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Puerto Rico
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Cal y Arena

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Por Carlos Severino

Catedrádico de geografía política en la UPR

James “Jimmy” Carter se convierte en presidente de los Estados Unidos en un momento histórico muy particular. Para entonces, el vertiginoso crecimiento económico que por 25 años colocó a Estados Unidos en una posición de liderazgo mundial había terminado en 1973. También había terminado en muy malas condiciones para el país la antipática y dolorosa guerra de Vietnam. Y como si fuera poco, el escándalo de Watergate golpeaba la institución de la presidencia estadounidense haciéndola tambalear ante los ojos atentos del mundo. 

También había terminado en muy malas condiciones para el país la antipática y dolorosa guerra de Vietnam. Y como si fuera poco, el escándalo de Watergate golpeaba la institución de la presidencia estadounidense haciéndola tambalear ante los ojos atentos del mundo.

La coyuntura histórica parecía hacerle un guiño a un hombre nacido y criado en el sur más profundo de su país y que se había convertido sorpresivamente en gobernador del estado de Georgia en 1970. Desde esa misma plataforma continuó su ascendente carrera hacia la presidencia visto por muchos como un “underdog” y por otros como un perfecto desconocido. 

Hombre común e ingeniero de formación, se hizo agricultor por decisión de vida para salvar la plantación de maní de su padre. Esos aspectos hicieron de él una suerte de pionero en eso que hoy llaman un “outsider” en la siempre hiper-politizada escena washingtoniana.  Tan atípico era su perfil, que el propio Carter una vez confesó que cuando le dijo a su madre que sería candidato presidencial ésta le inquirió: ¿presidente de qué? 

Carter se convirtió en presidente durante un interregno que representó un hiato en la política tradicional estadounidense. Sucesor del renunciado Richard Nixon y de su reemplazo forzoso Gerald Ford, su presidencia duró solo un cuatrienio (1977-1981) tras ser derrotado aplastantemente por el hollywoodense actor Ronald Reagan. 

En la valoración histórica de su gestión presidencial se dice, a menudo, que fue mejor expresidente que presidente. Tal valoración no me parece certera. Me parece que Carter intentó gobernar lo más apegado posible a su vocación por los derechos humanos y al derecho internacional, por lo menos en cuanto a nuestra región se refiere. Sin embargo, en una sociedad de excepción, los grupos de poder en los Estados Unidos no estaban preparados para un cambio paradigmático de tal envergadura, razón por la que sus detractores lo tildaran como un presidente débil. 

De acuerdo con muchos observadores su destino político se definió en abril de 1980. La desastrosa misión de rescate de los rehenes estadounidenses en manos de estudiantes iraníes fanatizados se convirtió en un pesado lastre electoral para Carter. A eso habría que sumarle las incesantes recriminaciones de sus opositores por la pobre gestión que se le atribuía ante una bárbara inflación de doble dígitos durante la segunda gran crisis mundial de los hidrocarburos. 

Carter trata de sortear los ataques variando su práctica política hacia el hard power, de la cual surge su doctrina sobre el Medio Oriente. De este modo, el presidente pacifista acusado de mano blanda amenaza que utilizaría -de ser necesario- su poderosa fuerza militar para defender los intereses de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Pero nunca la usó. 

Otros observadores más críticos opinan, en cambio, que fue una expresión a destiempo la que se interpuso en sus planes para revalidar. En un momento crucial Carter dejó aflorar su sinceridad antipolítica diciendo que los Estados Unidos habían perdido la energía, innovación y espíritu de vanguardia que les caracterizaba. Es posible que con esa frase sentenciosa haya enfrentado a los estadounidenses con una dura realidad que no querían ni estaban preparados para escuchar. De hecho, el “Make America Great Again” que ha acompañado la carrera política de Donald Trump reivindica, de algún modo, aquel preclaro diagnóstico de la sociedad estadounidense hecho por Carter.

En el tema de los derechos humanos, su énfasis sirvió de base para iniciar una nueva relación con América Latina y el Caribe. Por ejemplo, Carter criticó a sus predecesores por el derrocamiento cruel del gobierno democrático de Salvador Allende en Chile, en 1973, además de haber sido gestor de la primera distensión con Cuba desde 1961 al crear la Oficina de Intereses de Washington en La Habana, que, de facto, fue una suerte de representación diplomática entre ambos países. Asimismo, su posicionamiento en contra de las dictaduras latinoamericanas crearon las condiciones para la consolidación paulatina de la democracia en la región. 

Uno de los logros que le ganó a Carter mucha admiración, sin estar exento de críticas, fue el acuerdo pactado en 1977 con el otrora presidente panameño, general Omar Torrijos, estableciendo una hoja de ruta para la devolución total de la soberanía de la zona del canal y de la operación del canal interoceánico a la República de Panamá en 1999. 

En el marco de esas políticas de acercamiento y respeto hacia América Latina quizás se puede insertar la inolvidable liberación de los prisioneros políticos puertorriqueños en cárceles estadounidenses. El 8 de septiembre de 1979 Lolita Lebrón, Oscar Collazo, Irving Flores y Rafael Cancel Miranda fueron indultados por Carter. 

En la consecución de la paz mundial, Carter logró otra valiosa contribución con la firma, el 8 de junio de 1979 en Ginebra, Suiza, del tratado sobre Limitación de Armas Estratégicas (SALT II), sentado apacible y civilizadamente con su adversario de la desaparecida Unión Soviética, Leonid Brézhnev. Hoy día ambas potencias se encuentran peligrosamente distanciadas y enfrentadas como si la diplomacia haya sido sustituida por una agresividad belicosa sin precedentes.  Algunos de los tratados firmados por Carter y que costaron muchos esfuerzos fueron abandonados por parte del presidente Trump en su primera incumbencia. El presidente Biden, de hecho, no movió un dedo para su restitución. 

Las inclinaciones de Carter a la paz mundial fueron innegables, aunque contradictorias. En honor a la verdad tuvo también muchas manchas que no se deben ocultar. Carter reclutó como asesor de seguridad nacional a uno de los halcones de la guerra más notorios de la historia contemporánea de los Estados Unidos: Zbigniew Brzezinsky. 

Por recomendación de Brzezinsky, Carter puso en marcha el operativo Ciclón en 1978. Este operativo consistió en reclutar extremistas islámicos (muyahidines) para crear una milicia paramilitar para combatir el gobierno de Afganistán y luego a los soldados soviéticos progubernamentales. De ese semillero surge Al Qaeda con su líder el millonario saudí Osama Bin Laden. 

