MAPFRE continúa cumpliendo su compromiso con la eficiencia energética como elemento clave en su estrategia de descarbonización, que tiene como objetivo lograr la neutralidad en 2030 en todos los países donde está presente.
En 2024, la compañía redujo su consumo energético un 27% menos respecto a 2022, lo que representa un total de 40 millones de kWh menos, correspondientes al consumo de la electricidad y combustibles fósiles, como el gas natural y la gasolina. Esta cifra supera el objetivo previsto del Plan de Huella Ambiental para 2030, situado en el 16%.
La compañía dio a conocer estos resultados con motivo del Día Mundial de la Eficiencia Energética, que se celebra hoy, y en el que ha destacado que todo ello se debe principalmente a la reducción del 30% en la factura eléctrica de los edificios situados en los 25 países donde tiene actividad aseguradora, y gracias a medidas como la instalación de paneles fotovoltaicos, la optimización de espacios de trabajo y la inversión en equipos de climatización e iluminación más eficientes.
La reducción en el consumo eléctrico (30%), sumado al incremento en la adquisición de energías renovables (14%), procedentes de placas solares, energía eólica y presas, entre otras, ha permitido que en 2024 la aseguradora haya evitado la emisión de un toral de 9,988 Tm de CO2e a la atmósfera.
Edificios sostenibles
La aseguradora apuesta por el diseño y construcción de edificios con criterios de sostenibilidad y se ha fijado el objetivo de que en 2030 el 65% de la superficie de sus principales espacios de oficinas, cerca de 30 edificios, dispongan de un certificado de edificación sostenible LEED, BREEAM o EnergyStar, que reconocen la máxima calidad en el uso de la luz natural, agua o transporte. En este sentido, a finales de 2024, cerca de la mitad (49%) de la superficie de estos inmuebles ya disponían de alguna de estas certificaciones, un 3% más que el pasado año.
Destaca el desempeño de algunos países como España, México, República Dominicana, Italia, Perú y Malta, que cuentan con un total de 8.346 paneles fotovoltaicos en sus oficinas, con los que generaron más de 3 millones de kWh, y con los que han podido reducir un 16% su factura eléctrica en dichos espacios. Esta reducción ha evitado 651 Tm de CO2e a la atmósfera. También se ha sustituido la iluminación convencional por luces LED, más eficientes (España), y se han renovado equipos de aire acondicionado en Puerto Rico, Brasil o Perú. Con todas estas medidas, la compañía ha reducido un 1 millón de kWh al año.
Cinco organizaciones comunitarias y de protección ambiental presentaron durante el día de hoy en Tribunal de Primera Instancia de San Juan una petición para que se le ordena a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG)a proveer copia del expediente de la querella radicada por el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, contra el ahora exsecretario de Agricultura, Ramón González Beiró, por un alegado conflicto de intereses y otras violaciones éticas.
El conflicto y las violaciones éticas están relacionadas con la aprobación por parte del Departamento de Agricultura (DA) de una propuesta para la ubicación de un parque de placas fotovoltaicas en unos terrenos que pertenecen a la empresa Agriart LLC, en la que el secretario y su hijo, Ramón González Bennazar, son socios.
La querella fue presentada el 22 de noviembre de 2022 y hasta el momento presente, tras pasar 28 meses luego de que Flores Ortega solicitó investigar a González Beiró, la OEG no ha emitido los resultados de la investigación.
Los estatutos de la agencia la obligan a culminar una investigación en un término de 30 meses. En el caso específico de la querella de Flores Ortega contra González Beiró, el término de 30 meses se cumplen al finalizar el próximo mes de abril.
La moción que solicita acceso al expediente, la cual fue presentada por el licenciado Omar Saadé Yordán, señala que el pasado 21 de enero de 2025, los demandantes enviaron una carta por correo electrónico a los oficiales de información de la OEG,, en la que solicitaron la entrega de una copia del citado expediente.
De acuerdo con el documento, el 31 de enero de 2025, la OEG denegó la petición porque, alegadamente, «se estaba solicitando información confidencial que es parte de una investigación en curso». Para denegar la petición la OEG invocó la ley 1 de 2012, conocida como el Código Anticorrupción.
Información es pública
«Sin embargo, la OEG no ofreció una explicación detallada. La mera invocación de una ley como fundamento para restringir el acceso a la información no es suficiente para avalar la existencia de una de las excepciones a dicho derecho. Del texto de la ley debe surgir la clara intención del legislador de mantener ciertos documentos bajo el palio de la confidencialidad» , argumentó el Saadé Yordán en la moción.
«La información solicitada es originada, conservada y recibida por la OEG. Por lo tanto, es información pública, a la cual cualquier persona puede tener acceso u obtener una copia si así lo solicita. Toda la información solicitada es información pública y de alto interés público para el Pueblo de Puerto Rico. Además, no se están solicitando expresiones de un funcionario de la Oficina de Ética, sino copia del expediente”, explica la moción.
“Finalmente, el interés público en acceder a la información solicitada supera cualquier reclamo que pretenda limitar el acceso a la información de la ciudadanía en torno a este asunto», sostiene el documento, que fundamentó su petición en la ley 141 de 2019 o Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública.
Las entidades demandantes son la Organización Boricuá De Agricultura Eco Orgánica Inc., el Frente Unido Pro-Defensa Del Valle De Lajas, Inc., El Puente De Williamsburg, Inc., Comité Diálogo Ambiental Inc., y el Comité Yabucoeño Pro-Calidad De Vida Inc.
Además de solicitar que la OEG entregue la totalidad de expediente de la investigación contra González Beiró, los demandantes le piden al tribunal que garantice que la agencia cumplirá con la futura entrega de información sobre el caso cuando le sea solicitada. También solicitan que se le imponga a OEG el pago de las costas y gastos de litigio en que hayan incurrido los demandantes.
En su querella Flores Ortega solicitó que se investigue el endoso otorgado por el Comité de Energía del DA al proyecto de placas fotovoltaicas propuesto por la empresa Clean Flexible Energy, el cual se construiría en terrenos agrícolas ubicados en Salinas que pertenecen a Agriart LCC. Clean Flexible Energy es una subsidiaria de la cogeneradora AES, ubicada en Guayama.
Terrenos protegidos
Flores Ortega señala que AES logró que la Junta de Supervisión Fiscal aprobara un acuerdo de compra y operación de energía con la Autoridad de Energía Eléctrica, que consta de cuatro proyectos de parques solares que serían construidos en Salinas, Guayama, Naguabo y Las Piedras.
Según la querella, a través de Clean Flexible Energy, AES logró un acuerdo para alquilar 1,029.63 cuerdas de terreno que pertenecen a la empresa Agriart LLC, para construir un enorme parque solar con un sistema de baterías e infraestructura eléctrica, que generaría 240 megavatios.
Los terrenos tienen la doble calificación de “Agrícola Productivo” (AP), la cual fue asignada por la Junta de Planificación, y de “Suelo Rústico Especialmente Protegido Agrícola” (SREP-A), según consta en el Plan de Uso de Terrenos.
Otro aspecto relevante de la querella es que los terrenos de Agriart LLC son parte del Corredor Agrícola de la Costa Sur, una reserva agrícola decretada por la Ley 242 de 2008, conocida como Ley de Reservas Agrícolas. En la querella Flores Ortega sostiene que, durante su gestión como director de la Comisión de Agricultura del Senado en esos años, se aprobó la ley 242, la cual, entre otras disposiciones, prohíbe usos que no sean compatibles con el desarrollo agrícola.
Según el ex secretario, el propuesto parque de placas fotovoltaicas en los terrenos de Agriart LLC constituye una violación a ley 242. “Con esta ley vigente, jamás pasó por mi mente que fuera precisamente un secretario de Agricultura el que tratara de burlar esta ley para un proyecto de su beneficio”, sostiene el ex secretario en la querella.
Endosan propuesta
Advierte la querella que el Comité de Energía del DA concedió un endoso a la propuesta de Clean Flexible Energy, pese a que se violan las clasificaciones de protección para suelo rústico y productivo agrícola y porque en esos terrenos discurren importantes fuentes fluviales como el canal de riego de Patillas, la quebrada Amorós y el canal de riego Guamaní Oeste, que alimentan otros predios agrícolas de la zona sur.
