En ruta de choque aseguradoras y proveedores tras aprobación de medida que ordena pago expedito de facturas

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Por Miguel Díaz Román

Una controvertible medida que le concede a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) el poder de adjudicar de manera sumaria y expedita el pago de facturas a los proveedores de servicios de salud fue aprobada en la pasada sesión legislativa, lo que promete colocar en ruta de choque a la industria de seguros de salud y a los proveedores de servicios de salud, si finalmente se convierte en ley.

El Proyecto del Senado 1349 dispone que la OCS deberá adjudicar una controversia sobre una cuantía de pago a un proveedor por medio de un procedimiento sumario, que es un proceso rápido que debería prescindir de algunas formalidades del juicio ordinario, en aquellas reclamaciones que no hayan logrado superar favorablemente el periodo de reconciliación de diferencias dispuesto en el Código de Seguros.  

La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) ha hecho sonar las alarmas en contra de la medida porque convierte a la OCS en juez y parte en una controversia relacionada con el pago de una reclamación en controversia.

La medida fue radicada por el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y por el senador Ramón Ruiz Nieves, el 13 de octubre de 2023.

El vicepresidente de la Cámara de Representantes, Conny Varela, le confirmó a SN que el PS 1349 quedó aprobado luego de que tanto el Senado y la Cámara de Representantes avalaran el informe del comité de conferencia que se creó, luego de se le introdujeron algunas enmiendas a la medida durante su consideración en la Cámara.

Varela fue parte del comité de conferencia que en la noche del pasado 30 de julio emitió el informe que fue respaldado por la Cámara y el Senado, tras lo cual la medida estará lista para ser enviada al gobernador Pedro Pieluisi para que le imparta su firma.

Éxodo por bajas tarifas

La aprobación de la medida fue celebrada por el doctor Carlos Díaz, quien es el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMC), una entidad que ha respaldado investir con más poderes a la OCS para fiscalizar a las aseguradoras de salud debido, entre otras razones, a las bajas tarifas que imponen esas empresas a los servicios de salud y por el dilatado proceso para pagar reclamaciones.

De hecho, el CMC considera que las bajas tarifas y el dilatado proceso de pago de las aseguradoras es, en gran medida, responsable del éxodo de médicos hacia los Estados Unidos.

El PS 1349 establece que a las deudas que atienda la OCS a través del proceso expedito se le impondrán intereses legales, los cuales serán determinados por la OCS y pagaderos a favor de los proveedores de servicios de salud. La medida también ordena al Tribunal Apelativo y al Tribunal Supremo resolver en 10 días los recursos de revisión que presente alguna de las partes.

Peligroso lo que dispone la medida

La directora ejecutiva de ACODESE, licenciada Iraelia Pernas, se manifestó preocupada por la aprobación del PS 1349, debido a que “lo que dispone (la medida) es muy peligroso”.

Pernas ha sostenido que las controversias sobre el pago de reclamaciones y la determinación del monto a pagar es un asunto que corresponde al poder judicial.

“Por la diversidad y complejidad de las reclamaciones que pueden envolver estos casos, no se trata de asuntos susceptibles de una adjudicación sumaria. Se trata de controversias que deben juzgarse por un tribunal, no por el regulador de la industria de seguros. De esa manera, se resuelven los casos, salvaguardando el debido proceso de ley de ambas partes”, dijo Pernas.

Miembros de ACODESE han señalado que el PS 1349 es casi una réplica de otra medida, el Proyecto de la Cámara 1533, el cual concedía a la OCS el poder adjudicar el monto de una reclamación de propiedad en controversia.

El PC 1533, radicado por la representante Estrella Martínez Soto, fue engavetado en la Cámara de Representantes luego de la fuerte oposición de las aseguradoras y de los reaseguradores internacionales, quienes advirtieron que la intervención del regulador en la adjudicación de reclamaciones podría limitar la disponibilidad de reaseguro para el mercado local y un alza en las primas de seguros.

En esencia los miembros de Acodese se preguntan si es correcto que la OCS adjudique reclamaciones ante la realidad de que maneja información privilegiada sobre la condición financiera de los aseguradores de salud y de los proveedores.

También se cuestionan hasta qué punto la OCS sería un juzgador con independencia mientras posee información privilegiada de sus regulados. ¿Qué haría (la OCS) cuando sabe que un asegurador está al borde de la insolvencia?  ¿Lo llevará a la insolvencia para pagar reclamaciones o no?”, cuestionó una fuente.

10 días para resolver

Un aspecto controvertible de la medida es que establece que la parte insatisfecha luego de que la OCS emita una decisión en el proceso expedito, tendrán 10 días para solicitar una revisión ante el Tribunal de Primera Instancia. La medida también establece que en 10 días se podrá solicitar en el Tribunal Apelativo una revisión de las determinaciones del Tribunal de Primera Instancia.

Además, el proyecto ordena al Tribunal Apelativo y al Tribunal Supremo resolver en 10 días los recursos de revisión que presente alguna de las partes.

El mecanismo sumario y expedito que la medida le reconoce a la OCS para resolver controversias cobija a las aseguradoras de servicios de salud, a los administradores de beneficios de farmacias (PBM por sus siglas en inglés), y las organizaciones de servicios de salud como las organizaciones de servicios primarios mejor conocidos como los centros 330.

El PS 1349 dispone que, si las partes no logran llegar a un acuerdo en el periodo de conciliación establecido en el Código de Seguros, la OCS podrá intervenir para adjudicar en 30 días y de manera sumaria la controversia y establecer el monto de la deuda, la cual será líquida y exigible de inmediato.

Pago rápido elimina incertidumbre

El Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, favoreció el PS 1349 porque pone fin a la incertidumbre que experimentan los proveedores de servicios de salud, una vez aceptan presentar sus reclamaciones en el proceso de conciliación que reconoce el Código de Seguros.

De hecho, el informe positivo que emitió la Comisión de lo Jurídico y Desarrollo Económico del Senado el pasado 23 de abril establece que la División de Investigaciones de Servicios al Consumidor de la OCS, resolvió en 2022 alrededor 325 investigaciones de pago puntual, la cuales constituyen “una cantidad minúscula de reclamaciones”, según señaló Adams Vega.

El informe sostiene que Adams Vega aseguró que la poca cantidad de reclamaciones obedece a que los proveedores tienen temor a represalias y han optado por no impugnar las dilaciones en el proceso de pago puntual. Como resultado de esa conducta “quedan inmersos en un proceso de reconciliación de cuentas”.

El informe alega que “hasta la aprobación de esta medida, no existen términos precisos para que los aseguradores y proveedores puedan dilucidar permanentemente las discrepancias surgidas en una factura que llevaron a las partes a iniciar un proceso de reconciliación”.

En ese contexto, la medida establece un periodo de 30 días desde que la aseguradora, el PBM o la organización de servicios de salud certifique a la OCS que se encuentra en un proceso contable activo de reconciliación de facturas y pagos. 

La OCS podrá imponer intereses

La citada certificación será enviada a la OCS en los primeros 5 días de cada mes e incluirá todos los procesos de reconciliación de facturas y pagos iniciados el mes anterior por la aseguradora, el PBM o la organización de servicios de salud.

Por acuerdo entre las partes, el periodo de reconciliación podrá extenderse en otros 20 días adicionales para la resolución y determinación de pago de la factura.

El PS 1349 dispone que, si en el periodo de conciliación establecido las partes no logran llegar a un acuerdo, la OCS podrá intervenir para adjudicar en 30 días y de manera sumaria la controversia y establecer el monto de la deuda, la cual será líquida y exigible de inmediato.

Además, a la deuda se le impondrán intereses legales, los cuales serán determinados por la OCS y pagaderos a favor de los proveedores de servicios de salud.

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Suiza Dairy decreta cierre parcial y despide 483 empleados

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Por Miguel Díaz Román

 El gerente general de Suiza Dairy, Pablo Vallejo, anunció ayer lo que llamó un «cierre parcial temporal» de la empresa, lo que causará el despido de 483 empleados, y responsabilizó directamente a la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) y al secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quien es el administrador interino del organismo regulador, por las dificultades financieras que enfrenta la procesadora de leche, jugos y otros productos lácteos.

La acusación contra la ORIL y su administrador interino realizada por el máximo ejecutivo de Suiza Dairy representa un hecho sin precedentes en la historia moderna del país porque es la primera vez que una dependencia del gobierno, en este caso una entidad reguladora, es culpada por actuar deliberadamente para debilitar una empresa privada hasta el extremo de causar su cierre y el despido de cientos de empleados.

La determinación anunciada por Vallejo acontece en momentos cuando la empresa enfrenta un paro huelgario decretado por la Central General de Trabajadores (CGT) en la planta de San Juan, la cual está prácticamente sitiada por trabajadores, quienes se mantienen apostados en los portones y no permiten la entrada de personal ni de vehículos.

