Detallistas claman por justicia tras 17 años sin que precio de la leche reconozca alza en margen de ganancias

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Por Miguel Díaz Román

En momentos cuando se desconoce cuál será el aumento en  el precio de la leche que finalmente decretará la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), el sector de los detallistas y mayoristas, entre los que figuran de las cadenas de supermercados  y los Cash & Carry, aspiran a que se les haga justicia después de que en 17 años su márgen de ganancias no ha sido revisado.

Tanto el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Ramón Barquín, y el licenciado Manuel Reyes Alfonso, quien es vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), aspiran  a que la ORIL rompa con un patrón adverso que no le ha reconocido aumentos al margen de ganancia de los detallistas desde 2008, lo que suma 17 años.

«Lo que queremos es un trato justo. Y es en el mejor interés de toda la cadena.Hemos estado en comunicación con el secretario de Agricultura anterior (Ramón González Beiró ) y con el actual (Josué Rivera Castro) . Ellos reconocen la injusticia. Veremos si la atienden», indicó Reyes Alfonso.

Barquín reveló que confía en que finalmente la ORIL se apresta a conceder un aumento justo para el sector de los detallistas. 

Si los supermercados no pueden…

“Si los supermercados de mayor tamaño no pueden sufragar los costos, realmente el detallista minoritario, de menor tamaño puede mucho menos. Yo veo desde el inicio la intervención del estado con mucha suspicacia. Lo que debería haber genuinamente es una menor intervención del estado y que los precios de la leche respondan genuinamente a los mandatos del mercado y no a las políticas populistas y socialistas de control de mercado”, dijo  Barquín.

Incluso, Barquín sostuvo que la salida de la empresa Suiza Dairy del mercado de leche del país es el resultado de la intervención del gobierno por medio de la regulación de la industria lechera. 

“Toda esta intervención del estado lo que ha traído es un disloque de la industria lechera, ya lo estamos viendo en lo de Suiza Dairy y en el mercado de leche UHT”, agregó Barquín. 

El presidente del CUD sostuvo que mantiene buena comunicación con Rivera Castro y que el funcionario está consciente de los gastos operacionales que padecen los  detallistas.

No obstante,  la tarea enfrenta retos pues el informe exhaustivo de la industria lechera elaborado en la ORIL solo recomienda conceder un alza de 1 centavo al sector de los detallistas, mientras que para el sector de los mayoristas, que distribuyen buena parte de la leche UHT producida en el país,  el documento no hace recomendación alguna.

1 centavo no da

MIDA denunció la escandalosa situación  en una misiva enviada a la ORIL el pasado 10 de julio, en la que reveló que la recomendación de aumentar 1 centavo fue realizada sin ofrecer datos científicos que justifiquen su decisión. 

El márgen bruto de ganancia de los detallistas avalado por la ORIL asciende a 10 centavos y por 17 años no ha experimentado modificación alguna.

Incluso, la carta denuncia que la recomendación de aumento a los detallistas es irracional y demuestra un claro discriminen contra el sector empresarial.

«Después de 17 años, el presente informe otorga 1 centavo adicional como único aumento en costos operacionales. Aunque menciona «proyecciones para el 2020 y 2023″, el documento no provee datos o fuentes de donde surja de forma racional, razonable y científica que dichos costos operacionales no han aumentado en más de 1 centavo en casi dos décadas», indicó en la misiva el licenciado Reyes Alfonso.

Decisión irrracional

De hecho, la carta tilda de «irracional» la recomendación de conceder un alza de 1 centavo ante los incrementos registrados en diversos gastos operacionales.

MIDA destaca el aumento de aproximadamente 28 % registrado por el Índice del Precio al Consumidor entre 2008 y 2023, mientras señala que el aumento promedio experimentado por el renglón de los salarios ascendió a 155 %  entre 2010 y 2023.

De acuerdo con MIDA, por los pasados 17 años la ORIL ha discriminado contra el sector mayorista y detallista, pues todas las revisiones de costo de gasolina, diésel y electricidad han registrado un aumento para las plantas procesadoras y para el sector de los ganaderos, mientras que para los detallistas  estos aumentos no han sido reconocidos. 

MIDA favorece desreglamentación

«Desafía toda lógica, es discriminatorio y carece de fundamento racional alguno que dicho aumento en costo en los mencionados renglones no resulte para los mayoristas y detallistas igualmente, en un aumento de su margen bruto por el mismo período de tiempo», indicó el vicepresidente de MIDA.  

De hecho, Reyes Alfonso sostuvo  que en el 2023 encomendó a la firma Advantage Business Consulting un análisis del margen bruto típico de los supermercados el cual arrojó que en el caso de los productos refrigerados ronda el 27% .

En la  comunicación MIDA también recomendó considerar la desreglamentación del precio a nivel de detallista para estimular la libre  competencia de precios, lo que favorecería la venta del producto y sería del agrado de los consumidores. 

“Según la teoría económica, desreglamentar , no solo podría aumentar la demanda de leche fresca, que ha mostrado una tendencia decreciente en los últimos años, sino también estimular la participación de pequeños detallistas en el mercado. Esto ampliará la oferta y la disponibilidad del producto para los consumidores», sostuvo Reyes Alfonso. 

El ejecutivo planteó que la regulación de la industria lechera resulta más desestabilizadora para la economía en comparación con otras leyes diseñadas para proteger tanto a consumidores como a detallistas. 

Anuncian incentivo

En una reciente comunicación a los ganaderos de parte del sector de leche de la Asociación de Agricultores, se informó que el Departamento de Agricultura (DA) aprobó en los pasados días un incentivo de 10 centavos por cuartillo para atender la pérdida de ingresos de los ganaderos en las ventas de leche cruda destinada a mercados de menor rendimiento.

Este incentivo se une a otro de 15 centavos avalado anteriormente por el DA para atender la misma situación, lo que implica que el incentivo del gobierno para las ventas de leche cruda en el llamado segundo nivel ascienden a 25 centavos por cuartillo.

Una determinación que muy bien podría anticipar lo que la ORIL podría hacer para garantizar que el aumento de la leche que se apruebe no repercuta en el bolsillo de los consumidores.

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Dilatada respuesta del Tribunal sobre acuerdo confidencial con Swiss Re 

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Por Miguel Díaz Román 

Ocho meses después de que la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG) hubiese presentado una solicitud para que se derogue el manto de confidencial que protege un acuerdo alcanzado entre la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation (Swiss Re), la jueza Katarina Stipec Rubio, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, no ha emitido una determinación final sobre este asunto.

