Ocasio Pérez atribuye retiro de su nominación a querella de «rival político» en Supremo

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Por Miguel Díaz Román

En la mañana de hoy miércoles 15 de mayo la gobernadora Jenniffer González Colón retiró el nombramiento de cuatro personas, dos de las cuales estaban designadas para ocupar posiciones en su gabinete y las otras dos eran designaciones para ocupar posiciones de jueces en la rama judicial.

Sin ofrecer más explicaciones González Colón retiró el nombramiento del licenciado Alfredo Ocasio Pérez, quien fue designado a ocupar la posición de Comisionado de Seguros, y de la licenciada Nydza Irizarry Algarín como secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

No obstante, Ocasio Pérez atribuyó el retiro de su nominación a una querella radicada en su contra en el Tribunal Supremo por un «rival político». Ocasio Pérez no identificó el nombre del querellante ni las razones que motivaron la querella en su contra.

«(La querella) está en su proceso el cual es confidencial. El quejoso es un rival político en Mayagüez. No voy a emitir comentarios. El proceso de la queja presentada por un individuo que nunca ha sido cliente mío es confidencial por ley, no por capricho mío, aún cuando se trate de una querella frívola. Yo me apego a la ley. Una vez concluya ese proceso, me expresaré. Gracias», sostuvo Ocasio Pérez, a través de un mensaje de texto.

Proceso confidencial

Una fuente de SN indicó que la querella fue radicada por un residente de Mayagüez quien es simpatizante de la estadidad. El asunto de la querella, alegadamente, ocurrió en medio de disputas políticas.

Sobre las alegaciones de la fuente Ocsio Pérez sostuvo : “como indiqué, el proceso es confidencial por ley. Yo me atengo a la ley y a mis obligaciones éticas ante el Tribunal Supremo. El quejoso nunca ha sido cliente mío y él cree ser rival político mío”.

En el día de ayer, en una entrevista en la radio, el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, ofreció señales inequívocas de que el licenciado Alfredo Ocasio Pérez enfrentaría dificultades para ser confirmado en el cargo. Rivera Shactz no abundó en los obstáculos que enfrentaba el nominado.

Se queda Adams Vega

En algunos medios de comunicación ha surgido que Ocasio Pérez habría realizado en el pasado severas críticas al Partido Nuevo Progresista, lo cual no ha sido de agrado de los senadores novoprogresistas que integran la Comisión de Nombramientos.

Ocasio Pérez se había destacado en la pasada campaña electoral porque fue el presidente del Comité de Campaña Puerto Rico Trump-Vance 2024.

El retiro del nombramiento de Ocasio Pérez, causará que el licenciado Alexander Adams Vega continúe como Comisionado de Seguros en funciones.

Además, la gobernadora retiró los nombramientos del licenciado Libardo Hernández Pérez como juez superior del Tribunal de Primera Instancia, y de la licenciada Sharon Falak Rodríguez como jueza municipal.

Crisis sin precedentes

Sobre el retiro de la nominación de la licenciada Irizarry Algarín como secretaria del Trabajo, la Fortaleza informó que la actual subsecretaria, María del Pilar Vélez Casanova, asumirá el cargo de secretaria de manera interina.

La Fortaleza indicó que Irizarry Algarín continuará colaborando con Oscar Ramos, quien es el asesor de asuntos legales laborales de la gobernadora.

Con el retiro de los nombramientos de Irizarry Algarín y de Ocasio Pérez suman cinco los designados por González Colón para ocupar sus posiciones de su gabinete que ha tenido que retirar entre los meses de abril y mayo, en lo que representa una crisis de nombramientos del Ejecutivo sin precedentes.

El 27 de abril, la gobernadora retiró la designación de Verónica Ferraiuoli como secretaria designada del Departamento de Estado, luego de que ella aceptara que no radicó planillas durante tres años.

El pasado 6 de mayo la gobernadora retiró el nombramiento de Janet Parra, como secretaria de Justicia, en medio de imparables cuestionamientos a su integridad como abogada por representar a una persona que investigó cuando era fiscal del Departamento de Justicia.

La nominación de Arthur Garffer como secretario de Estado fue retirada por la González Colón el pasado martes 13 de mayo, luego de que surgieran dudas sobre que el designado podría cumplir con los requisitos constitucionales de residencia para ocupar la posición.

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Fundación Mapfre premia tres grandes proyectos de innovación social

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Madrid, 12 de mayo de 2025. 

Se han anunciado los ganadores de la octava edición de los Premios Fundación MAPFRE a la Innovación Social, una iniciativa cuyo objetivo es mejorar la vida de las personas mediante proyectos y equipos emprendedores que se transforman en propuestas de alto valor social, y que está impulsada por IE University, partner académico de los premios.

Los premiados son PEGASI SAIL (Chile), una solución que utiliza inteligencia artificial para mejorar la detección temprana del cáncer y optimizar la coordinación asistencial entre pacientes, hospitales y profesionales de la salud; Helpful Village (Estados Unidos), una plataforma que gestiona el modelo de envejecimiento en casa y que facilita pedir ayuda 24/7, automatiza gestiones y ofrece videollamadas, mapas interactivos y geolocalización de voluntarios; y Cocoon (Suecia), un airbag para las sillitas infantiles de las bicicletas que se despliega en 20 milisegundos cuando su IA detecta riesgo de colisión.

Los tres seleccionados han recibido un premio individual de 40.000 euros para
desarrollar sus proyectos, así como un programa de mentorías por parte de IE
University. También entrarán a formar parte de Red Innova, que fomenta el
intercambio de conocimiento experto y contribuye al ecosistema de la innovación
social.

El acto, celebrado hoy en el Museo Reina Sofía, en Madrid, ha contado con la
participación de Juan Cruz Cigudosa, secretario de Estado de Ciencia,Innovación y Universidades; Antonio Huertas, presidente de Fundación MAPFRE; y Diego del Alcázar Benjumea, CEO de IE University; y Andrés Allamand, secretario general Iberoamericano.

Proyectos sociales e inclusivos

Antonio Huertas, presidente de Fundación MAPFRE, ha felicitado a los 12 finalistas y a los 350 proyectos innovadores de todo el mundo que se han presentado a esta edición de los premios, con el constante denominador común de proponer ideas que mejoren la vida de las demás personas. 

Además, ha destacado que por estos premios han pasado ya miles de propuestas disruptoras e inspiradoras, muchas de ellas convertidas hoy en una realidad que ayuda a cientos de miles de personas.

