74 F
Puerto Rico
Publicidad

Tribunal Apelativo rechaza revisar sentencia de desacato contra Suiza Dairy

0

Por Miguel Díaz Román

El Tribunal Apelativo denegó una petición de revisión solicitada por Suiza Dairy contra una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan, que el pasado 12 de junio de 2024 encontró incurso en desacato civil a la empresa y le impuso una multa de $500.00 diarios hasta que cumpla con unas órdenes administrativa emitidas por la Oficina para Reglamentar de la Industria Lechera (ORIL).

La determinación del Tribunal Apelativo de San Juan fue emitida el pasado miércoles 25 de septiembre por un panel integrado por los jueces Roberto Rodríguez Casillas, Carlos Salgado Schwarz y Eric Ronda Del Toro.

Los jueces concluyeron que la determinación del TPI constituye “una decisión dentro de la discreción conferida a los tribunales de instancia y a su facultad para manejar los casos de manera razonable y adecuada”.

“No encontramos fundamento para expedir el auto de certiorari. Además, el peticionario no señaló prueba en el expediente tendente a demostrar que el TPI abusó de su discreción o actuó con perjuicio, parcialidad o error manifiesto. En ese sentido, somos del criterio que el foro de instancia no abusó de su discreción ni fue irrazonable en forma alguna. Así, en el ejercicio de la sana discreción que nos permite la Regla 40 del Tribunal Apelaciones, supra resolvemos denegar el presente auto de certiorari”, sostuvo el panel de jueces.

La petición de revisión solicitada por Suiza Dairy involucra cinco órdenes administrativas emitidas por la ORIL el 22 de agosto de 2023 que, fundamentalmente le exigen a Suiza Dairy entregar determinada cantidad de leche cruda a la planta procesadora Indulac.

Ventaja competitiva 

Además, las órdenes alteraron el término fijo de 12 días para la expiración de la leche fresca y establecieron un nuevo periodo de expiración que oscila entre 12 y 16 días. De hecho, tras realizar unas evaluaciones químicas, la ORIL concedió a Tres Monjitas el beneficio de promover su leche fresca con el nuevo periodo de expiración de hasta 16 días.  

Suiza Dairy se había negado a cumplir con las órdenes porque, alegadamente, garantizan una ventaja competitiva a la planta Indulac y a Tres Monjitas. La empresa ha argumentado que las órdenes violan la ley 34 de 1957 o Ley para Reglamentar la Industria Lechera, y la sentencia y el acuerdo alcanzado en el Tribunal Federal en 2013.  

Las órdenes fueron emitidas luego de que la ORIL, cuyo administrador interino lo es el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, enmendó los reglamentos 10 y 5 de la entidad reguladora, los cuales fueron aprobados el pasado 18 julio de 2023.

Ambos reglamentos atienden el manejo de los excedentes y la calidad de la leche, entre otras disposiciones.

Enmiendas a la trágala

Los reglamentos fueron enmendados por González Beiró luego de que, en febrero de 2023, el TPI anuló tres órdenes administrativas emitidas por la ORIL en noviembre de 2022, que tenían como finalidad asignar un suplido sustancial de leche cruda hacia la planta Indulac.

Tras la decisión de Suiza Dairy de no acatar las órdenes, el 1 de septiembre de 2023 la ORIL le solicitó al TPI que obligara a Suiza Dairy a cumplir.

El 7 de septiembre de 2023 Suiza Dairy argumentó al TPI que las órdenes administrativas no procedían y solicitó la paralización del caso mientras el Tribunal Apelativo atendía un recurso de revisión que la empresa había presentado.

En la impugnación ante el Apelativo Suiza Dairy denunció que las enmiendas a los reglamentos 10 y 5 constituyen un desafío de la ORIL a la determinación de ese tribunal emitida en febrero que anuló las tres órdenes administrativas emitidas en noviembre de 2022.

Desacato contra Suiza Dairy

El Tribunal Apelativo desestimó el recurso de revisión instado por Suiza Dairy por falta de jurisdicción el 28 de septiembre de 2023 y un día después, el 29 de septiembre, el TPI aceptó ventilar la petición de la ORIL y ordenó a Suiza Dairy cumplir con las órdenes.

El juez Alfonso Martínez Piovanetti dijo que Suiza Dairy no había solicitado revisar las órdenes que fueron emitidas al amparo de los reglamentos enmendados, tras lo cual dio paso a la solicitud de la ORIL y le advirtió a Suiza Dairy que de no acatar las órdenes se exponía a una pena de desacato.

El 1 de mayo de 2024 la ORIL presentó una “Moción de Desacato” ante el incumplimiento de Suiza Dairy y el 9 de mayo Suiza Dairy presentó su escrito en oposición. El 12 de junio de 2024 el Tribunal de Primera Instancia celebró la vista de desacato, y finalmente ese tribunal encontró incurso en desacato civil a Suiza Dairy.

El juez Martínez Piovanetti explicó que la figura del desacato admite el uso de la multa prospectiva como herramienta para garantizar el cumplimiento. Por ello, decidió imponer una multa diaria y prospectiva de $500.00 a favor de la parte demandante por cada día que Suiza Dairy no cumpla con los términos de la sentencia, la cual contempla las órdenes administrativas vigentes en la actualidad y aquellas que se emitan en el futuro.

Huelga no es impedimento para tribunal

La discusión sobre el desacato de Suiza Dairy tuvo lugar mientras la planta de la empresa en San Juan enfrentaba un conflicto huelgario. El juez pidió a Suiza Dairy que, si no podía cumplir con las órdenes debido a la huelga, debía informar al tribunal.

La empresa informó que el recogido de leche se estaba realizando, pero el juez autorizó que Suiza, Indulac y la ORIL establecieran comunicación para coordinar la recolección de leche en aquellas ganaderías donde los vehículos de Suiza no puedan llegar debido a la huelga. El juez dejó claro que la huelga no será una excusa para incumplir las órdenes.

Suiza Dairy no estuvo conforme con la decisión y presentó el recurso de certiorari ante el Tribunal Apelativo el 12 de julio de 2024 con dos señalamientos principales: que el TPI erró al concluir que estaba impedido de pasar juicio  sobre la validez de las órdenes administrativas en el procedimiento de desacato y que también erró  por no declarar nulas la órdenes de la ORIL, las cuales conceden a las plantas Indulac y Tres Monjitas una ventaja competitiva, lo que viola la ley 34 de 1957 o Ley para Reglamentar la Industria Lechera, y la sentencia y el acuerdo alcanzado en el Tribunal Federal en 2013.

 Finalmente, el 25 de septiembre el Tribunal Apelativo denegó la solicitud de revisión. Ante una petición de SN sobre cuáles serían sus próximos pasos, la empresa indicó que no haría comentarios.

Publicidad

Apagones ponen en peligro reaseguro para pólizas comerciales por rotura de maquinaria

0

Por Miguel Díaz Román

En momentos cuando los clientes del sistema eléctrico en Puerto Rico experimentan interrupciones del servicio que asciende a 24 horas y 8 minutos en promedio al año, las reclamaciones de empresas por rotura de maquinaria debido a las fluctuaciones eléctricas han aumentado hasta el punto que los reaseguradores están registrando pérdidas y no se descarta que suspendan el respaldo a esas pólizas comerciales, según indicó Jaime González Portilla, presidente de Antilles Insurance Company.

González Portilla sostuvo que otras alternativas que podrían considerar los reaseguradores es un alza en el deducible, incrementos de prima, eliminar determinadas áreas de la cubierta o sencillamente demandar que no sean renovadas aquellas pólizas que registren alzas notables en reclamaciones.

Tras el paso del huracán María la cubierta de seguro que ofrece protección contra la rotura de maquinaria por las interrupciones del servicio eléctrico han aumentado considerablemente, según explicó González Portilla.

Pero advirtió que luego de que el país sufrió los efectos de la tormenta tropical Ernesto, que pasó cerca de la costa noreste de Puerto Rico entre el 14 y 15 del pasado mes de agosto, las reclamaciones por rotura de maquinaria en empresas y comercios por los apagones eléctricos se elevaron de manera inesperada.