De Al Qaeda emerge más tarde el Estado Islámico y posterior a eso muchos de aquellos combatientes, adiestrados y apoyados por la Agencia Central de Inteligencia, conformaron el ejército conocido por el nombre de los Talibanes. De la traición fatal de Osama Bin Laden a sus benefactores conocemos bastante bien la historia, mientras de los muyahidines sabemos que se convirtieron en el Vietnam de la Unión Soviética como una vez el propio Brzezinsky orgullosamente le comunicara a Carter. De los Talibanes también sabemos que fueron los que derrotaron y expulsaron a los propios Estados Unidos de suelo afgano después de 20 largos años de guerra contra sus ambiguos aliados. 

Ante todo, Carter fue uno de esos líderes que no temió ir modificando sus ideas al fragor de sus propias experiencias. Aquel Carter que ejerció su liderato para lograr un tratado de paz entre Egipto e Israel mediante los acuerdos de Camp Davis en 1978, ciertamente no fue el mismo que años más tarde afirmara la imperiosa necesidad de la creación de un Estado palestino. Tampoco fue el mismo que condenó el desplazamiento y el apartheid contra el pueblo palestino como afirmó en su libro Palestina: paz, no apartheid publicado en 2006. 

No es difícil suponer que al final de su larga vida, Carter le resultó difícil conciliar haberle dado rienda suelta a aquel operativo que a la larga catapultó el más terrible ataque terrorista contra su país. El uso del extremismo islámico como herramienta política al fin y a la postre ha resultado no solo un gran error, sino una amenaza muy seria a la paz y la estabilidad mundial.

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Asociación de Garantía exige sea público acuerdo entre OCS y Swiss Re 

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Por Miguel Díaz Román

En lo que se perfila como una nueva controversia que podría revelar si la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) durante la gestión de Alexander Adams Vega protegió  el bolsillo de los consumidores, la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG) acudió al tribunal a reclamar que se revele el contenido de un acuerdo confidencial alcanzado entre la OCS  y el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation (Swiss Re).

El asunto trae cola porque no están claras las razones por las cuales la OCS solicitó que el citado acuerdo se mantuviera en confidencialidad,  a pesar de que su objetivo es allegar “una suma sustancial de dinero”, al caudal para el pago de reclamaciones de la desaparecida aseguradora Real Legacy Assurance. 

El pasado 2 de enero de 2025 la AG radicó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una moción que le solicita al tribunal que  emita una orden «para acceder a documento designado confidencial». 

La moción fue presentada por el licenciado Eric Negrón, quien integra el bufete especializado en asuntos de seguros, Rexach & Picó LLC, que es el representante legal de la AG. El licenciado Rafael Rocher, es el director ejecutivo de la AG.

Desde que la OCS inició la liquidación de Real Legacy en 2019, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan opera como Tribunal Supervisor del proceso de liquidación, lo que implica que todas las acciones que tome la OCS relacionadas con la liquidación tiene que ser informadas y avaladas por el tribunal.

 De hecho, al momento de la liquidación de Real Legacy, Swiss Re mantenía determinados contratos de reaseguro con la aseguradora cuyos detalles aún no se han dilucidado en el tribunal.

Dudas sobre la confidencialidad

En determinados sectores de la industria de seguros la exigencia de confidencialidad establecida por la OCS ha alimentado las dudas sobre sí el acuerdo en realidad pretende favorecer a los asegurados afectados por la liquidación de Real Legacy o, sí por el contrario, resultó en un beneficio económico para Swiss Re. 

En su moción la AG expresa con claridad su preocupación sobre la posibilidad de que la OCS haya cerrado un acuerdo que no logre comprometer a Swiss Re con un pago sustancial, lo que causaría la necesidad de decretar una derrama entre las aseguradoras que son miembros de la AG. 

«La AGSM tiene un interés particular en tal divulgación toda vez que los cobros de reaseguros representan una importante entrada de fondos al caudal de liquidación; y, por ejemplo, en la medida que se maximice tal cobro disminuyen las probabilidades de que sea necesaria en esta liquidación la imposición de otra derrama a los aseguradores miembros de la AGSM, lo cual conllevaría que a su vez dichos aseguradores impongan recargos en las pólizas de sus asegurados para recuperar las cantidades desembolsadas en la derrama», sostiene la AG en su moción.

Para recuperar el dinero invertido en una derrama impuesta por la AG, las aseguradoras están autorizadas por el Código de Seguros a imponer aumentos de prima, los cuales siempre terminan pagando los consumidores. Tras la intervención en Real Legacy la OCS autorizó a la AG a imponer una derrama de $11 millones en diciembre de 2019 a los aseguradores activos en el mercado local.

Petición urgente

El 27 de septiembre de 2024 la OCS radicó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una solicitud «urgente » en la que informó al Tribunal que había logrado un acuerdo con Swiss Re que era beneficioso para los asegurados de Real Legacy. 

Además, en la citada moción la OCS le solicitó al Tribunal que se conserve en confidencialidad el documento que contiene los elementos del acuerdo. 

La solicitud fue presentada por el licenciado Juan Carlos Garay Massey, quien representa a la OCS.

De hecho, la petición de la OCS no revela la cantidad de dinero que Swiss Re se comprometió a pagar para compensar a los asegurados de Real Legacy. No obstante, de acuerdo con el estado financiero de Real Legacy presentado por la OCS en el tribunal en junio de 2023, la cantidad de reaseguro pendiente de cobro era de $16.8 millones.

Lo que sí ofrece la petición de la OCS son unas parcas explicaciones para justificar la confidencialidad del documento que en realidad han alentado más los cuestionamientos y los reclamos para que el documento esté accesible públicamente.

Repercusiones que no están claras

En la petición Garay Massey alega que el acuerdo es favorable porque «allega una suma sustancial de dinero al caudal» para el pago de reclamaciones de los asegurados de Real Legacy.  

También señala «que es un acuerdo justo y razonable para las partes» y finalmente le pide al tribunal que el documento se mantenga confidencial  «dado el contenido de éste, las repercusiones y la información que contiene». 

Incluso,  Garay Massey le indicó al tribunal que la urgencia de su petición respondía a la necesidad de que el acuerdo debía ser efectivo en el “trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2024”. 

No obstante, la petición de la OCS no aclara qué factores incidieron para que sea necesario aprobar el acuerdo en ese trimestre en particular. 

La petición de la OCS no ofrece una explicación más amplia que permita tener una idea sobre el contenido del documento y por qué es necesario mantenerlo en confidencialidad. 

