Por Miguel Díaz Román
A pesar de que los representantes de los principales reaseguradores que asumen riesgos en Puerto Rico levantaron su voz por la atmósfera de “inseguridad legal”, “incertidumbre” y de posibles “conflictos” que podría causar una medida que concede al gobierno el poder de ajustar las reclamaciones emitidas por las aseguradoras privadas, el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, restó importancia a los señalamientos al sostener que los reaseguradores parten de “premisas erradas”.
Adams Vega sostuvo que la medida pretende ofrecer una alternativa a los asegurados insatisfechos con los ajustes realizados por las aseguradoras, quienes acuden a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) en busca de un remedio y no lo encuentran debido a que actualmente el Código de Seguros no faculta al regulador con el poder de intervenir en una reclamación.
El funcionario no explicó en qué consisten las “premisas erradas” que atribuyó a los representantes de los reaseguradores, pero advirtió que el Proyecto de la Cámara 1533 solo le permitiría a la OCS “revisar” las reclamaciones emitidas por las aseguradoras.
Adams Vega se amparó en la palabra “revisar” como un subterfugio semántico para minimizar los efectos del poder que le reconoce la medida. Pero la redacción del proyecto establece claramente que, además de “revisar”, el Comisionado de Seguros podrá “determinar la valoración de daños en reclamaciones de seguros en controversia”.
Los planteamientos de Adamas Vega y de los ejecutivos de las compañías de reaseguro formaron parte del foro “Reaseguro, retos de la industria de seguros en Puerto Rico 2023”, auspiciado por la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE).
La actividad fue celebrada el pasado jueves en el hotel Vanderbilt en el Condado.
Durante el foro Harry Bishop, vicepresidente de Guy Carpenter; Tobias Heister, gerente de clientes de Munich Re Caribbean; Humberto Cabrera, principal oficial de Latin American P&C Partner Re y Eduardo Garduño, principal oficial del reasegurador Swiss Re para las regiones Andina y del Caribe, dejaron saber en distintas instancias la incertidumbre que ha provocado el Proyecto 1533.
Con reservas los reaseguradores
Las reservas de los ejecutivos con el propósito de la medida acontecen en el contexto de que la industria de reaseguro a nivel mundial atraviesa un periodo de reducción de capacidad debido a las pérdidas sufridas en los pasados años por las diversas catástrofes ocurridas, la caída del euro y los efectos colaterales causados por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.
Los representantes de los reaseguradores también plantearon de manera clara que actualmente existe una competencia entre diversas jurisdicciones en busca de capacidad de reaseguro y advirtieron que para las compañías de reaseguro la seguridad legal y la ausencia de incertidumbre en los aspectos regulatorios serán factores importantes a considerar para invertir en determinados mercados.
De hecho, Eduardo Garduño sostuvo que la iniciativa de investir al regulador con el poder de intervenir reclamaciones ya fue avalado por algunos países en Latinoamérica como Ecuador, y la experiencia ha sido tan desfavorable que actualmente existen iniciativas para desmontar el aparato legal que lo posibilitó.
El Proyecto 1533 fue presentado por la representante Estrella Martínez Soto a petición del propio Adams Vega.
El funcionario sostuvo en el foro que las situaciones precursoras de la medida fueron el atraso en el pago de reclamaciones tras el huracán María y los alegados bajos ajustes de daños efectuados por determinadas aseguradoras.
Sin evidencia el Comisionado de Seguros
El Comisionado de Seguros no acompañó sus argumentos a favor de la medida con evidencia estadística sobre las dificultades de los asegurados tras el huracán María, sino que fundamentó su apoyo en una experiencia que tuvo durante una entrevista en una estación de radio, en la que un radioescucha planteó que debido a las dificultades que experimentó para cobrar una reclamación había perdido la fe en la industria de seguros.
ACODESE ha sostenido que hasta el presente se han desembolsado más de $7.2 billones en pagos por reclamaciones causadas por los huracanes Irma y María.
