Por Miguel Díaz Román 

La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) anticipó que el pago económico que se comprometió a realizar el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation (Swiss Re), en relación con la liquidación de la aseguradora Real Legacy, podría ser interpretado por los asegurados, los acreedores y por los medios de comunicación como «muy poco» o «muy generoso».

La OCS advirtió que la percepción sobre la insuficiente cantidad de dinero que se reciba como resultado del acuerdo con Swiss Re, obedece a que no se conocen «los criterios técnicos detrás del cálculo».

La declaración de la OCS figura en una extensa moción de 17 páginas radicada el pasado 1 de octubre, que tiene como objetivo que la jueza Katarina Stipec Rubio, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, reconsidere su determinación de derogar el manto de confidencialidad que cobija al acuerdo entre la OCS y Swiss Re.

La jueza Stipec Rubio tomó la determinación de eliminar la confidencialidad del acuerdo el 16 de septiembre, luego de que la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG) cuestionara la pertinencia de mantener en secreto los detalles del acuerdo que afectan el proceso de liquidación de Real Legacy. 

De hecho, fue la jueza Stipec Rubio quien el 10 de octubre de 2024 avaló la petición de la OCS para colocar en confidencialidad el documento.

La reveladora declaración sobre el acuerdo logrado con el reasegurador Swiss Re representa la primera ocasión en que la OCS argumenta sobre la cantidad de dinero que podría involucrar el acuerdo, un documento cuyo contenido el regulador ha querido mantener en confidencialidad para, entre otras razones, no divulgar información financiera y actuarial.

Confidencialidad cuestionada

Según ha señalado la OCS, revelar los pormenores del acuerdo con Swiss Re podría afectar los acuerdos que se proponen negociar con otros reaseguradores.

La AG es el organismo destinado a pagar las reclamaciones de las aseguradoras sometidas a liquidación por la OCS.

De hecho, en gran medida la declaración de la OCS confirma los temores de la AG sobre por qué no se debe mantener en confidencialidad el acuerdo. La AG ha sostenido que la confidencialidad  impedirá conocer si el acuerdo representa un beneficio económico para los asegurados de Real Legacy o si, en realidad, lo acordado benefició a Swiss Re. 

La AG ha expresado en su escritos de oposición la posibilidad de que la OCS haya cerrado un acuerdo que no logre comprometer a Swiss Re con un pago sustancial, lo que causaría la necesidad de decretar una derrama entre las aseguradoras que son miembros de la AG.

En la moción la OCS intentó con múltiples argumentos persuadir a la jueza Stipec Rubio para que revierta su decisión. Entre esos argumentos la OCS sostuvo que quitar el estado de confidencialidad al documento produce unos efectos adversos que denominó como «efectos escalofriantes» («chilling effects») . 

Los «chilling effects» 

Entre esos efectos escalofriantes se destacan la interpretación sobre que el dinero que produce el acuerdo es «muy poco» o «muy generoso», lo cual la OCS describe como una «distorsión en la percepción pública» que genera «interpretaciones erróneas». 

Alegadamente, según sostuvo la moción de la OCS, las interpretaciones erróneas serían efectuadas por los asegurados, la prensa  y la propia AG, debido a que no conocen «los criterios técnicos detrás del cálculo».

No obstante, la moción de la OCS no explica sobre cuáles son esos «criterios técnicos detrás del cálculo» que pueden evitar la alegada distorsión de la percepción pública sobre los efectos del acuerdo.

Pero sí advierte que las interpretaciones erróneas podrían «entorpecer el manejo ordenado de la liquidación».

La OCS también mencionó que otro efecto «escalofriante» es la presunta incapacidad de lograr futuros acuerdos con reaseguradores en procesos de liquidación debido a la desconfianza que causará la falta de confidencialidad en las transacciones. 

Otro efecto «escalofriante» es una presunta reducción en la disponibilidad de reaseguro en el mercado local debido a la desconfianza que causará entre los reaseguradores la falta de confidencialidad. 

La OCS también considera que, alegadamente, la falta de confidencialidad reducirá notablemente el poder de negociación de las aseguradoras locales frente a los reaseguradores, lo que reducirá su capacidad de lograr acuerdos favorables.

Entran en escena los CRA

Otro efecto es que en el futuro  los liquidadores podrían perder poder de negociación, lo que causará que no podrán lograr términos que favorezcan a los asegurados de una aseguradora en liquidación. 

La moción de la OCS mencionó varios casos ventilados en la esfera federal donde es protegida la confidencialidad de los documentos relacionados a procesos de liquidación que involucra acuerdos con reaseguradores.

La OCS señaló que los acuerdos con los reaseguradores, mejor conocidos como acuerdos  CRA, (Commutation and Relesase Agreement o Acuerdos de Conmutación y Liberación), se caracterizan  por su confidencialidad. 