Además, la petición carece de un argumento que le permita al Tribunal entender porqué la difusión pública del documento podría generar unas «repercusiones», las cuales tampoco son explicadas debidamente y cómo estas podrían afectar el pago de reclamaciones a los asegurados de Real Legacy, que, en última instancia, es la finalidad del acuerdo.

A pesar de esas lagunas, el 10 de octubre de 2024 el Tribunal avaló la petición de la OCS.

Incomprensible la petición

De hecho, de la moción presentada por la AG se desprende que para el cuerpo directivo de la entidad es incomprensible que se le haya impedido tener acceso al documento, debido a que el organismo tiene la responsabilidad en ley de pagar las reclamaciones de Real Legacy hasta un máximo de $300,000, lo que implica que parte de sus funciones es conocer las cantidades de dinero que la OCS, como liquidador, aporta al caudal con el fin de hacer una planificación adecuada del proceso de pago.

«No encontramos justificación para que una agencia pública, como lo es la Oficina del Comisionado de Seguros, en sus actuaciones bajo el Capítulo 40 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. secs. 4001 et seq., mantenga confidencial un Acuerdo cuyo propósito es de suponer sea el de allegar los máximos recaudos posibles a la liquidación de Real Legacy, para beneficio de los acreedores del caudal y a fin de cuentas de todos los consumidores. Téngase en cuenta que la AGSM es con toda seguridad el mayor acreedor del caudal de Real Legacy, dado que su función primordial es la de pagar reclamaciones de los tenedores de pólizas del asegurador en liquidación, convirtiéndose en un acreedor contra dicho caudal por el monto de los dineros invertidos en esa gestión, incluyendo los gastos incurridos en el proceso», explica la moción de la AG.

La AG también sostiene en la moción que para solicitar la confidencialidad del acuerdo la OCS no citó una ley o un reglamento que avale la pertinencia de no revelar el contenido del acuerdo con Swiss Re. La OCS tampoco convocó privilegios evidenciarios, ni alertó sobre la posibilidad de que la difusión pública del documento podría afectar los derechos de terceros. 

«Las generalidades sobre posibles “repercusiones”, sin referirse a algo o alguien específico, resultan insuficientes para mantener dicha confidencialidad», alegó la moción de la AG.

Sin respaldo legal la confidencialidad 

Incluso, la moción de la AG señala que no existen elementos que respalden la confidencialidad reclamada por la OCS en la ley 141 de 2019 o ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública y la ley 5 de 1955 o Ley de Administración de Documentos Públicos. 

Otra advertencia de la AG es que el acuerdo de la OCS con Swiss Re es un documento público según lo define la Ley de Administración de Documentos Públicos, y la jurisprudencia  existente ha reconocido determinadas excepciones al deber de divulgar documentación pública, las cuales no han sido convocadas por la solicitud de la OCS. 

Estas son: que una ley o un reglamento declare específicamente su confidencialidad; la comunicación esté protegida por alguno de los privilegios evidenciarios; la revelación de información puede lesionar derechos fundamentales de terceros; o cuando se trata de la identidad de un confidente del gobierno o de información oficial conforme a las reglas de evidencia.

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La mujer más feliz y realizada de Puerto Rico

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Por Enrique Vázquez Quintana

Jennifer González obtuvo un triunfo avasallador al ser seleccionada como la segunda mujer gobernadora de Puerto Rico.

Luego de la gobernación de la primera gobernadora, en esa ocasión del PPD algunos analistas
políticos presagiaron que nunca más el pueblo de Puerto Rico seleccionaría una mujer como gobernadora.

La trayectoria de la nueva gobernadora Jennifer González ha sido de triunfos constantes. Nació el 5 de agosto de 1976. Estudió leyes en la Universidad Interamericana. Ingresó muy joven a la Cámara de Representantes, presidió ese cuerpo del 2009 al 2013, la más joven, a los 32 años.

Fue Comisionada Residente en Washington del 2017 al 2025. En diciembre de 2023 anunció su candidatura a la gobernación de Puerto Rico. Triunfó en las primarias, prevaleciendo sobre el incumbente gobernador Pedro Pierluisi, la primera vez que el gobernador incumbente es derrotado en
unas primarias.

El 6 de agosto de 2022 contrajo matrimonio con el doctor José Yovin Vargas, quedó embarazada, un embarazo de alto riesgo por su edad. Se sabe que la mejor edad para dar a luz es de los 20-30 años.

El 16 de febrero de 2024 tuvo unos gemelos, varón y niña, que nacieron saludables y están bellos. Entiendo que serán los primeros niños que se criarán en la Fortaleza.

A lo largo de los años la vida de la ahora gobernadora Jennifer González Colón ha estado siempre marcada por grandes éxitos. En principio nunca ha tenido un revés mayor.

El día de su juramentación como gobernadora, eran evidentes las expresiones de felicidad que la embargaban. Ya escogió a la mayoría de los miembros de su gabinete.

Se comenta que habrá oposición a algunos de los nominados a la confirmación y consentimiento por parte del Senado de Puerto Rico. Pero ese es un asunto menor. Si hay oposición ella escogerá a un sustituto.

La gobernadora es afiliada al partido de Trump. Es posible que vaya a la toma de posesión del presidente Donald J. Trump el 20 de enero de 2024. La gobernadora ha dicho que luchará por la estadidad, por la igualdad
plena para los puertorriqueños.

Ella quiere que se celebre un plebiscito vinculante por parte del Congreso que incluya la estadidad, independencia y libre asociación. Durante las elecciones se celebró una votación fantasiosa en la que 56.9% votaron a favor de la estadidad.

Inglaterra se separó de la Unión Europea con 51% de votación. La lucha por la igualdad será la primera gran derrota de la gobernadora. Trump es racista, odia a los hispanos y nunca recomendará la otorgación de la estadidad para
Puerto Rico.

Primero tomará el Canal de Panamá por la fuerza, comprará a Groenlandia, que no está a la venta y tratará de anexarse a Canadá. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acaba de renunciar, pero nada tiene que ver con Trump o la anexión de Canadá.

Como ha dicho la gobernadora es mejor que no haga nada extraordinario, o cosas fantasiosas, sino que se dedique a construir un Puerto Rico de oportunidades, comprometida con el pueblo, un gobierno que funcione y velar por el bienestar, la prosperidad y el progreso de los puertorriqueños.

Arreglar la crisis energética será más fácil que lograr la estadidad. Para Trump será más fácil devolvernos a España que retomar el Canal de Panamá, anexarse a Canadá o comprar a Groenlandia.