Aunque la tormenta tropical Ernesto no afectó directamente al país, sus efectos provocaron lluvias copiosas y ráfagas de vientos que causaron inundaciones, múltiples daños y dejaron sin electricidad a más de 900,000 hogares y negocios en Puerto Rico.

Ernesto saca a flote la realidad

De hecho, la tormenta Ernesto desveló el deterioro real del sistema eléctrico y recrudeció el debate sobre el alegado fracaso de la empresa Luma en lograr su rehabilitación, debido a que dos semanas después del paso de la tormenta aún existían numerosos sectores sin servicio eléctrico. Luma administra la infraestructura de distribución y transmisión del sistema eléctrico.

Además, las interrupciones del servicio eléctrico han estado acompañadas de alzas y bajas en el voltaje en aquellos sectores que conservan el servicio o en sectores que lo recuperan súbitamente. Las fluctuaciones de voltaje provocan que los equipos eléctricos de los abonados sufren daños en muchos casos irreparables.

“Nosotros (las aseguradoras) dependemos de los reaseguradores para todo. Para las pólizas de responsabilidad pública, interrupción de negocio (lucro cesante), la cubierta de propiedad y para la de rotura de maquinaria. Esa línea de negocio en Puerto Rico se está viendo afectada desde el huracán María por la pobre condición del sistema eléctrico. Y con Ernesto esto se puso peor. Nosotros tenemos un reasegurador para la cubierta de “equipment breakdown” (rotura de maquinaria) y la experiencia (reclamaciones radicadas) no ha sido la mejor. Si siguen las pérdidas, obviamente, en un momento dado los reaseguradores nos pueden decir que no continuarán reasegurando la línea de rotura de maquinaria”, sostuvo González Portilla.

Alternativas que afectan a los consumidores

Indicó que otras opciones que podrían considerar los reaseguradores antes de suspender el reaseguro a la cubierta comercial de rotura de maquinaria es exigir un alza en el deducible, incrementos de prima, eliminar determinadas áreas de la cubierta o sencillamente demandar que no sean renovadas aquellas pólizas que registren alzas notables en reclamaciones.

En Puerto Rico la aseguradora Multinational ofrece una cubierta para daños en equipos domésticos por fallos del sistema eléctrico con un límite máximo de $5,000, como parte de un “package”, que incluye cubierta para automóvil y vivienda.

González Portilla, quien también es el presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, explicó que tras el paso de Ernesto no se registraron alzas en las reclamaciones por lucro cesante o interrupción de negocio por el colapso del servicio eléctrico debido a que las empresas y comercios han adquirido plantas eléctricas que le permitieron continuar operando en medio de los frecuentes apagones.

No obstante, el ejecutivo señaló que las reclamaciones contra la cubierta de rotura de maquinaria se han disparado, especialmente por los daños causados por los fallos en el servicio eléctrico a los elevadores en edificios comerciales y a los equipos para acondicionar el aire.

“Para que se active una reclamación no puede haber desgaste físico por años de uso. Tiene que ser rotura de maquinaria. Los elevadores y los acondicionadores de aire tienen unos “board” (placas de circuitos eléctricos) que sufren cuando hay alzas y bajas en el sistema eléctrico. Se daña un board de esos y hacen una reclamación bajo la cubierta de cubierta de “equipment breakdown” (rotura de maquinaria) y tienes que pagar”, indicó el ejecutivo.

Aumento en reclamaciones

“Esos reaseguradores de rotura de maquinaria la tiene que estar pasando mal después de Ernesto. Deben estar viendo una frecuencia de pérdidas por el tema de la pobre condición del sistema eléctrico de Puerto Rico”, exclamó González Portilla. Los reaseguradores que ofrecen a las aseguradoras locales cubierta para la póliza de rotura de maquinaria son The Travelers y Hartford Steam Boiler.

Según el informe trimestral sometido por LUMA Energy el pasado mes de julio, los clientes del sistema eléctrico en Puerto Rico experimentan interrupciones del servicio que asciende a 24 horas y 8 minutos en promedio al año.

Este monto de interrupciones es el más alto desde septiembre de 2022, cuando el país sufrió el paso del huracán Fiona. Además, representa un cambio adverso para los abonados, comparado con el trimestre anterior en 2024, cuando el promedio fue de 23 horas y media.

El informe concluyó que los abonados del sistema eléctrico en Puerto Rico experimentan ocho apagones al año, una cifra que excede el promedio de interrupciones en Estados Unidos, que asciende a 2.5 horas anuales y hasta 6.1 horas en caso de que ocurran situaciones inesperadas. Luma ha dicho que la invasión de las líneas eléctricas por la vegetación abundante de la isla es la mayor causa de las interrupciones junto con la obsolescencia de las plantas de generación y la falta de mantenimiento.

Publicidad

Importación de leche podría ser permanente

0

Por Miguel Díaz Román

La importación de leche anunciada por la empresa Tres Monjitas para lidiar con la baja producción local por las altas temperaturas podría convertirse en una medida permanente debido a que la quiebra de vaquerías y la disminución del ganado productor ha causado una reducción en los abastos de leche, según denunció el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega.

Flores Ortega sostuvo que las nuevas políticas impuestas de manera arbitraria por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) este cuatrienio, han causado la desaparición de aproximadamente 45 vaquerías en cuatro años, lo que se ha traducido en una merma significativa en la producción de leche.

El ex secretario explicó que las políticas de la ORIL y de su administrador interino, que lo es también el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, consisten en unos nuevos parámetros de calidad que regulan el contenido bacteriano y de otros elementos que contiene la leche.

Estos nuevos parámetros, que fueron establecidos por medio del reglamento 5, son más rigurosos que los exigidos por el gobierno federal para obtener la clasificación de leche grado A, según indicó el ex secretario.

Sostuvo que, para el 31 de agosto de 2022, cuando ya las bajas temperaturas estaban afectando las vaquerías, la ORIL registró una producción total de leche de 8,134,163 millones de cuartillos.

Pero la producción registrada el pasado 11 de septiembre de 2024 sólo alcanzó 5,791,409 millones de cuartillos, lo que implica una merma en dos años de 2,342,754 millones de cuartillos.

Baja de 1.1 millón de cuartillos

“Nuestra experiencia indica que aproximadamente el 50 % de esa merma obedece a las altas temperaturas. Pero el otro 50 %, es decir, 1,171,377 millones de cuartillos, son el resultado del cierre de vaquerías y de la disminución del ganado productor por las políticas impuestas por la ORIL y por el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, durante este cuatrienio”, indicó Flores Ortega.

“Cuando yo era secretario el pasado cuatrienio habían alrededor de 245 vaquerías y ahora hay cerca de 200 vaquerías, lo que demuestra una reducción en el número de vaquerías y en el número de cabezas de ganado productor. Eso explica la desaparición de 1,171,377 millones de cuartillos que no es el resultado de las altas temperaturas”, dijo Flores Ortega.

Indicó que los nuevos parámetros que impone el reglamento 5 han elevado los costos de producir leche hasta el punto muchos ganaderos se han declarado en quiebra en el Tribunal Federal mientras que otros, sencillamente, han cerrado sus operaciones, lo que también ha contribuido a la reducción en la producción de leche.

Cierran más vaquerías

“Y esto sigue evolucionando porque la semana pasada cerraron tres vaquerías más. Es por esta razón que la importación de leche se ve como una medida que podría ser permanente. La industria lechera, nuestra principal industria agrícola, donde somos autosuficientes, ha sido atacada por estas medidas impuestas por la ORIL y ahora tendremos que importar leche para satisfacer el consumo”, dijo el ex secretario. 

Los nuevos parámetros del reglamento 5 de la ORIL exige para las células somáticas contajes por debajo de 550,000 células por mililitro.

