Por Miguel Díaz Román
La Asociación de Suscripción Conjunta (ASC) le solicitó al Tribunal de Apelaciones que revoque una resolución emitida por el Tribunal de Primera Instancia que exige a la entidad crear una reserva de $47.1 millones como aseguramiento de sentencia, para compensar a miles de asegurados que fueron afectados por la aplicación ilegal de un descuento por concepto de depreciación a las piezas nuevas y originales.
La ASC sostuvo que el dinero existente en sus arcas está comprometido y obligarla a reservar $41.7 millones, según dispone la orden del Tribunal de Primera Instancia, causará que la aseguradora no pueda pagar sus deudas, lo que la encaminaría irremediablemente a la insolvencia.
La ASC le dijo al Tribunal de Apelaciones que para cumplir con la orden de aseguramiento de sentencia deberá utilizar $15 millones que están comprometidos, lo que causará que la aseguradora incumpla sus obligaciones y como resultado, se active una posible intervención de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) contra la aseguradora por insolvencia.
La ASC también señaló que para emitir la resolución que ordena reservar $47.1 millones, el Tribunal de Primera Instancia se negó a realizar una vista evidenciaría para escuchar las explicaciones de la ASC y basó su decisión para fijar dicha cantidad de dinero como aseguramiento de sentencia, en una interpretación incorrecta de los informes financieros de la entidad.
La reserva de $47.1 millones tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de un histórico fallo judicial en un caso de clase que involucra reclamaciones por accidentes de tránsito efectuadas por conductores cuyos autos fueron impactados por vehículos asegurados con el Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO), dentro del período entre el 21 de agosto de 2011 y el 1 de agosto de 2019.
El caso se ha estado ventilando en la sala de la jueza superior Valerie Concepción Cintrón, en el Centro Judicial de San Juan.
La parte demandante es representada por el conocido licenciado José Andréu Fuentes, del bufete Andreu & Sagardía y por los abogados Nelson Córdova Morales, Ricardo Prieto García, Angel Collazo Santiago y Emilio Vilá Carreras.
La ASC es representada por la licenciada Moraima Ríos Robles, del bufete Arroyo & Ríos Law Offices, y por la licenciada Rosa Irizarry Millán.
Tribunal utilizó documentos irrelevantes
Incluso, la ASC sostuvo que el Tribunal de Primera Instancia fundamentó su decisión de fijar la cantidad de $47.1 millones en “documentos e información irrelevantes” y en información “fraccionada en una sola línea aislada y descontextualizada de un documento voluminoso y técnico sin la debida interpretación”.
Además, la ASC sostuvo que el Tribunal de Primera Instancia no entiende el concepto “efectivo e inversiones”, y de manera errada concluyó que la entidad cuenta con $101.2 millones de libre disposición e ignoró que las deudas ascienden a $75.1 millones.
De hecho, la ASC cuestionó abiertamente que se haya fijado en $47.1 millones el monto a pagar en este caso, debido a que la sentencia emitida por el Tribunal de Primera Instancia el 26 de julio de 2023, y confirmada por el Tribunal de Apelaciones el pasado 3 de noviembre de 2023, no definió un remedio monetario, aunque sí estableció la responsabilidad legal de ASC.
La confirmación de la sentencia realizada por el Tribunal de Apelaciones fue impugnada por la ASC en el Tribunal Supremo, que se negó a revisar la decisión y en dos ocasiones emitió un “no ha lugar”. Tras la determinación del Tribunal Supremo la sentencia que responsabiliza a la ASC por la aplicación ilegal de un descuento por concepto de depreciación pasó a ser final y firme.
En su petición al Tribunal de Apelaciones la ASC sostuvo que, aunque las abogadas de la ASC representaron ante el Tribunal de Primera Instancia que la sentencia exponía a la aseguradora a pagar más de $47.1 millones, tales expresiones no constituyen una admisión de deuda y no se deben considerar como prueba y no pueden sustituir la evidencia que se debería considerar para establecer el monto económico que en realidad representa la sentencia.
Monto a pagar afectado por Tribunal Apelativo
Incluso, la ASC sostuvo que el monto económico que finalmente se establezca como compensación también estará afectado por la confirmación de la sentencia que realizó el Tribunal Apelativo, debido a que en esa decisión ese Tribunal modificó la sentencia emitida el 26 de julio de 2023 y limitó la clase demandante a toda persona natural o jurídica a la que la ASC le aplicó un descuento por depreciación en las piezas nuevas y que a consecuencia de ello “tuvieron que pagar de su propio peculio más de la cantidad que correspondía”.
En otras palabras, la posición de la ASC es que hasta que no se determine el universo de reclamantes a los que se les aplicó un descuento por depreciación en las piezas nuevas y que para reparar sus autos tuvieron que desembolsar dinero de su bolsillo, será imposible determinar la cantidad de dinero que representa la sentencia.