También destaca que la acción del Comité de Energía contradice los parámetros para considerar proyectos de energía renovable en terrenos agrícolas establecidas por el secretario González Beiró.
De acuerdo con la querella, esos parámetros prohíben que proyectos de energía renovable sean aprobados en terrenos con la clasificación SREP-A y AP, lo cual es una de las más alarmantes irregularidades en que pudo incurrir el Comité de Energía durante la aprobación de la propuesta de Clean Flexible Energy.
Flores Ortega sostiene que resulta inexplicable que el Comité de Energía endosó dos proyectos de energía renovable de AES, uno en Salinas y el otro en Naguabo, pero denegó su endoso a otros dos proyectos de energía renovable, uno en Naguabo y otro en Cabo Rojo, con el alegado objetivo de detener “el uso de terrenos agrícolas para otros propósitos”.
El proyecto de Naguabo, que se ubicaría cerca del proyecto aprobado a Clean Flexible Energy, lo propuso la empresa Naguabo Photovoltaic Power Plant. El proyecto de Cabo Rojo se establecería en el barrio Llanos Costa de ese pueblo y lo propuso la empresa Cabo Rojo Solar Farm.
El caso del Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc. ya se perfila como un escándalo de proporciones mayúsculas con posibilidades de estremecer a la asamblea legislativa pues llegó a recibir asignaciones legislativas por el monto de $5 millones y existe la posibilidad de que la entidad sin fines de lucro se haya convertido en un centro de lavado de dinero público para unos fines que en este momento no están definidos.
No obstante, lo que sí se sabe es que tales asignaciones ya constituyen una línea de investigación en la pesquisa que realiza la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) con la ayuda de la Oficina del Contralor.
De acuerdo con fuentes de SN, las asignaciones de fondos públicos para el Centro Comunitario de Servicios a la Familia Inc se sucedieron a través de resoluciones conjuntas aprobadas mucho tiempo antes de que en diciembre de 2020 la Autoridad de Tierras recibiera la encomienda de manejar el Fondo de Mejoras Municipales (FMM).
La entidad sin fines de lucro es dirigida por Humberto Andújar Otero, quien, alegadamente es pastor, y por Raúl Berríos Ferrer.
De hecho, el gran enigma que ha funcionado como combustible para los investigadores de la Oficina del Contralor, es identificar las razones por las cuales determinados legisladores asignaron cantidades sustanciales de fondos públicos a una entidad anodina sin previa experiencia en obras masivas de construcción, que no cuenta con un personal técnico y profesional capaz de encaminar proyectos complejos.
Destino desconocido
De hecho, el destino de los $5 millones es otro asunto crucial de la pesquisa y para los que será una herramienta determinante los estados bancarios del Centro Comunitario de Servicios a la Familia Inc, los cuales son parte de los materiales que la Oficina del Contralor ha logrado obtener y que ha compartido con los fiscales de la OPFEI.
La información que ha trascendido apunta al ex representante del Partido Nuevo Progresista, Antonio “Tony” Soto Torres, como genio y artífice del escándalo que ya representan las irregularidades del FMM, especialmente porque el ex legislador asignó dinero público al Centro Comunitario de Servicios a la Familia Inc. para la alegada canalización de la quebrada Margarita en Guaynabo.
Para dicha encomienda la entidad recibió $1.5 millones y los trabajos nunca se realizaron. Pero la realidad es que a través de los años el Centro Comunitario de Servicios a la Familia Inc. recibió otras asignaciones de fondos públicos que en conjunto suman $5 millones.
Sin duda, la figura del ex funcionario legislativo, José Miguel Huertas Torres, emerge como un protagonista de esta trama, pues laboró en la oficina del ex representante Soto Torres cuando se preparaba el Proyecto de la Cámara 2619, que proponía enmendar el Código de Rentas Internas para que el control del Fondo de Mejoras Municipales (FMM), que estaba bajo el dominio del Departamento de Hacienda, pasara a manos del Programa de Infraestructura Rural (PIR) de la Autoridad de Tierras (AT).
La gobernadora Wanda Vázquez Garced convirtió en la ley 173 el Proyecto Cámara 2619 el 30 de diciembre del 2020, lo que dió paso a que el PIR, que ya manejaba las resoluciones conjuntas de los legisladores para obras en la zona rural, fuera responsable de distribuir los fondos públicos del FMM.
Demanda en cobro de dinero
De hecho, Huertas Torres también laboró en la AT tras el traslado del FFM a esa dependencia del Departamento de Agricultura.
Como resultado de la ley 173, los legisladores de distrito podrían asignar los fondos directamente sin la necesidad de la aprobación de una resolución conjunta. El trámite requería la aprobación de la división de finanzas de la AT. El FMM se nutre de una porción del IVU que pertenece a los municipios y al año el fondo recibe cerca de $30 millones.
Hasta el presente la AT ha radicado una demanda en cobro de dinero en contra del Centro Comunitario de Servicios a la Familia Inc, para recobrar los $1.5 millones asignados a los trabajos en la quebrada Margarita.
El pasado 14 de enero de 2025 la licenciada Bárbara Cruz Muñiz, del bufete Dennis L. Seilhamer, que es el representante legal de la AT, le informó al Tribunal de Primera Instancia en Bayamón en una moción informativa sobre la incapacidad de recobrar los fondos públicos.
De hecho, el Centro Comunitario de Servicios a la Familia había radicado una solicitud de quiebra en el Tribunal Federal de Quiebras el 24 de junio de 2024, bajo el capítulo 7 de liquidación, que permite a los deudores, con determinadas condiciones, no pagar las deudas a sus acreedores.
Peticionan quiebra
La presentación de la solicitud de quiebra detuvo los trabajos en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, que aún no ha tomado una determinación en la demanda de la AT, la cual imputa al Centro Comunitario de Servicios a la Familia incumplimiento de contrato y cobro de dinero.
No obstante, el 4 de septiembre de 2024 la entidad radicó en el Tribunal Federal de Quiebras de San Juan una moción para desistir voluntariamente del caso. La moción fue radicada por el licenciado Jesús Enrique Batista Sánchez.
Tras esa determinación, el caso regresó a la sala de la jueza Wanda Cintrón Valentín en el Tribunal de Primera Instancia en Bayamón.
En una nota emitida el 10 de septiembre de 2024, en el registro digital del Tribunal de Quiebras Federal se informó que de los activos del Centro Comunitario de Servicios a la Familia, solo se logró recaudar $252.99. La información fue ofrecida por Wigberto Lugo Mender, quien fue el fideicomisario designado al caso.
“Informo que este caso fue desestimado. Recaudé fondos por un total de $252.99. Todos los fondos han sido devueltos o transferidos al fideicomisario sucesor. Todos los extractos bancarios y cheques cancelados han sido enviados al fideicomisario de los Estados Unidos. Los extractos bancarios reflejan un saldo final de cero y ningún otro fondo o activo del patrimonio permanece bajo mi custodia. Por la presente certifico que el patrimonio del capítulo 7 del deudor(es) mencionado(s) ha sido completamente administrado hasta la fecha de conversión o desestimación. Solicito que se me libere de cualquier otra obligación como fideicomisario”, sostuvo Lugo Mender en la citada nota que figura en el registro digital del Tribunal de Quiebras Federal.
Posibles delitos criminales
El pasado mes de diciembre la contralora, Yesmín Valdivieso, reveló que un día después de que su oficina publicara un informe sobre el FMM, los auditores que trabajaron en la indagación habían sostenido conversaciones con personal del Departamento de Justicia.
En entrevista con SN Valdivieso sostuvo que en los informes de investigación no se ofrecen todos los detalles y hallazgos que ha producido una investigación.
Valdivieso también indicó que parte de la discusión con Justicia giró en torno a la posibilidad de que parte de los hallazgos impliquen posibles delitos criminales.