La inacción de la jueza Stipec Rubio acontece a pesar de que las partes han radicado amplios argumentos sustantivos a favor y en contra de la petición, la cual ha surgido en el marco del proceso de liquidación de la aseguradora Real Legacy. El Tribunal de Primera Instancia de San Juan figura como tribunal supervisor de la liquidación.

De hecho, no están claras las razones que justifican la dilación de la jueza Stipec Rubio para tomar una determinación sobre esta controversia.

No obstante, la OCS ha presentado una oposición vehemente en contra de que se devele el manto de confidencialidad que protege el acuerdo bajo el argumento de que la intención de la AG es fiscalizar los acuerdos alcanzados por el ente regulador. La OCS ha regido las tareas de liquidación de Real Legacy, según lo dispone el Código de Seguros.

El 27 de septiembre de 2024 la OCS radicó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una solicitud “urgente ” en la que informó haber logrado un acuerdo con Swiss Re que, alegadamente, beneficiaría a los asegurados de Real Legacy. Además, le solicitó al Tribunal que mantenga en confidencialidad el documento. El 10 de octubre de 2024 el Tribunal avaló la petición de la OCS.

Desde que se conoció la petición para que el acuerdo se conserve en confidencialidad, determinados sectores de la industria de seguros han sospechado que la acción de la OCS pretende garantizar un beneficio económico para Swiss Re que podría ir en detrimento de los asegurados afectados por la liquidación de Real Legacy.

De hecho, la AG ha expresado en su escritos de oposición la posibilidad de que la OCS haya cerrado un acuerdo que no logre comprometer a Swiss Re con un pago sustancial, lo que causaría la necesidad de decretar una derrama entre las aseguradoras que son miembros de la AG.

La OCS ha sostenido que existen suficientes recursos para cubrir las reclamaciones, por lo que no será necesario decretar una nueva derrama entre los aseguradores para pagar las reclamaciones.

Por su parte, la AG ha cuestionado la  suficiencia del caudal para satisfacer la totalidad de las reclamaciones, lo que podría representar un duro golpe para los miles de asegurados de la desaparecida Real Legacy,  quienes nueve años después del paso de huracán María, esperan poder cobrar, al menos,  una parte de las pérdidas causadas por el fenómeno meteorológico.

La AG es el organismo destinado a pagar las reclamaciones de las aseguradoras sometidas a liquidación por la OCS.

Tras el inicio del proceso de liquidación de Real Legacy la OCS decretó una derrama entre los aseguradores locales la cual recaudó $11 millones.

Pagan los consumidores

Es importante señalar que las aseguradoras son autorizadas por la OCS para recuperar el dinero que aportaron a la derrama, el cual se recupera por medio de aumentos a las primas de los seguros que pagan los consumidores.

En síntesis la OCS sostuvo que la AG no posee capacidad legal reconocida por el Código de Seguros para cuestionar o impugnar el acuerdo.

Otro argumento de la OCS es que sus actuaciones como liquidador de Real Legacy no pueden considerarse públicas, pues su intervención como liquidador es exclusivamente en representación de una aseguradora privada.

La OCS alega que el capítulo 40 del Código de Seguros establece que los documentos vinculados a un proceso de liquidación no son documentos públicos, sino documentos privados que no están sujetos a las normas que regulan los documentos públicos.

Sin demostrar interés

La OCS ha sostenido que la AG no ha demostrado interés legítimo para solicitar acceso al acuerdo y que sus alegaciones se fundamentan  en especulaciones. La OCS también alega que divulgar el contenido podría afectar futuras negociaciones con otras reaseguradoras.

Por su parte, la AG ha cuestionado la pretensión de la OCS para que se le considere como «un síndico privado”. 

Otro argumento de la AG es que mantener en secreto el acuerdo impedirá que  “los asegurados, reclamantes, acreedores y el público en general”, se enteren de las transacciones millonarias que pudo alcanzar la OCS con Swiss Re. 

Además, la AG entiende que nuestro estado de derecho no tolera que un servidor público en el desempeño de sus funciones pueda avalar  transacciones millonarias bajo un manto de secretividad. 

Entre los últimos eventos relacionados con esta controversia figura que recientemente la OCS respondió a una moción de la AG, en la que la entidad cuestionó determinados aspectos de un estado financiero del proceso de liquidación de Real Legacy. 

Además, la OCS alegó que el reclamo realizado por el bufete de abogados Rexach & Picó, en  representación de la AG, para eliminar el manto de confidencialidad al acuerdo, obedece a que el bufete padece un conflicto de intereses porque entre sus clientes figura el reasegurador Hannover Re, contra la que la OCS tiene una reclamación pendiente. 

Imputaciones indecorosas

En respuesta, la AG presentó una “moción eliminatoria” para que se eliminen del récord  los señalamientos de la OCS sobre que el bufete padece un conflicto de intereses relacionado con el reasegurador Hannover Re. 

La AG catalogó tales argumentos como «imputaciones indecorosas» que constituyen un ataque a la integridad de los abogados del bufete que representan a la AG.

Pero la OCS sostuvo que no corresponde eliminar las citadas expresiones pues no constituyen ataques personales, sino observaciones basadas en hechos verificables.

Aunque no existe una imputación directa contra algunos de los letrados, la OCS señaló que los abogados están llamados a proteger la apariencia, según lo dispone el Canon 38 del Código de Ética Profesional, que establece que basta la apariencia de impropiedad para justificar una preocupación ética.

La OCS solicitó que el tribunal deniegue la moción eliminatoria, ya que los hechos señalados son ciertos, relevantes y deben ser considerados al evaluar la solicitud de acceso al documento confidencial.

Hasta la publicación de esta noticia la juez Stipec Rubio no había tomado una decisión sobre este asunto.

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Alberto de la Cruz adquiere activos de Suiza Dairy en Aguadilla y su marca comercial 

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Por Miguel Díaz Román

Una empresa vinculada al embotelladora Coca Cola Bottlers, que preside el conocido ejecutivo Alberto de la Cruz, adquirió la marca Suiza Dairy y la planta procesadora de leche UHT de Suiza Dairy ubicada en Aguadilla, en una transacción valorada en $25 millones.