La presencia de células somáticas está relacionada con infecciones y enfermedades en la ubre de las vacas y los técnicos de la ORIL ordenan el decomiso de aquella leche que no cumple con el contaje por debajo de 550,000 células por mililitro.

No obstante, el contaje de células somáticas aceptado por el gobierno federal para obtener la clasificación grado A es de hasta 750,000 células por mililitro.

Leche importada cumplirá

De hecho, Orlando González, gerente general de Vaquería Tres Monjitas, le indicó a SN que la leche que esa propone importar cumple a cabalidad con los parámetros de la ORIL, incluyendo el límite de los 550,000 para células somáticas por mililitro y 70,000 para bacterias totales.

González había expresado al periódico El Vocero que Tres Monjitas ya identificó una planta en el estado de Florida que suplirá sus necesidades de leche cruda en las próximas semanas. El ejecutivo agregó que se propone identificar otras plantas que suplan a la empresa los volúmenes necesarios de leche cruda necesarios para satisfacer el consumo local.

Tres Monjitas es la única procesadora de leche que actualmente suple el mercado de leche fresca debido a que la planta Suiza Dairy cerró sus operaciones para el mercado de leche fresca tras presentar una demanda contra la ORIL y González Beiró en el Tribunal Federal.

Parámetros de ORIL reducen producción

Miembros del sector productor de leche que han conversado con SN revelaron que para evitar los decomisos los ganaderos se han visto obligados a incurrir en altos costos para pagar servicios veterinarios y para adquirir medicamentos.

Además, los nuevos parámetros han contribuido a la reducción de producción de leche debido a que, para evitar los decomisos, las ganaderías han tenido que disponer del ganado que registra alta incidencia de células somáticas.

Flores Ortega señaló que la merma en la producción por las altas temperaturas se había enfrentado en el pasado importando ganado con el fin de aumentar el caudal de leche.  Pero desde inicios de este cuatrienio González Beiró eliminó los incentivos para la importación de ganado de reemplazo.

Esta decisión ha causado una reducción significativa en el número de cabezas de ganado en las vaquerías porque, sin los incentivos del gobierno, resulta muy costosa para los ganaderos la importación de ganado de reemplazo. En la actualidad el costo por cabeza de ganado puede superar los $4,500.

Afectada también la leche UHT

Flores Ortega reconoció que el consumo de leche ha experimentado una reducción, pero señaló que la ORIL deseaba bajar la producción debió establecer límites a la producción que cobijara a todas las vaquerías.

“Pero aquí se ha querido eliminar ganaderos para bajar la producción de leche y esa no es la función de la ORIL”, dijo el ex secretario.

El ex secretario sostuvo que la merma en los abastos de leche afectará también la elaboración de leche UHT, que actualmente realizan las plantas Indulac y Vida. Esta última está ubicada en Aguadilla y pertenece a Suiza Dairy.

“Incluso, los parámetros de la ORIL y González Beiró han afectado a la planta Indulac, que tanto quiso proteger en sus decisiones administrativas. Ahora Indulac tampoco tendrá leche porque no habrá excedentes y para continuar en el mercado de leche UHT tendrán que importar leche”, dijo Flores Ortega.

En su demanda presentada en Tribunal Federal, Suiza Dairy señaló que en los pasados tres años el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico ha declarado nulas ocho órdenes administrativas emitidas por la ORIL y González Beiró, las cuales presentan un patrón destinado a modificar arbitrariamente las regulaciones y alterar el orden de distribución de la leche cruda para favorecer a la planta Indulac.

Publicidad

Presidente del CUD apuesta por el sector privado en desolador panorama económico

0

 Por Miguel Díaz Román

La economía local transita un preocupante curso decreciente, en el que el crecimiento de unas empresas se logra a expensas de arruinar a otras, mientras existen una serie de obstáculos que magnifican los problemas del país como la reducción de la población, el rol de la cultura como impedimento hacia la innovación y la timidez del sector privado en asumir un rol protagónico para encaminar la economía, según sostuvo el doctor Ramón Barquín III, quien es el nuevo presidente electo del Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico (CUD).

Doctor Ramón Barquín III, nuevo presidente electo del Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico.

Barquín III señaló que los líderes del gobierno son incapaces de viabilizar soluciones y apostó por el desarrollo del sector de los servicios como fuente para revitalizar la economía, una transformación que deberán liderar las pequeñas y medianas empresas.

Los planteamientos del presidente electo del CUD fueron realizados durante el conversatorio titulado “El impacto de la tecnología y los cambios en la Educación”, que la pasada semana celebró la Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros.

Incluso, Barquín III también planteó que la educación en Puerto Rico ha fallado en utilizar la tecnología como mecanismo para retener y dispersar el conocimiento.

Destacó que el desarrollo y manejo del conocimiento especializado en sus diversas facetas, como en la tecnología o en la biología, “es el factor de producción hoy por hoy más importante” para reactivar la actividad económica del país.

Robótica como solución

No obstante, señaló que el conocimiento debe estar aplicado a la tecnología, a las telecomunicaciones y la tecnología de informática para que sea una fuente de actividad económica.

Sostuvo que una alternativa que ofrece el desarrollo tecnológico es la robótica, la cual definió como «un elemento mecánico para automatizar operaciones» y que tiene numerosas aplicaciones. Entre esas aplicaciones mencionó utilizar la robótica para sustituir mano de obra.

“La robótica es una alternativa para la mano de obra, que actualmente es un recurso escaso y necesario para la producción”, indicó.

Un tercer elemento para el uso de la tecnología es la impresión tridimensional, que actualmente se utiliza para restaurar los arrecifes de coral ubicados en la costa de San Juan. Barquín III indicó que la impresión tridimensional puede ser un recurso muy útil para restaurar infraestructura crítica.

De hecho, Barquín III es el director de Bluetide, que es una entidad sin fines de lucro dirigida a insertar a Puerto Rico en la llamada economía azul, que involucra el desarrollo de aquellas actividades comerciales que dependen del océano.

Entre esas actividades figura el uso de la impresión tridimensional para restaurar los arrecifes de coral los cuales reducen la energía de las olas y son capaces de minimizar la erosión costera.

“La economía azul representa $2.9 trillones de dólares al año y Puerto Rico participa escasamente de esa economía”, dijo Barquín III.

 El reto demográfico

En el foro, que fue celebrado en el restaurante Antonio, ubicado en el Condado, Barquín III fue el único expositor invitado ante una concurrencia selecta de economistas, empresarios, contables, miembros de la comunidad financiera y de la industria de seguros.

Durante su participación en el foro, Barquín III, realizó una radiografía de los grandes desafíos que enfrenta el país entre los que destacó el llamado reto demográfico que se caracteriza por una reducción significativa en la tasa de natalidad y un incremento de la emigración de puertorriqueños hacía los Estados Unidos.

El llamado reto demográfico ha tenido un impacto adverso en la fuerza trabajadora disponible y en la población estudiantil desde los primeros grados hasta el nivel universitario.

Además, la merma de los jóvenes ha causado un alza en la población envejeciente conforme más individuos alcanzan y superan los 60 años.

Barquín III, destacó que es el sector privado el llamado a buscar solución a los complejos problemas del país, entre ellos la reducción poblacional y criticó que el gobierno haya asumido el rol de impulsar la economía.

Tímido el sector privado

De hecho, el ejecutivo, quien también es el presidente de la Junta de Directores de la Atlantic University, señaló que el sector privado en Puerto Rico ha sido tímido y no ha incursionado en alcanzar un mayor protagonismo en la actividad económica y social del país.

Barquín III planteó que la educación en Puerto Rico ha fallado en utilizar la tecnología como mecanismo para retener y dispersar el conocimiento, lo cual atribuyó a la falta de un “plan coherente de desarrollo económico”.

Indicó que “hay muchas buenas intenciones, pero la falta de un plan coherente de desarrollo económico es porque no hay liderato ni en el sector público ni en el sector privado. El sector privado en Puerto Rico es tímido y es simplemente vago”, indicó Barquín III, quien explicó que el sector privado se ha mantenido contento con su obligación de pagar contribuciones y no ha aspirado a asumir otras responsabilidades, mientras el gobierno desarrolla infraestructura crítica.

