: “la ORIL asigna a las plantas elaboradoras el recogido de leche cruda en las ganaderías basados en la participación del mercado de leche fresca de cada planta durante el año anterior. Esta participación del mercado de leche fresca ha cambiado en los últimos años de un 65% de Suiza Dairy y 35% Tres Monjitas a 52.45% y 47.55% respectivamente, de acuerdo a los cómputos de la ORIL. Por ese aumento en la participación del mercado de Tres Monjitas, la ORIL le aumentó la cantidad de ganaderías en las que debe recoger leche”.
“La ORIL, como ente regulador principal en la Isla determinó recientemente que la fecha de expiración para la leche fresca Tres Monjitas podrá ser de hasta 16 días, ya que fue la única compañía elaboradora que probó que mantiene su calidad y frescura inalterada durante este tiempo. Esta determinación, que es un reconocimiento a la calidad del producto, ayuda a mejorar la confianza del consumidor y por lo tanto, generará más venta de leche fresca. El objetivo de toda la industria debería ser continuar mejorando constantemente la calidad de todos los productos de leche fresca del mercado y tratar de igualarla a otros mercados en Estados Unidos donde, en algunos casos, la fecha de expiración es de hasta 20 días”, concluyó el gerente de Tres Monjitas.
Indulac reclama más leche
Por su parte, Francisco Orama, administrador general de Indulac, sostuvo que Indulac en nada tiene que ver con las interpretaciones que hace ORIL sobre este tipo de asunto (la participación del mercado de las plantas).
“Igual que Suiza Dairy, Tres Monjitas envía leche a Indulac de acuerdo a su necesidad, unos días más, otros días menos y otros días ninguno. Pero al menos están cumpliendo con el marco regulatorio, el cual no se puede utilizar cuando conviene y retarlo cuando no conviene. Nosotros nos mantenemos firmes que Indulac necesita un abasto directo y continuo para, como cualquier negocio de manufactura, poder absorber sus costos fijos. Esto no creo que sea muy difícil de entender. Gracias”, indicó Orama.
Inminente alza en las pérdidas aseguradas mundiales
Tomado de la revista Insurance Journal
El costo de las pérdidas anuales por catástrofes naturales a nivel mundial será de $133 mil millones de dólares, lo que representa un nuevo récord que ha sido impulsado en gran medida por el cambio climático, según concluyó Verisk Extreme Event Solutions, que es una empresa estadounidense de análisis de datos y modelos de riesgo con sede en Boston, Massachusetts.
Incluso Verisk advirtió que la industria de seguros debería prepararse para la posibilidad de un año de pérdidas superiores a los $200 mil millones.
Además del cambio climático, el alza en el costo promedio de las pérdidas anuales causadas por catástrofes naturales será impulsada por el aumento de valor de las estructuras aseguradas, según dijo Bill Churney, presidente de Verisk, en un comunicado difundido recientemente.
Churney indicó que el aumento de valor de las estructuras aseguradas será el resultado de que continúa la construcción en áreas de alto riesgo y el aumento de los costos de reposición causado por el incremento de precios provocada por la inflación.
La historia fue reseñada por el periodista Chad Hemenway en la revista Insurance Journal el pasado 11 de septiembre.
Los planteamientos de Verisk, que están contenidos en su informe 2023 Global Modeled Catastrophe Losses, representan un llamado de alerta para la industria de seguros.
De acuerdo con el análisis de Verisk, las pérdidas promedio en los últimos cinco años alcanzaron los $101 mil millones de dólares, lo que representó un aumento significativo en relación con los $70 mil millones de dólares en pérdidas por catástrofes registradas en el quinquenio entre 2013 y 2017.
Industria debe considerar aumento en pérdidas
La estimación actual generada por los modelos de Verisk indican que el costo anual de las pérdidas por catástrofes naturales globales ascenderá a $133 mil millones de dólares.
Aunque el cambio climático figura como la razón principal del aumento, a corto plazo el alza en los valores de reemplazo se perfila como un factor de gran peso.
Verisk advirtió en el informe que debido a un aumento en la frecuencia de las pérdidas que cada vez son significativamente mayores que las anteriores, la industria de seguros debería prepararse para la posibilidad de un año de pérdidas superiores a los $200 mil millones de dólares.
El informe sostiene que los modelos para estimar los costos de los riesgos también resaltan un aumento significativo en la brecha que separa las pérdidas protegidas por seguros y las pérdidas sin protección, la cual estimó en más de $400 mil millones de dólares pérdidas económicas globales anuales.
“A nivel regional, el porcentaje de pérdidas económicas por desastres naturales que está asegurado varía considerablemente”, dijo Verisk en su informe.
“En América del Norte, por ejemplo, alrededor del 51% de las pérdidas económicas causadas por desastres naturales están aseguradas, mientras que, en Asia, las pérdidas aseguradas representan sólo alrededor del 12% de las pérdidas económicas, respectivamente, lo que refleja la muy baja penetración de los seguros en estas regiones”, señaló el informe de Verisk.
El factor cambio climático
El informe no intenta hacer una distinción entre los llamados peligros primarios y secundarios, debido a que todas las catástrofes contribuyen a las pérdidas, “ya sean un solo evento importante, una suma de otros más pequeños o una combinación de los dos”.
A modo de ejemplo, el Informe sostuvo que las tormentas eléctricas severas, que son catalogadas con frecuencia como un peligro secundario, “han representado hasta ahora el 70% de las pérdidas aseguradas de ocho eventos multimillonarios en 2023”
Según el informe, el impacto del cambio climático es otro factor importante que contribuye a elevar el costo de las pérdidas anuales por catástrofes naturales.
De hecho, a menudo se responsabiliza al cambio climático como la razón principal del aumento de las pérdidas. “Pero, si bien esto influye, el crecimiento año tras año de la exposición y el aumento de los valores de reemplazo tienen un impacto mucho mayor a corto plazo”, sostuvo el informe.
Tecnología para estimar el efecto del clima
Verisk indicó en el informe que el cambio climático es un “factor significativo” en el aumento de las pérdidas por catástrofes, que afecta a todos los peligros.
“Peligros como inundaciones, sequías, incendios forestales y el aumento del nivel del mar y por lo tanto de las marejadas ciclónicas, se están volviendo más graves y las observaciones los datos corroboran la ciencia”.
No obstante, la empresa especializada en análisis de datos y modelos de riesgo sostuvo que la contribución del cambio climático a otros peligros es más difícil de cuantificar.