Algunas cosas en la vida no son fáciles, aún con todo el poder del presidente de la nación más poderosa del mundo. Aunque no logre la igualdad política, nuestra gobernadora es la mujer más feliz de Puerto Rico.

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Pugna por el caso Redbridge en la OCS

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Por Miguel Díaz Román

A pesar de que el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, había anunciado el cierre de una querella contra la empresa Redbridge por la alegada venta ilegal de seguros de viaje, aún la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) no ha informado oficialmente que el caso ha sido cerrado. 

Fuentes de la OCS indicaron que Adams Vega ha continuado ejerciendo como Comisionado de Seguros, lo que ha causado desconcierto entre la plantilla de funcionarios de la OCS, debido a que esperaban la designación de una nueva persona para la posición. 

De hecho, no está claro si la gobernadora Jenniffer González tiene seleccionado su candidato para Comisionado de Seguros o si se propone conservar a Adams Vega en el cargo hasta que se identifique la persona idónea. 

Las fuentes también señalaron que el licenciado Norberto Santana, quien se desempeña como director de la división de procesos adjudicativos, que es la entidad que rige los  procesos de los oficiales examinadores de la OCS, recibió la encomienda de cerrar el caso Redbridge.

De hecho, según mencionaron las fuentes, Santana habría estado durante la mañana de hoy (ayer) «buscando una carta modelo» que atienda el cierre de casos con el fin de redactar la misiva que sería enviada a la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese), que es la entidad que en septiembre de 2023 radicó una querella contra la empresa Redbridge Assist.

No obstante, según indicó la fuente, al interior de la OCS existe una gran expectativa sobre el contenido de la carta que finalmente redacte Santana debido a que, alegadamente, hay una clara inclinación entre los funcionarios que han examinado el caso Redbridge para que se le imponga a la empresa una sanción por sus violaciones al Código de Seguros.

Acodese pide aclaración

Durante su comparecencia ante el Comité de Transición de la nueva administración de la gobernadora Jenniffer González, Adams Vega sostuvo que la querella contra la empresa Redbridge  se cerró “porque no hubo ningún hallazgo que indicara violación”.

De hecho, tras la participación de Adams Vega ante el citado comité, Acodese le solicitó a la OCS que aclare si la querella que esa entidad radicó contra la empresa Redbridge fue cerrada.

 «No hemos recibido determinación alguna de parte de OCS. El asunto está sometido para la determinación de la OCS», indicó la pasada semana la licenciada Iraelia Pernas, quien es la directora ejecutiva de Acodese.

En la querella Acodese sostuvo que la entidad Redbridge Assist, que es parte del grupo de empresas del grupo Redbridge, vendía seguros de viaje a través de un esquema alegadamente ilegal, el cual utiliza un asegurador de líneas excedentes para proveer la póliza.

Pero ante el Comité de Transición Adams Vega reveló que la investigación realizada en la OCS determinó que no había nada ilegal en vender la póliza de viaje por medio de un asegurador de líneas excedentes.

De acuerdo con fuentes de la OCS, al interior de la agencia reguladora es un secreto a voces que no existe consenso sobre que la posición de Adams Vega a favor de cerrar el caso Redbridge  sea la correcta.

Expresiones unilaterales

Las fuentes indicaron que las expresiones de Adams Vega ante el Comité de Transición representaron una acto unilateral que no fue consultado y que colocó al funcionario en una cuestionable situación que se aleja a las regulaciones que impone el Código de Seguros.

Especialmente, porque ya la empresa Redbridge había enfrentado un  proceso en la OCS por vender pólizas de viaje sin estar autorizado, en el que hubo una determinación, la cual fue el resultado de un acuerdo.

El 28 de mayo del 2021 la OCS emitió una orden de cese y desista por la venta ilegal de seguros de viaje contra la entidad Redbridge Assist, S.A y otro grupo de corporaciones relacionadas.

Luego, los representantes de la entidad Redbridge y la OCS alcanzaron un acuerdo que figura en una resolución emitida el 16 de marzo de 2022. 

En esa resolución, la cual está firmada por Adams Vega como Comisionado de Seguros en propiedad, la empresa Redbridge Assist, S.A. aceptó los hechos imputados, se comprometió a no incurrir en violaciones similares  y aceptó pagar una multa de $6,000.

No obstante, 18 meses después del citado acuerdo, el 22 de septiembre de 2023, Acodese solicitó a la OCS que investigara a Redbridge Assist por la presunta venta ilegal de seguros de viajes a través de un asegurador de líneas excedentes.

Competencia desleal

Acodese sostuvo en la querella que tal mecanismo constituye una competencia desleal contra los aseguradores locales autorizados.

De acuerdo con las fuentes, al interior de la OCS existe la convicción de que Redbridge Assist pudo incurrir en la venta de seguros de viaje sin estar autorizado luego del acuerdo y, por lo tanto, es meritorio imponer a la empresa una multa.

Las fuentes aseguran que el diferendo entre los que avalan multar a Redbridge y quienes favorecen cerrar el caso, ha marcado el tramo final de la administración de Pedro Pierluissi en la OCS, debido a la obstinación de Adams Vega de cerrar la investigación.

Al inicio de la pasada semana, según sostuvo una de las fuentes, el expediente del caso se lo entregó al licenciado Santana.

La fuente sostuvo que no están claras las intenciones de que el licenciado Santana tomara control del expediente ante la realidad de que existe oposición a cerrar el caso y aún no se ha emitido una determinación final contra Redbridge, tras la querella de Acodese.

 Ante el Comité de Transición Adams Vega reveló que el pasado mes de noviembre la OCS concedió a Redbridge Insurance Company un certificado de autoridad, lo que significa que esa entidad ya puede operar como un asegurador autorizado para vender las pólizas de viaje.

La OCS emitió la citada autorización a pesar de que la Comisionada Auxiliar de Supervisión y Cumplimiento de la OCS, Glorimar Santiago Rivera, le informó a Adams Vega el pasado 7 de noviembre de 2024, que contra “el conglomerado de Redbridge Insurance Company” existen cuatro investigaciones activas que son conducidas por la División de Conducta de Mercado e Investigaciones Antifraude de la agencia reguladora.

El señalamiento figura en una comunicación denominada “examen de preautorización” sobre Redbridge Insurance Company, del que SN posee una copia. Dos de las investigaciones fueron solicitadas ante la OCS en 2021, una en 2023 y la cuarta en 2024.

