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Puerto Rico
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Salen a flote deficiencias en evaluación de reglamento del Subsidio Salarial Agrícola

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Por Miguel Díaz Román

La evaluación deficiente de un reglamento del Programa de Subsidio Salarial Agrícola (PSSA) por el Departamento de Estado ha sacado a flote la mediocridad que impera en el servicio público, según pudo constatar una indagación del expediente realizada por Síntesis Noticiosa (SN).

Entre las enmiendas al reglamento del PSSA figura que por primera vez se permitirá que las empresas agrícolas reciban el beneficio por los trabajadores extranjeros que laboren sus fincas – que pueden entrar al país con la visa H2A que provee el gobierno federal – una medida que podría beneficiar a numerosas empresas que operan en el cultivo de café y de hortalizas.

No obstante, la subsecretaria de Estado, Lersy Boria Vizcarrondo, a quien esta semana el Senado avaló su designación como jueza del Tribunal Apelativo, accedió a promulgar las enmiendas al reglamento del PSSA el pasado 18 de julio a pesar de que el Departamento de Agricultura (DA) omitió información sobre las implicaciones que tendrá incluir a los trabajadores extranjeros entre los beneficiarios del programa.

De hecho, no está claro si la licenciada Boria Vizcarrondo o la división legal del Departamento de Estado (DE) se enteraron de que el reglamento fue enmendado para incluir a los trabajadores extranjeros en el PSSA.

Tampoco está claro si antes de promulgar el reglamento la licenciada Boria Vizcarrondo o la división legal del DE se percataron de las deficiencias que surgen de la evaluación realizada por el Procurador de los Pequeños Negocios (PPN), Ignacio Sánchez Carrera.

El PPN, que es una entidad adscrita a la Oficina del Procurador del Ciudadano, tiene la obligación legal de verificar si los reglamentos promulgados por el DE afectan a las pequeñas empresas.

Para hacer esta evaluación el PPN le entrega a la agencia que se propone promulgar un reglamento o realizar enmiendas a un reglamento existente, el llamado Análisis de Flexibilidad, un requisito establecido por la Ley 454 del 2000, conocida como Ley de Flexibilidad Administrativa y Reglamentaria para el Pequeño Negocio.

El análisis, un documento que contiene una serie de interrogantes que la agencia debe responder, tiene el propósito de garantizar que los pequeños negocios no sean afectados por los reglamentos o por los excesivos requerimientos. La ley 454 exige flexibilizar los reglamentos para no lesionar a las pequeñas empresas.

Agricultura omite información

Del Análisis de Flexibilidad entregado por el DA, se desprende que nunca se mencionó que por primera vez el reglamento del PSSA fue enmendado para permitir que las empresas agrícolas reciban el beneficio por los trabajadores extranjeros que laboren sus fincas.

El DA tampoco explicó cómo la inclusión de esos trabajadores afectaría el presupuesto existente PSSA que tiene como objetivo garantizar un subsidio de 50 % para los salarios de los trabajadores agrícolas.

En sus respuestas el DA no explicó que los trabajadores extranjeros reciben un salario agrícola de hasta $9.50 por hora, el cual es sustancialmente más alto que el salario agrícola reconocido en el reglamento, que asciende a $5.25 por hora. En ese escenario, el subsidio avalado por el reglamento es de $2.72 por hora para el trabajador agrícola.

Se reducen los fondos del subsidio

Esas diferencias salariales no son explicadas en las respuestas ofrecidas por el DA. Tampoco se explicó cómo se concilian esas diferencias. Es decir, si el incentivo salarial para los trabajadores extranjeros será de $4.75 o una cantidad menor y si el incentivo identificado en el reglamento para los trabajadores locales será modificado con el fin de equiparar su cantidad al incentivo que podrían recibir los trabajadores extranjeros.

Otro ángulo que el DA no reveló en sus respuestas al Análisis de Flexibilidad es que, de los $20 millones que están asignados al programa, $ 2 millones están destinados para pagar el llamado bono agrícola, lo que reduce la partida para el pago del incentivo salarial a $18 millones.

Además, existen aproximadamente $7 millones que se destinan para el llamado incentivo por producción, el cual va dirigido a las empresas de ganado de leche, pollos parrilleros y huevos. Los ganaderos reciben 22 centavos por cada cuartillo de leche, los productores de pollos $5.55 por cada mil libras y los productores de huevos $1.40 por cada 30 docenas de huevos.

Como resultado de esas partidas, los fondos para el incentivo salarial agrícola se reducen a $11 millones para un año, el cual se divide en cuatro trimestres. Esto implica que por cada trimestre el PSSA contará con $2.75 millones.

Además, el DA no reveló si los fondos disponibles serán suficientes para incentivar los salarios de los cerca de 1,300 trabajadores locales y los 400 trabajadores extranjeros.

El factor X

“El secretario sabe que no cuenta con los fondos para subsidiar el 50 % del salario de los trabajadores agrícolas. Y aún así el funcionario se la ha pasado alentando expectativas entre los agricultores de que podrán contar con un subsidio equivalente al 50 % de sus salarios. Eso no es cierto”, dijo una fuente que conoce el funcionamiento del programa.

De acuerdo con la fuente, en el DA se planifica consolidar en una sola partida los $11 millones para el incentivo salarial y los $7 millones para los incentivos por producción, con lo que contarían con $18 millones para distribuirlos en partidas de $4.5 millones para cada uno de los cuatro trimestres.

“A eso le llaman el factor X. Los $4.5 millones se van a dividir entre todos los participantes del programa y eso dará para casi $2 por hora. Eso de un incentivo de 50 % del salario es una falacia”, dijo la fuente.

Endosos a pesar de las deficiencias

A pesar de toda la información pertinente que el DA omitió en sus respuestas en el Análisis de Flexibilidad, la cual indica que las empresas agrícolas no recibirán un subsidio equivalente al 50 % del salario agrícola, Sánchez Carrera endosó las enmiendas al reglamento del PSSA el pasado 12 de mayo.

De igual manera actuó la subsecretaria de Estado, Boria Vizcarrondo, quien sin examinar las múltiples deficiencias del Análisis de Flexibilidad presentado por el DA, promulgó el reglamento el 18 de julio, mientras fungía como secretaria de Estado interina. Boria Vizcarrondo y Sánchez Carrera no estuvieron disponibles para responder a las preguntas de SN.

El secretario de Estado, Omar Marrero Díaz, tampoco respondió a las peticiones de SN para conocer en qué consistió la evaluación realizada por el DA del reglamento de PSSA.

De hecho, entre los empresarios agrícolas que se benefician del PSSA existe una gran incredulidad sobre la capacidad financiera del DA para satisfacer el 50 % del pírrico salario agrícola que reconoce el reglamento. Incluso, los empresarios estiman que el incentivo que recibirán podría ascender a menos de $2 por hora, incluyendo a los empresarios que han contratado trabajadores extranjeros para sus fincas.

No obstante, el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, ha realizado anuncios públicos en los medios de comunicación exhortando a los empresarios agrícolas a participar del PSSA y recibir el presunto subsidio de 50% del pago del salario agrícola a sus trabajadores.

González Beiró ha rechazado de manera reiterada responder a las solicitudes de entrevista de parte de SN.

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Senado aprobó resolución que pide la destitución del Comisionado de Seguros

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Por Miguel Díaz Román

En el último día de la pasada sesión legislativa, que finalizó el pasado 14 de noviembre, el Senado aprobó una resolución que expresa el repudio del Senado contra el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, y le solicita al gobernador Pedro Pierluisi que lo destituya de inmediato.

La medida aprobada es la Resolución del Senado 852, que condena las acciones de Adams Vega por representar falsamente ante la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) que poseía la autoridad en ley para prohibir, por la vía administrativa, que los aseguradores y reaseguradores internacionales pudiesen suscribir riesgos en los Estados Unidos.