Incluso, Barquín III planteó que, a pesar de la masiva inversión de fondos federales en el sistema de educación pública, el sistema ha fallado en utilizar la tecnología en las escuelas por la reticencia cultural de los actores del sistema, una conducta patrocinada por las uniones o asociaciones que operan en el Departamento de Educación.  

Reticencia cultural

“Pueden haber invertido $45,000 millones de dólares en la tecnología en la educación y todavía en las escuelas no hay para tizas, ni para tina para las fotocopiadoras y mucho menos conectividad en las escuelas”, dijo Barquín III.

“Por lo tanto, el uso de la tecnología en la educación para transformar y distribuir el conocimiento en Puerto Rico lo veo desierto, porque el liderato para romper esa resistencia cultural no lo hay”, dijo.

También mencionó que el sistema educativo privado ha carecido de capital para utilizar abrumadoramente la tecnología en sus escuelas debido a falta de estudiantes.

Insistió en que la prioridad de desarrollo en la economía local debe ser el sector de los servicios donde deberá existir una participación principal de las pequeñas y medianas empresas, las cuales “son el sostén de la economía puertorriqueña, de la familia puertorriqueña”.

Incluso, Barquín sostuvo que la economía local transita una etapa decreciente en la que no existe un alza en la inversión mientras los ingresos de las empresas no son sustanciales y provienen de capturar mercado a los competidores.  

Economía “cero suma”

También indicó que no es cierta la información vertida por el gobierno sobre que se ha registrado un alza en el retorno de puertorriqueños que emigraron a los Estados Unidos en los pasados años.

“Dejemos los cuentos de camino y atendamos el problema estructural de la economía de Puerto Rico, que se atiende con liderato y con un plan coherente con ejecución de lo que ya es una tendencia. Este es un mercado “cero suma”, porque como ustedes saben la economía ha dejado de crecer, donde en esencia para Pan American Grain ganar tiene que quitarle a V Suarez. ¿Y entonces cómo se crece? Efectivamente, cuando el mercado es decreciente tengo que robarle al competidor, pero mis posibilidades de éxito son casi nulas”, dijo Barquín III.

De hecho, el presidente del CUD cuestionó la capacidad gerencial de los administradores de la cosa pública ante la realidad de que el gobierno haya sufrido una quiebra financiera estrepitosa a pesar de que más de dos terceras partes de la economía es subvencionada por fondos federales.

Barquín III también cuestionó la contradicción que involucra realizar pagos a los trabajadores en Puerto Rico que superan el mínimo federal, mientras el índice de pobreza local es más bajo que el de Mississippi, que es uno de los estados más pobres de Estados Unidos.

“Seamos realistas, seamos realistas. Empecemos a hablar nuestros problemas como son y a atenderlos desde la empresa privada. Ese es el reto porque los líderes que tenemos no tienen una noción clara para sacarnos del atolladero”, sostuvo.

Raigambre española y católica como problema

Un tema polémico que trató con soltura son los efectos contraproducentes de la fuerte influencia de la cultura española y de la iglesia católica, tras más de cinco siglos de coloniaje español.   

“El problema de Puerto Rico es cultural. En Puerto Rico seguimos pensando que somos el ombligo del mundo. Nuestra mentalidad isleña y nuestra ascendencia española, de las somos todos muy orgullosos, pero la potencia que fue España, ese imperio fue uno oscuro porque la cultura por influencia religiosa, la España católica, apostólica y romana, resistía el conocimiento. Puerto Rico viene de esa estirpe cultural donde no impera la razón. La religión católica fomentó una cultura, tanto en España como en las colonias, donde el desarrollo (económico) no se dio”, dijo Barquín III.

No obstante, Barquín planteó que, tras el cambio de soberanía con la entrada de Estados Unidos en Puerto Rico como poder colonial a partir de 1898, el país sufrió una transformación que ofrece unas oportunidades que debemos aprovechar.

“Nosotros representamos 10 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos. Vamos a dejar nuestra crisis de identidad y vamos a estar orgullosos de nuestra tradición española y vamos a aprovechar la realidad que tenemos, que es a la que aspira mucha gente y no tiene. Saquemos provecho de nuestra capacidad comercial y sacar provecho de los tratados de libre comercio (de Estados Unidos)”, dijo Barquín III.

El ejecutivo también mencionó las numerosas iniciativas de desarrollo económico que ha comenzado el gobierno y algunas han fracasado y otras han quedado inconclusas, como el llamado “superpuerto” que se planificó para la ciudad de Ponce y más de dos décadas después esa iniciativa no se ha concretado, mientras otras naciones de Caribe han desarrollado puertos competitivos como la República Dominicana y Panamá.

Publicidad

Informe Semanal – 20 de Septiembre de 2024

0

Esta semana en Informe Semanal conversamos sobre la pertinencia de que un agente de seguros te recomiende opciones de seguro para tu carro.

Con el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, hablamos sobre varios temas de la agricultura.

El economista José Alameda hablará sobre la reducción de las tasas de interés y sobre el llamado Proyecto 2025 de Donald Trump y la fundación Heritage.

Publicidad

Asegurados comienzan a mostrar interés en que seguros reflejen valor real de sus propiedades

0

 Por Miguel Díaz Román

Cada vez con más ahínco los ciudadanos que tienen aseguradas sus hogares han llamado a sus agentes de seguros o a las aseguradoras con las que han suscrito sus pólizas de propiedad para obtener orientación y garantizar que los límites de su cubierta se ajusten al valor actual de sus propiedades y así evitar que estén subvaloradas.

Jaime González Portilla, presidente de Antilles Insurance Company.

De hecho, se espera que el reciente llamado realizado por la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR) y la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) para que los límites de las cubiertas de seguro de propiedad respondan al valor real de las viviendas motive a los asegurados a revisar sus pólizas.

Manuel Font, presidente saliente de la Asociación de Agentes Profesionales de Seguros de Puerto Rico y el Caribe (PIA por sus siglas en inglés) sostuvo que su organización ha realizado un gran esfuerzo para que los agentes asociados se comuniquen con sus clientes la necesidad de revisar los valores de sus propiedades.

Incluso, indicó que PIA y ACODESE han realizado la campaña “Asegúrate Puerto Rico”, en la que también advierte a los asegurados los efectos adversos de no estar correctamente asegurado.

“Cuando le explicas a los asegurados cómo funciona la póliza ellos entienden. Y esto tiene el otro lado de la moneda porque tiene un costo y obviamente el consumidor dice ´esto me va costar más´. Pero yo les explico que es mejor asegurarse bien que estar mal asegurado, porque cuando venga la reclamación te van a pagar mal. Y es una realidad triste que después de 10 años de comprar tu propiedad le debas aumentar el costo de reconstrucción de $100,000 a $125,000 y eso va a tener un aumento en la prima, pero es mejor estar bien asegurado”, dijo Font.

Aumento en consultas tras la tormenta Ernesto

La ABPR y ACODESE han sostenido que la campaña “Asegúrate que estés asegurado” surge como resultado de un aumento en las consultas realizadas de parte de asegurados y por clientes hipotecarios de los bancos tras el paso de la tormenta Ernesto. 

Las consultas intentaban indagar, según expresaron las organizaciones, sobre los límites de su seguro adecuados para proteger su vivienda al momento de realizar una reclamación.

No obstante, SN exploró en varias aseguradoras sobre la reacción de los asegurados y la respuesta consistente es que ya se están comenzado a recibir peticiones para revisar los límites.

De hecho, la temporada de huracanes termina el próximo 30 de noviembre, lo que implica que la revisión de los límites de la cubierta y del valor de la propiedad es un asunto de vital importancia.

El efecto de la inflación

Además, los huracanes no es la única amenaza catastrófica para las que las pólizas de propiedad ofrecen protección, pues también cubren daños causados por fuego y terremoto.

