Por Miguel Díaz Román
A pesar de que desde 2021 la Autoridad de Tierras (AT) radicó un demanda en cobro de dinero contra el Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc. para recuperar fondos públicos asignados para unas alegadas mejoras permanentes en la quebrada Margarita en Guaynabo, hasta ayer 14 de enero de 2025, no se ha podido recobrar el $1.5millón que la corporación sin fines de lucro recibió del Fondo de Mejoras Municipales (FMM).
Cinco años después de que la AT radicada la demanda, el 14 de junio de 2021, las obras en la quebrada Margarita no se han realizado y el Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc no ha devuelto el dinero, lo que ofrece un crudo ángulo de los verdaderos estragos causados por el escándalo del FMM.
La información sobre la incapacidad de recobrar los fondos públicos surge de una moción informativa radicada ayer 14 de enero de 2025 en el Tribunal de Primera Instancia en Bayamón, por la licenciada Bárbara Cruz Muñiz, del bufete Dennis L. Seilhamer, que es el representante legal de la AT.
Alegadamente, en 2021 el Centro Comunitario de Servicios a la Familia había recibido del FMM dos desembolsos, uno inicial de $380,000 y luego otro desembolso por la cantidad de $1,140,000 , lo que suma $1.5 millones.
Los fondos se debían utilizar para obras permanentes en la quebrada Margarita, en la jurisdicción del cuerpo de agua en el pueblo de Guaynabo, que discurre desde la avenida Roosevelt hasta el expreso Martínez Nadal. El desembolso fue autorizado por la Resolución Conjunta 19 de 2019.
El Centro Comunitario de Servicios a la Familia no figura como una entidad con experiencia en proyectos de construcción y especialmente en proyectos que involucran gran complejidad como intervenir una quebrada que en gran parte de su extensión se desplaza sobre la superficie del suelo y en otros fluye de manera subterránea, en zonas urbanas densamente pobladas de residencias y comercios.
Radica quiebra
De hecho, el Centro Comunitario de Servicios a la Familia había radicado una solicitud de quiebra en el Tribunal Federal de Quiebras el 24 de junio de 2024, bajo el capítulo 7 de liquidación, que permite a los deudores, con determinadas condiciones, no pagar las deudas a sus acreedores.
La presentación de la solicitud de quiebra detuvo los trabajos en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, que aún no ha tomado una determinación en la demanda de la AT, la cual imputa al Centro Comunitario de Servicios a la Familia incumplimiento de contrato y cobro de dinero.
La entidad sin fines de lucro es dirigida por Humberto Andújar Otero, quien, alegadamente es pastor, y por Raúl Berríos Ferrer.
No obstante, el 4 de septiembre de 2024 la entidad radicó en el Tribunal Federal de Quiebras de San Juan una moción para desistir voluntariamente del caso. La moción fue radicada por el licenciado Jesús Enrique Batista Sánchez.
Se desconoce por qué los directivos del Centro Comunitario de Servicios a la Familia desistieron de continuar con el proceso de quiebra bajo el capítulo 7.
Tribunal busca los fondos
Tras esa determinación, el caso regresó a la sala de la jueza Wanda Cintrón Valentín en el Tribunal de Primera Instancia en Bayamón.
De hecho, el pasado 2 enero del 2025 la jueza Cintrón Valentín emitió una orden para que los demandantes informaran sobre el resultado de otra orden radicada por ese Tribunal el 14 de noviembre de 2024 contra en Banco Popular. Esta última pretendía que la institución bancaria ofreciera copia de los estados bancarios del Centro Comunitario de Servicios a la Familia.
En la moción informativa la abogada Cruz Muñiz informó que el pasado jueves 5 de diciembre de 2024 «nos entregaron los estados bancarios pero incompletos ya que no contaban con la información de los cheques liberados y cambiados contra la cuenta».
En la moción la abogada indicó que realizó un segundo intento para que el banco entregara los datos que no se habían recibido hasta que finalmente la institución entregó la información que faltaba de los estados bancarios.
No obstante, la moción no abunda si, de la información recibida del Banco Popular, surge evidencia de que el Centro Comunitario de Servicios a la Familia tiene depositados en su cuenta bancaria el $1.5 millón desembolsado por el FMM.
