Esta semana en Informe Semanal conversamos con el Dr. Carlos Severino sobre los conflictos en el Medio Oriente, en Ucrania y las elecciones en Estados Unidos.
También hablamos con el doctor Edgard León sobre los preocupantes desarrollos en el Departamento de Educación.
Con el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, hablamos sobre varios temas de la agricultura, especialmente sobre los nuevos hallazgos de una investigación dirigida a desentrañar los secretos que rodean una actividad de recaudación de fondos para Pedro Pierluisi en 2020 patrocinada por agricultores.
Con el economista José Alameda conversamos sobre la opinión de 23 economistas del programa económico de Kamala Harris y sobre ¿Por qué fracasan los países?, un libro publicado varios años atrás por dos premios novel del 2024.
A pesar de que en mayo del 2021 la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) emitió una orden de cese y desista por la venta ilegal de seguros de viaje contra la entidad Redbridge Assist, S.A y otro grupo de corporaciones relacionadas, la actividad ha continuado impune por tres años y cinco meses sin que el regulador haya tomado una acción contundente para detener una venta que viola el Código de Seguros.
La orden de cese y desista emitida por la OCS en 2021 cobijó Redbridge Assist, S.A., Redbridge Assist, Redbridge Travel Assist S.A, Redbridge Travel Assist, Redbridge Centroamerica, S.A., Redbridge Centroamerica y Redbridge Assist de Puerto Rico, Inc.
Esta última corporación actualmente se conoce como Redbridge Insurance Agency Inc. (RIA), la cual es un agente general de seguros, según señala la orden de la OCS en una de sus notas.
En el documento son imputados como responsables por la acción ilegal Edmund Santiago Gómez, Mayra Ramírez Toro y Joaquín Palerm Méndez. Además, la orden impuso una multa de $3,000.
La orden de la OCS concluyó que los imputados estaban dedicados al negocio de los seguros en Puerto Rico sin estar autorizados debidamente. Alegadamente, la pesquisa de la OCS fue originada por una querella presentada por un ciudadano a quien no se le cumplieron todas las disposiciones de la póliza de viaje.
Tras la orden las partes alcanzaron un acuerdo que figura en una resolución emitida por la OCS el 16 de marzo de 2022. En esa resolución Redbridge Assist, S.A. aceptó los hechos imputados, se comprometió a no incurrir en similares violaciones y se le aumentó la multa a $6,000.
Continúa venta ilegal de seguros de viaje
No obstante, el 22 de septiembre de 2023, un año y siete meses después de que la OCS y los imputados lograran el citado acuerdo, la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese) envió una carta al Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, en la que denunció que la entidad denominada como Redbridge Assist mantiene una venta ilegal de seguros de viaje.
En esa misiva, la licenciada Iraelia Pernas, directora ejecutiva de Acodese, exhortó a Adams Vega a investigar el asunto. También le solicitó que emitiera una orden de cese y desista mientras se realiza la investigación. Actualmente los seguros de viaje, que ofrecen diversas protecciones a los viajeros por imprevistos y accidentes, son ofrecidos por las aseguradoras MAPFRE, Chubb y Óptima Seguros.
Pernas indicó que para mercadear en Puerto Rico sus seguros de viaje Redbridge Assist se vale de un esquema ilegal, el cual utiliza un asegurador de líneas excedentes para proveer la póliza, lo cual constituye una competencia desleal contra los aseguradores locales autorizados.
En peligro los consumidores
Además, los consumidores podrían enfrentar serias dificultades si adquieren un seguro de viaje de una entidad que no está autorizada para operar en el país.
Acodese sostiene que el consumidor no está informado sobre que Redbridge Assist no es una compañía de seguros y que el seguro de viaje que promueve no cumple con las medidas de protección al consumidor que establece el Código de Seguros, debido a que esa póliza no ha sido evaluada en la OCS.
Debido a que el proveedor del seguro es un asegurador de líneas excedentes el consumidor no podrá presentar una querella ante la OCS si ocurriera un incumplimiento de parte del asegurador. Las aseguradoras de líneas excedentes son entidades registradas en Puerto Rico pero no son reguladas por la OCS.
Otras cincunstancia adversa que podrían padecer los consumidores es que si el asegurador de líneas excedentes quedara insolvente, los consumidores no tendrán la protección de la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos.
El seguro de viajes que ofrece Redbridge Assist, según planteó Pernas, es promovido como un producto de “asistencia al viajero”. No obstante, los ofrecimientos al consumidor son compatibles con una cubierta de seguro de viaje, pues garantizan gastos médicos, muerte accidental y desmembramiento, tratamiento para Covid-19, repatriación, cancelación e interrupción de viaje y compensación por pérdida de efectos personales.
Folleto como evidencia
Como prueba para validar su planteamiento, Pernas indicó que existe un folleto utilizado por Redbridge Assist para promover el alegado producto de “asistencia al viajero”, que en realidad es un seguro de viaje. El folleto no identifica al asegurador ni al productor de seguros.
Según Pernas, el folleto contiene un código de respuesta rápida (QR Code por sus siglas en inglés) que al ser leído por un teléfono celular surge una aplicación en Internet que se refiere al programa de “asistencia al viajero”, el cual está suscrito por la aseguradora Ocean International Re.
Esta aseguradora está ubicada en Barbados y en Puerto Rico puede operar como un asegurador de líneas excedentes. Este tipo de asegurador puede asegurar un riesgo en Puerto Rico luego de que al menos tres aseguradoras autorizadas a operar en el mercado local lo hayan rechazado, según lo dispone el artículo 10.072 del Código de Seguros.
En síntesis, Acodese sostiene que la aseguradora Ocean International Re provee los seguros de viaje a los clientes de Redbridge Assist, sin antes auscultar si algún asegurador local desea suscribir esas pólizas.
OCS ordena investigar
En respuesta a la petición de Acodese, el pasado 6 de octubre de 2023 la OCS emitió una orden de investigación contra RIA.
Un mes después, el 6 de noviembre de 2023, el ex secretario de asuntos públicos y política pública de la Fortaleza, licenciado Ramón Rosario Cortés, presentó una moción en la OCS en representación de RIA en la que sostuvo que Acodese “alega sin evidencia” que Redbridge Assist vende seguros de viaje sin estar debidamente autorizada.
Rosario Cortés sostuvo que Redbridge Assist es una entidad “registrada y domiciliada en Costa Rica que no realiza negocios en Puerto Rico y no está bajo la jurisdicción de la OCS”. Planteó que RIA, una entidad registrada y autorizada a operar en Puerto Rico, “no puede representar la posición de Redbridge Assist para responder por los requerimientos de la OCS”.
En la moción, el abogado alegó que RIA no suscribe riesgo alguno y señaló que solo se limita a participar como “agencia de algunos negocios de líneas excedentes mediante pólizas grupales suscritas por Ocean International Re. Ello, siguiendo el proceso aplicable en ley, incluyendo la previa circulación del riesgo, para trámites de riesgos excedentes, según surge de los informes que se presentan periódicamente en la OCS”.
Otro argumento de Rosario Cortés es que el folleto y el código de respuesta rápida que mencionó Acodese en la petición de investigación, no hacen referencia alguna a RIA.
Abogado desvincula a RIA de ilegalidad
Incluso, Rosario Cortés se quejó de que RIA es la “única entidad objeto de la orden de la OCS” y planteó que no tiene relación alguna con los folletos señalados por Acodese en la petición de investigación.
“De hecho, los folletos alegadamente utilizados y referidos en la solicitud de investigación son de Redbridge Assist y no de Redbridge Insurance Agency Inc”, sostuvo Rosario Cortés.
La moción advierte que RIA es una entidad debidamente regulada por la OCS que se encuentra registrada en el Departamento de Estado como entidad de “mercadeo y venta de seguros de todas clases y programas de asistencia a individuos y grupos privados y públicos”.
Finalmente, Rosario Cortés alegó que Acodese no identificó un solo caso en el que RIA no haya cumplido con el procedimiento aplicable para las pólizas grupales y le solicitó a la OCS que archive la solicitud de investigación contra RIA por ser “improcedente en derecho”.
Preocupa la falta de acción de la OCS
Ha transcurrido más de un año luego de que Acodese presentó su solicitud de investigación y aún la OCS no ha tomado una determinación, lo cual ha generado interrogantes sobre qué fuerzas podrían estar incidiendo para que Adams Vega y su personal inmediato no hayan tomado una acción definitiva en este caso.
