Paro huelgario en Suiza Dairy tiene su día en corte

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Por Miguel Díaz Román

Las operaciones de la planta procesadora Suiza Dairy en San Juan se mantienen paralizadas como resultado del conflicto huelgario que enfrenta a la empresa con un sector de sus empleados, a pesar de que el pasado jueves 13 de junio el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal Superior de San Juan, emitió un entredicho provisional contra la unión que representa a los trabajadores en paro, la Central General de Trabajadores, para que cesen de interferir con el libre acceso a las instalaciones de la empresa.

Suiza Dairy solicitó el entredicho provisional para detener de inmediato las acciones cometidas por los miembros de la unión, dirigidas a paralizar las operaciones de la planta procesadora. El entredicho provisional es un recurso extraordinario de emergencia para detener una situación que puede causar daño irreparable a quien lo solicita y que no requiere que la otra parte se exprese.

El conflicto ha causado la interrupción total de la elaboración de leche fresca por Suiza Dairy, que procesa más del 50 % de la producción que realizan las vaquerías del país, y la pérdida de más de 500,000 litros de leche por la falta de recogida.

En su petición al Tribunal la empresa también solicitó un interdicto preliminar y permanente que también es un recurso extraordinario para impedir que sufra daño irreparable quien lo solicita y que requiere que la parte contra quien pesa el remedio sea oída. 

Por tal razón el juez Cuevas Ramos Ramos citó a las partes para el próximo jueves 20 de junio a la 9: 00 de la mañana en la sala 904 del Centro Judicial de San Juan.

Emplazamientos en acción

De acuerdo con fuentes conocedoras del conflicto, Suiza Dairy ha estado realizando intentos para emplazar al liderato de la CGT, en relación con la vista de interdicto preliminar y permanente.

Según surge de la orden de entredicho provisional emitida por el juez Cuevas Ramos los miembros de la CGT han empleado “la violencia, alteración a la paz, intimidación, amenazas, insultos y fuerza llevando a cabo acciones para impedir la entrada, entrega, procesamiento de leche cruda, así como el acceso a las facilidades de Suiza Dairy en San Juan”.

La petición de Suiza Dairy es contra toda la CGT e incluye a su presidente, José Adrián López, a Scott Barbés y otros miembros y oficiales.

La empresa sostuvo que los miembros de la CGT emplearon la violencia para afectar el procesamiento y suplido de leche y paralizar sus operaciones normales.

La disputa que hace detonar el paro es la renuencia de Suiza Dairy a acordar una aportación al plan médico de 160 empleados y un incremento salarial a otros 32 empleados que distribuyen leche fresca y otros productos de Suiza en el comercio. El

López Pacheco ha sostenido que el paro se decretó el pasado martes 11 de junio luego de que las partes no alcanzaran un acuerdo sobre la aportación al plan médico empleados y el alza salarial a los otros 32 empleados.

Negociaciones sin acuerdo satisfactorio

En entrevista con SN, Eliot Rodríguez, quien se identificó miembro de la unión con autorización para revelar las últimas incidencias, indicó que, en negociaciones previas, Suiza Dairy había solicitado a la CGT que los beneficios para los 160 empleados y para los 32 “merchandiser” se discutieran antes del 1 de julio.

No obstante, según indicó Rodríguez, esas discusiones con la gerencia de la empresa no han logrado un acuerdo satisfactorio.

En un comunicado de prensa emitido por Suiza Dairy la pasada semana la empresa sostuvo que no está en condiciones por el momento de otorgar beneficios adicionales y nuevos a sus trabajadores debido a diversas circunstancias, las cuales identificó “de tipo regulatorio, económico y demográfico”.

La empresa agregó que “actualmente se están tomando medidas estructurales que le permitan a Suiza recuperar su competitividad y ajustarse a las nuevas condiciones del mercado”.

Mediación a la vista

Rodríguez dijo que, en una reunión convocada por el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, la pasada semana con el objetivo de lograr un acuerdo que terminara el paro, el gerente general de Suiza Dairy, Pablo Vallejo, dijo que la empresa no cuenta con el dinero para garantizar los beneficios a los trabajadores.

Tras la gestión infructuosa realizada por González Beiró, Rodríguez reveló que ha entrado en escena la mediadora Madeline Melia, quien es la directora del Negociado de Conciliación y Arbitraje del Departamento de Trabajo.

“Ya los directivos de la unión se reunieron con la señora Madeline Melia”, dijo Rodríguez.

Por su parte, el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, sostuvo que en gran medida los problemas económicos de Suiza Dairy obedecen a la inacción de la administración de González Beiró para realizar el Estudio Económico Exhaustivo (EEE) de la industria lechera.

González Beiró es el administrador interino de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) que tiene a cargo efectuar el EEE.

Con raíz en Agricultura los problemas de Suiza Dairy

El EEE se debe realizar cada cuatro años, según lo dispone la ley 34 de 1957 o Ley para Reglamentar la Industria Lechera, con el fin de revisar los precios de la leche y aumentar el ingreso de los diversos integrantes de la industria lechera si es necesario.

Flores Ortega sostuvo que la reiterada violación de González Beiró a la ley 34 ha sido investigada por la Cámara de Representantes y el Senado sin que finalmente las pesquisas hayan arrojado resultado alguno.

Tanto Suiza Dairy como el sector de los ganaderos han reclamado que se realice el EEE debido a que los costos de producción exceden las ganancias que se obtienen por la venta de leche.

El EEE no se realiza desde el pasado cuatrienio cuando la ORIL fue administrada por Jorge Campos, quien es el actual subsecretario de Agricultura. Campos sostuvo una disputa con Flores Ortega, quien solicitó su renuncia, pero el funcionario se mantuvo en el cargo con el apoyo de la Fortaleza. Campos no hizo gestiones para culminar el EEE a pesar de las directrices de Flores Ortega para que se concluyera el estudio.

El ex secretario señaló que hasta el momento más de 35 vaquerías se han declarado en quiebra en el Tribunal Federal de San Juan debido a que las ganancias que obtienen a través de la venta de leche cruda no son suficientes para aplacar los costos de producción.

El ganadero Carlos Benítez, quien cerró su vaquería recientemente, reclamó con insistencia que el secretario y la ORIL culminen el EEE para obtener “una ganancia razonable».

Benítez ha sostenido que el sector ganadero sufre en silencio los altos costos de producción y no hacen un reclamo abiertamente porque la ORIL ha establecido un patrón de tomar represalias contra los que se quejan.

Guerra legal entre Suiza y la ORIL

La empresa Suiza Dairy ha sostenido numerosas disputas legales en los tribunales contra determinadas decisiones de la ORIL que pretendían beneficiar a la planta de balance Indulac y en ocasiones a la planta procesadora de Tres Monjitas.

El más reciente capítulo de esas batallas legales tuvo lugar el pasado 4 de diciembre cuando el Tribunal Apelativo acogió los planteamientos de Suiza Dairy y concluyó que la ORIL emitió tres órdenes administrativas en violación a la ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y procedió a revocarlas y declararlas nulas.

Una de esas tres determinaciones administrativas cambió la definición de la leche fresca para permitir la llamada leche fresca de larga duración, lo que propició que la planta procesadora Tres Monjitas, que elabora ese producto, aumentara su participación en el mercado. 

Como resultado de esa orden administrativa, la producción de la leche fresca de larga duración fue considerada también como parte de la producción de leche fresca, que es el principal segmento de la industria lechera, lo que propició un aumento en la participación de mercado de Tres Monjitas.

Tras confirmar el aumento de mercado, la ORIL determinó que Tres Monjitas había demostrado una mayor necesidad de leche cruda y ordenó transferir a esa planta procesadora la producción de dos vaquerías que estaban asignadas a la planta Suiza Dairy, lo que resultó en detrimento a la producción de esa empresa.

De hecho, la ORIL ha registrado un expediente significativo de derrotas judiciales, tanto en los tribunales locales como federales, en controversias relacionadas con la industria lechera y su principal contendor lo ha sido la empresa Suiza Dairy, que con sus victorias judiciales ha demostrado que la ORIL suele actuar en contra de la ley y de manera unilateral.

Incluso, las continuas disputas legales en los tribunales entre la ORIL y sus regulados no tiene precedente en el gobierno de Puerto Rico.