Los tres premiados: Chile, Suecia y Estados Unidos

Luis Santiago, cofundador y CEO de PEGASI SAIL: “PEGASI SAIL nació desde una experiencia personal dolorosa, pero se ha convertido en una herramienta con impacto real para miles de pacientes. Gracias a la inteligencia artificial, estamos transformando la manera en que se diagnostica y trata el cáncer, optimizando el tiempo que a veces marca la diferencia entre la vida y la muerte. 

Este premio refuerza nuestro compromiso de seguir desarrollando soluciones que rompan barreras, integren los sistemas de salud y lleven esperanza a quienes más lo necesitan”.

Manuel Acevedo, fundador y CEO de Helpful Village: “Las personas mayores merecen envejecer en casa, rodeadas de su comunidad, con independencia, dignidad y apoyo real. Ver cómo mi madre, tras jubilarse, se enfrentaba a la soledad y a la falta de propósito, nos llevó a descubrir el Movimiento Village en Estados Unidos, y a comprender que muchas comunidades necesitaban herramientas para organizar mejor su ayuda mutua. Fue todo lo que necesitamos para crear Helpful Village”.

Emma Garatea, fundadora y CEO de Cocoon: “Este premio refuerza la idea de que la movilidad sostenible también debe ser segura, sobre todo para los más pequeños. En Cocoon, no solo diseñamos un airbag, sino que diseñamos tranquilidad para madres y padres que quieren moverse en bicicleta sin miedo.

Esto nos da fuerza para seguir creciendo, aprendiendo y contribuyendo a unas ciudades más verdes, pero también más humanas”.

350 emprendedores de distintos países

A la convocatoria de este año se han presentado 350 proyectos, desarrollados por científicos, investigadores, estudiantes de universidades y escuelas de negocios. Los 12 finalistas han presentado sus propuestas ante un jurado formado por profesionales del ámbito empresarial y del emprendimiento social, que ha seleccionado a los tres ganadores, teniendo en cuenta criterios basados en su potencial de impacto social, su viabilidad técnica y económica, y la capacidad y experiencia del equipo.

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Gobernadora hace imputaciones falsas sobre seguros del Departamento de la Vivienda

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Por Miguel Díaz Román

En lo que representó un exabrupto marcado por la desinformación, la gobernadora Jenniffer González Colón, acusó la pasada semana a la aseguradora MAPFRE de hacer una oferta al Departamento de la Vivienda (DV) de $9 millones en relación con una reclamación por pérdidas en viviendas públicas causadas por los huracanes Irma y María que ascendía entre $600 y $800 millones, lo cual es totalmente falso.

Según la información obtenida de documentos judiciales accesibles a través del mecanismo electrónico para radicación y archivo de casos de la rama judicial conocido como SUMAC, la cifra de $9 millones que mencionó González Colón en realidad no se trata de una oferta realizada por Mapfre, sino de una determinación efectuada de por dos ajustadores y un árbitro en relación a las pérdidas reclamadas por el DV en una póliza que cubre parte de las propiedades de la agencia.

La determinación de los tres profesionales se realizó a través del proceso de valoración de pérdidas (appraisal) que promueve la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).

El mecanismo de «appraisal», que pretende lograr un valoración objetiva de las pérdidas con la participación de las partes, surge de la Ley 242 de 2018 y posteriormente, en 2019, la OCS emitió la Carta Normativa CN-2019-248-D que estableció el proceso de manera formal.

Es necesario señalar que, según dispone el proceso de «appraisal», uno de los ajustadores fue contratado por el VMH, el otro por MAPFRE y el árbitro fue seleccionado en común acuerdo por las partes.

Además, la cifra de «entre $600 y $800 millones» mencionada la gobernadora es el reclamo en pérdidas que alega el DV en una segunda póliza para la cual aún no existe un laudo.

Dos pólizas

En realidad existen dos pólizas que cubren los residenciales públicos en la Isla y que mantiene enfrentados en una controversia judicial a la aseguradora MAPFRE y al DV por las pérdidas causadas por los huracanes Irma y María.

El 20 de septiembre de 2019, el DV radicó varios pleitos judiciales contra MAPFRE, alegando incumplimiento de contrato, daños y una solicitud de sentencia declaratoria en relación con las dos pólizas. Los litigios están en espera de resolución ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan.

El DV es representado por el bufete Cancio, Nadal & Rivera, L.L.C., aunque en el principio de las controversias judiciales el licenciado Andrés Guillemard figuró como abogado de la agencia.
MAPFRE es representada por el bufete Saldaña, Carvajal & Vélez Rivé.

De hecho, el proceso de «appraisal» fue ordenado para las dos pólizas por la jueza Iveliz Morales Correa, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

El pasado jueves 8 de mayo el periódico digital Noticel citó a la gobernadora González Colón, quien «visiblemente molesta» acusó a MAPFRE de incumplir con el gobierno de Puerto Rico al ofrecer una “insultante” compensación por los daños que dejó el huracán María en cientos de residenciales públicos.

Las expresiones de la gobernadora

La historia de Noticel sostiene que González Colón, con su habitual elocuencia pero sin lo datos exactos, la emprendió contra la aseguradora: “estoy hablando de MAPFRE, y estoy hablándole con nombre y apellido”, sentenció la gobernadora, visiblemente molesta, al revelar que mientras el Departamento de la Vivienda reclamó entre $600 y $800 millones por pérdidas en estructuras públicas, la aseguradora respondió con una oferta de apenas $9 millones».

“Es imposible que el gobierno de Puerto Rico acepte una negociación de esa magnitud”, sostuvo.

Según Noticel, la gobernadora denunció que MAPFRE demuestra una falta de compromiso con los contratos firmados, a pesar de que el gobierno paga entre $25 y $27 millones al año en primas para asegurar los residenciales públicos.

“Si tú tienes un ‘broker’ que te vende una póliza asegurándote por una cantidad… y me vienes a compensar con $9 millones por una pérdida de casi $800, aquí hay algo mal…”, sostiene Noticel que expresó la gobernadora.

González Colón también alegó, según se desprende de la historia de Noticel, que determinadas aseguradoras imparten un trato discriminatorio contra el gobierno: “Basta ya de que el gobierno sea el principal cliente de muchas aseguradoras, que pagamos más de primas y de seguros y recibimos menos de un 1% en cubiertas que en el sector privado hubieran recibido el doble de las transacciones que se están haciendo”.

Los hechos según el registro judicial

No obstante, los hechos desmienten a la gobernadora, según surge de los documentos radicados en SUMAC.

En la primer póliza, suscrita por MAPFRE a favor de una dependencia del DV conocida como Vivienda Modernization Holding SE (VMH), y que ha sido denominada en el pleito como “Póliza de Modernization”, cubre aproximadamente 34 localidades y fue emitida para el período del 1 de julio de 2017 al 1 de julio 2018.

