Por Miguel Díaz Román
El acuerdo alcanzado entre la administración del gobernador Pedro Pieluisi con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para conceder el retiro a solo 1,240 empleados públicos a través de la implementación de la Ley 80 de 2020 o Ley del Programa de Retiro Incentivado, ha generado un gran resentimiento entre unos 9,440 empleados públicos que inicialmente recibieron notificaciones de elegibilidad de parte del gobierno para obtener el beneficio y luego fueron rechazados.
El acuerdo entre la administración Pierluisi y la JSF para poner en vigor de manera parcial la Ley 80 implica que algunos beneficios que prometía el estatuto no serán honrados y que los empleados públicos elegibles serán un grupo limitado. No obstante, el acuerdo ha garantizado una pensión equivalente al 50 % de su salario. La ley 80 incluye a los empleados públicos cobijados por la ley 1 de 1990 y la ley 447 de 1951.
Aunque la administración Pierluisi alentó la expectativa de que los 10,680 empleados públicos que recibieron notificaciones de elegibilidad y que luego solicitaron acogerse al retiro a través de la ley 80, finalmente el acuerdo con la JSF limitó el beneficio a 1,240 empleados “no esenciales”.
Como resultado del acuerdo las plazas de estos empleados serán eliminadas luego de que se acojan a la jubilación. El acuerdo también comprende que los restantes 9,440 empleados públicos no podrán acceder a la jubilación con los beneficios de ley 80 porque fueron catalogados como “esenciales”.
“Hay muchos empleados públicos molestos y desilusionados con lo que han hecho con la ley 80. Ahora tenemos 1,240 empleados que se van con 50 % de su salario y 9,440 que se deberán acoger a la ley 3 del 2013, que redujo la pensión de los empleados públicos y eliminó beneficios económicos a los pensionados”, dijo un empleado público con edad para el retiro, pero debido a que fue catalogado por la agencia en que trabaja como “esencial” no podrá acogerse al beneficio que ofrece la ley 80.
Menos pensión por ley 3 de 2015
La ley 3 de 2013 eliminó beneficios a los pensionados del gobierno y redujo las pensiones de los futuros empleados públicos que se acogieron al retiro, debido a la crisis financiera que enfrentó el Sistema de Retiro.
“Por ley 3 los empleados de ley 1 recibirán una pensión de 29 % de su salario y los de ley 447 un 38 %. Esto en realidad es un discrimen”, dijo el empleado público, quien prefirió no revelar su nombre para evitar represalias.
El acuerdo contempla que, junto con la pensión vitalicia, los retirados recibirán $100 de aportación para el plan médico hasta cumplir los 62 años, más el pago de sus vacaciones acumuladas. El acuerdo, que entraría en vigencia durante el primer semestre de 2024, requiere la aprobación de la jueza Laura Taylor Swain, que preside el caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico y sus corporaciones públicas en el Tribunal Federal de San Juan, según las disposiciones de la ley federal Promesa.
De hecho, la aprobación de la ley 80 en 2020 provocó una “guerra” epistolar entre la ex directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, y funcionarios del gobierno durante la administración de la ex gobernadora Wanda Vázquez Garced y en la presente administración de Pierluisi.
Jaresko objetó las leyes
La Ley 80 fue parte de un paquete de tres medidas, las leyes 80, 81 y 82, firmadas por Vázquez Garced en agosto de 2020. La ley 81 proponía un pago mensual de jubilación equivalente al 50 % del salario a los policías, bomberos y otros empleados de agencias de seguridad del gobierno.
La Ley 82 autoriza que el Sistema de Retiro de Maestros acredite como tiempo trabajado el balance acumulado de licencias por enfermedad de los maestros, lo que acelerará la fecha de retiro de cientos de maestros que no cumplían con el requisito de tiempo trabajado para acogerse al retiro.
La medida que se convirtió en la ley 80 la presentó el pasado cuatrienio el entonces presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la delegación del Partido Nuevo Progresista. Entre sus principales promoventes figuran el senador Carlos Rodríguez Mateo y la senadora Migdalia Padilla.
La Ley 81 surge de un proyecto radicado por el senador Gregorio Matías.
En las numerosas cartas enviadas a funcionarios del gobierno, Jaresko objetó las tres leyes por la ausencia de un análisis financiero en la Legislatura para justificar su viabilidad y porque debido a la precariedad de la economía local a largo plazo, el gobierno no podrá cumplir con el costo multimillonario de las medidas.
Sin justificación financiera las medidas
La JSF exigió la presentación de informes económicos y actuariales sobre el impacto de los beneficios a largo plazo en el fondo general y también indicó que las medidas eran contrarias a la ley Promesa. Jaresko amenazó con solicitar la anulación de las leyes en el Tribunal Federal, una amenaza que se hizo realidad en diciembre de 2021, cuando la jueza Taylor Swain las anuló.
Pero, a pedidos de la JSF, la jueza emitió una orden en la que pospuso la puesta en vigor de la anulación de la ley 80, en espera de que el gobierno y el organismo federal lograran un acuerdo para ofrecer algunos de sus beneficios de la ley sin que le cueste un centavo al fisco.
En un comunicado de prensa distribuido el pasado sábado 16 de septiembre el gobernador Pierluisi se felicitó por el acuerdo alcanzado con la JSF.
“Tras lograr un acuerdo con la Junta, hoy podemos anunciar que el Programa de Retiro Incentivado es una realidad y que los empleados elegibles no esenciales de las leyes 1 y 447 se podrán retirar con una pensión vitalicia de un 50%, a la vez logramos ahorros significativos para el gobierno.”, sostuvo el gobernador.
Inminente costo político
“Esto va a tener un costo político. Yo sé que hay mucha gente molesta y desilusionada que están consultando con abogados laborales para ver si radican un caso por discrimen”, agregó el empleado público.
El funcionario dijo que, además, existe un universo de aproximadamente 30,000 empleados bajo la ley 1 y hasta 12,000 empleados de ley 447 que serán discriminados con este acuerdo entre la administración Pierluisi y la JSF.
De hecho, en una carta de 2021 Jaresko había anticipado que la aprobación de la ley 80, 81 y 82 podría resultar en un discrimen contra los empleados que no tengan la edad para la jubilación.
La ex directora ejecutiva de la JSF advirtió que existía la posibilidad de que cuando los empleados bajo la ley 1 y ley 447 cumplan con los requisitos de edad para la jubilación, podrían exigir el mismo trato concedido por ley 80, un reclamo que podría generar serias implicaciones legales y financieras para el gobierno si prevalece en un tribunal.