El detonante del conflicto es el rechazo de Suiza Dairy a acordar un aumento de $125 en la aportación al plan médico de 160 empleados que actualmente asciende a $500 mensuales. Otro asunto candente es un incremento salarial a otros 32 empleados que distribuyen leche fresca y otros productos de Suiza en el comercio

Vallejó reveló que el despido de 483 empleados entró en vigencia desde ayer. Agregó que la decisión de decretar el cierre parcial y despedir empleados fue tomada ayer en la mañana.

El cierre parcial temporal comprende la paralización de operaciones en la planta de San Juan, en el centro de distribución en Ponce y de la antigua planta para el procesamiento de leche fresca en Aguadilla.

Además, el ejecutivo anunció que Suiza Dairy abandonará totalmente el mercado de leche fresca, el cual representó un pilar vital para esa empresa porque llegó a controlar más del 60 % del mercado de leche fresca del país por muchos años.

Planta Vida continuará con vida

No obstante, la empresa continuará operando la nueva planta Vida, también ubicada en Aguadilla, la cual fue inaugurada en 2016 y que representó una inversión de $40 millones. 

En esa planta, que continuará operando con 150 empleados, elaborará cerca de tres millones de cuartillos leche UHT al mes, con el 30 % de la leche cruda que hasta hace pocas semanas recibía Suiza Dairy. Además, la planta Vida producirá leche evaporada, condensada y néctares.

Batalla Legal desde 2004

Al conocer la decisión tomada por Suiza Dairy, el presidente de la CGT, José Adrián López, sostuvo que el cierre parcial y el despido de empleados es “un acto terrorista”. López dijo que la huelga se moverá a la planta de Aguadilla y advirtió que los miembros de la unión están decididos a impedir la distribución de los productos de Suiza Dairy en el mercado.

Sobre las actuaciones de la ORIL en contra de Suiza Dairy Vallejo sostuvo “desde que nosotros comenzamos en el 2004 empezamos en una batalla legal porque todos nuestros derechos fueron vulnerados por el regulador y comenzamos un juicio que llegó hasta la corte federal porque el regulador emitió una serie de acciones administrativas que nosotros consideramos que son ajenas a la ley y en contra de nuestros intereses. Después de nueve años, en 2013, se emitió una sentencia federal que reconocía que nuestros planteamientos eran correctos”.

“Pese a que hay una sentencia federal el ente regulador ha continuado cometiendo una serie de arbitrariedades y ha seguido afectando sustancialmente a Suiza, quitándonos competitividad y debilitando nuestra situación patrimonial. El pasado 3 de mayo tuvimos que acudir al juzgado federal con una solicitud de desacato contra el ente regulador, porque consideramos que ha vulnerado nuestros derechos y nos han afectado de forma significativa y han puesto a Suiza en una situación muy, muy delicada”, dijo el ejecutivo.

Cierre temporero

Vallejo explicó que el cierre es temporal porque no se trata de un cierre definitivo de la empresa en el mercado local.  “Nosotros vamos a volver cuando se nos dé la seguridad jurídica necesaria. Creemos que el rol de un ente regulador es generar condiciones claras y transparentes de trabajo, que permitan generar inversiones y crear oportunidades de empleo y eso, lamentablemente es lo que no ha ocurrido y por lo que hemos acudido nuevamente a los tribunales federales”, dijo el ejecutivo.

De hecho, en el caso radicado el pasado 3 de mayo en el Tribunal Federal, Suiza Dairy reclama que la ORIL ha incumplido la sentencia federal y que ha cometido las mismas irregularidades que causaron el caso federal del 2004. La sentencia, obligaba a la ORIL, entre otras disposiciones, a realizar evaluaciones económicas anuales para garantizar que los integrantes de la industria lechera reciban una ganancia justa. La planta procesadora Tres Monjitas figura como demandante en el caso contra la ORIL radicado por Suiza Dairy.

Suiza sostiene en la demanda que los incrementos de precio de la leche decretados por la ORIL obedecen a decisiones arbitrarias y que se utiliza información económica obsoleta.

La empresa también ha denunciado que sus pérdidas ascienden a $3 millones mensuales, porque sus costos de operación exceden los ingresos y desde que se emitió la sentencia federal hasta el presente la pérdida acumulada de la empresa asciende a $172 millones.

Incluso, en la demanda de Suiza Dairy, presentada por el licenciado Rafael Escalera, del bufete Reichard & Escalera, se plantea que en los pasados tres años el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico ha declarado nulas ocho órdenes administrativas emitidas por la ORIL y por González Beiró, las cuales presentan un patrón destinado a modificar arbitrariamente las regulaciones y alterar el orden de distribución de la leche cruda para favorecer a la planta Indulac.

Sin explicación conducta de González Beiró

Sobre este aspecto SN le preguntó a Vallejo cuáles eran las razones que explican estas actuaciones de la ORIL y de González Beiró.

“Yo no puedo emitir juicios de opinión sobre la conducta del secretario o de la intencionalidad o no que tenga, nosotros simplemente observamos que hubo una serie de actuaciones administrativas que consideramos que no son correctas y por eso las hemos planteado ante el tribunal federal para que sea ese tribunal quien dirima si nuestra posición es o no correcta. Nosotros estamos confiados en que nuestra posición es correcta”, indicó.   

En reacción al cierre temporal decretado por Suiza Dairy, González Beiró señaló que estaba sorprendido y negó los planteamientos de Suiza sobre que la ORIL ha actuado de manera arbitraria y sin fundamento. El secretario hizo las expresiones ayer en en el programa del analista Enrique Cruz en la estación de radio WKAQ 580.

“Estamos sorprendidos porque ayer ellos (Suiza) estuvieron reunidos con el secretario de Trabajo y el señor Pablo Vallejo pidió 24 horas para ir hoy a las 4:00 de la tarde y entrar en negociaciones (con la unión). Así que esto demuestra que esta gente no tenía buena fe desde el principio”, indicó González Beiró.

El funcionario negó los planteamientos de Suiza contra la ORIL y señaló que la agencia reguladora ha venido “atemperando reglamentos”. También señaló que, como resultado de la sentencia federal, las plantas obtienen una ganancia adicional de siete centavos por cada litro de leche vendida en Puerto Rico.

Secretario imputa a Suiza fracaso empresarial

“Ellos no ha venido perdiendo dinero y según los números que nosotros tenemos en nuestro estudio exhaustivo, las pérdidas millonarias de Suiza comienzan en 2020 con la apertura de la planta que hicieron en Aguadilla sin tener los abastos de leche necesarios, porque el plan del pasado secretario de Agricultura en contubernio con Suiza Dairy, era quitarle la leche de Indulac y dárselo estrictamente a ellos. Hasta el día de hoy no han logrado hacerlo y vemos el resultado de ese fracaso empresarial que fue una inversión millonaria que hicieron allí sin tener los abastos de leche necesarios”, sostuvo González Beiró.

El funcionario indicó que en 2021 se aumentó el margen de ganancia y en el 2022 se estableció un precio mínimo y se les permitió establecer el precio de venta del litro de leche. “Así que decir que nosotros le tenemos amarrados sus márgenes de ganancia es falso y equivocado. Lo que buscan es entablar un nuevo pleito contra el gobierno y que se les paguen sus ineficiencias. Si ellos no han podido manejar su situación económica, pues no pueden responsabilizarnos a nosotros”, dijo González Beiró.

Pero en la demanda radicada en el Tribunal Federal, Suiza Dairy planteó que el 19 de agosto de 2022, la ORIL emitió la orden de precios 2022-50, vigente a partir del 1 de septiembre de 2022, que establece sólo un precio mínimo para la leche fresca de $1.83 por litro y permitió a las plantas fijar sus precios máximos. Suiza aumentó el precio de su leche fresca de $1.83 a $1.99.

El 24 de abril de 2023, Suiza informó a la ORIL su intención de aumentar nuevamente la leche fresca en 14 centavos. En respuesta, el 28 de abril de 2023, la ORIL emitió una orden de cese y desista junto con una orden que cuestiona el aumento de precio.

Después de que Suiza presentara todos los datos para respaldar su aumento, el 16 de agosto de 2023, la ORIL emitió una resolución que impide a Suiza aumentar el precio de su leche fresca. Según sostuvo la demanda, con esa determinación la ORIL estableció un límite de precio máximo implícito de $1.99 por cuartillo de leche fresca, lo cual desmiente la alegada libertad para fijar precios concedida a las plantas por el regulador. 

Anticipan impacto en el consumidor

El ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Orega, en respuesta a la acusación levantada por González Beiró sobre que actuó en contubernio con Suiza Dairy para quitarle leche a la planta Indulac, indicó “quiero recordarle al secretario que cuando yo llegué a ocupar el puesto de secretario de Agricultura, ya la planta Vida estaba construida con la tecnología más moderna en Puerto Rico. El gobernador Ricardo Rosselló me acompañó a su inauguración en el 2017”.