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Ya es ley la negociación colectiva entre aseguradoras y proveedores

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Por Miguel Díaz Román

La medida que propiciaría la negociación colectiva de tarifas entre las aseguradoras y los proveedores de salud, que sin duda es el proyecto legislativo con posibilidades de causar grandes repercusiones en la industria de seguros de salud del país, fue convertido en ley por el gobernador Pedro Pierluisi.  

Con la firma del gobernador el Proyecto de la Cámara 1641, que propone posibilitar la negociación colectiva para propiciar un alza en las tarifas de los proveedores de servicios de salud y evitar el éxodo de médicos, ya es la Ley 78 de 2024.

La medida se había quedado estancada en un comité de conferencia en la pasada sesión legislativa, luego de que a última hora se introdujeron enmiendas en el Senado, las cuales no fueron aceptadas por los proponentes de la medida en la Cámara de Representantes.

No obstante, las diferencias fueron superadas y la medida finalmente fue avalada entre marzo y abril por ambos cuerpos. El PC 1641 fue enviado a Fortaleza el pasado 6 de mayo y el gobernador lo convirtió en ley el 16 de mayo.

“Por décadas, las posibilidades de negociaciones entre aseguradores y proveedores han resultado inexistentes e inalcanzables toda vez que éstas últimas han establecido unilateralmente los términos contractuales y las tarifas a pagar a los proveedores, resultando en falta de procesos colaborativos en la relación entre proveedores y aseguradores de planes médicos que experimentamos hoy en la isla” sostuvo el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega.

El proyecto fue radicado por el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, y la representante Sol Higgins Cuadrado, ambos del PPD, y los representantes, Carlos Méndez Núñez y José Hernández Concepción, quienes pertenecen al PNP.

La medida fue patrocinada desde su origen por el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, doctor Carlos Díaz, y por Adams Vega.

 Negociación colectiva sería obligatoria 

La ley 78 considera a toda la isla como una sola área geográfica, lo que eliminaría las once áreas geográficas reconocidas por la regla 91 de la OCS. La medida dispone que el proceso de negociación colectiva sea obligatorio y además, propone aumentar de un 20% a 40% el número de proveedores que se pueden unir para negociar con las aseguradoras.

La negociación colectiva figura como un mecanismo para que las aseguradoras y los proveedores acuerden el monto de las tarifas desde 2008, cuando se aprobó la ley 203.

El estatuto añadió el capítulo 31 al Código de Seguros, pero se convirtió en uno inoperante a consecuencia de las excesivas disposiciones de la regla 91. Pero la ley 78 enmienda la ley 203 y la regla 91, con el objetivo de convertir la negociación colectiva en un mecanismo viable.

La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) ha sostenido que la negociación colectiva podría crear un monopolio en la negociación de tarifas a nivel de toda la Isla, integrado por los proveedores, que aumentará las primas de los seguros de salud privados y los públicos y podría causar un aumento en el número de personas no aseguradas.

Acodese sostuvo que los médicos que no participen de las negociaciones colectivas reclamarán trato igual, según las tarifas acordadas por aquellos grupos que negociaron con las aseguradoras, lo que causaría que las tarifas negociadas quedarían vigentes en toda la isla.

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Informe Semanal – 14 de junio 2024

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Esta semana en Informe Semanal conversamos sobre el conflicto huelgario en Suiza Dairy y su repercusiones en la industria lechera.

El ex-secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, hablará sobre el tema con el ganadero Carlos Benítez y con el presidente de quesos del país La Esperanza; Guadalupe Acevedo .

También conversamos con el economista José Alameda, sobre una decisión del Tribunal de Apelaciones de Boston que permitió que los acreedores de la AEE recobren más de $8,000 millones.

Además discutimos sobre el aumento del salario mínimo decretado esta semana y sus efectos en la economía.

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Sin fondos el programa de incentivo salarial agrícola

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 Por Miguel Díaz Román

 De manera inexplicable el Programa de Subsidio Salarial Agrícola no tiene fondos para pagar las nóminas de los agricultores para el tercer y cuarto trimestre del presente año fiscal, lo que levanta serias interrogantes sobre los manejos financieros que realizan el Departamento de Agricultura y la Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario (ADEA), que es la entidad responsable de administrar el citado programa.

En el presupuesto del presente año fiscal se aprobó una asignación de $16 millones para el Programa de Subsidio Salarial Agrícola, lo que implica que técnicamente los cuatro trimestres del año fiscal deberían tener disponibles $4 millones para cumplir con el subsidio salarial de aproximadamente 6,000 nóminas.

No obstante, la información que surge de fuentes vinculadas a la administración del Programa de Subsidio Salarial Agrícola es que no existen los fondos para pagar las nóminas de los agricultores para el tercer y cuarto trimestre.

El DA ha sostenido que el Programa de Subsidio Salarial Agrícola pagará el 50 % del salario mínimo federal o estatal, según lo hayan acordado los agricultores con sus empleados. El subsidio del programa aplica a los salarios por hora que pagan los agricultores a sus empleados.

Afectadas la industria  lechera, avícola y de huevos

Otros sectores que serían fuertemente impactados por la falta de fondos del citado programa son la industria avícola, el sector de huevos y la industria lechera. Estas empresas agrícolas no participan del subsidio salarial por hora, pero sí reciben incentivos por producción, cuyos fondos también forman parte del presupuesto del Programa de Subsidio Salarial Agrícola. 

El subsidio para los productores de leche es $0.022 por cuartillo, para los productores de pollos es de $5.55 por cada 1,000 libras y para los productores de huevos es de $1.40 por cada 30 docenas de huevos.

Esta realidad implica que la industria avícola, lechera y el sector de huevos se verán afectados en la medida que el presupuesto del programa se haya reducido.

Las fuentes revelaron que no hay fondos para pagar las nóminas para el tercer trimestre, que comprende los meses de enero, febrero y marzo de 2024, y del cuarto trimestre, que incluye los meses de abril, mayo y junio de 2024.

“Me han dicho que asignaron $200,000 para pagar un sobrante del primer y segundo trimestre para luego ver cómo pagan el tercer y el cuarto trimestre. No entiendo qué es lo que está pasando”, cuestionó la fuente, quien reiteró que en ADEA no hay fondos disponibles para cumplir con el pago del tercer y cuarto trimestre.

 Deficiencia presupuestaria inexplicable

De hecho, en un correo electrónico interno de ADEA del pasado 6 de junio se desprende que existe una deficiencia presupuestaria la cual no es definida en la comunicación y tampoco se informa de dónde procederán los fondos para corregir la situación.

El correo electrónico fue enviado por la directora ejecutiva de ADEA, Noelia López Rivera, quien ordenó no pagar las nóminas que están detenidas en espera de que sean procesadas debido a que “el administrador auxiliar de incentivos tendrá que hacer un ajuste de acuerdo con el presupuesto disponible”.

En la comunicación interna de ADEA, López Rivera anuncia que la aplicación digital del programa fue “abierta” para que los funcionarios y los directores regionales introduzcan los datos de las nóminas del tercer trimestre.

No obstante, la comunicación le advierte a la división de finanzas que no debe procesar los casos con el fin de pagar las nóminas “hasta que a usted se le informe lo contrario. Favor de esperar un correo electrónico de la administradora de la agencia antes de procesar casos para pago”.

Asfixiados los agricultores

Fuentes de SN indican que cientos de agricultores están enfrentando una situación económica asfixiante debido a que no han recibido el pago del subsidio salarial para el tercer trimestre y el cuarto trimestre, a pesar de que ellos han pagado a sus empleados los salarios que corresponden a ambos periodos.

Los agricultores alegan que los pagos del subsidio salarial los ayuda a enfrentar los efectos de la inflación que ha elevado el precio de numerosos productos y servicios necesarios para mantener sus operaciones agrícolas. También destacan que su situación económica ha empeorado debido a que el DA ha limitado o eliminado el pago de determinados subsidios y ayudas.

De acuerdo con las fuentes, el impago del subsidio salarial ha golpeado fuertemente a los agricultores que han contratado trabajadores extranjeros por periodos temporales con el fin de reducir al máximo la falta de mano de obra local y para evitar la pérdida de sus cosechas, una realidad que ha perjudicado a los caficultores del país.