«La confidencialidad es un  principio central de los CRA, especialmente en el contexto de seguros y reaseguros donde se intercambia información financieras, actuarial y de reclamaciones sensibles», advirtió la OCS en la moción.

OCS pide a jueza que se revoque

Incluso, la OCS sostuvo que los tribunales han reconocido reiteradamente la necesidad de preservar la confidencialidad  de los CRA debido  a su naturaleza sensible, durante determinados procesos de liquidación de aseguradoras. Así también lo demuestran diversos precedentes judiciales que la OCS  mencionó en su moción.

«Estos ejemplos demuestran que la protección de la confidencialidad de los CRA no solo es una práctica admitida, sino que constituye una garantía judicial para salvaguardar los intereses de los asegurados, las compañías y el buen desarrollo de los procedimientos de liquidación.En atención a ello, entendemos respetuosamente que se debe evitar la divulgación pública del acuerdo como solicita la AG, ya que su confidencialidad salvaguarda los procedimientos que aún restan por llevar a cabo en la liquidación y en protección del caudal para los acreedores», sostuvo la OCS.

Finalmente, la OCS le solicitó a la jueza Stipec Rubio que revierta su decisión y que  convoque  una vista judicial presencial para «explorar alternativas que atiendan las preocupaciones de la AG sin que se comprometan las negociaciones que se llevan a cabo  con  Swiss Re y las que están en negociaciones en curso».

De hecho, la jueza Stipec Rubio determinó derogar la confidencialidad que antes había avalado, a pesar de que ella reconoció que representa una herramienta útil para que la OCS logre acuerdos que favorezcan atraer más dineros al caudal de liquidación de un asegurador. La razón de peso en su decisión fue que para la Asamblea Legislativa no fue un objetivo avalar el uso de la confidencialidad en los acuerdos entre el liquidador y «potenciales deudores» del asegurador en liquidación.

Por Miguel Díaz Román

En ciertos círculos de la industria de seguros han revivido temores vinculados al traumático proceso que representó  la liquidación de las aseguradoras Integrand Assurance Company y Real Legacy Assurance Company en 2019, tras el paso del huracán María, debido a la posibilidad de que, en momentos cuando el país atraviesa el período más crítico de la temporada de huracanes, se repita el fenómeno de la insolvencia en determinadas aseguradoras  si ocurriera un nuevo evento catastrófico.

De hecho, la liquidación de ambas aseguradoras generó más de 11,300 reclamos y hasta el 2024 se habían pagado $78 millones en reclamaciones, de los cuales $26 millones son el producto de dos derramas que han pagado las aseguradoras activas en el mercado y quienes ya fueron autorizadas a  recuperar ese dinero a través de las primas de los seguros que venden a los consumidores. 

Los $26 millones se desglosan en $11 millones para el pago de las reclamaciones de Real Legacy y $15 millones para Integrand. 

En realidad la liquidación de una aseguradora es un proceso que siempre termina afectando a los consumidores de seguros, quienes pagan las derramas aunque no hayan sido asegurados de las aseguradoras en liquidación. 

Asegurados con peor parte

No obstante,los asegurados de las aseguradoras en liquidación padecen la peor parte porque también aportan en el pago de las derramas y, además, encaran una restricción impuesta por el Código de Seguros,  la cual limita hasta $300,000 en el pago de sus reclamaciones sin importar el monto de sus pérdidas.

Además, las derramas privan a las aseguradoras de los réditos que ese dinero genera al estar invertido en el mercado financiero.

Preocupación por capacidad de pagar reclamaciones

En otras palabras, la liquidación de Integrand y de Real Legacy ya le ha costado $26 millones a los consumidores de seguros del país y no se descarta que en el futuro sea necesario decretar una o más derramas para completar el pago de las reclamaciones.

La entrada del periodo crítico de la temporada de huracanes, que comienza en el mes de septiembre y se extiende hasta el mes de noviembre ( la mayoría de los huracanes catastróficos han ocurrido en esos dos meses a pesar de que la temporada de huracanes se extiende entre el 1 de junio y el 30 de noviembre), ha exacerbado las preocupaciones sobre la capacidad de determinadas aseguradoras de responder a un alud de reclamaciones en el caso de que ocurriera un evento similar al catastrófico huracán María.

Se ha hablado con preocupación sobre que, alegadamente, la aseguradora Multinational Insurance  posee una cartera de cerca de 1,000 condominios asegurados, lo cual, según las fuentes, podría generar un gran volumen de reclamaciones si la isla fuera atacada por un huracán cuya capacidad destructiva fuera similar a María.

En síntesis, la preocupación gira en torno a si la aseguradora posee el capital y aquellos contratos de reaseguro que le permitan responder satisfactoriamente a las reclamaciones que reciba. 