“En unos casos nosotros entendemos que sí, que hay delito (criminal). Pero eso lo determinan ellos (Justicia), si hay suficiente evidencia o si es más fácil por el lado administrativo y no es necesario esperar hasta cuatro años por una decisión o por un jurado. Justicia es la entidad que determina si existen delitos criminales. Si nos dijera que son (casos) administrativos y que ellos no van a hacer nada, los referiría entonces a la entidad que sea necesaria”, explicó la funcionaria.
Valdivieso insistió en que el hallazgo más importante de la investigación es que el FMM es inconstitucional porque son los legisladores quienes determinan la manera cómo se emplearán los fondos públicos, la cual es una responsabilidad exclusiva del Ejecutivo.
Sin transparencia
Destacó que la manera “poco transparente” de cómo los legisladores asignan los fondos es el aspecto más preocupante del FMM.
“Si nosotros queremos recobrar la confianza del pueblo en el servicio público se tiene que ser transparente. En la medida que estas haciendo asignaciones de dinero público sin saber a quién, ¿qué es lo que se va a pensar?, que estás haciendo un chanchullo. Eso para mí es lo más importante. Si el Tribunal Supremo encontró que el barrilito era inconstitucional, y esos eran fondos que se asignaban por resoluciones, ¿cómo no va a encontrar inconstitucional un fondo que no tiene transparencia?”, dijo Valdivieso.
Explicó que las deficiencias del FMM son más parecidas a los señalamientos que la Oficina del Contralor ha imputado a la Comisión de Donativos Legislativos, la cual no corroboraba el uso realizado por la entidades que recibían los fondos públicos asignados.
Hasta el momento los únicos funcionarios señalados por la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OFEI) por, alegadamente, haber cometido malversación de fondos públicos relacionados con el FMM, son la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras (AT), Dorally Rivera Martínez, la ex directora de Finanzas, Astrid Rivera Febres, y el director del Programa de Infraestructura Rural (PIR), Miguel Santiago Irizarry.
La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) rechazó que la Comisión de Juegos ponga en vigor un nuevo reglamento dirigido a establecer mecanismos para aumentar las máquinas tragamonedas permitidas en las agencias hípicas porque reduciría los ingresos del gobierno y del Fideicomiso de Retiro de la Policía.
El nuevo reglamento permitirá la ubicación de hasta 5,000 nuevos terminales electrónicos de videojuegos (EGS por sus siglas en inglés) en los establecimientos de las agencias hípicas (OTB por sus siglas en inglés), los cuales están avalados por la ley 83 de 1987 o Ley de la Industria y el Deporte Hípico de Puerto Rico.
La carta de Mujica sostiene que el nuevo reglamento propone aumentar el número máximo de terminales EGS en establecimientos OTB regulares de 10 a 15. Además, la nueva reglamentación podría liberar «algunas licencias para nuevas superagencias», que es una modalidad de agencia hípica que puede operar hasta 30 terminales EGS.
La oposición principal de la JSF obedece a el gobierno no recibe una centavo de las máquinas de videojuegos que operan en las agencias hípicas, mientras que las máquinas tragamonedas de videojuegos que existen en los casinos y las que están ubicadas en en los comercios son reguladas por el gobierno y una parte de los ingresos van dirigidos al fondo general.
En una misiva enviada hoy por el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, a Juan C. Santaella Marchán, quien es el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, el organismo fiscal planteó de manera clara que el nuevo reglamento colocaría a las EGS ubicadas en las agencias hípicas en ventaja competitiva en relación con las máquinas de videojuegos ubicadas en los casinos y en los comercios.
«La principal preocupación de la Junta de Supervisión es que el aumento en el número de terminales EGS por OTB podría canibalizar los ingresos de las máquinas tragamonedas de los casino y de las máquinas de juego en comercios, ya que un dólar gastado en una terminal EGS es un dólar que no se gasta en un casino o en una máquina de juego en un comercio», sostuvo Mujica.
Preocupación por tragamonedas en agencias hípicas
«En contraste, no se generan fondos gubernamentales a partir de las apuestas en terminales EGS. Esto se ve agravado por el hecho de que las terminales EGS pueden participar en juegos de jackpot progresivo y los límites en los premios pueden ser mayores que otras opciones de máquinas tragamonedas, lo que alentaría a patrocinar estas máquinas en lugar de las máquinas de juego en los casinos y en los comercios. Como resultado, se espera que las terminales EGS en las agencias hípicas sigan generando más ingresos que las máquinas tragamonedas estándar», agregó el director ejecutivo de la JSF.
De hecho, Mujica menciona en su carta a Santaella Marchán que un análisis del Departamento de Hacienda concluyó que los terminales EGS generaron aproximadamente $54 por día en ingresos, mientras que las máquinas de juego en los comercios generan sólo $37 por día. Esto da como resultado que el gobierno pierda entre 23 y 55 centavos por cada dólar apostado en un terminal EGS.
La misiva de Mujica señala que el análisis de Hacienda sostiene que por cada dólar apostado en una máquina tragamonedas de casino, el fondo general recibe 55 centavos y las apuestas totales superan los $315 millones.
Específicamente, se proyecta que en el año fiscal 2025 las máquinas tragamonedas de casino aportarán $62 millones al fondo general y $71 millones a la Universidad de Puerto Rico.
Según ese análisis, por cada dólar apostado en las máquinas de juego con licencia ubicadas en comercios, el gobierno recibe 22 centavos después de los primeros $12 millones.
Mujica señala que el Fondo de Retiro de la Policía recibe 12 centavos de cada dólar apostado en las tragamonedas ubicadas en los comercios.
Ingresos solo benefician deporte hípico
La misiva sostiene que, en cambio, los ingresos que generan las máquinas de juego ubicadas en las agencias hípicas van dirigidos a beneficiar los diversos componentes del deporte hípico.
Por ejemplo, 15% de los ingresos van dirigidos a la comisión del agente de carreras de caballos, 15% para la cuenta de premios de carreras de caballos, que es mantenida por el hipódromo, y 70% para el operador.
Actualmente existen 3,373 terminales EGS están operando en 383 establecimientos OTB o agencias hípicas.
No obstante, Mujica aclara que los datos en poder de la JSF indican que en realidad existen 492 agencias hípicas activas. También señala que están operando 13 súper agencias hípicas, las cuales tienen instaladas hasta 30 terminales EGS, mientras que las restantes agencias hípicas tienen al menos 11 máquinas.
«En la medida en que el Reglamento Propuesto busque aumentar la actividad de apuestas en las terminales EGS, la actividad de las máquinas tragamonedas de casino y las máquinas de juego ambulantes se reducirá, y los ingresos del Estado Libre Asociado y del Fideicomiso de Retiro de la Policía se verán afectados negativamente. En conclusión, se espera que la ampliación del número de terminales EGS en lugares OTB más rentables aumente la canibalización de ingresos, lo que resultará en una disminución de los ingresos para la Commonwealth y el Fondo de Retiro de la Policía. Por lo tanto, el Reglamento Propuesto no está aprobado y no se puede implementar», concluyó el director ejecutivo de la JSF.
Puerto Rico enfrenta una crisis financiera sin precedentes. Con una deuda insostenible y una economía frágil, el país no puede seguir manteniendo una estructura gubernamental obsoleta y derrochadora. Uno de los problemas más graves es la existencia de 78 municipios, cada uno con oficinas, personal y servicios duplicados. Esta redundancia no solo es ineficiente y mala práctica administrativa, que también es insostenible en un contexto de quiebra fiscal. Es hora de tomar medidas drásticas para consolidar, modernizar y optimizar los recursos antes de que sea demasiado tarde.
El problema: duplicidad y despilfarro
Imagínese tener 78 oficinas de recursos humanos, 78 departamentos de recreación y deportes, 78 cuerpos de policía municipal y 78 sistemas de servidores físicos para almacenar datos. Esta duplicidad no solo es innecesaria, sino que también representa un gasto exorbitante en salarios, beneficios de retiro, servicios médicos y mantenimiento de infraestructura. Además, muchos municipios subcontratan servicios como la recolección de basura, algo que ya no pueden costear. Según expertos, al menos 40 municipios no tendrán fondos para mantenerse operativos para junio de 2025. ¿Cómo llegamos a este punto? La respuesta es simple: falta de planificación, resistencia al cambio y un sistema que prioriza la política sobre la eficiencia.