La ABPR y ACODESE también advirtieron que tener una cubierta adecuada en su seguro de propiedad es especialmente importante porque la inflación ha tenido un impacto sustancial en el costo de los materiales de construcción.  

El economista José García López, quien ha examinado los efectos de la inflación en los materiales de construcción, sostuvo que realizó un estimado sobre el efecto de la inflación en el costo por pie cuadrado para construir una vivienda de interés social, el cual ascendió a 58 %. 

En síntesis, una propiedad con un límite de cubierta que no responda al valor real de la propiedad puede causar efectos adversos al asegurado al momento de enfrentar una pérdida y presentar una reclamación, porque el pago no atenderá adecuadamente el costo de reconstrucción.

“Si has hecho un segundo piso, una piscina o has colocado en tu casa unas placas solares no dejes de llamar a tu agente para que esos cambios se incluyan en tu póliza de seguros. Tu póliza no se puede quedar con el mismo valor de hace 10 años si le has hecho cambios a tu propiedad”, insistió Font.

Responsabilidad de los agentes

Sobre este crucial aspecto el presidente de Antilles Insurance Company, Jaime González Portilla, sostuvo que ACODESE convocó a una reunión a la ABPR para trasladar la preocupación sobre que los límites de las cubiertas de los seguros de propiedad merecían una revisión debido al efecto que ha tenido en el costo de los materiales de construcción la espiral inflacionaria que experimentada por la economía local en los pasados años.

 De hecho, es necesario advertir que los bancos son dueños de determinadas agencias generales, las cuales tramitan con las aseguradoras del país los seguros de propiedad para las hipotecas que venden a sus clientes.  

González Portilla, quien también es el presidente de la Junta de Directores de Acodese, aclaró que no es responsabilidad de las aseguradoras procurar que los límites de las pólizas sean adecuados. Sostuvo que es una responsabilidad de los asegurados y de los agentes de seguros.

 “Son los agentes los responsables de hablar con sus clientes para que los límites sean revisados. Si usted compró una casa hace siete años ya el costo de reconstrucción por pie cuadrado cambió. Por ejemplo, si antes era $150.00 por pie cuadrado, ahora puede estar en $180.00 y ese aumento puede afectar la reconstrucción de una casa si los límites no son adecuados porque lo que pagará la aseguradora no será suficiente para reparar la casa”, dijo González Portilla.

Penalidad onerosa

Señaló que, si el valor de la propiedad aumentó y no fue registrado en la póliza, al momento de una reclamación el asegurador aplicará una penalidad de coaseguro, la cual es sumamente onerosa.

” Si la casa estaba asegurada por $100,000 y debió estar asegurada por $200,000, esa fracción, que equivale a 50 % – 100 entre 200 es 50 %, – quiere decir que al momento de la reclamación te pagarán el 50 % de la reclamación. Por lo tanto, el que tenga asegurada su casa por $100,000 en su póliza y la debe tener en $200,000, pues la debe subir a $200,000”, dijo González Portilla.

Agregó que, en caso de una pérdida total, el asegurado cuya casa estaba asegurada por $100,000 y debió estar asegurada por $200,000 “no va recibir más de $100,000”.

Muchas casas sub aseguradas

“Acodese le llevó la preocupación a la APBR de que muchas casas podrían estar sub aseguradas por el tema de la inflación y a las compañías de seguro le preocupa que, en caso de una catástrofe, los perjudicados serán los asegurados”, indicó el ejecutivo.

“Quien único puede enmendar la póliza o endosarla es el agente o el corredor. Pero la responsabilidad de que los valores sean los correctos es una responsabilidad del agente o corredor. Esa no es una función de las aseguradoras. Lo que sucede es que cuando venga la reclamación, las aseguradoras van a ajustar la pérdida y si la casa está mal asegurada te van a penalizar. Ese fue el mensaje que ACODESE le llevó a la ABPR. Y así fue que surgió el tema de la campaña para que los asegurados se aseguren de que su casa está bien asegurada”, dijo González Portilla.

De hecho, el presidente de Antilles Insurance indicó que el proceso de enmendar la póliza para cambiar el límite puede prescindir de una tasación y aun así ser un proceso rápido y efectivo.

Prescindir de la tasación

“Yo creo que no es tan complicado. Yo compré mi casa hace siete años atrás y en la tasación que debo tener, que es parte de mi hipoteca,  busco el costo por pie cuadrado de construcción. Supongamos que dice $150.00 por pie cuadrado de construcción. Pues yo llamo a mí agente para que confirme cuál es el costo por pie cuadrado de construcción hoy en día.  El agente hizo su trabajo y llamó a un ingeniero y le han dicho que ya no es $150.00 sino $180.00. Con esa información haces el cálculo y solicitas un aumento en el límite del seguro. Puedes hacer una tasación, pero eso te va a costar dinero. Si no quieres pasar por ese proceso puedes hacerlo con el costo por pie cuadrado de construcción hoy en día”, dijo González Portilla.

El ejecutivo indicó que tras obtener un cambio en el límite el asegurado deberá pagar el incremento que este cambio causará en la prima.  “Todo esto es para lograr que, cuando venga la reclamación, te paguen lo que te tienen que pagar. Porque, de lo contrario, te van a penalizar”, sentenció.  

Publicidad

Escasea la leche fresca mientras la ORIL sucumbe en comedia de errores

0

Por Miguel Díaz Román

Los consumidores deberán esperar una merma significativa en la disponibilidad de la leche fresca en el mercado en los próximos días y quizás hasta finales del mes de octubre, debido a que el ganado experimenta una baja en la producción de leche por las altas temperaturas y también por otras circunstancias adversas como la quiebra de vaquerías y la reducción del ganado productor, como resultado de las políticas establecidas por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL).  

De hecho, el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quien también es el administrador interino de la ORIL, admitió el pasado jueves en una entrevista realizada en estación de radio WKAQ, la creciente escasez de leche fresca que se ya se está registrando en las neveras del comercio.

“Estamos en la época de baja producción, así que van a ver un poco de menos disponibilidad de leche, quizás hasta el próximo mes y medio y empieza a normalizarse a finales de octubre”, dijo González Beiró.

En relación con la baja producción de leche la Vaquería Tres Monjitas sostuvo en unas declaraciones escritas que continuará trabajando para garantizar la disponibilidad del producto en el mercado. 

Actualmente Tres Monjitas es la única procesadora de leche fresca activa luego de que la planta Suiza Dairy suspendió el procesamiento de leche fresca tras demandar a la ORIL en el Tribunal Federal de San Juan.

 “Por la reducción en la leche cruda que se recibe en la planta, estamos dando prioridad a la producción de los productos de mayor demanda, en coordinación con el Departamento de Agricultura. Esperamos que, al igual que todos los años, esta situación de baja producción en las fincas se estabilice a finales de octubre, mientras seguimos evaluando opciones con el Departamento de Agricultura para garantizar la disponibilidad de leche fresca en el mercado”, dijo Orlando González, gerente general de Vaquería Tres Monjitas.

No obstante, lo que no dijo el secretario en su entrevista radial es la comedia de errores que cometió la ORIL en los pasados días para enfrentar la baja producción de leche, al emitir una orden administrativa con el objetivo de eximir a los ganaderos de los nuevos parámetros de calidad establecidos por esa entidad reguladora, y un día después esa decisión fue derogada.

Comedia de errores

De acuerdo con una fuente conocedora de las incidencias en la ORIL la orden administrativa derogada tenía la intención de aumentar la cantidad de leche disponible para procesamiento en un periodo de baja producción porque decretó una moratoria en la aplicación de los nuevos parámetros.

Estos parámetros exigen una reducción de bacterias y de las células somáticas en la leche cruda más allá de los parámetros de leche grado A exigidos por el gobierno federal. 

El miércoles 11 de septiembre la ORIL emitió la orden administrativa 2024-48 para decretar una moratoria hasta el 6 de noviembre sobre el parámetro de células somáticas en la leche cruda, según lo dispone el reglamento 5, que exige contajes por debajo de 550,000 células por mililitro. Esta orden fue firmada por González Beiró como administrador interino de la ORIL.