La transacción también incluyó cerca de 1,000 neveras y equipos fríos distribuidos en el mercado, así como los derechos sobre marcas como Suiza Premium, Golden Supreme y la leche UHT de Suiza Dairy. 

La transacción en realidad representa el inicio de una nueva etapa para la industria lechera del país, que en los últimos años atraviesa un lento proceso de transformación y ajuste que se ha visto afectado por una significativa baja en el consumo de leche fresca, la quiebra incipiente de vaquerías y el aumento en el consumo de la leche UHT. 

Pablo Vallejo, gerente general de Suiza Dairy en Puerto Rico, confirmó la transacción de compraventa a la empresa Suiza Caribe LLC, pero no confirmó que la transacción involucró la cantidad de $25 millones. 

«No puedo confirmar esa cifra porque tengo un acuerdo de confidencialidad», dijo Vallejo.

El ejecutivo reveló que la transacción también comprende los derechos para la venta de los productos de la marca Suiza en Puerto Rico el Caribe, con excepción de los mercados de República Dominicana, Haití y los Estados Unidos, los cuales permanecerán bajo control del Grupo Gloria, que es la empresa matriz de Suiza Dairy.

Vallejo sostuvo que el empresario Alberto de la Cruz tiene una ventaja competitiva «importante», la cual radica en el dominio que el ejecutivo ha demostrado poseer en la distribución de productos «secos» en el mercado local, que es el área de venta de la leche UHT. 

20% del mercado

«Probablemente debe tener una de las mejores distribuciones en Puerto Rico y en la islas adyacentes. Yo creo que se ve una operación que él va a auspiciar», dijo Vallejo.

En una entrevista publicada ayer por el diario EL Vocero, se informó que el empresario Alberto de la Cruz  descartó participar del mercado de leche fresca y anunció que sus esfuerzos irán dirigidos a captar el 20% del mercado de leche UHT en Puerto Rico.

El empresario reveló que su expectativa es comenzar las elaboración de leche UHT en los próximos tres meses.

Es necesario recordar que una de las grandes disputas judiciales entre Suiza Dairy y la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), fue causada precisamente porque el ente regulador comenzó a transferir la producción de vaquerías asignadas a Suiza Dairy a la planta Indulac, que solo produce leche UHT, y está destinada a procesar los excedentes de leche generados por las otras plantas procesadoras como Tres Monjitas y Suiza Dairy.

Asunto irresuelto

La clara intención de la ORIL de tratar a Indulac como una planta procesadora comercial más y no como una planta dedicada exclusivamente a manejar los excedentes de leche es un asunto que no ha recibido una determinación final y concluyente. 

Incluso, este asunto irresuelto podría, en gran medida, definir las relaciones entre la ORIL y la empresa Suiza Caribe LLC, cuya expectativa inicial es controlar el 20 % del mercado de leche UHT. 

Especialmente, porque la baja en la producción de leche cruda podría recrudecer los reclamos de las tres plantas procesadoras por una mayor porción del producto, con el fin de satisfacer sus respectivos mercados.

De hecho, el empresario De la Cruz se ha caracterizado por ser un emprendedor agresivo que no rehuye de utilizar los tribunales para ventilar sus disputas comerciales.

Compromiso cuestionado

En las declaraciones escritas emitidas por Suiza Caribe LLC, De la Cruz sostuvo que, con  la adquisición de los activos de Suiza Dairy «reafirmamos nuestro compromiso con Puerto Rico, muy en especial, con los ganaderos y la principal industria agrícola del país”.

No obstante, el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores, emitió una reacción a la transacción, en la que cuestionó el presunto compromiso con la industria agrícola de parte del empresario Alberto de la Cruz.

«Lo dije cuando se podía evitar, alerté a las personas que lo podían evitar y aconsejé para que esto se pudiera evitar y aun así lo permitieron. Descarrilaron la industria lechera. Alberto de La Cruz dueño de la Coca Cola en Puerto Rico muy conocido por sus aportaciones económicas a políticos de todos los partidos es un empresario más que viene detrás de la consolidación de operaciones para ganar dinero y no a salvar la industria agrícola. Los que tanto hicieron para lograr el cierre de Suiza Dairy ahora van a ver lo que lograron con el apoyo del gobierno. Seguiré viendo esta novela de terror desde las gradas y mirando a los ojos a los que una vez me desmentían y hoy miran al suelo», dijo Flores Ortega.

Por su parte, el ex secretario de agricultura, Ramón González, sostuvo que la transacción es «muy bueno para la Industria lechera. Suiza es una marca con mucho reconocimiento en el consumidor puertorriqueño. Mucho espacio para crecer y sustituir importaciones de UHT americana. Tal como anticipé hace un año, la planta de Aguadilla debía ser la que entrara en producción».

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Fundación MAPFRE convoca proyectos de investigación en salud, el seguro y la previsión social 

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Fundación MAPFRE ha lanzado una nueva edición de sus ayudas a la investigación Ignacio H. Larramendi por importe total de 265.000 euros, dirigidas a investigadores o equipos de investigación del ámbito académico y profesional, que desarrollen su trabajo de forma independiente o en el marco de universidades, hospitales, empresas o centros de investigación a los que estén adscritos y cuyo objeto de estudio esté relacionado con la promoción de la salud o el seguro y la previsión social.

Las ayudas para promover proyectos vinculados a la salud están dotadas individualmente con 30.000 euros brutos, como máximo. Los trabajos de investigación podrán versar sobre la prevención de la obesidad, fomento de la actividad física y bienestar emocional (incluyendo el uso adecuado de nuevas tecnologías); la educación en maniobras de emergencia para la población general; la valoración del daño corporal; la gestión sanitaria y longevidad e influencia de los estilos de vida, entre otros.

Estas becas también se destinan a investigadores interesados en impulsar proyectos relacionados con el seguro, gerencia de riesgos, nuevas tecnologías en el ámbito asegurador y la previsión social: pensiones, ahorro, inversión, licuación patrimonial y Economía sénior (economía de la longevidad), quienes recibirán hasta un máximo de 15.000 euros brutos por ayuda. 

El ámbito de esta convocatoria es mundial y los proyectos pueden presentarse en español, inglés y portugués hasta el 20 de octubre de 2025. 