La solución: integración, digitalización y automatización
La solución no es complicada, pero requiere voluntad política y visión de futuro. En primer lugar, es imperativo fusionar municipios para reducir costos y eliminar la duplicidad de funciones. ¿Por qué tener 78 departamentos de recreación cuando uno centralizado podría servir a toda la isla? ¿Por qué mantener servidores físicos en cada municipio cuando podríamos migrar a servidores virtuales en la nube, lo cual es más barato, seguro y eficiente? La digitalización de documentos y la automatización de procesos no solo ahorrarían millones, sino que también mejorarían la transparencia y la eficiencia.
La inteligencia artificial (IA) y la automatización deben ser pilares de esta transformación. Estas tecnologías pueden optimizar tareas administrativas, reducir errores y liberar recursos humanos para funciones más estratégicas. Además, la digitalización permitiría a los ciudadanos acceder a servicios gubernamentales en línea, eliminando la necesidad de desplazarse a oficinas físicas y reduciendo el papeleo.
Modernizar la infraestructura y la economía
Para que esta transformación sea efectiva, Puerto Rico necesita una infraestructura de internet robusta y accesible en toda la isla, incluyendo Vieques y Culebra. El acceso a internet de alta velocidad no es un lujo, sino una necesidad en el siglo XXI. Permitiría a los ciudadanos trabajar, estudiar y hacer negocios desde sus hogares, conectándose con mercados globales. Además, atraería inversiones extranjeras y fomentaría el emprendimiento digital.
En cuanto a la energía, es crucial avanzar hacia la independencia energética. Las fincas solares, la energía eólica y las microrredes con baterías de almacenamiento son soluciones viables que reducirían la dependencia de LUMA y abaratarían los costos de electricidad. Esto no solo beneficiaría a los ciudadanos, sino también a las empresas que buscan establecerse en la isla. Actualmente, no se puede usar la infraestructura existente porque no aguanta la cantidad de casas que puedan usar paneles solares y baterías con medición neta y que envíen electricidad al sistema central de LUMA. Esto se debe a que la infraestructura es vieja y débil la cual requiere invertir en nueva infraestructura de distribución.
Educación: la clave del futuro
Ninguna reforma será sostenible sin una educación de calidad de los ciudadanos del país. Sin embargo, el sistema educativo actual está plagado de ineficiencias y los funcionarios están en la negativa. La oficina central de educación pública consume el 60% del presupuesto en posiciones administrativas y contratos millonarios con empresas externas, en lugar de invertir en programas de lectura, tecnología moderna y capacitación docente. Las escuelas se han convertido en un centro de servicios múltiples donde el aprendizaje es opcional. Es hora de cerrar esta estructura burocrática y redistribuir los recursos directamente a las escuelas donde solo están el 100% del tiempo para aprender nuevas destrezas.
Conclusión: el momento de actuar es ahora
Puerto Rico no puede permitirse seguir operando como si tuviera recursos ilimitados. La consolidación de municipios, la digitalización de servicios, la inversión en infraestructura tecnológica y energética, y la reforma educativa no son opciones, sino imperativos. Si no actuamos ahora, el colapso financiero será inevitable, y las consecuencias serán devastadoras para todos los ciudadanos.
Es hora de dejar atrás las prácticas obsoletas y abrazar un futuro más eficiente, con visión mundial, sostenible y próspero. La tecnología y la innovación están de nuestro lado; solo necesitamos la voluntad política y el apoyo ciudadano para implementar estos cambios. Puerto Rico puede salir de la quiebra, pero solo si tomamos decisiones difíciles hoy para garantizar un mañana mejor.
El principal oficial ejecutivo de la aseguradora Óptima Seguros, Ramón “Tony” Pérez, denunció la incidencia cada vez mayor de un mercado de primas bajas (mercado blando) que no responde a la realidad de los riesgos suscritos, lo que representó un vuelco inesperado a la tesis planteada por las principales reaseguradoras que operan en el mercado local sobre la disciplina alcanzada por las aseguradoras del país para lograr mejores prácticas de suscripción, estabilidad en las tarifas de los seguros y garantizar ganancias aceptables.
«Hoy he escuchado varias veces la palabra disciplina. En los últimos meses estoy viendo otra cosa, estoy viendo reducción de tasas considerables, liberación de términos y no estoy hablando de una compañía, estoy hablando de múltiples compañías y se nos está haciendo muy difícil competir porque nosotros estamos tratando de ser disciplinados. Es importante que nos auto evaluemos y reconozcamos lo que está pasando en nuestras compañías, hoy el mercado se está ablandando aceleradamente no solamente en precios, sino en términos y condiciones sin evaluaciones», sostuvo Pérez, lo que desató una oleada de aplausos de aprobación entre la concurrencia que el pasado jueves participó en el Foro de Reaseguro que celebró la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE). La actividad fue celebrada en el Hotel Vanderbilt en el Condado.
La posición disidente de Pérez fue en realidad un aluvión de agua fría para la favorable opinión de los representantes de las principales compañías de reaseguro que operan en el país, quienes en numerosas ocasiones durante el foro exaltaron la disciplina lograda en el mercado local de seguros. «Hay compañías que están dando la cubierta de utility (interrupción de negocios) sin ningún tipo de limitación. Yo estoy viendo otra cosa. Creo que estamos comenzando a ser indisciplinados mientras los reaseguradores nos piden que seamos disciplinados», exclamó Pérez.
De hecho, la alegada incidencia de un mercado de primas bajas previo al huracán María, las cuales resultaron insuficientes para los riesgos asumidos, ha sido señalada como una de las causas que provocaron que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) interviniera para liquidación a las aseguradoras Integrand y Real Legacy en 2019.
Momento difícil
El principal ejecutivo de Óptima Seguros hizo su electrificante denuncia durante su participación como moderador del último panel de discusión del foro titulado «El mercado de seguros y reaseguro en Puerto Rico : perspectiva del asegurador local».
La posición de Pérez fue avalada por Jaime González Portilla, presidente de Antilles Insurance Company, quien era uno de los panelistas y quien describió el mercado local de seguros como «un bizcocho», en el que «no hay mucho negocio nuevo y lo peor que podemos hacer es mover las cuentas con el tema de precio».
Jaime González Portilla, presidente de Antilles Insurance
González Portilla reconoció que existen «no una sino varias aseguradoras» comenzando a ofrecer primas bajas en pólizas de propiedad.
«Sabemos que Puerto Rico está pasando por un momento bien difícil en líneas comerciales, los clientes están pagando en primas mucho más de lo que se estaba pagando antes y una de las cosas que están buscando es economía. Una de las cosas que estamos viendo y me preocupa a mí, es que, por ejemplo, te cogen un edificio de $10 millones y te dicen, lo voy asegurar por $8 millones, dame un descuento de 20 % en la tarifa. Se nos olvida a veces que gran parte de las pérdidas son pérdidas parciales y si ocurre un fuego pequeño o un fuego grande va a ser la misma pérdida para nosotros. Es importante mantener la disciplina y hay unos recargos en la tarifa cuando eso pasa y que el cliente sepa que cuando baja esos límites, si tiene una pérdida completa, no va a cobrar más del seguro», sostuvo González Portilla.
Ramón Rodríguez Rosa, principal oficial financiero de la Cooperativa de Seguros Múltiples, y Cesar Álvarez, vicepresidente de reaseguro de Multinational Insurance Company, quienes también integraban el panel, abogaron por la disciplina pero se mantuvieron distantes de la candente controversia levantada por Pérez.
Tendencia continúa
«Cuando comenzamos a ver esta tendencia en diciembre pensamos que podría ser un asunto de fin de año y que algunos de los aseguradores no tienen sus metas de crecimiento anotadas, así que déjame ser un poco liberal y después, comenzando en enero, el mercado se volvería a normalizar pero la realidad es que seguimos viendo lo que vimos en diciembre», agregó Pérez.
