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Puerto Rico

Presidente Colegio de Médicos alega que MMAPA busca que la OCS responda a sus intereses 

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Por Miguel Díaz Román 

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMC), Carlos Díaz Vélez, respaldó la gestión realizada por el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, y lamentó el veto impartido por el gobernador Pedro Pierluisi a una medida que concedía a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) el poder de adjudicar de manera sumaria y expedita el pago de facturas a los proveedores de servicios de salud.

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En unas breves expresiones escritas Díaz Vélez implicó que el sector de las aseguradoras de salud está detrás del veto emitido por el gobernador al Proyecto del Senado 1349.

Díaz Vélez acusó directamente a la Asociación de Productos de Medicare y Medicare Advantage (MMAPA) de intentar “eliminar a la OCS para que volviese a ser una decorativa al servicio de sus intereses. Por eso acosan al Comisionado Alexander con demandas frívolas”.

En las escuetas declaraciones Díaz Vélez no identificó las “demandas frívolas” que MMAPA ha radicado contra la OCS.

De hecho, SN solicitó a MMAPA una reacción sobre las expresiones de Díaz Vélez y Ana María Santiago, agente de prensa de la organización, indicó que “MMAPA no va a reaccionar”.

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Durante el pasado fin de semana trascendió que el gobernador vetó el PS 1349, el cual concedía a la OCS la facultad de adjudicar por medio de un procedimiento rápido de hasta 30 días, la cantidad de dinero que debería recibir un proveedor de servicios de salud de parte de una aseguradora en una reclamación en disputa.

Las reclamaciones que serían atendidas en el proceso rápido serían aquellas que no han logrado superar favorablemente el periodo de reconciliación de diferencias dispuesto en el Código de Seguros y que deben implantar las aseguradoras de salud. 

El PS 1349 fue ampliamente respaldado por el sector de los proveedores de servicios de salud, entre los que figuran los médicos, la industria de hospitales, las farmacias y los laboratorios.

La medida también establecía que a las deudas consideradas en el proceso rápido se le impondrán intereses legales, los cuales serán determinados por la OCS y pagaderos a favor de los proveedores de servicios de salud. Además, la medida ordenaba al Tribunal Apelativo y al Tribunal Supremo resolver en 10 días los recursos de revisión que presente alguna de las partes.

En sus expresiones Díaz Vélez indicó que el CMC continuará ofreciendo su apoyo a Adams Vega, cuyo término como Comisionado de Seguros finaliza el próximo 31 de diciembre de 2024.

“Nosotros sabemos que el agente devastador del ecosistema de salud es el oligopolio de las aseguradoras. Ellos tienen un sindicato MAPPA que quisieran eliminar la OCS y que volviese a ser una decorativa al servicio de sus intereses. Por eso acosan al Comisionado Alexander con demandas frívolas. El Colegio seguirá apoyando sus honestas gestiones”, sostuvo Díaz Vélez.

“Seguimos trabajando y defendiendo los derechos de los profesionales de la salud y de los pacientes frente a la embestida y la gula de las aseguradoras que han arrastrado el sistema de salud. Se trata de una batalla desigual pero no disminuiremos la combatividad, ni la denuncia de los abusos”, afirmó el presidente de CMC, quien agradeció a quienes apoyaron la aprobación en la Cámara y en el Senado del PS 1349.

La Fortaleza informó que el proyecto fue vetado porque el capítulo 30 del Código de Seguros ya tiene un proceso expedito de pagos a las aseguradoras.

Pero Adams Vega había sostenido en la Legislatura que la medida era necesaria porque en el Código de Seguros no existe un proceso expedito para resolver disputas sobre reclamaciones en 30 días.

De hecho, la OCS había indicado que los proveedores de servicios de salud albergan el temor de que las aseguradoras tomen represalias si impugna los atrasos en los pagos de reclamaciones y por esa razón se ha registrado una cantidad pequeña de reclamaciones de parte de los proveedores ante la OCS.

La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico había señalado que el nuevo poder que el PS 1349 concedía a la OCS amenazaba con convertir a la entidad reguladora en juez y parte de las controversias relacionadas con el pago de reclamaciones.

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