Funcionarios no ofrecen explicaciones

La realidad actual de falta de fondos representa un grave contraste con las expresiones triunfalistas del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quien en octubre de 2023 anunció en los medios de comunicación que por primera vez al Programa de Subsidio Salarial Agrícola se podría utilizar para pagar las nóminas de los trabajadores temporales extranjeros que han llegado al país por medio de la visa federal H2- A, la cual avala que estos trabajadores migrantes arriben al país para trabajar en el sector agrícola.

Ayer SN se comunicó con Ricardo Carrión, quien es el administrador auxiliar de incentivos de ADEA, para obtener una reacción sobre las causas para que el Programa de Subsidio Salarial carezca de fondos para cumplir su cometido cuando aún no ha finalizado el presente año fiscal.

“Yo no te puedo responder esa pregunta. Llama a la señora Noelia López Rivera”, respondió Carrión.

López Rivera, al igual que González Beiró, no responden a las interrogantes de SN sobre su manejo de los asuntos públicos relacionados con la agricultura.

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“La ASC ya no es factible y debe desaparecer”

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Por Miguel Díaz Román

En medio del vendaval que azota a la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC), luego de que un fallo judicial la obliga a devolver más de $47.1 millones a miles de asegurados por la aplicación ilegal de una depreciación en piezas nuevas, surgen opiniones sobre la obsolescencia de la entidad, debido a que perdió su razón de ser tras la entrada de más aseguradoras a mercadear el Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO).

El presidente de la aseguradora Antilles Insurance Company, Jaime González Portilla, sostuvo que al interior de la ASC se desarrolla una compleja relación entre las aseguradoras que la integran, quienes venden el SRO, y el ente administrativo de la entidad, que es en realidad otra aseguradora más que vende el SRO y compite abiertamente con recursos multimillonarios contra sus propios socios miembros.

“El conflicto de interés es tan grande que los socios miembros no pueden formar parte del comité de publicidad de la ASC, donde se decide usar millones de dólares en campañas publicitarias para competir contra sus propios socios. La ASC les hace competencia y los socios miembros no pueden hacer nada, no pueden controlarla”, sostuvo González Portilla, quien también es el presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico.

El ejecutivo indicó que ha conocido información de manera extraoficial sobre aseguradoras que venden el SRO pero no son socios miembros de la ASC y de aseguradoras que si son socios miembros, quienes albergan la convicción que la entidad debe desaparecer como aseguradora y quizás, permanecer como una empresa administrativa dedicada a recibir y distribuir las primas de SRO, las cuales pagan los conductores al renovar el marbete todos los años. La prima del SRO es de $99 para autos privados y $148 para vehículos comerciales.

“La información que tengo es que, si se hiciera una asamblea, los socios miembros votarían por eliminar la ASC como aseguradora”, dijo González Portilla.

ASC ya cumplió su cometido

El presidente de Antilles Insurance indicó que la ASC cumplió un cometido importante desde los inicios del establecimiento de SRO en 1995, cuando era necesario tener una entidad que atendiera todos los aspectos administrativos de un seguro universal de responsabilidad pública para más de un 1 millón de unidades que transitaban las vías públicas sin un seguro contra daños por accidentes.

El SRO es producto de la ley 253 de 1995, la cual fue patrocinada por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) durante la incumbencia del desaparecido ex Comisionado de Seguros, Juan García.

Indicó que ante la realidad de que “el mercado del SRO se abrió a la libre competencia en 2014, la ASC perdió su razón de ser”.

Además de la ASC, las aseguradoras que actualmente venden el SRO son Guardian Insurance, Point Guard, Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, Universal, MAPFRE Praico Insurance Company, Multinational Insurance Company y Triple-S Propiedad.

No obstante, para ser miembros de la ASC, las aseguradoras que participan del negocio de seguros para vehículos deben tener una participación en el mercado sobre el 1 % del total de las primas suscritas. Esto implica que, aunque existen aseguradoras que venden el SRO no todas son miembros de la ASC porque incumplen con la participación de mercado requerida, como es el caso de Guardian Insurance.

Cuestionada la dualidad corporativa 

González Portilla sostuvo que como resultado de la apertura del mercado del SRO, las aseguradoras miembros de la ASC venden el SRO y compiten directamente contra la ASC.  Incluso, el ejecutivo explicó que la dualidad corporativa de la ASC como entidad administradora del SRO y como aseguradora que compite en el mercado, ha sido motivo de discusión y de incomodidad entre los miembros de la ASC.

“Yo personalmente creo que la ASC debió haber desaparecido hace tiempo, desde que comenzó la libre competencia la ASC debió haber desaparecido. No había razón para mantener la ASC. Se debió quedar como un ente administrador, pero nunca debió ser una competencia para otras aseguradoras”, advirtió el presidente de Antilles Insurance.

“La ASC ya no es factible y debe desaparecer. Las aseguradoras ya hacen todo el trabajo sin la ASC. Mi opinión es que la ASC debe desaparecer, esa siempre ha sido mí opinión”, insistió.

Sostuvo que es posible que no se haya articulado una iniciativa para anular la gestión de la ASC como aseguradora debido a la complicación que representa radicar un proyecto de ley que enmiende el artículo 6 de la ley 253, que contiene todo lo relacionado con la función de la ASC.

Dividendos sí, reserva no

González Portilla también indicó que otro factor que pudo actuar a favor de no alterar las funciones de la ASC es que las aseguradoras miembros han estado recibiendo dividendos de las ganancias que genera la entidad.  De acuerdo con el Informe Financiero de la ASC del 2023, los socios miembros recibieron un dividendo ordinario por un monto de $3.4 millones ese año.

En el año 2022 no hubo distribuciones ordinarias, pero sí un dividendo extraordinario de $50 millones autorizado por la Ley 207 de 2022, que tuvo como objetivo compensar la pérdida de ingresos que experimentó el gobierno como resultado de la suspensión temporal del impuesto a la gasolina y al diesel.

La ley también avaló imponer una contribución especial del 50% al dividendo extraordinario, que representó un pago de $25 millones de parte de la ASC a favor del Departamento de Hacienda y un pago adicional por $1.4 millones en nombre de sus socios miembros.  

Según el informe, el monto restante del dividendo extraordinario ascendió a $23.2 millones, los cuales se habrían pagado a los socios miembros en dos desembolsos de $11.7 millones, uno en 2023 y otro en 2024.

Continúa el gasto publicitario

Sobre este aspecto, González Portilla cuestionó que la ASC estuviera declarando dividendos y no se hubiera establecido una reserva para lidiar con el pleito legal que culminó con un fallo que obliga a la aseguradora a devolver $47.1 millones.

De hecho, González Portilla se mostró alarmado ante el hecho inescapable de que el citado caso judicial comenzó en 2017 y durante ocho años los auditores de la ASC no recomendaron crear una reserva para acumular fondos suficientes para enfrentar un reclamo económico que tuviera éxito en los tribunales.

Incluso, el ejecutivo planteó que, a pesar de que el caso judicial se inclinaba en contra de la ASC, la administración de la aseguradora continuó avalando inversiones significativas en publicidad televisiva y en otros medios a un costo multimillonario.

“¿Dónde están los auditores, donde están los miembros de la Junta de Directores de la ASC? ¿Cómo es posible que no se haya creado una reserva para éste caso, que no es nuevo porque ya llevaba un tiempo. ¿Cómo es posible que se hayan declarado dividendos y no se haya creado una reserva para este caso?”, cuestionó a viva voz el ejecutivo.

Posible intervención por insolvencia 

Señaló que existe una posibilidad real de que la ASC enfrente una intervención por insolvencia de parte de la OCS. El ejecutivo sostuvo que ante la realidad de que el capital de la ASC asciende a $31.9 millones y el fallo judicial obliga a la aseguradora a devolver $47.1 millones, será necesario que la entidad decrete una derrama entre las aseguradoras que la integran para recaudar $15 millones adicionales.

En el Informe Financiero de la ASC del 2023 se indica que la entidad posee entre dinero en efectivo e inversiones en vehículos financieros, $101.2 millones, pero sus compromisos económicos ascienden a $75.1 millones. El informe también contiene una nota que comenta el caso judicial enfrentado por la ASC y señala que “la exposición máxima de ASC según la sentencia en reconsideración es de aproximadamente $47,000,000.00”.

González Portilla sostuvo que también existe la posibilidad de que a su debido tiempo algunos de los socios miembros cuestionen las acciones o inacciones de la Junta de Directores que consta de siete miembros, cuatro que representan el interés público y tres al sector de la industria de seguros.