 “Lo que sí es cierto es que los únicos responsables de esta situación tan penosa y bochornosa son Ramón González, el subsecretario saliente Jorge Campos y el gobernador saliente Pedro Pierluisi. Tres Monjitas y Suiza Dairy han tenido que recurrir nuevamente al Tribunal Federal para buscar protección y que se declare al secretario y ORIL en desacato por no cumplir la Ley 34 de 1957, el Reglamento 12 de precios y romper los acuerdos pactados en el tribunal con el gobierno».

«Esto va a costarle al pueblo mucho dinero en compensaciones económicas, vendrá un aumento de la leche más drástico al consumidor y una reestructuración que dejará fuera a mucha gente de la industria”, dijo Flores Ortega.

Por su parte, la empresa Tres Monjitas emitió unas declaraciones en la que lamentó “profundamente el cierre parcial y temporero de las operaciones de Suiza Dairy, particularmente por su impacto en los empleados. Reiteramos nuestro compromiso con toda la industria lechera de Puerto Rico y con los consumidores de leche fresca, a los que hemos servido con calidad desde hace más de 105 años”.

Orlando González, gerente general de la empresa, sostuvo que “desde que comenzó esta difícil situación, estamos haciendo los ajustes operacionales necesarios con los recursos disponibles para suplir leche fresca a prácticamente la totalidad del mercado. Seguiremos enfocados en suplir este vital producto a la mayor cantidad de clientes y consumidores en Puerto Rico. Sabemos que contamos con el compromiso y esmero de nuestra gran familia de empleados, ganaderos y de toda la cadena de distribución para que no nos falte la leche fresca”. 

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Escape de amonia confirma pésimo estado planta de Suiza Dairy según declaración jurada

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Por Miguel Díaz Román

En la tarde de hoy domingo 30 de junio se detectó un fuerte olor a amoniaco en la planta de San Juan de Suiza Dairy, tras lo cual la empresa se comunicó con los servicios de emergencia del gobierno, según se informó en un comunicado de prensa.

El comunicado sostiene que los trabajadores en protesta de la Central General de Trabajadores (CGT), quienes se mantienen apostados en los portones de la empresa, no permitieron el ingreso de los vehículos de los servicios de emergencia. Solo permitieron, según indica el comunicado, que ingresara caminando el personal de emergencias escoltados por uno de los huelguistas que, alegadamente, trabajaba como técnico de refrigeración.

 “Explicaron que existía una fuga en una de las válvulas y que el técnico la había cambiado con lo cual supuestamente se remedió el problema; por esta razón el equipo de emergencias solicitó volver a hacer una inspección en un tiempo prudencial. Aclaramos que Suiza no es responsable de esta situación ya que el cuidado de las líneas de amoniaco requiere de un conocimiento de ingeniería especializado y de un monitoreo continuo de los parámetros de operación de este tipo de equipos, por lo que no puede garantizar que la solución aplicada sea la correcta y definitiva, o que el problema se vuelva a presentar”, indicó el comunicado.

 “En caso de que se presente un problema mayor que afecte a la salud de las personas que se encuentran en las zonas adyacentes, la responsabilidad de esta situación recaerá exclusivamente en las personas que impiden el ingreso a la planta del personal de Suiza especializado, y serán los directos responsables por cualquier afectación a ellos mismos y a la comunidad entera”, advierte el documento.

 La situación con el escape de amonia detectado confirma los hallazgos relatados en una declaración jurada realizada por el gerente de área de ingeniería y mantenimiento de la empresa, Héctor Rafael Betancourt Muñoz, quien visitó la planta el pasado martes 25 de junio acompañado con cinco alguaciles del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.  

 Según Betancourt Muñoz, la planta de San Juan de Suiza Dairy se encuentra en pésimo estado con material descompuesto en el área de pasteurización y una fuerte presencia de moscas y de malos olores, debido a que los empleados que supervisan los equipos no han podido entrar a la planta como resultado del conflicto huelgario que enfrenta la empresa con la CGT.

La declaración jurada de Betancourt Muñoz sostiene que durante la visita se encontró que parte del equipo de refrigeración se encontraba detenido, lo que es una clara señal de que la planta está en “descontrol” y requiere por una atención continúa.

También relata que en la planta de tratamiento se encontró dos tanques con 80,000 galones a punto del desborde y despidiendo fuertes olores objetables como resultado de la falta de atención en esa área.

La visita fue ordenada por el juez Anthony Cuevas el pasado lunes 24 de junio, luego de escuchar los relatos de varios testigos de la empresa sobre las acciones de los trabajadores en huelga, quienes están apostados en los portones de las instalaciones de la planta e impiden la entrada de personal y de camiones.

El detonante del conflicto huelgario es la presunta incapacidad de Suiza Dairy de aumentar la aportación al plan médico de 160 empleados.

Al conocer el testimonio de los testigos, Cuevas Ramos sostuvo que la situación de la planta de Suiza Dairy es una “bomba de tiempo” debido a que los empleados no pueden revisar continuamente el sistema de refrigeración, que opera con amoniaco, para evitar un escape del temible químico, y para supervisar el sistema de tratamiento de aguas negras y prevenir que ocurra un desbordamiento.

Cuevas Ramos ordenó la inspección de la planta y que el señor Betancourt Muñoz, fuera acompañado por alguaciles. 

De acuerdo con la declaración jurada, es que el tanque recibidor que almacena el químico amoniaco estaba en condiciones normales. No obstante, el documento advierte que el sistema de refrigeración requiere una supervisión constante.

Otro hallazgo que surge de la declaración jurada los silos del área pasteurizada se encuentran 19,500 galones de leche y 4,500 galones de jugo de china en estado líquido y debidamente refrigerados, pero ambos productos no están en condiciones aptas para el consumo “por lo que habría que disponer del producto”.

En la sala de pasteurización, según describe la declaración jurada, “se percibe un fuerte olor a podrido”, mientras que en uno de los equipos se encontró una cantidad de material descompuesto y en un tanque de balance del pasteurizador “también hay producto en proceso de descomposición. Observamos moscas volando en el área, dicha área debe mantenerse en unas condiciones óptimas de limpieza e higiene ya que es prácticamente un laboratorio”.

Del documento también surge que en el cuarto de compresores de refrigeración se encontró “los compresores 3, 6 y 8 detenidos por seguridad con bajo nivel de aceite por lo que procedimos a cargar de aceite dicho equipo”.

La declaración jurada relata que en el área de los condensadores evaporativos se encontró un abanico roto. “Se procedió a apagar el mismo para ver las posibles causas. Se nota que la rotura de dicho abanico afectó otro componente interno el cual afecta el movimiento del agua dentro de este. Se dejó nuevamente operando”.

Durante la visita se logró descargar 48,000 galones de aguas usadas de uno de los tanques y 32,000 galones de otro “para poder evitar que se desborde agua a la calle”.

“En resumen, la planta de tratamiento requiere una intervención con un “vacuum truck” para remover material solidificado en el OAF. También las cajas de descarte de material requieren remoción. La planta se encuentra en descontrol. Se están percibiendo fuertes olores. Respecto al equipo de refrigeración de estos continuar operando desatendidamente pueden surgir roturas a consecuencia de la falta de lubricación”, concluyó la declaración jurada.

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Medida ata compra de SRO a la inspección del auto y elimina cooperativas, bancos y colecturías

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Por Miguel Díaz Román

Un año después de que la Directoría de Servicios al Conductor (CISCO) ordenó el cierre de cuatro estaciones oficiales de inspección (EOI) tras detectar un esquema ilegal en las ventas del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO), en el Senado se radicó una medida que favorece a las EOI porque ata la compra de ese seguro a la inspección de los autos.

Como resultado de las disposiciones de esa medida, las cooperativas, los bancos y las colecturías serían eliminadas como lugares donde los conductores puedan adquirir el SRO, porque la compra del seguro estará amarrada a la inspección de los autos en las EOI.

El Proyecto del Senado 1471, presentado por los senadores Thomás Rivera Schatz y Ramón Ruiz Nieves, ha sido considerado tan rápidamente en el Senado que fue radicado el 6 de mayo de 2024 y el pasado lunes 24 de junio la Comisión de Innovación, Telecomunicaciones, Urbanismo e Infraestructura del Senado, que preside la senadora Elizabeth Rosa Vélez, emitió un informe que recomienda la aprobación de la medida.