La RS 852 es equivalente a la moción de censura que se utiliza en los sistemas parlamentarios y en algunos sistemas presidenciales como el nuestro, en el que se pide la destitución de un miembro de gabinete, del primer ministro o del presidente como resultado de que el poder legislativo ha perdido la confianza en ese funcionario.

No obstante, se desconoce si el gobernador Pierluisi reaccionará a la petición de la resolución senatorial, la cual fue aprobada con el voto a favor del senador Willian Villafañe, quien competirá en una primaria por la posición de candidato a Comisionado Residente por el Partido Nuevo Progresista.

La resolución también fue respaldada por la senadora Ana Irma Rivera Lassén, de Victoria Ciudadana, y la senadora Joanne Rodríguez Veve, quien pertenece a Proyecto Dignidad.

La resolución sostiene que Adams Vega hizo esa falsa representación con el fin de lograr que la NAIC aceptara acreditar nuevamente a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) el 12 de diciembre de 2022. La acreditación fue suspendida en julio de 2020.

La RS 852, radicada por el senador Juan Zaragoza Gómez, quien preside la Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado (CHS).

Resolución condena expresiones

La resolución también condena a Adams Vega por unas controvertibles expresiones en las que el funcionario acusó a la CHS de haber presentado la Resolución del Senado 612 para proteger una determinada aseguradora internacional que no identificó.

La RS 612, que también fue radicada por Zaragoza Gómez, propuso investigar los motivos por los cuales la NAIC suspendió la acreditación de la OCS.

Precisamente, el primer informe parcial de la resolución 612 es la base argumental de la RS 852, porque concluyó que Adams Vega cometió fraude, actuó de manera ilegal y en abierta contravención a la política pública establecida por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en torno al desarrollo del Centro Internacional de Seguros (CIS) y su ley matriz, la Ley 399 de 2004.

Las expresiones del Adams Vega, publicadas el miércoles 18 de octubre por el periódico El Vocero, elevaron la temperatura en el debate generado por la resolución 612.

En esas expresiones el funcionario sostuvo que “esta resolución lo que persigue es proteger un caso particular de una aseguradora internacional que busca establecerse en la Isla, cuyo esquema de negocio no cumple con los criterios uniformes aplicables de las aseguradoras tradicionales. Esta resolución, hecha a la medida, lo que busca es darle carta abierta para que las aseguradoras que están aquí hagan negocio en los Estados Unidos, lo que no es permitido. No pueden (las aseguradoras internacionales) tener negocios en varias jurisdicciones”.

La RS 852 señala que la expresión de Adamas Vega “es absolutamente falsa y difamatoria y una absoluta falta de respeto a la CHS, que responsablemente condujo su investigación y rindió su informe, y al Senado de Puerto Rico, que recibió dicho informe. La actuación del Comisionado Alexander S. Adams Vega merece el más enfático repudio de este Senado”.

Cámara de Representantes no aprueba

En la pasada sesión el Senado aprobó el Proyecto del Senado 1352, radicado también por Zaragoza Gómez, el cual propone establecer de manera clara que las aseguradoras instaladas en el CIS podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en Estados Unidos. La medida pasó a la Cámara de Representantes sin mayores resultados porque fue enviada a la Comisión sobre Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros, lo que implica que será examinada en la próxima sesión legislativa.

Esta determinación de la Cámara satisfizo a Adams Vega, quien realizó un fuerte cabildeo en contra de la aprobación de la medida porque, según sostuvo el funcionario, podría causar que la OCS pierda la acreditación de la NAIC.

En su gestión de cabildeo Adams Vega logró convencer al senador Tomás Rivera Schatz sobre los alegados daños que causaría la aprobación del PS 1352 a la acreditación de la OCS.

11,000 agentes en peligro según Rivera Schatz

En una carta enviada a Zaragoza Gómez el pasado 7 de noviembre, Rivera Schatz insistió en que el PS 1352 causará la pérdida de la acreditación y provocará que 11,000 agentes de seguros registrados en la OCS no puedan realizar negocios en Estados Unidos por la presunta falta de reciprocidad.

No obstante, fuentes de la industria de seguros indicaron que la alegación de Rivera Schatz no es correcta debido a que la reciprocidad no responde estrictamente a la existencia de una acreditación de la NAIC, sino a la similitud de las leyes, reglamentos y requerimientos sobre la industria de seguros, aprobados en Puerto Rico y en los estados de Estados Unidos.

De hecho, la fuente indicó que durante el periodo en que la OCS perdió la acreditación de la NAIC, entre 2020 y 2022, los agentes de seguros locales continuaron realizando negocios en los estados de Estados Unidos sin dificultad alguna.

En la carta, el senador reiteró la acusación efectuada por Adams Vega en relación con los resultados del informe parcial de la RS 612, sobre que “esta resolución lo que persigue es proteger un caso particular de una aseguradora internacional”.

Transacción con repercusiones

La decisión de la NAIC de eliminar la acreditación de la OCS obedeció a que, en 2018 el ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, avaló una transacción de que involucró una aseguradora que se habían instalado en el CIS en 2017 y que estaba vinculada con otra aseguradora de seguros de vida y seguros de cuidado prolongado en Wisconsin.

La transacción, que colocó en peligro el reaseguro para miles de asegurados en ese estado y en otros estados, fue objetada por varios Comisionados de Seguros. Para acreditar nuevamente a la OCS la NAIC exigió que a las aseguradoras instaladas en el CIS que hicieran negocios en Estados Unidos se le impusieran regulaciones financieras como si fueran aseguradores para el mercado local.

El 7 de diciembre de 2022 Adams Vega emitió la carta circular 2022-2007, la cual sostiene, entre otros planteamientos, que cualquier asegurador “organizado bajo las leyes de Puerto Rico e interesado en realizar negocio de seguros en otro estado o territorio de Estados Unidos acreditado por NAIC, deberá cumplir con los procesos y requisitos bajo el capítulo 3, 28 y 29 del Código de Seguros de Puertos Rico como un asegurador doméstico tradicional”.

Tras la emisión de la carta circular 2022-2007, el 12 de diciembre de 2022 la NAIC informó la aprobación de reacreditación de la OCS.

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Rumbo a Fortaleza polémica medida que exige piezas originales y condiciona las piezas de repuesto

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Por Miguel Díaz Román

La Cámara de Representantes aprobó en la presente sesión una medida que prohíbe a las aseguradoras requerir el uso de piezas que no son originales en la reparación de vehículos accidentados, a pesar de que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) advirtió que exigir piezas originales podría causar un alza en las primas de los seguros para automóviles.

La única excepción para no usar las piezas originales, según dispone la medida, es emplear las llamadas piezas de repuesto cuando estas sean «de igual clase y calidad que la pieza original desde la perspectiva de ajuste, calidad y rendimiento».

La OCS ha sostenido que el acceso al mercado de piezas de repuesto, que se venden a precio menor a las piezas originales, favorece a los consumidores debido a la competencia de precios que se genera en el mercado de piezas para automóviles.

Si la medida aprobada se convierta en ley, las aseguradoras estarían obligadas a utilizar de manera preferencial piezas originales de fábrica en la reparación de un vehículo asegurado o por los daños causados a otro vehículo por el auto asegurado.

La medida no establece de manera precisa cómo la OCS hará cumplir el requisito de usar piezas de repuesto cuando éstas sean “de igual clase y calidad que la pieza original desde la perspectiva de ajuste, calidad y rendimiento”.

Es decir, la medida no desglosa los criterios que utilizará la OCS para determinar las características de las piezas de repuesto aptas para ser utilizada en la reparación de un vehículo y los criterios para descartar ese tipo de piezas.

Las disposiciones de la medida serán de cumplimiento obligatorio para las aseguradoras que venden seguros para autos en el mercado local, incluyendo las aseguradoras que mercadean el Seguro de Responsabilidad Obligatorio.

