Por doctor Edgar León

En Puerto Rico la Constitución garantiza a los ciudadanos el derecho a una educación de calidad, un derecho que ha sido fundamentalmente ignorado durante décadas.

 El contrato social que el gobierno ha establecido con su pueblo —la promesa de preparar a los estudiantes para un futuro exitoso— ha sido violado sistemáticamente. Mientras nos concentramos en cancelar contratos como el de LUMA, el proveedor de electricidad, poco se ha hablado de la necesidad de cancelar el “contrato” del Departamento de Educación y su administración.

 El sistema educativo tal como está, ha fracasado en su misión. En lugar de formar líderes y emprendedores con habilidades competitivas en el mercado global, está produciendo una población ignorante, diseñada para ser empleada por otros en lugar de crear sus propios negocios.

 Este currículo, lejos de capacitar a los jóvenes para liderar, los prepara para ser parte de una maquinaria laboral que no fomenta la creatividad ni la independencia. El modelo educativo actual limita el pensamiento crítico, y en muchos casos, impide el progreso de aquellos que realmente desean aprender.

 Este fracaso del sistema educativo ha permitido que la clase política mantenga el control sobre la población, utilizando la ignorancia como herramienta para gobernar con el miedo. Las decisiones políticas que afectan el bienestar y el futuro del país rara vez encuentran resistencia cuando las personas carecen de las herramientas necesarias para evaluar y comprender su entorno.

 El problema se agrava aún más con la naturaleza corrupta y burocrática del Departamento de Educación. El dinero destinado a la educación se desvía hacia contratos innecesarios, alquileres de edificios y una inmensa red de empleos administrativos con vínculos políticos, en lugar de destinarse al desarrollo de un sistema de enseñanza eficaz.

 La educación compulsoria, que debería ser una solución, en cambio se ha convertido en una carga, atrapando a estudiantes en un sistema que no les permite avanzar ni desarrollar su máximo potencial.

Aún peor, se culpa a los maestros del fracaso de los estudiantes cuando de por sí, no los dejan enseñar y le ponen de camisa de fuerza un currículo estéril, los obligan a pasar de grado a estudiantes que no saben leer, le quitan tiempo lectivo para completar actividades administrativas y papeleo auto creado por la administración central.

 Este mal manejo de los recursos convierte al Departamento de Educación en la “gallina de los huevos de oro” para otras agencias gubernamentales, que, al igual que el propio Departamento de Educación, no cumplen con el contrato de proveer los servicios para los cuales fueron creadas.

 Puerto Rico necesita un cambio radical e inmediato. Es imperativo cerrar el actual sistema educativo y comenzar desde cero, con un plan que ponga el 90% del presupuesto en manos de los maestros y en la enseñanza directa, y no en la administración burocrática con procesos de papel.

 Necesitamos un sistema que fomente la innovación, el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades reales que sean útiles en un mundo globalizado, donde los jóvenes se sientan felices, y puedan ser no solo empleados si desean, sino también líderes, empresarios y ciudadanos capaces de transformar su sociedad.

 Los estudiantes hace 30 años aprendían a cocinar, a construir con madera, a jugar con programas deportivos en los planteles, a bregar con sistemas eléctricos simples y con electrónica. Ahora solo es una cárcel donde son obligados a memorizar un contenido aburrido que viene del extranjero y que no aplica al niño de Puerto Rico.

 Peor aún, se gastan dos semanas de periodo lectivo en la preparación de un examen estandarizado que no sirve para nada y que constantemente salen peor los estudiantes.

 Solo cuando prioricemos la educación y dejemos de despilfarrar fondos en intereses políticos, en salarios y contratos para los que corren las campañas de los partidos en el poder y burocráticos, podremos comenzar a revertir los años de daño que se ha hecho a la población puertorriqueña. La educación debe ser la columna vertebral de nuestra sociedad, no el último eslabón en una cadena de corrupción y negligencia.