La medida fue enviada a la Comisión de Reglas y Calendario del Senado, que es la comisión que decide las medidas que serán consideradas para votación en el pleno senatorial. Entre las medidas aprobadas el pasado 25 de junio, que fue el último día para aprobar medidas en la presente sesión, no figuró el PS 1471. Esto implica que la medida no bajará a votación en el Senado durante la presente sesión, que finaliza a las 12:00 de la medianoche del próximo 30 de junio.

No obstante, para confirmar si la medida fue o no fue aprobada SN intentó hoy comunicarse con el senador Javier Aponte Dalmau, quien preside la Comisión de Reglas y Calendario. El senador no contestó las llamadas y los mensajes de SN sobre el futuro de la medida.

Medida ata compra del SRO y la inspección

El PS 1471 introduce una enmienda al artículo 4 de la ley 258 de 1995 o ley del Seguro de Responsabilidad Obligatorio para Vehículos de Motor, para garantizar que la compra del SRO se realizará durante la inspección de los vehículos en las EOI.

Además, la medida establece que la selección del SRO a través de CESCO Digital se realizará de manera presencial en las EOI, lo que implica que la selección de ese seguro por la alternativa digital también estará atado a la inspección de los vehículos y a la renovación del marbete.

En la exposición de motivos de la medida se dispone claramente que las EOI recibirán el pago de 5 % por el procesamiento de la prima del SRO en aquellas selecciones que se realicen a través de CESCO Digital.

El 2 de marzo de 2023 la DISCO reveló que había cerrado cuatro EOI como resultado de una investigación, la cual encontró un esquema ilegal que consistió en cambiar la aseguradora que seleccionó el conductor sin su conocimiento, lo que representa un atentado contra el derecho de la ciudadanía a decidir libremente la aseguradora que proveerá el SRO.

Las cuatro EOI están ubicadas en San Juan y Bayamón.

La acción de la DISCO obedeció a una pesquisa realizada por la oficina de investigaciones e inspección de esa dependencia, tras un referido efectuado por la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC), que integra a las aseguradoras que suscriben el SRO.

Información obtenida por SN indica que en la ASC existe evidencia estadística que podría indicar que en cerca de 50 EOI pudieron estar relacionadas con las irregularidades señaladas. No obstante, sólo cuatro EOI fueron cerradas por las graves irregularidades detectadas.

Graves imputaciones

Tras el cierre de las cuatro EOI, la directora ejecutiva de DISCO, Mary L. Fuster, le dijo a SN que los referidos de ASC señalaban que los conductores recibían las hojas de libre selección para designar la aseguradora proveedora del SRO, con una marca previamente realizada sobre el encasillado de un determinado asegurador.

Otra imputación fue que la selección del asegurador efectuada por los conductores en las hojas de libre selección era modificada en los EOI. Los conductores se percatan del cambio cuando enfrentan un accidente automovilístico y al solicitar los servicios de la aseguradora que habían seleccionado, reciben la noticia de que su vehículo no está registrado en sus archivos.

Otro señalamiento contra los cuatro EOI mencionado por Fuster es que tras el conductor pagar el marbete, los propietarios o representantes de los EOI no registran la transacción y no depositan el dinero en el Departamento de Hacienda.

Según Fuster, esa conducta ilegal provoca que, aunque el vehículo posee un marbete, no está autorizado a transitar por las carreteras debido a que el erario no ha recibido el dinero.

Del Informe Positivo de la medida, que recoge las ponencias de varias organizaciones y agencias, no se desprende que las acciones ilegales en las EOI señaladas por CISCO fueron parte integral en la discusión de la medida.

Sin jurisdicción la OCS

De hecho, la medida no contiene disposiciones específicas para evitar que nuevamente se cambie la aseguradora que seleccionó un conductor sin su conocimiento o que las hojas de libre selección para designar la aseguradora proveedora del SRO, contengan una marca previamente realizada. Tampoco figuran disposiciones para corroborar que los pagos por el marbete sean registrados debidamente y que el dinero fue depositado en el Departamento de Hacienda.

Aunque el PS 1471 autoriza que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) trabajen en conjunto todo lo relacionado con el formulario de selección en papel y el formulario de selección digital, la medida no concedió a la OCS autoridad alguna en la fiscalización de las ventas y manejo de SRO en las EOI.

 La medida dispone que el DTOP, que no atiende asuntos del campo de los seguros entre sus responsabilidades ministeriales, será la agencia con facultad de investigar las querellas presentadas contra una EOI “en relación a un incumplimiento o inobservancia en cuanto al derecho de selección del asegurado, y tendrá facultad para emitir sanciones administrativas conforme al proceso dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.

La medida fue avalada por dos organizaciones que agrupan a dueños de EOI. Estas son la Asociación de Centros de Inspección de Puerto Rico y Estaciones Oficiales de Inspección Unidas de Puerto Rico. Ambas entidades favorecieron que la medida encadene la compra del SRO a la inspección de los autos.

También se expresaron a favor de que las EOI reciban el pago del 5% de la prima de SRO en aquellas selecciones que se realicen a través de CESCO Digital.

Sin alternativas los ciudadanos

La Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico (ADG) también apoyó que el pago del SRO se lleve a cabo al momento de la inspección del auto, que también contempla el pago del marbete.

Según indica el Informe Positivo de la medida, la ADG señaló que atar el pago del SRO a la inspección de los autos “es importante porque viabiliza el proceso en beneficio del ciudadano, permitiéndole hacer todas las gestiones en el mismo lugar. De igual forma, se protege la función de las entidades autorizadas en el proceso y el pago por dicha labor, que se encuentra contemplada en la prima del seguro obligatorio”.

De acuerdo con el Informe Positivo, la ASC se opuso a que la selección y pago del SRO esté vinculado al proceso de inspección de los vehículos en las EOI. “Esto contradice la flexibilidad actual donde los ciudadanos pueden elegir realizar estas gestiones en diversas entidades autorizadas, incluyendo CESCO Digital”, indicó la aseguradora.

La ASC sostuvo que el PS 1471 “parece favorecer a las EOI al intentar asegurarles un cargo por servicio que no les corresponde cuando la gestión se realiza a través de CESCO digital, una plataforma desarrollada y mantenida por el gobierno de Puerto Rico”.

Según la ASC, los ciudadanos pueden pagar la prima del SRO de dos maneras: mediante el formulario en papel en las llamadas entidades autorizadas, que son los bancos, cooperativas, colecturías y las EOI, y a través del formulario digital en CESCO Digital.

Gobierno cobra 5 % de Cesco Digital

En ambas opciones de pago, según indicó la ASC, se aplica un pago por servicio equivalente al 5% del monto de la prima del SRO. De hecho, la ASC explicó que el pago por servicio de 5 % que se paga a Cesco Digital lo retiene el gobierno. “Esto demuestra que el PS 1471 no tiene en cuenta la legislación existente que establece el mismo cargo por servicio del 5% en ambas modalidades de pago”, indicó.

La aseguradora sostuvo que la ley 258 establece que las entidades autorizadas deben retener un 5% de las primas cobradas tanto en el formulario en papel como en el electrónico. “Sin embargo, el PS 1471 sugiere que las transacciones electrónicas a través de CESCO Digital no están sujetas a este cargo, lo cual es incorrecto según la ley vigente”, agregó la ASC.

El DTOP también se opuso a la medida porque “obligaría a dividir los pagos al contribuyente, que tendría que pagar el SRO al momento de inspeccionar el vehículo, dejando las otras obligaciones financieras para el momento de renovar el marbete”. Una aseveración que se refiere al pago de multas por violación a la ley de tránsito, las cuales se deben pagar al momento de renovar el marbete.

“Las personas pagan la totalidad de lo indicado en la notificación o licencia. Si dividimos los pagos, el DTOP tendría que emitir una notificación sin el SRO. De igual forma, no todos los vehículos que inspeccionan están obligados a renovar el marbete, hay vehículos que son inspeccionados por requerimientos del seguro. En esos casos, no se cobra el seguro”, advirtió la agencia.

Además, el DTOP también planteó que no todas las EOI están autorizadas a recibir el cobro de renovación de marbete.

 Finalmente, el Informe Positivo de PS 1471 sostiene que el Departamento de Hacienda, la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa y la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico no sometieron sus comentarios sobre medida “aun cuando se realizaron diferentes gestiones para recibir sus insumos”. 

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Suiza Dairy y Tres Monjitas solicitan un desacato contra González Beiró en Tribunal Federal

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Por Miguel Díaz Román

El gobierno de Puerto Rico y la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) se enfrentan a un nuevo reclamo económico de proporciones multimillonarias  en el Tribunal Federal de San Juan de parte de la planta procesadora Suiza Dairy, quien solicita que encuentre en desacato al secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, por la violaciones continuas y flagrantes a un acuerdo alcanzado en ese tribunal en 2013 que busca garantizar márgenes adecuados de ganancia a las plantas procesadoras.