La empresa reveló que está trabajando afanosamente para combinar la ciencia con las tendencias históricas con el fin de garantizar que los modelos reflejen el efecto real del riesgo climático. La traducción e interpretación fue realizada por Miguel Díaz Román.
Con costo político acuerdo para retiro de 1,240 empleados públicos por ley 80
Por Miguel Díaz Román
El acuerdo alcanzado entre la administración del gobernador Pedro Pieluisi con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para conceder el retiro a solo 1,240 empleados públicos a través de la implementación de la Ley 80 de 2020 o Ley del Programa de Retiro Incentivado, ha generado un gran resentimiento entre unos 9,440 empleados públicos que inicialmente recibieron notificaciones de elegibilidad de parte del gobierno para obtener el beneficio y luego fueron rechazados.
El acuerdo entre la administración Pierluisi y la JSF para poner en vigor de manera parcial la Ley 80 implica que algunos beneficios que prometía el estatuto no serán honrados y que los empleados públicos elegibles serán un grupo limitado. No obstante, el acuerdo ha garantizado una pensión equivalente al 50 % de su salario. La ley 80 incluye a los empleados públicos cobijados por la ley 1 de 1990 y la ley 447 de 1951.
Aunque la administración Pierluisi alentó la expectativa de que los 10,680 empleados públicos que recibieron notificaciones de elegibilidad y que luego solicitaron acogerse al retiro a través de la ley 80, finalmente el acuerdo con la JSF limitó el beneficio a 1,240 empleados “no esenciales”.
Como resultado del acuerdo las plazas de estos empleados serán eliminadas luego de que se acojan a la jubilación. El acuerdo también comprende que los restantes 9,440 empleados públicos no podrán acceder a la jubilación con los beneficios de ley 80 porque fueron catalogados como “esenciales”.
“Hay muchos empleados públicos molestos y desilusionados con lo que han hecho con la ley 80. Ahora tenemos 1,240 empleados que se van con 50 % de su salario y 9,440 que se deberán acoger a la ley 3 del 2013, que redujo la pensión de los empleados públicos y eliminó beneficios económicos a los pensionados”, dijo un empleado público con edad para el retiro, pero debido a que fue catalogado por la agencia en que trabaja como “esencial” no podrá acogerse al beneficio que ofrece la ley 80.
Menos pensión por ley 3 de 2015
La ley 3 de 2013 eliminó beneficios a los pensionados del gobierno y redujo las pensiones de los futuros empleados públicos que se acogieron al retiro, debido a la crisis financiera que enfrentó el Sistema de Retiro.
“Por ley 3 los empleados de ley 1 recibirán una pensión de 29 % de su salario y los de ley 447 un 38 %. Esto en realidad es un discrimen”, dijo el empleado público, quien prefirió no revelar su nombre para evitar represalias.
El acuerdo contempla que, junto con la pensión vitalicia, los retirados recibirán $100 de aportación para el plan médico hasta cumplir los 62 años, más el pago de sus vacaciones acumuladas. El acuerdo, que entraría en vigencia durante el primer semestre de 2024, requiere la aprobación de la jueza Laura Taylor Swain, que preside el caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas en el Tribunal Federal de San Juan, según las disposiciones de la ley federal Promesa.
De hecho, la aprobación de la ley 80 en 2020 provocó una “guerra” epistolar entre la ex directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, y funcionarios del gobierno durante la administración de la ex gobernadora Wanda Vázquez Garced y en la presente administración de Pierluisi.
Jaresko objetó las leyes
La Ley 80 fue parte de un paquete de tres medidas, las leyes 80, 81 y 82, firmadas por Vázquez Garced en agosto de 2020. La ley 81 proponía un pago mensual de jubilación equivalente al 50 % del salario a los policías, bomberos y otros empleados de agencias de seguridad del gobierno.
La Ley 82 autoriza que el Sistema de Retiro de Maestros acredite como tiempo trabajado el balance acumulado de licencias por enfermedad de los maestros, lo que acelerará la fecha de retiro de cientos de maestros que no cumplían con el requisito de tiempo trabajado para acogerse al retiro.
La medida que se convirtió en la ley 80 la presentó el pasado cuatrienio el entonces presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la delegación del Partido Nuevo Progresista. Entre sus principales promoventes figuran el senador Carlos Rodríguez Mateo y la senadora Migdalia Padilla.
La Ley 81 surge de un proyecto radicado por el senador Gregorio Matías.
En las numerosas cartas enviadas a funcionarios del gobierno, Jaresko objetó las tres leyes por la ausencia de un análisis financiero en la Legislatura para justificar su viabilidad y porque debido a la precariedad de la economía local a largo plazo, el gobierno no podrá cumplir con el costo multimillonario de las medidas.
Sin justificación financiera las medidas
La JSF exigió la presentación de informes económicos y actuariales sobre el impacto de los beneficios a largo plazo en el fondo general y también indicó que las medidas eran contrarias a la ley Promesa. Jaresko amenazó con solicitar la anulación de las leyes en el Tribunal Federal, una amenaza que se hizo realidad en diciembre de 2021, cuando la jueza Taylor Swain las anuló.
Pero, a pedidos de la JSF, la jueza emitió una orden en la que pospuso la puesta en vigor de la anulación de la ley 80, en espera de que el gobierno y el organismo federal lograran un acuerdo para ofrecer algunos de sus beneficios de la ley sin que le cueste un centavo al fisco.
En un comunicado de prensa distribuido el pasado sábado 16 de septiembre el gobernador Pierluisi se felicitó por el acuerdo alcanzado con la JSF.
“Tras lograr un acuerdo con la Junta, hoy podemos anunciar que el Programa de Retiro Incentivado es una realidad y que los empleados elegibles no esenciales de las leyes 1 y 447 se podrán retirar con una pensión vitalicia de un 50%, a la vez logramos ahorros significativos para el gobierno.”, sostuvo el gobernador.
Inminente costo político
“Esto va a tener un costo político. Yo sé que hay mucha gente molesta y desilusionada que están consultando con abogados laborales para ver si radican un caso por discrimen”, agregó el empleado público.
El funcionario dijo que, además, existe un universo de aproximadamente 30,000 empleados bajo la ley 1 y hasta 12,000 empleados de ley 447 que serán discriminados con este acuerdo entre la administración Pierluisi y la JSF.
De hecho, en una carta de 2021 Jaresko había anticipado que la aprobación de la ley 80, 81 y 82 podría resultar en un discrimen contra los empleados que no tengan la edad para la jubilación.