El pasado 17 de septiembre de 2024 la licenciada Pernas envió una misiva a Edgar Mercado Pérez, quien es el presidente de la Asociación de Agentes Profesionales de Seguros de Puerto Rico y el Caribe (PIA por sus siglas en inglés) en la que solicitó que informe a su matrícula sobre la venta ilegal de seguros de viaje que está ocurriendo en Puerto Rico.
Pernas también le solicitó a Mercado Pérez “que se una a los esfuerzos de Acodese para exigirle al Comisionado que tome acción con estas empresas”.
La crisis educativa en Puerto Rico ha llegado a un punto crítico, perpetuando un ciclo de pobreza y dependencia que impide el desarrollo de la isla.
Nuestro sistema público de educación, controlado absolutamente desde la oficina central del Departamento de Educación, ha demostrado ser ineficaz y dañino, centrado en una estructura inepta, dislocada entre sus oficinas, subcontratando sus funciones oficiales, incapaz de mejorar la educación de los niños, y que prioriza la administración de pruebas estandarizadas por encima del verdadero aprendizaje.
¿Pero cuál es la solución? Hay que eliminar totalmente el sistema central y regional para automatizar sus funciones de forma efectiva sin política. Es urgente repensar este modelo y adoptar uno sin una oficina central ni oficinas regionales que fomente el desarrollo humano a través de una educación adaptada a las realidades locales y sin micro manejo de sus maestros.
Actualmente, el modelo educativo lejos de promover el crecimiento intelectual y creativo de nuestros jóvenes, se enfoca en preparar a los estudiantes para exámenes estandarizados y pruebas que, en su mayoría, interfieren con el aprendizaje y no contribuyen al mejoramiento académico ni al bienestar general.
Cada año se gastan millones de dólares y meses en estas pruebas estandarizadas, recursos que podrían invertirse en mejorar la infraestructura escolar, contratar más maestros, capacitar mejor a los maestros o en programas universitarios que realmente ayuden al desarrollo integral de los estudiantes.
Aún peor, gran parte del tiempo académico se desperdicia en la preparación para estos exámenes, sacrificando horas valiosas que podrían dedicarse a un aprendizaje más significativo y efectivo.
Según el resultado de las pruebas que se han ofrecido recientemente, este enfoque equivocado ha contribuido a la creación de una juventud carente de herramientas para enfrentar los desafíos del mundo moderno.
Un sistema que no fomenta la creatividad, que crea el odio a la escuela, que por fallar en un examen escrito le pone un sello de fracasado a un estudiante, que le limita la libertad de expresión al estudiante, que reduce el tiempo para la actividad física y que alimenta a los estudiantes con comidas no saludables está condenado al fracaso continuo.
En lugar de preparar a los jóvenes para ser pensadores críticos y creativos, empresarios y líderes, el sistema actual los condiciona a ser empleados dependientes, sin saber leer efectivamente y poco preparados para la vida.
El proceso de aprendizaje debería estar guiado por maestros capacitados que tengan la libertad de adaptar sus enseñanzas a las necesidades y contextos específicos de sus estudiantes.
Hoy día, los docentes están atrapados en un sistema rígido con una camisa de fuerza que les dicta desde las oficinas centrales lo que deben enseñar, sin tomar en cuenta las particularidades de sus escuelas.
La enseñanza en el aula debería ser una experiencia ajustada a las características únicas de cada grupo de estudiantes, y no una mera réplica de un modelo importado y costoso que no responde a nuestra realidad.
Además, la constante intervención de agencias externas y la proliferación de terapias durante las horas de clase interrumpe el proceso educativo, especialmente para aquellos estudiantes que más necesitan apoyo académico. Estas intervenciones, aunque valiosas, no deben reemplazar el tiempo destinado al aprendizaje ni obstaculizar el progreso educativo.
Deberían programarse fuera del horario escolar, permitiendo que el salón de clases siga siendo un espacio exclusivamente dedicado al crecimiento intelectual sin interrupciones.
Para mejorar verdaderamente nuestro sistema educativo, es fundamental que los maestros reciban una capacitación continua y adecuada. No tiene sentido exigir un certificado de enseñanza si luego se les impone un plan de estudios estandarizado desde las oficinas centrales, desconectado de la realidad local y condición de sus estudiantes.
Los maestros deben tener la libertad de diseñar planes de estudio adaptados a las necesidades específicas de sus estudiantes, y no estar atados a un currículo general que muchas veces ha demostrado ser irrelevante para Puerto Rico.
Los maestros de Puerto Rico tienen 27 estudiantes por salón en promedio los cuales se compone de un 40% de estudiantes de educación especial sin ayuda alguna. Los maestros de Puerto Rico atienden 125 estudiantes por día y reciben una paga menor que cualquier estado de la nación.
El objetivo principal de la educación pública en la isla debe ser enseñar a los estudiantes a ser felices, a leer y escribir con comprensión, a cuestionar lo que los rodea, a explorar nuevas ideas y a descubrir el mundo. Es fundamental que los estudiantes tengan tiempo para socializar, interactuar y compartir ideas, fomentando el desarrollo de habilidades interpersonales y colaborativas.
Si es necesario evaluar el rendimiento, las pruebas PISA, ampliamente usadas a nivel mundial, podrían ser una opción para tener una visión comparativa, sin desviar el enfoque del aprendizaje local y sin quitar el tiempo lectivo.
La eliminación total del sistema central y regional educativo y de la enseñanza obligatoria permitiría que cada escuela, comunidad y maestro pudiera recibir todo el dinero directamente a la escuela para adaptar su enfoque educativo a las realidades y necesidades locales.
Esto le daría el poder tanto a los estudiantes como a los educadores, creando un sistema que realmente responda a los desafíos y aspiraciones de Puerto Rico. Si queremos un Puerto Rico más próspero, justo y desarrollado, debemos comenzar por proporcionar a nuestra juventud una educación pública que les permita convertirse en ciudadanos críticos, creativos y capaces de construir un futuro mejor.
Es tiempo de romper con el ciclo de dependencia y mediocridad que ha caracterizado nuestro sistema educativo durante décadas. Transformar la educación es esencial para el desarrollo social y económico de la isla, y solo lo lograremos si abandonamos el modelo centralizado que ha causado tanto daño por décadas.
Con motivo del Día Mundial Contra el Cambio Climático, que se celebra hoy, MAPFRE reafirma su compromiso para avanzar en la lucha contra el cambio climático y en seguir elevando la exigencia de sostenibilidad de una manera firme y progresiva.
La aseguradora asume este compromiso con numerosas medidas para reducir la huella de su operación directa, así como con objetivos públicos, como ser una compañía neutra en 2030 y Net Zero en 2050, y con compromisos ambiciosos, como no asegurar ni invertir en empresas de carbón, gas o petróleo que no cuenten con un plan de transición energética.
La compañía ha superado todos los objetivos de reducción que se había propuesto para reducir la huella de carbono que genera con su actividad y ha disminuido su huella de carbono global un 25% respecto a 2019, lo que representa 17 puntos y medio por encima del reto marcado para 2023 (7,5 %).
Este descenso se debe a la restricción de combustibles fósiles y electricidad, la utilización de fuentes de energía renovables, como la solar, la sustitución de su flota de vehículos convencionales por híbridos o eléctricos, y la reducción de los viajes de negocio y los desplazamientos de sus empleados a los centros de trabajo.
En este sentido, la aseguradora ha contribuido a que la huella de carbono procedente de los viajes de negocio se haya reducido un 58% (con respecto al año 2019), como resultado de minimizar los desplazamientos de trabajo, impulsar las reuniones virtuales e impulsar el renting de vehículos eléctricos y los puntos de recarga para vehículos ECO, entre otros.
Inversiones responsables y sostenibles
Su plan de sostenibilidad 2024-2026 también incorpora medidas para promover inversiones responsables y sostenibles, y desarrollar productos innovadores que faciliten la transición hacia una economía baja en carbono.
En esta línea, la compañía reducirá un 43% la intensidad de las emisiones (TonCO2e/ millón de euros invertido) de gases de efecto invernadero (alcance 1 y 2) de la cartera de inversiones del Grupo (renta fija corporativa y renta variable) para 2030, empleando como línea base el año 2022.
Incrementará, además, la inversión en soluciones que favorezcan la transición hacia una economía baja en carbono, como por ejemplo el fondo MAPFRE Energías Renovables II, FCR, un proyecto innovador en Europa, lanzado en 2023, que invertirá en biometano y que, además de mitigar el impacto ambiental contribuye a mejorar las condiciones sociales y medioambientales de las comunidades donde invierte.