La presencia de células somáticas está relacionada con infecciones y enfermedades en la ubre de las vacas y los técnicos de la ORIL ordena el decomiso de aquella leche que no cumple con el contaje por debajo de 550,000 células por mililitro.

Como resultado de la orden 2024-48 se estaría permitiendo que la leche cruda registrara contajes de hasta 750,000 células por mililitro, que es el rango aceptado para leche grado A por el gobierno federal.

La fuente indicó que la decisión tendría el efecto de detener los decomisos, lo que aumentaría la leche disponible para suplir el mercado de leche fresca.

Pero el jueves 12 de septiembre la ORIL emitió la orden administrativa 2024- 49 cuyo único fin fue derogar la orden administrativa 2024-48. El documento sostiene que la decisión respondió a una petición de los productores de leche para que la leche que llega a los consumidores “sea de la más alta calidad”, según lo dispone el reglamento 5.

El documento no identifica a los ganaderos que, alegadamente, solicitaron detener la moratoria para que continuara rigiendo los nuevos parámetros que impone el reglamento 5.

Una orden no puede enmendar un reglamento

 “Se acogió la petición presentada por entender que ésta obstruye o no tiende a poner en efecto la política pública y los fines de la Ley 34 (Ley para reglamentar la industria lechera) y la reglamentación vigente”, indica la orden administrativa 2024 -49, que también fue firmada por González Beiró.

No obstante, la fuente indicó que la verdadera razón para derogar la orden administrativa 2024- 48 “es que, a última hora, se dieron cuenta de que una orden administrativa no puede enmendar un reglamento. Ya eso ha sido decidido por los tribunales. Fue entonces cuando decidieron derogarla”.   

Sobre estos eventos SN le envió a González Beiró una solicitud para obtener su reacción a través de cuenta de Whatsapp y el funcionario no respondió.

SN supo que, tras la aprobación de la orden administrativa 2024- 48, ya existían ganaderos buscando una representación legal con el fin de demandar a la ORIL por las cuantiosas pérdidas causadas por los nuevos parámetros que impone el reglamento 5.

De hecho, para evitar los decomisos, los ganaderos se han visto obligados a incurrir en altos costos para pagar servicios veterinarios y para adquirir medicamentos. Además, los nuevos parámetros han contribuido a la reducción de producción de leche debido a que las ganaderías han tenido que disponer del ganado que registra alta incidencia de células somáticas para evitar los decomisos.

No al ganado de reemplazo

La merma en la producción por las altas temperaturas se había enfrentado en el pasado importando ganado con el fin de aumentar el caudal de leche, pero desde inicios de este cuatrienio González Beiró eliminó los incentivos para la importación de ganado de reemplazo.

Esta decisión ha causado una reducción significativa en el número de cabezas de ganado en las vaquerías porque, sin los incentivos del gobierno, resulta muy costosa para los ganaderos la importación de ganado de reemplazo. En la actualidad el costo por cabeza de ganado puede superar los $4,500.

Los nuevos parámetros que impone el reglamento 5 también han elevado los costos de producir leche hasta el punto muchos ganaderos se han declarado en quiebra en el Tribunal Federal mientras que otros, sencillamente, han cerrado sus operaciones, lo que también han contribuido a la reducción en la producción de leche.

 Además, el cierre de la planta Suiza Dairy, una decisión que se ha interpretado como la respuesta de la empresa a las arbitrariedades reglamentarias impuestas por la ORIL durante de dirección de González Beiró, promete causar graves problemas cuando la producción de leche aumente en el invierno por las bajas temperaturas, y la planta Tres Monjitas no pueda acopiar toda la producción debido a sus limitaciones en tamaño.

Más problemas para la ORIL

El pasado 3 de mayo Suiza Dairy radicó en el Tribunal Federal de San Juan moción de desacato contra la ORIl y González Beiró por, alegadamente, incumplir un acuerdo alcanzado en ese tribunal en 2013, que incluye el reglamento 12, el cual fue anexado a una sentencia emitida por el juez federal Daniel Dominguez.

 El citado acuerdo obliga a la ORIL a garantizar una ganancia adecuada a los integrantes de la industria lechera, especialmente a las plantas procesadoras, tras realizar evaluaciones económicas anuales y un amplio estudio cada cuatro años.

Suiza Dairy sostiene en la moción que ha perdido $172 millones por los incumplimientos de la ORIL. 

Pero este no es el único problema que enfrenta la ORIl y González Beiró. Tan reciente como el pasado 9 de septiembre la ORIL acudió al Tribunal Supremo de Puerto Rico con una petición para que se revise una sentencia del Tribunal de Apelaciones de San Juan que anuló una sanción impuesta por la agencia reguladora contra un ganadero.

En esa sentencia el Tribunal de Apelaciones dejó sin efecto un dictamen de la ORIL contra el ganadero Jesús R. Díaz González, a quien se le impuso el pago de $16,770.40 por, alegadamente, causar la contaminación por bacterias de 16,968 cuartillos de leche almacenada en un tanque de un camión de recogida del producto de Tres Monjitas.

Demandas a la vista

El Tribunal de Apelaciones sostuvo que ORIL actuó incorrectamente al aplicar al ganadero una pena por analogía. Es decir, imponer una penalidad dispuesta para una determinada acción a unos hechos que son similares o análogos.

El artículo 8 del reglamento 5 de la ORIL dispone claramente que un ganadero vendrá obligado a pagar el costo de aquella la leche decomisada de un tanque porque se depositó leche cruda contaminada con antibiótico, drogas, inhibidores, adulterantes, crioscopia o por exceder el límite de acidez. No obstante, la reglamentación no considera imponer esa penalidad si la leche cruda depositada en el tanque no cumple con el conteo bacteriano reglamentario.

Si el Tribunal Supremo avala la determinación del Tribunal de Apelaciones se abre un nuevo escenario en el que decenas de ganaderos podrían demandar al gobierno en busca de una compensación por daños económicos, debido a que la ORIL también los obligó a pagar miles de dólares por la leche decomisada que contenía los tanques de recogida, luego de que se determinara que sus entregas registraban altos contajes de bacterias.

Publicidad

Cierran oficina del Negociado de Impuesto al Consumo en medio de hermética investigación

0

Por Miguel Díaz Román

En momentos cuando la atención de los medios de comunicación se ha centrado en el tramo final de la campaña electoral del país, la oficina del Negociado de Impuesto al Consumo (NIC) en el edificio central del Departamento de Hacienda en Puerta de Tierra, la entidad que gestiona el cobro del IVU que es una de las fuentes de recaudos más importante del gobierno en este momento, ha sido precintada en medio de una investigación administrativa que fue confirmada por la agencia fiscal.

Además, en medio de la citada investigación administrativa, la directora del NIC, Griseida Cardona Machuca, ha dejado de asistir a cumplir las responsabilidades de su cargo.

De acuerdo con fuentes de SN, aproximadamente un mes atrás la oficina del NIC en el tercer piso del edificio Intendente Ramírez en Puerta de Tierra fue sellada con una banda plástica de color amarillo que tiene impresa el logo de Hacienda, en una acción que ha causado una gran consternación en el entorno administrativo de la agencia.

Desde entonces a Cardona Machuca no se le ve en la agencia mientras el secretario Interino de Hacienda, Nelson Pérez Méndez, y sus subalternos se han mantenido herméticos en relación a los motivos de la investigación, según indicaron las fuentes.

La pesquisa administrativa levanta numerosas interrogantes porque el NIC ha sido responsable de gestionar la segunda fuente de mayores recaudos del Fondo General después de la contribución sobre ingresos, ya que el pasado año fiscal el IVU generó $3,691,148 millones.