Como resultado del proceso de «appraisal» los dos ajustadores y el árbitro determinaron de manera unánime que la pérdida sufrida por VMH ascendió a $9,553,200.00 millones.

La cifra figura en un documento titulado «opinión sobre alcance y costos del panel de evaluación», emitido el 20 de diciembre de 2024, el cual fue firmado por los ajustadores Tim Swift, Carlos Báez y por el árbitro Luis Esteves.

Además, el reclamo original de pérdidas radicado por VMH totalizó $66,261,412.47 millones, lo que implica que la reclamación estaba inflada por $56,708,212.47 millones, según la prueba de pérdida juramentada por VMH en 2021, según surge de la información obtenida en SUMAC.

Reclamación inflada

Mapfre había radicado una reconvención a la demanda original presentada por VMH en la que alegó fraude debido a que la reclamación fue inflada en un por 594%.

Un dato revelador es que para el 2018 el DV notificó que había contratado a la empresa Scott M. Favre Adjusters, LLC (SFPA) como el ajustador público para las dos pólizas.

En 2019 la OCS le imputó fraude a SFPA haber inflado de manera fraudulenta reclamaciones de daños de sus clientes causadas por los huracanes Irma y María.Los señalamientos de fraude en reclamaciones contra SFPA fueron presentados ante la OCS por las aseguradoras Integrand Assurance, MAPFRE y QBE Seguros.

Seis años después de las graves imputaciones la OCS finalmente cerró el caso con una multa contra SFPA por la cantidad de $15,000 que no conllevó la anulación de su licencia, lo que implica que la empresa podrá continuar operando en el mercado local.

No obstante, fuentes de la industria de seguros indican que SFPA ya no es el ajustador público del DV.

Segunda póliza en espera de «appraisal»

En la segunda póliza, denominada como la «póliza de Vivienda», el DV presentó una reclamación juramentada la cual asciende a $827,406,972.10 millones, que responde a daños
reclamados en 237 localidades. Luego de aplicar los deducibles establecidos en la póliza, el reclamo se redujo a $661,306,817.43 millones.

De SUMAC no se desprende que «la póliza de Vivienda» haya sido evaluada bajo los preceptos del proceso de «appraisal», según lo ordenó el Tribunal.

El pasado viernes 9 de mayo MAPFRE y el DV radicaron en conjunto en el Tribunal una moción informativa en que describió en detalle el estado actual para las dos pólizas.

En síntesis, la moción sostiene que aunque ya existe un laudo para la “póliza de Modernization”, aún existen controversias que el tribunal deberá resolver. También se informó que las partes han dialogado para la continuación de las inspecciones de las propiedades.

Sobre «la póliza de Vivienda», la moción indica que las partes aún discuten la manera de concluir el proceso de appraisal y advierte que existen discrepancias entre las partes en el número de propiedades que deben inspeccionarse.

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Ultimátum de Contralora a tecnológicas que impiden hacer auditorías

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Por Miguel Díaz Román

Un grupo de empresas tecnológicas especializadas en servicios de computación y en el manejo y almacenamiento de datos, se han negado a dar acceso a la Ocinina del Contralor a los archivos de numerosas agencias del gobierno a la que ofrecen servicios, lo que ha impedido a esa dependencia de la Legislatura realizar las auditorías mandatorias por ley, según denunció la Contralora, Yasmín Valdivieso.

Incluso, Valdivieso reveló que estas empresas le han exigido que la Oficina del Contralor pague dinero para obtener la información de las agencias. La Contralora indicó que se propone ir a los tribunales si continúa la actitud obstinada de estas empresas de negar acceso a los archivos de las agencias.

Indicó que ya los tribunales han resuelto que el sector privado no le puede cobrar dinero a la Oficina del Contralor para que pueda cumplir su responsabilidad constitucional.

«Un banco nos quería cobrar para entregar una información que estábamos solicitando de personas que eran targeta de investigación y un banco nos quería cobrar. Llevamos el caso al tribunal y el tribunal decidió que a la Oficina del Cotralor no se le cobra»,. explicó la funcionaria.

Problemas con cuatro empresas

La Contralora no identificó a las empresas tecnológicas involucradas en la controversia, aunque reveló que hasta ayer la Oficina del Contralor había enfrentado dificultades con cuatro de ellas.

Valdivieso sostuvo que por varios años viene ocurriendo la insólita situación en que empresas privadas contratadas por agencias se han convertido en obstáculos para que la Oficina del Contralor pueda cumplir con su responsabilidad constitucional de auditar el uso de los fondos públicos en todo el gobierno.

«LLevan unos cuantos años dándonos trabajo y problemas y la realidad es que ya estoy cansada. no puede ser que tengamos que pasar problemas (para obtener la información). Si las agencias no tiene el personal para llevar las bases de datos, yo no tengo problema con que privatices, pero eso no quiere decir que no tengamos acceso a esa información y mucho menos que nos quieran cobrar por verla», dijo Valdivieso.

Ultimátum de Valdivieso

Incluso, Valdiveso reveló que en el día de ayer representantes de la Oficina del Contralor estuvieron reunidos con el principal ejecutivo de una empresa de tecnología que se ha negado a ofrecer una determinada información de una agencia que no identificó.

Al momento en que se realizó esta entrevista la funcionaria dijo que aún no conocía el resultado de esa reunión.

«El próximo que se atreva a negarme acceso lo voy a demandar por obstrucción», dijo la Contralora.

Reveló que el pasado cuatrienio la Oficina del Contralor enfrentó las objeciones de varias empresa de tecnología que se negaron a dar acceso a los archivos y para lidiar con el problema Valdivieso se vio obligada a llamar a la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales, en numerosas ocasiones para que ella intercediera con las agencias y la información fuera entregada.

Sostuvo que tiene en agenda discutir la objeción de las tecnológicas para dar la información de las agencias con el Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico, que es la agencia encargada de la renovación tecnológica en el Ejecutivo y que es conocida por las siglas PRITS.

PRITS en el fondo del problema

Las contrataciones que hacen las agencias de las empresas tecnológicas se realizan en coordinación con PRITS.

Valdivieso explicó que su objetivo es que PRITS incluya en los contratos con las tecnológicas una cláusula mandatoria que establezca la obligatoriedad de que esas empresas entreguen a la Oficina del Contralor la información que esta entidad requiera de los datos de las agencias del gobierno bajo su control.

Desde su creación en 2019 PRITS no ha estado exenta de controversias que han impedido que la agencia haya tenido un principal ejecutivo en propiedad por una extensión de tiempo considerable.