Economía circular y reducción de huella
El año pasado, MAPFRE gestionó 3.567 toneladas de residuos a nivel global, de los cuales un 92%, 3.200 toneladas, se sometieron a procesos de valorización, es decir de recuperación, reciclado o producción de energía.
Destaca la actividad de Cesvimap, el centro de I+D de MAPFRE, que en 2023 recuperó a través de CESVIrecambios un total de 673 toneladas de piezas de vehículos siniestrados para su reutilización tras el tratamiento de 1.887 vehículos en España.
Este centro tecnológico global está especializado en la reparación y reciclado de vehículos, entre otros servicios, y es una referencia en cómo dar de baja los vehículos de una manera sostenible, alargando la vida de las piezas, facilitando la reutilización de materias primas, como el plástico y el cristal, y reduciendo el consumo de energía. Madrid, 24 de octubre de 2024. Para más información, puedes contactar con Nuria del Olmo, de Comunicación de MAPFRE. Tel: 606537889. Email: ndelolmo@mapfre.com
A pesar de que algunos sectores políticos alegan que a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le queda poco tiempo en Puerto Rico debido a que ya se han aprobado cuatro presupuestos balanceados, la realidad es que la presencia del organismo fiscal impuesto por el Congreso federal continuará hasta que se completen una serie de transformaciones en la administración y control de los recursos públicos, lo cual podría concluir en menos de una década, según sostuvo Juan Carlos Blanco Urrutia, quien es el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
Juan Carlos Blanco Urrutia, director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto
Blanco Urrutia sostuvo que la JSF y su ostensible intervención en el más mínimo detalle en la operación del gobierno no cesará y el organismo fiscal no abandonará el país hasta que no se logre la llamada reforma presupuestaria, una ambiciosa agenda que aspira a impartir coherencia en la elaboración y administración del presupuesto del gobierno.
Otra meta de la JSF es acabar de manera definitiva con los atrasos en la elaboración de los estados financieros del gobierno, un lastre de larga data que año tras año impide obtener información fidedigna sobre el estado real de las finanzas públicas.
Además, Blanco Urrutia señaló que la JSF no abandonará el país hasta que finalmente quede establecida una política de sana administración y de control de los recursos públicos, una meta abarcadora porque comprende a todas las agencias del gobierno central, los municipios y las corporaciones públicas.
El funcionario también advirtió que la JSF no concluirá su operación en la isla hasta que no se logre el regreso de los bonos del gobierno a los mercados financieros con el aval de las agencias acreditadoras, lo que propiciará la disponibilidad de los inversionistas a comprar deuda del gobierno local a tasas de interés adecuadas, lo que facilita el repago de esos compromisos por el fondo general.
Los planteamientos del director de OGP fueron realizados durante un conversatorio sobre los retos que encara el gobierno local en el desarrollo y administración de su presupuesto y ante la presencia de la JSF, que la pasada semana celebró la Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros (APAF).
El foro fue celebrado en el restaurante Antonio, ubicado en el Condado, a donde compareció una concurrencia selecta de economistas, empresarios, contables, miembros de la comunidad financiera y de la industria de seguros.
“¿Eso tardará una década (la salida de la JSF)?”, cuestionó SN.
“Yo creo que menos (de una década) ”, respondió Blanco Urrutia.
“Ocho años”, sugirió el doctor Juan Villeta Trigo, quien es el presidente de la Junta de Directores de APAF.
Gobierno post Promesa
De hecho, Blanco Urrutia indicó que proceso de transición entre la JSF y el gobierno “ya comenzó”, en el contexto de que la ley federal Promesa exige que ocurran dos requisitos fundamentales para culminar la intervención de la JSF: que el gobierno pueda tener acceso a los mercados de capital a través de intereses razonables y que la JSF certifique la aprobación de cuatro presupuestos balanceados o presupuestos que adjudican un gasto para el que existe un recaudo de ingresos certificado.
Según Blanco Urrutia, los pasados cuatro presupuestos fueron certificados por la JSF, lo que indica que estaban balanceados. El funcionario sostuvo que actualmente el gobierno local no necesita acudir a los mercados de capital a vender sus bonos debido a que las masivas asignaciones del gobierno federal tras los huracanes Irma y María, han llenado sus arcas.
De hecho, el director de OGP señaló que ya el gobierno local tiene acceso a los mercados capital debido a que actualmente los bonos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) se venden en el mercado de bonos de New York. La AAA es la única corporación pública que no figura en el proceso de quiebra que autorizó la ley Promesa.
Fondos federales a raudales
Blanco Urrutia explicó que entre las asignaciones para la reconstrucción del sistema eléctrico avaladas por el Congreso y las asignaciones de FEMA y otros fondos aprobados, el gobierno local tiene recursos económicos suficientes para que en los próximos años pueda realizar obras públicas y de infraestructura sin la necesidad de acudir a los mercados de capital.
No obstante, Blanco Urrutia indicó que será la propia JSF la que determinará si el gobierno local cumplió con los requisitos establecidos por la ley Promesa y cuándo finalizará sus funciones en Puerto Rico.
Falta de claridad en Promesa
Sostuvo que el estatuto federal no es lo suficientemente claro en cuánto a establecer un calendario definido para la salida de la JSF, luego de que el gobierno haya cumplido con los requisitos de lograr cuatro presupuestos balanceados y tener acceso a los mercados de capital.
“De nuevo, ellos (la JSF) son los que decidirán si se cumplió o no se cumplió por la manera como está escrita la ley (Promesa) en estos momentos. Yo preveo que eso será parte de la conversación activa que el gobierno tendrá con la JSF en los próximos cuatro años”, dijo Blanco Urrutia.
El funcionario indicó que el gobierno se ha preocupado en “estar al día” en aquellos elementos que están bajo su control, como lo son los estados financieros, un documento indispensable para que las agencias acreditadoras puedan evaluar las finanzas públicas y emitir una clasificación que le permita al gobierno regresar a los mercados de capital.
Indicó que los estados financieros del gobierno del año fiscal 2022-2023 se publicarán antes del próximo 31 de diciembre, aunque reconoció que ese tipo de documento debe estar accesible luego de que finaliza cada año fiscal.
Gobierno listo para controlar presupuesto
“¿Qué quiere decir esto? Para nosotros el gobierno post promesa ya comenzó. No podemos esperar a que la JSF se vaya para empezar a pensar cómo vamos a hacer esto. Nosotros tenemos que hacer una transición ordenada, lógica, bien pensada. Donde se den las transferencias de conocimiento, donde se pongan los recursos en los sitios correctos porque la JSF no va decir un día “cumplieron con la ley Promesa, nos vamos”. El gobierno tiene que estar listo para asumir el control pleno de todo y particularmente del presupuesto. Desde que se dio el plan de ajuste de la deuda, comenzamos a preparar el gobierno post Promesa”, dijo Blanco Urrutia.
Sostuvo que la gestión del gobierno post Promesa requiere de tres factores fundamentales: tener los recursos humanos con el talento capacitado y salarios adecuados; ejercer una revisión de los sistemas y procesos del gobierno y poseer los datos correctos para ejercer una adecuada planificación.
Blanco Urrutia reveló que actualmente el gobierno trabaja un ambicioso proyecto que aspira a establecer un nuevo sistema que integre todo el gobierno en una misma fuente de información, la cual incluirá la contabilidad de las agencias, sus finanzas internas, los datos sobre los recursos humanos y las compras.
Sistemas sin integración
“Aquí lo que buscamos es que la información esté en un solo sitio”, dijo el director de OGP, en alusión a que el objetivo del nuevo sistema es que toda la información de las agencias esté disponible y conectado con el sistema de contabilidad del Departamento de Hacienda, que básicamente es la agencia que administra los recursos del gobierno central y maneja la nómina de más de 100,000 empleados públicos.
El funcionario indicó que la falta de integración de los sistemas que operan en las agencias es una plaga que le impide agilidad y eficiencia al gobierno. De hecho, Blanco Urrutia dijo que, en el Departamento de Educación, la agencia más grande del gobierno con un presupuesto de más de $5,000 millones anuales, existen 14 sistemas de información independientes.
“Existen 14 sistemas de información que no se hablan entre sí. El sistema de asistencia no está conectado con el sistema de nómina”, dijo Blanco Urrutia. Incluso, el funcionario avaló la necesidad urgente de que el DE sea reestructurado para que opere según el número de estudiantes que asiste a las aulas, lo que siempre genera resistencia al cambio en la comunidad y en la propia agencia.