De hecho, la investigación administrativa contra el NIC acontece luego de que el pasado mes de diciembre un Gran Jurado Federal en el Tribunal Federal de San Juan emitió una acusación contra tres agentes de rentas internas de Hacienda, quienes, alegadamente, aceptaron los sobornos realizados por un gestor de empresas importadoras de vehículos de motor, quien también fue acusado.

El amplio espectro del NIC

No está claro si la pesquisa administrativa está relacionada con las acusaciones radicadas por el Gran Jurado Federal.

No obstante, el NIC tiene un amplio espectro de responsabilidades contributivas porque además de administrar el IVU también maneja los arbitrios especiales, el negociado de bebidas alcohólicas, un organismo que tiene jurisdicción en los arbitrios a la producción de licor, cervezas y a la importación de bebidas alcohólicas, las licencias de negocios para la venta de bebidas alcohólicas y las máquinas de juegos.

Además, el NIC tiene facultad en los impuestos que aplican a la celebración de espectáculos y las licencias para los productores de espectáculos.

En unas escuetas expresiones escritas realizadas a petición de SN, la portavoz del Departamento de Hacienda, Vilmar Trinta Negrón, confirmó la investigación administrativa en el NIC, pero no abundó sobre las causas que la motivaron.

«El Departamento de Hacienda realiza procesos de evaluaciones e investigaciones administrativas de manera ordinaria y continua en diferentes áreas, según sea necesario. Actualmente, el Departamento realiza una investigación interna en el Negociado de Impuesto al Consumo. Por tratarse de un proceso administrativo en curso y para asegurar la integridad y confidencialidad que rigen estos procesos, no ofreceremos detalles en estos momentos», sostuvo Trinta Negrón.

Hacienda hace mutis sobre la ausencia

La portavoz de Hacienda no ofreció información sobre sí Cardona Machuca es parte de la investigación administrativa y tampoco explicó las razones que explican la ausencia de la funcionaria en la agencia. Trinta Negrón indicó que, antes de responder a nuestra petición para que se explicara la ausencia de Cardona Machuca, debía consultar con la división de recursos humanos de Hacienda.

Las acusaciones radicadas por el Gran Jurado Federal el pasado mes de diciembre de 2023 revelaron que los alegados sobornos pagados por el gestor de los importadores de vehículos tenían como objetivo reducir el monto del arbitrio que se le impone a los automóviles importados nuevos o usados, a través de un esquema de fraude que básicamente se realizaba al ingresar un número incorrecto de la transacción en el Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI).  

Este falso error obligaba a revisar la declaración del pago del arbitrio, una oportunidad que se utilizó para modificar el monto a pagar por el importador.  

El gestor de los importadores de vehículos fue identificado en la acusación federal como Ariel Pintado Montalvo, mientras que los agentes de rentas internas que recibieron miles de dólares en sobornos a Antonio Silva Rodríguez, Héctor Vázquez Barroso y Doris Bonilla Valle.

Directora del NIC en controversias

La gestión de Cardona Machuca frente al NIC no ha estado exenta de controversias, pues en 2019 el Colegio de Productores de Espectáculos Públicos denunció la falta de diligencia por parte de la funcionaria, quien para entonces fungía como directora interina.

En aquel momento se denunció que la funcionaria improvisaba arbitrariamente con la reglamentación y, alegadamente, imponía determinados requisitos a los productores de espectáculos que aumentan sus costos de operación sin demostrar una base estadística que justificara esas decisiones.  

Otra queja fue que la funcionaria ordenaba investigaciones sin que a los productores se les notificara la causa.

Con poco éxito pesquisas de Hacienda

Lamentablemente los actos de soborno y corrupción han estado presentes cada vez con más frecuencia  en la historia del NIC y de los agentes de rentas internas. En 2017 la fiscalía federal radicó cargos por extorsión y soborno contra los ex agentes de rentas internas Edwin Aponte Hernández y Eduardo Collazo Torres.

Ambos ex funcionarios se declararon culpables en 2018 en relación con la devolución de tres máquinas de entretenimiento para adultos que fueron confiscadas por tener las licencias expiradas. Los ex agentes de rentas recibieron $1,500 a cambio de devolver las máquinas, según concluyó la investigación realizada por el Negociado Federal de Investigaciones.

No obstante, muchas de las investigaciones administrativas que realiza Hacienda contra sus empleados no logran los resultados esperados y en numerosas ocasiones los imputados pueden retornar a sus puestos luego de varios años de suspensión. De hecho, en determinados casos Hacienda se ha visto obligada a pagar a estos empleados miles de dólares en salarios retroactivos.

Publicidad

Gobernador veta medida extendía hasta el 2040 exención a los ingresos por alquiler de viviendas y que eximía de contribuciones a las pensiones calificadas

0

Por Miguel Díaz Román

El gobernador Pedro Pierluisi impartió un veto de bolsillo a una importante medida que introducía numerosas enmiendas técnicas que intentaban simplificar el sistema contributivo del país con el fin de garantizar ahorros a los contribuyentes tanto en trámites como en costos y que, además, extendía hasta el 2040 la vigencia de la exención a los ingresos provenientes del arrendamiento de propiedades residenciales.

De hecho, el Departamento de Hacienda estimó que para el año fiscal 2026 la exención a los ingresos provenientes del arrendamiento de propiedades representará un ahorro para los dueños de propiedades de $31.4 millones.

Además, la medida disponía que los municipios podrían acceder al sistema digitalizado contributivo SURI del Departamento de Hacienda para integrar el cobro del IVU municipal y la patente municipal, que recoge la declaración de volumen de actividad económica de los negocios ubicados en los municipios.

La medida también proponía impedir que las distribuciones de planes de pensiones calificados estuvieran sujetas a la contribución básica alterna de 10 %y que la contribución alternativa mínima no cobijará a los dividendos de corporaciones domésticas. El impacto fiscal de estas dos propuestas no fue divulgado en el análisis legislativo de la medida.

Se desconocen las razones que motivaron al gobernador para emitir un veto de bolsillo al Proyecto de la Cámara 2100, que fue radicado por el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez junto con la delegación del Partido Popular Democrático y miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista.

El veto de bolsillo se configura cuando han pasado 30 días desde que la legislatura envió a la Fortaleza una medida aprobada y el gobernador no actúa sobre ella. Además, el veto de bolsillo tiene la característica de que el Primer Ejecutivo no tiene que ofrecer explicaciones sobre por qué no avaló la medida.

El PC 2100 fue enviado a la Fortaleza el pasado 2 de agosto, lo que implica que los 30 días requeridos para el veto de bolsillo se cumplieron el pasado 31 de agosto.

Un «primer paso»

Del debate legislativo que generó la medida se desprende que la presidenta del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA), Edmy Rivera Colón, presentó varias objeciones a las propuestas de la medida, aunque calificó el PS 2100 como “un primer paso” hacia una reforma contributiva integrada.

Aunque Rivera Colón no se opuso totalmente al proyecto, tampoco hubo un respaldo absoluto, lo cual pudo tener un impacto en la decisión del gobernador porque los comentarios del CCPA suelen tener repercusiones tanto en la Legislatura como en el Ejecutivo, cuando se trata de asuntos contributivos.

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) realizó un análisis y concluyó que la medida tendrá un efecto fiscal en tres áreas principales, pero no presentó un estimado de ese impacto fiscal. Según el análisis de la OPAL, la primera área de impacto fiscal comprende las enmiendas técnicas que propone el proyecto porque pudieran representar “un ahorro al gobierno en términos de fiscalización y a los contribuyentes en términos de mayor simplificación”.

El segundo factor de impacto fiscal es la exención de los ingresos provenientes del arrendamiento de propiedades residenciales. De hecho, la OPAL indicó que la exención estará vigente hasta 2030 y la propuesta de la medida es extenderla hasta el 2040.

Para el año fiscal 2026 Hacienda estimó que el impacto fiscal de la exención ascendería a $31.4 millones, lo que puede ofrecer una perspectiva del recaudo que Hacienda dejará de ingresar en una década y el ahorro que significaba para los dueños de propiedades en ese periodo de tiempo.