El Proyecto del Senado 376 fue radicado en 2021 por la senadora popular Migdalia González Arroyo, quien representa el distrito senatorial de Mayagüez y Aguadilla. Tras la aprobación en el Senado en 2021, la medida pasó a la Cámara de Representantes donde fue avalada el pasado 8 de noviembre sin enmiendas.

A Fortaleza el PS 376

Con la aprobación en ambos cuerpos, ya el PS 376 figura en el paquete de proyectos que serán enviados a la Fortaleza para que el gobernador Pedro Pierluisi los convierta en ley con su firma.

La medida no define lo que es una pieza de repuesto, no obstante, los deponentes en las vistas públicas coincidieron en que una pieza de repuesto es aquella pieza nueva “genérica” que no es una pieza original, pero que puede ofrecer una calidad similar a la elaborada por el fabricante original. Incluso, en las vistas se planteó que las piezas de repuesto son fabricadas siguiendo las especificaciones del fabricante original.

La medida proponer una enmienda al Código de Seguros para establecer que será “práctica desleal en el ajuste de una reclamación de seguros de vehículos que el asegurador, incluyendo aquellos que ofrecen cubierta del seguro obligatorio, requiera a un asegurado, o tercero reclamante, el uso de piezas de repuesto en la reparación del vehículo, a menos que la pieza de repuesto sea de igual clase y calidad que la pieza original desde la perspectiva de ajuste, calidad y rendimiento”.

En contra de prohibir piezas de repuesto

El ex Comisionado de Seguros, Mariano Mier Romeu, quien compareció a las vistas públicas en la Cámara de Representantes antes de renunciar al puesto en 2022, sostuvo que la prohibición absoluta a la utilización de piezas de repuesto podría tener el efecto de aumentar los costos de reparación y el costo de las primas de los seguros para automóviles.

Las expresiones de Mier Romeu y de otros miembros de la industria de seguros surgen del segundo informe positivo de PS 376, elaborado por la Comisión de Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Cámara de Representantes. Esta Comisión es presidida por la representante Estrella Martínez.

La versión original del PS 376 prohibía a las aseguradoras utilizar piezas de reemplazo y como única excepción establecía que se podía usar este tipo de piezas «cuando la pieza original no esté disponible en el mercado».

Mier Romeu sugirió que se adoptara una mayor flexibilidad en el lenguaje y recomendó usar el reglamento modelo de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) para piezas fuera del mercado.

Este reglamento cataloga como una práctica desleal en el ajuste de las reclamaciones que el asegurador requiera el uso de una pieza de repuesto en la reparación del vehículo, a menos “que ésta sea de igual clase y calidad que la pieza original desde la perspectiva de ajuste, calidad y rendimiento”.

Competencia favorece bajos precios en piezas

No está claro si a partir de las recomendaciones de Mier Romeu cambió el lenguaje final del PS 376. La realidad es que la excepción que establecía la medida para permitir el uso de piezas de repuesto “cuando la pieza original no esté disponible en el mercado”, fue eliminada de la medida.

No obstante, Mier Romeu indicó que “la prohibición absoluta a la utilización de piezas no originales, aun cuando éstas sean de igual clase y calidad que las piezas originales, podría tener el efecto de aumentar los costos de reparación. Este aumento a su vez podría tener el efecto de aumentar los costos de reparación. Este aumento a su vez podría repercutir en los consumidores en la forma de primas de seguro más elevadas”.

Explicó que el acceso al mercado de piezas de repuesto, que se venden a precio menor a las piezas originales, favorece a los consumidores como resultado de la competencia de precios que se genera en el mercado de piezas para automóviles.

“La disponibilidad de piezas de repuesto, que a veces son fabricadas por el fabricante original del vehículo o siguiendo sus especificaciones, introduce una competencia en el mercado de piezas de vehículos, la cual, de ordinario, redunda en más opciones y mejores precios para los consumidores”, dijo Mier Romeu.

La licenciada Nereida Carrero Muñiz, quien es la directora ejecutiva de la Asociación de Suscripción Conjunta, que administra el SRO y que, además, es una de las aseguradoras que compite en la venta de ese seguro, respaldó que la medida no prohíba de manera absoluta al uso de piezas repuesto.

Piezas originales aumentan primas

Carrero Muñiz indicó que la industria de seguros reconoce que el uso exclusivo de piezas originales tiene el efecto de incrementar los costos de reparación, lo cual se traduce en un aumento de primas de los seguros de automóviles. Indicó que la alternativa de “piezas de reemplazo” contribuye significativamente a evitar el aumento en el costo de las reparaciones y ayudan a mantener bajas las primas de los seguros de automóviles. 

De hecho, la directora ejecutiva de la Asociación de Seguros de Puerto Rico (Acodese), Iraelia Pernas, argumentó  numerosas interrogantes a las que la medida no responde.

“Del lenguaje propuesto en el PS 376 surgen múltiples interrogantes, a saber: ¿Cómo se determina que la pieza que resulta dañada o perdida al momento del accidente, era una “original? ¿Se refiere a una “pieza original” instalada en el vehículo desde su fabricación y comienzo de su vida útil de fábrica? Esto pues técnicamente una pieza original, sigue siendo original o del fabricante, aunque haya sido usada. Además, ¿qué significa que la pieza original “no está disponible en el mercado”? Estas interrogantes son solo algunas de muchas que pueden surgir al leer el texto de la medida”, dijo Pernas.

En su exposición de motivos la medida sostiene que actualmente el Código de Seguros prohíbe el uso de la depreciación en el costo de las piezas, según lo dispuso la ley 110 de 2019.

La medida sostiene que actualmente las aseguradoras utilizan la depreciación en el ajuste de piezas “cuando se le paga al perjudicado por una pieza de reemplazo en vez de la pieza original o la instalada en el vehículo al momento del accidente. El resultado final de estas transacciones es que la persona, que no es responsable del accidente, terminó desembolsando dinero adicional al pagado por la compañía para poder reparar su vehículo en las condiciones previas del accidente”.

Medida viola principio de indemnización

Sobre este aspecto, la directora ejecutiva de Acodese sostuvo que la medida viola el principio de indemnización cuyo objetivo es restituir al perjudicado a la misma posición en la que se encontraba previo a sufrir el daño. El principio de indemnización utiliza la depreciación como herramienta para indemnizar al perjudicado según el valor de su propiedad, antes del evento que le causó pérdidas.

Pernas indicó que la inclinación de la medida por las piezas originales ignora los preceptos del principio de indemnización utilizado de manera universal en la industria de seguros.

“En la utilización de “piezas nuevas de fábrica” para la reparación y, siguiendo el principio de indemnización, tiene que aplicarse una depreciación que variará dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso. A modo de ejemplo, si el vehículo de motor del tercero perjudicado es del año 2015, bajo el principio de indemnización procede que se le indemnice de acuerdo con el valor de las piezas del 2015 y no del año 2021, porque el deber de indemnización es restituir al perjudicado a la misma posición en la que se encontraba previo a sufrir el daño. Por esta razón es que se aplica la depreciación para llevar el valor de la pieza del 2021 al verdadero valor de la pieza del 2015”, dijo Pernas.

El presidente ejecutivo de la Cooperativa de Seguros Múltiples, Luis Cordero Rivera, sostuvo que no es correcta la aseveración de que una pieza de reemplazo que sustituya una original implica que la persona perjudicada reciba pagos inferiores a los que tiene derecho.

“A lo que tiene derecho el perjudicado es a que se le restituya a la posición en la que se encontraba antes de sufrir la pérdida. Ello bien puede satisfacerse con una pieza de reemplazo, que sea de clase y calidad similar. De hecho, pagar una “pieza original” en todos los casos representará en algunos un enriquecimiento injusto”, expresó Cordero Rivera.