En total, se han resuelto 300,582 reclamaciones y aún permanecen pendientes 1,800 reclamaciones, de las cuales 1,400 están en litigio en los tribunales.
Según ACODESE, el retraso en la resolución de reclamaciones obedeció a varios factores en los que figuran el desconocimiento de los asegurados sobre el alcance de sus pólizas y sobre los requisitos para presentar reclamaciones.
Otro factor fue la presentación de reclamaciones infladas por parte de determinados ajustadores públicos.
Fraude sin respuesta
Durante el foro Adams Vega no ofreció respuesta en dos ocasiones cuando se le preguntó cuántos casos de fraude había presentado la OCS contra ajustadores públicos que habían inflado reclamaciones.
Entre estos ajustadores públicos figura la empresa Scott Favre Adjusters, a la cual la OCS imputó diversas violaciones al Código de Seguros en 2019 por cometer fraude al presentar estimados de pérdidas infladas en los daños causados por el huracán María.
La OCS le imputó al ajustador público haber cometido fraude en las reclamaciones de un edificio de la empresa Rivera Siaca Inc, ubicado en San Juan, y en propiedades de los municipios de Yabucoa y San Germán. Tres años después de la determinación de la OCS, el caso de Scott Favre no ha sido examinado en una vista a fondo.
El ajustador público es representado por el licenciado Andrés Guillemard, quien es el esposo de Caridad Pierluisi, hermana del gobernador, Pedro Pierluisi, y quien ocupa la posición de directora de la Oficina del Gobernador.
También figuran como abogados de Scott Favre los licenciados Ramón Rosario y Alfonso Orona. Durante la administración del ex gobernador Ricardo Rosselló, Rosario fue ex secretario de Asuntos Públicos y Orona fue asesor legal en la Fortaleza.
No está claro si los estrechos vínculos de los abogados de Scott Favre con la administración del gobernador Pierluisi y con el Partido Nuevo Progresista estén relacionados con la falta de acción de la OCS en el caso del ajustador público.
En la OCS también se han radicado querellas contra Edward Reynols y la empresa 411 Claims PR LLC, por, alegadamente, fungir ilegalmente como ajustadores públicos de la Autoridad de Carreteras y la Autoridad de Transporte Marítimo, debido a que no tienen licencia.
Demonizada la industria de seguros
Adams Vega también intentó disminuir el alcance del Proyecto 1533 al plantear que propuso una enmienda para confinar la intervención de la OCS en reclamaciones de individuos de hasta $300,000, lo que fue considerado como un límite excesivo por Luis Negrón, quien es vicepresidente de suscripción y reclamaciones de Mapfre.
Negrón indicó que en el universo de reclamaciones que maneja Mapfre, la mayoría de los reclamos de individuos se encuentran en los $300,000 o menos, lo que implica que la OCS tendría un radio amplio de intervención en los ajustes realizados por esa y otras aseguradoras.
El ejecutivo denunció lo que llamó una retórica “para demonizar a la industria de seguros la cual ha sido respaldada por el gobierno, determinados bufetes de abogados y ajustadores públicos”.
El funcionario reveló que la OCS realiza una revisión actuarial de las tarifas de la póliza básica para viviendas que provee protección contra daños causados por fuego, huracán o terremoto y que se conoce como “pólizas dwelling”.
Las tarifas de estas pólizas no se han reevaluado durante décadas y han sido señaladas por los reaseguradores como insuficientes, en relación con el costo actual de las propiedades en Puerto Rico y el alza en el costo de reconstrucción incluyendo materiales de construcción y mano de obra.
Adams Vega dijo que antes de que se culmine la revisión, la OCS estaría aceptando solicitudes de desviación de las tarifas vigentes de parte de las aseguradoras.
El Comisionado anunció que aprobará nuevos requisitos para estimar la pérdida máxima probable, la cual surge del promedio de pérdida que arrojen los resultados de dos programas de simulación catastrófica.