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Sin graves consecuencias para Scott Favre Adjuster cometer fraude

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Por Miguel Díaz Román

Seis años después de que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) imputara a la empresa de ajustadores públicos, Scott M. Favre Public Adjuster (SFPA), haber inflado de manera fraudulenta reclamaciones de daños de sus clientes causadas por el huracán María, la entidad reguladora finalmente cerró el caso con una multa por la cantidad de $15,000 que no conllevó la anulación de su licencia, lo que implica la empresa podrá continuar operando en el mercado local.

La determinación fue informada el pasado 1 de noviembre, cuatro días antes de las elecciones generales, por el oficial examinador de la OCS, Norberto Santana Vélez.  

El caso se ventiló durante seis años tanto en el proceso administrativo de la OCS como en los tribunales locales,  debido a que la defensa de SFPA impugnó la determinación del ente regulador. 

El caso inició el 25 de mayo de 2019, cuando la OCS emitió contra SFPA una orden de cese y desista por cometer fraude en las reclamaciones relacionadas con los municipios de Yabucoa y San Germán y en dos edificios de las empresas Rivera Siaca, específicamente las estructuras ubicadas en el barrio Palmas en Hato Rey  que albergan la sede del Departamento de Corrección y Rehabilitación y algunas oficinas del Departamento de Educación.

A pesar de que el fraude en diversas manifestaciones fue la violación principal que la OCS imputó  a SFPA en 2019, en la resolución emitida por Santana Vélez en 2024 se registra un evidente cambio de tono. 

Aunque los señalamientos de fraude no desaparecen del todo de la decisión final, si toma preeminencia una nueva imputación que figura en los artículos 9.300 del Código de Seguros, que trata sobre aquellas reclamaciones cuyo monto se extiende más allá del límite de la póliza, y el artículo 27.161, que prohíbe hacer falsas representaciones sobre los términos de una póliza.

De hecho, en la determinación Santana Vélez concluye que, tras realizar un «cómputo aritmético», los límites de las pólizas totales ascendían a $64.7 millones y las reclamaciones presentadas por SFPA ascendieron a $78 millones, lo cual implicó una diferencia de $13.2 millones entre lo reclamado y los límites de las pólizas.

«El ajustador faltó en el desempeño de su deber establecido en el artículo 9.300(1)(a) del Código de Seguros de Puerto Rico al ofrecer estimados a las aseguradoras por encima de los límites de la póliza. Además, esta actuación del ajustador violenta la Regla IV del Reglamento del Código de Seguros de Puerto Rico que establece en su Artículo 11 las Normas Éticas del Ajustador brindando una falsa representación al proveer estimados sobrepasando el límite de las pólizas». sostiene la determinación de Santana Vélez.

Además, la decisión hace un breve recuento de las sanciones que enfrentan los ajustadores que violen los citados artículos, incluyendo el quebrantamiento de las normas éticas, las cuales comprenden suspender, revocar o denegar la licencia del ajustador. 

Otra sanción es denegar la licencia por cinco años e imponer multas de hasta $5,000 por cada falta hasta un máximo de $50,000.

Finalmente, la determinación de Santana Vélez impuso una multa por la cantidad de $15,000 que se desglosa en una multa de $5,000 por violentar el artículo 27.161 y otra multa de $10,000 por violar el artículo 9.300. 

La decisión no conllevó la suspensión, revocación o denegación  de la licencia de SFPA , lo que implica que la empresa podrá continuar operando en el mercado local. 

Palmadita en la mano

El documento tampoco explica los elementos que fueron considerados para imponer una sanción que no representa la gravedad de los cargos imputados.

Según planteó el licenciado Rafael Vázquez González, representante legal de la desaparecida aseguradora Integrand Assurance, la decisión de Santana Vélez omitió toda referencia al asunto medular que causó la intervención de la OCS, el cual consistió en presentar reclamaciones fraudulentas y optó por destacar una falta que no recoge la gravedad de las acciones cometidas por SFPA.

«No es más que una palmadita en la mano. Lo sancionan por presentar reclamaciones en exceso de los límites de la póliza, cuando el asunto es la presentación de reclamaciones infladas que excedían, no los límites de cubierta, si no los daños realmente sufridos», sostuvo Vázquez González.

Los señalamientos de fraude en reclamaciones contra SFPA fueron presentados en 2019 ante la OCS por las aseguradoras Integrand Assurance, MAPFRE y QBE Seguros.

Tras una investigación, la OCS emitió una orden de cese y desista contra SFPA el 25 de mayo de 2019. La orden notificó violaciones a diversas secciones de los capítulos 26, 27 del Código de Seguros e incluyó una sanción de mayor peso contra SFPA,  pues la OCS le impuso un castigo económico ascendente a $30,000, una cifra que surgió de la suma de dos multas, una por $20,000 y otra por $10,000. 

Además, la OCS le advirtió  a SFPA que violar nuevamente el Código de Seguros con actos similares causaría la revocación de su licencia. 

Sanción irrisoria

No obstante, para determinados sectores de la industria de seguros la sanción impuesta por la OCS en 2019 resultó un tanto irrisoria debido a la gravedad de las acciones fraudulentas corroboradas por los investigadores de la agencia reguladora.

La OCS le imputó a SFPA en 2019 haber incurrido en varias vertientes de fraude como realizar estimados de pérdidas inflados que no reflejan la realidad de los daños ocurridos a la propiedad; presentar tales estimados inflados para el ajuste de la reclamaciones; presentar a los aseguradores declaraciones de pérdida con falsas representaciones de daños y no mantener al asegurado informado debidamente de las gestiones como se requiere.

En síntesis, los casos contra SFPA contienen los siguientes hechos:

En diciembre de 2017 la aseguradora Integrand estimó los daños padecidos por las estructuras de las Empresas Rivera Siaca en el barrio Palmas por la cantidad de $3.4 millones. No obstante, en enero de 2018, las Empresas Rivera Siaca contrataron a SFPA, tras lo cual  el ajustador presentó un estimado de pérdidas por las mismas propiedades ascendente a $55.5 millones.  

En febrero de 2018, la aseguradora QBE había entregado al municipio de Yabuco $1.7 millón como adelanto por las pérdidas causadas por María. En ese mes el municipio contrató a SFPA  y de inmediato el ajustador presentó 14 estimados de pérdida parciales, que ascendían a la cantidad de $22.4 millones.

En enero de 2018, la aseguradora Mapfre emitió un cheque de adelanto por la cantidad de $218,928.12, a favor del municipio de San Germán por los daños causados por el huracán María. Pero en el mes de marzo del 2018 el municipio contrató a SPFA y seis meses después, el 12 de septiembre de 2018, el ajustador presentó a Mapfre unos estimados de pérdidas del municipio por la cantidad de $22.5 millones.