Por Carlos A Flores Ortega

Agrónomo y ex secretario de Agricultura

A menos de dos meses para un evento electoral en Puerto Rico, el que dictará nuestro futuro por los próximos cuatro años, se repite el escenario de políticos buscando desesperadamente el voto de sus constituyentes haciendo promesas de campaña a todo dar y de todos colores.

 Nada nuevo y no nos sorprende. Yo he estado durante cuatro años enviándole artículos publicados en periódicos y en los medios digitales a muchos políticos sobre problemas en la agricultura y para mi decepción nunca me comentaron o reaccionaron a los señalamientos.

 Sin embargo, en las últimas semanas comienzo a recibir sus mensajes de promoción para reelección o para que los apoyemos en su objetivo de representarnos en la búsqueda de soluciones a nuestros problemas.

Si no sirvieron para interesarse en lo que señalamos, para qué los necesitamos ahora. De hecho, ya he interactuado con algunos y los he sacado de mi lista de contactos. Demás está decir que no tendrán nuestro apoyo.

 Durante estos meses previos a unas elecciones se escribe la ruta que debemos aceptar antes de dar el voto a quienes nos representarán. Esto no debe ser un permiso a ciegas, debe ser un voto de confianza para atender lo que verdaderamente nos preocupa e interesa.

 Los partidos políticos le llaman programa de gobierno y compromisos programáticos que deben ser definidos y aprobados por sus juntas de partido y luego convencer a los constituyentes de que con estos planes Puerto Rico deberá mejorar.

 Estos planes los elaboran comités principalmente compuestos por servidores públicos y expertos del sector privado. Así lo hacen casi todos los partidos y requieren que estos comités consulten en reuniones con la gente sus ideas y reciban nuevas propuestas. Así se consulta al pueblo y se confecciona lo que será el mapa de ruta de los partidos.

 La dinámica debe ser de apertura y de amplia participación, pero esto no siempre ocurre así. Tenemos la dinámica del sector público donde se forman bandos enfocados más en alcanzar puestos y posiciones que en presentar ideas y soluciones. En casi todas las agencias están más interesados por quién va a dirigir la agencia que los cambios que van a presentar y esto dilata y corrompe el proceso.

 Por otro lado, en el sector privado la dinámica es asegurar que las ideas y compromisos puedan generar ganancias, contratos o beneficios a grupos específicos por solo el hecho de que participaron y apoyaron económicamente al partido.

 Dos escenarios con los que el nuevo gobernante tendrá que trabajar hábilmente para una vez alcanzada la meta de ganar unas elecciones filtrar bien toda esta “borra” que queda en la taza y que más adelante les ocasionarán problemas éticos y de ejecución.

Cuando un político se acerque lo primero que debemos preguntarle es si conoce su plan de gobierno o lo que su partido considera será la política pública. Muchos de ellos ni conocen esto. La mayoría de ellos nos dirán que el anterior no lo hizo, pero ellos sí resolverán los problemas que nos aquejan.

Ahí está la clave para romper el conformismo de escuchar clichés y jingles de campaña. Ahí es el momento de preguntarles cómo lo van a hacer. Es más importante el cómo que el qué y ahí escucharán algunos balbucear y decir que escucharán al pueblo que es soberano para buscar las soluciones.

 A este tipo de político de derecha y dígale adiós porque está perdido en las nubes y no hay seriedad ni compromiso para que nos represente.

La democracia es la herramienta más poderosa que tienen los países y mientras mayor participación se logre en los eventos electorales, mejor representada estará su ciudadanía. Esto les pone mayor presión a los políticos porque tienen que esbozar planes que atiendan a todos los sectores de la población.

 En nuestro caso el sector agrícola necesita de unas atenciones especiales que la mayoría de los políticos desconoce y que muy pocos se toman el tiempo de entender.

Un plan agrícola como mínimo debe incluir un análisis de la situación actual dentro del trasfondo histórico de nuestra Isla. Debe incluir un análisis de la aportación de la agricultura al Ingreso Bruto Agrícola y cómo este ha variado además de los cambios en los eslabones que este sector de producción primaria impacta como la industria de alimentos, la manufactura y el turismo.