En lo que sin duda será el legado de González Beiró como secretario de Agricultura y administrador interino de la ORIL, el reclamo de Suiza Dairy podría representar que el gobierno local compense a esa empresa por las pérdidas multimillonarias sufridas como resultado de que los precios de la leche fijados por la entidad regulatoria, le ha impedido durante años cubrir sus costos de producción y obtener ganancias.

Incluso, en este momento es imposible determinar si los consumidores terminarán pagando, a través del precio de la leche, parte de la compensación que en su día, el Tribunal Federal podría determinar que le corresponde a la empresa Suiza Dairy.

La empresa sostiene en la demanda que ha enfrentado una pérdida financiera de aproximadamente $172 millones debido a que la ORIL no ha establecido márgenes de ganancia adecuados, según lo determinó el Tribunal Federal en su sentencia emitida el 6 de noviembre de 2013.

En la demanda radicada en el Tribunal Federal el pasado 3 de mayo, también figura como demandante la planta procesadora Tres Monjitas.

La empresa también sostiene que la ORIL, bajo la administración de González Beiró, ha tomado reiteradas decisiones para favorecer a la planta de balance Indulac.

Apelaciones anula órdenes a granel

De hecho, Suiza Dairy señaló en la demanda que en los pasados tres años el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico ha declarado nulas ocho órdenes administrativas emitidas por la ORIL, las cuales presentan un patrón destinado a modificar arbitrariamente las regulaciones y alterar el orden de distribución de la leche cruda para favorecer a la planta Indulac.

Incluso, Suiza Dairy sostiene que Indulac mantiene ilegalmente en sus cuentas bancarias $3.1 millones y los intereses generados, los cuales le pertenecen porque corresponden a los recaudados del cargo regulatorio que está integrado al precio de toda la leche vendida desde 2008 y que fue un mecanismo ordenado por el Tribunal Federal para compensar a las plantas procesadoras por los incumplimientos de la ORIL.

La demanda también señala que Indulac ha pagado a la planta Tres Monjitas los recaudos del cargo regulatorio, que surgen de las ventas de la leche UHT que produce Indulac, pero se ha negado a pagar el dinero que corresponde a Suiza Dairy.

En su solicitud para que se encuentre en desacato a González Beiró, Suiza Dairy también ha pedido que se le impute desacato al presidente de Indulac, Francisco Oramas Irizarry, por retener ilegalmente los $3.1 millones.

De hecho, la empresa afirma que aún Suiza Dairy debe recuperar $69.8 millones de los recaudados del cargo regulatorio.

Además, en la demanda la empresa sostuvo que Indulac y la ORIL buscan revocar la sentencia emitida por el Tribunal Federal en noviembre de 2013.

“Esto no debería sorprendernos, ya que allá por el año 2013 este Tribunal consideró que “todos los administradores que desempeñan cargos como ejecutivos en ORIL, han mostrado un total desprecio por las órdenes judiciales y han incurrido en graves, flagrantes y violaciones continuas a la orden cautelar de la Corte”, menciona el documento.

“Si se los dejara a su suerte, los participantes del mercado regulado de la leche en Puerto Rico nunca enmendarían su proceder. El Tribunal de distrito ha sido bastante paciente al intentar llevar a estos participantes al cumplimiento. El Tribunal ahora debe decidir si ORIL la involucrará en diez años más de litigio por las mismas cuestiones. Sólo el proceso de desacato de la Corte puede impedir tal resultado”, concluyó la empresa en su demanda.

ORIL omite definiciones

La demanda revela de manera sorprendente que para perjudicar a Suiza Dairy, la ORIL ha omitido arbitrariamente ciertas definiciones en su propia versión no oficial traducida del reglamento 12, que es parte de la sentencia emitida por el Tribunal Federal en 2013.

De hecho, la empresa alega que tales definiciones no son meros errores o descuidos de traducción, sino acciones deliberadas para modificar definiciones en su reglamento, en su ley orgánica para favorecer a Indulac, lo cual constituye una violación a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme.

Entre estas acciones deliberadas la demanda menciona la determinación de la ORIL de alterar el orden de distribución de la leche cruda para permitir que Indulac reciba leche cruda, una decisión que contraviene el acuerdo de conciliación incorporado en la sentencia del Tribunal Federal, el cual dispuso que la distribución de leche cruda se basará en la cuota de mercado correspondiente a la leche fresca.

Es necesario aclarar que Indulac no participa del mercado de leche fresca.

Además, la demanda indica que la ORIL alteró los parámetros establecidos en sus reglamentos y en la sentencia federal para la canalizar diariamente hacia Indulac excedentes de leche cruda que le pertenecen a Suiza y a Tres Monjitas.

Regulador favorece a regulado

Otra sorprendente denuncia que revela la demanda es que la ORIL ha desarrollado un sofisticado esquema de precios que favorece la leche UHT de Indulac a expensas de la leche local. Según el documento, la ORIL autoriza a Indulac a comprar leche cruda a un precio muy por debajo de su costo y en comparación con el precio pagado por los productores de leche fresca.

Otra denuncia sencillamente escandalosa es que la ORIL retornó a su práctica de emitir órdenes de precios basándose en datos obsoletos y a la costumbre de fijar precios arbitrariamente, que no permiten a las plantas procesadoras y otros regulados cubrir sus costos y obtener una ganancia razonable.

Precisamente, las determinaciones de la ORIL que causan pérdidas financieras fue uno de los principales argumentos de la demanda radicada por las plantas procesadoras Suiza Dairy y Tres Monjitas en 2004 en el Tribunal Federal.

 Y fue el detonante para que el Tribunal Federal exigiera amplas enmiendas en las evaluaciones económicas y en el escrutinio de los datos para evitar que las decisiones de la ORIL infligieran daño económico a los regulados.

ORIL no reconoce pérdidas y costos

En documento adicional Suiza Dairy describió una relación de hechos en los que se comprueban las acciones arbitrarias e infundadas de la ORIL para no reconocer los elevados costos y las pérdidas en determinadas operaciones de la empresa Suiza Dairy, lo que ha contribuido a la precariedad económica en que se encuentra la empresa.

La demanda alega que el administrador de ORIL desautorizó el patrimonio regulado de Suiza, disminuyéndolo en $47 millones, de $108.1 millones a $60.9 millones.

Incluso, Suiza Dairy denunció que la ORIL le impidió aumentar el precio de la leche a pesar de que había emitido una orden que le concedía libertad a las plantas procesadoras para fijar precios máximos al producto.  

Según la empresa, el 19 de agosto de 2022, la ORIL emitió la orden de precios 2022-50, vigente a partir del 1 de septiembre de 2022, que estableció sólo un precio mínimo para la leche fresca de $1.83 por litro y permitió a las plantas fijar sus precios máximos.

De acuerdo con Suiza Dairy, esta orden, al igual que otras órdenes anteriores, se fundamentó en datos de 2016 “a pesar de que ORIL tuvo acceso a informes de costos de los años 2017 hasta 2021”.

Suiza aumentó el precio de su leche fresca en 16 centavos, de $1.83 a $1.99.

Orden para no subir el precio de la leche

El 24 de abril de 2023, Suiza informó a la ORIL su intención de aumentar la leche fresca en 14 centavos adicionales. En respuesta, el 28 de abril de 2023, el Administrador de ORIL emitió una orden de cese y desista junto con una orden para demostrar causa que cuestiona el aumento de precio.

Después de que Suiza presentara todos los datos de respaldo de su aumento de precios, el 16 de agosto de 2023, la ORIL emitió una resolución y orden que impide a Suiza aumentar su leche fresca precios, confirmando la existencia de un límite de precio máximo implícito de $1.99 por cuarto de leche fresca.

En la demanda Suiza Dairy le solicitó al Tribunal Federal que defienda su autoridad y demuestre sus poderes de supremacía contra la ORIL, la cual es definida como “una agencia estatal recalcitrante y despectiva y de una entidad pública que fue transferida gratuitamente a un pequeño grupo de agricultores cuya identidad no ha sido revelada”, un señalamiento que obviamente se refiere a la transferencia de la planta Indulac a la a Cooperativa de Productores de Leche, integrada por un grupo de ganaderos.

Suiza pide compensación por daños

La empresa también solicitó que el Tribunal Federal designe a una persona u otra entidad que sustituya determinadas responsabilidades de la ORIL, como la emisión de las órdenes de precios de la leche y adoptar un régimen regulatorio modificado y temporal o una tasa de rendimiento temporal especial, para permitir que las plantas procesadoras recuperen las pérdidas sufridas.

También solicitó que se le imponga a la ORIL una multa compensatoria para cubrir las pérdidas sufridas por Suiza como consecuencia de la competencia desleal de Indulac. Dicha multa compensatoria se calculará como el beneficio que Suiza habría obtenido por las pérdidas causadas por la leche UHT de Indulac. Además, la empresa le requirió al Tribunal que imponga a Indulac y al administrador de ORIL el pago a Suiza de los honorarios y costas de abogados incurridos al continuar con este procedimiento de desacato.