Tras los efectos del huracán María y la ocurrencia de otras catástrofes en el escenario internacional, que causaron cuantiosas pérdidas a las reaseguradoras, estas empresas decretaron aumentos en sus tasas, limitaron su capacidad de asumir riesgos como una medida de protección y con el fin de lograr una alza en sus ganancias, exigieron a sus socios comerciales una serie de medidas dirigidas a aplicar disciplina en la suscripción.
Entre esas medidas atribuidas a la disciplina figuran aumentos en las primas, incremento en los deducibles, mayor retención de riesgos de parte de las aseguradoras, estrictas medidas de suscripción y la imposición de severos términos y condiciones a los asegurados.
Los planteamientos de Pérez no fueron las únicas sorpresas que conocieron los ejecutivos de las reaseguradoras en el foro, pues el presidente de Mapfre, Alexis Sánchez Géigel, también tronó contra la incidencia de bajas en la tarifas.
No es tiempo para bajar tarifas
«Hay aseguradores que están creciendo utilizando una capacidad ( de reaseguro) proporcional que está ablandando el mercado, dando mejores condiciones y mejores precios y entonces, eso luego repercute contra los mismos reaseguradores. Es importante que el mercado reasegurador audite, verifique y que lo que le están diciendo se pueda constatar en la documentación que se provee», indicó el ejecutivo.
Sánchez Géigel también advirtió que los costos de reconstrucción han experimentado aumentos, lo que implicaría que la repetición de una catástrofe como la causada por el huracán María, cuyo costo de reconstrucción ascendió a $8,000 millones, reclamaría en la actualidad hasta $12,000 millones en costos de reconstrucción.
«No estamos en este momento en una posición para bajar tarifas», reiteró.
Alexis Sánchez Géigel, presidente de Mapfre
Sánchez Géigel también reveló la amenaza que significa el reglamento «Normas para Regular el Proceso de Valoración («Appraisal») en Reclamaciones de Seguros», aprobado por la OCS y que entró en vigencia desde 1 de enero de 2024.
Según sostuvo Sánchez Géigel el citado reglamento, también es conocido como la regla 106, impone un proceso forzado de tasación de daños, en el que ajustadores públicos pueden ser parte de los árbitros y tasadores sin experiencia podrían participar en el proceso de cuantificar daños, mientras son excluídos los ingenieros y arquitectos.
Reglamento que se las trae
El señalamiento de parte de Sánche Géigel contra los ajustadores públicos, que representan el interés de los asegurados, acontece en el contexto de que tras el huracán María determinados ajustadores públicos incurrieron en la inflación fraudulenta de daños, lo que provocó la intervención de la OCS. El caso más notorio es el del ajustador público Scott Favre, quien fue imputado de fraude por la OCS.
«Se puede dar inclusive, que sin haber una oferta de una aseguradora, el Comisionado tiene la potestad de nombrar el árbitro, en caso de que las partes no se pongan de acuerdo. Yo creo en un mecanismo para resolver una polémica si es justo para ambas partes, pero con esta regla las aseguradoras quedan en una posición bien débil. Yo no me quiero imaginar una catástrofe donde haya miles y miles de procesos ( de reclamaciones) y que hayan ajustadores públicos como árbitros en estos procesos. Nosotros hemos hecho unos señalamientos que la OCS no ha atendido. Yo creo que la industria tendrá que tomar una decisión para evitar que se impulse esta regla», dijo Sánchez Géigel.
De hecho, a preguntas de Pérez varios ejecutivos de las empresas de reaseguro que se encontraban entre el público presente, confirmaron que desconocían de la aprobación y del alcance de la regla 106.
Incluso, el presidente de Mapfre exhortó a las reaseguradoras a empaparse de los elementos que conforman la regla 106 para que junto a la industria local de seguros integren una frente común en contra de la aplicación del nuevo reglamento, de la misma manera como lo hicieron en contra del Proyecto de la Cámara 1533, el cual le concedía a la OCS el poder de ajustar reclamaciones y finalmente no fue aprobado.
Una joya en el Caribe
Otras medidas comentadas por Sánchez Géigel para destacar la disciplina lograda fue que determinadas aseguradoras eliminaron la cubierta de interrupción de negocios debido a que amplificaba las pérdidas por la fragilidad del sistema eléctrico y las continuas interrupciones del servicio.
El abandono de la cubierta de seguros para condominios denominada Full Value, la cual fue sustituida por la cubierta Bare Wall, una iniciativa que durante años había tomado la aseguradora Antilles Insurance Company.
Sánchez Géigel también mencionó la necesidad de que las aseguradoras tomen medidas para evitar el fraude a través de determinados endosos que imponen condiciones a los asegurados.
Durante el foro los ejecutivos de las compañías de reaseguro catalogaron el mercado de seguros en Puerto Rico como un «joya», debido, entre otras razones, a la calidad de las construcciones de concreto, las estrictas medidas para evitar incendios, que han reducido de manera dramática la siniestralidad en esa cubierta y por la participación de FEMA con asistencia financiera contra inundaciones, lo que ha convertido al país en un lugar atractivo para el reaseguro de pólizas de propiedad y contingencia.
Uno de los primeros ponentes en el foro fue Harry Bishop, quien es el vicepresidente senior de Guy Carpenter para Latinoamérica y el Caribe. Bishop sostuvo que el 2024 fue favorable para las compañías de reaseguro y sobre los incendios forestales en California señaló que de manera preliminar podrían generar pérdidas sobre los $30,000 millones, lo que, sin duda, tendrá un impacto en «las consideraciones para 2025”.
Con la política arancelaria del presidente Donald Trump hacia sus principales socios comerciales, se ha creado la tesis de que la misma es una medida estratégica idónea para crear la presión política para doblegar las posturas de sus socios — convertidos por Trump –en oponentes al estilo de vida de los E.U.
México, en donde se sospecha surge el trasiego de fentanilo ilegal hacia E.U., se amenaza con aranceles más altos. Tal parece que la presidenta mexicana reacciona al aumentar las fuerzas de la guardia nacional para cuidar la frontera y evitar el trasiego ilegal de fentanilo, pero al igual, los Estados Unidos se comprometió en lidiar con la venta de armas ilegales a los temidos carteles de droga.
Trump parece pasar por alto en su discurso perturbador varios issues; primero, que la demanda por droga o fentanilo illegal surge de los traficantes y usuarios finales de las calles de E.U. pero además, son los traficantes de armas ilegales de E.U., radicado en Texas y Arizona, desde donde se vende el 70% de las armas que llegan a manos de los carteles mexicanos.
Es reconocido que México no produce armas de alto calibre y son los E.U. quien realiza ventas muy rentables a estos carteles. Pasa por alto, además, que las empresas norteamericanas como GMC, Ford Motors, Stellantis, se verán afectadas en su competitividad de precios debido a los aranceles, pero sin un claro deseo de regresar a operar en E.U. con costos operacionales relativamente exagerados.
Trump no reconoce tampoco que son los consumidores norteamericanos quienes serán los que finalmente pagarán por el alza de precios causados por los aranceles y que la inflación será una víctima de estos aranceles sin sentido.
Este argumento sobre el papel de los aranceles y su asociación con el trasiego de fentanilo es nula o inexistente. Los aranceles son medidas que afectan el sistema de precios de las exportaciones e importaciones pero no son diseñadas para trabajar con el problema social de consumo y comercio interno de drogas en cualquier país.
Por eso, es evidente que no fueron los aranceles, sino la voluntad de ambas naciones de negociar de buena fe, como debió haber sido desde sus inicios. De nuevo, esta voluntad cooperadora es independiente de los aranceles.
Lo cierto es que los aranceles tienen muy poco, o mejor dicho, nada que ver con la venta ilegal de fentanilo en los E.U. Los aranceles no son armas políticas. Usted no puede sacar un clavo con un pinche de pelo, pues este último no es, ni nunca fue diseñado para estos fines.
El problema de adicción al fentanilo o mejor dicho a las drogas, es un problema social que tiene como componentes industriales tales como los usuarios (adictos), los distribuidos en E.U. y México y los productores. A esta industria y su composición y operación, poco importa si los precios de los aguacates para el guacamole suben o bajan por los aranceles.
