Por Miguel Díaz Román
En lo que representó un exabrupto marcado por la desinformación, la gobernadora Jenniffer González Colón, acusó la pasada semana a la aseguradora MAPFRE de hacer una oferta al Departamento de la Vivienda (DV) de $9 millones en relación con una reclamación por pérdidas en viviendas públicas causadas por los huracanes Irma y María que ascendía entre $600 y $800 millones, lo cual es totalmente falso.
Según la información obtenida de documentos judiciales accesibles a través del mecanismo electrónico para radicación y archivo de casos de la rama judicial conocido como SUMAC, la cifra de $9 millones que mencionó González Colón en realidad no se trata de una oferta realizada por Mapfre, sino de una determinación efectuada de por dos ajustadores y un árbitro en relación a las pérdidas reclamadas por el DV en una póliza que cubre parte de las propiedades de la agencia.
La determinación de los tres profesionales se realizó a través del proceso de valoración de pérdidas (appraisal) que promueve la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).
El mecanismo de «appraisal», que pretende lograr un valoración objetiva de las pérdidas con la participación de las partes, surge de la Ley 242 de 2018 y posteriormente, en 2019, la OCS emitió la Carta Normativa CN-2019-248-D que estableció el proceso de manera formal.
Es necesario señalar que, según dispone el proceso de «appraisal», uno de los ajustadores fue contratado por el VMH, el otro por MAPFRE y el árbitro fue seleccionado en común acuerdo por las partes.
Además, la cifra de «entre $600 y $800 millones» mencionada la gobernadora es el reclamo en pérdidas que alega el DV en una segunda póliza para la cual aún no existe un laudo.
Dos pólizas
En realidad existen dos pólizas que cubren los residenciales públicos en la Isla y que mantiene enfrentados en una controversia judicial a la aseguradora MAPFRE y al DV por las pérdidas causadas por los huracanes Irma y María.
El 20 de septiembre de 2019, el DV radicó varios pleitos judiciales contra MAPFRE, alegando incumplimiento de contrato, daños y una solicitud de sentencia declaratoria en relación con las dos pólizas. Los litigios están en espera de resolución ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan.
El DV es representado por el bufete Cancio, Nadal & Rivera, L.L.C., aunque en el principio de las controversias judiciales el licenciado Andrés Guillemard figuró como abogado de la agencia.
MAPFRE es representada por el bufete Saldaña, Carvajal & Vélez Rivé.
De hecho, el proceso de «appraisal» fue ordenado para las dos pólizas por la jueza Iveliz Morales Correa, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan.
El pasado jueves 8 de mayo el periódico digital Noticel citó a la gobernadora González Colón, quien «visiblemente molesta» acusó a MAPFRE de incumplir con el gobierno de Puerto Rico al ofrecer una “insultante” compensación por los daños que dejó el huracán María en cientos de residenciales públicos.
Las expresiones de la gobernadora
La historia de Noticel sostiene que González Colón, con su habitual elocuencia pero sin lo datos exactos, la emprendió contra la aseguradora: “estoy hablando de MAPFRE, y estoy hablándole con nombre y apellido”, sentenció la gobernadora, visiblemente molesta, al revelar que mientras el Departamento de la Vivienda reclamó entre $600 y $800 millones por pérdidas en estructuras públicas, la aseguradora respondió con una oferta de apenas $9 millones».
“Es imposible que el gobierno de Puerto Rico acepte una negociación de esa magnitud”, sostuvo.
Según Noticel, la gobernadora denunció que MAPFRE demuestra una falta de compromiso con los contratos firmados, a pesar de que el gobierno paga entre $25 y $27 millones al año en primas para asegurar los residenciales públicos.
“Si tú tienes un ‘broker’ que te vende una póliza asegurándote por una cantidad… y me vienes a compensar con $9 millones por una pérdida de casi $800, aquí hay algo mal…”, sostiene Noticel que expresó la gobernadora.
González Colón también alegó, según se desprende de la historia de Noticel, que determinadas aseguradoras imparten un trato discriminatorio contra el gobierno: “Basta ya de que el gobierno sea el principal cliente de muchas aseguradoras, que pagamos más de primas y de seguros y recibimos menos de un 1% en cubiertas que en el sector privado hubieran recibido el doble de las transacciones que se están haciendo”.
Los hechos según el registro judicial
No obstante, los hechos desmienten a la gobernadora, según surge de los documentos radicados en SUMAC.
En la primer póliza, suscrita por MAPFRE a favor de una dependencia del DV conocida como Vivienda Modernization Holding SE (VMH), y que ha sido denominada en el pleito como “Póliza de Modernization”, cubre aproximadamente 34 localidades y fue emitida para el período del 1 de julio de 2017 al 1 de julio 2018.
Como resultado del proceso de «appraisal» los dos ajustadores y el árbitro determinaron de manera unánime que la pérdida sufrida por VMH ascendió a $9,553,200.00 millones.
La cifra figura en un documento titulado «opinión sobre alcance y costos del panel de evaluación», emitido el 20 de diciembre de 2024, el cual fue firmado por los ajustadores Tim Swift, Carlos Báez y por el árbitro Luis Esteves.
Además, el reclamo original de pérdidas radicado por VMH totalizó $66,261,412.47 millones, lo que implica que la reclamación estaba inflada por $56,708,212.47 millones, según la prueba de pérdida juramentada por VMH en 2021, según surge de la información obtenida en SUMAC.
Reclamación inflada
Mapfre había radicado una reconvención a la demanda original presentada por VMH en la que alegó fraude debido a que la reclamación fue inflada en un por 594%.
Un dato revelador es que para el 2018 el DV notificó que había contratado a la empresa Scott M. Favre Adjusters, LLC (SFPA) como el ajustador público para las dos pólizas.
En 2019 la OCS le imputó fraude a SFPA haber inflado de manera fraudulenta reclamaciones de daños de sus clientes causadas por los huracanes Irma y María.Los señalamientos de fraude en reclamaciones contra SFPA fueron presentados ante la OCS por las aseguradoras Integrand Assurance, MAPFRE y QBE Seguros.
Seis años después de las graves imputaciones la OCS finalmente cerró el caso con una multa contra SFPA por la cantidad de $15,000 que no conllevó la anulación de su licencia, lo que implica que la empresa podrá continuar operando en el mercado local.
No obstante, fuentes de la industria de seguros indican que SFPA ya no es el ajustador público del DV.
Segunda póliza en espera de «appraisal»
En la segunda póliza, denominada como la «póliza de Vivienda», el DV presentó una reclamación juramentada la cual asciende a $827,406,972.10 millones, que responde a daños
reclamados en 237 localidades. Luego de aplicar los deducibles establecidos en la póliza, el reclamo se redujo a $661,306,817.43 millones.
De SUMAC no se desprende que «la póliza de Vivienda» haya sido evaluada bajo los preceptos del proceso de «appraisal», según lo ordenó el Tribunal.
El pasado viernes 9 de mayo MAPFRE y el DV radicaron en conjunto en el Tribunal una moción informativa en que describió en detalle el estado actual para las dos pólizas.
En síntesis, la moción sostiene que aunque ya existe un laudo para la “póliza de Modernization”, aún existen controversias que el tribunal deberá resolver. También se informó que las partes han dialogado para la continuación de las inspecciones de las propiedades.
Sobre «la póliza de Vivienda», la moción indica que las partes aún discuten la manera de concluir el proceso de appraisal y advierte que existen discrepancias entre las partes en el número de propiedades que deben inspeccionarse.
