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ASC realiza oferta transaccional para terminar caso de clase

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Por Miguel Díaz Román

La Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) ofreció devolver una cifra multimillonaria que podría ser menor a los $47.1 millones que el Tribunal de Primera Instancia le ordenó a la aseguradora reservar como aseguramiento de sentencia en el caso de clase que pretende compensar a miles de asegurados que fueron afectados por la aplicación ilegal de un descuento por concepto de depreciación a las piezas nuevas y originales.

La oferta fue realizada el pasado domingo 16 de junio por los abogados de la ASC y ayer lunes 17 de junio los abogados de la clase demandante radicaron una moción informativa en el Tribunal de Primera Instancia en la que solicitaron paralizar por 30 días la continuación de los trabajos en el caso.

“Ayer, 16 de junio, la ASC extendió una oferta transaccional que, si bien entendiblemente no constituye una admisión o renuncia a sus planteamientos legales de cara a la posible continuación del trámite, tiene el propósito manifiesto de disponer de la totalidad de este pleito”, indica la moción informativa, la cual no revela la cifra económica que involucra la oferta.

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Fuentes de SN han indicado que es muy probable que la oferta presentada por la ASC involucre una cantidad menor a los $47.1 millones que el Tribunal de Primera Instancia ordenó reservar como aseguramiento de sentencia, probablemente como resultado de una reducción de los miembros de la clase demandante, a la luz de los criterios que surgen de la sentencia y de otros criterios que la aseguradora ha estado planteando.

Según indica la moción, la oferta de la ASC tiene como objetivo finiquitar el caso de clase, el cual ha trascendido en determinados medios de comunicación y ha generado un candente debate en la industria de seguros.  

El debate fue generado por las propias alegaciones de la ASC ante el Tribunal Supremo, en las que sostuvo que su dinero está comprometido y obligarla a cumplir con el pago de $47.1 millones causaría el impago de sus deudas, lo que la encaminaría hacia la insolvencia.

El pasado mes de mayo del 2024 el Tribunal Supremo emitió un segundo “no ha lugar” a una petición de certiorari presentada por la ASC para que la sentencia fuera revisada, tras lo cual la sentencia pasó a ser final y firme.

De acuerdo con la moción informativa, el periodo de 30 días tiene como objetivo permitir a los abogados de la clase demandante corroborar “cierta información” que la ASC hará disponible para su evaluación, la cual es parte integral de la oferta presentada o explica elementos importantes de esa oferta.

Clase demandante pide tiempo

“La deseabilidad y aceptabilidad de la oferta cursada depende de, entre otros extremos puntuales, la corroboración de cierta información, para lo cual la ASC ya manifestó disposición inmediata. En virtud de lo anterior, procurando cumplir cabalmente con el deber que le impone nuestro ordenamiento, los representantes de la Clase Demandante, con la anuencia expresa de la ASC, solicitan la paralización del trámite de autos por un periodo de treinta (30) días”, sostiene la moción.

El caso de clase involucra reclamaciones por accidentes de tránsito efectuadas por conductores cuyos autos fueron impactados por vehículos asegurados con el Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO), dentro del período entre el 21 de agosto de 2011 y el 1 de agosto de 2019.

La parte demandante es representada por el conocido licenciado José Andréu Fuentes, del bufete Andreu & Sagardía y por los abogados Nelson Córdova Morales, Ricardo Prieto García, Angel Collazo Santiago y Emilio Vilá Carreras.

La ASC es representada por la licenciada Moraima Ríos Robles, del bufete Arroyo & Ríos Law Offices, y por la licenciada Rosa Irizarry Millán.

La sentencia contra la ASC fue emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 26 de julio de 2023, y confirmada por el Tribunal de Apelaciones el pasado 3 de noviembre de 2023. La sentencia no definió un remedio monetario, pero sí estableció la responsabilidad legal de ASC en el uso ilegal de la depreciación.

No obstante, las abogadas de la ASC representaron ante el Tribunal de Primera Instancia que la sentencia exponía a la aseguradora a pagar más de $47.1 millones. Además, los abogados de la clase demandante revelaron una nota del informe financiero de la ASC de 2023, que reconoció que la exposición causada por el caso implicaba el desembolso de $47.1 millones.  

Ante esa información el pasado 31 de mayo el Tribunal de Primera Instancia emitió una orden exigiendo a la ASC reservar los $47.1 millones como “aseguramiento de la sentencia”.  

Más exclusiones a la clase 

De hecho, en la confirmación de la sentencia que efectuó el Tribunal Apelativo se realizó una importante modificación porque la clase demandante fue limitada a toda persona natural o jurídica a la que la ASC le aplicó un descuento por depreciación en las piezas nuevas y que a consecuencia de ello “tuvieron que pagar de su propio peculio más de la cantidad que correspondía”.

Es decir, que el universo de la clase demandante comprende aquellos conductores a los que se les aplicó un descuento por depreciación en las piezas nuevas y que para reparar sus autos tuvieron que desembolsar dinero de su bolsillo.

Otra modificación que ha estado promoviendo la ASC en el Tribunal de Primera Instancia es separar de la clase demandante a los conductores que no sufrieron daño, a pesar de habérsele entregado un pago que incluyó el descuento por depreciación.

Esta distinción implica separar de la clase a los conductores que pudieron reparar sus autos con el pago que recibieron de la ASC, aun cuando el desembolso sufrió un descuento por depreciación.

La información sobre este tipo particular de conductor la estaría gestionando la ASC a través de los talleres de mecánica y de hojalatería y pintura con los que mantiene una vinculación.   

Los abogados de la clase demandante revelaron la información en las únicas expresiones escritas realizadas por ellos a SN hasta el momento.

En esas expresiones, difundidas el pasado 11 de junio en un comunicado de prensa, los abogados de la clase demandante sostuvieron que “la responsabilidad legal de la ASC ante los demandantes ya es irrevocable”.

ASC obtiene información en talleres

“La propia ASC le reconoció a su regulador, el Comisionado de Seguros, que se trata de aproximadamente $47,177,769.00”, indica el comunicado de prensa.

 “Es importante destacar que todavía se requieren unos pasos para concretar la instrumentación de la devolución a los demandantes. Ya la jueza que preside, honorable Valerie Concepción Cintrón, anticipó que celebrará una vista próximamente para darle oportunidad a la ASC de evidenciar si procede eliminar de la clase a alguna persona que, a pesar de habérsele entregado un pago descontado por depreciación, no sufrió daño”, indicaron los abogados.

“En concreto, se trata de una defensa de la ASC amparada en gestiones que realizaba directamente con los talleres dispuesta en sus guías de ajuste, con respecto a las cuales es sólo la ASC quien tiene los datos. Por tratarse de un pleito de clase, sus representantes y el Tribunal son garantes de los derechos de todos sus miembros y los desarrollos de cara a la devolución ordenada serán difundidos públicamente sin necesidad de gestión adicional por parte de los miembros clase”, finalizó el comunicado de prensa.

De hecho, aún persisten numerosas interrogantes sobre cuál será, finalmente, la cantidad de dinero que devolverá la ASC a la clase demandante, cómo se identificarán a los miembros de la clase, luego de aplicar las exclusiones avaladas por el tribunal, y cómo se computarán los pagos a ser devueltos y cuál será el monto que cobrarán los abogados que representa a la clase demandante. Además, otro asunto de vital importancia es definir cómo la clase demandante podrá respaldar o rechazar la oferta que ha propuesto la ASC.

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