Por Miguel Díaz Román
En lo que se perfila como una nueva controversia que podría revelar si la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) durante la gestión de Alexander Adams Vega protegió el bolsillo de los consumidores, la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG) acudió al tribunal a reclamar que se revele el contenido de un acuerdo confidencial alcanzado entre la OCS y el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation (Swiss Re).
El asunto trae cola porque no están claras las razones por las cuales la OCS solicitó que el citado acuerdo se mantuviera en confidencialidad, a pesar de que su objetivo es allegar “una suma sustancial de dinero”, al caudal para el pago de reclamaciones de la desaparecida aseguradora Real Legacy Assurance.
El pasado 2 de enero de 2025 la AG radicó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una moción que le solicita al tribunal que emita una orden “para acceder a documento designado confidencial”.
La moción fue presentada por el licenciado Eric Negrón, quien integra el bufete especializado en asuntos de seguros, Rexach & Picó LLC, que es el representante legal de la AG. El licenciado Rafael Rocher, es el director ejecutivo de la AG.
Desde que la OCS inició la liquidación de Real Legacy en 2019, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan opera como Tribunal Supervisor del proceso de liquidación, lo que implica que todas las acciones que tome la OCS relacionadas con la liquidación tiene que ser informadas y avaladas por el tribunal.
De hecho, al momento de la liquidación de Real Legacy, Swiss Re mantenía determinados contratos de reaseguro con la aseguradora cuyos detalles aún no se han dilucidado en el tribunal.
Dudas sobre la confidencialidad
En determinados sectores de la industria de seguros la exigencia de confidencialidad establecida por la OCS ha alimentado las dudas sobre sí el acuerdo en realidad pretende favorecer a los asegurados afectados por la liquidación de Real Legacy o, sí por el contrario, resultó en un beneficio económico para Swiss Re.
En su moción la AG expresa con claridad su preocupación sobre la posibilidad de que la OCS haya cerrado un acuerdo que no logre comprometer a Swiss Re con un pago sustancial, lo que causaría la necesidad de decretar una derrama entre las aseguradoras que son miembros de la AG.
“La AGSM tiene un interés particular en tal divulgación toda vez que los cobros de reaseguros representan una importante entrada de fondos al caudal de liquidación; y, por ejemplo, en la medida que se maximice tal cobro disminuyen las probabilidades de que sea necesaria en esta liquidación la imposición de otra derrama a los aseguradores miembros de la AGSM, lo cual conllevaría que a su vez dichos aseguradores impongan recargos en las pólizas de sus asegurados para recuperar las cantidades desembolsadas en la derrama”, sostiene la AG en su moción.
Para recuperar el dinero invertido en una derrama impuesta por la AG, las aseguradoras están autorizadas por el Código de Seguros a imponer aumentos de prima, los cuales siempre terminan pagando los consumidores. Tras la intervención en Real Legacy la OCS autorizó a la AG a imponer una derrama de $11 millones en diciembre de 2019 a los aseguradores activos en el mercado local.
Petición urgente
El 27 de septiembre de 2024 la OCS radicó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una solicitud “urgente ” en la que informó al Tribunal que había logrado un acuerdo con Swiss Re que era beneficioso para los asegurados de Real Legacy.
Además, en la citada moción la OCS le solicitó al Tribunal que se conserve en confidencialidad el documento que contiene los elementos del acuerdo.
La solicitud fue presentada por el licenciado Juan Carlos Garay Massey, quien representa a la OCS.
De hecho, la petición de la OCS no revela la cantidad de dinero que Swiss Re se comprometió a pagar para compensar a los asegurados de Real Legacy. No obstante, de acuerdo con el estado financiero de Real Legacy presentado por la OCS en el tribunal en junio de 2023, la cantidad de reaseguro pendiente de cobro era de $16.8 millones.
Lo que sí ofrece la petición de la OCS son unas parcas explicaciones para justificar la confidencialidad del documento que en realidad han alentado más los cuestionamientos y los reclamos para que el documento esté accesible públicamente.