«En lo que concierne a Rivera Siaca, reclamaron daños inexistentes en el edificio del Departamento de Corrección, tales como reemplazo de todos los elevadores, renovación de todos los baños y hasta reemplazo de los marcos de los cristales del vestíbulo. De memoria no tengo toda la lista, pero era larga, pues los daños se limitaron a los últimos dos pisos -que fueron una adición al edificio original- y fueron el resultado de los trabajos que estuviera realizando un contratista que previo a los huracanes estaba trabajando en el techo», advirtió Vázquez González.

Defensa con pedigrí político

La defensa de SFPA estuvo integrada por el licenciado Ramón Rosario Cortés, quien fue el ex secretario de asuntos públicos y política pública de la Fortaleza durante la incumbencia del ex gobernador Ricardo Rosselló; el licenciado Alfonso Orona Amilivia, quien se desempeñó como principal asesor legal del ex gobernador y el licenciado Andrés Guillemard, quien es el esposo de Caridad Pierluisi, hermana del ex gobernador, Pedro Pierluisi, y quien ocupa la posición de directora de la Oficina del Gobernador.

El licenciado Rosario Cortés fue voz principal en la impugnación de SFPA tanto en la OCS como en los tribunales locales. El abogado argumentó que la OCS carecía de jurisdicción sobre los actos de SFPA debido a la carencia de un alegado reglamento que contemplara los límites de la discreción del ente regulador sobre los procesos de descubrimiento de prueba. 

Con este argumento Rosario Cortés acudió al Tribunal de Apelaciones y al Tribunal Supremo, donde finalmente sus reclamos no tuvieron éxito.

Tras el huracán María SFPA fue autorizada hacer negocios en la Isla el 14 de noviembre de 2017, en un proceso expedito en el que la OCS autorizó que 98 ajustadores públicos provenientes de Estados Unidos operaran en la isla para atender la emergencia.

De hecho, muchos de estos ajustadores públicos fueron investigados por la OCS en los pasados años debido a que incurrieron en la inflación de reclamaciones y otras violaciones al Código de Seguros.

En Puerto Rico SFPA logró representar a más de 60 clientes quienes enfrentaron daños causados por el huracán María, entre los que figuran corporaciones públicas, agencias del gobierno, municipios y empresas privadas.

Entre las entidades públicas figuran la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), la Autoridad de Puertos (AP), el Departamento de la Vivienda, la Administración de los Sistemas de Retiro, el Centro de Convenciones de Puerto Rico, la Autoridad de Carreteras, el Departamento de Corrección, el Departamento de Recreación y Deportes, la Autoridad de Edificios Públicos y los municipios de Cabo Rojo, Guayanilla, Barceloneta Yabucoa, San Germán, Humacao, Vieques, Aguadilla, Sabana Grande, Juana Díaz y Caguas, entre otros.

Controversias en Tribunal Federal

La Universidad Católica y la Asociación de Empleados del ELA también fueron clientes de SFPA.

Sobre esta última entidad, que no figura en los casos presentados ante la OCS, el licenciado Vázquez González señaló que también se registraron instancias de reclamaciones fraudulentas por parte de  SFPA. 

«La situación surgida con el edificio de la AEELA es que los daños sufridos se limitaron a un par de ventanas y estaba operante dos días luego del paso del huracán (María), pero para lo que Favre reclamó sobre $40 millones», dijo Vázquez González.

El abogado Vázquez González había denunciado que SFPA llegó a Puerto Rico en un alegado acuerdo con el licenciado Guillemard. 

De hecho, Guillemard se vió involucrado en varias disputas judiciales que SFPA enfrentó con varios de sus socios comerciales en el Tribunal Federal de San Juan. Alegadamente, estas disputas se disiparon luego de que las partes alcanzaron un acuerdo.

En junio del 2022 se radicó contra Guillemard una moción de desacato en el Tribunal Federal de San Juan por negarse a entregar documentos y comparecer a deponer sobre los negocios del SFPA en Puerto Rico. 

La moción de desacato fue radicada por los representantes legales del señor Rolando Rodríguez y su empresa The Bridge Consulting Firm LLC (BCF), ubicada en el estado de Florida.

BCF acusó a SFPA de incumplimiento de contrato y le reclamó el pago de más de $8 millones en comisiones. Los reclamos de Rodríguez y BCF se ventilaron en el Tribunal Federal de Mississippi, donde están ubicadas las oficinas principales de SFPA.

En una declaración jurada el abogado Christopher Van Cleave, representante legal del BCF, relató que sostuvo una reunión con Scott Favre en las oficinas de SFPA en Mississippi, en la que el empresario identificó a Guillemard y al licenciado Jan Maduro como las personas a las que pagó $5 millones por su ayuda para garantizar que la AAA contratara a SFPS como su ajustador público.

En Mississippi también se radicó otra demanda contra SFPA por la empresa de asesoría gerencial Zemi Group, radicada en el estado de Texas, en la que reclama el pago de $30.4 millones.

La demanda sostuvo que SFPA contrató a Zemi Group en 2018 para que ofreciera asesoría gerencial para las operaciones del ajustador público en Puerto Rico.

Transferencias de dinero

Zemi Group alegó que tan pronto comenzó a presentar sus facturas SFPS comenzó a efectuar unas transferencias de dinero, alegadamente ilegales, al licenciado Guillemard, las cuales se justificaban por el pago por servicios legales y servicios públicos de ajuste “que en realidad no proporcionó”.

La demanda, radicada por el licenciado Edward Gibson en junio del 2021, sostiene que SFPA pudo “transferir fraudulentamente grandes sumas de dinero a Guillemard bajo el engaño que SFPA estaba dividiendo honorarios con otro ajustador público por el trabajo realizado. Sin embargo, Guillemard no realizó ningún trabajo de ajuste público para SFPA ni para ningún otro cliente. La licencia de tasador público de Guillemard no era más que una tapadera para las grandes sumas de dinero SFPA transfirió a Guillemard de forma regular”.

En la demanda Zemi Group alegó que Guillemard depositó los fondos transferidos bajo su propio nombre en Puerto Rico. “El dinero transferido a Guillemard tuvo el efecto de reducir los ingresos netos declarados de SFPA y también redujo los activos disponibles para satisfacer los reclamos de los acreedores de SFPA”, sostuvo la demanda.

El 9 de mayo de 2023 falleció el presidente de SFPA, Scott M. Favre, tra lo cual sus abogados solicitaron ante la OCS el archivo de la querella radicada por las tres aseguradoras .El 19 de diciembre de 2023, el licenciado Santana Vélez emitió una resoluciónen la que ordenó el archivo de la querella contra el ejecutivo fallecido, pero determinó continuar con el proceso adjudicativo contra SFPA.