“Aquí hay una exposición a la cubierta de errores y omisiones contra la Junta de Directores por los socios miembros de la ASC, pienso yo. Porque ahora le van a imponer una derrama. ¿Y si los socios miembros deciden que no van a pagar la derrama y que lo mejor es liquidarla?  Entonces habrá que liquidar a la ASC”, dijo.

Recordó que resultaría contraproducente solicitar una derrama “cuando estuviste declarando dividendos en los pasados años”. Advirtió que, si las aseguradoras que integran la ASC se resisten a pagar la derrama, será inminente una intervención por insolvencia de parte de la OCS.

De hecho, González Portilla planteó que para las aseguradoras que son socios miembros es más conveniente la liquidación de la ASC. Explicó que, tras la liquidación, estas aseguradoras se beneficiarán porque absorberán a todos los asegurados que antes suscribían sus pólizas del SRO con la ASC. 

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ASC alega que quedará insolvente si reserva $47.1 millones para caso de clase

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Por Miguel Díaz Román

La Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) le solicitó al Tribunal de Apelaciones que revoque una resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia que exige a la entidad crear una reserva de $47.1 millones como aseguramiento de sentencia, para compensar a miles de asegurados que fueron afectados por la aplicación ilegal de un descuento por concepto de depreciación a las piezas nuevas y originales.

La ASC sostuvo que el dinero existente en sus arcas está comprometido y obligarla a reservar $41.7 millones, según dispone la orden del Tribunal de Primera Instancia, causará que la aseguradora no pueda pagar sus deudas, lo que la encaminaría irremediablemente a la insolvencia.

La ASC le dijo al Tribunal de Apelaciones que para cumplir con la orden de aseguramiento de sentencia deberá utilizar $15 millones que están comprometidos, lo que causará que la aseguradora incumpla sus obligaciones y como resultado, se active una posible intervención de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) contra la aseguradora por insolvencia.

La ASC también señaló que para emitir la resolución que ordena reservar $47.1 millones, el Tribunal de Primera Instancia se negó a realizar una vista evidenciaría para escuchar las explicaciones de la ASC y basó su decisión para fijar dicha cantidad de dinero como aseguramiento de sentencia, en una interpretación incorrecta de los informes financieros de la entidad. 

La reserva de $47.1 millones tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de un histórico fallo judicial en un caso de clase que involucra reclamaciones por accidentes de tránsito efectuadas por conductores cuyos autos fueron impactados por vehículos asegurados con el Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO), dentro del período entre el 21 de agosto de 2011 y el 1 de agosto de 2019.

El caso se ha estado ventilando en la sala de la jueza superior Valerie Concepción Cintrón, en el Centro Judicial de San Juan.

La parte demandante es representada por el conocido licenciado José Andréu Fuentes, del bufete Andreu & Sagardía y por los abogados Nelson Córdova Morales, Ricardo Prieto García, Angel Collazo Santiago y Emilio Vilá Carreras.

La ASC es representada por la licenciada Moraima Ríos Robles, del bufete Arroyo & Ríos Law Offices, y por la licenciada Rosa Irizarry Millán.

Tribunal utilizó documentos irrelevantes

Incluso, la ASC sostuvo que el Tribunal de Primera Instancia fundamentó su decisión de fijar la cantidad de $47.1 millones en “documentos e información irrelevantes” y en información “fraccionada en una sola línea aislada y descontextualizada de un documento voluminoso y técnico sin la debida interpretación”.

Además, la ASC sostuvo que el Tribunal de Primera Instancia no entiende el concepto “efectivo e inversiones”, y de manera errada concluyó que la entidad cuenta con $101.2 millones de libre disposición e ignoró que las deudas ascienden a $75.1 millones.

De hecho, la ASC cuestionó abiertamente que se haya fijado en $47.1 millones el monto a pagar en este caso, debido a que la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 26 de julio de 2023, y confirmada por el Tribunal de Apelaciones el pasado 3 de noviembre de 2023, no definió un remedio monetario, aunque sí estableció la responsabilidad legal de ASC.

La confirmación de la sentencia realizada por el Tribunal de Apelaciones fue impugnada por la ASC en el Tribunal Supremo, que se negó a revisar la decisión y en dos ocasiones emitió un «no ha lugar». Tras la determinación del Tribunal Supremo la sentencia que responsabiliza a la ASC por la aplicación ilegal de un descuento por concepto de depreciación pasó a ser final y firme.

En su petición al Tribunal de Apelaciones la ASC sostuvo que, aunque las abogadas de la ASC representaron ante el Tribunal de Primera Instancia que la sentencia exponía a la aseguradora a pagar más de $47.1 millones, tales expresiones no constituyen una admisión de deuda y no se deben considerar como prueba y no pueden sustituir la evidencia que se debería considerar para establecer el monto económico que en realidad representa la sentencia.

Monto a pagar afectado por Tribunal Apelativo 

Incluso, la ASC sostuvo que el monto económico que finalmente se establezca como compensación también estará afectado por la confirmación de la sentencia que realizó el Tribunal Apelativo, debido a que en esa decisión ese Tribunal modificó la sentencia emitida el 26 de julio de 2023 y limitó la clase demandante a toda persona natural o jurídica a la que la ASC le aplicó un descuento por depreciación en las piezas nuevas y que a consecuencia de ello “tuvieron que pagar de su propio peculio más de la cantidad que correspondía”.

En otras palabras, la posición de la ASC es que hasta que no se determine el universo de reclamantes a los que se les aplicó un descuento por depreciación en las piezas nuevas y que para reparar sus autos tuvieron que desembolsar dinero de su bolsillo, será imposible determinar la cantidad de dinero que representa la sentencia.

La petición de la ASC al Tribunal Apelativo fue radicada el pasado 4 de junio, luego de que el Tribunal de Primera Instancia emitiera el pasado 31 de mayo una orden provisional exigiendo reservar los $47.1 millones, en lo que se denominó un “aseguramiento de la sentencia”.  

La orden del Tribunal de Primera Instancia instruyó a la ASC a crear la reserva para el pasado viernes 7 de junio, tras una petición presentada por los abogados de los demandantes dirigida a “instrumentar el remedio concedido a la clase demandante”. 

La acción del Tribunal de Primera Instancia fue en reacción a una moción informativa radicada por la clase demandante el pasado 22 de mayo, en la que se expuso la situación financiera de la ASC según los informes financieros de la aseguradora presentados ante la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) durante los años 2022 y 2023.

Tribunal desconoce deuda de $75 millones

En el informe de 2023 la ASC reconoció que el pago de la sentencia de la demanda de clase significa el desembolso de aproximadamente $47.1 millones. La moción también indica que en el informe de 2023 la ASC estimó su ingreso bruto por concepto de las primas cobradas en $69.3 millones y, además, tenía a su disposición $101.2 millones entre su cartera de inversiones y dinero en efectivo.

De hecho, la ASC sostiene que la vista evidenciaria se debió celebrar el 22 de mayo de 2024, pero nunca se recibió un señalamiento para celebrar la citada vista. En cambio, luego de que el 22 de mayo la clase demandante radicara la moción informativa, nueve días después, el 31 de mayo, el Tribunal de Primera Instancia emitió la orden provisional exigiendo reservar los $47.1 millones.

La ASC sostiene que, a consecuencia de no celebrar la vista evidenciaria, el Tribunal determinó “erradamente” que la aseguradora cuenta con un capital de $101.2 millones, una cifra identificada en el informe financiero de 2023 como dinero en efectivo y dinero invertido en vehículos financieros.  

“En su desconocimiento, el Tribunal de Primera Instancia equiparó el efectivo e inversiones de ASC con su capital disponible, ignorando así por completo que las obligaciones totales de ASC reconocidas en sus libros al 31 de diciembre de 2023 ascendieron a $75.1 millones. Bajo su incorrecta interpretación de lo que significa en la contabilidad estatutaria el concepto “efectivo e inversiones” el Tribunal de Primera Instancia estableció de forma descontextualizada y errada que un aseguramiento de sentencia por $47.1 millones es la medida que menos inconvenientes causa a ASC”, advierte la petición de revisión (certiorari) presentada por la ASC en el Tribunal Apelativo.