Se debe estudiar el impacto de los incentivos y cómo estos promueven la sostenibilidad de las actividades agrícolas y su crecimiento. El retorno de inversión que estos generan y si es necesario hacer cambios a estos incentivos o subsidios agrícolas.

Es importante tener claro la necesidad del obrero agrícola y cómo se puede motivar a más puertorriqueños a entrar a esta fuerza laboral sin descartar la importación de mano de obra extranjera, recurso que están usando todos los países del mundo.

Ante la realidad de continuos recortes de presupuesto ordenados por la Junta de Supervisión Fiscal, los políticos tienen que entender bien claro la función normativa y fiscalizadora del Departamento de Agricultura (DA) y traer soluciones y cambios a la estructura organizacional para mejorar su efectividad.

Además, es necesario revisar los sueldos y condiciones de trabajo de los empleados gubernamentales que han aguantado las reducciones más grandes en la fuerza laboral continuando el trabajo como verdaderos servidores públicos.

A modo de ejemplo, para el año 2000 la plantilla de empleados del DA era de 2,200 empleados en la sombrilla y hoy escasamente alcanza unos 600 empleados. Esto está directamente relacionado con las asignaciones de presupuesto y cómo se establecen las prioridades en el modelo de servicio gubernamental en agricultura.

Los políticos deben entender que el DA no es una isla aparte y que necesita el apoyo de agencias estatales y federales para cumplir su misión. Son enfoques estratégicos que casi siempre están desarticulados y no tienen grandes logros. Son como fincas aparte y cada cual haciendo lo suyo por su lado con el mismo cliente.

Así tenemos el DA buscando ayuda de Educación, Recursos Naturales, la Universidad y por otro lado las agencias federales en lo suyo y los agricultores perdidos entre tantas oficinas y burocracia lo que le trae frustración y apatía al sistema de gobierno.

Durante esta época los políticos deben estar concentrados en establecer estrategias para mejorar la agilidad gubernamental. Cómo solicitar y recibir del DA las aprobaciones en un tiempo razonable. No como lo que hemos visto en los pasados cuatro años donde todavía no se sabe si se recibirán las ayudas que se prometieron.

Conscientes que la función del DA es una normativa y no la de hacer o desplazar negocios, sino más bien un promotor de iniciativas privadas que se encarguen de la actividad agrícola. En los planes de los partidos es necesario preguntarles a los políticos qué están considerando en cuanto a la utilización de nuevas prácticas agrícolas, ciencia y tecnología de avanzada que nos lleve a una mayor producción.

Los planes de gobierno en la agricultura deben proveer ayudas tanto para el agricultor pequeño o artesanal como para el industrial exportador, esto se enmarca en políticas diferenciadas que atienden a cada cual en sus necesidades.

Incluso, los políticos deben incluir estrategias para promover cadenas agroalimentarias donde se establezcan acuerdos entre productores y empresas elaboradores, en diseños que permitan sacar nuevos productos del país elaborados al mercado y sustituir importaciones.

La promoción de la agroindustria y mercadeo deben tener un espacio importante en la planificación de la agricultura y reconocer la aportación que estos sectores proveen a la economía con nuestra materia prima al igual que el turismo con el disfrute de los campos y fincas para el disfrute de experiencias y escenarios únicos en la Isla.

La relación con el desarrollo y una mejor calidad de vida en las zonas rurales es patente y vital para nuestras comunidades aisladas. No por último es menos importante pero los políticos deben tener un compromiso de sangre con la protección de los terrenos agrícolas si quieren nuestro respaldo en la política.

Ya es demasiado estruendoso el silencio que muchos políticos han hecho en situaciones de riesgo de pérdida de terrenos agrícolas para luego con caras de lechuga venir a buscar el voto para representarnos. Si no pueden defender lo nuestro entonces para que los necesitamos. Aquel que ponga un pie al frente, estará bien respaldado.