La ex directora ejecutiva de la JSF advirtió que existía la posibilidad de que cuando los empleados bajo la ley 1 y ley 447 cumplan con los requisitos de edad para la jubilación, podrían exigir el mismo trato concedido por ley 80, un reclamo que podría generar serias implicaciones legales y financieras para el gobierno si prevalece en un tribunal.
INFORME SEMANAL-15 de septiembre de 2023
Esta semana en Informe Semanal dialogamos sobre las dramáticas denuncias de la empresa Suiza Dairy sobre que sustitución económica se ha deteriorado por la inacción del gobierno en aumentar el precio de la leche. Además conversamos sobre el presupuesto del Departamento de Agricultura y sobre la impugnación que ya realizó Suiza Dairy contra dos reglamentos enmendados que facilitan la asignación de productores de leche a la planta de balance Indulac, la cual se pretende tratar como otra planta comercial.
También dialogamos sobre una proyección económica de la Junta de Planificación sobre el presunto crecimiento económico en 2033 y su relacion con la baja en la tasa de desempleo. Además, tocamos el tema sobre la comparación de Puerto Rico con el principado de Andorra.
Acosada por deudas millonarias Suiza Dairy advierte colapso de industria lechera por culpa de ORIL
Por Miguel Díaz Román
La empresa Suiza Dairy reveló ayer que enfrenta pérdidas de $100 millones como resultado de que no han sido revisados correctamente los precios de la leche y advirtió que considera tomar “alternativas dramáticas”, que podrían causar el colapso de la industria lechera, debido a que la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) no cumple su propia reglamentación, toma decisiones arbitrarias y continuamente beneficia ilegalmente a la planta de balance Indulac.
La empresa, que tiene 700 empleados, adquiere diariamente la leche que producen 150 vaquerías y produce más del 55 % de la leche fresca que se consume en Puerto Rico, denunció que desde el pasado año han acudido a diversos funcionarios de la administración del gobernador Pedro Pierluisi, incluyendo el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, para exponer la grave situación por la que atraviesa Suiza Dairy y hasta ahora sus señalamientos han sido ignorados.
Las graves denuncias fueron realizadas por la licenciada Janice Ramírez Vélez, quien es asesora legal interna de Suiza Dairy, en una ponencia escrita que fue presentada ayer en la Comisión de Agricultura del Senado.
La Comisión celebró una vista pública sobre la Resolución Conjunta del Senado 333, que le ordena a la ORIL cumplir con su responsabilidad de efectuar cada cuatro años un Estudio Económico Exhaustivo (EEE)de la industria lechera, según lo dispone la ley 34 de 1957 o Ley para Reglamentar la Industria Lechera. La RC 333 fue presentada por el senador Albert Torres Berrios, quien preside la Comisión de Agricultura.
El EEE es un requisito para atemperar los precios de la leche según los incrementos en los costos de producción que hayan experimentado los diversos sectores que integran la industria lechera. Desde 2016 la ORIL no ha publicado el EEE. El administrador interino de la ORIL lo es también González Beiró.
Además de denunciar que la ORIL ha incumplido con su propia reglamentación, Suiza Dairy indicó que el gobierno tampoco ha pagado la compensación multimillonaria que le corresponde tras la sentencia emitida por el Tribunal Federal en 2013.
La citada sentencia fue el resultado del caso contra la ORIL y el Departamento de Agricultura radicado por Suiza Dairy y la procesadora Tres Monjitas en 2004.
Otros factores que han afectado a la empresa es la reducción en el consumo de leche fresca y la inflación sin precedentes a nivel mundial. No obstante, la causa principal de las pérdidas millonarias que enfrenta Suiza Dairy es la ausencia de una revisión correcta del precio de la leche por parte de la ORIL para que la empresa pueda afrontar sus gastos operacionales y obtener una ganancia razonable, según sostuvo Ramírez Vélez en su ponencia.
ORIL no revisa precio desde 2014
De hecho, la abogada explicó que desde el 2014 el precio de la leche no había sido revisado, según lo ordena “el marco regulatorio actual”, que incluye la ley 34 y las disposiciones del reglamento 12, el cual es parte de la sentencia emitida por el Tribunal Federal en 2013.
“Como consecuencia de ello, a la fecha Suiza Dairy está perdiendo dinero con cada cuartillo de leche que vende, lo que hace que la situación económica y financiera de la compañía se vuelva insostenible. Resulta, en consecuencia, fundamental que de manera inmediata y urgente la ORIL actualice los precios de la leche y nos restituya nuestro derecho a obtener un margen de ganancia razonable conforme manda la ley”, sostuvo Ramírez Vélez en la ponencia.
La asesora legal de Suiza Dairy reveló que el incumplimiento del “marco regulatorio actual” por parte de la ORIL ha provocado que la empresa “registre pérdidas sin precedente y busque solventar con capital externo sus operaciones diarias en Puerto Rico”.
Suiza en crisis financiera
De hecho, Ramírez Vélez reveló que actualmente Suiza Dairy atiende sus pérdidas y los gastos de su operación diaria por medio de una serie de préstamos bancarios que han sido gestionados por Grupo Gloria, que es su corporación matriz.
“Estos préstamos bancarios han venido incrementando la deuda y no cuentan con garantía de repago ante la falta de generación de flujo y utilidad operativa. Ello ha resultado en que la capacidad financiera de la empresa a nivel local esté comprometida de tal forma que, de no remediarse y tomar las acciones que dictan la ley y los reglamentos, inevitablemente la empresa se verá obligada a tomar medidas operacionales complejas”, dijo la abogada en la ponencia.
Ramírez Vélez no precisó si Suiza Dairy estaría considerando presentar una petición de quiebra en el Tribunal Federal o si decretaría una reducción sustancial de sus operaciones en la isla. Además de leche fresca, leche UHT y leche de duración extendida, la empresa elabora una amplia variedad de jugos y numerosos productos lácteos.
“Suiza Dairy ha cumplido con su responsabilidad con el mercado produciendo leche fluida de la más alta calidad, a pesar de las pérdidas millonarias que ha acumulado en el tiempo. No obstante, la situación ha llegado a su límite”, declaró la abogada en una ponencia cuyo contenido contradice toda la prédica a favor de la empresa privada y del fomento de la economía esbozado por la administración del gobernador Pierluisi a lo largo del presente cuatrienio.
De hecho, los sorpresivos planteamientos de Suiza Dairy acontecen cinco años después de que la empresa inaugurara una moderna planta procesadora en Aguadilla, cuyo costo ascendió a $40 millones.
Dudas sobre el desempeño de González Beiró
Las denuncias de la licenciada Ramírez Vélez levantan serias dudas sobre las ejecutorias de González Beiró como secretario de Agricultura y como administrador interino de la ORIL. Incluso, la Resolución Conjunta 333 es en realidad un reconocimiento tácito de que González Beiró falló en su responsabilidad de cumplir los requerimientos de la ley 34.
Durante su turno en la vista pública, González Beiró leyó una ponencia de tres páginas en la que se refirió a los ajustes e incentivos que han recibido los ganaderos para elevar el precio de su producción de leche cruda, cuyo precio promedio actual es de 88 centavos por litro. En ningún momento se refirió a la problemática planteada por Suiza Dairy y a los incumplimientos señalados a su gestión para revisar el precio de la leche, según lo ordena la ley 34.
Incluso, el secretario dijo que la ORIL realizó el EEE en 2018 y 2020, a pesar esa dependencia no cumplió con la celebración de vistas públicas para discutir ampliamente los resultados por los diversos sectores de la industria lechera.
De hecho, no está claro si el gobernador Pierluisi y sus asesores en la Fortaleza entienden en toda su extensión, las repercusiones de las acciones y las omisiones realizadas por González Beiró desde que fue nombrado secretario de Agricultura en 2021.
Se desconoce los avances del EEE
Sobre este aspecto, la licenciada Ramírez Vélez sostuvo que la ORIL ha fallado en demostrar que los precios de leche establecidos mediante las últimas órdenes de precios emitidas en el 2021 y 2022 están respaldadas por evidencia y justificadas por el marco regulatorio para considerarlos razonables.
“Peor aún, a pesar del claro lenguaje de la ley 34, la ORIL no realiza responsablemente la revisión de precios anualmente y, en cambio, lo hace de manera caprichosa y arbitraria, y en total enajenación del marco regulatorio”, dijo la abogada.
Ante la grave situación financiera, Suiza Dairy realizó múltiples acercamientos a diversos funcionarios del gobierno, incluyendo a González Beiró, para exigir que se cumpla con la revisión anual de los precios de la leche según lo dispone la ley 34, y con el EEE, pero esos reclamos no fueron escuchados.
“A la fecha desconocemos los planes concretos que se tienen respecto al avance del EEE. La sostenibilidad de la industria lechera depende de acciones y cambios claves e inmediatos. A esos efectos, es de suma urgencia que se evalúe según requiere nuestro ordenamiento jurídico el tema de la actualización de precios y se nos compense por el incumplimiento con el marco regulatorio que por años se ha efectuado”, reclamó la abogada en su ponencia.
ORIL favorece a Indulac y Tres Monjitas
Los planteamientos de Suiza Dairy acontecen en el contexto de que el pasado 1 de septiembre la empresa impugnó en el Tribunal Apelativo las enmiendas introducidas por la ORIL el pasado mes de julio, a los reglamentos 5 y 10 que regulan el manejo de los excedentes y la calidad de la leche, en entre otras disposiciones.
En la impugnación Suiza Dairy sostiene que las enmiendas avaladas por la ORIL representan un intento de favorecer a la empresa Tres Monjitas y al grupo de ganaderos que controlan la planta de balance Indulac con el fin de convertirla en una planta elaboradora comercial.
Suiza Dairy denunció que bajo la dirección de González Beiró, la ORIL ha tomado una senda desafiante contra una determinación emitida el pasado mes de febrero por el Tribunal Apelativo, que anuló tres órdenes administrativas emitidas en noviembre de 2022 y que tenían como finalidad asignar un suplido sustancial de leche cruda hacia la planta Indulac.
Las tres órdenes administrativas fueron impugnadas por Suiza Dairy porque pretendían tratar a la planta de balance Indulac como si fuera otra planta comercial e ignoraban su función reglamentaria que es procesar exclusivamente los excedentes de leche. Indulac solo produce leche UHT y algunos productos lácteos. La ORIL enmendó los reglamentos para eliminar aquellas disposiciones que impedían la asignación de leche que no fuera excedente a la planta de balance Indulac, según planteó Suiza Dairy en el Apelativo.
Las enmiendas también alteraron el término fijo de 12 días para la expiración de la leche fresca y establecieron un nuevo periodo de expiración que oscila entre 12 y 16 días, lo que, según la impugnación de Suiza Dairy, fue utilizado por la ORIL para favorecer a Tres Monjitas.
Un solo ganadero en la vista pública
El único miembro del sector productor de leche que participó en la vista pública fue el ganadero Carlos Benítez, quien denunció que la ORIL no ha realizado el EEE a pesar de que el estudio es la herramienta para revisar los precios de la leche y compensar al ganadero según aumentan los gastos de producción.
“Se incumple con la ley y esto va en contra de los productores de leche y de los consumidores. El gobernador se hace de la vista larga, el secretario de Agricultura incumple con su responsabilidad, violentan la normativa que atenta contra la propia industria lechera y cuando decimos la verdad se nos persigue y discrimina”, dijo Benítez, quien ha impugnado a nivel administrativo y en los tribunales determinadas acciones de la ORIL.
“Indulac tiene que ser por disposición de ley una planta de balance sin embargo el tratamiento que se le da es otro. Los altos costos de producción, la mano de obra, los elevados costos de energía, jornales altos por empleados y la falta del EEE para poder competir nos han obligado a muchos ganaderos en Puerto Rico a múltiples cierres de vaquerías y a otra vertiente como acogerse a una reorganización bajo la protección de la ley de quiebra para cumplir responsablemente con el pago a los acreedores”, dijo el ganadero, quien se acogió a la ley de quiebra federal para mantener su vaquería ubicada en Aguadilla.
“Lo he dicho y lo repito para récord, las más recientes decisiones del gobierno de PR, por conducto del administrador de la ORIL y a la vez secretario de Agricultura, han sido cambios en el sistema de pago de la leche, cambios en los parámetros de calidad de leche por encima de los parámetros establecidos a nivel federal en claro discrimen del productor nativo, ya que no se aplica a la leche importada. Violan la Ley 34 enmendando reglamentos en claro desafío a las leyes aplicables. Y ello nos ha inducido a la más alta y gravosa crisis histórica sin precedentes en nuestro país”, expuso Benítez.