Para obtener respuestas precisas que ofrescan una perspectiva real de su situación, SN le solicitó una reacción a Luis Pimentel Ferbi, quien es el presidente de Multinational, sobre si es cierto que la aseguradora posee  una cartera de condominios que podría comprometer su estabilidad en caso de un evento catastrófico.

«¿Es cierto ese planteamiento?. ¿Podrías reaccionar oficialmente a este planteamiento con unas expresiones aclaratorias?», le solicitó SN a Pimentel Ferbi.

Pimentel responde

El ejecutivo no presentó objeción y aquí presentamos su respuesta.

«Esta industria es de muchos comentarios, muchos de ellos incorrectos y no fundamentados. En Puerto Rico, según el Departamento de Asuntos del Consumidor hay 5,130 condominios,  Walk Up y apartamentos High Rise. De esto, nuestra cartera de condominios no representa ni el 14%. Me pregunto dónde están asegurados los demás riesgos de condominios», expresó  Pimentel Ferbi.

Aunque Multinational no cuenta con una cartera de 1,000 condominios, según aseguró Pimentel Ferbi, el 14 % de 5,130 unidades representan 718.2 condominios, la cual es una cifra respetable que conlleva robustos acuerdos de reaseguro. 

Pero el ejecutivo sostuvo que la cartera de condominios está protegida por acuerdos de reaseguro con las principales reaseguradoras del mercado internacional y para confirmar tal aseveración Pimentel Ferbi recordó que, tras el huracán María,  Multinational cumplió todos sus compromisos en la cartera de condominios.

 «Protegemos nuestra cartera de riesgo de manera correcta y responsable para eventos CAT (categoría) de 1 en sobre 300 años con reaseguradores de primer nivel clasificaciones AA  y A + entre estos Munich Re, Mapfre Re, Gen Re, Swiss Re y otros.  Además, todos estos reaseguradores conocen nuestro profile (perfil) de condominios y los términos y condiciones como se suscriben estos riesgos.  Esto fue muy bien demostrado en la historia de eventos CAT en Puerto Rico desde el 2017 con el huracán María donde se cumplió y honró nuestros compromisos», explicó el ejecutivo.

One Alliance niega insolvencia

La aseguradora One Alliance también ha sido señalada por, alegadamente,  experimentar insolvencia financiera. Una denuncia que ha sido negada por el presidente de la aseguradora, Juan Terrassa.

En entrevista con SN el ejecutivo sostuvo que One Alliance se encuentra en total solvencia económica y denunció que declaraciones sobre la presunta insolvencia se han realizado de manera irresponsable y en  violación al Código de Seguros.

Las expresiones, que fueron publicadas en el diario El Nuevo Día, las realizó Rafael Pérez Diez, presidente del Centro Gran Caribe Mall, un asegurado de One Alliance que mantiene un litigio judicial por una reclamación ascendente a $6.63 millones.

Surge el fraude

Pérez Diez sostuvo que la aseguradora experimentaba una supuesta insolvencia financiera en unas declaraciones que fueron difundidas en la edición de diario del pasado 4 de julio de 2025. Incluso, Pérez Diez le solicitó al ex Comisionado de Seguros , Alexander Adams Vega, «una investigación sobre la solvencia financiera de One Alliance, sus directores y abogados».

El pasado mes de mayo la jueza Cristina E. Sau González, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó que One Alliance debía compensar al Centro Gran Caribe Mall con $6.63 millones por los daños causados por el huracán María.

Terrassa señaló que de las 3,500 reclamaciones que One Alliance recibió tras el paso del huracán María solo quedan doce, las cuales son reclamaciones marcadas por acciones de fraude que actualmente  se dilucidan en los tribunales.

El licenciado Jesús Del Valle, quien es representante legal de One Alliance, dijo que la reclamación de Pérez Diez es fraudulenta.

«El común denominador de los doce casos que nos quedan  es que todos tienen reclamaciones infladas, exageradas o fraudulentas. Y una cosa va de la mano de la otra, porque cuando dices que un tornillo te cuesta $10 cuando en realidad cuesta 20 centavos, esto es exagerado, es inflado y también fraudulento», sostuvo Del Valle. 

No se compromete capital

Terrassa explicó que One Alliance es una empresa solvente que recientemente recibió una calificación de B + con perspectiva positiva, de parte de la agencia calificadora AMBest.

Incluso, el ejecutivo indicó que los fallos judiciales contra One Alliance y la obligación de establecer una reserva para responder a esos reclamos, no han comprometido el capital de la aseguradora, según lo requiere la Oficina del Comisionado de Seguros, estimada en $21 millones. 

«Yo duermo tranquilo porque yo he pagado el reaseguro, que yo tengo mi empresa salvaguardada. Aquí pueden pasar dos Marías este año 2025 y One Alliance tiene la posibilidad de pagar», dijo Rafael Cedeño Camacho, quien es el dueño de la aseguradora y presidente del Consejo de Administración de One Alliance Insurance Group.

