Por Miguel Díaz Román
Frente a la denuncia de que los corredores de seguros del gobierno «siempre son los mismos», el Departamento de Hacienda (DH) defendió el método de cualificación de corredores que la agencia utiliza desde 2021 porque, alegadamente, evita «cualquier tipo de esquema de irregularidades, negligencia y falta de transparencia en la selección de los corredores de seguro».
El secretario auxiliar de asuntos legales del DH, el licenciado José Chavez, advirtió que la contratación de los «mismos corredores» responde a su experiencia en asegurar propiedades del gobierno que «por su complejidad son difíciles de asegurar».
Chavez presentó como ejemplo las cubiertas de seguro que cubren los riesgos de las represas de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.
De hecho, los seguros de esta corporación pública han sido manejados por muchos años por la firma Lone Star Insurance, la cual está vinculada al señor Andrés Guillemard Ginorio, quien ha sido señalado en el pasado como uno de los corredores que, alegadamente, se ha beneficiado por el proceso de selección realizado en Hacienda.
A la derecha el licenciado José Chavez, secretario auxiliar de asuntos legales del DH, y Rafael Santiago, de seguros públicos.
El funcionario hizo las expresiones la pasada semana ante la Comisión de Banca, Seguros y Comercio de la Cámara de Representantes, en representación del secretario del DH, Ángel Pantoja Rodríguez.
No obstante, el presidente de la citada Comisión, el representante Jorge Navarro Suárez, cuestionó el proceso de selección de corredores de seguros que realiza el DH al sostener que su experiencia en los pasados años como legislador ha visto que los corredores de seguros del gobierno «siempre son los mismos».
«Los mismos, los mismos, los mismos»
«Yo veo que siempre son los mismos. En cada administración siempre son los mismos, los mismos, los mismos. No hay espacio para otros productores. Y yo digo, aquí está pasando algo. Llevo veinte años en esto y he tratado de entrar productores y no hay forma. Siempre son los mismos, los mismos, los mismos. Si el gobierno es popular, son los mismos. Si el gobierno es PNP, son los mismos. Entonces se reparten las agencias. No es que le estoy metiendo el dedo en la llaga, pero ¿qué está pasando aquí que no hay diversidad, de tantos productores que ustedes indican que hay?, sostuvo Navarro Suárez.
En respuesta al planteamiento del legislador, Chavez argumentó que «sé que muchas veces se ha dicho que podrían ser los mismos, pero esto tiene que ver y está directamente atado al «expertise» que tienen estos corredores para salir al mercado y asegurar propiedades del gobierno que son difíciles de asegurar. Pensamos quizás que tradicionalmente te van asegurar una flota de carros o un edificio, pero el gobierno cuenta con infraestructura bien compleja y técnica, que a la hora de salir, como le comenté, incluso no son aseguradoras del patio las que te aseguran. Hay que ir al mercado excedente, a Europa. Hay sindicatos en Escocia que yo he aprendido que son los únicos que te ofrecen un seguro para esto en particular».
El intercambio entre Navarro Suárez y Chavez ocurrió durante el examen del Proyecto de la Cámara 341, que impone un cargo de 5 % a la comisión que reciben de los corredores que manejan los seguros del gobierno.
La medida, radicada por el representante Navarro Suárez, exime del cargo de 5 % a las comisiones ganadas por corredores de aquellos seguros que hayan sido seleccionados a través de un proceso de subasta pública.
El PC 341 busca generar ingresos para beneficiar a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y a los municipios del país.
Necesarios más de 70 puntos
La comparecencia de Chavez aconteció luego de que en dos ocasiones la Comisión citó al secretario Pantoja Rodríguez y este se ausentó, según comentó Navarro Suárez al inicio de la vista pública.
En la vista Chavez explicó que el nuevo método de cualificación de corredores establecido en 2021, impuso como requisito que los corredores presenten ante el DH una «solicitud de calificación» (RFQ, por sus en inglés), que es un documento que se utiliza para medir las cualificaciones y capacidades de los corredores.
Los RFQ son examinados por un comité evaluador que está integrado por representantes de las divisiones de seguros públicos, asuntos legales y administración del DH.
Además, participa un representante de la Autoridad de Agencia Fiscal y de Asesoría Financiera de Puerto Rico y un representante de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).