Torres Berrios cambia por vista ejecutiva
Tras la participación de González Beiró y de una representante del Departamento de Asuntos del Consumidor, la vista pública fue interrumpida de manera inesperada por el presidente Torres Berrios, quien dijo que la vista continuaría en una fecha posterior. Pero el senador dijo que ya no será una vista pública sino una vista ejecutiva, a la que no podrá asistir la prensa.
Una fuente indicó que la determinación de Torres Berrios obedeció a un pedido realizado por González Beiró debido a que no deseaba ser interrogado ante la prensa sobre los explosivos planteamientos de Suiza Dairy.
A pesar de las graves denuncias expuestas por Suiza Dairy en su ponencia y por el revelador testimonio del ganadero Benítez, no hubo un solo senador que mostrara interés y curiosidad por entender la compleja situación de la industria lechera. Tras el anuncio de Torres Berrios los pocos senadores que asistieron a la vista se retiraron para asistir a la vista de confirmación de la designada secretaria de Educación, Yanira Raíces.
Suiza Dairy denuncia que la ORIL favorece a Indulac y Tres Monjitas
Por Miguel Díaz Román
Las enmiendas introducidas por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) a los reglamentos 5 y 10 que regulan el manejo de los excedentes y la calidad de la leche, en entre otras disposiciones, representan un intento de favorecer la empresa Tres Monjitas y al grupo de ganaderos que controlan la planta de balance Indulac con el fin de convertirla en una planta elaboradora comercial, según sostuvo la empresa Suiza Dairy.
Los planteamientos de Suiza Dairy figuran en una impugnación que presentó la empresa en el Tribunal de Apelaciones de San Juan el pasado 1 de septiembre.
En la impugnación la empresa Suiza Dairy denunció que bajo el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, la ORIL ha tomado una senda desafiante contra una determinación emitida el pasado mes de febrero por el Tribunal Apelativo. Además de secretario de Agricultura, González Beiró también ocupa la posición de administrador interino de la ORIL.
En esa decisión el Apelativo anuló tres órdenes administrativas emitidas por la ORIL en noviembre de 2022. Las órdenes tenían como finalidad asignar un suplido sustancial de leche cruda hacia la planta Indulac.
Las tres órdenes administrativas fueron impugnadas por Suiza Dairy porque pretendían tratar a la planta de balance Indulac como si fuera otra planta comercial que compite en el mercado, e ignoraban su función reglamentaria que es procesar exclusivamente los excedentes de leche.
Actualmente Indulac solo produce leche UHT y en cantidades menores algunos productos lácteos como queso y mantequilla.
La determinación del Tribunal Apelativo se fundamentó en que las órdenes de la ORIL violaron la ley 34 de 1957 o Ley para Reglamentar la Industria Lechera, y el Reglamento 10 que, entre otras disposiciones, establece la forma en que se debe canalizar el excedente de leche.
Además, el Apelativo determinó que la ORIL incumplió con la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme que ordena realizar vistas públicas y tomar en consideración las observaciones de los sectores afectados por las órdenes administrativas.
Pero bajo la administración interina de González Beiró, la ORIL se encaminó a enmendar los reglamentos 10 y 5, los cuales fueron aprobados el pasado 18 julio, para eliminar aquellas disposiciones que impedían la asignación de leche que no fuera excedente a la planta de balance Indulac.
Las enmiendas al reglamento 5 alteraron el término fijo de 12 días para la expiración de la leche fresca y establecieron un nuevo periodo de expiración que oscila entre 12 y 16 días, lo que, según la impugnación de Suiza Dairy, fue utilizado por la ORIL para favorecer a Tres Monjitas.
Tras la aprobación de las enmiendas, el martes 22 de agosto la ORIL emitió una serie de determinaciones que son la causa que motivó la impugnación de Suiza Dairy en el Apelativo el pasado 1 de septiembre.
ORIL desafía al Tribunal Apelativo
La impugnación sostiene que las enmiendas a los reglamentos 10 y 5 constituyen una conducta desafiante de González Beiró ante la realidad de que en los pasados tres años el Apelativo ha anulado cinco órdenes administrativas de la ORIL que obligaban a Suiza Dairy “entregar leche cruda a Indulac independientemente de la necesidad de Suiza para esa leche”.
“Indulac nunca ha retenido leche cruda, pues esta no constituye excedente hasta que las procesadoras de leche den por satisfecha su demanda por dicho producto”, sostiene la impugnación.
El meollo de la impugnación es la conducta contumaz y temeraria de la ORIL para subvertir el orden legal creado a través de la ley 34 y sus reglamentos y convertir, a través de órdenes administrativas, a Indulac en una planta comercial capaz de recibir leche cruda diariamente y no leche excedente.
El documento indica que desde 1980 y con la anuencia de la ORIL, Indulac comenzó una competencia desleal contra la leche fresca que producían Suiza y Tres Monjitas, al utilizar los excedentes de leche que recibía para elaborar leche UHT.
Según el documento, la Junta de Directores de Indulac estaba integrada por ganaderos, quienes determinaban el precio a pagar por los excedentes y el precio en el mercado de la leche UHT, mientras que el precio de la leche fresca estaba regulado por la ORIL.
“Así el mercado de leche fresca fue disminuyendo debido a que la leche UHT vendida por Indulac y los importadores se ofrecía a un precio considerablemente menor al precio regulado de la leche fresca. Esto resultó en una disminución de la venta de leche fresca y, en consecuencia, en un aumento del excedente entregado a Indulac”.
Competencia desleal de leche UHT
La demanda sostiene que la crisis causada por la competencia desleal de la leche UHT contra la fresca elaborada por Suiza Dairy y Tres Monjitas, entre otras razones, propició el pleito radicado en 2004 en el Tribunal Federal por ambas empresas contra la ORIL y el secretario de Agricultura.
En el pleito radicado en el Tribunal Federal se logró demostrar, según alega la demanda, “que el esquema regulatorio de la ORIL favorecía de manera ilegal la producción de leche UHT por Indulac, en violación de las cláusulas constitucionales federales sobre la confiscación, el debido proceso de ley, la igual protección de las leyes y la cláusula de comercio”.
De hecho, la demanda de Suiza Dairy indica que las acciones de la ORIL para favorecer a Indulac han violado el Acuerdo Entre las Partes alcanzado en el Tribunal Federal en 2013 y el reglamento 12, el cual es parte de la sentencia emitida en ese caso.