De hecho, a finales del pasado mes de abril la gobernadora Jenniffer González Colón envió ayer al Senado la designación de Luis Javier Rodríguez Vega para ser el principal ejecutivo de PRITS, luego de que retiró el nombramiento de Antonio Ramos Guardiola para esa posición.

Controversias anteriores

El pasado cuatrienio la mayoría del Partido Popular en el Senado logró evitar la confirmación de Enrique Volckers Nin y de Nannette Martínez Ortiz como principales ejecutivos de PRITS.

Además, varias de las empresas tecnológicas fueron mencionadas en querellas presentadas contra Glorimar Ripoll Balet, quien dirigió PRIS bajo la administración del ex gobernador Ricardo Rosselló.

En esa ocasión el entonces legislador Ramón Luis Cruz Burgos dijo que Ripoll Balet impulsó la contratación de XUVO Technologies, Inc. en el Departamento de Salud.

Por su parte, el señor Roberto Mojica Paz, presidente de Ia compañia RM Communications, Inc. (RMCOMM), alegó que Ripoll Balet actuó en contra de su empresa al enviar una comunicación oficial a la Oficina de Gerencia y Presupuesto ordenando que cancelaran el contrato de RMCOMM.

Finalmente en 2020 el Departamento de Justicia determinó que no existía causa suficiente para creer que Ia ingeniera Ripoll Balet haya incurrido en conducta delictiva y recomendó que no se designe un Fiscal Especial Independiente.

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«Corredores de seguros del gobierno siempre son los mismos, los mismos, los mismos»

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Por Miguel Díaz Román

Frente a la denuncia de que los corredores de seguros del gobierno «siempre son los mismos», el Departamento de Hacienda (DH) defendió el método de cualificación de corredores que la agencia utiliza desde 2021 porque, alegadamente, evita «cualquier tipo de esquema de irregularidades, negligencia y falta de transparencia en la selección de los corredores de seguro».

El secretario auxiliar de asuntos legales del DH, el licenciado José Chavez, advirtió que la contratación de los «mismos corredores» responde a su experiencia en asegurar propiedades del gobierno que «por su complejidad son difíciles de asegurar».

Chavez presentó como ejemplo las cubiertas de seguro que cubren los riesgos de las represas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.

De hecho, los seguros de esta corporación pública han sido manejados por muchos años por la firma Lone Star Insurance, la cual está vinculada al señor Andrés Guillemard Ginorio, quien ha sido señalado en el pasado como uno de los corredores que, alegadamente, se ha beneficiado por el proceso de selección realizado en Hacienda.

A la derecha el licenciado José Chavez, secretario auxiliar de asuntos legales del DH, y Rafael Santiago, de seguros públicos.

El funcionario hizo las expresiones la pasada semana ante la Comisión de Banca, Seguros y Comercio de la Cámara de Representantes, en representación del secretario del DH, Ángel Pantoja Rodríguez.

No obstante, el presidente de la citada Comisión, el representante Jorge Navarro Suárez, cuestionó el proceso de selección de corredores de seguros que realiza el DH al sostener que su experiencia en los pasados años como legislador ha visto que los corredores de seguros del gobierno «siempre son los mismos».

«Los mismos, los mismos, los mismos»

«Yo veo que siempre son los mismos. En cada administración siempre son los mismos, los mismos, los mismos. No hay espacio para otros productores. Y yo digo, aquí está pasando algo. Llevo veinte años en esto y he tratado de entrar productores y no hay forma. Siempre son los mismos, los mismos, los mismos. Si el gobierno es popular, son los mismos. Si el gobierno es PNP, son los mismos. Entonces se reparten las agencias. No es que le estoy metiendo el dedo en la llaga, pero ¿qué está pasando aquí que no hay diversidad, de tantos productores que ustedes indican que hay?, sostuvo Navarro Suárez.

En respuesta al planteamiento del legislador, Chavez argumentó que «sé que muchas veces se ha dicho que podrían ser los mismos, pero esto tiene que ver y está directamente atado al «expertise» que tienen estos corredores para salir al mercado y asegurar propiedades del gobierno que son difíciles de asegurar. Pensamos quizás que tradicionalmente te van asegurar una flota de carros o un edificio, pero el gobierno cuenta con infraestructura bien compleja y técnica, que a la hora de salir, como le comenté, incluso no son aseguradoras del patio las que te aseguran. Hay que ir al mercado excedente, a Europa. Hay sindicatos en Escocia que yo he aprendido que son los únicos que te ofrecen un seguro para esto en particular».

El intercambio entre Navarro Suárez y Chavez ocurrió durante el examen del Proyecto de la Cámara 341, que impone un cargo de 5 % a la comisión que reciben de los corredores que manejan los seguros del gobierno.

La medida, radicada por el representante Navarro Suárez, exime del cargo de 5 % a las comisiones ganadas por corredores de aquellos seguros que hayan sido seleccionados a través de un proceso de subasta pública.

El PC 341 busca generar ingresos para beneficiar a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y a los municipios del país.

Necesarios más de 70 puntos

La comparecencia de Chavez aconteció luego de que en dos ocasiones la Comisión citó al secretario Pantoja Rodríguez y este se ausentó, según comentó Navarro Suárez al inicio de la vista pública.

En la vista Chavez explicó que el nuevo método de cualificación de corredores establecido en 2021, impuso como requisito que los corredores presenten ante el DH una «solicitud de calificación» (RFQ, por sus en inglés), que es un documento que se utiliza para medir las cualificaciones y capacidades de los corredores.

Los RFQ son examinados por un comité evaluador que está integrado por representantes de las divisiones de seguros públicos, asuntos legales y administración del DH.

Además, participa un representante de la Autoridad de Agencia Fiscal y de Asesoría Financiera de Puerto Rico y un representante de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).

Para integrar la terna de corredores del gobierno se debe obtener una nota de 70 puntos o más en el llamado talonario de cualificación, que es administrado por el comité evaluador, explicó Chavez.

Encuesta de servicio

Sostuvo que solo 19 corredores obtuvieron una calificación de más de 70 puntos de un grupo de 70 corredores que participaron en 2021. El funcionario indicó que desde ese año no se hace el proceso competitivo entre corredores, lo cual es una discreción que posee el secretario de Hacienda.

Chavez también explicó que el nuevo método permite que el DH prescinda de la cualificación anual de corredores y en sustitución se realice una «encuesta de servicio» entre las agencias para determinar la calidad del servicio que ofrecen los corredores.

Esta información le permite al secretario del DH determinar si es necesario renovar los contratos o recurrir a un nuevo proceso de presentar RQF y su posterior cualificación.