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Reaseguradores con peros a las pólizas que protegen por interrupciones del servicio eléctrico

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Por Miguel Díaz Román

En momentos cuando el país aún sufre los estragos del masivo apagón que experimentó el pasado 31 de diciembre, ha trascendido que como resultado de las exigencias establecidas por los reaseguradores a las aseguradoras locales, las pólizas que ofrecen protección contra los efectos de las interrupciones del servicio eléctrico tienen un alto costo que podría ser prohibitivo para los pequeños comerciantes y a las microempresas. 

Esta realidad abarca las pólizas de rotura de maquinaria a causa de las interrupciones del servicio eléctrico que ocurren por los daños que enfrente un negocio por un evento catastrófico y el llamado endoso «off premises power», que atiende las reclamaciones provocadas por eventos fuera de la jurisdicción del negocio que provoquen la interrupción del servicio eléctrico.

Incluso, algunas aseguradoras han optado sencillamente por no ofrecer la póliza o el endoso, debido a la alta frecuencia de las interrupciones del servicio eléctrico que suelen ocurrir en Puerto Rico y las altas pérdidas que esto representa. 

El presidente de Antilles Insurance Company, Jaime González Portilla, sostuvo que el alto costo de las primas de este tipo de seguro es una exigencia de los reaseguradores.

Se protegen los reaseguradores

«El costo de reaseguro de pólizas de rotura de maquinaria es alto en Puerto Rico dado el problema de voltaje y el daño a los equipos. Para protegerse los reaseguradores nos exigen que aumentemos los deducibles o nos aumentan las primas que debemos cederles», dijo González Portilla. 

El ejecutivo explicó que la cubierta para comerciantes de interrupción de negocio por problemas del servicio eléctrico solo se activa por eventos catastróficos como el paso de un huracán, la ocurrencia de un fuego o de un terremoto, cuyos efectos afecten directamente el local comercial asegurado. 

«Si no ocurre un daño físico en el local asegurado y éste se queda sin servicio de electricidad porque simplemente lo que causó el apagón fue un “malfunction” del sistema eléctrico del país por sobrecarga en las líneas, la póliza no se activa», aclaró. 

Endoso con condiciones

González Portilla abundó sobre las características del endoso “off premises power”.

«Si se establece  que el apagón fue causado por un fuego en una planta de generación o se afectó una línea de distribución o transmisión que suple el negocio asegurado y el asegurado paga una prima y endosa su póliza con una cubierta llamada “off premises power”, entonces tendría cubierta para interrupción de negocio»,  sostuvo el ejecutivo.

No obstante, González Portilla desgranó las condiciones que la aseguradora Antilles Insurance Company exige para garantizar los beneficios del endoso “off premises power”.  

«Se ofrece sujeto a que el cliente prospecto o asegurado tenga un generador con la capacidad necesaria para correr la operación, que demuestre que tiene un contrato de mantenimiento para el generador y suficiente abastecimiento de diesel o gas natural», indicó.

María cambia el escenario

Por su parte, Alexis Sánchez Géigel, presidente de la aseguradora  Mapfre, indicó que la póliza de rotura de maquinaria aún está disponible en el mercado pero advirtió que, tras el paso del huracán María, muchas aseguradoras han desistido de ofrecer el endoso “off premises power”, debido a que representa una cubierta perdidosa ante la realidad de que la reanudación del servicio eléctrico en Puerto Rico suele acontecer mucho tiempo después de que se hayan terminado la reparación de los negocios afectados. 

«La póliza de rotura de maquinaria cubre daños dentro de los predios de tu negocio. Supongamos que dentro de los predios de tu negocio tienes una subestación (eléctrica) y esa subestación sufre daños y te quedas sin servicio aunque haya electricidad. Estos daños están cubiertos, pero existe una cubierta que cubre la interrupción del servicio eléctrico por situaciones que se dan fuera de los predios de tu negocio, esa cubierta es el endoso “off premises power”. Después de María muchas aseguradoras han dejado de proveerla. Quizás tu negocio no tuvo ningún tipo de daño pero la reparación de la líneas de transmisión fuera de los predios de tu negocio puede tardar meses en repararse y eso es muy perdidoso para las aseguradoras. Esa cubierta se vende también en Estados Unidos, pero allá en lo que reparas tu negocio ya probablemente fueron reparadas las líneas eléctricas. En Puerto Rico esa situación no se da, tú puedes reparar tu daño y todavía el tendido eléctrico está sin atenderse», indicó Sánchez Géigel.

El ejecutivo recordó que el grave problema de generación eléctrica que padece el país ha provocado que muchas empresas hayan adquirido sus propios sistemas alternativos, ya sea por medio de gas propano o por medio de paneles solares y baterías, para satisfacer sus necesidades de electricidad. 

Problema de cogeneración

«Tenemos un problema de cogeneración eléctrica que no ha sido atendido y lo sabemos hace más de 10 años atrás y sabemos que no podemos crecer económicamente con ese problema de cogeneración de energía y todavía no hemos sido capaces de insertar más fuentes de cogeneración al sistema y sobre todo, ante el hecho de que en el 2027 la cogeneradora AES dejará de producir energía con carbón. Eso será 400 megavatios menos. Tenemos esa necesidad apremiante y todavía esos contratos de cogeneración no han sido firmados. El sistema no es capaz de proveer luz a todo el mundo y cuando crece la demanda el sistema se protege y se cae el servicio de luz. Aquí no hay patriotas, nadie piensa en Puerto Rico. Debemos tener hasta 4,000 megavatios disponibles y estamos produciendo 3,100 megavatios. Hay que exigir que se hagan  los proyectos de cogeneración», indicó Sánchez Géigel.

Tras el masivo apagón del sistema eléctrico que sufrió el país el pasado 31 de diciembre, el presidente del Centro Unido de Detallistas, el doctor Ramón Barquín, reclamó a la gobernadora Jenniffer González,  decretar un estado de emergencia energética con el fin de que se atienda con prioridad la rehabilitación del sistema eléctrico.

Posible solución el seguro paramétrico

Barquín estimó que el apagón del sistema eléctrico ocurrido en la víspera de la despedida del año 2024 causó más de $100 millones en pérdidas en las pequeñas empresas y las microempresas que apoyan la industria turística. Sostuvo que decretar un estado de emergencia energética también facilita tener acceso a determinados fondos federales que podrían aminorar las pérdidas de los pequeños comerciantes y de las microempresas.