Por Enrique Vázquez Quintana, MD

Es interesante las cosas extrañas que ocurren en la vida. Continuamente te tienes que sorprender de los eventos sin explicación que ocurren en nuestras vidas.

Les relataré uno de esos eventos fortuitos que ocurrieron en la calle 5 de la Barriada Clausells de Ponce, Puerto Rico. La Barriada Clausells se desarrolló en los terrenos del señor Pedro Clausells localizados en el área oeste de la ciudad de Ponce.

Hay que pasar el Hospital de Distrito de Ponce de la calle Victoria que fue construido en el 1929. Si se sigue por la calle Victoria se llega a la fábrica de cemento y luego se llega al Barrio Corral Viejo o el Recreo de Ponce.

Yo nací en ese Hospital de Distrito el 21 de octubre de 1937, el parto lo atendió el doctor Luis Bartolomei. Estudié el primer grado en la Escuela Pedro Clausells localizado en la Calle 5. El sexto grado lo completé en la Escuela Pujals localizada cerca del antiguo parque de béisbol Charles H. Terry. El séptimo lo cursé en la Escuela McKinley cerca de la Escuela Superior de Ponce.

Luego me trasladé a Guayanilla y me gradué de la Escuela Superior Arístides Cales Quirós en el 1955. Luego completé mi Bachillerato en Ciencias en el Recinto de Rio Piedras de la UPR del 1955-58 y luego obtuve el Doctorado en Medicina del 1958 al 1962. Del 1962 al 1968 hice el internado y me adiestré en cirugía General en el programa de la Escuela de Medicina de UPR.

Luego ingresé al ejército norteamericano y en el 1969 fui asignado a la República de Vietnam. El 10 de agosto de 1969 recibimos múltiples pacientes heridos de bala y fragmentos de granada. Entre los heridos me tocó operar al soldado Luis Martínez de una herida de bala que le laceró la arteria femoral derecha. Le reparé la laceración y le coloqué un injerto venoso. Estaba recuperando bien, pero al tercer día fue evacuado a Japón.

Nunca más supe de él. Lo sorprendente es que el soldado Martínez era de la Calle 5, Número 71 de la Barriada Clausells de Ponce. El soldado Martínez estaba asignado a eliminar a los vietnamitas que no eran sus enemigos, en una guerra que no era la suya.

En el 1998 visité la Barriada Clausells tratando de localizar a Luis Martínez, pero nadie sabía de él o lo estaban protegiendo. Desconozco si aún vive. Lo curioso es que dos vecinos de la misma calle de la misma urbanización se encontraran en un lugar tan distante al mismo tiempo y que uno, el cirujano tratara de salvar al herido que, sí era su compatriota y del mismo barrio, involucrados en una guerra que no era de ninguno de los dos.

Mi padre era chofer de carro público en Ponce. Tengo un recuerdo vago que en una ocasión estaba con mi padre en la casa de la Calle 5 cuando pasó otro señor que también era chofer de carro público que llevaba un hijo pequeño para matricularlo en el Jardín de Infantes (kínder) en el Colegio Santa Teresita de Jesús, al lado del Hospital de Distrito.

El nombre del señor nunca los supe. Pero con ese niño pequeño sí que interaccioné más tarde en la vida. En el 1993 el gobernador Pedro Rosselló me designó secretario de Salud. Un tiempo después nombré él doctor Néstor Galarza Díaz como director de la unidad ASSMCA (Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción).

Sorpresa, el doctor Galarza Díaz era aquel niño que pasó frente a mi casa en la Calle 5 de la Barriada Clausells. El nació en la calle 5 pero con comadrona. Su padre además de chofer poseía un pequeño colmado y su situación económica era más holgada que la nuestra. Pero esas relaciones sorpresivas, de amistad oculta también conllevan penas en común.