Las bases pueden consultarse en:

https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/investigacion-ignacio-larramendi
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Afloran graves deficiencias en informe de la ORIL y rechazan aumento propuesto a ganaderos y planta Tres Monjitas

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Por Miguel Díaz Román

Las recomendaciones del informe exhaustivo de la industria lechera cuyo fin es revisar los márgenes de ganancias de los diversos componentes de esa industria, recibió ayer con un sonoro rechazo tanto de una parte de los ganaderos como de la planta Tres Monjitas, mientras quedó al descubierto que el informe elaborado por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) contiene graves deficiencias que cuestionan su idoneidad como documento de trabajo.

Tanto es así que los representantes de la planta Tres Monjitas denunciaron que el informe requiere de una corrección urgente pues desvalorizó el costo en que incurre esa empresa en la elaboración de un cuartillo de leche en 35.06 centavos.

El informe de la ORIL estimó que el costo de producción para la elaboración de un cuartillo de leche de esa empresa en 2023 fue de 66.46 centavos, mientras que los representantes de Tres Monjitas señalaron que su costo real de producción asciende a 101.52 centavos.

El gerente general de la empresa, Orlando González, y el doctor Edmundo Garza, quien es catedrático de la Universidad Interamericana y economista de Tres Monjitas, sostuvieron que el informe requiere de una corrección urgente debido a las dramáticas diferencias en los datos relacionados con las operaciones de la empresa.

«Entendemos que hay una diferencia significativa que de no corregirse, seguirá arrastrando el precio real de producir leche en Puerto Rico versus el precio que se está otorgando», sostuvo el doctor Garza.

«Si el informe no considera el costo real de producción no podrá dar un margen de ganancia razonable de ganancia», explicó el economista.

El actual administrador de la ORIL, el agrónomo Jorge Campos, quien se mostró un poco incrédulo a los reclamos de Tres Monjitas, defendió el informe al sostener que estaba fundamentado en datas históricas «de cuartillos comprados  y vendidos en el 2023».

«Sí, ahí tenemos diferencias», respondió de forma escueta el doctor Garza. 

Alza podría alcanzar 11 centavos

En un aparente intento de obviar la grave deficiencia del estudio económico, Campos sostuvo que las plantas procesadores podrían salvar las deficiencias de precio a través del uso del mecanismo de precio mínimo y precio máximo. 

«Ustedes están conscientes que este estudio refleja que las plantas elaboradoras tienen un  precio mínimo y podrían moverse a un precio en donde entiendan  cubrir sus costos», preguntó el funcionario. González y Garza respondieron de forma afirmativa. 

El informe recomienda un alza de aproximadamente ocho centavos para cada cuartillo  de leche cruda elaborado por los ganaderos, lo cual se traduce en 102.44 centavos por cuartillo.

Además, el informe recomienda un pago adicional por cuartillo de 2.56 centavos como resultado de la actualización del 2023 para el Fondo para la Bonificación del Pago por Calidad. 

Esto implica que el precio a pagar por las plantas elaboradoras a los productores de leche pudiera llegar a ser de 105.00 centavos por litro. Como resultado de dicha recomendación el alza que experimentría el cuartillo de leche a nivel del consumidor sería de 11 centavos. 

Se espera que la ORIL emita próximamente una orden de precio con la recomendación final para aumento en los diversos componentes de la industria lechera. 

No coinciden

No obstante, los diversos representantes de los ganaderos que asistieron a la vista pública, la cual fue celebrada en el pueblo de Manatí, no coincidieron con las recomendaciones del informe de la ORIL.

Camilo Román Muñiz, quien es el presidente del sector de leche de la Asociación de Agricultores, indicó que había ganaderos satisfechos con la recomendación de un alza de ocho centavos más el bono por calidad, pero advirtió otro sector de los ganaderos está insatisfecho con la recomendación de la ORIL, pues no recoge sus costos reales para producir un litro de leche.

“Aunque acogemos el aumento de ocho centavos por cuartillo y la extensión y ampliación del incentivo por calidad como beneficio, debemos decirle una gran verdad. Para algunos de mis compañeros esa cantidad podrá parecer justa, pero para algunos no parecerá justa. La realidad es que muchos de los productores han enfrentado múltiples situaciones fuera de su control que han afectado su nivel de producción con costos directos y viven a diario una angustiosa realidad. Por ejemplo, los calores, la gran cantidad de lluvia, la baja tasa de preñez, la pobre calidad de los alimentos que siempre los molinos lo tienen a un costo muy elevado, entre otros”, sostuvo Román Muñiz.

El presidente del sector de leche de la Asociación de Agricultores, clamó para que la ORIL reconozca el efecto adverso que sobre la producción de las vaquerías de país tiene el cambio climático,  el alto costo y la baja calidad de los alimentos importados para ganado y de otros productos necesarios para  producción de leche a nivel de las ganaderías. 

Llama la atención que el estudio no comentara el impacto significativo que ya tiene la importación de leche y la desaparición de la Suiza Dairy.

Solictan alza de 123 centavos por cuartillo

Otros ganaderos cuestionaron que el estudio no reconociera impactos en la operación de las ganaderías el alza en el costo de los medicamentos y de los diversos suplementos y el uso de ganado, específicamente el alza en costo de las novillas, lo que implicaría un aumento en el capital de las ganaderías. Los ganaderos insistieron en que tales costos deberían reflejarse en el precio del cuartillo de leche a nivel del ganadero. 

De hecho, la ganadera Mara Semidei, estimó en 123.00 centavos el alza apropiada por cada litro de leche producido por el sector ganadero.

Semidei también cuestionó la tardanza injustificada en la elaboración del estudio económico exhaustivo de la ORIL, cuya última edición fue en 2016 y por mandato de ley se debe realizar cada cuatro años. 

«El último estudio económico data del 2016, lo que significa que por años no se han revisado adecuadamente los gastos esenciales en nuestra operación. Solo podemos notar qué ante las recientes crisis de inflación y las inminentes quiebras en el sector, ORIL ha emitido “órdenes de emergencia”, aumentando ligeramente el precio sin una justificación económica transparente y de forma tardía. Como productora, experimento a diario las consecuencias de este rezago, márgenes cada vez más estrechos, endeudamiento para cubrir las operaciones diarias y la desesperanza de ver como no se nos remunera acorde con nuestros costos reales», expresó la ganadera.

No más de 90 centavos

Por su parte, el ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, clamó para que  la leche fresca no sufra un alza dramática porque podría estimular la importación de leche fresca y para producir leche UHT. 

Incluso, González Beiró favoreció que el precio de la leche a nivel del ganadero debería permanecer en 90 centavos aproximadamente. 