Por Miguel Díaz Román

La Fundación MAPFRE ha estado presentando en diversos recintos universitarios del país una reveladora exposición fotográfica y educativa denominada La Ruta Universitaria: “Cuando la calle se queda con parte de ti”, la cual tiene como objetivo advertir e informar a la juventud sobre las verdaderas consecuencias que los accidentes de tránsito causan en nuestros cuerpos y en nuestra vida.

Este objetivo se logra a través de la presentación de los relatos reales de sobrevivientes de accidentes de tránsito, quienes padecen en la actualidad las graves secuelas físicas y emocionales que le dejó como marca indeleble el trágico evento.

Inteligentemente, la campaña de la Fundación MAPFRE tiene como fin humanizar las estadísticas de accidentes de tránsito para que los jóvenes que contemplen la muestra puedan constatar las catastróficas consecuencias físicas y emocionales que se esconden detrás de las cifras. 

Como aspiración mayor, la muestra fotográfica y educativa “Cuando la calle se queda con parte de ti”, pretende impulsar un cambio cultural dirigido a que nuestra juventud  esté más consciente de los riesgos que se asumen cuando tomamos el control de un automóvil, de una motora o de un vehículo todo terreno y los efectos impensados que puede causar la velocidad descontrolada. 

En síntesis, la exposición busca provocar en la juventud una transformación en la forma en que se percibe la seguridad en las carreteras. Es decir, alentar a los jóvenes a adoptar nuevos escrúpulos y precauciones mientras transitan con un vehículo de motor en las carreteras del país.

Los periodistas Camile Roldán y José Madera, quienes trabajaron arduamente para crear la exposición, son los portavoces de “La Ruta Universitaria: “Cuando la calle se queda con parte de ti”.

Un rasgo distintivo de esta exposición es que Roldán y Madera fueron protagonistas en la vida real de un grave accidente mientras ambos se desplazaban en un motora y sus en cuerpos han quedado lacradas las consecuencias adversas de ese choque de tránsito. 

Este hecho singular en el que los curadores de la muestra son protagonistas de un accidente catastrófico de tránsito, le aporta un carga de humanismo y de veracidad que es muy difícil de encontrar en actividades de esta categoría. 

«El accidente de ellos fue uno aparatoso. La persona que los impactó los dejó tirados en la calle. Fue prácticamente un «hit and run». No tenían protección en sus cuerpos pues iban en una motora.En el accidente quedan pillados. José Madera pierde una de sus extremidades y Camillle Roldán quedó bien afectada en una de sus piernas también. Aparte del trauma que viene luego del accidente, cuando se tiene que retomar la vida con esos cambios de perder una extremidad… es bien impactante. Y ellos nos acompañan cuando estamos visitando las universidades», sostuvo Belinda Pujols, quien es la gerente de proyectos de la Fundación Mapfre.

Pujols indicó que la presencia de Roldán y Madera aporta un inestimable cariz de realismo y humanidad que es bien recibido por las personas que asisten y participan de las exposiciones.

Además, los asistentes reciben charlas de parte de entidades familiarizadas con el tema de la seguridad en el tránsito como la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y  su programa FIESTA, Mothers Against Drunk Driving, Metropistas, la Administración de Compensación por Accidentes, el Departamento de Educación y las universidades participantes.

«Cada una de esas entidades aporta desde su perspectiva en la causa de ayudar a tomar consciencia sobre los accidentes en las carreteras. Es una experiencia completa con un mensaje contundente, que es evitar choques, evitar lesiones y evitar muertes en nuestras carreteras», agregó Pujols.

Por su parte, Alexis Sánchez Géigel, quien es el presidente de la aseguradora MAPFRE, sostuvo que “esta campaña es un llamado urgente a tomar conciencia sobre el impacto que puede tener un choque vial en la vida de una persona. Nos llena de esperanza poder llevar estos testimonios a los jóvenes, con el propósito de que reflexionen y se conviertan en agentes de cambio en nuestras carreteras”.

Según datos de la Policía de Puerto Rico, en 2024 ocurrieron 270 muertes por choques de tránsito y hasta agosto de 2025 se han reportado 161 fatalidades. La mayoría de los incidentes está relacionada con el exceso de velocidad, el uso del celular y el consumo de alcohol.

Pujols explicó que la Fundación Mapfre como la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y todas estas entidades antes mencionadas han estado cooperando y haciendo esfuerzos para lograr  que las cifras sobre accidentes de tránsito de este año no superen los números del año anterior.

«En efecto, hemos visto un incremento en los choques viales y una tendencia en la conducción agresiva. Hemos visto que el descontrol emocional se ve reflejado en el volante cuando se encuentran momentos detonantes en la calle, ya sean tapones tráfico extremo, y las personas se tornan desesperadas y también se ha incluido el tema de salud mental. La calle es un reflejo de la sociedad claramente. Y vemos como todos los comportamientos de la gente se reflejan en el volante. Eso es así», explicó la ejecutiva.