De hecho, aun cuando en caso extremo, se eliminaran todos los aranceles entre ambos países (o sea, sean cero por ciento), el adicto a drogas se mantendría pues nunca esta estrategia de aranceles tocaría las puertas de los cimientos de esta industria.
La historia de los carteles de Colombia en los 1980 y principios de los 1990, es elocuente y apoya mi tesis de la inexistencia de relación entre el trasiego de drogas y los aranceles. En estas décadas, los narcotraficantes conocidos Pablo Escobar Gaviria, los Hermanos Ochoa, Rodriguez Gacha, Carlos Leader, Griselda Blanco, entre otros, pusieron a Colombia, los Estados Unidos, en estado de sitio.
El presidente de los E.U. en ese entonces, Bill Clinton, no amenazó a Colombia con medidas draconianas de aranceles, sino que negoció para que los E.U. colocara en una cooperación y esfuerzo mutuo las fuerzas de la DEA, y los militares para que combinadamente con las fuerzas castrenses de Colombia, redujeran la influencia de los carteles de Medellín y Cali.
El cartel de Medellín fue uno de los más temidos de Colombia, fue responsable de múltiples bombas, de atentados como el del avión de Avianca (27 de noviembre de 1989), que dejó más de 100 muertos; y el atentado a la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), días después, que dejó 63 fallecidos.
Este grupo asesinó en 1984 al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla; a Guillermo Cano, director del diario El Espectador, en 1986; al procurador, Carlos Mario Hoyos, en 1988, entre muchos otros nombres de quienes los criticaron o los persiguieron judicialmente.
En resumen, la versión dos del Trumpismo es peligrosa, pero no sólo para los socios comerciales de E.U. sino para los mismos residentes de ese país. Hacer a E.U. grande de nuevo, anda por terrenos muy movedizo si se siguen las políticas draconianas y de guapo de barrio a nivel internacional. Pregunto, ¿estaremos regresando a la era del Ugly American?.
En una moción de reconsideración que disecciona y descalifica los argumentos de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) para mantener en confidencialidad el contenido de un acuerdo alcanzado con el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation (Swiss Re), la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG) insistió en solicitar al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que libere del manto de secretividad al citado acuerdo.
La AG sostuvo que «resulta irónico» que en su gestión como liquidador de la aseguradora Real Legacy, y como entidad pública, la OCS pretenda reclamar que sus actuaciones deben estar resguardadas por el marco de la confidencialidad, lo que impedirá que “los asegurados, reclamantes, acreedores y el público en general”, se enteren de las transacciones millonarias que pudo alcanzar con Swiss Re.
«Es de muy difícil acomodo a nuestro estado de derecho la noción de que un servidor público, en el desempeño de sus facultades estatutarias, pueda incurrir en transacciones millonarias bajo un manto de secretividad.Y es irónico que en el caso de autos el liquidador insista en proyectarse como un síndico puramente privado», sostuvo la moción de reconsideración radicada el pasado 11 de febrero por el licenciado Eric Negrón, quien integra el bufete especializado en asuntos de seguros, Rexach & Picó LLC, y quien es el representante legal de la AG.
La moción de reconsideración es la respuesta de la AG a la decisión de la jueza Katarina Stipec Rubio, quien el pasado lunes 27 de enero de 2025, emitió un escueto “sin lugar” a una petición de la entidad que se había radicado a principios del presente año para que se permita el acceso al acuerdo entre la OCS y Swiss Re. La jueza no presentó argumentos para justificar su proceder.
El 27 de septiembre de 2024 la OCS radicó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una solicitud “urgente ” en la que informó haber logrado un acuerdo con Swiss Re que, alegadamente, beneficiaría a los asegurados de Real Legacy. Además, le solicitó al Tribunal que mantenga en confidencialidad el documento. El 10 de octubre de 2024 el Tribunal avaló la petición de la OCS.
Dos planteamientos
La moción de reconsideración presentada por la AG parte del supuesto de que la decisión de la jueza Stipec Rubio se fundamentó en dos planteamientos esgrimidos por la OCS en otra moción para oponerse a que se retiré el manto de confidencialidad que actualmente cobija al acuerdo.
El primero de ellos concluye que la AG no tiene derecho a intervenir judicialmente en contra de la OCS con el fin de fiscalizar las transacciones que acuerde como liquidador de un asegurador insolvente, para garantizar que estos sean acertados, según una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 1979 en el caso Comisionado de Seguros v. Builders Insurance Company.
En el segundo planteamiento, la OCS sostuvo que al fungir como liquidador de un asegurador insolvente, sus actuaciones no pueden considerarse como públicas, pues actúa en representación de una empresa privada. También argumentó que los documentos relacionados con esa liquidación son privados y no públicos.
Incongruencias en argumentos de OCS
Sobre el primer planteamiento la AG sostuvo que es inválido porque se invoca el artículo 40.040(7) del Código de Seguros, el cual se refiere exclusivamente a que están prohibidas las reclamaciones contra el caudal de liquidación de un asegurador insolvente.
La AG también argumentó que artículo 40.040(7) no se refiere a una petición para que se revele el contenido de una determinada documentación, como es el caso planteado por la AG.
Además, la AG planteó que la decisión emitida en 1979 por el Tribunal Supremo en el caso Comisionado de Seguros v. Builders Insurance Company no se fundamentó en el citado artículo, porque este fue introducido al Código de Seguros en 1991.
Según la AG, lo que el Tribunal Supremo determinó es que la ley (el Código de Seguros) «no provee esa intervención por parte de la AG». La AG sostuvo que el caso de Builders Insurance fue decidido cuando todavía estaba en vigor el texto original el capítulo 40 sobre “Rehabilitación y Liquidación», el cual integró el Código de Seguros desde que fue aprobado en 1957.
La moción aclara que cuando se adoptó 1957 el Código de Seguros la AG no existía. De hecho, la entidad fue creada por la ley 143 de 1974.
Otro planteamiento aclaratorio es que en 1991 el Capítulo 40 fue reformulado utilizando una ley modelo de la Asociación de Nacional de Comisionado de Seguros, porque la versión vigente en aquel momento ya resultaba obsoleta.
Incluso, la AG planteó que la versión vigente del artículo 40.210(4) del Código de Seguros permite a la AG intervenir en contra de la OCS a través de una acción judicial. La citada versión establece que «una asociación de garantía o asociación de garantía extranjera tendrá derecho a comparecer en cualquier procedimiento judicial relacionado con la liquidación de un asegurador si la misma viene obligada o podría venir obligada a tomar alguna acción como resultado de la liquidación.”
Actuaciones públicas y no privadas
«Resulta, pues, improcedente invocar como precedente dispositivo de la presente controversia el caso de Builders Insurance, que fue decidido cuando la ley era distinta y no concedía a la AG un derecho de comparecencia como el que ahora establece el antes referido Artículo 40.210(4)», planteó la moción de la AG.
El segundo planteamiento de la OCS básicamente sostiene que las actuaciones del Comisionado de Seguros como liquidador de Real Legacy, no pueden considerarse públicas, pues su intervención como liquidador es exclusivamente en representación de una aseguradora privada.
Por lo tanto, la intervención de la OCS como liquidador no convierte a Real Legacy en una dependencia pública y toda la documentación relacionada con sus operaciones en documentos públicos.
Otro argumento de la OCS es que el capítulo 40 del Código de Seguros establece que los documentos vinculados a un proceso de liquidación no son documentos públicos, sino documentos privados que no están sujetos a las normas que regulan los documentos públicos.
Real Legacy dejó de existir
Sobre estas afirmaciones la AG argumenta en la moción que, tras la intervención de la OCS con el objetivo de liquidar a Real Legacy, la empresa fue disuelta y dejó de existir con personalidad jurídica propia, lo que implica que la aseguradora no podrá ejercer sus poderes corporativos, según lo dispone el artículo 40.170 del Código de Seguros.