“Esta conclusión ignora que el capital de ASC, con el que esta sí cuenta, es de $31.9 millones, según su informe anual al 31 de diciembre de 2023. De manera que la resolución requiere que ASC reserve en exceso de $15 millones de activos sobre los cuales no tiene libre disposición, en detrimento de terceros que son las que tienen derecho a esos fondos, según las normas estatutarias que le aplican a ASC. Surge de ello, por tanto, que la medida en aseguramiento de sentencia emitida por el Tribunal afecta irremediablemente las operaciones de ASC, poniéndola en riesgo de incumplir con sus obligaciones estatutarias y de enfrentar intervención de la OCS por insolvencia”, sostiene el documento.

ASC atisba posible insolvencia

La posibilidad de que la ASC enfrente una intervención por insolvencia de parte de la OCS fue planteada la pasada semana por Jaime González Portilla, quien es el presidente de la aseguradora Antilles Insurance. En una entrevista en el programa Informe Semanal el ejecutivo sostuvo que ante la realidad de que el capital de la ASC asciende a $31.9 millones y el fallo judicial obliga a la aseguradora a devolver $47.1 millones, será necesario que la entidad decrete una derrama entre las aseguradoras que la integran para recaudar $15 millones adicionales.

González Portilla sostuvo que existe la posibilidad de que las aseguradoras que integran la ASC se resistan a pagar la derrama, lo que causaría una intervención de la OCS por insolvencia.

Obsoleta la ASC

De hecho, el ejecutivo planteó que la ASC es un organismo obsoleto que tuvo su razón de ser en los comienzos del SRO en 1995 y cuya función fue establecer el citado seguro para un universo de automóviles sin seguro privado que superó más del 1 millón de unidades. Pero ante la realidad de que “el mercado se abrió a la libre competencia en 2014, la ASC perdió su razón de ser”, dijo González Portilla.

Como resultado de ese cambio las aseguradoras miembros de la ASC también venden el SRO y compiten directamente contra la ASC.  Incluso, González Portilla sostuvo que, debido a que las aseguradoras miembros compiten directamente contra la ASC, sus representantes en la aseguradora no pueden integrar el comité de publicidad para evitar que conozcan las estrategias publicitarias.  

Ayer SN le solicitó sin éxito a la licenciada Nereida Carrero, presidenta de ASC, que reaccionara a los planteamientos de González Portilla.

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MAPFRE reduce su huella de carbono global en 25 %

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MAPFRE ha superado todos los objetivos de reducción que se había propuesto para reducir la huella de carbono que genera con su actividad. La aseguradora ha disminuido su huella de carbono global un 25% respecto a 2019, lo que representa 17 puntos y medio por encima del reto marcado para 2023 (7,5%).

Este descenso se debe al esfuerzo que realiza el Grupo para seguir avanzando hacia la descarbonización de la economía, no solo a través de la inversión y la suscripción, sino también con medidas para reducir la huella de su operación directa.

Entre ellas, destaca la restricción de combustibles fósiles y electricidad, la utilización de fuentes de energía renovables, como la solar, la sustitución de su flota de vehículos convencionales por híbridos o eléctricos, y la reducción de los viajes de negocio y los desplazamientos de sus empleados a los centros de trabajo.

 Menos combustibles fósiles

En 2023 el Grupo adquirió el 67% de la electricidad con certificados de garantías de origen 100% renovable, gracias a los contratos de compra de electricidad verde con los que actualmente cuentan países como España, Alemania y Paraguay (100%), Portugal (99%), Brasil (80%), Turquía (48%), Italia (48%), Perú (43%) y EE.UU (23%), y que implica que todos ellos hagan mayor uso de energías limpias y que requieren menor quema de combustibles fósiles en la generación de dicha electricidad.

En este sentido, cabe destacar que la compañía se ha comprometido a que el 100% del consumo eléctrico para 2030 provenga de energías limpias.  La compañía, ha reducido, además, un 31% la huella de carbono vinculada principalmente al consumo de combustibles, superando ampliamente el objetivo marcado del 3%, en mayor medida debido a la sustitución progresiva de la flota propia de vehículos, con motores de combustión convencional por vehículos híbridos o eléctricos, que en 2023 representaron el 22% y que aspira al 100% para 2030. Ha influido, además, el uso de calefacción sostenible que ha permitido a la entidad reemplazar calderas de gasóleo y gas natural por bombas de calor eléctricas. 

Movilidad: menos viajes de negocio 

La huella de carbono indirecta, asociada principalmente a la movilidad de los empleados, también se ha reducido, en concreto un 19% frente a 2019, un dato que excede ampliamente el objetivo fijado (7% para este año) y que implica un avance importante en este sentido, ya que tanto los viajes de negocio como los desplazamientos diarios al centro de trabajo, más conocido como ‘commuting’, representan más del 68% de las emisiones totales.

En este descenso ha influido la nueva política de viajes que la compañía aprobó a finales del año 2022 y que persigue eliminar los desplazamientos innecesarios y fomentar el uso de transporte sostenible, como por ejemplo el uso del tren de alta velocidad frente al avión.

Ambas medidas han contribuido a que la huella de carbono procedente de los viajes de negocio en 2023 se haya reducido un 58% respecto a 2019, lo que supera de forma significativa el objetivo previsto del 4% para el año 2023. Los países que más la han reducido se encuentran Venezuela (97%), Paraguay (95%), Honduras (94%), Ecuador (91%) y Colombia (90%).

Durante el 2023 continúan afianzándose los modelos de trabajo híbrido (presencial y en remoto) en el Grupo, la huella de carbono del ‘commuting’ en dicho año ha disminuido un 3% respecto a 2019, una cifra que es inferior al objetivo marcado del 8% fijado para el año 2023. 

Un 22% menos de energía

En 2023, el consumo energético del Grupo MAPFRE, vinculado al consumo de energía de los edificios y la flota de vehículos, se redujo un 22% respecto a 2019, lo que supera ampliamente el objetivo previsto para 2023 del 11%. Dicha reducción se debe sobre todo a la implantación de modelos híbridos de trabajo, optimización de espacios de trabajo, inversiones de eficiencia energética y renovación de flotas de automóviles a motores ECO y más eficientes. Los países que han contribuido a esta reducción son Brasil (70%), Guatemala (64%), Turquía (47%), Colombia (45%) y EE.UU (35%).

Más placas solares

Actualmente, el consumo eléctrico representa más del 68% del consumo energético del Grupo. En 2023, la energía eléctrica adquirida total se ha reducido en 21 GWh, lo que supone un 19% menos respecto a 2019. Los países que mayor esfuerzo han hecho para reducir el consumo eléctrico son Brasil (57%), Turquía (51%), EE.UU (50%), Colombia (47%), Alemania (46%) y Ecuador (35%).

Cabe destacar el impacto de la instalación de paneles solares en España, con 4.700 placas fotovoltaicas, que generaron 1,6 GWh en la sede central de la entidad en 2023. A la generación de energía solar total en España, que alcanzó los 3,27 GWh en 2023, se han sumado otros países como México, República Dominicana, Italia y Perú, que generan ya 0,25 GWh entre los cuatro países.

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INFORME SEMANAL 7 DE JUNIO DE 2024

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Esta semana en Informe Semanal conversamos el presidente de Antilles Insurance, Jaime González Portilla, quien hace unas observaciones reveladoras sobre la Asociación de Suscripción Conjunta, la cual deberá devolver $47.1 millones a los asegurados por aplicar ilegalmente una depreciación a las piezas nuevas.

Con el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, hablamos sobre los desaciertos de la administración de Pedro Pierluisi en la agricultura. También conversamos con el ganadero Jesús Díaz González, quien fue multado injustamente por la ORIL y quien impugnó en el Tribunal Apelativo esas multas y las implicaciones que tendrá ese caso en el sector ganadero.

El economista José Alameda hace un análisis sobre la derrota del gobernador Pedro Pierluisi en las pasadas primarias. También analiza los efectos de las políticas de Javier Milei en Argentina.

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En 2024 la administración Pierluisi no pegó una en la agricultura

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Tercera Parte (2024)

Por Carlos A Flores Ortega

El año 2024 comenzó con lo que todos comentaban y nadie hacía caso respecto a la situación de la industria lechera y las medidas tomadas por el Secretario González Beiró como administrador de ORIL.

En una investigación que realizó el programa Jugando Pelota Dura salió a relucir el aumento de 395 peticiones de quiebra, lo que representaba un incremento del 29% respecto al mismo mes que el año anterior.