Indicó que es necesario ofrecer la información a la comunidad para que la gente sepa que, por ejemplo, el mantenimiento de una escuela cuesta más de $1 millón al año. Señaló que en la propia agencia existen reservas al cambio cuando se establecen los diálogos para establecer el presupuesto.
Sin justificaciones Educación
“El problema principal que ustedes tienen para justificar su presupuesto es que han perdido más del 20 % de su clientela”, dijo Blanco Urrutia que la ha dicho a los funcionarios del DE sobre la reducción dramática de estudiantes que han enfrentado las escuelas públicas mientras el DE recibe la mayor tajada del presupuesto de gobierno central.
Explicó que, aunque los recaudos del gobierno han tenido en un crecimiento sostenido de 10 % anual en los pasados cuatro años, el cual atribuyó a las obras de reconstrucción que han sido financiadas con fondos federales, el funcionario indicó que el país enfrenta el llamado reto demográfico, que es la reducción de la población joven y productiva por el efecto de la migración a los Estados Unidos y la baja tasa de natalidad.
Argumentó que el reto demográfico también ha causado una merma en la tasa de participación laboral, que mide la proporción de la población que está trabajando o buscando empleo.
Blanco Urrutia indicó que es necesario finalizar la reestructuración de la deuda de la AEE para eliminar la incertidumbre que impide el desarrollo de más y nuevos proyectos de generación eléctrica debido a que esas empresas no pueden hacer modelos financieros porque es imposible proyectar cuánta gente estará conectada al sistema eléctrico.
Nueva política de ingresos
Incluso, el director de OGP vaticinó que el mayor peso que tendrá el cargo legado que contempla la reestructuración de la deuda diseñada por la JSF no será el pago a los acreedores, sino la partida para aportar al sistema de retiro de los empleados de la corporación pública.
Blanco Urrutia favoreció lo que llamó una nueva política de ingresos del gobierno, que no obstaculice el desarrollo económico y presentó como ejemplo la necesidad urgente de eliminar el impuesto al inventario, que representa más de $200 millones para los municipios. Sostuvo que ese impuesto representa una mácula contra la evolución económica de la empresa privada.
También se inclinó en la necesidad de reformar las ayudas del gobierno central a los municipios para eliminar el uso discrecional de los alcaldes. Favoreció que esas ayudas sean destinadas a financiar objetivos y obras públicas predeterminadas.
El funcionario favoreció que se apruebe una moratoria en la aprobación de medidas que tienen impacto durante la consideración del presupuesto y sin recursos económicos identificados, lo que obligaría a los legisladores a incluir ese tipo de medida dentro del presupuesto.
Dos años y cinco meses después de que trascendiera que no aparece registrada una actividad de recaudación de fondos para la campaña electoral de Pedro Pierluisi que se celebró en el 2020 en la residencia de un narcotraficante convicto en Dorado, el Contralor Electoral, Walter Vélez Martínez, no ha realizado gestiones para investigar el “fundraising”.
La actividad de recaudación de fondos fue patrocinada por agricultores que favorecían la selección de Ramón González Beiró como secretario de Agricultura.
La historia inicial fue publicada por este periodista en el medio digital EyBoricua.com el jueves 24 de marzo de 2022. En aquel momento se tenía determinados detalles sobre el “fundraising” y se había identificado el periodo de la posible celebración de la actividad entre el martes 27 y el jueves 29 de octubre del 2020 en una residencia de la exclusiva urbanización Dorado Beach East, en el pueblo de Dorado.
Según los nuevos y relevantes hallazgos de una investigación que ha realizado SN por los pasados casi tres años, la actividad se realizó el martes 20 de octubre del 2020 en la residencia número 271 de la urbanización Dorado Beach East.
La actividad fue organizada para admitir la participación de hasta 35 donantes durante un periodo de tres horas que fue previsto para comenzar a las de 6:00 de la tarde y finalizar a las 9:00 de la noche, según se desprende de la nueva evidencia recopilada por SN.
La residencia 271 en Dorado Beach East era propiedad de la empresa Desarrolladora Playa del Norte Inc., en la que el narcotraficante convicto Jaime Serrano Cardona figura como presidente y tesorero. Alegadamente, tras la celebración de la actividad, Serrano Cardona vendió la residencia 271.
La nueva información incluye numerosas fotos y material escrito sobre los preparativos realizados en la residencia 271 de la urbanización Dorado Beach East, que comprueban pormenores sobre cómo se celebró el cónclave y que permite conocer el grado de organización que precedió a la actividad.
El material escrito obtenido durante la investigación es un organigrama que define las competencias asignadas a un grupo de personas, quienes tuvieron la encomienda de velar por aspectos de seguridad, transportación, áreas de estacionamiento, preparación y limpieza de la residencia y el acopio de comida y bebidas.
Además, el organigrama procura tomar medidas de salubridad para evitar el contagio por el Covid debido a que en octubre del 2020 el país se encontraba en pleno periodo de emergencia por los efectos de la pandemia.
Entre las medidas establecidas en el documento figuran la toma de temperaturas a los invitados, colocar desinfectantes y mascarillas en lugares accesibles, garantizar la separación recomendada entre mesas y exigir que los participantes usen mascarillas.
El organigrama también establece el número de mesas, el alquiler de equipo audiovisual y de carteles y banderines impresos alusivos a Pierluisi y al apoyo del sector agrícola al entonces candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista.
Otro aspecto que trata el organigrama es garantizar que los invitados sean transportados en carritos de golf desde el estacionamiento de las áreas deportivas de la urbanización, debido a que el diseño del complejo residencial prescinde de aceras y de espacios para estacionar vehículos frente a las residencias.
El fenecido exsecretario de Agricultura, Fernando Toledo, fue el organizador de las actividades de recaudación de fondos de González Beiró, incluyendo la actividad de 20 de octubre del 2022. El citado organigrama fue obra de Toledo, quien también fue un convicto federal.
No obstante, en las historias publicadas por este periodista sobre la citada actividad en el medio digital EyBoricua.com en 2022, Toledo no negó que hubiese organizado las actividades, sino que en repetidas ocasiones sostuvo que “mi nombre no aparece en ningún informe de ingresos y gastos en el Contralor Electoral”.
Interior de la residencia en la urbanización Dorado Beach East.
Casi tres años sin investigar
En aquel momento Vélez Martínez dijo que no ha recibido una querella o confidencia sobre la celebración del evento, pero reveló que se enteró del evento por el reportaje publicado por EyBoricua.com. Explicó que refirió el reportaje a los auditores de la OCE para corroborar la celebración de la actividad.
No obstante, dos años y cinco meses después de que la información sobre la citada actividad fuera publicada, la OCE no ha realizado su trabajo de indagar sobre la celebración del evento.
SN ha confirmado que algunas de las personas identificadas en la historia publicada por el sitio digital Ey Boricua.com no fueron abordadas por los investigadores de la OCE, lo que levanta serias dudas sobre el compromiso de Vélez Martínez de hacer cumplir las responsabilidades de esa entidad entre las que figura la importante función de fiscalizar el financiamiento de las campañas políticas en Puerto Rico.
No está claro qué razones han incidido para que Vélez Martínez no persiguiera investigar a profundidad la citada actividad de recaudación de fondos para la campaña del entonces candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi en 2020.
De hecho, una pesquisa a fondo podría revelar si en esa actividad, que fue diseñada exclusivamente para aquellos agricultores que favorecían la designación de González Beiró como secretario de Agricultura si Pierluisi resultaba vencedor en las elecciones generales de 2020, también participó un grupo de desarrolladores.
Carteles ubicados en las puertas de acceso a la piscina con las propuestas de González Beiró.
Alegadamente, los desarrolladores se habrían reunido en un lugar de la residencia que se encontraba distante del salón donde compartían los agricultores.
Existe el testimonio del ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, quien ha sostenido que un testigo presencial de la actividad le reveló que en el “fundraising” participó un grupo de desarrolladores. Ese testigo presencial es Juan Luis Rodríguez, quien el pasado cuatrienio era director ejecutivo de la Autoridad de Tierras.
“Yo no voy a hablar sobre eso. Yo he ido a muchas actividades y sobre eso no voy a hablar”, dijo Rodríguez cuando este periodista lo abordó en 2022.
De hecho, ese testimonio requiere de una rigurosa corroboración porque su confirmación demostraría que la actividad celebrada en la urbanización Dorado Beach East fue una de mayor rango que se quiso ocultar, lo que sin duda apunta a un escándalo mayúsculo.