Incluso, Suiza Dairy sostiene que al asignar leche cruda a Indulac la ORIL violó las disposiciones del Acuerdo Entre las Partes debido a que en ese documento establece que la leche cruda se repartirá “en función de la participación en el mercado correspondiente a cada planta de procesamiento de leche fresca”.
“Puesto que Indulac no es una procesadora de leche fresca, es evidente que queda excluida por la sentencia federal de participar en la distribución de leche cruda”, señala la demanda.
El documento indica que las enmiendas al reglamento 10 aprobadas por la ORIL el pasado mes de julio pretenden permitir que la ORIL puede asignar leche cruda a Indulac, porque se incluyó la producción de leche UHT como criterio en la participación en el mercado, además de la de leche fresca.
Esto se logró por medio de incluir la leche fluida como un criterio adicional. La leche fluida es “leche pasteurizada, cruda o leche UHT, que mantiene su estado líquido y se vende en diversas categorías”
“Así, la ORIL equipara la posición de la planta de balance, que produce leche fluida pero no leche fresca, con las procesadoras de leche fresca. Esto le permite adjudicar el recogido de leche cruda a Indulac a base de su participación en el mercado, independientemente de si esa leche es producida en exceso de las necesidades del mercado de leche fresca”, sostiene la demanda.
Elimina requisito de elaborar leche fresca
La demanda también indica que la ORIL emitió la orden 2023-31 que introdujo por primera vez el criterio de las proyecciones de producción de leche de las vaquerías asignadas a Suiza Dairy y Tres Monjitas, para determinar la cantidad de leche cruda que se le asignará a Indulac.
Según los alegatos de Suiza Dairy, la ley 34 no contempla el uso de proyecciones y, además, la ORIL no puede determinar a base de proyecciones la cantidad de leche que se le asignará a Indulac, porque como planta de balance sólo tiene derecho a recibir leche excedente. La demanda alega que la leche cruda se convierte en leche excedente sólo después de que las plantas procesadoras han suplido su demanda de leche fresca.
Otro subterfugio utilizado por la ORIL para favorecer a Indulac fue enmendar la definición de leche retenida que figura en el reglamento 10, la cual establecía que la leche retenida es aquella que “retienen los elaboradores para procesarla como leche fresca”.
En la nueva definición, luego de la enmienda, la leche retenida es aquella que “retienen los elaboradores para su elaboración”. Es decir, la enmienda eliminó el requisito de usar la leche retenida para elaborar leche fresca, lo que le implica que Indulac no deberá esperar por los excedentes de leche, sino que podrá recibir y retener una cantidad de leche cruda según lo determine la ORIL.
Desaparece definición de Indulac
Otra medida utilizada por la ORIL para favorecer a Indulac fue eliminar la definición de Indulac como planta de balance que figuraba en el reglamento 10. Esa definición establecía que el fin primordial de Indulac “es servir como planta de balance del excedente de leche y elaborar productos lácteos con dicho excedente”, según sostiene la demanda.
Incluso, el documento indica que se eliminó esa definición a pesar de que la ley 72 de 1962 eximió a Indulac de pagar contribuciones sobre ingresos y de propiedad “por su rol vital de planta de balance”.
Otro reclamo de la demanda es que la ORIL emitió la orden administrativa 2023 -29 es la que dispone una ventaja competitiva a favor de la planta Tres Monjitas, al permitir que la leche fresca pasteurizada producida por esa empresa pueda tener hasta 16 días de expiración, mientras que la leche fresca producida por Suiza Dairy mantiene la fecha de expiración en hasta 12 días.
La ventaja competitiva se logró a través de enmiendas al reglamento 5 con el fin de determinar la durabilidad de la leche pasteurizada por medio de los resultados de las pruebas químicas realizadas en el laboratorio de ORIL.
La enmienda establece que la durabilidad de la leche pasteurizada será determinada por el administrador. No obstante, Suiza Dairy alega que la nueva disposición para establecer la durabilidad carece de criterios que limiten la amplia discreción que se le concede al administrador.
Sin inversión Coople adquiere Indulac
La demanda indica que las acciones de la ORIL impiden que Suiza Dairy recobre sus costos de producción y ganancias razonables que justifiquen la inversión financiera realizada en sus operaciones, que es uno de elementos del reglamento 12, que fue acordado como parte de la sentencia del caso federal emitida en 2013.
La demanda alega que mientras Suiza Dairy invirtió más de $40 millones en su planta de Aguadilla, la Cooperativa de Productores de Leche (Coople), integrada por un grupo de ganaderos, adquirió la planta Indulac en 2016 a través de un acuerdo con Indulac de pagar $34 millones en 40 años y sin realizar inversión alguna.
De hecho, la única inversión constatable fue un pago inicial de $750,000 que realizó Coople, una cantidad de dinero que la entidad obtuvo por medio de un préstamo que le concedió la propia Indulac. Finalmente, Suiza Dairy solicitó al Apelativo que declare nulas las enmiendas a los reglamentos 10 y 5 y ordene a la ORIL a pagar las costas de abogado de Suiza Dairy. Además, solicitó que se le imponga a la ORIL sanciones económicas por sus acciones temerarias debido a que las enmiendas introducidas a los reglamentos ya eran cosa juzgada por ese tribunal.
Hacienda oculta boquete de $837 millones en los recaudos del pasado año fiscal
Por Miguel Díaz Román
Los recaudos procedentes de las Corporaciones Foráneas Controladas (CFC), que en el pasado eran responsables del 20 % de los ingresos del Fondo General, solo pagaron $741.8 millones al cierre del pasado año fiscal 2022-2023, lo que representa una alarmante erosión de 46.9 % o $837 millones menos que lo recaudado durante el Año Fiscal 2021-2022, cuando esas empresas pagaron $1,578,808 millones.
La escandalosa merma en los pagos contributivos de las CFC ha sido ocultada por el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, quien no lo ha mencionado en las últimas dos comparecencias que ha realizado en los medios de comunicación para informar sobre los recaudos totales del pasado año fiscal.
La prensa tampoco ha realizado su función fiscalizadora hasta el punto que la reducción más significativa en una fuente de ingresos del Fondo General en las pasadas décadas ha pasado desapercibida en los medios escritos y audiovisuales, mientras se suceden abundantes historias sobre las controversias intrascendentes en el Partido Popular Democrático o la posible primaria en el Partido Nuevo Progresista.
La primera comparecencia pública de Parés Alicea para atender el tema de los recaudos del pasado año fiscal fue en el periódico El Nuevo Día varias semanas atrás, cuando la periodista Jonisabel González le hizo una lamentable entrevista de relaciones públicas.