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Tribunal envía alguaciles para permitir inspección en Suiza Dairy, mientras empresa denuncia pérdidas de $3 millones mensuales

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Por Miguel Díaz Román

En lo que representa una dramática confirmación de lo contraproducente que puede llegar a ser una entidad reguladora del gobierno dirigida de manera errada, Suiza Dairy sostuvo ayer que pierde $3 millones mensuales debido a que la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) no ha realizado el estudio económico que determine una adecuada ganancia para la empresa.

El licenciado Ángel Muñoz Noya, abogado laboral de Suiza Dairy, reconoció ayer de manera escueta que la difícil situación financiera de la empresa es el resultado de los incumplimientos de la ORIL para cumplir con el Estudio Económico Exhaustivo (EEE), un estudio que se debe realizar cada cuatro años y que es un requisito de la ley 34 de 1957 o Ley para Reglamentar la Industria Lechera.

 Muñoz Noya compareció ante la prensa para explicar la difícil situación de la empresa y su presunta incapacidad para aumentar la aportación al plan médico de 160 empleados de Suiza Dairy, lo cual es el detonante del conflicto huelgario que enfrenta a la empresa con la Central General de Trabajadores (CGT).

Muñoz Noya reconoció que la situación de Suiza Dairy es sumamente difícil y planteó que “sin duda el sistema regulado que posee Puerto Rico en la industria lechera, y el incumplimiento por parte del gobierno, son elementos que han afectado la sana operación del sector y de la empresa”.

Suiza con oxígeno de Grupo Gloria

El abogado dijo que la empresa se ha mantenido operando porque recibe un apoyo financiero de parte  de su compañía matriz, el Grupo Gloria de Perú. El abogado reconoció que la ORIL debe cumplir con el EEE y conceder un aumento en el precio de la leche que le permita a Suiza Dairy operar con una ganancia razonable.

Indicó que el pasado año Suiza Dairy perdió $30 millones, lo que le impide aumentar la aportación al plan médico de los 160 empleados.

Incluso, la situación de Suiza Dairy es tan apremiante, según planteó Muñoz Noya, que ayer lunes, la empresa notificó a 900 clientes que ya no continuará supliendo sus productos, en una medida extrema para reducir gastos y minimizar pérdidas.

De hecho, Muñoz Noya reconoció que la interrupción del suplido de productos a los 900 clientes representará la pérdida del 20% de sus ingresos anuales.

No obstante, a pesar de que la situación de la empresa es tan difícil, el abogado sostuvo que Suiza Dairy no radicará quiebra.

El pasado viernes Suiza Dairy anunció el despido de 45 empleados tras anular rutas de vendedores y distribuidores de mercancía para reducir costos operacionales. Muñoz Noya dijo que los despidos no tienen relación con la huelga.

Libre acceso en  la mirilla del juez 

Mientras el abogado de la empresa realizaba esas dramáticas admisiones, el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, estuvo en la mañana y tarde de ayer escuchando los relatos de varios testigos de la empresa sobre las acciones de los trabajadores en huelga, quienes están apostados en los portones de las instalaciones de la empresa en Río Piedras e impiden la entrada de personal y de camiones.

Al conocer el testimonio de los testigos, Cuevas Ramos sostuvo que la situación de la planta de Suiza Dairy en Río Piedras es una “bomba de tiempo” debido a que los empleados no pueden revisar continuamente el sistema de refrigeración, que opera con amoniaco, para evitar un escape del temible químico, y para supervisar el sistema de tratamiento de aguas negras y prevenir que ocurra un desbordamiento.

Ante esa situación el juez Cuevas Ramos ordenó que hoy a las 10:00 de la mañana un grupo de alguaciles acompañen a varios empleados para constatar el estado en que se encuentra el sistema de refrigeración y los tanques de aguas usadas.

Suiza pide esperar seis meses

Incluso, se espera que en cualquier momento el juez emita su determinación sobre una petición de interdicto permanente contra la CGT radicada por Suiza Dairy, debido a que los empleados no pueden entrar a las instalaciones en Río Piedras desde el pasado 11 de junio, cuando estalló el conflicto huelgario.

De hecho, Muñoz Noya reveló que la empresa radicó tres cargos contra la CGT en la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo por impedir el libre acceso en los portones de las instalaciones en Río Piedras. Suiza Dairy también radicó un cargo de práctica ilícita debido a que la unión se ha negado a documentar la utilización del plan médico.

El abogado dijo que la empresa le advirtió a la CGT que era necesario esperar un periodo de seis meses para ver si se registran signos positivos en la situación de la empresa y examinar la posibilidad de aportar $125 adicionales a los $500 que ya aporta para el plan médico de los 160 empleados.

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Posible desacato promete aumentar la fricción entre Suiza Dairy y unión

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Por Miguel Díaz Román

El conflicto huelgario que enfrenta a la planta procesadora Suiza Dairy con la Central General de Trabajadores (CGT), que representa a los empleados de esa empresa, podría entrar hoy en una nueva etapa si las partes no alcanzan un acuerdo para permitir el libre acceso a las instalaciones de San Juan, lo que daría paso a que el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encuentre en desacato a la unión.

El juez ordenó a las partes transcribir en un escrito los acuerdos preliminares alcanzados ayer para garantizar el libre acceso a las instalaciones de Suiza Dairy en San Juan y, simultáneamente, que la protesta de la unión continúe.

No obstante, el juez indicó que, si no se logra plasmar en el escrito los acuerdos alcanzados ayer, el lunes se celebraría una vista para atender una solicitud de interdicto preliminar y permanente que solicitó Suiza Dairy para impedir que la empresa sufra daño irreparable debido a que no tiene acceso a las instalaciones de su planta en San Juan.

En esa vista el lunes el juez podría encontrar en desacato a la unión y emitir una orden que active a la policía para permitir el libre acceso a las instalaciones de Suiza Dairy en San Juan, lo que promete un nuevo escenario en el que podrían escalar rápidamente las tensiones entre el sindicato y la empresa.

La posibilidad de ese nuevo escenario fue reconocida por el presidente de la unión, José Adrián López, en entrevista con SN ayer en la noche, luego de que durante la tarde no se registró progreso alguno en el proceso de mediación que realiza el Departamento del Trabajo.

“Suiza insiste en que no tiene nada para ofrecer y que su propuesta es negociar en seis meses. La mediación terminó a las seis de la tarde y fuimos citados para hoy a las 9:00 de la mañana. Tengo la impresión de que están apostando al recurso que radicaron en el Tribunal, esperanzados de que sea el Tribunal, a través de la policía que les permita hacer algo con la entrada de la compañía. Que se meta un desacato y participe la policía. Y están asistiendo a mediación para que no se diga que no se están sometiendo al proceso. Pero que no están mostrando ningún interés con sus movidas en la mediación”, dijo López.

El detonante del conflicto es el rechazo de Suiza Dairy a acordar un aumento de $125 en la aportación al plan médico de 160 empleados que actualmente asciende a $500 mensuales. Otro asunto candente es un incremento salarial a otros 32 empleados que distribuyen leche fresca y otros productos de Suiza en el comercio.

En la mirilla del juez el desacato

La empresa Suiza Dairy no emitió ayer una reacción sobre los evetos acontecidos en el Tribunal y en el Departamento del Trabajo.

En la vista de ayer el juez Cuevas Ramos ofreció claros indicios de que podría emitir un desacato contra la unión debido a que no se cumplió con la orden de entredicho provisional que emitió el pasado jueves 13 de junio para que los miembros de la CGT no interfieran con el libre acceso a las instalaciones de la empresa.

Suiza Dairy solicitó el entredicho provisional para detener las acciones cometidas por los miembros de la unión, dirigidas a paralizar las operaciones de la planta procesadora. El entredicho provisional es un recurso extraordinario de emergencia para detener una situación que puede causar daño irreparable a quien lo solicita y que no requiere que la otra parte se exprese.

El juez Cuevas Ramos cuestionó ayer a los abogados de Suiza Dairy por no haber informado al Tribunal sobre el incumplimiento de la unión a la orden de entredicho provisional. De hecho, el juez Cuevas Ramos expresó claramente y a viva voz que habría emitido una orden de desacato contra la unión porque las interferencias en las entradas de la empresa han continuado.

 Suiza Dairy  es representada por las abogadas Claribel Ortiz Rodríguez y Karen Castro, mientras que la representación legal de la CGT está integrada por Zulmarie Alverio Ramos, Orville Valentín Rivera y Ricardo Santos hijo.