«La UHT importada le cuesta menos a los distribuidores y ha venido aumentando la importación. Cualquier aumento en la leche, ya sea fresca o UHT, será detrimental para la industria. El precio se debe quedar cerca de los 90 centavos. Estamos bien cerca del punto en que sería más económico traer la leche envasada de Estados Unidos. El consumo de fresca sigue bajando a un ritmo de 5% anual y la UHT sigue ganando terreno y en PR hay ganaderos que aún cobrando a 2.00 no cubren sus costos. Pienso que debe haber un leve aumento y tomar en cuenta que Tres Monjitas ha duplicado su volumen de proceso por lo tanto sus costos deben ser menores», dijo González Beiró. 

El ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, no estuvo disponible para opinar pues se encuentra fuera de Puerto Rico en cumplimiento de tareas profesionales. 

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Ética Gubernamental no encuentra causa contra González Beiró

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Por Miguel Díaz Román 

La Oficina de Ética Gubernamental determinó no presentar cargos administrativos contra el ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, a la luz de una querella que había presentado el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega

La decisión, informada el pasado 15 de mayo, sostiene que la OEG procedió «al cierre de la investigación, sin trámite ulterior», luego de determinar «que no existe prueba clara, robusta y convincente que justifique la presentación de una querella en contra del promovido sobre las asuntos que usted nos refirió».

La comunicación de tres páginas fue firmada por una persona identificada como «Ledo. Nino», quien es el  subdirector auxiliar del área de investigaciones y procesamiento administrativo de la OEG.

En el encabezado de la carta el nombre del ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, fue escrito con un apellido erróneo pues aparece «Carlos Flores Collazo».

De hecho, Flores Ortega se mostró frustrado y decepcionado con la decisión de la OEG, tras esperar por 31 meses, luego de que radicara la querella el 22 de noviembre de 2022.

«La historia no se puede cambiar y las cosas son como son. Mi frustración no va en contra de los que incurren en estas prácticas en el gobierno, esos siempre estarán al acecho pero sí en contra de las agencias que se dice que están llamadas a evitarlo y no lo hacen. Mi decepción no es en contra de Ramón González porque de ese se sabía antes de que llegara a la silla de la agencia qué se podía esperar de él y no falló en eso. Mi frustración va en contra de la OEG y su Director Ejecutivo Luis A Pérez Vargas. Durante este proceso varias veces me comuniqué con este funcionario y siempre me dijo que la investigación estaba en curso. No sé dónde se perdió el rumbo y que pasó para que se llegara a este resultado, pero ha sido decepcionante igual que en muchos otros casos el no poder confiar ni de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico», sostuvo el ex secretario.

A pesar de la frustración Flores Ortega sostuvo que continuará elevando la consideración de sus reclamos en otros foros. 

Otros foros

«Este asunto se estará atendiendo por otros foros ya que hay reclamos pendientes en lostribunales y ahora yo no tengo restricción alguna para poder hablar de este caso. Seguiremossiempre firmes en atacar la corrupción venga de donde venga como cualquier ciudadano común», indicó.

La determinación atendió dos asuntos medulares planteados por Flores Ortega en su querella:

El primer señalamiento alega que González Beiró logró un contrato de arrendamiento el 27 de octubre de 2020 de una finca de 39 cuerdas por medio de la empresa Agriart LLC, lo que le permitió obtener un certificado de agricultor bonafide para la empresa. 

Luego, Agriart LLC alcanzó un acuerdo de compraventa con Mycogen Seeds para adquirir unas 1,843.9 cuerdas de terreno agrícola, distribuidas en 12 fincas ubicadas entre los municipios de Salinas y Guayama.

«Lo que parecía una adquisición legítima para un desarrollo agrícola se convirtió en un plan para cambiar el uso de los terrenos a los fines de desarrollar un parque fotovoltaico, el cual fue endosado por el Departamento de Agricultura (DA)», sostiene el escrito. 

Endoso fraudulento

Además, señala el documento, que Flores Ortega  solicitó investigar un alegado endoso fraudulento otorgado por el DA a un proyecto propuesto por la empresa Clean Flexible Energy que se construiría en los terrenos agrícolas pertenecientes a Agriart LLC y que tienen una calificación de Agrícola Productor y una clasificación de Suelo Rústico Especialmente Protegido.

Otra denuncia contra González Beiró es que no cumplió con el mecanismo de inhibición presentado ante la OEG y con la escritura de Fideicomiso (ciego), que también es un requisito de esa agencia.

El ex secretario también cuestionó la legitimidad del Comité de Energía Renovable, cuyos miembros eran subalternos de González Beiró y cuestionó los endosos que concedió el Comité a varios proyectos propuestos en terrenos agrícolas.

En el segundo asunto planteado, Flores Ortega solicitó investigar la alegada intervención de González Beiró en un negocio de compraventa de un terreno ubicado en el municipio de Guayama, denominado Finca Besosa, para adquirirlo a su favor o de sus compañías.

Otro señalamiento fue que González Beiró concedió unos beneficios o incentivos al titular del terreno a cambio de que se lo vendiera a él y no a otro comprador interesado. Ambos señalamientos figuran en una declaración jurada avalada por un corredor de bienes raíces de la zona sur y que  fueron reseñados por SN.

Ética decide

Sobre los hallazgos y la determinación de la OEG sostuvo que el Certificado de Agricultor Bonafide  de Agriar LLC, no guarda relación con los terrenos donde Clean Flexible Energy propuso el proyecto de instalación de placas fotovoltaicas. 

La determinación concluye que no se encontró evidencia de que González Beiró  intervino en las determinaciones emitidas por el Comité, como tampoco en la evaluación del proyecto propuesto por Clean Flexible Energy.

La OEG también concluyó que el González Beiró cumplió con el mecanismo de inhibición presentado ante la OEG y con la escritura de Fideicomiso (ciego) otorgada por este con relación a las corporaciones Agriart LLC; AG Agro, LLC y AgroPower, Corp.

Además, la OEG indicó que el endoso que concedió el Comité fue «conforme a derecho», pues el Plan de Usos de Terrenos adoptado por la Junta de Planificación y el entonces vigente Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios,  permiten el uso de los terrenos calificados como agrícola general y agrícola productivo para proyectos de energía renovable.