Incluso, según reveló Pujols, la exposición cuenta con la participación de jóvenes que han integrado  las llamadas corridas en motoras y en vehículos todo terreno, los cuales comparten con el público sus experiencias traumáticas con la velocidad descontrolada en las carreteras. Son experiencias que están salpicadas con la embriaguez por alcohol, el descontrol, la velocidad excesiva y la distracción, agregó Pujols. 

La exposición «Ruta Universitaria: “Cuando la calle se queda con parte de ti” comenzó el 26 de agosto en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón y se extenderá hasta noviembre. A continuación el calendario de la muestra:

• Interamericana de Arecibo: del 10 al 19 de septiembre

• Ana G. Méndez (Carolina): del 23 de septiembre al 10 de octubre

• UPR Río Piedras: del 14 al 24 de octub

• NUC University (Caguas): del 11 al 21 de noviembre

Más información sobre la campaña está disponible en mapfre.pr/sobre-

nosotros/fundación y en las redes sociales @FundacionMAPFREPR en Facebook e

Instagram.

Por Miguel Díaz Román 

En una ponencia escrita que presentó ante la Comisión de Banca y Seguros de la Cámara de Representantes, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, no alentó esperanzas sobre la aprobación de una medida que propone la eliminación gradual  de la contribución de 1 % que le aplica a las primas que obtienen las aseguradoras por la venta de pólizas de seguros.

A través del uso de un lenguaje directo, sin adornos o desvíos argumentativos, el secretario de Hacienda solicitó un margen de tiempo suficiente para completar los trabajos relacionados con la reforma contributiva que prepara la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón.  antes de tomar una determinación en relación con varias medidas «que aunque loables», pueden trastocar los trabajos para lograr una reforma contributiva integral».

De hecho, el funcionario señaló que la contribución de 1 % generó $41 millones el pasado año 2024 y advirtió que «cualquier medida que trastoque los ingresos del Fondo General tiene el potencial de afectar la estructura contributiva que se está diseñando, la que ciertamente será en beneficio de todos nuestros ciudadanos»

Incluso, Pantoja dijo que ha conversado sobre el impacto de la medida con la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).

La argumentación de Pantoja alude directamente al Proyecto de la Cámara 590,radicado por el presidente del cuerpo, el representante Carlos Johnny Méndez.

La medida propone reducir el tributo de 1% que se aplica a las primas de seguros al 0.5% para los años 2025 a 2027, lo que reduciría la recaudación en $20.5 millones. 

Además propone eliminar el tributo para el año 2027,lo que implica que el fisco dejaría de ingresar $41 millones.

El secretario recordó que la gobernadora creó un comité para evaluar las tasas contributivas existentes y crear un sistema contributivo más equitativo. Sostuvo que el comité someterá recomendaciones que reducen la carga a los contribuyentes.

La Comisión cameral, que preside el representante Jorge Navarro Suarez, celebró una vista pública del pasado martes a la asistió la designada Comisionada de Seguros, la licenciada Suzette Del Valle Lecároz, la licenciada Irealia Pernas, directora ejecutiva  de la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE) y el licenciado Luis Rivera Cruz, director de Asuntos Intergubernamentales y Asesor Senior de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

En su ponencia el secretario de Hacienda hizo un recuento detallado en cuatro párrafos de la obligación que la Constitución le impone a la agencia fiscal, junto con leyes y determinaciones administrativas que definen aún más la función del Departamento de Hacienda (DH) como recaudador de ingresos para el Fondo General y como fiscalizador de acciones y medidas legislativas que pudieran afectar esa función.

Obligación constitucional de cobrar

Pantoja sostuvo que la Constitución delegó en el DH «la responsabilidad de administrar las leyes tributarias y la política fiscal de la isla, de una manera eficiente para así maximizar los recaudos del erario. Por lo tanto, el Departamento funge como el principal recaudador y custodio de los fondos públicos».

El funcionario le recordó a la Comisión cameral que el DH «es el administrador del Código de Rentas Internas, de la ley de Contabilidad de Gobierno de Puerto Rico y por disposición administrativa el secretario de Hacienda funge como Principal Oficial Financiero del Gobierno». 

Luego, en un revelador cuarto párrafo, Pantoja señaló que «cónsono con nuestro propósito y pericia, el departamento tiene la responsabilidad de asesorar la Rama Legislativa sobre aquellas medidas que tengan un impacto sobre el Fondo General, específicamente, aquellas que pudieran afectar de algún modo los recaudos e ingresos. Como tesorero del gobierno de Puerto Rico, somos parte del componente económico gubernamental que coordina los asuntos presupuestarios y el cumplimiento del Plan Fiscal».

