Por Miguel Díaz Román
En momentos cuando la atención de los medios de comunicación se ha centrado en el tramo final de la campaña electoral del país, la oficina del Negociado de Impuesto al Consumo (NIC) en el edificio central del Departamento de Hacienda en Puerta de Tierra, la entidad que gestiona el cobro del IVU que es una de las fuentes de recaudos más importante del gobierno en este momento, ha sido precintada en medio de una investigación administrativa que fue confirmada por la agencia fiscal.
Además, en medio de la citada investigación administrativa, la directora del NIC, Griseida Cardona Machuca, ha dejado de asistir a cumplir las responsabilidades de su cargo.
De acuerdo con fuentes de SN, aproximadamente un mes atrás la oficina del NIC en el tercer piso del edificio Intendente Ramírez en Puerta de Tierra fue sellada con una banda plástica de color amarillo que tiene impresa el logo de Hacienda, en una acción que ha causado una gran consternación en el entorno administrativo de la agencia.
Desde entonces a Cardona Machuca no se le ve en la agencia mientras el secretario Interino de Hacienda, Nelson Pérez Méndez, y sus subalternos se han mantenido herméticos en relación a los motivos de la investigación, según indicaron las fuentes.
La pesquisa administrativa levanta numerosas interrogantes porque el NIC ha sido responsable de gestionar la segunda fuente de mayores recaudos del Fondo General después de la contribución sobre ingresos, ya que el pasado año fiscal el IVU generó $3,691,148 millones.
De hecho, la investigación administrativa contra el NIC acontece luego de que el pasado mes de diciembre un Gran Jurado Federal en el Tribunal Federal de San Juan emitió una acusación contra tres agentes de rentas internas de Hacienda, quienes, alegadamente, aceptaron los sobornos realizados por un gestor de empresas importadoras de vehículos de motor, quien también fue acusado.
El amplio espectro del NIC
No está claro si la pesquisa administrativa está relacionada con las acusaciones radicadas por el Gran Jurado Federal.
No obstante, el NIC tiene un amplio espectro de responsabilidades contributivas porque además de administrar el IVU también maneja los arbitrios especiales, el negociado de bebidas alcohólicas, un organismo que tiene jurisdicción en los arbitrios a la producción de licor, cervezas y a la importación de bebidas alcohólicas, las licencias de negocios para la venta de bebidas alcohólicas y las máquinas de juegos.
Además, el NIC tiene facultad en los impuestos que aplican a la celebración de espectáculos y las licencias para los productores de espectáculos.
En unas escuetas expresiones escritas realizadas a petición de SN, la portavoz del Departamento de Hacienda, Vilmar Trinta Negrón, confirmó la investigación administrativa en el NIC, pero no abundó sobre las causas que la motivaron.
“El Departamento de Hacienda realiza procesos de evaluaciones e investigaciones administrativas de manera ordinaria y continua en diferentes áreas, según sea necesario. Actualmente, el Departamento realiza una investigación interna en el Negociado de Impuesto al Consumo. Por tratarse de un proceso administrativo en curso y para asegurar la integridad y confidencialidad que rigen estos procesos, no ofreceremos detalles en estos momentos”, sostuvo Trinta Negrón.
Hacienda hace mutis sobre la ausencia
La portavoz de Hacienda no ofreció información sobre sí Cardona Machuca es parte de la investigación administrativa y tampoco explicó las razones que explican la ausencia de la funcionaria en la agencia. Trinta Negrón indicó que, antes de responder a nuestra petición para que se explicara la ausencia de Cardona Machuca, debía consultar con la división de recursos humanos de Hacienda.
Las acusaciones radicadas por el Gran Jurado Federal el pasado mes de diciembre de 2023 revelaron que los alegados sobornos pagados por el gestor de los importadores de vehículos tenían como objetivo reducir el monto del arbitrio que se le impone a los automóviles importados nuevos o usados, a través de un esquema de fraude que básicamente se realizaba al ingresar un número incorrecto de la transacción en el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI).
Este falso error obligaba a revisar la declaración del pago del arbitrio, una oportunidad que se utilizó para modificar el monto a pagar por el importador.
El gestor de los importadores de vehículos fue identificado en la acusación federal como Ariel Pintado Montalvo, mientras que los agentes de rentas internas que recibieron miles de dólares en sobornos a Antonio Silva Rodríguez, Héctor Vázquez Barroso y Doris Bonilla Valle.
Directora del NIC en controversias
La gestión de Cardona Machuca frente al NIC no ha estado exenta de controversias, pues en 2019 el Colegio de Productores de Espectáculos Públicos denunció la falta de diligencia por parte de la funcionaria, quien para entonces fungía como directora interina.
En aquel momento se denunció que la funcionaria improvisaba arbitrariamente con la reglamentación y, alegadamente, imponía determinados requisitos a los productores de espectáculos que aumentan sus costos de operación sin demostrar una base estadística que justificara esas decisiones.
Otra queja fue que la funcionaria ordenaba investigaciones sin que a los productores se les notificara la causa.
Con poco éxito pesquisas de Hacienda
Lamentablemente los actos de soborno y corrupción han estado presentes cada vez con más frecuencia en la historia del NIC y de los agentes de rentas internas. En 2017 la fiscalía federal radicó cargos por extorsión y soborno contra los ex agentes de rentas internas Edwin Aponte Hernández y Eduardo Collazo Torres.
Ambos ex funcionarios se declararon culpables en 2018 en relación con la devolución de tres máquinas de entretenimiento para adultos que fueron confiscadas por tener las licencias expiradas. Los ex agentes de rentas recibieron $1,500 a cambio de devolver las máquinas, según concluyó la investigación realizada por el Negociado Federal de Investigaciones.
No obstante, muchas de las investigaciones administrativas que realiza Hacienda contra sus empleados no logran los resultados esperados y en numerosas ocasiones los imputados pueden retornar a sus puestos luego de varios años de suspensión. De hecho, en determinados casos Hacienda se ha visto obligada a pagar a estos empleados miles de dólares en salarios retroactivos.