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¿Cómo podemos revertir la reforma de salud?

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 Por Enrique Vázquez Quintana, MD

La Reforma de Salud de Puerto Rico comenzó en septiembre de 1994 en la región de Fajardo. En el trayecto se vendieron todos los Centros de Salud de los pueblos al igual que los hospitales de distrito y regionales. 

El gobierno se quitó como prestador de servicios médicos a lo población médico-indigente y contrató esos servicios con compañías aseguradoras privadas cuya aspiración principal es el lucro.

El nuevo sistema de salud ha enfrentado serios problemas desde que comenzó.  Eventualmente las compañías aseguradoras se han apoderado de la totalidad de los servicios médicos del país, han reducido sus redes de proveedores, exigen preautorización para laboratorios, pruebas radiológicas, admisiones y operaciones.

La opinión general es que el éxodo de médicos hacia Estados Unidos se debe a los atropellos que sufren de parte de las compañías aseguradoras. Muchos médicos añoran el sistema gubernamental que se desarticuló en la década de 1900.

¿Cómo podemos revertir la reforma de salud y regresar a un sistema de prestación de servicios de salud similar al anterior?

Para lograr un plan de cubierta universal se requiere hacer lo siguiente: Solicitar autorización a la agencia federal CMS (Centro de Medicare y Medicaid) para establecer el concepto de pagador único (Third Party Administrator, TPA en inglés).

El pagador único será el gobierno de Puerto Rico y el administrador único sería un plan médico, preferiblemente una cooperativa. Ese plan equivale a Medicare para todos, para todos los indigentes del país. Entiendo que CMS no tendría objeción ya que es el mismo concepto de Medicare.

Se utilizarían los Centros 330, actualmente los Centros 330 tratan al 63% de los pacientes del Plan Vital. Se activaría la ley de Centros Médicos Académicos Universitarios. Esos hospitales deben tener de 15-20 camas para pacientes psiquiátricos, de esta manera se integrarían la salud física y mental.

Se le asignaría a cada una de las cuatro escuelas del país tratar la población de una región del país. Los pacientes serían referidos por los Centros 330 a los hospitales de esas escuelas de medicina y de allí al Centro Médico de Puerto Rico de acuerdo a su condición médica.

Los servicios médicos prestados serían facturados al plan que actúe como pagador único. El Plan Vital desaparece, igualmente los IPA’s y los contratos con las aseguradoras no existirán.

Las escuelas de medicina serán las responsables de establecer nuevos programas de residencias médicas comenzando con Medicina de Familia. La facultad de los Centros Médicos Académicos está protegida en cierta medida por responsabilidad médico-hospitalaria.

Hay que enmendar las leyes de responsabilidad médico hospitalarias para eliminar las demandas frívolas en contra de los médicos.

Se eliminaría la responsabilidad de brindar servicios médicos a la Corporación del Fondo de Seguro del Estado (CFSE) y de la Administración de Accidentes Automovilísticos (ACAA). Su participación se limitaría a la otorgación de incapacidad y compensación a los accidentados en el trabajo o en accidentes automovilísticos.

Pacientes con traumas menores serán tratados en los hospitales de las cuatro escuelas de medicina. Los accidentes mayores serán enviados al Hospital de Trauma del Centro Médico. Los ahorros en que incurran la CFSE y la ACAA serán asignados al Plan Vital.

El Hospital de Trauma se trasladaría al Hospital Industrial, que tiene un porcentaje de ocupación muy bajo, tiene cinco salas de operaciones, posee una unidad de intensivo y una unidad para quemados.

En 68 del total de 78 municipios hay Centros 330, esos centros son unidades sin fines de lucro con una junta de gobierno del propio municipio, reciben ayuda federal para su funcionamiento. Son centros de salud primaria, funcionan de 8:00 AM a 4:30PM, 10 pueblos de la isla no tienen Centros 330 pero tienen CDT’s.

El Departamento de Salud debe cubrir los gastos para abrir el tercer turno de noche de esos centros.

Los medicamentos constituyen el 11-14% del presupuesto de salud. Actualmente los planes médicos aumentan sus ganancias utilizando los PBM (Pharmacy Benefit Manager), hay que eliminarlos.

Los CDT y el Departamento de Salud deben comprar los medicamentos utilizando el Plan 340 B como hacen los Centros 330. Bajo este plan todos los puertorriqueños tendrán una mejor cubierta médica cerca de su residencia.

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INFORME SEMANAL-10 de Noviembre de 2023

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Esta semana en Informe Semanal dialogamos sobre una medida que se aprobó en Camara y Senado que enmienda el Seguro de Responsabilidad Obligatorio para permitir los llamados accidentes «puerta con puerta». La medida fue aprobada sin que se hiciera un informe actuarial. Además, hablamos sobre el acuerdo logrado por Tata Cordero para reducir los efectos adversos que los nuevos parámetros de calidad de leche tienen en los ganaderos.

Otro tema de esta semana será la llamada financialización, en la que las empresas farmacéuticas se dedican a obtener jugosas ganancias realizando inversiones en el mercado de valores.

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Senado considera legalizar la leche cruda mientras la ORIL la prohíbe

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Por Miguel Díaz Román

En momentos cuando la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) ordenó detener la venta ilegal de leche cruda no pasteurizada en una finca en Dorado, en la Comisión de Agricultura del Senado considera una medida para legalizar la venta de cruda cuyos proponentes se desconocen.

El Proyecto del Senado 1378 fue radicado por el senador por el distrito de Arecibo, Rubén Soto Rivera, quien pertenece al Partido Popular Democrático. La medida fue presentada por petición, lo que implica que la acción del senador Soto Rivera fue motivada por una entidad o una persona que tiene un interés particular en mercadear la leche cruda. El senador Ramón Ruiz Nieves, quien también pertenece al PPD, fue el coautor de la medida.

En esencia se considera leche cruda aquella que no ha sido pasteurizada con el fin de eliminar las bacterias que puede contener. El término abarca la leche generada por una vaca, una oveja o una cabra.

El senador Soto Rivera no respondió a las llamadas de SN para que revelara la identidad de la persona o las personas que proponen el PS 1378. La medida fue referida a la Comisión de Agricultura del Senado, que preside el senador Albert Torres, quien también pertenece al PPD.

El agrónomo Nelsón Bayron Justiniano, quien es el director ejecutivo de la Comisión de Agricultura, dijo que no conoce el proponente de la medida y el senador Soto Rivera tampoco ha accedido a revelar su identidad.

Leche cruda “alimento vivo sin pasteurizar”

La medida menciona que la petición recibida por el senador Soto Rivera se originó en un sector de la población que entiende que “la leche cruda es natural, que tiene los nutrientes completos y todo lo que necesita para usarla, así como las vitaminas, minerales y grasa saludables para ser ingeridas.”

También alega que “la leche cruda es un alimento vivo, y que al utilizar el proceso de pasteurizar se estaría matando lo bueno y malo que contiene la leche”. Luego, para justificar el consumo de esta leche sin cumplir el proceso de pasteurizado que exige la reglamentación federal y local, la medida indica que la leche cruda “es nutricionalmente densa, ello, en la medida que todos sus nutrientes están presentes, por tanto, la leche cruda está llena de energía”.

 La medida propone que los departamentos de Agricultura y Salud concedan en conjunto las licencias para que las vaquerías puedan vender leche cruda únicamente en sus instalaciones. La única prueba de laboratorio que será requerida a las vaquerías es aquella que descarta la presencia de tuberculosis y brucelosis tanto en el ganado como en la leche. Un veterinario certificado efectuará las pruebas para detectar ambas enfermedades en el ganado.

El PS 1378 dispone que la leche cruda para consumo humano será asegurada de 48 horas a 72 horas previas a la venta, en los establecimientos comerciales en las vaquerías.