Para integrar la terna de corredores del gobierno se debe obtener una nota de 70 puntos o más en el llamado talonario de cualificación, que es administrado por el comité evaluador, explicó Chavez.
Encuesta de servicio
Sostuvo que solo 19 corredores obtuvieron una calificación de más de 70 puntos de un grupo de 70 corredores que participaron en 2021. El funcionario indicó que desde ese año no se hace el proceso competitivo entre corredores, lo cual es una discreción que posee el secretario de Hacienda.
Chavez también explicó que el nuevo método permite que el DH prescinda de la cualificación anual de corredores y en sustitución se realice una «encuesta de servicio» entre las agencias para determinar la calidad del servicio que ofrecen los corredores.
Esta información le permite al secretario del DH determinar si es necesario renovar los contratos o recurrir a un nuevo proceso de presentar RQF y su posterior cualificación.
«El procedimiento permite que el secretario del DH en su discreción, de año en año, no haga el proceso competitivo, dependiendo de distintas cosas. Entre ellas, estos años que no se ha hecho el proceso competitivo, se hace una encuesta de servicio a las entidades gubernamentales y ellos nos comparten la retroalimentación de cómo ha sido su experiencia con ese productor. Y entonces, a base de eso, el secretario puede determinar hacer una renovación de esos contratos», indicó Chavez.
Inexistente la subasta
En la vista pública Chavez confirmó que ningún corredor ha presentado propuestas en la división de seguros públicos del DH para que los seguros del gobierno sean seleccionados por subasta pública.
El funcionario también señaló que en los pasados 12 años no se han seleccionado seguros del gobierno mediante subasta.
Chavez explicó que las agencias del gobierno seleccionan la póliza que les parece más favorable a través de un proceso que el funcionario llamó «adquisición directa», el cual ocurre luego de que el corredor hace una presentación con varias alternativas de pólizas de seguro compatibles con las necesidades de las agencias.
El funcionario también expresó que el proceso de subasta para seleccionar los corredores del gobierno podría ser contrario al interés público porque, alegadamente, no permite un proceso de negociación en el que las primas se atemperan a los presupuestos de las agencias.
Un planteamiento que no fue comprendido por los legisladores presentes en la vista, pues ninguno de ellos cuestionó si las primas responden al riesgo que se va a asegurar o a las necesidades presupuestarias de las agencias.
«Respetuosamente, señalamos que el proceso de subasta para los servicios profesionales de contratos de seguros podría ser contraproducente al interés público. Ello ya que, bajo una subasta, entre otras cosas, no se permite un proceso ágil de negociación de primas que debe atemperarse a los presupuestos de las entidades gubernamentales. La contratación de los corredores de seguros se efectuó con el propósito de utilizar sus recursos, contactos con la industria, sus conocimientos, sus acreditaciones y la fiscalización de ellos por parte de la OCS», sostuvo Chavez al leer directamente de su ponencia escrita.
Incluso el funcionario indicó que exigir la subasta pública para las pólizas del gobierno requeriría que el DH tuviera que «notificar alrededor de 1,000 subastas anuales para las 125 dependencias con requisitos de seguros especializados y complejos; considerando que usualmente éstas tienen entre 5 y 15 pólizas distintas».
Posible aumento en los seguros
«En muchas ocasiones, esas subastas quedarían desiertas para ciertas agencias gubernamentales por la complejidad y seguro de riesgo de éstas», expresó Chavez, quien añadió que la división de seguros públicos no podría manejar adecuadamente estos requerimientos porque sólo cuenta con cuatro técnicos.
Otro ángulo que tocó el funcionario en su ponencia es la posibilidad de que el cargo de 5% que propone la medida podría aumentar el costo de los seguros.
Chavez recordó que los contratos de seguros también están cobijados por una aportación de 1.5% establecida por la ley 48 de 2013, conocida como «Ley para Establecer una Aportación Especial por Servicios Profesionales y Consultivos».
Aunque Chavez indicó que el DH favorece la aprobación del PC 341, advirtió que el presupuesto de las agencias podría necesitar la aprobación de incrementos si la prima de los seguros aumenta como resultado del cargo de 5%.
La Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa ha estimado que el cargo de 5% generaría $7.4 millones, de los cuales $4.2 millones se obtendrían a través de los municipios y $3.2 millones por medio del gobierno estatal.