Sobre el segundo planteamiento, la decisión de la OEG concluyó que no hubo intervención de González Beiró  en la compraventa de la referida finca, por lo que no incumplió con su resolución de inhibición.

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MAPFRE, la aseguradora española con mejor reputación en el ranking histórico de Merco

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MAPFRE ha sido distinguida por Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) como una de las diez empresas con mejor reputación en España en su ranking histórico. A lo largo de los años, la compañía se ha consolidado como la aseguradora española con mejor valoración en su sector.

Eva Piera, directora general de Relaciones Externas y Comunicación de MAPFRE, recibió el galardón y destacó: “En MAPFRE creemos firmemente en el poder de la reputación, de una marca con propósito, de la comunicación y del liderazgo responsable. Estos intangibles clave fortalecen nuestra compañía y refuerzan nuestra contribución al progreso social y económico”.

Durante el evento, celebrado en Madrid, también se presentó el informe Merco 2025, que en su

vigesimoquinta edición ha evaluado a 200 empresas y líderes empresariales a través de más de 63.000 encuestas realizadas a directivos, líderes de opinión, catedráticos, analistas financieros,representantes de ONGs, sindicatos y asociaciones de consumidores, entre otros.

MAPFRE ocupa este año la décima posición en el ranking general y, una vez más, se mantiene como la aseguradora con mejor reputación en España. En el ámbito individual, el presidente de MAPFRE, Antonio Huertas, se posiciona en el puesto 15 entre los líderes empresariales mejor valorados, consolidándose como el ejecutivo más destacado del sector asegurador.

Merco, referencia en medición reputacional en España y Latinoamérica desde el año 2000, valora aspectos clave como resultados económicos, comportamiento ético, transparencia, buen gobierno corporativo, compromiso con el medio ambiente, calidad laboral y oferta comercial.

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Consumidores pagarían hasta $23 millones en liquidación de Real Legacy  

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Por Miguel Díaz Román

La liquidación de Real Legacy podría causar que los consumidores de seguros del país se vean obligados a pagar hasta $23 millones para cubrir el pago de las reclamaciones de cientos de asegurados afectados por el cierre forzado de la aseguradora, según una estimación independiente realizada por sectores de la industria de seguros interesados en el efecto de la liquidación de Real Legacy en la comunidad.

El pago de los $23 millones no será un acto voluntario de los consumidores, sino el resultado de una orden de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), dirigida a autorizar a las aseguradoras del país a recuperar aquellos fondos de sus activos privados que fueron invertidos en derramas que se utilizaron para pagar reclamaciones de los asegurados de Real Legacy.

Las aseguradoras del país recuperarán los $23 millones por medio de un alza en las primas de todos los seguros de propiedad disponibles en el mercado, la cual será autorizada por la OCS.

Se trata pues, de que las empresas y los individuos que adquieren pólizas de seguro para proteger sus riesgos, deberán aportar una cantidad significativa de sus ingresos para ayudar a pagar las reclamaciones de los asegurados de Real Legacy, aunque no sean responsables de la debacle financiera que provocó la liquidación de la aseguradora.

Exención no ayudó

La aseguradora Cooperativa de Seguros Múltiples (CSM) era la empresa matriz de Real Legacy. 

Miembros de la industria de seguros han planteado que la CSM fue incapaz de rescatar a Real Legacy de la insolvencia, a pesar de la inusual ventaja competitiva que favorece a esa entidad por ser una cooperativa, lo cual propicia una amplia exención de las contribuciones que impone el gobierno.

La insolvencia de Real Legacy ha causado daños irreparables a cientos de asegurados y a numerosos negocios del país debido a que no han podido recuperar las pérdidas causadas por el huracán María. 

En algunos casos, la insolvencia y la posterior liquidación de Real Legacy ha  significado el cierre de negocios. Otro efecto adverso de la liquidación de Real Legacy es que la falta de fondos para pagar las reclamaciones de los asegurados ha provocado que la OCS haya ordenado una derrama a las aseguradoras activas en el mercado.

De hecho, la estimación independiente concluyó que el total de las deudas de la aseguradora en liquidación ascienden a $198.8 millones, mientras que los activos disponibles alcanzan los $106.4 millones, lo que produce un déficit de recursos para pagar reclamaciones de $92.3 millones.

Consumidores pagarán $23 millones

Este análisis concluye que la cantidad de la pérdida que será sufragada por los consumidores totalizan $23.2 millones, los cuales se obtendrán a través del recobro de las derramas. 

Además, el análisis señala que entre las pérdidas que la liquidación de Real Legacy han dejado a la comunidad figuran el monto de las reclamaciones que no serán atendidas por la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG), que es el organismo legalmente autorizado para procesar las reclamaciones de las aseguradoras en liquidación y cuyo límite estatutario es de hasta $300,000 por reclamo.

El monto económico de todas las reclamaciones no ha sido divulgado por la OCS. No obstante, el número total de reclamaciones asciende a 3,619. La cantidad de reclamaciones pagadas hasta el presente asciende a $57 millones.

Aunque la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) solo ha convocado una derrama de $11 millones para cubrir el pago de las reclamaciones de Real Legacy, los abogados de la AG han sostenido ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que es el tribunal supervisor de la liquidación de Real Legacy, la posibilidad de que sea necesario convocar una segunda derrama para completar el pago de reclamaciones.  

Coinciden en necesidad de derrama

La posición de la AG coincide con las conclusiones de la estimación independiente, lo que implica que a la luz de ambas visiones la liquidación de Real Legacy requerirá de una segunda derrama de al menos $12 millones.

La OCS ha negado que sea necesaria decretar una segunda derrama y ha sostenido que existe dinero suficiente para cumplir con todas las reclamaciones. 

Los planteamientos sobre la segunda derrama fueron realizados por la AG en el contexto de la petición judicial que mantiene contra la OCS para que el tribunal elimine el manto de confidencialidad que cobija un acuerdo entre la entidad reguladora y el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation (Swiss Re). 

Análisis encontrados

La OCS  ha sostenido que el acuerdo con Swiss Re favorece el caudal de Real Legacy para pagar reclamaciones.  El manto de confidencialidad fue solicitado por la OCS y la jueza  Katarina Stipec Rubio lo autorizó en octubre de 2024.

La AG ha planteado que probablemente el acuerdo alcanzado entre la OCS y Swiss Re no ha producido todo el dinero que podría generar para el pago de reclamaciones, lo cual causará que eventualmente sea necesario decretar una nueva derrama.