Preguntas pertinentes
Es decir, si la actividad celebrada en Dorado Beach East no aparece registrada como ha sostenido Vélez Martínez, ¿a dónde fue a parar las sumas de dinero que se pudieron recaudar en un “fundraising” celebrado a las sombras de las normas que regulan las campañas políticas de Puerto Rico?, ¿cuál fue el monto de las aportaciones realizadas por cada donante de manera individual?, ¿cumplieron esas aportaciones con las reglas que rigen las aportaciones lícitas?, ¿el dinero aportado es de procedencia legal o proviene de actividades ilegales?, ¿por qué no aparece registrado un “fundraising” organizado de manera tan rigurosa hasta el más mínimo detalle?, ¿por qué el Contralor Electoral Walter Vélez Martínez no ha investigado este asunto?
De hecho, una de las fotos que constituyen parte de la nueva evidencia recopilada por la investigación de SN muestra dos carteles ubicados en las puertas de acceso a la piscina de la casa donde figuran las propuestas de González Beiró para impulsar la agricultura.
La presencia de los dos carteles estaba prevista en el organigrama como parte del material gráfico que se ventilaría para beneficio de los asistentes, lo que demuestra, una vez más, el grado de estructura y orden que rigió la actividad.
En otra de las fotos aparece Pedro Pierluisi junto a Pedro Rodríguez Bayón, quien tuvo a cargo labores relacionadas con la higiene y adecuada presentación de la residencia. Para entonces Rodríguez Bayón era un empleado de la Autoridad de Tierras que ocupaba una plaza de confianza como ayudante especial a cargo de servicios generales.
Pedro Pierluisi junto a Pedro Rodríguez Bayón.
La ex directora ejecutiva de la AT, Dorally Rivera Martínez, sostuvo que, luego de que González Beiró fuera nombrado a la secretaría de Agricultura, la designó a ella al puesto de directora ejecutiva de la AT al inicio del 2021.
Según Rivera Martínez, González Beiró le solicitó que no cambiará de posición a Rodríguez Bayón porque había cortado la grama en la residencia durante los preparativos de la actividad de recaudación de fondos para la campaña política de Pierluisi.
En una llamada telefónica entre este periodista y Vélez Martínez, realizada tras la publicación de la historia en el medio digital EyBoricua.com, el funcionario negó con vehemencia que el “fundraising” se hubiese celebrado en la urbanización Dorado Beach East.
Contralor Electoral pide evidencia
En un instante de la conversación Vélez Martínez concedió la posibilidad de que en la citada urbanización se pudo reunir un grupo de simpatizantes de Pierluisi de manera informal y sin rasgos de una organización premeditada, lo cual no constituía una actividad de recaudación de fondos sujeta al escrutinio de la OCE.
Incluso, Vélez Martínez exhortó a este periodista a indagar para obtener al menos una prueba que confirmara la celebración del “fundraising”, como una taquilla o una hoja de promoción de la actividad, tras lo cual, pareció insinuar, la OCE entraría de lleno a investigar.
El 16 de septiembre de 2024 SN le envió un correo electrónico a Vélez Martínez para “conocer las gestiones que realizó su oficina o usted personalmente para indagar sobre una actividad de recaudación de fondos que se realizó en la urbanización Dorado Beach East entre septiembre y octubre de 2020 a favor del entonces candidato Pedro Pierluisi”.
El pasado 23 de septiembre de 2024 Vélez Martínez respondió a la petición de SN en un escueto mensaje en el que se limitó a hacer referencia a un correo electrónico que el funcionario envió a este periodista el 3 de junio de 2022.
Pedro Rodríguez Bayón se toma un «selfie» con la actividad al fondo.
Es decir, que la OCE y Vélez Martínez no han investigado la celebración del citado “fundraising” porque en la comunicación del 3 de junio de 2022, el funcionario invitó a este periodista a radicar una querella en la OCE. Esto a pesar de la multitud de detalles y nombres que ofrecía la historia publicada en EyBoricua.com.
Vélez Martínez también indicó que la actividad en Dorado Beach “no aparece registrada” y que el “fundraising” fue celebrado “en un local de San Juan”.
En ese correo Vélez Martínez reaccionó a las interrogantes contenidas en otro correo electrónico que este periodista le envió el 12 de abril de 2022, luego de que se publicara en el medio digital EyBoricua.com la historia que reveló por primera vez la celebración de un “fundraising” para la campaña de Pierluisi.
En un local de San Juan…..
En el correo electrónico enviado el 12 de abril de 2022 este periodista ofreció una información obtenida en los archivos públicos de la OCE que contenía una lista de nombres de un grupo de donantes que asistieron a una actividad celebrada el 9 de septiembre de 2020 por el Comité de Pedro Pierluisi en 2020.
Otro ángulo del área de acceso a la piscina.
Con la información disponible en aquel momento se le indicó a Vélez Martínez que existía la posibilidad de que la actividad celebrada en Dorado Beach East tuvo lugar el 9 de septiembre de 2020. También se le informó al funcionario sobre un gasto para la referida actividad por la cantidad de $500.00 que realizó una persona.
En la comunicación del 3 de junio de 2022 Vélez Martínez se limitó a indicar que la actividad en Dorado Beach “no aparece registrada”. Más adelante la comunicación sostiene que el listado provisto por este periodista se trata en realidad de los donantes que asistieron a una actividad celebrada el 9 de septiembre de 2020 por el Comité de Pedro Pierluisi en 2020 “en un local de San Juan”.
“Los auditores de la OCE evaluaron la información suministrada por usted y pudieron constatar que todas las personas que contenía la lista estaban registradas en los informes de ingresos y gastos como donantes de una actividad del Comité de Pedro Pierluisi celebrada en un local en San Juan el 9 de septiembre de 2020. De igual manera, constataron que el gasto en especie (el gasto de $500.00) al cual se hace referencia estaba registrado en los informes radicados ante la OCE”, indicó Vélez Martínez.
El “local” que menciona Vélez Martínez es el restaurante Ladi’s Place, que está ubicado en la avenida Muñoz Rivera en Puerta de Tierra, muy cerca del Capitolio. El citado restaurante pertenece al hermano de González Beiró, Juan González Beiró.
Otro ángulo del interior de la residencia.
Según la OCE, en la actividad del 9 de septiembre se logró recaudar más de $30,000. Además, al hermano del secretario se le pagó $500 por los alimentos servidos en esa actividad.
Nutrida asistencia a “fundraising”
De hecho, según varias fuentes, la actividad celebrada en el restaurante Ladi’s Place, fue uno de los múltiples “fundraisings” celebrados por González Beiró para la campaña de Pedro Pierluisi. Entre esas actividades también figura el “fundraising” celebrado el martes 20 de octubre del 2020 en la residencia número 271 de la exclusiva urbanización Dorado Beach East, en Dorado, según revela la nueva información obtenida por SN.
De acuerdo con fuentes de SN, entre los presentes en la actividad celebrada en Dorado Beach East figuran González Beiró, Javier Lugo Rullán, ex administrador de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera y actual director de Seguros Agrícolas; Jorge Campos, subsecretario de Agricultura y director interino de la Autoridad de Tierras (AT); Héctor Cordero, presidente de la Asociación de Agricultores; Julio César Meléndez, director ejecutivo de la Cooperativa Productores Leche, y Juan Luis Rodríguez, ex administrador de la Administración de Desarrollo de Empresas Agropecuarias y de la Autoridad de Tierras.
Luego de que se publicara la historia sobre el “fundraising” que no aparece registrado la Fortaleza no negó ni confirmó la celebración de la actividad de recaudación de fondos en la casa de Serrano Cardona.
El 3 de abril de 2017 Serrano Cardona firmó un acuerdo de culpabilidad en el Tribunal Federal de San Juan por dos cargos graves de narcotráfico y lavado de dinero.
El acuerdo fue firmado por Serrano Cardona y su abogado, Juan R. Acevedo, y los fiscales federales José Capó Iriarte, Miriam Fernández González y Eugenio Lomba Ortiz.
Tras el acuerdo, Serrano Cardona se mantuvo en la libre comunidad administrando sus múltiples negocios agrícolas de venta de heno, importación de ganado y establecimientos de venta de vehículos y de piezas usadas.
De hecho, Serrano Cardona mantiene en alquiler varias fincas de la Autoridad de Tierras. Además, el ex secretario de Agricultura, Fernando Toledo, participó junto a Serrano Cardona en una empresa que se dedica a importar ganado de reemplazo.