Producto tendrá advertencias

De hecho, la medida establece que la venta de leche cruda para consumo humano será realizada sin intermediarios en las vaquerías y no se podrá vender leche cruda en los mercados de agricultores o en una tienda minorista propiedad de un agricultor que no esté ubicada en la vaquería.

Otro requisito que impone la medida es que la leche cruda se venderá en botellas y en otro tipo de envases que no son especificados en el texto. Se requerirá que cada envase contenga la palabra “crudo”, la cantidad del líquido contenido en el envase, la fecha cuando la leche fue extraída del animal, el nombre y dirección de la vaquería, el número de la licencia y las palabras “mantener refrigerado”.

Además, las etiquetas deben contener el siguiente texto, precedida por la palabra de “advertencia”: “la leche cruda no ha sido procesada para eliminar patógenos que puedan causar enfermedades. El consumo de leche cruda puede aumentar significativamente el riesgo de enfermedades transmitidas por los alimentos en las personas que la consumen, particularmente con respecto a ciertas poblaciones altamente susceptibles, como niños en edad preescolar, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas que padecen enfermedades y otras personas con enfermedades debilitantes del sistema inmune”.

Medida atenta contra la salud

La Comisión de Agricultura ha solicitado ponencias a los departamentos de Agricultura, Salud y Asuntos del Consumidor y al Sector de leche de la Asociación de Agricultores.

En una ponencia escrita el ganadero Carlos Benítez rechazó el PS 1378 por que su aprobación “traería graves consecuencias para la salud de los consumidores y no sería responsable fomentar un proyecto a favor de un renglón de esta naturaleza que fuera a crear problemas y consecuencias serias y lamentables para la ciudadanía en general en el área de la salud”.

En su ponencia Benítez dijo desconocer los intereses que han motivado la petición ante el senador Soto Rivera. “Nuestra industria aún está viva y agonizando, pero está viva y hay que cuidar la naturaleza noble del producto que deriva de nuestro esfuerzo día a día”, indicó el ganadero. 

Interviene la ORIL

Al inicio de esta semana la ORIL reveló que el pasado 3 de noviembre intervino en la Finca de Abuelo Miguel, la cual opera dentro de la Finca Pastoreo en el municipio de Dorado.  La ORIL ordenó un cese y desista contra la venta de leche cruda en la citada finca.

Según una fuente de NS, la Finca de Abuelo Miguel mercadea productos orgánicos que se cosechan en sus terrenos y que son adquiridos por consumidores locales y extranjeros que poseen ingresos altos.

Entre los hallazgos de la intervención figura que la leche cruda se vendía en envases de 120 onzas sin etiqueta y sin pasteurizar a $17. La prueba de laboratorio detectó la presencia en la leche de las bacterias E. Coli, Candida, Klebsiella, Streptococcus Uberis y Staphylococcus Aureus.

Según la ORIL, la Finca de Abuelo Miguel vendía alrededor de 50 galones semanales ilegalmente y también la mercadeaba a través de su página en internet.

El secretario del Agricultura, Ramón González Beiró, sostuvo que “es inaceptable que se esté vendiendo leche cruda perjudicando la salud de quienes la consumen y con tantos ganaderos que se esmeran a diario cumpliendo con la ley para producir leche de calidad para el pueblo”.

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Hacienda pide a contribuyentes que no sobornen a sus empleados y confirma la existencia de una “mafia institucional”

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Por Miguel Díaz Román

El Departamento de Hacienda colocó un insólito mensaje en la página cibernética del Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) en el que pide a los contribuyentes que no sobornen a sus empleados.  

El mensaje advierte a los usuarios que está prohibido incurrir en actos de corrupción, en lo que representa una evidente confirmación de que determinados funcionarios de la agencia acceden a recibir sobornos de parte de empresas y ciudadanos a cambio de beneficios contributivos ilegales.

El inesperado mensaje también podría figurar como una confirmación de la llamada “mafia institucional” que denunció el ex principal oficial financiero del gobierno, Raúl Maldonado Gautier, en una entrevista en junio de 2019, la cual desató una crisis en la administración del ex gobernador Ricardo Rosselló que culminó con su renuncia un mes después.

En su denuncia Maldonado Gautier sostuvo que la llamada “mafia institucional” estaba integrada por un grupo de funcionarios de la alta gerencia en Hacienda, los cuales “llevan muchos años en Hacienda” y se dedicaban a “borraban deudas y cobraban por favores”.

El mensaje fue ubicado de manera destacada dentro de un enmarcado en la parte alta de la página cibernética de SURI, de modo que los usuarios deberán observarlo, inevitablemente, al iniciar una transacción.

El texto escueto del mensaje indica: “En el Departamento de Hacienda (Departamento) está expresamente prohibido llevar a cabo actos de corrupción y soborno. Al ingresar al Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI), usted acepta y se compromete a no ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar alguna ventaja indebida a cambio de un valor financiero o cualquier beneficio a un funcionario o empleado del Departamento con el propósito de que actúe o deje de actuar en relación con sus obligaciones y deberes”.

El delito de soborno en el Código Penal del país básicamente se configura cuando se promete o se entrega a un empleado público dinero o cualquier beneficio con el objetivo de omitir o retardar un acto regular de su cargo o para que ese funcionario realice un acto contrario a sus deberes.

Hacienda pide que no sobornen a sus empleados

De la citada definición se desprende que en el acto de soborno participan dos partes, la que accede a entregar el soborno y aquella que lo recibe. De manera, que con este mensaje en la página cibernética de SURI Hacienda acepta que entre su plantilla existen empleados dispuestos a recibir un beneficio para violar el Código de Rentas Internas.

De hecho, el mensaje es una clara exhortación de Hacienda a los contribuyentes para que no sobornen a sus empleados.  

En las denuncias efectuadas el 24 de junio de 2019, Maldonado Gautier dijo que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) realizaba una investigación en Hacienda en la que se habían identificado entre 15 y 20 funcionarios que, según dijo el ex secretario de Hacienda, habían “accedido récords de sistemas, vendían influencias y licencias falsas”.  

En aquel momento Maldonado Gautier indicó que experimentó intentos de extorsión de parte de la “mafia institucional”, luego de que sus integrantes revisaron los expedientes de sus clientes y las transacciones que realizó en representación de ellos en Hacienda, antes de integrar la administración del ex gobernador Rosselló.

En septiembre la jueza Yazdel Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, no encontró causa para juicio contra Maldonado Gautier por alegadas violaciones a la Ley de Ética Gubernamental y al Código Penal por no informar ingresos en sus informes a la Oficina de Ética Gubernamental.

Sin nuevas acusaciones por corrupción

No obstante, a pesar de que Maldonado Gautier alegó que hasta 20 funcionarios de Hacienda eran investigados por el FBI, en los pasados años no se han radicado acusaciones contra empleados de la agencia, con excepción de los cargos por extorsión y soborno radicados en 2017 por la fiscalía federal contra los ex agentes de rentas internas Edwin Aponte Hernández y Eduardo Collazo Torres.

Ambos ex funcionarios se declararon culpables en 2018 en relación con la devolución de tres máquinas de entretenimiento para adultos que fueron confiscadas por tener las licencias expiradas. Los ex agentes de rentas recibieron $1,500 a cambio de devolver las máquinas, según concluyó la investigación realizada por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

Una fuente indicó que los actos de soborno y corrupción de parte de funcionarios de la agencia continúan a todo vapor a pesar de las medidas tomadas en Hacienda para impedir las acciones ilegales. Según la fuente, los funcionarios corruptos mantienen comunicación con los contribuyentes a través de sus teléfonos celulares y los sobornos se tramitan por medio de aplicaciones financieras como ATH Móvil.