En la mañana de ayer el juez Cuevas Ramos ordenó a los abogados de la Suiza Dairy y de la CGT que sostuvieran una reunión para lograr un acuerdo que contemple el libre acceso a la planta y la continuación de la protesta. 

Tras el receso del mediodía, las partes informaron al Tribunal que no habían logrado un acuerdo, lo que provocó que el juez se involucrara personalmente y por separado con las partes para allanar el camino para concretar el acuerdo.

Acuerdo sin acuerdo

Al filo de las 4:00 de la tarde se reanudó la vista en la que el juez sostuvo que las partes habían discutido los elementos de un acuerdo y anunció que hoy deberán presentar un escrito que contenga tales elementos. Pero advirtió que si no se concreta el acuerdo habrá una vista en la tarde del lunes para atender la solicitud de interdicto permanente y escuchar los testigos de Suiza Dairy sobre el incumplimiento de entredicho provisional.

A finalizar la vista, SN pudo corroborar que las nociones de las partes sobre lo que se deberá depositar en el escrito no concuerdan, pues los abogados de la CGT expresaron que lo acordado es un acceso limitado a las instalaciones de la empresa para revisar el sistema de refrigeración y para permitir la entrada de varios camiones, mientras que los abogados de Suiza Dairy insistieron que los elementos del acuerdo contemplan el libre acceso a las instalaciones de la empresa.  

Ayer en la tarde y frente a las instalaciones de Suiza Dairy en San Juan, el director de organización de la CGT, Scott Barbés, sostuvo que el sindicato podría presionar a la empresa para que acceda a sus peticiones por medio de paralizar las operaciones de la planta en Aguadilla, donde se celebran negociaciones para un aumento en las comisiones de los vendedores, como parte de un nuevo convenio colectivo.

Además, Barnes mencionó que el sindicato podría paralizar la industria lechera como mecanismo de presión por medio de paralizar la planta de Indulac, donde también la CGT mantiene negociaciones para un nuevo convenio colectivo.

Paralización teórica

Sobre estas declaraciones, López no descartó que la paralización de otras plantas fuera un mecanismo de presión contra Suiza Dairy, pero catalogó la propuesta de Barbés como una “teórica”.

“Teóricamente podría haber un conflicto porque en el caso de Indulac el convenio venció. La realidad es que cada negociación tiene sus méritos y en un escenario teórico se podría dar una coincidencia de procesos, pero cada negociación tiene su escenario, obviamente”, dijo López.

Ayer también el secretario de agricultura, Ramón Gonzalez Beiró, se reunió con el sector de los ganaderos en Arecibo con el fin anunciar que los pagos por venta de leche serán honrados y para sostener que la intransigencia de Suiza Dairy en alcanzar un acuerdo económico con la CGT es la responsable del conflicto y de los trastornos que ha sufrido la industria lechera.

González Beiró es el administrador interino de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL). Para lidiar con los efectos del conflicto huelgario, la ORIL ordenó canalizar la producción de las vaquerías que suplen a Suiza Dairy hacia las plantas procesadoras Indulac y Tres Monjitas.

Ganaderos no cuestionan

De acuerdo con fuentes que estuvieron presentes en la reunión de ayer, en el intercambio con el secretario no hubo cuestionamientos sobre los verdaderos problemas que afectan al sector ganadero y González Beiró ignoró tales asuntos, a pesar de su importancia.

Entre estos figuran la inacción de González Beiró para realizar el Estudio Económico Exhaustivo (EEE) de la industria lechera, que según lo dispone la ley 34 de 1957 o Ley para Reglamentar la Industria Lechera, se debe realizar cada cuatro años. El EEE pretende revisar los precios de la leche y aumentar el ingreso de los diversos integrantes de la industria lechera si es necesario.

El sector de los ganaderos se ha quejado reiteradamente que los costos de producción exceden los ingresos, lo que ha causado que más de 35 vaquerías se hayan declarado en quiebra en el Tribunal Federal. No obstante, el sector de los ganaderos ha sufrido una dramática reducción en los pasados años, pues de las cerca de 500 vaquerías que integraban el sector actualmente se mantienen activas cerca de 245.

La reiterada violación de González Beiró con la ley 34 ha sido investigada por la Cámara de Representantes y el Senado sin que finalmente las pesquisas hayan arrojado resultado alguno. Incluso, los ganaderos no cuestionaron qué relación podría tener que no se haya realizado el EEE con las dificultades económicas de Suiza Dairy.

Los ganaderos tampoco cuestionaron porque no se han pagado los incentivos por producción en los pasados tres trimestres, un ingreso vital para las operaciones de esas empresas.

Los ganaderos tampoco cuestionaron qué relación podría tener con los problemas financieros de Suiza Dairy las determinaciones emitidas por González Beiró, a través de la ORIL, para beneficiar a la planta de balance Indulac y en ocasiones a la planta procesadora de Tres Monjitas.

La empresa Suiza Dairy ha sostenido numerosas disputas legales en los tribunales contra esas decisiones de la ORIL.

ORIL en contra de Suiza 

El más reciente capítulo de esas batallas legales tuvo lugar el pasado 4 de diciembre cuando el Tribunal Apelativo acogió los planteamientos de Suiza Dairy y concluyó que la ORIL emitió tres órdenes administrativas en violación a la ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y procedió a revocarlas y declararlas nulas.

Una de esas tres determinaciones administrativas cambió la definición de la leche fresca para permitir la llamada leche fresca de larga duración, lo que propició que la planta procesadora Tres Monjitas, que elabora ese producto, aumentara su participación en el mercado. 

Como resultado de esa orden administrativa, la producción de la leche fresca de larga duración fue considerada también como parte de la producción de leche fresca, que es el principal segmento de la industria lechera, lo que propició un aumento en la participación de mercado de Tres Monjitas.

Tras confirmar el aumento de mercado, la ORIL determinó que Tres Monjitas había demostrado una mayor necesidad de leche cruda y ordenó transferir a esa planta procesadora la producción de dos vaquerías que estaban asignadas a la planta Suiza Dairy, lo que resultó en detrimento a la producción de esa empresa.

De hecho, la ORIL ha registrado un expediente significativo de derrotas judiciales, tanto en los tribunales locales como federales, en controversias relacionadas con la industria lechera y su principal contendor lo ha sido la empresa Suiza Dairy, que con sus victorias judiciales ha demostrado que la ORIL suele actuar en contra de la ley y de manera unilateral. 

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INFORME SEMANAL-21 DE JUNIO DE 2024

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Esta semana en Informe Semanal conversamos sobre el efecto de la depreciación en reclamaciones de accidentes de tránsito en pólizas de la Cooperativa de Seguros Múltiples. El ajustador público Richard Dunnam hablará sobre este tema.

También hablaremos sobre el conflicto huelgario en Suiza Dairy y su repercusiones en la industria lechera con el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega.

También conversamos con el economista José Alameda sobre un informe relacionado con el presupuesto del gobierno en los pasados años.

También conversamos sobre el costo de vida en San Juan y el incremento del turismo.

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La descentralización centralizada en el Departamento de Educación  

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 Por doctor Edgar León 

Esta semana, la atención del sector educativo en Puerto Rico se ha centrado en la visita del Secretario de Educación Federal. Su objetivo: evaluar el progreso de la descentralización del Departamento de Educación, un proceso iniciado con bombos y platillos pero que, según muchos, ha derivado en una mera centralización disfrazada.

Diversas voces, incluyendo la del propio secretario Federal, han expresado su frustración ante lo que parece ser un cambio superficial. En lugar de empoderar a las regiones y enfocarse en la enseñanza y el aprendizaje, la iniciativa ha dado lugar a la creación de una nueva capa burocrática, con nuevos administradores y puestos que poco tienen que ver con la labor docente.

Solo hay que ver el organigrama gigantesco del departamento de educación de Puerto Rico que crece todos los días de forma exponencial con puestos de confianza y nuevas divisiones autocreadas.

¿Más burocracia o más maestros?

Las críticas apuntan a que la atención sigue recayendo en asuntos administrativos y órdenes de compra, mientras que la parte educativa brilla por su ausencia. La descentralización, tal y como se está implementando, parece más un ejercicio de reorganización interna que una verdadera transformación del sistema educativo.

En este contexto, surge la pregunta: ¿Es realmente necesario este monstruo de la administración central? ¿No sería más efectivo destinar esos recursos a contratar más maestros y reducir la ratio de alumnos por aula? Un aula menos saturada permitiría una enseñanza más personalizada y un aprendizaje más efectivo.

Fondos para la tecnología, ¿sí o no?

Las autoridades educativas han destinado parte del nuevo presupuesto a la adquisición de computadoras, pintura, reparaciones y aire acondicionado. Sin embargo, muchos expertos coinciden en que, sin un aumento en la intensidad académica, estas inversiones tendrán un impacto limitado en el aprovechamiento de los estudiantes.