«Así pues, la personalidad legal del asegurador dejó de existir y fue el liquidador quien obtuvo el título sobre sus bienes y derechos, pero esto de ningún modo implica que el Comisionado de Seguros, al ejercer tal función de liquidador, pasó a incurrir en actuaciones que no sean las de un funcionario público. Al contrario, tales actuaciones son intrínsecamente de interés público», planteó la AG.
Luego la moción de la AG cita el artículo 40.010(4) del Código de Seguros, el cual establece que los procedimientos en casos de insolvencia y de cualquier incumplimiento de un asegurador son parte integral del negocio de seguros y como tal están investidos de un interés público.
Además, argumenta que la OCS no deja de ser una entidad pública porque interviene y liquida un asegurador privado y también propone, siguiendo ese orden de reflexión, que los documentos relacionados con la liquidación en manos de la OCS son también documentos públicos sujetos al escrutinio público.
«El Comisionado de Seguros no deja de fungir como funcionario público por el hecho de que actúa como Liquidador de lo que fue un asegurador que era empresa privada, se desprende igualmente que, en virtud de preceptos fundamentales de nuestro ordenamiento constitucional, la documentación que refleja las actuaciones de dicho servidor público no puede estar inmune al escrutinio de la ciudadanía», sostiene la moción.
De inmediato el documento hace una exhortación al Tribunal para que reflexione sobre la importancia que significa que la ciudadanía tenga acceso a la información pública en una sociedad democrática: «el acceso a la información pública constituye un pilar fundamental en toda sociedad democrática. Este conocimiento permite a los ciudadanos evaluar y fiscalizar la función pública adecuadamente, a la vez que contribuye a una participación ciudadana efectiva en los procesos gubernamentales que impactan su entorno social. Se abona de este modo a la transparencia en la función gubernamental y se promueve una sana administración pública».
Dífícil acomodo
La moción de la AG reconoce que el artículo 40.440 del Código de Seguros no considera públicos los documentos del asegurador que pasaron a manos de la OCS como resultado del proceso de liquidación. Pero advierte que la justa interpretación de ese capítulo es que aquellos documentos relacionados con las actuaciones del liquidador sí son documentos públicos.
También destaca que el artículo 40.180(1) del Código de Seguros dispone que «las asociaciones de garantía y las asociaciones de garantía extranjeras tendrán acceso razonable a los expedientes del asegurador, según sea necesario, para que puedan ellas desempeñar sus obligaciones estatutarias».
Otro argumento de la AG es que el artículo 40.150(1) del Código de Seguros concede al liquidador facultad para negociar y reducir a efectivo, total o parcialmente, cualquier valor que sea necesario para costear la administración de la liquidación considerando que deberá obtener el máximo rendimiento en dicha negociación”.
«El Liquidador cumple una función fiduciaria en beneficio de un caudal cuyo principal acreedor viene a ser la AG, y en parte por esa razón resulta comprensible que el Código de Seguros, en su artículo 40.180(1), incluye una disposición concediendo acceso a la AG con respecto a los expedientes del asegurador, aun si se fuese a interpretar que el público en general no tiene un derecho de acceso similar. Pero, reiteramos, es de muy difícil acomodo a nuestro estado de derecho la noción de que un servidor público, en el desempeño de sus facultades estatutarias, pueda incurrir en transacciones millonarias bajo un manto de secretividad. Y es irónico que en el caso de autos el Liquidador insista en proyectarse como un síndico puramente privado”, insistió la AG.
La magistrado federal Giselle López Soler recomendó desestimar la petición realizada por Suiza Dairy para que el Tribunal Federal de San Juan encuentre en desacato al ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró,y a la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) por violar un acuerdo alcanzado en ese tribunal en 2013, que busca garantizar márgenes adecuados de ganancia a las plantas procesadoras, y por incumplir las disposiciones del reglamento 12, el cual fue adoptado como parte del acuerdo.
La recomendación específica de la magistrado es desestimar la petición de desacato por falta de jurisdicción y, además, le aconseja a Suiza Dairy acudir a los tribunales locales en busca de un remedio a sus reclamos.
De esta manera la magistrado acogió los planteamientos de la planta Indulac, de González Beiró y de la ORIL, quienes habían presentado mociones solicitando que el tribunal rechace por falta de jurisdicción la petición de Suiza reclamando la imposición de un desacato.
«Después de considerar cuidadosamente los argumentos de las partes y la ley aplicable, el suscrito recomienda que las mociones de ORIL e Indulac para desestimar por falta de jurisdicción sean concedidas y, en consecuencia, que la moción de Suiza por desacato sea rechazada», sostuvo la magistrado López Soler.
La recomendación fue informada en un documento de 14 páginas titulado «informe y recomendación» que fue emitido el pasado lunes 10 de febrero. El documento fue redactado a petición de la jueza María Antongiorgi Jordán, quien tiene a cargo el caso de Suiza Dairy.
Tras la presentación del «informe y recomendación», es de esperarse que la jueza Antongiorgi Jordán tome una decisión con relación a la recomendación de la magistrado.
Cartoce días
No obstante, las partes tienen catorce días para reaccionar a la recomendación de la magistrado López Soler.
Entre los planteamientos para justificar el desacato Suiza sostuvo que la ORIL ha utilizado datos obsoletos del año 2016 para emitir órdenes de precios en 2021, 2022 y 2023 y que ha rechazado inapropiadamente el cálculo de algunos de los costos operativos de Suiza.
También alega que las estructuras de precios avaladas por la ORIL desde 2022 favorecen la leche UHT de Indulac a expensas de la leche fresca producida localmente.
Otro planteamiento es que la planta Indulac ha retenido ilegalmente los $3.1 millones, recaudados bajo el esquema de acumulación regulatoria implementado en el Reglamento 12 y que esto comenzó ya en el año 2017, cuando la primera orden de precio bajo el acuerdo de conciliación entró en vigencia.
Suiza también reclama que la ORIL ha estado utilizando una versión traducida no oficial del Reglamento 12 que omite definiciones importantes y esto ha causado interpretaciones y aplicaciones erróneas del Reglamento 12.
La empresa sostuvo en su petición de desacato que ha enfrentado una pérdida financiera de aproximadamente $172 millones debido a que la ORIL no ha establecido márgenes de ganancia adecuados, según lo determinó el Tribunal Federal en su sentencia emitida el 6 de noviembre de 2013.
Con limitaciones los tribunales
En su recomendación la magistrado López Soler cita varias decisiones judiciales que han sentado jurisprudencia sobre las limitaciones que tienen los Tribunales para actuar como supervisor o hacer cumplir un acuerdo avalado por ese mismo Tribunal. La magistrado también hizo referencia a expresiones del juez Daniel Domínguez, que fue el juez que atendió el caso en el Tribunal Federal, sobre las limitaciones de la intervención federal en ese caso.
«Ya he rechazado la posibilidad de que el Tribunal tuviera la intención de conservar la jurisdicción para hacer cumplir los términos del acuerdo de transacción con Suiza a perpetuidad, como se evidencia tanto de la limitación temporal o duración específica expresamente incluida en la sentencia como de las expresiones de la Corte en audiencia pública», planteó la magistrado.
Incluso, la magistrado descartó reconocer la aplicabilidad de dos casos presentados por Suiza en su petición de desacato, para justificar la jurisdicción que, alegadamente, tiene ese Tribunal con el fin de hacer cumplir el acuerdo.
Sin jurisdicción indefinida
En síntesis, la magistrado López Soler sostiene que al Tribunal Federal no tiene jurisdicción indefinida sobre el acuerdo alcanzado en 2013 y que Suiza no reclamó a tiempo que la ORIL estaba desacatando el acuerdo y que de manera ilegal Indulac estaba reteniendo los dineros que le corresponden a Suiza.
«La última orden emitida por el Tribunal fue el 1 de abril de 2015. Allí, el Tribunal declaró irrelevantes varias mociones posteriores a la sentencia, incluidas la moción de desacato y una moción de suspensión. Durante diez años hubo un silencio completo. El caso estuvo inactivo hasta el 3 de mayo de 2024, cuando Suiza llamó a la puerta del Tribunal para obtener una reparación por el supuesto incumplimiento de los términos del acuerdo de conciliación. Suiza ahora alega que las acciones de incumplimiento de la ORIL comenzaron al menos dos años después de la entrada en vigor de la sentencia o en el año 2015, y que las acciones de Indulac se remontan al año 2017. Y que dicho incumplimiento, que sigue vigente, confiere a este Tribunal autoridad sobre el asunto. Pero Suiza no proporciona al Tribunal ninguna justificación de por qué esperó más de una década para solicitar reparación al Tribunal. El Tribunal se pregunta qué llevó a Suiza a sufrir una década de supuesto incumplimiento sin intentar reivindicar sus derechos en virtud del acuerdo de conciliación y si existe alguna exigencia que requiera la intervención urgente del Tribunal y su poder sancionador ahora», argumentó la magistrado en su recomendación.
Incluso, la magistrado no sólo señala que Suiza falló en informar al Tribunal sobre los alegados incumplimientos de parte de la ORIL y de Indulac, sino que sostiene que la falta de reclamos sobre la vulneración del acuerdo era una indicación de que las partes estaban cumpliendo lo acordado.
Recomiendan a Suiza el tribunal local
«El hecho de que el Tribunal no hubiera sido informado previamente de estas acciones en desacato, sólo podía ser interpretado por el Tribunal como una indicación de que las partes estaban cumpliendo a satisfacción de los involucrados con la sentencia del Tribunal y sus compromisos de conciliación, incluidos los términos del Reglamento 12», sostuvo la magistrado en su explicación para descartar el pedido de Suiza.
Tras recomendar la desestimación de la petición de desacato presentada por Suiza, la magistrado le sugirió a la empresa que acuda a los tribunales locales a buscar un remedio para sus reclamos.
«Si Suiza cree que la ORIL e Indulac están incumpliendo el acuerdo de conciliación y, en consecuencia, sus deberes bajo el Reglamento 12, puede intentar reivindicar sus derechos en una acción estatal, como lo ha hecho en el pasado», sostiene la recomendación.
Aunque la recomendación de la magistrado López Soler debe esperar por la decisión que tome la jueza Antongiorgi Jordán para que se convierta en una determinación final o sea descartada, de manera preliminar constituye una victoria para González Beiró, para Indulac y la ORIL, pues sus planteamientos a favor de la desestimación fueron avalados.
Suiza no reacciona
Hasta ayer la empresa Suiza Dairy, que ha detenido totalmente sus operaciones en sus plantas de San Juan y Aguadilla, no había emitido una reacción a la recomendación realizada por la magistrado.
Por su parte, el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, advirtió más problemas para la industria lechera si esta recomendación de López Soler adquiere calidad de decisión final por el Tribunal Federal. Flores Ortega y otros sectores de la industria lechera han reclamado el regreso de Suiza Dairy como planta procesadora de leche en el mercado para evitar el decomiso de leche en los periodos de alta producción y para evitar la importación de leche y el cierre de más ganaderías.
«Esta decisión del tribunal no abona en nada al restablecimiento de la normalidad en la industria lechera. El tener detenidas las operaciones de Suiza Dairy mantiene en peligro el cierre de más vaquerías al no existir la capacidad de procesar toda la leche en los meses de alta producción. Habrá más decomisos o en su defecto se desviará leche a República Dominicana a precios que no dan ganancia al ganadero. Por otro lado en los meses de baja producción habrá que importar leche algo que representa una derrota de una industria que era autosuficiente en su demanda local», sostuvo Flores Ortega.
El Senado de Puerto Rico confirmó de manera unánime ayer a Josué Rivera Castro como secretario del Departamento de Agricultura, respaldando su visión para modernizar el sector agropecuario y convertirlo en un motor clave para el desarrollo económico de la Isla.
Tras su confirmación, Rivera Castro agradeció la confianza depositada en él y reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de la agricultura puertorriqueña.
“Me siento profundamente honrado por la confianza que el Senado de Puerto Rico ha depositado en mí al confirmarme como secretario de Agricultura. Asumo esta responsabilidad con el firme compromiso de trabajar incansablemente por el desarrollo del sector agrícola, el fortalecimiento de nuestros agricultores y la seguridad alimentaria de nuestra Isla, siguiendo la política pública de la Gobernadora, Honorable Jenniffer González Colón. Lo hago con la determinación de servir con transparencia, entrega y pasión por nuestra tierra y nuestra gente”, expresó Rivera Castro.
“La agricultura es clave para el crecimiento económico y la sostenibilidad de Puerto Rico. Junto a nuestro equipo de trabajo, los agricultores y todos los sectores involucrados, impulsaremos iniciativas para modernizar la industria, fomentar la producción local y asegurar un futuro resiliente para el sector”, añadió.
El ex director estatal del Departamento de Agricultura a nivel federal presentó una agenda integral para revitalizar la agricultura en Puerto Rico, con proyectos estratégicos centrados en sostenibilidad, innovación y apoyo directo a los agricultores.
Entre las iniciativas más destacadas figura la creación de la Oficina de Asuntos Económicos y Estadísticas, destinada a recopilar y analizar datos del mercado agrícola para ayudar a los agricultores a planificar sus operaciones de manera más estratégica. Esta nueva unidad colaborará con universidades y el sector privado para ofrecer información basada en evidencia, facilitando la toma de decisiones informadas.
Otro proyecto clave es el fomento del relevo generacional en la agricultura, mediante un programa para arrendar terrenos de la Autoridad de Tierras a jóvenes agricultores a precios subsidiados. Estos nuevos agricultores recibirán talleres y capacitación en desarrollo de agroempresas, asegurando así la viabilidad y el éxito de sus proyectos.
Rivera Castro anunció también la restauración de la finca del Departamento de Agricultura en Dorado, destinada a la producción de semillas de alta calidad como plátano, guineo y papaya. Paralelamente, se implementarán medidas para proteger las reservas de agua de la montaña mediante prácticas de conservación, esenciales para garantizar una agricultura sostenible a largo plazo.
En respuesta a los desafíos del cambio climático, el Departamento impulsará políticas de adaptación y mitigación, promoviendo el uso de tecnologías agrícolas avanzadas y fuentes de energía renovable para mejorar la eficiencia de la producción y proteger los recursos naturales.
El desarrollo de la agricultura orgánica es otra de las prioridades del secretario confirmado. Se ofrecerán talleres y asesoría técnica para que los agricultores obtengan certificaciones orgánicas, y se facilitará la creación de nuevos mercados para estos productos a través de la red de plazas agrícolas de la Isla.
En el sector ganadero, el Secretario destacó el desarrollo de una zona de novillas de reemplazo para fortalecer la producción local de leche y el respaldo a investigaciones científicas para la creación de vacas lecheras más resistentes al cambio climático.
Entre las estrategias adicionales, el Departamento realizará una auditoría completa del uso de terrenos agrícolas arrendados por la Autoridad de Tierras para asegurar que se están utilizando de manera óptima y conforme a las condiciones establecidas. Las fincas identificadas como de alto potencial agrícola se priorizarán para ser arrendadas a nuevos agricultores.
Para garantizar el acceso a recursos, el Departamento apoyará a los agricultores en la obtención de fondos federales, mediante la asesoría de agrónomos especializados en la preparación de propuestas. Estos expertos también recibirán formación avanzada en administración de fincas, manejo de plagas, conservación de suelos y manejo integrado de recursos hídricos.
Finalmente, Rivera Castro reiteró su compromiso con el fortalecimiento de los mercados familiares, asegurando la fiscalización de las ventas para garantizar productos de calidad a precios justos, protegiendo tanto a los consumidores como a los agricultores locales.
“Asumo esta responsabilidad con gran entusiasmo y respeto. Nuestro objetivo es trabajar mano a mano con los agricultores, ganaderos y todos los sectores relacionados para llevar la agricultura de Puerto Rico a su máximo potencial. Estoy convencido de que, juntos, lo lograremos”, concluyó Rivera Castro.
Con esta confirmación, el nuevo secretario comenzará a implementar de inmediato esta ambiciosa agenda de trabajo para transformar el sector agropecuario, promoviendo la sostenibilidad, la innovación y el crecimiento económico de Puerto Rico.