Alegan que SURI facilita los sobornos

La fuente explicó que las acciones fraudulentas persisten a pesar de que SURI limitó la intervención de los agentes de rentas internas y de otros funcionarios de mayor rango en las transacciones de los contribuyentes a una mera revisión de los documentos digitales, luego de que el contribuyente introduce a la plataforma toda la información relacionada con artículos importados, el pago de arbitrios o el pago de las retenciones del Impuesto de Ventas y Uso de parte de comerciantes.

Alegadamente, el establecimiento SURI ha propiciado los sobornos y otras acciones ilegales debido a la cantidad de transacciones que los contribuyentes pueden hacer a través de la plataforma, las cuales se pueden realizar desde sus celulares o computadores personales. Estas transacciones incluyen desde cumplimentar planillas, realizar pagos de contribución estimada hasta cumplir con los planes de pagos por deudas contributivas acordados con Hacienda.

En una entrevista con este periodista en 2021, el secretario de Hacienda, Francisco Parés, reconoció que la plataforma redujo “dramáticamente” la interacción entre el agente de rentas internas y los contribuyentes y, además, suprimió el uso de documentos en papel y los sustituyó por los documentos digitales.

En aquel momento Parés explicó que la reducción de la interacción con los contribuyentes le debía permitir a los agentes de rentas internas dedicar más tiempo en las tareas de fiscalización.

Más fiscalización con SURI

“No hace sentido que la reducción de la interacción de persona a persona reduzca la efectividad de la fiscalización, porque el sistema actual permite una segregación de tareas entre más agentes para que se pueda revisar mejor una transacción. Yo no entiendo como eso no puede ser mejor que una persona (el agente) interactuando siempre con la misma persona (contribuyente)”, indicó el secretario.

De hecho, Parés sostuvo que la implementación de SURI y la aprobación de la Ley 257 del 2018, que reformó algunas áreas del Código de Rentas Internas, aumentó en 25% las declaraciones informativas que deben producir los contribuyentes, incluyendo los importadores, lo que facilita la fiscalización cruzada para detectar cambios que pudieran requerir una investigación más a fondo.

Agregó que el establecimiento de SURI y el aumento de las declaraciones informativas ha generado un alza en los recaudos en los arbitrios y el Impuesto de Ventas y Uso (IVU).

Parés reveló que fue precisamente la información recopilada por el SURI lo que permitió detectar una serie de incongruencias en el comportamiento del sector privado que luego se convirtieron en auditorías y procesos de investigación en seis áreas.

“Yo pedí un informe sistematizado del comportamiento del sector privado y nos dimos cuenta de ciertas incongruencias”, explicó Parés.

Hacienda opta por intimidar contribuyentes

Las seis áreas son los arbitrios contra vehículos de motor; los decretos de exención; los arbitrios contra el petróleo y sus derivados; el cobro y depósito del IVU; los informes de ingresos de los llamados influencers y el reporte y retención de contribuciones por parte de las compañías de construcción.

SURI fue establecido en el 2016 para agilizar la administración de impuestos y contribuciones, y desde el 2018 administra el arbitrio contra vehículos de motor.

La fuente indicó que la colocación del mensaje en la parte alta de la página cibernética de SURI no es un capricho ni un accidente, sino una confirmación de que la alta dirección de Hacienda ha optado por intimidar a los contribuyentes ante la realidad de que no ha podido contener los actos de corrupción.

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Mapfre denuncia cambios al Seguro Obligatorio estimularán el fraude

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Por Miguel Díaz Román

Una medida aprobada en el Senado que permitirá la reclamación al Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO) de los llamados accidentes “puerta con puerta” estimulará los reclamos fraudulentos, lo que podría afectar eventualmente la situación financiera de las aseguradoras, denunció el presidente de la aseguradora Mapfre, Alexis Sánchez Géigel.

Sánchez Géigel sostuvo que el Proyecto del Senado 1009, presentado por el senador José Vargas Vidot, provocará reclamaciones fraudulentas porque la Policía carece de mecanismos para corroborar la ocurrencia real de los reclamos que sucederían mientras ambos autos están estacionados.

El PS 1009 propone enmendar la definición de accidente del SRO para permitir que se reclamen los daños causados por aquellos eventos accidentales que acontecen mientras ambos autos están estacionados. El cambio permitirá que se reclamen al SRO los llamados accidentes “puerta con puerta” que, por lo general, acontecen mientras ambos autos están estacionados o detenidos.

“No hay manera que un policía puede decidir si se trata de un golpe viejo en la puerta y cómo determinar culpa”, dijo Sánchez Géigel, quien lamentó que no se hayan establecido mecanismos de protección contra las reclamaciones fraudulentas que podría propiciar la conversión en ley del PS 1009.

La medida se encuentra en la Cámara de Representantes luego de que fuera aprobada en el Senado.

Aumentar el límite

La representante Estrella Martínez, quien preside la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Cámara de Representantes, dijo que durante el día de hoy espera aprobar la medida en la Comisión. No obstante, no pudo precisar si hoy o mañana el PS 1009 será presentado en el hemiciclo de la Cámara.

“Ahí le toca (a la Comisión) a Reglas y Calendario”, dijo la representante Martínez cuando se le preguntó si la medida será presentada en el hemiciclo cameral. Mañana jueves 9 de noviembre es el último día para aprobar medidas en la Legislatura.  La Comisión de Reglas y Calendario, que es presidida por el representante Ángel Matos, es la que decide las medidas que bajarán a votación en el hemiciclo.

El presidente de Mapfre, que es una de las ocho aseguradoras que venden el SRO, rechazó la aprobación por el Senado del PS 1009 sin haber realizado un estudio actuarial para determinar el posible universo de las reclamaciones que podría generar y mucho menos sin decidir si será necesario ajustar la prima.

Incluso, ante el escenario incierto de reclamaciones y la posibilidad de fraude que crearía la medida, Sánchez Géigel se manifestó a favor de que, tras realizar un estudio actuarial, se considere la posibilidad de aumentar el límite del SRO, que actualmente es de $4,500.

 El estudio actuarial es el mecanismo para determinar el costo financiero de un riesgo asegurable y si es necesario ajustar la prima para garantizar el pago de las reclamaciones sin afectar la solvencia del asegurador.

Senado aprueba sin estudio

El PS 1009 propone introducir en la Ley 253 de 1995 o Ley de SRO, una definición para un accidente de tránsito, debido a que el estatuto carece de esa definición desde su aprobación.

La definición sugerida por la medida establece como elemento nuevo “que no será requisito que uno, ambos o varios de los vehículos involucrados en un accidente estén en movimiento”.

La definición de accidente vigente en el SRO, la cual fue definida a través del reglamento y es la definición que figura en la póliza, indica: “accidente de tránsito se refiere a un accidente entre vehículos de motor en el que por lo menos uno de los vehículos de motor envueltos está en movimiento”.

De la definición que propone el PS 1009 se desprende que se podrán reclamar aquellos daños causados a un vehículo por otro auto, mientras ambos se encuentran estacionados o detenidos. La medida presupone que al menos uno de los vehículos involucrado en un accidente está asegurado por el SRO.

La medida fue aprobada en el Senado sin determinar los posibles escenarios accidentales que podrían ocurrir mientras los autos están detenidos, sin estimar el efecto financiero que ese nuevo riesgo asegurable causará en la capacidad financiera de las ocho aseguradoras que venden el SRO y mucho menos sin decidir si será necesario aumentar la prima.

Incluso, la medida fue aprobada sin evaluar si los cambios propuestos podrían constituir una invitación al fraude y sin que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), que diseñó y estableció el SRO en 1995, se expresara sobre la medida.

De hecho, en la versión aprobada en el Senado de la medida no figura una disposición que ordene realizar un estudio actuarial como requirió la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC), que administra el SRO, y la Asociación de Compañías de Seguros, (ACODESE).