Repercusiones que no están claras
En la petición Garay Massey alega que el acuerdo es favorable porque “allega una suma sustancial de dinero al caudal” para el pago de reclamaciones de los asegurados de Real Legacy.
También señala “que es un acuerdo justo y razonable para las partes” y finalmente le pide al tribunal que el documento se mantenga confidencial “dado el contenido de éste, las repercusiones y la información que contiene”.
Incluso, Garay Massey le indicó al tribunal que la urgencia de su petición respondía a la necesidad de que el acuerdo debía ser efectivo en el “trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2024”.
No obstante, la petición de la OCS no aclara qué factores incidieron para que sea necesario aprobar el acuerdo en ese trimestre en particular.
La petición de la OCS no ofrece una explicación más amplia que permita tener una idea sobre el contenido del documento y por qué es necesario mantenerlo en confidencialidad.
Además, la petición carece de un argumento que le permita al Tribunal entender porqué la difusión pública del documento podría generar unas “repercusiones”, las cuales tampoco son explicadas debidamente y cómo estas podrían afectar el pago de reclamaciones a los asegurados de Real Legacy, que, en última instancia, es la finalidad del acuerdo.
A pesar de esas lagunas, el 10 de octubre de 2024 el Tribunal avaló la petición de la OCS.
Incomprensible la petición
De hecho, de la moción presentada por la AG se desprende que para el cuerpo directivo de la entidad es incomprensible que se le haya impedido tener acceso al documento, debido a que el organismo tiene la responsabilidad en ley de pagar las reclamaciones de Real Legacy hasta un máximo de $300,000, lo que implica que parte de sus funciones es conocer las cantidades de dinero que la OCS, como liquidador, aporta al caudal con el fin de hacer una planificación adecuada del proceso de pago.
“No encontramos justificación para que una agencia pública, como lo es la Oficina del Comisionado de Seguros, en sus actuaciones bajo el Capítulo 40 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. secs. 4001 et seq., mantenga confidencial un Acuerdo cuyo propósito es de suponer sea el de allegar los máximos recaudos posibles a la liquidación de Real Legacy, para beneficio de los acreedores del caudal y a fin de cuentas de todos los consumidores. Téngase en cuenta que la AGSM es con toda seguridad el mayor acreedor del caudal de Real Legacy, dado que su función primordial es la de pagar reclamaciones de los tenedores de pólizas del asegurador en liquidación, convirtiéndose en un acreedor contra dicho caudal por el monto de los dineros invertidos en esa gestión, incluyendo los gastos incurridos en el proceso”, explica la moción de la AG.
La AG también sostiene en la moción que para solicitar la confidencialidad del acuerdo la OCS no citó una ley o un reglamento que avale la pertinencia de no revelar el contenido del acuerdo con Swiss Re. La OCS tampoco convocó privilegios evidenciarios, ni alertó sobre la posibilidad de que la difusión pública del documento podría afectar los derechos de terceros.
“Las generalidades sobre posibles “repercusiones”, sin referirse a algo o alguien específico, resultan insuficientes para mantener dicha confidencialidad”, alegó la moción de la AG.
Sin respaldo legal la confidencialidad
Incluso, la moción de la AG señala que no existen elementos que respalden la confidencialidad reclamada por la OCS en la ley 141 de 2019 o ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública y la ley 5 de 1955 o Ley de Administración de Documentos Públicos.
Otra advertencia de la AG es que el acuerdo de la OCS con Swiss Re es un documento público según lo define la Ley de Administración de Documentos Públicos, y la jurisprudencia existente ha reconocido determinadas excepciones al deber de divulgar documentación pública, las cuales no han sido convocadas por la solicitud de la OCS.
Estas son: que una ley o un reglamento declare específicamente su confidencialidad; la comunicación esté protegida por alguno de los privilegios evidenciarios; la revelación de información puede lesionar derechos fundamentales de terceros; o cuando se trata de la identidad de un confidente del gobierno o de información oficial conforme a las reglas de evidencia.