De hecho, la AG ha señalado que el caudal de liquidación  cuenta con $105.5  millones para el pago de reclamaciones y los compromisos ascienden a $202.7 millones, lo que implica que el proceso de liquidación de Real Legacy enfrenta un déficit de $97 millones.

Pero la OCS alega que la liquidación de Real Legacy cuenta con $58 millones en efectivo, mientras que los compromisos para el pago de reclamaciones asciende a $23 millones. Incluso, la OCS ha señalado que aún faltan por cobrar unos $14 millones adicionales.

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Arrecia la crisis de First Medical Health Plan

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Por Miguel Díaz Román 

La aseguradora de servicios de salud First Medical Health Plan (FMHP), que arrastra una deuda actuarial de $226.4 millones, enfrenta una crisis sin precedentes que ha requerido la supervisión continúa de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y aunque aún no se trata, hasta ahora, de una insolvencia,  los proveedores de servicios de salud y los asegurados son las víctimas inmediatas de sus dificultades, según expresó Luis Felipe, presidente de Med-Billers & RevCycle Association, una asociación profesional que representa a los facturadores de servicios de salud.

De hecho, Martínez Villafañe sostuvo que la precaria situación de la FMHP se mantiene oculta en los medios de comunicación, a pesar de que amenaza los servicios de salud de miles de asegurados del plan de salud del gobierno, el Plan Vital,  y la estabilidad de cientos de proveedores de servicios de salud como médicos, hospitales y laboratorios médicos.

Hasta el pasado año el FMHP tenía registrados 291,520 asegurados  en el Plan Vital.

Ante la falta de pago de FMHP, Martínez Villafañe acudió a la OCS en busca de explicaciones. 

OCS emite certificación

En la OCS se le explicó que la aseguradora se encontraba en un plan de vigilancia semanal que intentaba garantizar su liquidez. 

Una certificación emitida por la OCS el 23 de mayo de 2025, en la que se indica que FMHP no enfrenta una situación de menoscabo pero que sí se encontraba en un «evento de acción conforme al Capítulo 45 de Código de Seguros». 

Entre otros asuntos, el Capítulo 45 concede autoridad a la OCS «para requerir de los aseguradores que tomen medidas para proteger su capital y reducir sus riesgos, tomando en consideración el perfil de activos y pasivos». 

Capítulo 45

Además, el capítulo 45 establece los requisitos de capital en función del riesgo y establece los mecanismos correctivos cuando la entidad no logra mantener el capital necesario en función del riesgo.

La certificación establece que el total de capital y sobrantes de FMHP asciende a $38 millones, mientras el total de capital, pasivos y sobrante es de $264.4 millones.

De acuerdo con Martínez Villafañe, el impago de facturas de servicios prestados por parte de FMHP no solo ha ocurrido en 2025 y 2024, sino que se extiende hasta 2021.

Deuda vieja

«Al profesional de facturación, esta situación de retraso en pago de First Medical nos preocupa en gran manera. Proveedores de servicios de salud, aún tienen servicios sin cobrar de los años 2021, 2022, 2023 y 2024, sometidos con peticiones de ajuste. En este año 2025, también prevalece que no cumplan con los términos de la Ley de Pago Puntual, que establece que los servicios deben ser pagados dentro de los 30 días que reciben la factura», sostuvo Martínez Villafañe.

Incluso, la Administración de Seguros de Salud (ASES) durante la administración de la gobernadora Jenniffer González no se ha expresado sobre la difícil situación de FMHP. 

Gobierno promete pago

A finales de 2024 la ASES permitió que, debido a la falta de pago a los proveedores, los asegurados de FMHP pudieran migrar a otra aseguradora ante las dificultades que existían para recibir servicios médicos.

En una reciente comunicación emitida por el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, doctor Carlos Díaz, el atraso en el pago a los médicos «desde hace meses» de parte de FMHP lo provocó el atraso en la negociación del nuevo contrato debido a que no habían logrado un acuerdo. Alegadamente, ASES estaría pagando una cantidad de dinero adeudado a FMHP el próximo 15 de julio.

De hecho, Martínez Villafañe señaló que no está claro si la grave situación de FMHP en el Plan Vital, también ha contagiado su plan de salud privado y la red de hospitales y otros servicios de salud que opera en el país.

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«Habrá que preguntarle a «Pichy» Torres Zamora quién lo llamó o qué pasó», denunció Navarro Suárez sobre dos medidas suyas que fueron «aguantadas»

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Por Miguel Díaz Román

Dos medidas que recibieron informes positivos de la Comisión de Banca y Seguros de la Cámara de Representantes a pesar de que fueron rechazadas por la aseguradoras del país, fueron «aguantadas» y no figuraron en el grupo de medidas que serán consideradas por el pleno de ese cuerpo hasta la medianoche del día de hoy, 25 de junio, que es el último día para la aprobación de medidas en la presente sesión legislativa.

El representante Jorge Navarro Suárez, quien es el presidente de la Comisión de Banca y Seguros de la Cámara de Representantes, tronó contra la exclusión de ambas medidas del listado de proyectos para aprobación final durante el día de hoy.

Navarro Suárez denunció que las medidas fueron «aguantadas» y reconoció que desconoce las razones que han obrado tras las cortinas para impedir que el pleno de la Cámara tuviera la oportunidad de avalar o descartar los proyectos.

«Algo pasó, algo pasó. Aguantaron las medidas y las aguantaron allá (en la Comisión de Calendario y Reglas Especiales de Debate). Yo no sé qué pasó. Voy a llamar a Pichy Torres Zamora para saber qué fue lo que pasó», agregó el legislador, quien se encontraba evidentemente enojado por el destino que enfrentan dos medidas que recibieron informes positivos de la Comisión de Banca y Seguros. 

«Ya esas medidas no están aquí (en la Comisión de Banca y Seguros). Ahora están en la Comisión de Calendario y Reglas Especiales de Debate, que preside el representante José Torres Zamora. Habrá que preguntarle a «Pichy» Torres Zamora quién lo llamó o qué pasó. Eso es lo que está pasando. Esas medidas se quedaron para la próxima sesión legislativa», sentenció con un dejo de insatisfacción que no pudo ocultar.

SN llamó al representante Torres Zamora, quien también es el vicepresidente de la Cámara de Representantes, a través de su celular y le envió varios mensajes de texto para que explique la alegada decisión de impedir la consideración de las medidas, pero el legislador no respondió.