«El procedimiento permite que el secretario del DH en su discreción, de año en año, no haga el proceso competitivo, dependiendo de distintas cosas. Entre ellas, estos años que no se ha hecho el proceso competitivo, se hace una encuesta de servicio a las entidades gubernamentales y ellos nos comparten la retroalimentación de cómo ha sido su experiencia con ese productor. Y entonces, a base de eso, el secretario puede determinar hacer una renovación de esos contratos», indicó Chavez.

Inexistente la subasta

En la vista pública Chavez confirmó que ningún corredor ha presentado propuestas en la división de seguros públicos del DH para que los seguros del gobierno sean seleccionados por subasta pública.

El funcionario también señaló que en los pasados 12 años no se han seleccionado seguros del gobierno mediante subasta.

Chavez explicó que las agencias del gobierno seleccionan la póliza que les parece más favorable a través de un proceso que el funcionario llamó «adquisición directa», el cual ocurre luego de que el corredor hace una presentación con varias alternativas de pólizas de seguro compatibles con las necesidades de las agencias.

El funcionario también expresó que el proceso de subasta para seleccionar los corredores del gobierno podría ser contrario al interés público porque, alegadamente, no permite un proceso de negociación en el que las primas se atemperan a los presupuestos de las agencias.

Un planteamiento que no fue comprendido por los legisladores presentes en la vista, pues ninguno de ellos cuestionó si las primas responden al riesgo que se va a asegurar o a las necesidades presupuestarias de las agencias.

«Respetuosamente, señalamos que el proceso de subasta para los servicios profesionales de contratos de seguros podría ser contraproducente al interés público. Ello ya que, bajo una subasta, entre otras cosas, no se permite un proceso ágil de negociación de primas que debe atemperarse a los presupuestos de las entidades gubernamentales. La contratación de los corredores de seguros se efectuó con el propósito de utilizar sus recursos, contactos con la industria, sus conocimientos, sus acreditaciones y la fiscalización de ellos por parte de la OCS», sostuvo Chavez al leer directamente de su ponencia escrita.

Incluso el funcionario indicó que exigir la subasta pública para las pólizas del gobierno requeriría que el DH tuviera que «notificar alrededor de 1,000 subastas anuales para las 125 dependencias con requisitos de seguros especializados y complejos; considerando que usualmente éstas tienen entre 5 y 15 pólizas distintas».

Posible aumento en los seguros

«En muchas ocasiones, esas subastas quedarían desiertas para ciertas agencias gubernamentales por la complejidad y seguro de riesgo de éstas», expresó Chavez, quien añadió que la división de seguros públicos no podría manejar adecuadamente estos requerimientos porque sólo cuenta con cuatro técnicos.

Otro ángulo que tocó el funcionario en su ponencia es la posibilidad de que el cargo de 5% que propone la medida podría aumentar el costo de los seguros.

Chavez recordó que los contratos de seguros también están cobijados por una aportación de 1.5% establecida por la ley 48 de 2013, conocida como «Ley para Establecer una Aportación Especial por Servicios Profesionales y Consultivos».

Aunque Chavez indicó que el DH favorece la aprobación del PC 341, advirtió que el presupuesto de las agencias podría necesitar la aprobación de incrementos si la prima de los seguros aumenta como resultado del cargo de 5%.

La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa ha estimado que el cargo de 5% generaría $7.4 millones, de los cuales $4.2 millones se obtendrían a través de los municipios y $3.2 millones por medio del gobierno estatal.

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En ebullición aumentos en la leche, el café y el salario mínimo agrícola

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Por Miguel Díaz Román

En estado de ebullición se encuentran los reclamos para que se aprueben aumentos en el precio de la leche, del café y en el salario mínimo agrícola, debido a que los altos costos de producción han reducido los márgenes de ganancias de las ganaderías y de los caficultores, mientras que existe la preocupación que los bajos salarios afectan el reclutamiento de trabajadores agrícolas.

Los reclamos de aumentos ya han llegado al Departamento de Agricultura, al Departamento de Asuntos del Consumidor y al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

En estos momentos se desconoce si, debido al impacto que podría causar en el consumidor, la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón estaría dispuesta a respaldar un incremento en el precio de la leche o del café para satisfacer el reclamo de los agricultores.

También se desconoce cuál es la posición de la presente administración en relación con un posible aumento en el salario mínimo agrícola.

Ni el secretario de Agricultura, Josué Rivera Castro, ni el subsecretario de la agencia, Irving Rodríguez, respondieron a las interrogantes de SN sobre cuál es su posición ante los reclamos de los agricultores.

Para viabilizar la evaluación de un posible aumento en el precio de la leche, existe un reclamo para que la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) termine el estudio económico exhaustivo (EEE), un requisito de la ley 34 de 1957, conocida como Ley para Reglamentar la Industria Lechera.

El estatuto dispone que la ORIL debe «realizar estudios económicos exhaustivos por lo menos cada cuatro años, a los fines de revisar y mantener el precio de la leche fresca dentro de un margen razonable y equitativo para los diferentes sectores dentro de la industria”.

Como resultado de la demanda federal contra la ORIL que radicaron las plantas procesadoras, en 2016 se realizó el último estudio económico sobre la industria lechera y sus resultados fueron implementados en 2017 con un aumento en el precio de la leche en todos los niveles.

EEE para el 30 de mayo

No obstante, a partir del 2017 no se ha cumplido con el requisito de realizar el EEE cada cuatro años.

El pasado 30 de abril, el presidente del sector de leche de la Asociación de Agricultores, Camilo Román Muñiz, reveló que sostuvo una reunión con Rivera Castro, quien le indicó que el EEE estará listo el 30 de mayo.

«Tenemos pautada una reunión el 2 de junio para el darnos los resultados del estudio de forma que pueda informarle los mismos a los ganaderos antes del 15 de junio. Le expresé la necesidad económica urgente de los ganaderos y le pedí que evaluara diferentes opciones para ayudarnos en lo que culmina el proceso del precio. Acogió nuestra petición y quedó en estudiar alternativas», dijo Román Muñiz en una misiva enviada a los miembros del sector de leche de la AA.

Alegadamente, Rivera Castro le dijo a Román Muñiz que se estaría reuniendo con el administrador interino de la ORIL, Jorge Campos, para tramitar el pedido de los ganaderos.

No obstante, la misiva de Román Muñiz ha generado críticas porque, alegadamente, ni Román Muñiz ni el secretario de Agricultura conocen el proceso que se debe seguir tras concluir el EEE, el cual requiere que la ORIL convoque vistas públicas para que las conclusiones del EEE sea evaluadas a la luz de los estudios económicos que deben realizar los diversos sectores de la industria lechera.

Además, es necesario celebrar vistas públicas en distintos puntos de la isla para que se expresen los ganaderos del país.