Hay dinero para pagar reclamaciones según Comisión

El informe positivo de la Comisión de lo Jurídico del Senado concluyó que no es necesario aumentar la prima del SRO porque la ASC posee los recursos económicos para afrontar el aumento en reclamaciones que genere la nueva definición.

El informe hace esta extraordinaria conclusión sin contar con los resultados de un informe actuarial y sin apenas tener un estimado preliminar del posible valor económico de las reclamaciones que podría generar la nueva definición.

Aunque la ASC es el administrador del SRO, también es un asegurador más que compite contra siete aseguradoras que venden el SRO. Por lo tanto, la recomendación para no aumentar la prima del SRO que realizó la Comisión de los Jurídico se basó en la información financiera de uno de las aseguradoras y no en la información individualizada de las ocho aseguradoras que venden la póliza.

Error e interpretaciones incorrectas

De hecho, la licenciada Lorelli Navarro Martínez, quien es la directora de administración del ASC, sostuvo que la Comisión cometió un error al basar su informe sobre el PS 1009 “únicamente en la información y datos financieros provistos por ASC, los cuales no necesariamente fueron interpretados de la manera correcta”. 

La directora ejecutiva de ACODESE, licenciada Iraelia Pernas, ha planteado que podrían surgir problemas para adjudicar responsabilidad ante la realidad de que los accidentes “puerta con puerta” suelen ocurrir cuando ambos autos están detenidos.

Pernas sostuvo que al introducir aquellos accidentes que ocurran mientras los vehículos están detenidos significa una alteración al Sistema de Determinación Inicial establecido por la OCS, el cual fue diseñado para excluir los accidentes que ocurren cuando uno de los vehículos no está en movimiento.

La determinación de responsabilidad en el SRO se realiza por medio de unos diagramas que ilustran, de forma sencilla, las instancias en que ocurren los accidentes en las vías públicas.

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Incierto acuerdo para reducir daños en vaquerías por parámetros de calidad de la ORIL

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Por Miguel Díaz Román

El ex presidente del sector de la leche de la Asociación de Agricultores, Luis “Tata” Cordero, reveló que logró un acuerdo con el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, para aminorar los daños que sufren numerosos ganaderos a quienes se les decomisó leche cruda porque no cumple con los nuevos parámetros de calidad establecidos por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL).

Los decomisos se han estado realizando por órdenes de la ORIL, aunque el producto decomisado satisface los requisitos de leche grado A que impone el gobierno federal.

 Luego de que la ORIL ordena decomisar la leche por incumplimiento, muchas vaquerías venden el producto a las empresas productoras de queso. Pero los precios de venta suelen ser muy bajos y en ocasiones las queseras ya tienen suficiente leche, lo que provoca que el ganadero se vea obligado a decomisar el producto sin obtener ingreso alguno.

No obstante, de las expresiones de Cordero se desprende que no se establecieron determinadas fechas   para poner en vigor lo acordado y tampoco se estipuló considerar enmiendas al reglamento 5 de calidad de leche de la ORIL, el cual ha sido señalado como la fuente de los nuevos parámetros de calidad.

La reunión entre Cordero y González Beiró fue celebrada el pasado lunes y en ella estuvo presente Manuel Martínez Arbona, quien es el presidente del Sector de Leche de la Asociación de Agricultores.

Pocos resultados con el acuerdo

Según Cordero, el acuerdo se limitó a establecer unas rutas de recogida para las vaquerías que producen leche cruda que no cumple con los nuevos parámetros de calidad. Las rutas serían atendidas por dos camiones que tendrán la encomienda de hacer el acopio de leche cruda y llevarla a la planta de balance Indulac con el fin de canalizarla hacia la elaboración de leche UHT y otros subproductos lácteos como queso y mantequilla.

“Esto va a tardar porque COOPLE ( la Cooperativa de Productores de Leche)  va a comprar un camión pequeño en Estados Unidos para traer esa leche y además, hay un camión de Tres Monjitas y algún camión que tenga Suiza”, dijo Cordero.

Pero Martínez Arbona aseguró que se está trabajando para iniciar la recogida en dos semanas. “Estamos trabajando con la logística y cómo se le va a pagar al ganadero por esa leche”, indicó.

Cordero agregó que con el acuerdo se garantiza que las vaquerías afectadas reciban un pago por litro de entre 70 y 80 centavos, con el fin de que recuperen una porción del dinero invertido en la producción de la leche cruda. Actualmente el pago por litro para la leche cruda dirigida a la elaboración de leche fresca asciende a más de 92 centavos.  

De los 80 centavos, según dijo Cordero, Indulac estaría pagando hasta 60 centavos por litro y el Departamento de Agricultura aportaría el subsidio de hasta 25 centavos por cada litro de leche cruda que se utiliza para elaborar leche UHT y subproductos agrícolas. Este subsidio está vigente actualmente.

 Nueva máquina de análisis en Hato Rey

Otro asunto acordado es que se pondrá a disposición de las vaquerías cuya leche cruda no cumple con los nuevos parámetros una máquina de análisis de muestras de leche en un laboratorio certificado. “Esto es para que los ganaderos vayan y tengan un resultado rápido”, dijo Cordero.  

Pero Martínez Arbona dijo que la máquina estará disponible próximamente en las instalaciones del Fondo Fomento de la Industria Lechera en Hato Rey sin costo para los ganaderos. Indicó que a través de la máquina los ganaderos podrán identificar las enfermedades que tiene su ganado. “Entonces los ganaderos podrán ir vaca por vaca para determinar cuál es el animal enfermo y ver qué hará con él su veterinario”, dijo Martínez Arbona.

Los nuevos parámetros se establecieron en 2016 por medio de enmiendas al llamado reglamento 5 de Calidad de Leche de la ORIL, los cuales exigen bajar los niveles de bacterias y de las células somáticas en la leche, con el fin de equipararlos lo más posible a los niveles adoptados en diversos estados de los Estados Unidos.

El pasado 18 de julio entró en vigencia nuevas enmiendas al reglamento 5 patrocinadas por González Beiró, la cuales requieren bajar más los niveles de bacterias y de las células somáticas, y, entre otras disposiciones, establece un calendario en tres fases para elevar el nivel de grasa en la leche de 3 % a 3.25 % en marzo de 2025.

No se tocará el reglamento 5

Cordero indicó que en la reunión con González Beiró no se acordó establecer enmiendas al reglamento 5.

“No. Eso se va a quedar así”, dijo Martínez Arbona cuando se le preguntó si eventualmente se introducirán enmiendas al reglamento 5.

Por su parte, Cordero sostuvo que el proceso de introducir enmiendas era muy engorroso y señaló que los objetivos del reglamento 5 eran loables.

“Eso requiere hacer vistas públicas y eso es un proceso. Además, recuerda que ese reglamento lo que busca es mejorar la calidad de la leche para que las plantas puedan hacer cualquier producto y no tengan ningún problema y que la leche tenga mayor durabilidad. La idea es lograr una calidad extraordinaria para que el rendimiento y la calidad sea mejor”, dijo Cordero.

Planteros o ganaderos

“Cuando Tatá Cordero dice que los nuevos parámetros ayudan al procesamiento de leche en las plantas es que está pensando como plantero y no como ganadero. Y ese es el problema en todo esto, porque los ganaderos que piensan como planteros son los que favorecen el reglamento 5”, dijo el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega.

Algunos de los ganaderos afectados por los nuevos parámetros de calidad indicaron que es necesario reducir sustancialmente los efectos del reglamento 5 porque eleva los costos de producción en momentos cuando el consumo de leche fresca continúa bajando y la ORIL no ha realizado el estudio económico exhaustivo de la industria lechera para determinar si es necesario revisar el pago por litro que recibe el ganadero por la leche cruda.