 Según el informe las deudas acumuladas las encabezaban los hospitales en alusión al Centro Médico del Turabo (Grupo HIMA San Pablo) y en segundo lugar las vaquerías, seguida por los moteles. Mientras esto ocurría el presidente de la AA escribía en las redes sociales que el ganadero tenía que ser más agresivo a la hora de producir dentro de los parámetros de calidad y estar bien por debajo de los niveles tolerables y no ser mediocres y continuar haciendo lo que hacían o el mercado se encargaría de sacarlos.

 En ningún momento el presidente de esta organización reclamaba apoyo a su sector por aumentos en costos, estudios de precios y problemas de mercados de los agricultores en un abierto apoyo a las decisiones del secretario.

En enero 2024 seis organizaciones de carácter comunitario, municipal, ambiental y agro- ecológico presentaron un recurso de apelación para que se prohibiera el establecimiento de proyectos industriales de energía en áreas de reservas agrícolas y ecológicamente sensitivas.

 El grupo de organizaciones demandantes estaba compuesto por la Liga de Ciudades de PR Inc., la Organización Boricuá de Agricultura Eco Orgánica Inc., el Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas, Inc., El Puente de Williamsburg, Inc., el Comité Diálogo Ambiental, Inc., Sierra Club Puerto Rico y cuentan con el apoyo legal de Earthjustice.

 Las partes demandadas son el Negociado de Energía, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Oficina de Gerencia y Permisos (OGPE), la Junta de Planificación (JP) y el Estado Libre Asociado. Las organizaciones argumentaron que es “irracional e incorrecta” la determinación anterior del Tribunal de Primera Instancia de desestimar el recurso de mandamus aludiendo que el Negociado de Energía tiene jurisdicción exclusiva para identificar si deben establecerse los proyectos industriales de energía renovable en la Reserva Especial Agrícola de Puerto Rico.

Negociado se niega a cumplir su deber

 Plantearon que, en la jurisprudencia, el Tribunal Supremo no ha reconocido jurisdicción exclusiva a una agencia y tampoco ha reconocido un recurso adecuado en ley ante una agencia que niega tener jurisdicción y peritaje sobre ese aspecto. De manera que el recurso presentado es el único remedio disponible para requerir al Negociado que cumpla con su deber ministerial e identifique los lugares aptos para viabilizar la integración de la energía renovable y aplicar el Plan de Uso de Terrenos (PUT).

 En el mes de enero recibimos la noticia de que la Oficina del Inspector General encontraba irregularidades en el arrendamiento de terrenos de la Autoridad de Tierras para usos político- partidistas, algo que está prohibido en los contratos de arrendamiento.

 El Secretario González Beiró nunca contestó a la prensa estos señalamientos sin embargo la investigación señalaba a un funcionario empleado de la ATPR, quien aspiraba a un cargo político, el organizar la actividad de recaudación de fondos en dicha finca.

En el programa Jugando Pelota Dura el Director de Campaña del Gobernador Pierluisi mencionó al defender al gobernador que él consideraba a gente todos los partidos en su administración y que por eso había nombrado a “Piro” por el apodo que se conoce al secretario González Beiró, cuanto todos sabían que no era PNP.

Sin remedio la importación

 También en el mes de enero los ganaderos estaban dando la alerta de que la industria lechera tendría que importar leche cuando llegara el verano y aumentará el calor ya que se habían eliminado los incentivos para la importación de novillas de reemplazo que debían ya estar en la isla para cuando entrara el verano aumentar producción y cumplir con las demandas del mercado. Ganaderos como Carlos Benítez ya lo estaban diciendo desde esta época.

Al cierre del mes de enero el periodista Miguel Días Román informaba una historia de seguimiento a una investigación de la Oficina de Ética Gubernamental en contra del secretario González Beiró sobre el contenido de una declaración jurada emitida por un corredor de bienes raíces quien sostuvo que el secretario intervino indebidamente y ofreció incentivos agrícolas para impedir la venta de un terreno a su cliente porque el secretario le interesaba adquirirla. 

Este terreno finalmente fue adquirido por una empresa vinculada al secretario por la cantidad de $1.6 millones.Esta finca colinda con terrenos que el secretario y una empresa vinculada a su familia adquirieron y han tratado de desarrollar como parque industrial de placas solares en terrenos agrícolas. Junto a esto el 27 de enero 2024 se celebró una Cumbre Agroempresarial 2024 organizada por el Senador Tomas Rivera Chats a la cual asistieron poco más de 100 personas incluyendo funcionarios de agencias de gobierno, municipio y legislatura. De hecho, el Senador Rivera Chats no asistió a la misma.

Se desconoce los resultados o el impacto de esta actividad. En el mes de febrero de 2024 se anunciaba la distribución de $37 millones de fondos federales CDBG-DR en ayudas a los agricultores a través del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico y a su vez la terminación del periodo de radicación de solicitudes y cierre del programa.

Plantas procesadoras rechazan querella

De aquí en adelante solo se ofrecerían préstamos al 4% de interés. Se pudieron beneficiar 746 agricultores. También en el mes de febrero la alcaldesa de Salinas denunciaba en el Departamento de Recursos Naturales lo que parecían obras ilegales en una finca de la empresa Agriart LLC vinculada al Secretario. Durante la investigación se corroboró que no había ocurrido movimiento de tierra en esta finca, pero sí en una finca aledaña perteneciente a la compañía Tropical Dairy Genetics del ganadero Mike McClosky, un proyecto agrícola donde también el Secretario es accionista.

 En febrero 2024 las plantas procesadoras Tres Monjitas y Suiza Dairy rechazaron tajantemente una serie de querellas radicadas por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) en la que se acusaban a ambas empresas y a un grupo de ganaderos de entregar leche a la planta Indulac contaminada con pelos, larvas, cáscaras de huevos y otros residuos.

 La grave acusación contenida en las querellas incluía una advertencia de que los ganaderos se exponían a perder sus licencias de producción de leche y las plantas procesadoras sus licencias de elaboración. Las querellas sostenían que las entregas de leche contaminada a la planta de Indulac con los citados residuos fueron realizadas el 5 de enero de 2024 por varios camiones de Tres Monjitas y Suiza Dairy.

 Las querellas fueron firmadas por el licenciado Edward Hill Tollinche, que es un abogado que ha mantenido contratos con la ORIL durante años y que suele representar a la dependencia del Departamento de Agricultura en controversiales legales en los tribunales.

 De hecho, las acciones tomadas por Hill Tollinche a través de las querellas debieron recibir el aval del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quien actualmente es el administrador interino de la ORIL.

 En febrero 2024 también se llevó a cabo una reunión en Lares llamada Primer Encuentro de Agricultores organizada por la AA y su presidente Hector Ivan Cordero donde esté en una reacción muy bochornosa y de sumisión se arrodillo frente al Secretario González Beiró para agradecerle por el compromiso de una asignación de $250,000 que el DA otorgaría a esta organización. Nunca se identificaron los fondos y tampoco si realmente esto llegó a ocurrir sin embargo, la actitud del Presidente de la AA quedó para la historia.

Protesta por placas solares

 A finales del mes de febrero se realizaron manifestaciones de ciudadanos en protesta de la política pública del DA con la promoción de proyectos de placas solares organizados por varias organizaciones protectoras de los terrenos agrícolas frente a las instalaciones del DA.

En el mes de marzo 2024 se estremece uno de los programas más beneficiosos para los pequeños y medianos agricultores por vicios de corrupción y fraude.

 Nuevas instancias de fraude en los Mercados Familiares revelaron un esfuerzo coordinado para atestar la iniciativa de productos agrícolas importados y para obtener ganancias sustanciales de los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN), al simular presuntas ventas que solo tienen el objetivo de convertir en dinero en efectivo la porción de la ayuda que se debe dedicar a la compra de productos agrícolas, a cambio de una comisión.

 Otra dimensión de fraude registrada en los Mercados Familiares es que determinados agricultores que poseen una notable capacidad económica logran establecer acuerdos con otros agricultores con operaciones agrícolas pequeñas para garantizar el pago de la mercancía que llevarán a su puesto de venta en un Mercado Familiar a cambio de le permiten ubicar en sus puestos una gran cantidad de otros productos agrícolas, la mayoría de los cuales son importados.