A principios de marzo de 2022 el juez federal Daniel Domínguez sentenció a Serrano Cardona. No obstante, la sentencia y varias mociones presentadas ante el juez están selladas, lo que implica que el contenido de estos documentos está vedado al acceso público.
Interesado en subarrendar
Tras la revelación de la actividad celebrada en la residencia de Serrano Cardona, por EyBoricua.com, la ex directora ejecutiva de la AT, Dorally Rivera Martínez, denunció que González Beiró avaló que Serrano Cardona pudiera subarrendar las fincas que una de sus empresas, Rosmar Dairy Inc, alquiló en la AT.
Según Rivera Martínez, Serrano Cardona deseaba subarrendar dos fincas ubicadas en Arecibo a la empresa Pattern Energy, para establecer una planta de generación eléctrica con paneles solares.
Rivera Martínez se opuso al subarrendamiento de fincas agrícolas porque es una modalidad de contratación que está expresamente prohibida por la ley matriz de la agencia. Rivera Martínez fue despedida de su cargo por la Junta de Gobierno de la AT, luego de que González Beiró solicitara su destitución.
González Beiró también refirió al Departamento de Justicia a Rivera Martínez y a otros funcionarios por alegadas irregularidades en el Fondo de Mejoras Municipales (FMM). Antes de su despido Rivera Martínez también refirió a la Oficina del Contralor y al Inspector General las alegadas irregularidades en el FMM.
La actividad de recaudación de fondos para la campaña electoral de Pedro Pierluisi que se celebró en el 2020 en la residencia de un narcotraficante convicto en Dorado y que no aparece registrada en la Oficina de Contralor Electoral, fue precedida por una rigurosa organización que procuró atar todos los detalles para que unos 35 invitados realizaran sus aportaciones económicas en una atmósfera controlada que contó con música de fondo, mozos y una amplia oferta de entremeses, comida y bebida.
Foto del área cercana a la piscina en la residencia 271 en Dorado Beach East.
El fenecido exsecretario de Agricultura, Fernando Toledo, fue el organizador de la actividad que se realizó el martes 20 de octubre del 2020 en la residencia número 271 de la exclusiva urbanización Dorado Beach East, en Dorado, según se desprende de la nueva evidencia recopilada por SN.
La residencia 271 en Dorado Beach East era propiedad de la empresa Desarrolladora Playa del Norte Inc., en la que el narcotraficante convicto Jaime Serrano Cardona figura como presidente y tesorero.
Organigrama del “fundraising” a favor de Pierluisi fue un acto organizado de manera rigurosa.
La historia inicial sobre la actividad fue publicada por este periodista en el medio digital EyBoricua.com el jueves 24 de marzo de 2022.
No obstante, dos años y cinco meses después de que trascendiera la historia en otros medios de comunicación y de que se confirmara que la actividad de recaudación de fondos no está registrada en la Oficina del Contralor Electoral, no existen indicios de que el Contralor Electoral, Walter Vélez Martínez, ordenara investigar a profundidad el “fundraising”.
Actividad fue organizada al detalle
De hecho, el organigrama es una evidencia más para confirmar que la celebración del “fundraising” a favor de Pierluisi no fue un acto improvisado, sino una actividad organizada de manera rigurosa en sus más ínfimos detalles.
La actividad de recaudación de fondos fue patrocinada por agricultores que favorecían la selección de Ramón González Beiró como secretario de Agricultura.
Alegadamente, en el “fundraising” también participó un grupo de desarrolladores de la industria de la construcción quienes apoyaban a Pedro Pierluisi como candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista.
La actividad, que se celebró durante un periodo de tres horas, entre las 6:00 de la tarde y las 9:00 de la noche, está definida en un organigrama redactado por Toledo que estableció las prioridades para el éxito del cónclave, que incluyó los aspectos de seguridad, transportación, áreas de estacionamiento, preparación y limpieza de la residencia.
Paellas y entremeses en el menú
De hecho, el organigrama dispone que el ofrecimiento de comida y bebidas incluyó paellas de mariscos y paellas de carne, entremeses y vinos. El organigrama dispone que las paellas y los entremeses serán servidos en platos y cubiertos desechables, mientras que para servir el vino se planificó tener disponibles 25 copas de cristal.
El documento también indica que la distribución de la comida y los entremeses sería atendida por dos mozos.
Además, el organigrama indica que dos mozos adicionales atenderán el servicio de las bebidas, para el que era necesario acopiar hielo y vasos.
El documento indica que el propio Toledo sería el responsable de las bebidas mientras que una persona llamada Juan Santiago estaría encargado de traer los dos mozos para el servicio de las bebidas y los dos mozos para el servicio de la comida. Santiago también sería responsable de contratar el suplidor que prepararía las paellas y los entremeses.
La persona identificada como Juan Santiago figura en el organigrama como responsable de otras tareas como cotizar 10 mesas altas en aluminio y 20 sillas, las cuales serían colocadas en el área de la piscina.
Música de fondo y carteles
Además, Santiago fue responsable de la contratación de los servicios relacionados con el sistema de sonido y de garantizar la música de fondo que se escucharía durante la actividad.
Santiago tuvo la encomienda de identificar un artista gráfico para que diseñara dos carteles que contendrían las propuestas agrícolas de González Beiró y de contratar la empresa que imprimiría los dos carteles.
De hecho, el organigrama dispuso que la persona responsable del texto que definiría las propuestas agrícolas de González Beiró es “J Meléndez”. SN se comunicó en reiteradas ocasiones con Julio César Meléndez, quien es el director ejecutivo de la Cooperativa Productores Leche, y no respondió.
Otra encomienda asignada a Santiago fue mantener el suplido adecuado de hielo y vasos para la barra donde se dispensarían las bebidas.
El organigrama también le impuso a Santiago la responsabilidad de establecer un punto de cotejo o “check point” dirigido a garantizar que a su llegada a la residencia los invitados cumplieran con las medidas de control del Covid, incluyendo la toma de temperaturas.
Esa tarea comprendía ubicar en determinados lugares en el interior de la casa desinfectantes de manos, desinfectantes de superficies y mascarillas.
“Check point” contra el Covid
La selección de la persona que tendría a cargo el “check point” fue una responsabilidad delegada a González Beiró, según se desprende del documento.
SN le preguntó al conocido agrónomo Juan Santiago, si él es la persona que en el organigrama lleva su nombre. Santiago negó de manera reiterada que tuviera alguna relación con la citada actividad. El agrónomo insistió que se trata de “otro Juan Santiago”.
El agrónomo Santiago fue un ferviente seguidor de Toledo durante su fallida gestión como secretario de Agricultura de dos años, la cual finalizó abruptamente debido a que la gobernadora Sila Calderón lo despidió tras detectarse la concesión de créditos contributivos a empresas que no figuraban registradas en el Departamento de Estado.
Santiago también se destacó en los pasados meses por defender al actual secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, durante una investigación que realizó el Colegio de Agrónomos por unos alegados malos tratos y palabras soeces que el funcionario pronunció contra determinados agrónomos.
Carritos de golf a la orden
Un aspecto que atiende el organigrama es que procura que los invitados sean transportados en carritos de golf desde el estacionamiento de las áreas deportivas de la urbanización, debido a que el diseño del complejo residencial prescinde de aceras y de espacios para estacionar vehículos frente a las residencias.
La coordinación para el uso del carrito de golf con un conductor dedicado exclusivamente recayó en Toledo, según indica el documento.
Toledo también tuvo a cargo la responsabilidad de orientar a los invitados sobre cómo llegar a la urbanización Dorado Beach East, en Dorado y luego lograr entrar al complejo residencial, tras pasar el control de acceso, y finalmente llegar a la residencia número 271.
El organigrama reconoce que la ruta puede causar confusión y dispone que Toledo debería orientar a los invitados en el uso de GPS “para que puedan llegar sin problemas”.
Otra responsabilidad asignada a Toledo en el organigrama es contratar a una persona que realizaría tareas de vigilancia y seguridad en el área destinada para el estacionamiento de los vehículos y en otras áreas en el interior de la residencia.
Puerto Rico ha sido colonia durante toda su existencia menos bajo el dominio de los taínos. Hasta el 19 de noviembre de 1493 Boriquén era un país libre. Los indios taínos gozaban de entera libertad, tenían un gobierno propio, defendían su territorio si eran atacados por otras tribus del Caribe y tenían sus dioses.