Más adelante y sin señalar el contenido del PC 590, Pantoja citó la sección 15 del presupuesto vigente certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la cual establece que cualquier medida que modifique los fondos asignados en el presupuesto requiere identificar una fuente de ingresos que sustituya tales ingresos. Además, la JSF debe certificar que esta medida está en cumplimiento con el Plan Fiscal. 

Otro señalamiento de Pantoja que coloca en aprietos al PC 590 que es que la sección 32.41 del Plan Fiscal Certificado establece como condición inescapable «el principio de neutralidad fiscal que debe regir en toda legislación de índole contributiva donde hay un impacto al erario».

Medida no identifica recaudos sustitutos

El PC 590 no contiene recomendaciones ni identifica una fuente de ingresos que sustituya los recaudos que dejaría de recibir el Fondo General con la eliminación gradual del tributo del 1%, lo que ya coloca a la medida en incumpimiento con la sección la sección 15 del presupuesto vigente certificado y con la sección 32.41 del Plan Fiscal Certificado.

De hecho, ni la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE), que presentó una sustanciosa ponencia de ocho páginas en la que se analizan los efectos adversos del tributo de 1% en las operaciones de las aseguradoras, ni la OCS atendieron los requerimientos de la JSF para garantizar que aquella medida que modifique los fondos asignados en el presupuesto debe identificar una fuente sustituta de recaudos, logrando un efecto neutral. 

La OCS dedicó unas breves oraciones al final de su ponencia en la que reconoce que «el proyecto no dispone para la sustitución de estos ingresos luego del 31 de diciembre de 2027». También señaló que le concede «deferencia» a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la AAFAF para identificar aquellas fuentes de recaudos que sustituyan los ingresos que generará el tributo de 1% para el año 2027. 

Ante ese requisito impostergable Rivera Cruz recomendó una evaluación por parte de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

En la vista pública la Comisionada Del Valle Lecároz sostuvo que el tributo de 1% es una contribución que se aplica de manera uniforme y no toma en cuenta las diferencias entre líneas de negocio de seguros, por lo que el efecto del pago de ésta no es heterogéneo entre los segmentos de negocios de seguros de Propiedad & Contingencia, y Vida y Salud. 

Estos segmentos de negocios poseen perfiles de riesgo, necesidades de capital, modelos de riesgo y mecanismos de cálculo de prima específicos que no toma en cuenta la Contribución Especial.

Remanente de Patente Nacional

La contribución del 1% es el remanente de la extinta patente nacional que se impuso en 2013. Aunque posteriormente la patente nacional fue eliminada, la legislatura mantuvo el tributo en la industria de seguros.

Sobre esta realidad la licenciada Pernas sostuvo que dicha contribución no tiene razón de ser en la actualidad. » Se trata de una imposición injusta y discriminatoria, que coloca en desventaja al sector de seguros frente a las otras industrias que no pagan esta contribución. La situación de los aseguradores es particularmente onerosa porque, a diferencia de otros sectores económicos, la contribución del 1% sobre las primas no puede ser transferida al consumidor final».

La directora ejecutiva de Acodese sostuvo que las tarifas y condiciones de las pólizas están estrictamente reguladas y sujetas a aprobación de la OCS, lo cual limita la capacidad de los aseguradores de ajustar precios para absorber costos adicionales. 

Tributo es un gasto

«En la práctica, esto significa que el impuesto se convierte en un gasto directo que reduce los márgenes de operación de los aseguradores. Con esto, se coloca a la industria de seguros en desventaja pues, mientras otros sectores productivos pueden aliviar el impacto de nuevas cargas contributivas a través de ajustes de precios, los aseguradores se ven obligados a absorber el impuesto dentro de sus costos operacionales. En un país que enfrenta riesgos recurrentes como huracanes, terremotos y una población primordialmente envejeciente con creciente necesidad de seguros de salud y vida, mantener esa carga que debilita al sector asegurador representa un riesgo sistémico. En síntesis, la contribución en sí, más la imposibilidad de trasladar este impuesto al consumidor, constituye un trato inequitativo frente a otros sectores «.dijo Pernas.

Enmienda para confirmar cumplimento

En la vista el representante Navarro Suárez presentó una enmienda dirigida a garantizar la eliminación del tributo por medio de comprobar que las aseguradoras pueden cumplir con criterios objetivos de desempeño. Entre los criterios para comprobar desempeño el legislador mencionó el cumplimento con el pago puntual de las reclamaciones, la merma en litigios y la satisfacción del asegurado. Sostuvo que el cumplimiento sería una tarea de la OCS.

Del Valle Lecároz, afirmó que “en la medida que estén buscando enmendar el proyecto para crear un balance, entre apoyar y dar un beneficio a las aseguradoras, pero a la misma vez al consumidor, lo veo loable, lo único que habría que ver cómo se puede medir esa efectividad y tendría que hacerse un reglamento para poder medir el cumplimiento de los componentes de esta industria”.

