Por Prof. Luis R. Benítez Hernández – Economista
La renuncia de Sebastián Negrón Reichard como Secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio no debe verse como una renuncia individual más dentro del gobierno. Por el momento en que ocurre, por las razones expresadas y por el contexto institucional que la rodea, debe analizarse como una señal seria de crisis en la gobernanza económica de Puerto Rico.
El DDEC no es una agencia ordinaria. Es la entidad llamada a articular buena parte de la política económica del país: permisos, incentivos, atracción de inversión, PRIDCO, fondos federales, promoción industrial, comercio, innovación y estrategias de competitividad.
Cuando quien dirige esa agencia plantea que ya no cuenta con la confianza necesaria ni con las condiciones institucionales para ejercer sus funciones, el problema trasciende la relación entre un funcionario y la administración de turno. Se convierte en un mensaje preocupante sobre la capacidad del país para sostener una política económica seria, coherente y confiable.
El desarrollo económico no se construye únicamente con incentivos contributivos, campañas de promoción o discursos sobre inversión. Se construye, sobre todo, con instituciones que funcionen.
Un inversionista, un empresario local, una agencia federal o una entidad financiera no evalúan solamente costos, exenciones o ubicación geográfica. También evalúan estabilidad, reglas claras, continuidad administrativa, respeto a los procesos y credibilidad decisional.
Cuando la institucionalidad se debilita, aumentan los costos de transacción, se eleva la percepción de riesgo y se erosiona la confianza en el país como lugar seguro para invertir. La situación es todavía más delicada porque ocurre mientras se discute una reforma profunda al sistema de permisos.
Esa reforma, independientemente de sus méritos o defectos, necesita legitimidad técnica, coordinación interagencial y confianza pública. Si el principal promotor de la política económica del gobierno sale del cargo en medio de señalamientos sobre falta de confianza e institucionalidad, la propuesta pierde no solo un defensor, sino también parte de su sustento político y técnico.
La reforma de permisos no llega a esta crisis como una propuesta pacífica. Ya venía acompañada de reservas sustantivas de actores institucionales y municipales. Recursos Naturales ha planteado la necesidad de preservar funciones de fiscalización ambiental, mantener separadas las facultades de otorgación de permisos y cumplimiento ambiental, y proteger delegaciones federales.
Municipios como San Juan, Bayamón y Carolina han advertido sobre autonomía municipal, ordenación territorial y fiscalización. La Junta de Planificación también ha estado en el centro de la controversia. Por eso, la salida del Secretario no ocurre en el vacío: ocurre precisamente cuando el país necesitaba mayor confianza técnica, no menos.
El sistema de permisos en Puerto Rico requiere modernización. Nadie serio puede negar que los procesos actuales han sido históricamente lentos, fragmentados y costosos. Pero modernizar no puede significar debilitar la planificación, reducir la fiscalización o marginar criterios ambientales, territoriales y comunitarios.
Puerto Rico necesita modernizar permisos, no sustituir la lentitud por discreción, ni la burocracia por centralización sin contrapesos.
La rapidez sin institucionalidad puede convertirse en improvisación; y la inversión sin reglas claras puede terminar generando más litigios, más oposición ciudadana y más incertidumbre.
Aquí está el punto central: desarrollo económico y planificación sostenible no son objetivos opuestos. Puerto Rico necesita crecer, atraer inversión y crear empleos. Pero también necesita proteger sus recursos, ordenar su territorio, usar bien los fondos federales y asegurar que el desarrollo no sea simplemente una suma de proyectos aislados, sino una estrategia de país.
Para eso se requiere coordinación entre el DDEC, la Junta de Planificación, Recursos Naturales, OGPe, municipios, agencias federales y el sector privado. Si esa coordinación se sustituye por luchas internas, intervenciones políticas o pérdida de confianza, el resultado será un debilitamiento de toda la arquitectura económica del país.
La frase “falta de confianza” tiene un peso económico mayor de lo que aparenta. En economía institucional, la confianza es un activo productivo. Reduce incertidumbre, facilita inversión, permite coordinación entre actores públicos y privados, y sostiene la reputación de una jurisdicción.
Cuando se rompe la confianza dentro de la principal agencia de desarrollo económico, el daño no se limita al organigrama del gobierno. Puede proyectarse hacia fuera: hacia inversionistas, bonistas, agencias federales, empresarios locales y ciudadanos que esperan un gobierno capaz de ejecutar con seriedad.
Por eso, esta renuncia debe verse como una advertencia. Puerto Rico no puede darse el lujo de convertir su política económica en un campo de disputa administrativa o político- partidista. El país enfrenta retos estructurales demasiado grandes: bajo crecimiento poblacional, envejecimiento, dependencia de fondos federales, rezagos de infraestructura, fragilidad fiscal, transición energética, reconstrucción pendiente y necesidad urgente de crear empleos productivos.
En ese contexto, debilitar la credibilidad del DDEC equivale a debilitar uno de los pocos instrumentos que tiene el gobierno para coordinar una agenda económica de largo plazo.
La pregunta no es solamente quién sustituirá al Secretario. La pregunta importante es si el próximo liderazgo tendrá autoridad real, autonomía funcional, respaldo institucional y capacidad para coordinar una política económica coherente.
También hay que preguntar si la reforma de permisos se va a trabajar como una herramienta seria de competitividad y planificación, o si se convertirá en otro episodio de confrontación institucional.
Puerto Rico necesita crecimiento económico, pero no cualquier crecimiento. Necesita crecimiento con planificación, con sostenibilidad, con transparencia, con reglas claras y con instituciones respetadas. La economía no se afecta solamente cuando cae un indicador.
También se afecta cuando se deteriora la confianza en las instituciones que toman decisiones económicas. Puede haber anuncios, proyectos, incentivos y titulares. Pero sin confianza pública y sin respeto a los procesos, no hay base sólida para construir una economía competitiva.
La salida del Secretario debe ser atendida, por tanto, no como una crisis de personal, sino como un síntoma de fragilidad institucional. No importa quién llegue mañana; todo queda en entredicho si no se restituye la confianza en los procesos, en la autonomía técnica y en la autoridad real de las instituciones económicas del país.
Puerto Rico no puede promoverse como destino confiable de inversión mientras proyecta dudas sobre la estabilidad de su propia gobernanza económica. Sin institucionalidad, no hay desarrollo económico duradero.