De acuerdo con fuentes vinculadas al sector de los productores de leche, los ganaderos en contra del reglamento 5 es una mayoría sustancial debido a los altos costos y dificultades que provoca cumplir a cabalidad con los nuevos parámetros. Según las fuentes, los ganaderos no comunican sus objeciones para evitar enfrentar represalias de parte de la ORIL y para no afectar sus operaciones agrícolas.

Las fuentes indicaron que insistir en mantener el reglamento 5 aumentará el descontento entre el sector de los ganaderos y podría causar un cisma en la industria lechera en la medida que operar las vaquerías genera más pérdidas que ganancias.

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Comisionado de Seguros cabildea contra medida que respalda Centro Internacional de Seguros

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Por Miguel Díaz Román

El Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, se mantiene realizando un fuerte cabildeo en el Senado en contra de la aprobación de una medida que propone establecer de manera clara que las aseguradoras instaladas en el Centro Internacional de Seguros (CIS) podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en Estados Unidos.

Adams Vega ha sostenido que la aprobación del Proyecto del Senado 1352, radicado por el senador Juan Zaragoza Gómez, podría causar que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) pierda la acreditación de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC).

La NAIC devolvió la acreditación a la OCS el 12 de diciembre de 2022 luego de que fuera suspendida el 27 de julio de 2020. La medida fue aprobada por la Comisión de lo Jurídico del Senado y se espera que mañana miércoles 8 de noviembre sea presentada para votación en el pleno del Senado.

De acuerdo con una fuente del Senado, Adams Vega ya convenció al senador Tomás Rivera Schatz sobre los alegados daños que acusaría la aprobación del PS 1352 a la acreditación de la OCS y se mantiene llamando y visitando senadores de la delegación del Partido Nuevo Progresista que han manifestado simpatía por la medida y por el CIS.  

La fuente sostuvo que la mayoría del Partido Popular Democrático ya tiene los votos para aprobar la medida. Alegadamente, los 12 miembros de la delegación del PPD favorecen la medida junto al menos dos votos de la delegación del PNP, que tiene 10 miembros, lo que elevaría a 14 los votos para aprobar el PS 1352.  La fuente sostuvo que estos dos senadores novoprogresistas consideran al CIS como un vehículo de desarrollo económico y no respaldan la posición de Adams Vega, la cual es contrataría a su flexibilidad financiera.

Rivera Schatz apoya al Comisionado

No obstante, no está claro si el apoyo de Rivera Schatz a la posición de Adams Vega logre consolidar todos los votos de la delegación del PNP en contra de la medida, lo cual obligaría al PPD a buscar apoyo en los senadores de Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad, en el Partido Independentista Puertorriqueño o en el senador independiente José Vargas Vidot.

Los planes de la mayoría del PPD, según indicó la fuente, es aprobar la medida mañana miércoles 8 de noviembre en el Senado para que de inmediato pase a la Cámara de Representantes.

 La fuente dijo que el presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, favorece el PS 1325 y prometió bajarlo por descargue el jueves 9 de noviembre, que es el último día para aprobar medidas. Aprobar por la vía del descargue, implica que la medida será considerada en el pleno de la Cámara sin informes y sin vistas públicas. De esta manera, la medida quedaría aprobada en ambos cuerpos. La presente sesión legislativa termina el próximo 14 de noviembre.

Alegadamente, según indicó otra fuente, la Fortaleza es objeto de un tenaz cabildeo de parte de sectores de la industria de seguros que favorecen el CSI, para que el gobernador firme la medida.

Medida obliga a proteger el CIS

El PS 1325 introduce una enmienda al Código de Seguros, específicamente en las disposiciones relativas al CIS, para establecer que un asegurador internacional no podrá solicitar reciprocidad en otros estados por estar domiciliado en Puerto Rico.

 Además, aclara que los aseguradores internacionales podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en los estados de Estados Unidos, siempre que cumplan con las leyes de esas jurisdicciones. No obstante, ya estas disposiciones existen en la reglamentación del CIS.

Un elemento novedoso de la medida es que obliga al Comisionado de Seguros a mantener, proteger y promover el desarrollo del CIS y además establece que el funcionario deberá rendir un informe anual ante la Asamblea Legislativa, en o antes del 30 de junio de cada año, sobre los esfuerzos realizados por la OCS para cumplir con el requerimiento de proteger el CIS.

La fuente indicó que tras la aprobación del PS 1352 en el Senado y la Cámara, se tomará la determinación de enviar a la NAIC un informe parcial de la Resolución del Senado 612, el cual concluyó que Adams Vega cometió fraude al representar falsamente que había prohibido por la vía administrativa que los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS hicieran negocios en los Estados Unidos.

 Según el informe, Adams Vega hizo esa representación para lograr que la NAIC aceptara extender la acreditación a la OCS.

Tratar a las internacionales como locales

La RS 612, radicada en junio del 2022 por Zaragoza Gómez, ordenó investigar los motivos por los cuales la NAIC suspendió la acreditación de la OCS.

 Según el informe parcial de la RS 612, Adams Vega tomó unas medidas administrativas sin tener la autoridad en ley para hacerlo, y en abierta contradicción con la ley 399 del 2004, que es ley matriz del CIS, y con las disposiciones de la regla 80, que agrupa los normas que regulan a los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS.

El 7 de diciembre de 2022 Adams Vega emitió la carta circular 2022-2007, la cual sostiene, entre otros planteamientos, que cualquier asegurador “organizado bajo las leyes de Puerto Rico e interesado en realizar negocio de seguros en otro estado o territorio de Estados Unidos acreditado por NAIC, deberá cumplir con los procesos y requisitos bajo el capítulo 3, 28 y 29 del Código de Seguros de Puertos Rico como un asegurador doméstico tradicional”.

Tras la emisión de la carta circular 2022-2007, el 12 de diciembre de 2022 la NAIC informó la aprobación de reacreditación de la OCS. El informe señala que la NAIC aprobó la reacreditación fundamentada en la representación promovida por Adams Vega sobre que la OCS había implantado medidas administrativas que prohibía a los aseguradores y reaseguradores internacionales suscribir riesgos en los Estados Unidos.

Sobre estas acciones el informe parcial de la RS 612 señala que “en vista de lo anterior, la actuación del Comisionado de Seguros al representar a la NAIC que había implantado, por vía administrativa, una prohibición de que los aseguradores y reaseguradores internacionales pudiesen hacer negocios en los Estados Unidos representa un peligroso acto de fraude cometido ante una importante entidad acreditadora. La ilegalidad de tal actuación y el grave daño reputacional para la OCS y para Puerto Rico son más que evidentes”.

El 27 de julio de 2020 la NAIC suspendió la acreditación de la OCS durante la incumbencia del ex Comisionado de Seguros, Rafael Cestero Lopategui.

Incapaz la OCS de anticipar efectos graves

La determinación de la NAIC obedeció a que, en 2018 el ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, avaló una transacción de que involucró una aseguradora que se habían instalado en el CIS en 2017 y que estaba vinculada con otra aseguradora de seguros de vida y seguros de cuidado prolongado en Wisconsin.

La transacción, que colocó en peligro el reaseguro para miles de asegurados en ese estado y en otros estados, fue objetada por varios Comisionados de Seguros. La NAIC exigió que a las aseguradoras instaladas en CIS que hicieran negocios en Estados Unidos se le impusieran regulaciones financieras como si fueran aseguradores para el mercado local.

Según la NAIC, la OCS fue incapaz de anticipar los graves efectos que la aprobación de la transacción representaría para múltiples estados, lo que también demostró que el regulador local carecía de los recursos para atender transacciones complejas que podrían causar implicaciones en otras jurisdicciones.

Además, la NAIC concluyó que la OCS no tuvo una adecuada comunicación con las oficinas de los comisionados de seguros de las jurisdicciones en los Estados Unidos que podrían experimentar los efectos de la transacción aprobada en Puerto Rico.

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