 La venta de productos agrícolas importados está prohibida en los Mercados Familiares por disposición federal. Los productos agrícolas a la venta en los Mercados Familiares tienen que ser exclusivamente las cosechas frescas de los agricultores participantes. “Le llenan el puesto de productos importados a esos agricultores pequeños y todo lo que venda más allá de su mercancía se lo deben entregar a esos agricultores que dominan varios puestos en los Mercados Familiares”, dijo una fuente.

Bajo la lupa los mercados familiares

 Otra situación altamente preocupante denunciada por las fuentes es la presencia en los Mercados Familiares de políticos cuyas fincas no cumplen con los requisitos mínimos establecidos por el Departamento de Agricultura (DA). Estos requisitos exigen a las empresas agrícolas participantes tener al menos cinco cultivos y tres en el periodo de cosecha durante la celebración del Mercado Familiar.

 Otro esquema revelado por agricultores que no quieren identificarse por miedo a represalias son los sobornos que son efectuados por empleados del DA, según el testimonio de algunos de los agricultores afectados. No está del todo claro si los sobornos obedecen al afán de lucro personal por parte de los empleados del DA o a los esfuerzos de recaudación de fondos para la campaña política del gobernador Pedro Pierluisi.

 En el mes de marzo se da a conocer cómo el secretario González Beiró y la Administradora de FIDA, Agro. Ruth Pagan utilizaban fondos federales a través de FIDA para premiar a funcionarios de confianza a participar de viajes oficiales al exterior. Estos viajes pagados a través de propuestas con fondos federales del USDA Agricultural Marketing Service se utilizaron para sustituir agricultores y en su lugar enviar a la secretaria confidencial del secretario y al chofer del secretario a Chicago y España donde no guardaba relación alguna a su posición ni a los intereses oficiales de sus cargos que justificaran tal acción.

En el mes de abril 2024 se dio a conocer el informe Puerto Rico-100 del Departamento de Energía de los Estados Unidos donde confirmaba que un despliegue de energía fotovoltaica a gran escala en terrenos NO AGRÍCOLAS es suficiente para satisfacer la carga eléctrica anual total hasta el 2050 en Puerto Rico.

En abril de 2024 el periodista Miguel Días Román publicaba una historia de investigación donde descubre que las licencias que certifican que la leche producida localmente cumple con la Certificación Grado A del FDA estaban vencidas por hace más de dos años por negligencia del Departamento de Salud. Aunque la leche se continúa produciendo y elaborando según los parámetros federales, al momento Puerto Rico no cuenta con inspectores para otorgar las certificaciones y las visitas a los productores y plantas elaboradoras.

Sin certificación Grado A

 Esta situación pone en grave riesgo a la industria al perder ventas al mercado institucional y otros mercados. Esta situación parece no tener prioridad ni para el DS o DA ya que al día de hoy no se ha resuelto el problema. También en el mes de abril 2024 aparecieron en varios billboards en la Isla anuncios donde el Gobernador Pierluisi anunció haber alcanzado un crecimiento del sector agrícola ascendente a Mil Millones de ingresos a los agricultores.

 Esto ocurrió a poco más de dos meses para la celebración de las primarias, sin embargo, esta noticia falsa sobre el desempeño de la agricultura al sostener que el ingreso agrícola había llegado a un billón fue desmentida por las propias estadísticas de la Junta de Planificación, que había concluido que para el 2023 el ingreso agrícola ascendió a $821.9 millones. Ni las estadísticas del propio Departamento de Agricultura sostenían estos datos lo cual ocasionó que se sacaran de inmediato estos falsos anuncios de la publicidad mediática.

 Una fuente que no quiso identificarse mencionó que esto se lo inventó el secretario en su oficina y así fue a Fortaleza y lo informó para que se viera bonito. En el mes de abril 2024 la ORIL finalmente desestimó sus propias denuncias por contaminación de leche que había radicado contra una veintena de ganaderos y las dos plantas elaboradoras.

Luego de que los abogados de ganaderos y las plantas enfrentaron al secretario y la ORIL sin tener la evidencia de los cargos radicados, oficialmente se declaró “ha lugar” la desestimación y los ganaderos ganaron el pleito una vez más.

 En el mes de mayo 2024 el Gobernador Pierluisi dio su mejor muestra de enajenación o ignorancia de lo que ocurre en el sector agrícola al participar en una actividad de la Semana de la Tierra junto a un grupo de agricultores. Entre sus principales logros para estimular el emprendimiento agrícola mencionó la creación de la plataforma digital Agro Perfil para facilitar a los agricultores radicar sus solicitudes de incentivos y servicios y otra serie de información.

Gobernador no es informado

 Parece que nadie le informó al Gobernador que este sistema no está funcionando porque no ha podido ser integrado a las plataformas de sistemas ORACLE donde descansan los programas de ADEA para los incentivos y la mayoría de los agricultores no han logrado crear sus cuentas por falta de conocimiento de estos sistemas. Indicó que a través de sus esfuerzos se abrieron los mercados agrícolas y que habían llegado a vender la cifra récord de $46 millones y en comedores sobre $60 millones de productos locales.

 De nuevo parece que nadie le informó al Gobernador que cuando su administración llegó al poder ya los mercados familiares estaban restablecidos y la cifra de ventas al mes de octubre de 2020 alcanzó los $65 millones validadas por ADSEF y se visitaron los 78 municipios de la Isla. En cuanto a comedores escolares nadie le informó al gobernador que el DA tardó tres años en lograr vender productos agrícolas locales a través de las subastas de ASG y que muy pocos agricultores han podido finalmente entrar en este proceso.

 La mayoría de lo que se consume en comedores escolares es importado. En el mes de mayo 2024 se dio a conocer que la Fortaleza le había asignado $1.9 millones a la UPR para que realizaran estudios y un intento de “green washing” para legitimar la política pública de instalar placas solares industriales en terrenos agrícolas. Esto se anunció por el Gobernador Pierluisi en una visita que realizó a un proyecto de placas solares en Salidas de la empresa Ciro One.

 En mayo 2024 también se dio a conocer que cerca de 200 empleados públicos entre los que figuraban empleados del Departamento de Agricultura demandarían en el Tribunal Federal de San Juan al gobierno de Puerto Rico por violación de derechos civiles y otros daños y perjuicios, como resultado de la aplicación parcial de la ley 80 del 2020 o ley para el Retiro Incentivado, la cual permitió que solo 1,130 empleados públicos identificados como no esenciales se acogieran al retiro con una pensión equivalente al 50 % de su salario, mientras que cientos de empleados no pudieron acceder a la jubilación porque fueron catalogados como esenciales.

 Algunos empleados alegaban que no se habían tramitado a tiempo sus solicitudes quedando fuera del proceso por irresponsabilidad de sus supervisores. También en el mes de mayo 2024 en una entrevista radial el Secretario Gonzáles Beiró se expresó con escepticismo y demostrando quizá un grado de ignorancia mencionó que las medidas que estaba proponiendo el Comité de Cambio Climático en Puerto Rico eran exageradas y no necesarias.

Más quiebras

De hecho, cuando se le preguntó sobre alguna de esas medidas “exageradas” no pudo mencionar ninguna. Esto provocó una avalancha de críticas al principal funcionario que tiene que velar y proteger el ambiente y a la vez la producción de alimentos dentro de un frágil escenario de cambios de clima mundial y los efectos que esto produce. Al cierre del mes de mayo se daba a conocer la radicación de quiebra de la empresa local Cítricos de la Montaña ubicada en Lares dentro de un panorama sombrío para este tipo de empresas locales que suplían productos a comedores escolares.

 El mes de mayo 2024 culminó con la figura de un Secretario de Agricultura que destinó más tiempo y esfuerzo a la campaña primarista del Gobernador Pierluisi que a sus funciones en defensa del agricultor. Su figura constitucional se vio manchada por su abierta participación en actividades proselitistas no como cualquier ciudadano, sino como líder de organización política y de movilización, participando en programas de radio, televisión y en caminatas y actividades de recaudación de fondos para su jefe político.

 El 2 de junio de 2024 se convirtió en un día para la historia de la política puertorriqueña y una gran escuela para los políticos del país. No se puede subestimar a un pueblo cuando sufre, pero piensa.