Otro señalamiento es que probablemente los datos recopilados por la ORIL no reflejan el costo de producción de varios años atrás, lo que podría causar que las conclusiones del estudio no respondan a la realidad económica del presente.

También ha trascendido que determinados grupos en el sector de los ganaderos no consideran que el administrador interino de la ORIL sea una persona imparcial, pues cuando ocupó ese cargo en 2016 no favoreció la culminación del EEE.

Por razones desconocidas, la ORIL no ha realizado el EEE desde 2017. Ese incumplimiento ha impedido que se aumente el pago por cada litro de leche cruda que produce el sector ganadero, mientras los costos de producción continúan en aumento. Hasta el 2024 más de 45 vaquerías han cerrado o se han declarado en quiebra en el Tribunal Federal de Quiebras en San Juan.

Actualmente las ganaderías reciben cerca de 91 centavos por cada litro de leche cruda destinado al mercado de leche fresca y 73 centavos para la leche que es orientada al mercado de leche UHT y otros usos. No obstante, voces del sector ganadero estiman que, debido a los costos de producción, el pago por el litro de leche cruda debería exceder el $1.

Leche subsidiada

Además, el Departamento de Agricultura (DA) concede un subsidio de entre 15 y 17 centavos va dirigido a financiar los costos de la leche cruda que se dedica al llamado segundo nivel, que satisface el mercado de leche UHT. El subsidio fue aprobado por el ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.

Sobre la posibilidad de un posible aumento en el precio del café, José Torres, quien es el presidente de la Asociación de Torrefactores de Puerto Rico (ATPR), indicó que la pasada semana en entregó una misiva en la oficina del secretario de Agricultura, en la que se argumentó sobre la necesidad de sostener una reunión para atender las diversas preocupaciones de los integrantes del sector del café.

Torres dijo que la ATPR es una organización creada en las pasadas semanas que integra a los torrefactores locales y entre sus objetivos figura promover los intereses de todos los integrantes de la industria del café. Estos son los caficultores, beneficiadores y torrefactores.

Entre esos intereses también figura de manera prominente la necesidad de decretar un alza al precio del café que producen los caficultores.

Torres explicó que la pasada secretaria designada del Departamento de Asuntos al Consumidor (DACO), Natalia Cantoni, extendió por seis meses la orden de precios vigente durante el 2024, lo que implica que los precios en los diversos sectores de la industria del café continuarán vigentes hasta el próximo 30 de julio.

Sostuvo que, luego de que el nombramiento de Cantoni no fuera confirmado por el Senado, no se pudo completar el proceso reglamentario que consiste en nombrar un comité que deberá rendir un estudio económico sobre si es necesario decretar un aumento en el precio del café. El estudio debe estar terminado antes del 30 de julio.

«Al ella no estar estamos comenzando desde cero», dijo Torres.

ADEA deberá absorber

El presidente de la ATPR dijo que espera comunicarse con la nueva secretaria de DACO, Valerie Rodríguez Erazo, para cumplir con el trámite de nombrar el nuevo comité y realizar el estudio económico.

No obstante, Torres dijo que el sector de los caficultores requiere que el precio del almud de café, que consta de 28 libras, aumente de $18.00 a no menos de $22.00.

Agregó que, para evitar que un aumento del grano que produce el caficultor incremente el precio de la libra de café a nivel del consumidor, la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), debería absorber el alza.

Recordó que actualmente la ADEA absorbe el aumento que ha experimentado el café importado y no lo traslada en sus ventas a los torrefactores, lo que garantiza estabilidad en el precio de la libra de café a nivel del consumidor.

En la actualidad la importación de café es necesaria porque la producción local solo alcanza cerca de 40,000 quintales anuales, mientras que el consumo anual en el país se aproxima a los 280,000 quintales.

Una exención concedida por el Congreso que data desde principios del siglo pasado permite que las compras de café importado efectuadas por ADEA estén exentas de pagar un arancel federal. ADEA importa el grano y lo revende a los torrefactores, una operación que genera un beneficio económico de hasta $20 millones anuales.

Aumento en plazos

Torres reconoció que las compras actuales de café importado que realiza ADEA no generan ganancias, pero indicó que se espera que en el futuro cercano el precio del café importado experimente una baja, lo que permitirá que la dependencia del Departamento de Agricultura obtenga favorables beneficios con la reventa del grano.

Torres dijo que a partir de ese momento la ADEA debería dedicar una parte de sus ganancias a subsidiar las ventas del café local. Indicó que el pasado ADEA garantiza al caficultor un subsidio de $75 por cada venta de 100 libras de café del país.

La semana pasada la Comisión Evaluadora de Salario Mínimo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos celebró vistas públicas para conocer las apreciaciones de los trabajadores agrícolas y de los agricultores sobre el desempeño del salario mínimo agrícola, que actualmente es de $5.08 por hora.

Aunque muchos agricultores y empresas agrícolas pagan más de $5.08 por hora a sus trabajadores es conocido el reclamo tanto de parte de trabajadores agrícolas como de agricultores para que se aumente el salario mínimo agrícola con el fin de para evitar el éxodo de trabajadores, especialmente en empresas agrícolas dedicadas al cultivo de hortalizas y café.

Otro reclamo es que los incrementos en el salario mínimo agrícola no afecte a los trabajadores que reciben ayudas de programas gubernamentales.

Los pocos deponentes que asistieron a la vista favorecieron que se aumente el salario mínimo en varios plazos hasta alcanzar $9.75 por hora para 2027.

Por disposición federal los patronos agrícolas cuyas operaciones generan más de $500,000 al año están obligados a pagar $7.25 por hora. El salario mínimo estatal aumentó desde el 1 de julio de 2024 a $10.50 por hora, pero ese aumento no se aplicó al sector agrícola.

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Alcaldías como alternativa ante gobierno central ineficiente

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Por Dr. Edgar León

Durante la última década, el sistema central de gobierno de Puerto Rico se ha dedicado, con alarmante consistencia, a delegar sus responsabilidades mediante la subcontratación. Lo que en su momento pudo parecer una medida pragmática, se ha revelado como un costoso ejercicio de intermediación que solo añade burocracia, ineficiencia y, en última instancia, un servicio deficiente para los ciudadanos que dice servir. 

¿Para qué necesitamos un gobierno central que se limite a ser un mero agente, inflando los costos y entorpeciendo la entrega de servicios esenciales?

Un sistema central de gobierno debería ser un facilitador, un ente que simplifica y agiliza la vida de sus ciudadanos. En Puerto Rico, lamentablemente, se ha convertido en un obstáculo, en una gigantesca agencia de empleo para los partidos políticos de turno, donde la eficiencia y el bienestar público a menudo quedan relegados a un segundo plano.