Internet: un recurso indispensable

Otro aspecto crucial que parece estar relegado es la mejora de la conectividad a internet en las aulas. Un internet rápido y confiable es una herramienta fundamental para el aprendizaje en la era digital, y su ausencia continúa siendo un obstáculo para muchos estudiantes.

Repensando la descentralización

Para lograr una verdadera descentralización efectiva, es necesario un replanteamiento profundo de la iniciativa. Se deben priorizar las necesidades educativas de los estudiantes y dotar a las regiones de la autonomía y los recursos necesarios para responder a ellas.

Un llamado a la acción

Es hora de abandonar la centralización disfrazada y apostar por una descentralización real que coloque en el centro el aprendizaje de los estudiantes. Solo así podremos construir un sistema educativo que prepare a las nuevas generaciones para los retos del futuro.

Recomendaciones para una mejor descentralización:

Aumento de la cantidad de maestros para reducir la ratio de alumnos por aula.

Inversión en la formación continua del personal docente.

Mejora de la conectividad a internet en las aulas.

Autonomía real para las regiones educativas en la toma de decisiones.

Enfoque en la enseñanza y el aprendizaje, no en la burocracia.

Monitoreo y evaluación constante del proceso de descentralización.

La educación es la clave del progreso individual y social de Puerto Rico. Es hora de tomar las decisiones correctas para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad que les permita alcanzar su máximo potencial.

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ASC realiza oferta transaccional para terminar caso de clase

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Por Miguel Díaz Román

La Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) ofreció devolver una cifra multimillonaria que podría ser menor a los $47.1 millones que el Tribunal de Primera Instancia le ordenó a la aseguradora reservar como aseguramiento de sentencia en el caso de clase que pretende compensar a miles de asegurados que fueron afectados por la aplicación ilegal de un descuento por concepto de depreciación a las piezas nuevas y originales.

La oferta fue realizada el pasado domingo 16 de junio por los abogados de la ASC y ayer lunes 17 de junio los abogados de la clase demandante radicaron una moción informativa en el Tribunal de Primera Instancia en la que solicitaron paralizar por 30 días la continuación de los trabajos en el caso.

“Ayer, 16 de junio, la ASC extendió una oferta transaccional que, si bien entendiblemente no constituye una admisión o renuncia a sus planteamientos legales de cara a la posible continuación del trámite, tiene el propósito manifiesto de disponer de la totalidad de este pleito”, indica la moción informativa, la cual no revela la cifra económica que involucra la oferta.

Fuentes de SN han indicado que es muy probable que la oferta presentada por la ASC involucre una cantidad menor a los $47.1 millones que el Tribunal de Primera Instancia ordenó reservar como aseguramiento de sentencia, probablemente como resultado de una reducción de los miembros de la clase demandante, a la luz de los criterios que surgen de la sentencia y de otros criterios que la aseguradora ha estado planteando.

Según indica la moción, la oferta de la ASC tiene como objetivo finiquitar el caso de clase, el cual ha trascendido en determinados medios de comunicación y ha generado un candente debate en la industria de seguros.  

El debate fue generado por las propias alegaciones de la ASC ante el Tribunal Supremo, en las que sostuvo que su dinero está comprometido y obligarla a cumplir con el pago de $47.1 millones causaría el impago de sus deudas, lo que la encaminaría hacia la insolvencia.

El pasado mes de mayo del 2024 el Tribunal Supremo emitió un segundo “no ha lugar” a una petición de certiorari presentada por la ASC para que la sentencia fuera revisada, tras lo cual la sentencia pasó a ser final y firme.

De acuerdo con la moción informativa, el periodo de 30 días tiene como objetivo permitir a los abogados de la clase demandante corroborar “cierta información” que la ASC hará disponible para su evaluación, la cual es parte integral de la oferta presentada o explica elementos importantes de esa oferta.

Clase demandante pide tiempo

“La deseabilidad y aceptabilidad de la oferta cursada depende de, entre otros extremos puntuales, la corroboración de cierta información, para lo cual la ASC ya manifestó disposición inmediata. En virtud de lo anterior, procurando cumplir cabalmente con el deber que le impone nuestro ordenamiento, los representantes de la Clase Demandante, con la anuencia expresa de la ASC, solicitan la paralización del trámite de autos por un periodo de treinta (30) días”, sostiene la moción.

El caso de clase involucra reclamaciones por accidentes de tránsito efectuadas por conductores cuyos autos fueron impactados por vehículos asegurados con el Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO), dentro del período entre el 21 de agosto de 2011 y el 1 de agosto de 2019.

La parte demandante es representada por el conocido licenciado José Andréu Fuentes, del bufete Andreu & Sagardía y por los abogados Nelson Córdova Morales, Ricardo Prieto García, Angel Collazo Santiago y Emilio Vilá Carreras.

La ASC es representada por la licenciada Moraima Ríos Robles, del bufete Arroyo & Ríos Law Offices, y por la licenciada Rosa Irizarry Millán.

La sentencia contra la ASC fue emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 26 de julio de 2023, y confirmada por el Tribunal de Apelaciones el pasado 3 de noviembre de 2023. La sentencia no definió un remedio monetario, pero sí estableció la responsabilidad legal de ASC en el uso ilegal de la depreciación.

No obstante, las abogadas de la ASC representaron ante el Tribunal de Primera Instancia que la sentencia exponía a la aseguradora a pagar más de $47.1 millones. Además, los abogados de la clase demandante revelaron una nota del informe financiero de la ASC de 2023, que reconoció que la exposición causada por el caso implicaba el desembolso de $47.1 millones.  

Ante esa información el pasado 31 de mayo el Tribunal de Primera Instancia emitió una orden exigiendo a la ASC reservar los $47.1 millones como “aseguramiento de la sentencia”.  

Más exclusiones a la clase 

De hecho, en la confirmación de la sentencia que efectuó el Tribunal Apelativo se realizó una importante modificación porque la clase demandante fue limitada a toda persona natural o jurídica a la que la ASC le aplicó un descuento por depreciación en las piezas nuevas y que a consecuencia de ello “tuvieron que pagar de su propio peculio más de la cantidad que correspondía”.

Es decir, que el universo de la clase demandante comprende aquellos conductores a los que se les aplicó un descuento por depreciación en las piezas nuevas y que para reparar sus autos tuvieron que desembolsar dinero de su bolsillo.

Otra modificación que ha estado promoviendo la ASC en el Tribunal de Primera Instancia es separar de la clase demandante a los conductores que no sufrieron daño, a pesar de habérsele entregado un pago que incluyó el descuento por depreciación.

Esta distinción implica separar de la clase a los conductores que pudieron reparar sus autos con el pago que recibieron de la ASC, aun cuando el desembolso sufrió un descuento por depreciación.

La información sobre este tipo particular de conductor la estaría gestionando la ASC a través de los talleres de mecánica y de hojalatería y pintura con los que mantiene una vinculación.   

Los abogados de la clase demandante revelaron la información en las únicas expresiones escritas realizadas por ellos a SN hasta el momento.

En esas expresiones, difundidas el pasado 11 de junio en un comunicado de prensa, los abogados de la clase demandante sostuvieron que “la responsabilidad legal de la ASC ante los demandantes ya es irrevocable”.

ASC obtiene información en talleres

“La propia ASC le reconoció a su regulador, el Comisionado de Seguros, que se trata de aproximadamente $47,177,769.00”, indica el comunicado de prensa.

 “Es importante destacar que todavía se requieren unos pasos para concretar la instrumentación de la devolución a los demandantes. Ya la jueza que preside, honorable Valerie Concepción Cintrón, anticipó que celebrará una vista próximamente para darle oportunidad a la ASC de evidenciar si procede eliminar de la clase a alguna persona que, a pesar de habérsele entregado un pago descontado por depreciación, no sufrió daño”, indicaron los abogados.

“En concreto, se trata de una defensa de la ASC amparada en gestiones que realizaba directamente con los talleres dispuesta en sus guías de ajuste, con respecto a las cuales es sólo la ASC quien tiene los datos. Por tratarse de un pleito de clase, sus representantes y el Tribunal son garantes de los derechos de todos sus miembros y los desarrollos de cara a la devolución ordenada serán difundidos públicamente sin necesidad de gestión adicional por parte de los miembros clase”, finalizó el comunicado de prensa.

De hecho, aún persisten numerosas interrogantes sobre cuál será, finalmente, la cantidad de dinero que devolverá la ASC a la clase demandante, cómo se identificarán a los miembros de la clase, luego de aplicar las exclusiones avaladas por el tribunal, y cómo se computarán los pagos a ser devueltos y cuál será el monto que cobrarán los abogados que representa a la clase demandante. Además, otro asunto de vital importancia es definir cómo la clase demandante podrá respaldar o rechazar la oferta que ha propuesto la ASC.

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