Cuando Cristóbal Colón descubrió a Puerto Rico comenzamos a ser una colonia de España que culminó con la invasión de Puerto Rico por Estados Unidos el 25 de julio de 1898 por la Bahía de Guánica. Es curioso que los norteamericanos celebran el 12 de octubre de 1492 no como el Descubrimiento de América sino como el “Indigenous People’s Day”.
Bajo el artículo 9 del Tratado de París el Congreso de Estados Unidos obtuvo poderes absolutos sobre el territorio de Puerto Rico. El primer atropello a Puerto Rico ocurrió cuando los abogados norteamericanos maltrataron y humillaron a los abogados españoles y los obligaron a entregar a Puerto Rico como botín de guerra a Estados Unidos. Durante el dominio español Puerto Rico se regía por el sistema legal Napoleónico.
Al establecerse el gobierno civil el gobernador Brooke leyó en el 1900 la Ley Foraker bajo la cual se eliminó el sistema legal Napoleónico y se estableció el sistema anglosajón. Se establecieron, además, las cortes federales en la colonia de Puerto Rico. En el sistema legal anglosajón los jueces por decisiones en casos estatutarios (casos decididos para ellos mismos) alegan poseer inmunidad, impunidad e infalibilidad.
Por tal razón los abogados de la colonia de Puerto Rico tienen temor en aceptar representación legal en casos en contra de los jueces. Los abogados les tienen terror a los jueces. Esa actitud redunda en una pobre representación legal de los ciudadanos. Eso ha dado lugar a un aumento en representación por derecho propio (Pro se litigants) de los ciudadanos.
El 18 de diciembre de 2015 este servidor recibió una sentencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico en votación de 5 a 4 concluyendo que le causé demencia a una paciente luego de una operación de tiroides y paratiroides que resultó con calcio bajo. Es una sentencia, no una opinión.
La sentencia solo se aplica a mí y no acumula jurisprudencia. Ningún otro cirujano será acusado de causar demencia a un paciente. Es una aberración judicial pues las causas de las demencias se desconocen. Los jueces del tribunal supremo meramente me castigaron porque le gané una demanda a una abogada que me demandó frívolamente.
Los jueces y abogados no toleran que un médico prevalezca en una demanda contra un abogado. Esa sentencia del Tribunal Supremo es una maquiavélica, equivalente a prevaricación judicial en el sistema legal Napoleónico.
La prevaricación judicial es un delito y ocurre cuando un tribunal emite una decisión a sabiendas que es falsa, que no puede corroborarse bajo ningunas otras circunstancias, que no puede replicarse y que se hace con la sola intención de castigar a un ciudadano.
El 8 de diciembre de 2016 demandé a siete jueces del sistema judicial local y al perito norteamericano en la Corte Federal de San Juan. El perito norteamericano tuvo que negociar conmigo y pagarme una cantidad confidencial para salirse del caso. La Corte Federal exonera de culpa a los siete jueces por lo acudí al Tribunal de Apelaciones de Boston.
Ese tribunal con una sola palabra, “AFFIRMED”, ratificó a la Corte Federal de San Juan. Acudí al Tribunal Supremo Federal, pero el 10 de agosto de 2022 me informaron que declinaron aceptar mi caso. En 2023 la Junta de Licenciatura y Disciplinas Médicas evaluó mi caso y emitió una resolución exonerándome de toda culpa en el caso de la demencia.
Con esa nueva evidencia presenté una nueva demanda. La misma fue desestimada por el Tribunal de Instancia y por el Tribunal Apelativo. El Tribunal Supremo declaró No Ha Lugar a mi petición.
El 22 de julio de 2024 presenté un “certiorari” (recurso de revisión) por derecho propio en el Tribunal Supremo Federal, pero el 7 de septiembre de 2024 me informaron que declinaban ver mi caso. Con una sola oración, “The petition for a writ of certiorari is denied”, rechazaron mi caso.
Ningún tribunal, ni el de Apelaciones ni el Supremo explican nada. Se creen ciudadanos superiores, inmunes, impunes e infalibles. No le responden al pueblo ya que no son electos por el pueblo votante. Rechazan la supuesta inmunidad otorgada al expresidente Donald Trump, e indican que Trump no es un
monarca, pero los jueces ejercen esa misma inmunidad que la constitución no les otorga y se comportan en Puerto Rico y Estados Unidos como los dioses del Olimpo griego.
Al rechazar ver mi caso están marginando y atropellando a la Junta de Licenciatura y Disciplinas Médicas, una rama del ejecutivo que es la que otorga las licencias a los médicos, los evalúa, los disciplina y los remueve de la práctica de su profesión.
En efecto, están vilipendiando a la colonia de Puerto Rico. Durante toda su existencia Puerto Rico ha sido colonia, primero de España, luego de Estados Unidos y ahora somos colonia simultáneamente de ambos imperios.
A nivel internacional somos el país más masoquista del mundo, nadie nos gana esa medalla. Pero a nivel local no tenemos una solución viable como país. Los abogados y jueces se protegen entre sí, son extremadamente solidarios. Se comportan como una cofradía.
Recuerden a El Padrino de Mario Puzo. Nadie sobrevive a una cofradía. Me indica un amigo, “La cosa nostra, mafia, hampa o camorra existen en forma de concepto de trabajo…solidaridad en la clase judicial, ejecutiva o legislativa…es un gran club…pero usted fue removido un día de ese club y ellos no lo perdonan”.
La cofradía, a la hora de defender sus intereses, actúa de manera inescrupulosa. Prevalecí en una demanda en contra de una abogada, pero lo he pagado con creces en pérdida económica y daños emocionales y la abogada no ha pagado ni un centavo de la deuda impuesta por el tribunal.
La abogada aparenta no creer en los propios tribunales donde ejerce su profesión. Luego del rechazo del Tribunal Supremo Federal, solo me queda la Corte Celestial, pero esa fecha no ha sido establecida y no la establezco yo.
Estoy convencido que le he servido bien al pueblo de Puerto Rico desde la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas, enseñando a estudiantes de medicina y adiestrando a cirujanos generales y operando a más de 15,000 pacientes incluyendo 10,000 de tiroides y sobre 750 pacientes de paratiroides.
Serví en el ejército de Estados Unidos, soy veterano de Vietnam. Algunos jueces o políticos no han sido ni cobitos. En realidad, creo que no me merezco ese atropello judicial. Opine usted, amigo lector.
Breve comentario:
La primera esposa del doctor Enrique Vázquez Quintana y madre de seis hijos falleció de la enfermedad de Alzheimer por once años. El doctor la cuidó en su casa. La segunda esposa padece también de Alzheimer. Se casó con ella el 27 de diciembre de 2008. El doctor Vázquez Quintana escribió un libro titulado, ¿Quién eres tú? sobre la enfermedad de Alzheimer y en el 2018 realizó una película del mismo nombre. El 18 de diciembre de 2015 el Tribunal Supremo de PR emitió una sentencia que concluyó el doctor le causó demencia a una paciente. Esta decisión le causó una depresión y en febrero de 2016 fue admitido al Hospital Panamericano de Cidra por una semana. Además, fue desarmado por su psiquiatra y familia. Luego se recuperó y actualmente no recibe medicamentos para su salud mental. Está totalmente repuesto de ese atropello judicial, pero no ha logrado que se anule esa sentencia y que se le restituya su prestigio y dignidad ante sus pacientes y colegas.
La Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE) presentó hoy los resultados del Estudio ASORE Tendencias (EAT) 2024, realizado por The Research Office. Los consumidores continúan mostrando una alta lealtad con los restaurantes, incluyendo los niveles de uso y el gasto promedio, manteniendo los resultados históricos que se observaron en el 2023.
“Este estudio de ASORE vuelve a confirmar, de manera aún más contundente que los anteriores, que los consumidores aman y necesitan a los restaurantes en sus estilos de vida. Uno de los datos más impresionantes es ver que el 88% de todos los usuarios están de acuerdo con que salir a un restaurante con su familia o amistades les brinda una oportunidad inigualable para socializar y representa el mejor uso de su tiempo libre”, afirmó José Alfonso de The Research Office.
Fast food on old wooden background. Concept of junk eating.
Por su parte, el presidente de ASORE, Carlos Budet, destacó que “los resultados del estudio EAT 2024 reafirman que los consumidores en Puerto Rico no solo son leales a los restaurantes por elección, sino porque estos se han convertido en una parte esencial de su día a día. La realidad del país ha transformado la visita a los restaurantes en una necesidad que ofrece conveniencia, seguridad y la posibilidad de disfrutar experiencias en un entorno adecuado para socializar y desconectarse de los retos cotidianos”.