Pernas no estableció una posición en relación a la enmienda propuesta por Navarro Suarez debido a que dicha responsabilidad recae en la matrícula de ACODESE.

Por Miguel Díaz Román

El presidente de la Asociación Médica Americana (AMA), el doctor Bobby Mukkamala, ha publicado un revelador artículo en la publicación digital de esa institución, que básicamente sostiene que la escasez de médicos en los Estados Unidos es un problema creciente, el cual requiere y requerirá acción directa del Congreso para revertirlo y garantizar atención médica a la sociedad estadounidense.

En el artículo el doctor Mukkamala detalla las diversas vertientes que causan el problema de la escasez de médicos en los Estados Unidos y comenta las medidas que se han tomado para enfrentar el problema. Además, propone una serie de medidas dirigidas a detener lo que ya es una grave tendencia que crece continuamente y que augura trascendentales consecuencias en el futuro.

En momentos cuando la calidad de los servicios médicos es una gran preocupación en Puerto Rico y la escasez de médicos  aflora como uno de los principales problemas, los planteamientos del doctor Mukkamala resultan iluminadores.

Sobre los argumentos del doctor Mukkamala, el presidente de la aseguradora Mapfre, Alexis Sánchez Géigel, comentó que «el problema de la escasez de médicos no es exclusivo de Puerto Rico; en Estados Unidos existe la misma crisis. Lo que es claro es que el recurso se lo lleva quien más paga». 

De hecho, entre los ofrecimientos de seguros de Mapfre figura una oferta de seguro de salud dirigido principalmente a grupos privados. 

En ese contexto, Sánchez Géigel sostuvo que «si deseamos tener más médicos, debemos facilitar su preparación educativa sin que tengan que endeudarse, aumentar los programas de residencia disponibles al graduarse, pagarles más durante su residencia, eliminar las redes cerradas para que no se les cierren puertas, y que su licenciamiento sea inmediato al graduarse de la residencia, evitando así un proceso burocrático y lento».

El doctor Carlos Díaz, presidente del Colegio Médico de Puerto Rico, ha resaltado la preocupante escasez de médicos y de especialistas médicos en el país, lo que amenaza, según ha planteado, con agravar el acceso a servicios médicos que ya padece el país.

Recientemente Díaz hizo un llamado para que el gobierno atienda la situación a fin de evitar que los diversos problemas que padece el sistema de salud local se dirijan por una ruta que culmine en una incontenible crisis en la que resulte victimizada la población más desfavorecida.

De hecho, ante el cierre de hospitales que ha ocurrido recientemente en el país,  Díaz solicitó que se atienda la estabilidad del sistema hospitalario para garantizar servicios médicos en todas las regiones de la isla.

Como un servicio de SN para aportar en la discusión de los problemas de nuestro sistema de salud, que incluye los servicios de salud patrocinados por el gobierno local y federal, y la oferta de seguros de salud  de las aseguradoras y los servicios de laboratorios y hospitales privados del país, a continuación replicamos el artículo del doctor Mukkamala:

La escasez de médicos puede empeorar a menos que el Congreso actúe ahora

Por el doctor Bobby Mukkamala

Existen enormes deficiencias en la atención médica actual que requieren la atención de médicos y líderes de la medicina organizada, pero todo comienza con el acceso oportuno a una atención de calidad. 

Las alarmantes proyecciones sobre la futura escasez de personal médico ignoran el hecho de que, para muchos pacientes en todo el país, esa escasez ya ha llegado.

Si bien los factores que impulsan esta situación son complejos, las soluciones no son difíciles de encontrar. El proceso comienza por eliminar las dificultades administrativas que alimentan el agotamiento y contribuyen a las decisiones de jubilación anticipada de los médicos.

Una segunda solución crucial es reformar el anticuado sistema de pago de Medicare, que ha visto caer los reembolsos a los médicos en más de un 33% desde 2001, lo que ha generado enormes dificultades financieras para consultorios independientes como el mío en Flint, Michigan.

Una tercera solución consiste en ampliar considerablemente el número de plazas para residencias de educación médica de posgrado (GME) financiadas por Medicare, con especial énfasis en áreas y especialidades con escasez crítica, como atención primaria y psiquiatría.

La AMA apoya con entusiasmo la recién introducida Ley de Reducción de la Escasez de Médicos Residentes de 2025, que añadiría 14.000 plazas de Médicos Residentes Generales (GME) de Medicare en siete años y codificaría el Programa de Planificación y Desarrollo de Residencias Rurales. 

Esta medida bipartidista ayudará a garantizar que los pacientes tengan acceso a médicos bien capacitados en sus comunidades, ampliando las oportunidades de formación en hospitales urbanos y rurales con mayor necesidad de personal.