La petición de la ASC al Tribunal Apelativo fue radicada el pasado 4 de junio, luego de que el Tribunal de Primera Instancia emitiera el pasado 31 de mayo una orden provisional exigiendo reservar los $47.1 millones, en lo que se denominó un “aseguramiento de la sentencia”.
La orden del Tribunal de Primera Instancia instruyó a la ASC a crear la reserva para el pasado viernes 7 de junio, tras una petición presentada por los abogados de los demandantes dirigida a “instrumentar el remedio concedido a la clase demandante”.
La acción del Tribunal de Primera Instancia fue en reacción a una moción informativa radicada por la clase demandante el pasado 22 de mayo, en la que se expuso la situación financiera de la ASC según los informes financieros de la aseguradora presentados ante la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) durante los años 2022 y 2023.
Tribunal desconoce deuda de $75 millones
En el informe de 2023 la ASC reconoció que el pago de la sentencia de la demanda de clase significa el desembolso de aproximadamente $47.1 millones. La moción también indica que en el informe de 2023 la ASC estimó su ingreso bruto por concepto de las primas cobradas en $69.3 millones y, además, tenía a su disposición $101.2 millones entre su cartera de inversiones y dinero en efectivo.
De hecho, la ASC sostiene que la vista evidenciaria se debió celebrar el 22 de mayo de 2024, pero nunca se recibió un señalamiento para celebrar la citada vista. En cambio, luego de que el 22 de mayo la clase demandante radicara la moción informativa, nueve días después, el 31 de mayo, el Tribunal de Primera Instancia emitió la orden provisional exigiendo reservar los $47.1 millones.
La ASC sostiene que, a consecuencia de no celebrar la vista evidenciaria, el Tribunal determinó “erradamente” que la aseguradora cuenta con un capital de $101.2 millones, una cifra identificada en el informe financiero de 2023 como dinero en efectivo y dinero invertido en vehículos financieros.
“En su desconocimiento, el Tribunal de Primera Instancia equiparó el efectivo e inversiones de ASC con su capital disponible, ignorando así por completo que las obligaciones totales de ASC reconocidas en sus libros al 31 de diciembre de 2023 ascendieron a $75.1 millones. Bajo su incorrecta interpretación de lo que significa en la contabilidad estatutaria el concepto “efectivo e inversiones” el Tribunal de Primera Instancia estableció de forma descontextualizada y errada que un aseguramiento de sentencia por $47.1 millones es la medida que menos inconvenientes causa a ASC”, advierte la petición de revisión (certiorari) presentada por la ASC en el Tribunal Apelativo.
“Esta conclusión ignora que el capital de ASC, con el que esta sí cuenta, es de $31.9 millones, según su informe anual al 31 de diciembre de 2023. De manera que la resolución requiere que ASC reserve en exceso de $15 millones de activos sobre los cuales no tiene libre disposición, en detrimento de terceros que son las que tienen derecho a esos fondos, según las normas estatutarias que le aplican a ASC. Surge de ello, por tanto, que la medida en aseguramiento de sentencia emitida por el Tribunal afecta irremediablemente las operaciones de ASC, poniéndola en riesgo de incumplir con sus obligaciones estatutarias y de enfrentar intervención de la OCS por insolvencia”, sostiene el documento.
ASC atisba posible insolvencia
La posibilidad de que la ASC enfrente una intervención por insolvencia de parte de la OCS fue planteada la pasada semana por Jaime González Portilla, quien es el presidente de la aseguradora Antilles Insurance. En una entrevista en el programa Informe Semanal el ejecutivo sostuvo que ante la realidad de que el capital de la ASC asciende a $31.9 millones y el fallo judicial obliga a la aseguradora a devolver $47.1 millones, será necesario que la entidad decrete una derrama entre las aseguradoras que la integran para recaudar $15 millones adicionales.
González Portilla sostuvo que existe la posibilidad de que las aseguradoras que integran la ASC se resistan a pagar la derrama, lo que causaría una intervención de la OCS por insolvencia.
Obsoleta la ASC
De hecho, el ejecutivo planteó que la ASC es un organismo obsoleto que tuvo su razón de ser en los comienzos del SRO en 1995 y cuya función fue establecer el citado seguro para un universo de automóviles sin seguro privado que superó más del 1 millón de unidades. Pero ante la realidad de que “el mercado se abrió a la libre competencia en 2014, la ASC perdió su razón de ser”, dijo González Portilla.
Como resultado de ese cambio las aseguradoras miembros de la ASC también venden el SRO y compiten directamente contra la ASC. Incluso, González Portilla sostuvo que, debido a que las aseguradoras miembros compiten directamente contra la ASC, sus representantes en la aseguradora no pueden integrar el comité de publicidad para evitar que conozcan las estrategias publicitarias.
Ayer SN le solicitó sin éxito a la licenciada Nereida Carrero, presidenta de ASC, que reaccionara a los planteamientos de González Portilla.