Las medidas habían sido rechazadas por la Asociación de Compañías de Seguros (Acodese), que integra gran parte de las aseguradoras del país porque, alegadamente,  aumentarán los costos de operación de las aseguradoras y provocaría un alza en las primas de seguros.

OCS respalda medida que podría aumentar primas

De hecho, mientras Acodese rechazó ambas medidas, la Oficina del Comisionado de Seguros, que es el regulador de la industria de seguros, respaldó una de ellas, la cual, según sostuvieron las aseguradoras,  podría causar alza en primas, propiciar la salida de reaseguradores del mercado local y estimular una oleada de litigios que enriquecerán los bolsillos de abogados y ajustadores.

Para efectos de la jerga legislativa, las medidas han sido «engavetadas» y su consideración en la presente sesión legislativa fue descartada. Esto implica que la posible consideración de ambas medidas para su aprobación podría ocurrir en la próxima sesión legislativa. 

De hecho, a partir del 26 de junio hasta el 30 de junio, que finaliza la presente sesión legislativa, se deberán nombrar comités de conferencia para resolver aquellas enmiendas introducidas a determinadas medidas en las que no haya concurrencia por alguno de los dos cuerpos.

Las medidas «aguantadas”

Aunque el término para la aprobación de medidas en la presente sesión legislativa debería finalizar a la media noche del día de hoy, 25 de junio, ya a la 6: 00 de la tarde los trabajos en ambos cuerpos habían terminado.

Las dos medidas «aguantadas» son el Proyecto de la Cámara 363, que propone conceder más beneficios a los afectados por los huracanes Irma y María y que, entre otras disposiciones, ordena que las aseguradoras paguen los gastos de abogado de los asegurados; y el Proyecto de la Cámara 341, que impone un cargo de 5 % a la comisión que reciben de los corredores que manejan los seguros del gobierno. 

La medida, que exime del cargo a las comisiones ganadas por corredores seleccionados a través de subasta pública, busca generar ingresos para beneficiar a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y a los municipios.

Frustrado por la decisión de no bajar a votación el PS 363 y el PS 341, la cual, sin duda, fue tomada por el alto liderato de la mayoría del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Navarro Suárez sostuvo «después yo los pillo. Cuando manden algo del gobernador yo no haré nada». 

El Senado, otro enigma

El legislador reconoció que la aprobación de ambas medidas en el Senado era un enigma y señaló que lograr el respaldo del otro cuerpo legislativo demanda un escabroso proceso de negociación y ajuste, el cual no garantiza que finalmente los proyectos serán avalados.  

«Eso es otra pelea (lograr el respaldo del Senado). Una pelea aquí (en la Cámara) y otra pelea allá (en el Senado)», exclamó el legislador.

El PC 363 fue radicado por el representante Joe Colón Rodríguez, quien no es abogado. La Exposición de Motivos de la medida indica que su aprobación es necesaria para aclarar la contradicción que surgió entre la interpretación realizada por el  Tribunal Supremo de la ley 247 de 2018 y la intención del legislador cuando fue aprobado ese estatuto. 

La ley 247 permite a los asegurados demandar civilmente a un asegurador por incurrir en ciertas prácticas desleales descritas en el Código de Seguros. 

Los casos intervenidos por el Tribunal Supremos fueron radicados contra la aseguradora Mapfre por los consejos de titulares de los condominios Balcones de San Juan, Playa Azul II Y  Kings Court 76.

El PC 363 introduce cuatro enmiendas de efecto retroactivo a la ley 247 de 2018, que buscan eliminar la posibilidad de nuevas interpretaciones del Tribunal Supremo, según indica la medida, «limiten los derechos de los asegurados». 

La primera de ellas impone a la aseguradora el pago de honorarios de abogado a favor del asegurado en caso de cualquier adjudicación adversa bajo dicho artículo.La segunda elimina las condiciones previas y de índole jurisdiccional que debe cumplir el asegurado antes de radicar una demanda bajo el Art. 27.164. 

La tercera avala que un asegurado obtenga el beneficio de dos remedios bajo el Art. 27.164 junto con cualquier otra causa de acción.

La cuarta enmienda le impone  a las aseguradoras, bajo el Art. 27.165, el pago del 33% del monto recuperado, como honorarios o compensación adicional para el asegurado. Esta compensación estará disponible ante cualquier sentencia de un tribunal, foro administrativo, o proceso de mediación.

Medida emula experiencia en Florida

El Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, favoreció la aprobación de la medida y hasta sugirió una enmienda a la propuesta para especificar el monto de los honorarios de abogado. Adams Vega propuso que el foro judicial pueda determinar la cuantía de la compensación por honorarios de abogado y que dicha compensación se adjudique como una adicional a la reclamada, como parte de la demanda presentada por el asegurado.

Pero Acodese sostuvo que el PC 363 favorece intereses económicos ajenos a los asegurados, lo cual es un escenario que ya experimentó el estado de Florida.

«Estas enmiendas propuestas solo beneficiarán a los abogados y, a la larga, el consumidor que terminará perjudicado al enfrentarse a primas más altas o, peor aún, a un escenario de falta de aseguradores y reaseguradores», dijo Iraelia Pernas, quien es la directora ejecutiva de Acodese.

Pernas reveló que las enmiendas que pretende introducir el PC 363 son «una copia exacta» de las secciones 624.155 y 627.428 del Código de Seguros de Florida, que estuvieron vigentes antes de 2019 y que causaron en «efecto nefasto» en la industria de seguros de ese estado. 

Sostuvo que, aunque Florida sólo representó el 14.9% de las reclamaciones nacionales de seguros de propiedad en 2022, ese estado concentró el 70.8% de los litigios, generando costos de defensa y litigación de aproximadamente $2.9 mil millones. 

«Estos costos finalmente fueron trasladados a los consumidores mediante primas elevadas», sostuvo Pernas.

La otra medida, el Proyecto de la Cámara 341, radicado por Navarro Suárez, impone un cargo de 5 % a la comisión que reciben de los corredores que manejan los seguros del gobierno. 

Adams Vega, Acodese y el Departamento de Hacienda  han sostenido que gravar la comisión que reciben los corredores con un cargo de 5% causará un alza en la prima de los seguros que cada año adquiere  el gobierno, las cuales incluyen, entre otras, cubiertas contra daños catastróficos para propiedades y responsabilidad pública.

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