Dijo que como resultado de nuevas disposiciones de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros habrá hasta 34 nuevos reaseguradores a través de las llamadas “jurisdicciones recíprocas”, pero los ejecutivos de las aseguradoras locales indicaron que no se ha registrado en el mercado local la presencia nueva capacidad de reaseguro.
Inminente alza en el reaseguro
En el foro Harry Bishop comentó un inminente aumento en el costo de reaseguro que podría alcanzar hasta un 27% para los riesgos catastróficos de propiedad, y específicamente indicó que para el Caribe el alza podría oscilar entre 15 % y 30 %, lo cual ya era conocido en la industria local de seguros.
No obstante, lo que aún las aseguradoras locales desconocen es el monto del aumento que los reaseguradores exigirán por sus carteras individuales de riesgos, lo que impide definir el efecto que tendrá en el costo de los seguros a nivel del consumidor.
En los próximos meses las aseguradoras conocerán el monto del alza durante la renovación de sus contratos de reaseguro con los reaseguradores.
El presidente de Antilles Insurance, Jaime González, sostuvo que ha expresado a los reaseguradores su preocupación por aumentos que superen el 20%, debido a la situación asfixiante que enfrenta el consumidor local por los aumentos en el costo de vida causados por la inflación.
“Yo he tratado de decirles que es muy difícil vender un aumento muy grande porque estamos en una economía débil, donde todo el mundo está pagando más por los huevos, el agua…por todo. Yo puedo vender un 20 %, pero es difícil vender un 30%, un 40% y 50 % a un asegurado que está pagando más por todo”, indicó.
Más cambios
González sostuvo que el efecto del aumento en el reaseguro y la reducción de capacidad vendrán acompañados de otras modificaciones impulsadas por los reaseguradores tales como un aumento en la llamada retención, que es aquella porción del riesgo que pagan las aseguradoras en reclamaciones utilizando fondos propios, en caso de que ocurra un evento catastrófico.
“Al aumentar esas retenciones nuestros resultados operacionales se pueden ver afectados en caso de una catástrofe”, advirtió el ejecutivo.
Los reaseguradores también exigirán un aumento en el depósito o la prima mínima que pagan las aseguradoras como parte de los contratos de reaseguro. “Si antes la prima era de 70% ahora será de 80 % y 90 %”, dijo González.
Otra novedad es que los reaseguradores cobrarán un cargo adicional para garantizar protección si ocurre un segundo evento catastrófico durante la vigencia de un contrato anual.
“Antes nosotros comprábamos una capa catastrófica que cubría dos eventos. Ahora tendremos que pagar por ese segundo evento”, agregó González.
Además, los contratos de reaseguro catastrófico serán restringidos por el concepto denominado “peligros nombrados”, que es definir claramente los riesgos para huracán y terremotos.
José Del Amo Mojica, presidente de Triple S Propiedad, sostuvo que el desafío será “cómo vamos a transferir gran parte de estos costos a nuestros asegurados. Algunos recibirán un mayor incremento, otros recibirán menos y quizás algunos no recibirán nada porque ya se habían incrementado sus tasas”.
Jorge Amadeo, jefe se suscripción de Universal Insurance, indicó que el aumento en “el reaseguro será de doble dígito en caso de todos los riesgos”. Indicó que el efecto del alza hacia el consumidor dependerá “de la tolerancia de riesgo de cada compañía y del resultado de la negociación con los reaseguradores”.
Negrón sostuvo que “vamos a tener que ser selectivos en los riesgos y cómo usamos esa capacidad para asegurarnos que se cubran las necesidades de los principales clientes de la aseguradora”.
En el foro trascendió que habrá capacidad de reaseguro para las carteras de clientes existentes, lo que implica que los nuevos clientes podrían enfrentar serias dificultades para conseguir una póliza de seguros para sus operaciones y propiedades.
Entre nuevos clientes figuran decenas de proyectos estratégicos de infraestructura promovidos por el gobierno con los fondos federales de reconstrucción.
En el foro se discutieron los efectos del cambio climático y cómo será afectada la industria de seguros a causa de los trastornos de la economía local.