El área tercera de impacto fiscal es la exclusión total de los dividendos de corporaciones domésticas sujetas a la contribución alternativa mínima. De hecho, la OPAL comentó que, aunque esta exención pudiera representar una reducción en recaudos del Fondo General “su efecto fiscal no se pudo precisar por falta de información”.  

La ambición fue la «pastilla venenosa»

El ex presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Cañellas, lamentó el veto al PS 2100 aunque señaló que la medida pudo contener dificultades técnicas que contribuyeron a que fuera rechazada por el gobernador.

“Es lamentable que no haya sido aprobada porque tenían muchas secciones que simplificaban la radicación de planillas con Hacienda y con los municipios, sobre todo, incluyendo socios no residentes, además de eliminar de tributación de la contribución básica alterna las pensiones calificadas. La extensión de la exención por ingresos de rentas residenciales hasta el 2040 hace sentido. Pero vista la oposición del CCPA, parece que había ciertos asuntos técnicos relacionados a la medida que no fueron atendidos, contribuyendo a que se vetara la misma”, indicó Cañellas.

Cañellas, quien también es abogado y contador público autorizado, señaló que probablemente el defecto de la medida radicó en la gran cantidad de asuntos que pretendió atender con enmiendas.

“Pasa a menudo cuando un proyecto de ley es muy ambicioso y quiere cubrir muchas áreas lo que causa una especie de “poison pill” (pastilla venenosa) involuntario que imposibilita que la medida sea aprobada. Una opción era aprobar y luego enmendarla pero no sucedió. También había cierta incertidumbre sobre el costo de la medida y la Junta de Supervisión Fiscal quizás no hubiera permitido su implementación”, indicó.

Entre las principales enmiendas de la medida figuran enmendar la definición de industria o negocio para incluir criterios más objetivos y armonizar la misma con la definición de trabajador a distancia.  La medida propone enmendar disposiciones de la contribución básica alterna para eximir al contribuyente de incluir reconciliaciones de gastos e informativas para poder reclamar el gasto en este cómputo. 

Exime a las distribuciones en los planes de pensiones

Además, la medida dispone que las distribuciones de planes de retiro (fideicomiso de empleados) sujetas a la tasa de 10% de retención no están sujetas al cómputo de contribución básica alterna. 

También se exime a las corporaciones de someter con sus planillas conciliaciones entre el gasto reflejado en libros y las declaraciones informativas. Se exime de contribución alternativa mínima las distribuciones de dividendos de una corporación doméstica, foránea o de ingreso de fomento industrial. 

Se amplía y flexibiliza la regla para contribuyentes que desean seguir utilizando el método de contabilidad de recibido y pagado, de forma que a partir del 1 de enero de 2024 se permite el uso de este método para contribuyentes que generan hasta $10 millones. 

El proyecto cambia la fecha de radicación de la planilla de entidades conducto para el 31 de marzo al igual que la informativa a los socios. En otra enmienda la medida autoriza al secretario de Hacienda a cambiar la fecha de radicación de las planillas otorgando una prórroga adicional de hasta 6 meses en situaciones de emergencias declaradas por el presidente de los Estados Unidos. 

Además, se establece una nueva regla para notificar efectos de reorganización o liquidación de entidades a través de SURI.

Exención a asociaciones de propietarios

La medida amplía los requisitos de comerciantes que tienen que notificar transferencias y transacciones financieras electrónicas y se aclaran las disposiciones de la exención de contribución sobre ingresos que será aplicable a las asociaciones de propietarios. 

La medida aclara las definiciones de servicios en las disposiciones del IVU y modifica el concepto de “error matemático” por “ajuste de planilla” y se define el alcance del término “ajuste de planilla”. 

El proyecto también establece la regla para el cómputo de la contribución estimada en el caso de corporaciones exentas y se establecen los requisitos para un programa de rehabilitación del contribuyente y las facultades que tendrá el secretario de Hacienda. 

Otra propuesta es que se establece un acuerdo colaborativo entre Hacienda y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos con el propósito de consolidar las planillas patronales y procesar las mismas a través de SURI.

Publicidad

Fracaso del sistema educativo demuestra fracaso del contrato social

0

Por doctor Edgar León

En Puerto Rico la Constitución garantiza a los ciudadanos el derecho a una educación de calidad, un derecho que ha sido fundamentalmente ignorado durante décadas.

 El contrato social que el gobierno ha establecido con su pueblo —la promesa de preparar a los estudiantes para un futuro exitoso— ha sido violado sistemáticamente. Mientras nos concentramos en cancelar contratos como el de LUMA, el proveedor de electricidad, poco se ha hablado de la necesidad de cancelar el “contrato” del Departamento de Educación y su administración.

 El sistema educativo tal como está, ha fracasado en su misión. En lugar de formar líderes y emprendedores con habilidades competitivas en el mercado global, está produciendo una población ignorante, diseñada para ser empleada por otros en lugar de crear sus propios negocios.

 Este currículo, lejos de capacitar a los jóvenes para liderar, los prepara para ser parte de una maquinaria laboral que no fomenta la creatividad ni la independencia. El modelo educativo actual limita el pensamiento crítico, y en muchos casos, impide el progreso de aquellos que realmente desean aprender.

 Este fracaso del sistema educativo ha permitido que la clase política mantenga el control sobre la población, utilizando la ignorancia como herramienta para gobernar con el miedo. Las decisiones políticas que afectan el bienestar y el futuro del país rara vez encuentran resistencia cuando las personas carecen de las herramientas necesarias para evaluar y comprender su entorno.

 El problema se agrava aún más con la naturaleza corrupta y burocrática del Departamento de Educación. El dinero destinado a la educación se desvía hacia contratos innecesarios, alquileres de edificios y una inmensa red de empleos administrativos con vínculos políticos, en lugar de destinarse al desarrollo de un sistema de enseñanza eficaz.

 La educación compulsoria, que debería ser una solución, en cambio se ha convertido en una carga, atrapando a estudiantes en un sistema que no les permite avanzar ni desarrollar su máximo potencial.

Aún peor, se culpa a los maestros del fracaso de los estudiantes cuando de por sí, no los dejan enseñar y le ponen de camisa de fuerza un currículo estéril, los obligan a pasar de grado a estudiantes que no saben leer, le quitan tiempo lectivo para completar actividades administrativas y papeleo auto creado por la administración central.

 Este mal manejo de los recursos convierte al Departamento de Educación en la “gallina de los huevos de oro” para otras agencias gubernamentales, que, al igual que el propio Departamento de Educación, no cumplen con el contrato de proveer los servicios para los cuales fueron creadas.

 Puerto Rico necesita un cambio radical e inmediato. Es imperativo cerrar el actual sistema educativo y comenzar desde cero, con un plan que ponga el 90% del presupuesto en manos de los maestros y en la enseñanza directa, y no en la administración burocrática con procesos de papel.

 Necesitamos un sistema que fomente la innovación, el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades reales que sean útiles en un mundo globalizado, donde los jóvenes se sientan felices, y puedan ser no solo empleados si desean, sino también líderes, empresarios y ciudadanos capaces de transformar su sociedad.

 Los estudiantes hace 30 años aprendían a cocinar, a construir con madera, a jugar con programas deportivos en los planteles, a bregar con sistemas eléctricos simples y con electrónica. Ahora solo es una cárcel donde son obligados a memorizar un contenido aburrido que viene del extranjero y que no aplica al niño de Puerto Rico.

 Peor aún, se gastan dos semanas de periodo lectivo en la preparación de un examen estandarizado que no sirve para nada y que constantemente salen peor los estudiantes.

 Solo cuando prioricemos la educación y dejemos de despilfarrar fondos en intereses políticos, en salarios y contratos para los que corren las campañas de los partidos en el poder y burocráticos, podremos comenzar a revertir los años de daño que se ha hecho a la población puertorriqueña. La educación debe ser la columna vertebral de nuestra sociedad, no el último eslabón en una cadena de corrupción y negligencia.

Publicidad