Por Miguel Díaz Román
El gobernador Pedro Pierluisi impartió un veto de bolsillo a una importante medida que introducía numerosas enmiendas técnicas que intentaban simplificar el sistema contributivo del país con el fin de garantizar ahorros a los contribuyentes tanto en trámites como en costos y que, además, extendía hasta el 2040 la vigencia de la exención a los ingresos provenientes del arrendamiento de propiedades residenciales.
De hecho, el Departamento de Hacienda estimó que para el año fiscal 2026 la exención a los ingresos provenientes del arrendamiento de propiedades representará un ahorro para los dueños de propiedades de $31.4 millones.
Además, la medida disponía que los municipios podrían acceder al sistema digitalizado contributivo SURI del Departamento de Hacienda para integrar el cobro del IVU municipal y la patente municipal, que recoge la declaración de volumen de actividad económica de los negocios ubicados en los municipios.
La medida también proponía impedir que las distribuciones de planes de pensiones calificados estuvieran sujetas a la contribución básica alterna de 10 %y que la contribución alternativa mínima no cobijará a los dividendos de corporaciones domésticas. El impacto fiscal de estas dos propuestas no fue divulgado en el análisis legislativo de la medida.
Se desconocen las razones que motivaron al gobernador para emitir un veto de bolsillo al Proyecto de la Cámara 2100, que fue radicado por el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez junto con la delegación del Partido Popular Democrático y miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista.
El veto de bolsillo se configura cuando han pasado 30 días desde que la legislatura envió a la Fortaleza una medida aprobada y el gobernador no actúa sobre ella. Además, el veto de bolsillo tiene la característica de que el Primer Ejecutivo no tiene que ofrecer explicaciones sobre por qué no avaló la medida.
El PC 2100 fue enviado a la Fortaleza el pasado 2 de agosto, lo que implica que los 30 días requeridos para el veto de bolsillo se cumplieron el pasado 31 de agosto.
Un “primer paso”
Del debate legislativo que generó la medida se desprende que la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA), Edmy Rivera Colón, presentó varias objeciones a las propuestas de la medida, aunque calificó el PS 2100 como “un primer paso” hacia una reforma contributiva integrada.
Aunque Rivera Colón no se opuso totalmente al proyecto, tampoco hubo un respaldo absoluto, lo cual pudo tener un impacto en la decisión del gobernador porque los comentarios del CCPA suelen tener repercusiones tanto en la Legislatura como en el Ejecutivo, cuando se trata de asuntos contributivos.
La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) realizó un análisis y concluyó que la medida tendrá un efecto fiscal en tres áreas principales, pero no presentó un estimado de ese impacto fiscal. Según el análisis de la OPAL, la primera área de impacto fiscal comprende las enmiendas técnicas que propone el proyecto porque pudieran representar “un ahorro al gobierno en términos de fiscalización y a los contribuyentes en términos de mayor simplificación”.
El segundo factor de impacto fiscal es la exención de los ingresos provenientes del arrendamiento de propiedades residenciales. De hecho, la OPAL indicó que la exención estará vigente hasta 2030 y la propuesta de la medida es extenderla hasta el 2040.
Para el año fiscal 2026 Hacienda estimó que el impacto fiscal de la exención ascendería a $31.4 millones, lo que puede ofrecer una perspectiva del recaudo que Hacienda dejará de ingresar en una década y el ahorro que significaba para los dueños de propiedades en ese periodo de tiempo.
El área tercera de impacto fiscal es la exclusión total de los dividendos de corporaciones domésticas sujetas a la contribución alternativa mínima. De hecho, la OPAL comentó que, aunque esta exención pudiera representar una reducción en recaudos del Fondo General “su efecto fiscal no se pudo precisar por falta de información”.
La ambición fue la “pastilla venenosa”
El ex presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Cañellas, lamentó el veto al PS 2100 aunque señaló que la medida pudo contener dificultades técnicas que contribuyeron a que fuera rechazada por el gobernador.
“Es lamentable que no haya sido aprobada porque tenían muchas secciones que simplificaban la radicación de planillas con Hacienda y con los municipios, sobre todo, incluyendo socios no residentes, además de eliminar de tributación de la contribución básica alterna las pensiones calificadas. La extensión de la exención por ingresos de rentas residenciales hasta el 2040 hace sentido. Pero vista la oposición del CCPA, parece que había ciertos asuntos técnicos relacionados a la medida que no fueron atendidos, contribuyendo a que se vetara la misma”, indicó Cañellas.
Cañellas, quien también es abogado y contador público autorizado, señaló que probablemente el defecto de la medida radicó en la gran cantidad de asuntos que pretendió atender con enmiendas.
“Pasa a menudo cuando un proyecto de ley es muy ambicioso y quiere cubrir muchas áreas lo que causa una especie de “poison pill” (pastilla venenosa) involuntario que imposibilita que la medida sea aprobada. Una opción era aprobar y luego enmendarla pero no sucedió. También había cierta incertidumbre sobre el costo de la medida y la Junta de Supervisión Fiscal quizás no hubiera permitido su implementación”, indicó.
Entre las principales enmiendas de la medida figuran enmendar la definición de industria o negocio para incluir criterios más objetivos y armonizar la misma con la definición de trabajador a distancia. La medida propone enmendar disposiciones de la contribución básica alterna para eximir al contribuyente de incluir reconciliaciones de gastos e informativas para poder reclamar el gasto en este cómputo.
Exime a las distribuciones en los planes de pensiones
Además, la medida dispone que las distribuciones de planes de retiro (fideicomiso de empleados) sujetas a la tasa de 10% de retención no están sujetas al cómputo de contribución básica alterna.
También se exime a las corporaciones de someter con sus planillas conciliaciones entre el gasto reflejado en libros y las declaraciones informativas. Se exime de contribución alternativa mínima las distribuciones de dividendos de una corporación doméstica, foránea o de ingreso de fomento industrial.
Se amplía y flexibiliza la regla para contribuyentes que desean seguir utilizando el método de contabilidad de recibido y pagado, de forma que a partir del 1 de enero de 2024 se permite el uso de este método para contribuyentes que generan hasta $10 millones.
El proyecto cambia la fecha de radicación de la planilla de entidades conducto para el 31 de marzo al igual que la informativa a los socios. En otra enmienda la medida autoriza al secretario de Hacienda a cambiar la fecha de radicación de las planillas otorgando una prórroga adicional de hasta 6 meses en situaciones de emergencias declaradas por el presidente de los Estados Unidos.
Además, se establece una nueva regla para notificar efectos de reorganización o liquidación de entidades a través de SURI.
Exención a asociaciones de propietarios
La medida amplía los requisitos de comerciantes que tienen que notificar transferencias y transacciones financieras electrónicas y se aclaran las disposiciones de la exención de contribución sobre ingresos que será aplicable a las asociaciones de propietarios.
La medida aclara las definiciones de servicios en las disposiciones del IVU y modifica el concepto de “error matemático” por “ajuste de planilla” y se define el alcance del término “ajuste de planilla”.
El proyecto también establece la regla para el cómputo de la contribución estimada en el caso de corporaciones exentas y se establecen los requisitos para un programa de rehabilitación del contribuyente y las facultades que tendrá el secretario de Hacienda.
Otra propuesta es que se establece un acuerdo colaborativo entre Hacienda y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos con el propósito de consolidar las planillas patronales y procesar las mismas a través de SURI.