El estudio también muestra que los consumidores valoran la experiencia de acudir a restaurantes como un espacio para compartir con familiares y amigos, y como un medio para relajarse y olvidarse de las preocupaciones diarias.
De hecho, el 80% de los encuestados señaló que prefiere invertir en experiencias en restaurantes antes que cocinar en casa, reforzando así la importancia que tiene la industria en la vida social de los puertorriqueños.
Entre otros hallazgos clave del estudio EAT 2024 se destacan:
Uso por tipo de restaurante:
Restaurantes de servicio rápido (QSR): Lideran en uso con un 90% de los consumidores visitándolos, un aumento de 4 puntos porcentuales respecto al 2023. En promedio, los consumidores visitan estos restaurantes 7.4 veces al mes y gastan $24 por ocasión.
Restaurantes casuales: Son el segundo tipo de restaurante más frecuentado, con cerca del 50% de los consumidores usándolos. El promedio de visitas ha aumentado de 2.8 veces al mes en 2023 a 3.7 en 2024, con un gasto promedio de $52 por visita.
Restaurantes familiares: Utilizados por el 33% de los consumidores, con un gasto promedio de $56 por ocasión.
Pizzerías: Un 27% de los consumidores visitan pizzerías regularmente.
Restaurantes “fine dining”: Estos restaurantes han visto un aumento en su uso, con una frecuencia promedio de 4.5 veces al mes, y un gasto promedio por visita de $102.
Satisfacción general: Nueve de cada diez consumidores se sienten satisfechos con múltiples aspectos de la industria, como el tiempo de entrega, la calidad del servicio, la limpieza de los restaurantes y la cortesía del personal.
Aumento en el gasto total: El gasto promedio mensual en restaurantes ha aumentado a $622 en 2024, lo que representa un incremento de $27 en comparación con el año anterior, impulsado principalmente por un mayor número de visitas a ciertos tipos de restaurantes.
Competencia en la industria: Los consumidores han mostrado ser cuidadosos con sus gastos, pero se benefician de la competencia en la industria, que les ofrece mejores opciones en términos de valor por su dinero.
El estudio EAT 2024 se llevó a cabo mediante 1,000 entrevistas presenciales realizadas en todo Puerto Rico, dirigidas a usuarios que han frecuentado restaurantes de servicio limitado (como los de servicio rápido) en los últimos tres meses, o restaurantes de servicio completo en los últimos seis meses.
El trabajo de campo se desarrolló entre el 31 de agosto y el 22 de septiembre de 2024. El margen de error estimado para la muestra total de 1,000 participantes es de ± 3%.
La regla propuesta por los Centros de Servicios a Medicaid y Medicare (CMS, por sus siglas en inglés) para el Sistema de Pago Prospectivo de Salud en el Hogar (HHPPS) de 2025 reduce significativamente el factor del índice salarial para los proveedores en Puerto Rico, lo que aumenta las anomalías en las fórmulas de pago y empeora la disparidad en comparación con el programa Medicare en el resto de los Estados Unidos.
La Asociación de Productos Medicaid y Medicare Advantage de Puerto Rico (MMAPA, por sus siglas en inglés) y otras organizaciones, han instado a los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid a mantener niveles mínimos de pago diseñados para mitigar las disparidades de pago aplicables a las áreas geográficas más pobres del país.
La regla propuesta presenta varios cambios significativos, entre los que se destaca una nueva metodología para calcular los valores del índice salarial para los municipios rurales de Puerto Rico.
En concreto, los valores del índice salarial se reducirían un promedio de 25%, de 0.40 a 0.30 una vez que se implementen por completo.
“Este es otro reflejo de las anomalías en el funcionamiento del Medicare Tradicional en Puerto Rico. El índice salarial para los pagos de la Parte A y el ajuste geográfico promedio de Medicare Advantage (MA) también son significativamente más bajos que en cualquier otro lugar de los EE. UU., incluyendo a las Islas Vírgenes Americanas. MMAPA ha trabajado múltiples propuestas para abordar el problema de la disparidad, pero hasta el momento no se han implementado por parte del gobierno federal. No dar paso a un índice salarial mínimo razonable para los servicios de atención médica domiciliaria, ampliará aún más las disparidades en la atención médica entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Los residentes de la isla ya enfrentan importantes desafíos de salud, incluyendo tasas más altas de enfermedades crónicas como diabetes y enfermedades cardíacas”, afirmó el presidente de MMAPA, Ricardo Rivera Cardona.
Por su parte, La Lcda. Isuanet Castillo, directora ejecutiva operacional de Hospicio & Home Care San Lucas, declaró que “La norma propuesta tiene como objetivo reducir los valores del índice salarial que impactan el reembolso de los servicios en gran parte de los municipios de Puerto Rico, a pesar de la legislación local de los últimos tres años que ha aumentado significativamente los salarios en el sector del cuidado de la salud. Estas reducciones en reembolso tendrán un impacto desproporcionado en nuestra población de adultos mayores, que dependen en gran medida de las agencias de servicios de salud en el hogar para su cuidado, y es probable que aceleren la migración de trabajadores de la salud de Puerto Rico”.
De otra parte, la Lcda. Judith Mark, directora ejecutiva de Best Option Healthcare, expresó que “Los adultos mayores en Puerto Rico dependen más de los servicios de atención médica en el hogar en comparación con otros estados y territorios de los EE. UU. Debido a la falta de servicios de reducción gradual, los pacientes a menudo son dados de alta directamente de los hospitales a las agencias de atención médica domiciliaria. Los médicos de atención primaria, que trabajan bajo modelos de pago capitado, refieren a los pacientes a servicios de salud en el hogar para evitar hospitalizaciones innecesarias. El sector servicios de salud domiciliario en Puerto Rico jugó un papel vital en la atención de los pacientes después del huracán María y durante la pandemia de COVID-19, administrando más de 5,000 dosis de anticuerpos monoclonales en los hogares de los pacientes. Estos recortes propuestos afectarán significativamente la capacidad de estos servicios para continuar brindando atención esencial”.
Solo el 2% de los adultos mayores en Puerto Rico residen en viviendas para personas mayores o centros comunitarios administrados por los municipios. La mayoría está envejeciendo en sus propios hogares, principalmente en áreas urbanas cerca de San Juan, que no han sido adaptados para satisfacer las cambiantes necesidades climáticas y de salud.
Los factores socioeconómicos limitan aún más la capacidad de los beneficiarios para acceder a servicios o seguir los tratamientos fuera de sus hogares. Las personas mayores dependen en gran medida de los programas de transporte de MA y de los servicios a domicilio que brindan las agencias locales. Si se aplican estos recortes, las poblaciones vulnerables, incluidas las personas mayores y las personas con movilidad limitada, se enfrentarán a graves dificultades para acceder a los servicios de salud esenciales.
El presidente de MMAPA, enfatizó que “Otro agravante es que Puerto Rico también está excluido de Servicios y Apoyos a Largo Plazo (LTSS) en Medicaid. Esto hace que el beneficio de atención de salud médica en el hogar de Medicare cobre mayor relevancia. LTSS es el 30% del presupuesto de Medicaid a nivel nacional, pero los ciudadanos que residen en Puerto Rico obtienen 0%, nada, en esta categoría de beneficio, al igual que en varios otros renglones del programa”.
El programa Medicare Advantage, que presta servicios a más del 84% de los beneficiarios elegibles de Medicare en Puerto Rico y al 95% de aquellos que tienen tanto la Parte A como la Parte B de Medicare, tiene una financiación significativamente menor que el promedio nacional. Puerto Rico brinda atención a más de 660,000 personas mayores a través de MA, incluidos más de 300,000 que tienen doble elegibilidad para Medicare y Medicaid.
Históricamente, las tarifas de MA en Puerto Rico han sido inequitativas e insuficientes debido a diversas anomalías estatutarias, incrementando la disparidad entre las tarifas de MA de Puerto Rico y el promedio nacional. En 2011, las tasas de MA de Puerto Rico estaban un 24% por debajo del promedio nacional; hoy, en pleno 2024, esta brecha se ha ampliado al 41%.
“MMAPA continúa uniendo fuerzas con el sector de salud en la isla para abogar por los beneficios de los cientos de miles de ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico y que no reciben todos los beneficios de MA. Esperamos que el reclamo comunitario que hacemos hoy para prevenir estos recortes sea escuchado”, concluyó el presidente de MMAPA, Ricardo Rivera Cardona.
