Por Miguel Díaz Román
Un grupo de empresas tecnológicas especializadas en servicios de computación y en el manejo y almacenamiento de datos, se han negado a dar acceso a la Ocinina del Contralor a los archivos de numerosas agencias del gobierno a la que ofrecen servicios, lo que ha impedido a esa dependencia de la Legislatura realizar las auditorías mandatorias por ley, según denunció la Contralora, Yasmín Valdivieso.
Incluso, Valdivieso reveló que estas empresas le han exigido que la Oficina del Contralor pague dinero para obtener la información de las agencias. La Contralora indicó que se propone ir a los tribunales si continúa la actitud obstinada de estas empresas de negar acceso a los archivos de las agencias.
Indicó que ya los tribunales han resuelto que el sector privado no le puede cobrar dinero a la Oficina del Contralor para que pueda cumplir su responsabilidad constitucional.
«Un banco nos quería cobrar para entregar una información que estábamos solicitando de personas que eran targeta de investigación y un banco nos quería cobrar. Llevamos el caso al tribunal y el tribunal decidió que a la Oficina del Cotralor no se le cobra»,. explicó la funcionaria.
Problemas con cuatro empresas
La Contralora no identificó a las empresas tecnológicas involucradas en la controversia, aunque reveló que hasta ayer la Oficina del Contralor había enfrentado dificultades con cuatro de ellas.
Valdivieso sostuvo que por varios años viene ocurriendo la insólita situación en que empresas privadas contratadas por agencias se han convertido en obstáculos para que la Oficina del Contralor pueda cumplir con su responsabilidad constitucional de auditar el uso de los fondos públicos en todo el gobierno.
«LLevan unos cuantos años dándonos trabajo y problemas y la realidad es que ya estoy cansada. no puede ser que tengamos que pasar problemas (para obtener la información). Si las agencias no tiene el personal para llevar las bases de datos, yo no tengo problema con que privatices, pero eso no quiere decir que no tengamos acceso a esa información y mucho menos que nos quieran cobrar por verla», dijo Valdivieso.
Ultimátum de Valdivieso
Incluso, Valdiveso reveló que en el día de ayer representantes de la Oficina del Contralor estuvieron reunidos con el principal ejecutivo de una empresa de tecnología que se ha negado a ofrecer una determinada información de una agencia que no identificó.
Al momento en que se realizó esta entrevista la funcionaria dijo que aún no conocía el resultado de esa reunión.
«El próximo que se atreva a negarme acceso lo voy a demandar por obstrucción», dijo la Contralora.
Reveló que el pasado cuatrienio la Oficina del Contralor enfrentó las objeciones de varias empresa de tecnología que se negaron a dar acceso a los archivos y para lidiar con el problema Valdivieso se vio obligada a llamar a la secretaria de la gobernación, Noelia García Bardales, en numerosas ocasiones para que ella intercediera con las agencias y la información fuera entregada.
Sostuvo que tiene en agenda discutir la objeción de las tecnológicas para dar la información de las agencias con el Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico, que es la agencia encargada de la renovación tecnológica en el Ejecutivo y que es conocida por las siglas PRITS.
PRITS en el fondo del problema
Las contrataciones que hacen las agencias de las empresas tecnológicas se realizan en coordinación con PRITS.
Valdivieso explicó que su objetivo es que PRITS incluya en los contratos con las tecnológicas una cláusula mandatoria que establezca la obligatoriedad de que esas empresas entreguen a la Oficina del Contralor la información que esta entidad requiera de los datos de las agencias del gobierno bajo su control.
Desde su creación en 2019 PRITS no ha estado exenta de controversias que han impedido que la agencia haya tenido un principal ejecutivo en propiedad por una extensión de tiempo considerable.
De hecho, a finales del pasado mes de abril la gobernadora Jenniffer González Colón envió ayer al Senado la designación de Luis Javier Rodríguez Vega para ser el principal ejecutivo de PRITS, luego de que retiró el nombramiento de Antonio Ramos Guardiola para esa posición.
Controversias anteriores
El pasado cuatrienio la mayoría del Partido Popular en el Senado logró evitar la confirmación de Enrique Volckers Nin y de Nannette Martínez Ortiz como principales ejecutivos de PRITS.
Además, varias de las empresas tecnológicas fueron mencionadas en querellas presentadas contra Glorimar Ripoll Balet, quien dirigió PRIS bajo la administración del ex gobernador Ricardo Rosselló.
En esa ocasión el entonces legislador Ramón Luis Cruz Burgos dijo que Ripoll Balet impulsó la contratación de XUVO Technologies, Inc. en el Departamento de Salud.
Por su parte, el señor Roberto Mojica Paz, presidente de Ia compañia RM Communications, Inc. (RMCOMM), alegó que Ripoll Balet actuó en contra de su empresa al enviar una comunicación oficial a la Oficina de Gerencia y Presupuesto ordenando que cancelaran el contrato de RMCOMM.
Finalmente en 2020 el Departamento de Justicia determinó que no existía causa suficiente para creer que Ia ingeniera Ripoll Balet haya incurrido en conducta delictiva y recomendó que no se designe un Fiscal Especial Independiente.