En la entrevista Parés Alicea reconoció que el cambio del arbitrio del 4%, que antes pagaban las CFC por las compras que hacen a sus subsidiarias en la isla, al nuevo esquema contributivo que impuso la Ley 52 de 2022 tuvo un efecto en los recaudos del pasado año fiscal 2022-2023.
En el reportaje Parés Alicea menciona que la ley 52 entró en vigencia a mitad del año fiscal 2022-2023, lo que incidió en el “ritmo de los recaudos”, una frase que funciona como un eufemismo para no mencionar la cuantiosa pérdida que representó la aplicación de la nueva estructura contributiva.
Secretario hace mutis sobre boquete en recaudos
De hecho, en la entrevista Parés Alicea jamás mencionó que las CFC habían dejado de pagar $837 millones en el año fiscal 2023, en comparación con el año fiscal 2022, y se limitó a minimizar el impacto económico real evitando ofrecer cifras y en cambio recurrió a los porcentajes para establecer las diferencias de ingreso. “El Fondo General recibió entre 2% y 3% menos que hace un año”, dijo Parés Alicea en la entrevista.
Del escrito se desprende que a la periodista tampoco le importó precisar en cifras el efecto de la nueva ley en los recaudos de las CFC.
El artículo menciona que el régimen del 4% sigue vigente para las empresas que interesen aplicarlo, pero la gran mayoría de las CFC se han inclinado por la Ley 52, que ofrece una combinación de impuestos contra los ingresos, contra los ingresos de los contribuyentes no residentes y contra las regalías por la venta de medicamentos a nivel mundial.
Además, los pagos contributivos que realicen las CFC en Puerto Rico bajo la ley 52 se pueden reclamar como un crédito ante el Servicio de Rentas Internas federal.
Según Parés Alicea, 21 corporaciones CFC se acogieron a la ley 52 de un universo de aproximadamente 30 empresas.
Con esperanzas de cambio
No obstante, en su primer año la ley 52 no ha generado el nivel de ingresos que alcanzó el arbitrio del 4%, aunque el funcionario ha alimentado la esperanza de que en el futuro los recaudos a través de la nueva estructura contributiva sean similares a los generados por el arbitrio del 4%.
En el artículo de ENDI Parés Alicea no explica en qué elementos fundamenta esa esperanza y la periodista se abstuvo de abordar esa gran incógnita.
El funcionario indicó que en el futuro las CFC estarían produciendo en la isla nuevos medicamentos, lo cual debería generar efectos favorables en los recaudos luego de un periodo de expiración de patentes de medicamentos. Pero Parés Alicea no precisó qué garantías han ofrecido las CFC sobre que esos nuevos medicamentos serían elaborados en Puerto Rico.
De hecho, en el reportaje el secretario de Hacienda expresa que los esfuerzos para mejorar la fiscalización IVU y de otras fuentes de ingresos han aportado balance a los recaudos, lo que sin duda es una alusión directa a la alarmante reducción de $837millones en los pagos contributivos de las CFC.
Comunicado no menciona la merma
Incluso, Parés Alicea aseguró que la ley 52 coloca al gobierno en mejor posición para vender a Puerto Rico como una jurisdicción, “donde se puede hacer negocios a un costo asequible para este tipo de entidades (CFC)”, pero no abunda sobre cómo el nuevo régimen contributivo logra ese resultado.
La segunda comparecencia pública de Parés Alicea para atender el tema de los recaudos del pasado año fiscal fue a través de un extenso comunicado de prensa que el Departamento de Hacienda emitió el pasado viernes 8 de septiembre.
El comunicado pretendía informar que los recaudos totales para el pasado año fiscal ascendieron a $12,572.6 millones, lo que representó una merma de $203.4 millones en relación con los ingresos netos del año fiscal 2022.
El comunicado elude mencionar como un dato de relevancia que el pasado año fiscal las CFC solo pagaron $741.8 millones, lo que representa una erosión de 46.9 % en relación con lo recaudado durante el año fiscal 2021-2022.
La información sobre la reducción de $837 millones aparece mencionada en una oración incrustada en un párrafo dedicado a las CFC sin mayores argumentaciones.
Incluso, en un párrafo posterior el comunicado destaca como un rasgo positivo que la importación de materia prima por el sector de la manufactura experimentó un alza de 45% el pasado año fiscal y que las CFC que se acogieron a la ley 52 fueron responsables del 67% del incremento.
Reestructuración con efecto nulo
El economista José Alameda describió como un “boquete” la reducción de $837millones en los pagos de las CFC pasado año fiscal y advirtió que el verdadero problema es que las proyecciones sobre el desempeño futuro de la economía local no la colocan en una situación tan sólida como para garantizar un incremento en los recaudos que operen como un sustituto de la merma en los pagos de las CFC.
Alameda dijo que los recaudos de la CFC junto con el renglón de las contribuciones sobre ingresos y los recaudos del IVU constituyen el 60 % de los ingresos del Fondo General, lo cual podría colocar a los ingresos del gobierno en una posición de incertidumbre “si una de esas tres fuentes de ingreso se tambalea”.
Oscilan las foráneas
“Y eso es lo ha ocurrido. La fuente de ingresos de las foráneas (CFC) se ha tambaleado y ahora tenemos un problema de recaudos”, dijo Alameda.
El economista advirtió que la merma de recaudos de la CFC se debe evaluar en el contexto de los retos financieros que enfrenta el Fondo General.
Explicó que, aunque el servicio de la deuda se redujo de $3,500 millones a $1,150 millones, como resultado de la reestructuración de la deuda lograda por la Junta de Supervisión Fiscal, aún el Fondo General es responsable de aportar por los próximo 15 años $1,000 millones anuales para el fideicomiso de las pensiones.
El citado fideicomiso garantizará que los pensionados del gobierno continúen recibiendo sus pagos mensuales, en caso de que surgiera alguna situación en los próximos años que impida al Fondo General cumplir con esas obligaciones.
Además, el Fondo General es responsable de pagar $2,200 millones anuales en el llamado sistema Pay Go, que son los pagos para los pensionados del gobierno, luego de la quiebra de los sistemas de retiro de los empleados públicos.