El 15 de septiembre de 1993 fui removido del cargo de secretario de Salud, el secretario de la gobernación Alvaro Cifuentes (QDEP) envió al señor Alberto Goachet (QDEP) como Mensajero de los Dioses a entregarme la carta de despido al Departamento de Salud.

La afinidad de los dos niños de la Calle 5 de la Barriada Clausells finalmente les causó daño. Mi sucesora la doctora Carmen Feliciano de Melecio (QEPD) desautorizaba mucho al doctor Galarza Díaz. Varios meses después de mi despido como secretario de Salud, el Lcdo. Álvaro Cifuentes recomendaba la destitución del doctor Néstor Galarza Díaz. Este fue separado de su cargo en abril de 1994. Este servidor volvió a su cátedra en el Departamento de Cirugía hasta su retiro el 31 de diciembre de 1998.

El doctor Galarza Díaz regresó a su puesto de psiquiatra en el Hospital de Veteranos de Puerto Rico. Allí el doctor Galarza Diaz trataría a los dos veteranos de la Calle 5, del barrio, ya que se sabe que los veteranos padecen depresión, adicciones y suicido más que la población general.

De esta forma se armonizaría la labor que le asignó el destino a realizar durante su vida profesional, a los tres vecinos de la Calle5, de la Barriada Clausells. El político designador de puestos de salud pretendió aplanar la salud de los pobres, pero en realidad mejoró la salud de los veteranos.

Por Dr. Edgar León

La Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico (CEE) se enfrenta a una crisis sin precedentes mientras se acercan las elecciones, con múltiples factores que ponen en riesgo la integridad y la eficiencia del proceso electoral. La falta de una presidenta titular en la comisión, sustituida por una presidenta alterna que ha demostrado ser lenta en la toma de decisiones, es solo la punta del iceberg de una situación preocupante.

 Los miembros de la Junta Estatal de Elecciones, particularmente aquellos representando a otros partidos, han expresado su frustración por la falta de acceso a información crítica para la toma de decisiones. Sin datos completos, las decisiones necesarias para garantizar un proceso electoral transparente y eficaz se ven comprometidas, creando un ambiente de incertidumbre y desconfianza.

 Uno de los problemas más graves es el retraso en la impresión de las papeletas de votación. Hasta la fecha, no se han enviado a imprimir, lo que impide las pruebas esenciales de las máquinas de votación y del papel utilizado. La falta de estas pruebas no solo pone en duda la funcionalidad de los equipos, sino que también abre la puerta a posibles fallos técnicos el día de las elecciones.

 Además, existe una preocupante falta de información sobre las condiciones de los colegios de votación. No se sabe cuántos de ellos están en condiciones óptimas en cuanto a energía eléctrica, conexión a internet y planta física.

 El hecho de que haya menos colegios disponibles para votar este año agrava aún más la situación, dificultando la logística y aumentando el riesgo de largas filas y caos el día de las elecciones.

 El problema se extiende a la distribución de papeletas para el voto adelantado, un proceso crucial para personas envejecientes y encamadas. A estas alturas, muchas de estas papeletas aún no se han distribuido, dejando a una población vulnerable en un limbo electoral.

Finalmente, la situación se agrava con la presencia de aproximadamente 40,000 personas fallecidas aún registradas en las listas de votantes. Esta cifra alarmante pone en duda la precisión del padrón electoral y la capacidad de la CEE para depurarlo adecuadamente antes de las elecciones.

 La caricatura de la situación es evidente: el sistema electoral de Puerto Rico parece un reloj sin manecillas, donde los ancianos que lleguen a votar podrían encontrarse con un caos difícil de sortear. La falta de decisiones rápidas y la inacción podrían llevar a un desastre electoral que afectará la confianza pública en el proceso democrático.

Según la prensa local, ha surgido un caso donde un representante del PNP buscó papeletas de inscripción en la junta estatal, las repartió en hogares de ancianos, y luego las entrego a la junta para ser contadas. Es imperativo que se tomen medidas urgentes para corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde.