Por Miguel Díaz Román
La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) carece de un término de tiempo establecido para atender y resolver las solicitudes de investigación que radican los regulados o la ciudadanía, lo que provoca una dilatación de hasta 476 días entre el momento en que recibe una querella y la fecha en que emite una determinación.
Incluso, las solicitudes de investigación pendientes de atención en las divisiones de Investigaciones y de Conducta de Mercado e Investigaciones Antifraude permanecieron sin resolver o sin que se haya emitido una resolución final entre 347 a 722 días, lo que implica que la OCS puede mantener paralizada una solicitud de investigación entre 11 y 24 meses.
Además, el tiempo transcurrido desde que la OCS recibe una solicitud de vista administrativa y la fecha antes de que se emitió una resolución para atender ese tipo de solicitud puede tardar hasta 503 días.
Estas impactantes revelaciones están contenidas en un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) emitido el 30 de mayo de 2024, el cual no recibió difusión pública.
De acuerdo con una fuente de SN, el informe comenzó a circular entre un número limitado de personas relacionadas con la industria de seguros en las pasadas horas y en la víspera de la comparecencia del Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, a las vistas que realiza el comité de transición de la nueva administración de la gobernadora elegida Jennifer González.
Adams Vega comparecerá mañana viernes 6 de diciembre a las vistas del comité de transición.
Asombro por informe no publicado
Fuentes de la industria de seguros se han expresado asombrados que un informe de la OIG que contiene revelaciones tan importantes sobre el funcionamiento de la OCS no se haya difundido públicamente como ocurre con otros informes de la agencia fiscalizadora.
La fuente sostuvo que la gravedad de los señalamientos que contiene el informe explican en parte el dilatado desempeño de la OCS en determinados asuntos, especialmente en la investigación de querellas y en la toma de decisión contra los imputados de violar alguna disposición del Código de Seguros.
El informe de la OIG también concluyó que la OCS no ha actualizado su reglamentación conforme a los cambios administrativos, operacionales y organizacionales ocurridos en esa entidad reglamentadora de la industria de seguros. El informe revela que por más de nueve años no han sido revisados los procedimientos de las divisiones de Investigaciones, Conducta de Mercado, Asuntos Legales y Procesos de Adjudicación.
Además, los procedimientos en las divisiones de Investigaciones y Conducta de Mercado no tienen establecido un término de tiempo para atender y resolver una solicitud de investigación.
Falta de revisión en la reglamentación
Según el informe, esa falta de revisión en la reglamentación “lacera la imagen de la OCS, impide aplicar de forma oportuna acciones adicionales a las ya trabajadas por un investigador, y propician un ambiente para la comisión de errores o transacciones irregulares y otras situaciones sin que se puedan detectar a tiempo para fijar responsabilidades”.
Otro hallazgo revelador del informe es que la OCS no ha cumplido con la Ley 147 de 2019, conocida como Ley Especial de Procesos Administrativos Expeditos para Personas de la Tercera Edad, la cual requiere que los reglamentos adjudicativos de las agencias sean enmendados para añadir un término de 90 días para la adjudicación de las querellas radicadas por las personas de la tercera edad.
El informe sostiene que a pesar de que la ley 147 ya lleva en vigor más de cinco años, la OCS no ha revisado su reglamentación para cumplir con el estatuto. “No existe en la OCS un control para identificar y orientar en el personal de la tercera edad, con respecto a los beneficios de la ley 147”, señala el informe.
OCS sin sistema para registrar querellas
Un hallazgo final no menos revelador es que la OCS carece de un sistema uniforme para el registro y trámite de las solicitudes de investigación. Según el informe, la ausencia del citado sistema representa una violación a la ley 230 de 1974, según enmendada, conocida como la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico.
Del documento se desprende que la OIG instruyó a la OCS para que tome las medidas correctivas pertinentes para garantizar el fiel cumplimiento con las leyes y los reglamentos aplicables.
La OIG advirtió que el incumplimiento con tomar medidas correctivas podría ocasionar la imposición de multas y el inicio de procesos administrativos en contra de la entidad reglamentadora.
Incluso, la OIG señaló que la OCS tendría un término de 180 días, luego de la publicación del informe, para enmendar los términos relacionados con el tiempo que tarda en atender una querella y establecer de manera precisa el tiempo en que la entidad deberá atender una solicitud de investigación.
También deberá identificar cómo se va a documentar la aprobación de las revisiones de los reglamentos sobre el inicio de investigaciones hasta emitir una orden que dispone el cierre de una indagación.
Finalmente la OIG le exigió a la OCS enmendar de manera rápida todo lo relacionado con los procesos para las personas de tercera edad a fin de lograr la atención expedita de las solicitudes que esa población presente en esa agencia.
OIG no modifica sus hallazgos
De hecho, el Comisionado de Seguros contestó los señalamientos que contiene el informe pero la OIG determinó que todos los hallazgos se sostienen, lo que implica que la agencia fiscalizadora no le reconoció credibilidad a los planteamientos del funcionario.
No está claro si la OCS ha cumplido con el término de 180 días para atender los señalamientos del informe, los cuales finalizaron el pasado mes de noviembre.
La licenciada Iraelia Pernas, directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), reconoció que desconocía el informe de la OIG.
No obstante, tras leer el informe la ejecutiva indicó que “confirma la situación de lentitud en los procesos y falta de agilidad en los trámites sometidos a la Oficina del Comisionado de Seguros, lo cual ha sido una preocupación para la industria de seguros durante los últimos años. Además, presenta falta de controles internos adecuados en la OCS que provean seguridad razonable sobre las solicitudes recibidas y un sistema uniforme para el registro de éstas”.
La directora ejecutiva de ACODESE destacó que “la supervisión adecuada del sector de seguros exige que el regulador trate con premura y diligencia los asuntos que se someten a la agencia. Además, requiere de un control interno adecuado de los asuntos sometidos a la OCS para garantizar el cumplimiento con las normas administrativas aplicables. Sólo así se promueve el interés público y se genera la confianza necesaria en los seguros”.
Instrumento valioso para nuevo Comisionado
A pesar de que ACODESE tuvo acceso al informe ayer por primera vez desde que fue publicado el pasado 30 de mayo, Pernas sostuvo que el documento “es un instrumento valioso que servirá de guía para que la persona que sea nombrada para ocupar, a partir de enero de 2025, el puesto de Comisionado de Seguros conozca de esas deficiencias y pueda tomar las medidas correctivas necesarias para evitar el incumplimiento con los procedimientos y garantizar el fiel cumplimiento de las leyes y reglamentos aplicables al sector de seguros”.
Sobre la falta de difusión pública del informe y si la OCS ha cumplido con el término exigido por la OIG en el informe de 180 días, SN realizó una petición ante la agencia fiscalizadora para que ofreciera una explicación.
Gladyz Arce, quien es la relacionista público de la OIG, indicó que mañana viernes la agencia fiscalizadora estaría emitiendo unas expresiones sobre ambos asuntos.