El Gobernador Pierluisi entró a una campaña primarista siendo el incumbente con más dinero que ningún gobernador en la historia, con casi todos los alcaldes, representantes y senadores, la estructura del partido PNP, los jefes de agencias, los empleados de confianza y contratistas, más de $5.0 millones para la campaña en medios, con el empujón de Ricardo Rosselló en su cierre de campaña y como quiera perdió las primarias y se ganó una carta de movilidad que le envió el pueblo de Puerto Rico que dice, “gracias por nada”.

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Con trasfondo agrícola la derrota de Pierluisi

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Por Miguel Díaz Román

En gran medida la derrota del gobernador Pedro Pierluisi en la pasada elección primarista obedeció a que los electores residentes en los pueblos de la montaña y de los valles costeros, quienes han estado vinculados tradicionalmente a la actividad agrícola, votaron en su contra, en una clara señal del descontento que existe en el sector agrícola con la gestión del Departamento de Agricultura y de su secretario, Ramón González Beiró.

 A la luz de numerosas entrevistas realizadas por SN con agricultores, la mayoría de los cuales solicitaron que no se divulgara su identidad para evitar acciones en represalia, el sector agrícola no favoreció a Pedro Pierluisi porque siente que su administración “abandonó la agricultura”.

Según los resultados electorales informados por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jennifer González prevaleció en la elección al recibir 159,527 votos a favor, lo que representa el 54.57 % de los sufragios, mientras Pedro Pierluisi obtuvo 132,805 votos, lo que constituye el 45.43 % de los votos. Estos resultados pueden recibir modificaciones tras el escrutinio mandatorio que ya realiza la CEE.

De hecho, de los resultados electorales informados por la CEC surge de manera clara que en un cordón que supera más de 17 distritos representativos y que integra más de 65 pueblos, donde la agricultura es la principal actividad económica o es una fuente importante de actividad económica, los electores no favorecieron al gobernador en la elección primarista.

Estos pueblos se ubican en toda la zona central y en la zona este y oeste y en los valles costeros al norte y sur del país.

Ventaja holgada

En la mayoría de los distritos representativos con una notable actividad agrícola la victoria de Jennifer González fue gracias a una ventaja holgada que oscila entre 63 % y 15 % sobre Pedro Pierluisi.

De hecho, solo en cuatro distritos representativos en los que Jennifer González resultó vencedora, la elección fue relativamente cerrada.

Estos son: el distrito 27, que integra los pueblos de Juana Díaz, Santa Isabel, Aibonito y Coamo, donde Jennifer González obtuvo un respaldo de 51 % y Pierluisi logró atraer el 48.9 % de los votos; el distrito 25, integrado por Jayuya, Ponce y Juana Díaz, en los que Jennifer González obtuvo el favor del 50.9 % y Pierluisi logró atraer el 49 %; el distrito 26, integrado por Villalba, Orocovis, Coamo, Barranquitas y Corozal,  en los que Jennifer González obtuvo el 50.5 % y Pierluisi logró el respaldo del 49.4 %; y, finalmente, ; el distrito 19, integrado por Mayagüez y San Germán, en los que Jennifer González obtuvo el favor del 51.9 % y Pierluisi logró atraer el 48 %.

No obstante, resulta significativo que Jennifer González obtuviera ventajas holgadas en seis distritos representativos de una gran actividad agrícola que incluye abundantes fincas de café, vegetales, frutas, farináceos, ganadería de leche y carne y otros cultivos.

Agricultores repudian al gobernador y al secretario

Estos son el distrito 21, que integra los pueblos de Las Marías, Lajas, Guánica, Sabana Grande, Maricao y partes de Yauco 051. En estos pueblos Jennifer González obtuvo el 63.1 % y Pierluisi logró el respaldo del 36.8 %. Otro distrito de ventajas holgadas es el 23, que integra los pueblos de Yauco, Guayanilla, Peñuelas, Ponce y Adjuntas, en los que Jennifer González obtuvo el 59.3 % y Pierluisi logró el respaldo del 40.7 %.

En el distrito 22, que integra los pueblos de Ciales, Lares, Utuado, partes de Adjuntas y Jayuya, Jennifer González obtuvo el 57.2 % y Pierluisi logró el respaldo del 42.7 %. En el distrito 14, que integra los pueblos de Arecibo y partes de Hatillo, Jennifer González obtuvo el 60 % y Pierluisi logró el respaldo de sólo el 39.3%. Otro distrito de ventajas dramáticas es el 15, que integra partes de Hatillo y los pueblos de Camuy y Quebradillas, en los que Jennifer González obtuvo el 55.6 % y Pierluisi logró el respaldo del 44.3%.

Y finalmente, el distrito 16, integrado por los pueblos de Isabela, San Sebastián y Aguadilla, donde Jennifer González obtuvo el 55.8 % y Pierluisi logró el respaldo del 44.1%.

El ganadero Wilfredo Luciano González sostuvo que el resultado de la elección demuestra que los agricultores repudiaron la administración de Pedro Pierluisi y la gestión de González Beiró.

“Los agricultores estamos abacoraos. El secretario de Agricultura, Ramón González Beiro, y Pierluisi beneficiaron a un solo grupo. El secretario solo benefició a un grupito, los mismos de siempre y su amigo del alma, Mike Mc Closky. Esta derrota se la buscó Pierluisi, porque se olvidó de la agricultura” se quejó Luciano González, quien opera una ganadería en el pueblo de Camuy.

Nos quieren enterrar

“Los agricultores, y especialmente los ganaderos, estamos muertos. Nos quitaron incentivos y la producción no da para pagar los costos. Estamos muy apretaos y es que nos quieren enterrar. Nos quieren enterrar y eso lo sabemos todos. Le siguen botando leche al ganadero y esto no da para pagar. Es un abuso. Mi negocio antes valía $2 millones y ahora no vale nada”, exclamó Luciano González.

El agricultor Solano Burgos, quien es el presidente de la Asociación de Agricultores de Maunabo, sostuvo que la agricultura nunca fue un tema en las pasadas primarias, lo que, a su juicio, “para el liderato político la agricultura no es un tema importante”.

Burgos destacó que la precaria situación de los agricultores en toda la isla se reflejó en los resultados electorales que no favorecieron a Pedro Pierluisi.

“Usted habla con cualquier agricultor de cualquier parte de la isla y verá que nadie está bien. Este gobierno y el secretario de Agricultura abandonaron la agricultura. Hay un abandono total”, dijo Burgos.

Entre LUMA y González Beiró la derrota

El agricultor estimó que los resultados electorales adversos al gobernador fueron causados por las frecuentes interrupciones en el servicio de energía eléctrica que gestiona la empresa LUMA y por los errores administrativos y desaciertos del secretario de Agricultura.

“Entre LUMA y el secretario de Agricultura acabaron con Pierluisi. Y es que no han quitado incentivos, abono y otras ayudas y así el agricultor no puede echar pa’lante. La verdad es que para ningún líder político del PNP y del PPD la agricultura no es un tema importante. El único que yo escuché hablando de la agricultura fue el independentista Juan Dalmau. Esto es penoso porque yo soy penepé”, dijo Burgos.

El ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, sostuvo que la derrota de Pedro Pierluisi obedeció directamente a que los agricultores del país repudiaron el trato que recibió el sector agrícola de parte de su administración.

 Abandonada la montaña

“La falta de atención que han padecido los pueblos agrícolas de parte del secretario de Agricultura se ve en esa votación. El rechazó a la gestión de Pierluisi y de González Beiró en todos los pueblos de la montaña, con ventajas de doble dígito, te dice que ese rechazo fue la manera como el agricultor le respondió al gobierno por la falta de atención”, dijo Flores Ortega.

Sostuvo que la falta de atención en los pueblos de la montaña también se ha visto de manera dramática en el estado de las carreras, de los puentes y la falta de iluminación en las vías públicas, muchas de las cuales permanecen aún con los daños que les causó el huracán María en 2017.

Flores Ortega denunció que falta de sensibilidad del secretario de Agricultura, quien el pasado viernes y cuando solo faltaban 48 para la celebración de las primarias anunció el cierre de la oficina regional del Departamento de Agricultura en Utuado.

”A tan solo 48 horas de las primarias el secretario de Agricultura cerró la oficina regional de Utuado, dejando a cientos de agricultores sin servicios y quienes se tendrán que mover a la oficina regional de Arecibo a buscar servicio. Es un abuso para esos agricultores. Eso demuestra la falta de sensibilidad y de atención que padece el sector agrícola”, indicó Flores Ortega.

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