“La reestructuración del servicio de la deuda de $3,500 millones a $1,150 millones se ha celebrado con bombos y platillos, pero con esos compromisos de aportar $1,000 millones al fideicomiso de las pensiones y $2,200 millones el Pay Go, la situación del Fondo General es igual a la que teníamos. Entonces entre vela, fósforos y gastos, como decía mi abuelo, eso suma más de $3,500 millones ($4,350 millones) que es una cantidad mayor de la que teníamos que pagar por el servicio de la deuda. En términos del impacto en el Fondo General, esta reestructuración es nula”, dijo Alameda.
Una cuestión de “timing”
Por su parte, el senador Juan Zaragoza Gómez, quien preside la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado, dijo que era “preocupante” la dramática merma de ingresos en el reglón de las CFC luego de aprobada la ley 52.
De acuerdo con Zaragoza, quien también es un ex secretario de Hacienda, Parés Alicea había sostenido que los recaudos bajo la ley 52 irían aumentando paulatinamente como resultado de un proceso de sincronización en la medida que estas empresas CFC estabilizan su producción mientras se ajustan al nuevo régimen contributivo.
“El secretario dijo que el issue era uno de «timing», que se corregiría más adelante. Pero hay que preguntarle si esa es una impresión o, ya que son tan pocas las empresas, si él tiene información de ellas que validan esa teoría. De todas formas, es preocupante”, dijo Zaragoza.
Este periodista solicitó a Parés Alicea, a través de su portavoz de prensa, Vilmar Trinta Negrón, una entrevista con el funcionario para responder a la interrogante sobre el efecto de la ley 52 en los recaudos y qué proyecciones tiene Hacienda sobre la aportación que realizan las CFC al fisco. Trinta Negrón nunca respondió nuestra solicitud.
Acusados por ataque del 9/11 evitarían pena de muerte por acuerdo de culpabilidad respaldado por el Pentágono
Por Miguel Díaz Román
En momentos cuando ayer se conmemoraban los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 que provocaron el colapso de las torres gemelas del World Trade Center en New York y la muerte de casi 3.000 personas, ha trascendido que el Pentágono considera avalar un acuerdo de culpabilidad que beneficiaría al presunto autor intelectual del ataque y a cuatro de sus compinches.
El acuerdo de culpabilidad implica que los cinco acusados podrían escapar a la pena de muerte.
La información, que fue difundida por el noticiario televisivo estadounidense CBS News, indica que el presunto autor intelectual del colapso de las torres gemelas, Khalid Sheikh Mohammed, escaparía de la pena de muerte a cambio de que él y los otros cuatro coacusados cumplan una larga condena de cárcel.
Dudas sobre confesiones obtenidas por tortura
Según la información difundida por CBS News, la posibilidad del acuerdo acontece en medio de la gran incertidumbre que existe entre los fiscales del tribunal militar estadounidense, donde se ventila el caso contra los acusados por el ataque del 9/11, sobre si será admisible en la corte las confesiones extraídas por agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en interrogatorios que han sido descritos como procesos de tortura por los abogados de los acusados.
Fuentes del noticiario televisivo de CBS News sostienen que, como resultado del acuerdo, tras la condena de cárcel, los cinco reclusos permanecerían en las celdas habilitadas en la base militar de Guantánamo en Cuba, en la que, alegadamente, recibirán tratamiento médico permanente para atender las heridas y traumas causados por los interrogatorios.
El juicio contra los cinco acusados se llevaría a cabo en la base militar de Guantánamo. El proceso judicial en el tribunal militar de Guantánamo se ha retrasado durante años debido a las dudas que alberga la fiscalía militar sobre si podrían prevalecer con una evidencia obtenida a través de los agresivos interrogatorios capitaneados por agentes de la CIA.
De hecho, ha trascendido que los cinco acusados del 9/11 fueron retenidos por la CIA antes de ser trasladados a la Bahía de Guantánamo, Cuba, en 2006.
Pentágono envía carta
Según la información difundida por CBS News, el Pentágono envió una carta esta semana a las familias de las víctimas del 9/11 que revela que se están considerando acuerdos de culpabilidad en los que los cinco acusados, incluido el presunto autor intelectual Khalid Sheikh Mohammed.
«Aceptarían la responsabilidad penal por sus acciones y se declararían culpables… a cambio por no recibir la pena de muerte», sostiene la carta.
La misiva generó una gran indignación en Kristen Breitweiser, cuyo esposo murió en la Torre Sur del World Trade Center, y quien ha esperado años para presenciar el proceso judicial y la esperada condena de los cinco acusados. «Estoy desconsolada. Pensé que vivía en los Estados Unidos de América. Pensé que éramos una nación basada en el estado de derecho. Y obviamente, ese resultó no ser el caso». dijo Breitweiser a CBS News.
Rechazan acuerdo de culpabilidad
La propuesta del Pentágono no satisface a Brad Blakeman, quien perdió a su sobrino, Tommy Jurgen, en el World Trade Center. “Nos dijeron, y nos prometieron, que llevaríamos a estas personas responsables ante la justicia y esperamos que eso suceda”, dijo Blakeman.
El abogado defensor de Ammar al-Baluchi, quien es uno de los conspiradores acusados junto a Khalid Sheikh Mohammed , sostuvo el pasado año que un acuerdo de culpabilidad terminaría con el estancamiento que padece el proceso judicial militar en Guantánamo.
El abogado defensor James Connell indicó, “mi cliente está dispuesto a declararse culpable, cumplir una larga condena en Guantánamo, a cambio de atención médica por su tortura, y quitar la pena de muerte de la mesa”.
Según CBS News, la propuesta para trasladar los juicios a los tribunales civiles ha enfrentado una fuerte resistencia en el Congreso, debido a los altos costos que consumiría trasladar a los acusados a Estados Unidos y garantizar su seguridad.
Alegadamente, si finalmente se logra el acuerdo de culpabilidad y los acusados son sentenciados a cumplir largas penas, no podrían ser transferidos a territorio estadounidense para que sean custodiados por el gobierno federal, lo que implica que la prisión de Guantánamo podría permanecer abierta indefinidamente.
INFORME SEMANAL-8 de septiembre de 2023
Esta semana en Informe Semanal dialogamos sobre la violencia machista en el Departamento de Agricultura. También conversamos sobre la impugnación que ya realizó Suiza Dairy contra dos reglamentos enmendados que facilitan la asignación de productores de leche a la planta de balance Indulac, la cual se pretende tratar como otra planta comercial. También dialogamos sobre el estado de nuestro sistema de Salud y cómo la expectativa de vida en Estados Unidos se ha reducido y los efectos que esto puede tener en Puerto Rico.