Por un margen considerable, el gobierno federal es el mayor financiador de GME, principalmente a través de la financiación de Medicare. A mediados de la década de 1990, el Congreso decidió limitar el número de plazas de GME que Medicare financiaría, y este límite ha tenido un enorme impacto en nuestro sistema de salud en las décadas posteriores.

Por un lado, el límite no ha permitido que la atención médica se ajuste a los importantes cambios que se han producido en la población de pacientes y la demografía. Por otro lado, el límite ha exacerbado la escasez existente de médicos. En este momento, la Administración de Recursos y Servicios de Salud de EE. UU. estima que se necesitan más de 19,000 médicos para superar la escasez existente en atención primaria y salud mental en todo el país.

La escasez de médicos afecta a todos. Esta es solo una de las razones por las que la AMA continúa apoyando las soluciones legislativas bipartidistas propuestas a nivel federal, como la Ley Conrad State 30 y la Ley de Reautorización del Acceso a Médicos (H.R. 1585). 

Cabe destacar que tanto esta medida como un proyecto de ley similar presentado a principios de este año en el Senado (S. 709) han contado con el patrocinio y el apoyo de ambos partidos políticos.

Bajo el programa Conrad 30, cada estado recibe 30 exenciones que eximen a los médicos con visa J-1 del requisito de regresar a su país de origen a cambio de brindar tres años de servicio a pacientes en comunidades con acceso limitado a la atención médica. 

La aprobación de las medidas descritas anteriormente no solo reautorizaría el programa Conrad 30 por tres años más, sino que también aumentaría gradualmente el número de exenciones que cada estado recibiría en el futuro.

La AMA también apoya la Ley para el Avance de la Atención Rural por parte de los Médicos Especialistas (S. 1380), otra medida bipartidista actualmente en consideración. Este proyecto de ley crearía un programa de reembolso de préstamos para médicos especialistas que acepten completar seis años de servicio en una comunidad rural con escasez de personal.

En cuanto a los préstamos estudiantiles, la AMA ha expresado su seria preocupación por la posibilidad de que los cambios en el programa federal de préstamos estudiantiles propuestos en el proyecto de ley de conciliación presupuestaria de 2025 hagan que la escuela de medicina sea inasequible para la mayoría de los estudiantes, incluidos aquellos que podrían ser los solicitantes más cualificados.

Las crecientes cargas administrativas que enfrentan los médicos, en particular las excesivas exigencias de autorización previa, impulsan las tasas de agotamiento y tienen un claro impacto en la fuerza laboral cuando deciden reducir sus horas o incluso abandonar el campo por completo. 

La última encuesta de la AMA (PDF) reveló que, en promedio, los médicos completan 43 solicitudes de autorización previa cada semana. Esta carga les quita tiempo para la atención directa al paciente, amenaza la estabilidad financiera de las consultas y aumenta significativamente el agotamiento.

Al asumir las inmensas responsabilidades como presidente de la AMA, la importancia del acceso a la atención médica está muy presente en mi mente. En mi discurso inaugural del 10 de junio en la Reunión Anual de la AMA en Chicago, hablé sobre la importancia de mantener la cobertura médica para los más vulnerables de nuestras comunidades, los tipos de pacientes que atiendo en mi consulta a diario en Flint.

Un factor clave para el desafío del acceso es una cobertura médica adecuada, pero otro es una fuerza laboral médica próspera para satisfacer las crecientes demandas de salud de nuestro país. Por eso es fundamental que el Congreso tome medidas para reformar el engorroso proceso de autorización previa, que sabemos que retrasa la atención médica de los pacientes y es una de las principales causas del agotamiento profesional de los médicos.

Los problemas con la autorización previa, incluso para los tratamientos más rutinarios y basados ​​en la evidencia, como la prescripción de insulina para diabéticos, siguen siendo una fuente de frustración constante para mí, mi pequeño equipo y nuestros pacientes. 

Por ejemplo, hace apenas unos meses, un miembro de mi equipo tuvo que llamar a una aseguradora por un problema de autorización previa porque «Mukkamala» no figuraba como proveedor en su sistema. Llevo un cuarto de siglo ejerciendo la profesión, pero por alguna razón no figuraba en la lista de médicos de la aseguradora más grande de mi estado natal, Michigan. 

Este es un ejemplo aislado, sin duda, pero también un indicio de un problema mucho mayor: un sistema de salud insostenible.

El acceso a la atención médica es un tema crucial no sólo para mí, sino para todos en la AMA. En nuestro rol como poderoso aliado del médico en la atención al paciente, nos mantenemos firmes en nuestra labor para reformar el sistema de pago a médicos de Medicare, reducir el agotamiento, optimizar la autorización previa y garantizar que exista una sólida plantilla médica y esté completamente preparada para satisfacer las necesidades de atención médica de nuestra nación hoy y mañana.