Saldo final en cero
La licenciada Cruz Muñiz le indicó a SN que estaría en las próximas horas radicando nuevas mociones para informar al Tribunal sobre la información que se desprende de los estados bancarios.
No obstante, en una nota emitida el 10 de septiembre de 2024, en el registro digital del Tribunal de Quiebras Federal se informó que de los activos del Centro Comunitario de Servicios a la Familia, solo se logró recaudar $252.99. La información fue ofrecida por Wigberto Lugo Mender, quien fue el fideicomisario designado al caso.
«Informo que este caso fue desestimado. Recaudé fondos por un total de $252.99. Todos los fondos han sido devueltos o transferidos al fideicomisario sucesor. Todos los extractos bancarios y cheques cancelados han sido enviados al fideicomisario de los Estados Unidos. Los extractos bancarios reflejan un saldo final de cero y ningún otro fondo o activo del patrimonio permanece bajo mi custodia. Por la presente certifico que el patrimonio del capítulo 7 del deudor(es) mencionado(s) ha sido completamente administrado hasta la fecha de conversión o desestimación. Solicito que se me libere de cualquier otra obligación como fideicomisario», sostuvo Lugo Mender en la citada nota que figura en el registro digital del Tribunal de Quiebras Federal.
El FMM se nutre de una porción del IVU que pertenece a los municipios y al año el fondo recibe cerca de $30 millones. Los fondos son asignados por los legisladores de distrito y el trámite para realizar el desembolso lo pone en vigor el Programa de Infraestructura Rural de la AT.
A principio del pasado mes de diciembre de 2024 la Oficina del Contralor divulgó los resultados de una investigación sobre la operaciones del FMM, la cual no recomendó referidos directos al Departamento de Justicia ni a la la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OFEI), a pesar de que entre sus hallazgos figura el desembolso de los fondos públicos a las entidades sin fines de lucro contrario a la ley.
Informe cojo
El informe le recomienda a Justicia y al OFEI “considerar los resultados y realizar los procesos que entienda pertinentes”.
El primer hallazgo de la investigación es que la asignación de fondos del FMM que realizan los legisladores es inconstitucional porque la manera cómo se emplearán los fondos públicos es una función del Ejecutivo y no de la rama Legislativa.
Aunque la investigación revela graves irregularidades en el manejo de los fondos de parte de determinadas entidades sin fines de lucro, nada se indica en el informe sobre aquellas entidades que, sin poseer experiencia alguna en proyectos de construcción y de infraestructura, recibieron asignaciones millonarias para realizar ese tipo de encomienda.
La investigación no abunda ni profundiza en las gestiones que pudo realizar el PIR para calificar a las entidades sin fines de lucro en cuanto a su experiencia y capacidad para recibir asignaciones para proyectos de construcción.
Otro asunto que no es tratado por la investigación es cómo se fiscaliza la asignación de fondos para los llamados servicios directos a la ciudadanía, que comprende la compra y entrega de equipos médicos, deportivos, equipos del hogar como neveras, estufas, acondicionadores de aire, cisternas, microondas, televisores, alimentos y artículos de primera necesidad.
Contralora se defiende
La contralora, Yesmín Valdivieso, defendió el informe y reveló que un día después de que la Oficina del Contralor publicara el informe del FMM, auditores de esa oficina se reunieron con personal del Departamento de Justicia.
Valdivieso indicó que la conversaciones tenían como objetivo dialogar sobre los hallazgos publicados y sobre otros aspectos de la investigación que no figuran en el informe.
La funcionaria indicó que las conversaciones podrían conducir a la radicación de cargos criminales, una determinación que la Contralora reconoció le corresponde a Justicia.
Hasta el momento los únicos funcionarios señalados por la OFEI por, alegadamente, haber cometido malversación de fondos públicos relacionados con el FMM, son la ex directora ejecutiva de la AT, Dorally Rivera Martínez, la ex directora de Finanzas, Astrid Rivera Febres, y el director del Programa de Infraestructura Rural , Miguel Santiago Irizarry.
El pasado mes de abril de 2024 la OFEI anunció que el caso estaba paralizado en espera de la investigación que la Oficina del Contralor divulgó la pasada semana.Los fiscales asignados al caso son Zulma Fuster, Ramón Mendoza y Fabiola Acarón.