Mientras el resto del mundo avanza hacia la descentralización y la democratización de los servicios públicos, Puerto Rico parece anclado en un modelo obsoleto. Naciones enteras están reduciendo sustancialmente sus estructuras gubernamentales centrales, apostando por sistemas locales ágiles y eficientes. 

La tecnología y la inteligencia artificial se han convertido en pilares para consolidar información y optimizar la prestación de servicios directamente a los ciudadanos.

Es inaceptable que Puerto Rico mantenga un aparato gubernamental central sobredimensionado. Con cerca de 140 agencias, superamos en número a la mayoría de los estados de Norteamérica, a pesar de tener una población significativamente menor. 

Esta proliferación de entidades sólo contribuye a la duplicidad de funciones, la ineficiencia y el despilfarro de recursos que bien podrían destinarse a mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños.

Durante demasiado tiempo, se ha perpetuado la falsa creencia de que la función del gobierno es crear dependencia. Los resultados están a la vista: servicios esenciales en precario, agencias públicas en bancarrota y un gobierno central que ha demostrado una incapacidad manifiesta para administrarse. 

Ante este panorama desolador, la pregunta es inevitable: ¿para qué lo queremos?

Ha llegado el momento de un cambio radical. Cada alcalde debe tomar las riendas del futuro de su pueblo y emanciparse de la asfixiante tutela del sistema central. Es hora de que los municipios busquen activamente empresas que inviertan y generen empleos a nivel local. 

Es hora de transformar los residuos en energía, liberándose de costosas dependencias externas. Es hora de romper el monopolio de las comunicaciones y la internet, abriendo paso a la innovación y la conectividad para todos.

Es hora de rescatar nuestras escuelas públicas del yugo de la politiquería y convertirlas en verdaderos centros de aprendizaje, donde se fomente el pensamiento crítico y se prepare a las futuras generaciones para un mundo competitivo. 

Solo a través de la autonomía y la gestión local eficiente podremos sacar a nuestra isla del pozo de la ineficiencia y la falta de oportunidades en el que se encuentra sumida.

La descentralización no es una utopía, es una necesidad urgente. Es el camino hacia un Puerto Rico más próspero, eficiente y donde los ciudadanos sean los verdaderos beneficiarios de los servicios públicos. Es hora de que los alcaldes tomen la iniciativa y lideren esta transformación. El futuro de nuestra isla está en sus manos.

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Comisionado de Seguros designado descarta Alexander Adams Vega será parte de su equipo 

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Por Miguel Díaz Román

El licenciado Alfredo Ocasio Pérez, designado por la gobernadora Jenniffer González Colón para ocupar el cargo de Comisionado de Seguros, sostuvo que el  Comisionado de Seguros en funciones, el licenciado Alexander Adams Vega, no será parte del grupo de empleados de confianza que él espera seleccionar tan pronto asuma la posición oficialmente.

Ocasio Pérez, quien demostró estar en conocimiento de que Adams Vega se ha visto involucrado en diversas controversias que han generado una determinada oposición en su contra,  respondió con un categórico «no» cuando  SN le preguntó si el funcionario integraría su grupo de empleados de confianza. 

– «Me han dicho que él (Adams Vega) tiene un puesto de carrera. No estoy seguro. Habría que ver si él tiene un puesto de carrera, pues obviamente tendrá que regresar a su puesto de carrera. Pero el personal mío de confianza lo voy a escoger yo», explicó el licenciado Ocasio Pérez.  

– «¿Usted entiende que Alexander Adams no estará en ese grupo?», cuestionó SN.

– «No», respondió Ocasio Pérez.

El designado a ocupar el cargo de Comisionado de Seguros indicó que no tenía una opinión sobre Adams Vega y su desempeño en la agencia reguladora de la industria de seguros.

-«No he hecho un juicio sobre él (Adams Vega). Creo que mi posición no es hacer juicios sobre él. Es simplemente ver las situaciones que hay en la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y atenderlas inmediatamente y resolverlas», dijo. 

No obstante, Ocasio Pérez señaló que estaba en conocimiento de Adams Vega se había visto involucrado en controversias que lo han distanciado de determinados sectores de la industria de seguros.

Problemas de comunicación

«La comunicación que me ha llegado es que hay problemas de comunicación entre ellos (con determinados sectores de la industria de seguros). No sé a qué se le pueda atribuir. Por lo menos en mi caso, soy una persona abierta, que me gusta escuchar a todo el mundo. Escuchar ideas y entre todos siempre, llegar a un acuerdo de qué es lo mejor. Tanto para las aseguradoras como para el consumidor», agregó Ocasio Pérez. 

Adams Vega no cuenta con el respaldo de la Asociación de Compañías de Seguros, una entidad que ha criticado algunas iniciativas y proyectos de ley que el Comisionado de Seguros ha respaldado abiertamente.  

El sector de los reaseguradores internacionales que operan en Puerto Rico también se han manifestado en contra de iniciativas legislativas respaldadas por Adams Vega.

Entre estos figura el Proyecto de la Cámara 1533, que concedía a la OCS el poder adjudicar el monto de una reclamación de propiedad en controversia, y el Proyecto del Senado 1349, que otorgaba a la OCS el poder adjudicar el monto de las reclamaciones presentadas por los proveedores de salud. Ambas medidas no fueron aprobadas.

Adams Vega sí ha recibido el respaldo del sector de los proveedores de servicios de salud, como médicos, hospitales y laboratorios. 

Ocasio Pérez reconoció que no estaba al tanto de todas las controversias que han eclosionado durante la incumbencia de Adams Vega y prometió examinarlas a fondo cuando sea confirmado en el cargo por el Senado.  

Polémico reglamento

Entre estas controversias se destaca la aprobación del polémico reglamento de Normas para Regular el Proceso de Valoración (Appraisal) en Reclamaciones de Seguros, conocido como la regla 106, que entró en vigencia desde 1 de enero de 2024. 

El citado reglamento ha sido denunciado por Acodese porque  le impone a las aseguradoras un proceso forzado de tasación de daños, en el que ajustadores públicos y tasadores sin experiencia podrían participar en calidad de árbitros.

Otro asunto polémico que Ocasio Pérez dijo desconocer son las imputaciones por la alegada venta ilegal de seguros de viajes, realizadas por Acodese contra la empresa Redbridge.

Recientemente la OCS informó que se había ordenado una nueva investigación sobre los señalamientos de Acodese.

Confidencialidad a prueba

Una controversia sumamente álgida es que durante la dirección de Adams Vega la OCS ha insistido en mantener en confidencialidad el contenido de un acuerdo alcanzado con el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation (Swiss Re).  El acuerdo está relacionado con la liquidación de la aseguradora Real Legacy. 

La Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG) ha solicitado al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que libere del manto de secretividad al citado acuerdo. Además, la AG le advirtió  al Tribunal que los fondos recaudados tras la liquidación de la aseguradora Real Legacy, no dan para pagar las reclamaciones de sus asegurados, lo que contradice la posición mantenida por la OCS.

Recientemente la OCS le solicitó al Tribunal mantener en confidencialidad un nuevo acuerdo alcanzado con la Cooperativa de Seguros Múltiples (CSM), que fue la empresa matriz de Real Legacy. El acuerdo alcanzado entre la OCS y la CSM también está vinculado a la liquidación de Real Legacy.

Con el objetivo de dilucidar estas controversias la jueza Katarina Stipec Rubio, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan,  pautó una vista argumentativa para el 29 de mayo.

Ocasio Pérez dijo que no estaba al tanto de las controversias relacionadas con Real Legacy y la insistencia de la OCS de mantener en confidencialidad los acuerdos logrados con Swiss Re y la CSM. 

Inhibición a la vista

Pero advirtió que como Comisionado de Seguros se inhibirá de atender en estos asuntos, pues ha sido abogado de la CSM en otros pleitos relacionados con el campo de los seguros.

De hecho, Ocasio Pérez dijo que desde 1988 ha estado litigando en los tribunales del país controversias relacionadas con seguros.

Indicó que una de los primeros asuntos que se propone atender luego de que sea confirmado al cargo por el Senado, es la suspensión de la acreditación de la OCS por parte de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC). 

El pasado 23 de marzo un comité de la NAIC votó a favor de suspender la acreditación de la OCS. La decisión se fundamentó con un informe confidencial de la NAIC.

«Tan pronto sea confirmado en el cargo, lo próximo que voy a hacer es reunirme con la gente de la NAIC y ver qué es lo que se requiere para que no haya problemas con la acreditación», sostuvo Ocasio Pérez.

Auditorías en cero

El designado Comisionado de Seguros dijo que tras su confirmación se reunirá con la licenciada Iraelia Pernas, directora ejecutiva de Acodese, para atender los reclamos de la organización.

Otro asunto de gran importancia es que, alegadamente, la OCS ha incumplido su responsabilidad de auditar a las compañías aseguradoras para constatar su solvencia y de proteger al consumidor y garantizar la estabilidad de la industria de seguros. 

La denuncia fue realizada en una misiva emitida el pasado 21 de marzo. La carta fue enviada al Senado por empleados de la OCS. La carta fue difundida en el contexto de que, alegadamente, Adams Vega estaba realizando gestiones entre determinados senadores para permanecer en el cargo. 

En la carta los empleados revelaron que durante la gestión de Adams Vega el ambiente de trabajo en la OCS se ha visto alterado por una atmósfera de «constante maltrato, atropello, falta de ética y legalidad».

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INFORME SEMANAL 25 DE ABRIL DE 2025

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Esta semana en Informe Semanal conversamos con el presidente del Centro Unido de Detallistas, Ramón Barquin, sobre su iniciativa de aumentar la oferta de opciones de seguros a las pequeñas empresas con una alianza estratégica del CUD y la aseguradora Allstate Insurance Company.

Con el secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, dialogamos sobre la posible adquisición de activos de Suiza Dairy por parte de la familia Fonalledas, que son los dueños de la vaquería Tres Monjitas.

También hablamos sobre la renuencia del Departamento de Agricultura para hacer estudios económicos en los sectores de leche y café.

Con el economista José Alameda hablamos sobre el alegado nuevo orden mundial en el contexto del aumento de tarifas que el Donald Trump ha decretado de manera unilateral.

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Anuncian alianza entre Allstate Insurance Company y el CUD

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Por Miguel Díaz Román

La aseguradora Allstate Insurance Company ha establecido una alianza estratégica con la agencia general del Centro Unido de Detallistas (CUD), conocida como Seguros CUD, en lo que representa un paso decisivo para ofrecer una amplia oferta de cubiertas de seguros a las pequeñas empresas que integran la institución, según reveló el presidente del CUD, Ramón Barquín. 

La alianza estratégica con Allstate Insurance Company le permitirá a Seguros CUD viabilizar cubiertas contra eventos de catastróficos de propiedad y contingencia, fianzas, seguros para autos y seguros de vida dirigidos de manera exclusiva con primas competitivas a las pequeñas empresas que son socios de  CUD, explicó Barquín.

«Vamos de la mano con Allstate Insurance Company para el beneficio de nuestros socios. Con esta unión Seguros CUD amplía sus servicios y las cubiertas de seguros «, indicó Barquín.

Allstate Insurance es una de las más importantes aseguradoras que operan en el mercado de los Estados Unidos. La compañía cotiza en bolsa y su sede se encuentra en la ciudad de Northbrook en el estado de Illinois. 

Actualmente Allstate Insurance mantiene una operación en Puerto Rico dedicada exclusivamente a ofrecer cubiertas de vida, cáncer y pólizas contra accidentes.

El presidente del CUD indicó que la alianza con Allstate Insurance Company resultará en una ampliación de las ofertas de seguros para las pequeñas empresas a través de Seguros CUD, que ya viabiliza el principal grupo para seguros de salud en Puerto Rico con más de 15,000 vidas.

De hecho, a través de Seguros CUD los socios del CUD pueden acceder a cubiertas competitivas de salud que son ofrecidas por las aseguradoras de seguros de salud MCS, First Medical y Menonita. 

La oferta de Seguros CUD en cubiertas de propiedad y contingencia incluye a las aseguradoras Multinational, Universal, AIG, Chupp y la Cooperativa de Seguros Múltiples.

CUD llega a Florida

Barquín también reveló que el CUD se ha establecido en el estado de Florida para ofrecer sus servicios a las pequeñas empresas ubicadas en ese estado y especialmente para los empresarios puertorriqueños establecidos en Orlando y Kissimmee, que son las ciudades que han acogido una importante cantidad de los boricuas que integran la diáspora puertorriqueña que se ha trasladado a los Estados Unidos en las pasadas décadas.

Sostuvo que los empresarios puertorriqueños establecidos en Florida que se hagan socios del CUD podrán tener acceso a una amplia variedad de servicios  como adiestramientos, charlas, asesoría y el importante servicio de facilitar las relaciones de los empresarios boricuas con el gobierno del estado y con las alcaldías de las ciudades.

Seguros CUD se encuentra en los trámites finales en la Oficina del Comisionado de Seguros de Florida para acceder a las licencias correspondientes y poder garantizar a los socios del CUD en ese estado los servicios en el campo de los seguros.

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