El presidente del CUD señaló que ante el alto costo de las primas para las pólizas de seguro que ofrecen protección por las pérdidas causadas por la interrupción del servicio eléctrico o ante la renuencia de la industrial de seguros para proveer ese tipo de cubierta, es necesario explorar la posibilidad de que existan otras alternativas de seguros como, por ejemplo, seguros paramétricos que garanticen una determinada compensación tras la interrupción del servicio eléctrico.

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Presidente del CUD solicita decretar estado de emergencia energética

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Por Miguel Díaz Román

Tras el masivo apagón del sistema eléctrico que sufrió el país el pasado 31 de diciembre y las numerosas interrupciones del servicio eléctrico que han ocurrido durante el pasado año, las cuales han causado cuantiosas pérdidas a los pequeños comerciantes y a las microempresas, se hace necesario decretar en estado de emergencia energética, según sostuvo el doctor Ramón Barquín, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD).

Barquín le recomendó a la gobernadora elegida Jenniffer González, quien mañana 2 de enero del 2025 toma posesión oficialmente del cargo, que decrete un estado de emergencia energética, lo cual sería un mecanismo para que tanto el  gobierno local, el gobierno federal, la Junta de Supervisión Fiscal y el Negociado de Energía se dediquen de lleno a encaminar la rehabilitación del sistema eléctrico.

El objetivo de activar la rehabilitación del sistema eléctrico sería garantizar un servicio estable y libre de interrupciones. 

El presidente del CUD indicó que ese esfuerzo requiere incrementar la generación de energía eléctrica y atender el estado real de todo el sistema de distribución y de los transformadores eléctricos que proveen directamente la energía a la ciudadanía, al comercio y la industria.

Barquín también sostuvo que decretar el estado de emergencia energética permitirá que tanto al  gobierno local, el gobierno federal, la Junta de Supervisión Fiscal y el Negociado de Energía se comprometan en la fiscalización de los fondos federales asignados a la rehabilitación del sistema eléctrico para que esos trabajos se realicen de manera efectiva y lo más rápido posible.

Barquín estimó que el apagón del sistema eléctrico que sufrió el país durante la víspera de la despedida del año 2024 causó más de $100 millones en pérdidas en las pequeñas empresas y las microempresas que apoyan la industria turística.

Decretar el estado de emergencia energética también facilitaría tener acceso a determinados fondos federales que podrían aminorar las sensibles pérdidas que han padecido miles de pequeños comerciantes y de microempresas a consecuencia de los frecuentes apagones que sufre el país.

El presidente del CUD señaló que ante el alto costo de las primas para las pólizas de seguro que ofrecen protección por las pérdidas causadas por la interrupción del servicio eléctrico o ante la renuencia de la industrial de seguros para proveer ese tipo de cubierta, es necesario explorar la posibilidad de que existan otras alternativas de seguros.

Específicamente mencionó  la posibilidad de que se provea un seguro paramétrico que garantice una compensación como protección a las pequeñas empresas y a las microempresas por las pérdidas que causen las interrupciones del servicio eléctrico. 

El seguro paramétrico garantiza una compensación al asegurado de acuerdo a la ocurrencia de determinados factores previamente definidos como la intensidad de un evento o el monto de la pérdida.

Barquín también propuso que el gobierno facilite una adecuada subvención para que la banca privada y las cooperativas provean financiamiento a las pequeñas empresas y a las microempresas con el fin de que puedan adquirir a costos asumibles sistema de generación eléctrica alternativos como generadores eléctricos activados con gas propano o con paneles solares.

Otra propuesta de Barquín es que se le conceda a las pequeñas empresas y a las microempresas una deducción contributiva » peso a peso» que estimule la adquisición de sistemas alternativos de energía eléctrica.

Incluso, Barquín advirtió que para hacer atractiva esa deducción contributiva y generar una mayor actividad económica asociada a ella, el gobierno debería ampliar la deducción a un 200 % de su valor original durante dos años, lo cual causaría una masiva inversión que tendría un efecto positivo en cadena en la economía del país.  

Actualmente el CUD tiene más de 5,000 socios que son propietarios de pequeñas empresas. Además, en el país existen más de 170,000 microempresas. 

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De Alepo a Damasco un paso es

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Por Carlos Ernesto Severino Valdez

La guerra que comenzó en Siria en 2011 nunca terminó. Ese conflicto empezó como una guerra civil cuando sectores desafectos del Ejército Árabe Sirio desertaron y comenzaron una rebelión contra el gobierno de Bashar al-Assad. 

Más tarde, en 2014, el Estado Islámico en Irak y Siria (conocido también por sus siglas en inglés ISIS: the Islamic State of Iraq and Syria) lanzan una cruenta ofensiva contra los ejércitos de Siria e Irak conjuntamente. 

Tanto el Estado Islámico como su agrupación predecesora Estado islámico de Irak y el Levante (EIIL) son organizaciones declaradas como terroristas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Ambas se inscriben en lo que se denomina el islam político suní de corte extremista. 

Ese sunismo extremista desplaza del escenario al nacionalismo árabe secularista que durante décadas dominó los movimientos de liberación y descolonización en toda la región del suroeste asiático y norte de África. La caída del gobierno de Bashar al-Assad pone final a toda una era de movimientos políticos nacionalistas, panarabistas y ante todo secularistas que tuvieron en figuras tales como Gamal Abdel Nasser, el rey Faisal I de Irak y Muammar Gaddafi su máxima expresión.

Al entrar el Estado Islámico (EI) en el escenario sirio, lo que fue en un inicio una guerra civil se convierte en un complejo conflicto regional de implicaciones globales. Desde entonces, fueron entrando diferentes fuerzas militares que afirmaban sus intereses particulares en el geoestratégico país levantino. 

El objetivo supremo del EI y de otros grupos del mismo trazo salafista y takfirista es el de crear un califato universal en la sociedad pos al-Assad. El concepto salafismo se basa en la búsqueda de la lectura más fiel y remota del Corán, mientras que el takfirismo (takfir) se refiere a la acusación de apostasía contra una persona musulmana. 

En la  interpretación salafista el chiísmo es tildado de apóstata. De ahí, que el EI y grupos salafistas como Al Qaeda, Frente Al Nusra y otros tantos hayan sido enemigos resueltos de la revolución islámica iraní, así como del chiismo en general y en particular del alauismo sirio, que es una minoría dentro de la minoría chií. 

El alauismo representa aproximadamente un 15% de la población siria. La presencia en Siria de los grupos paramilitares extremistas islámicos, resultó en la puerta de entrada a muchos otros poderes fácticos regionales al ruedo de la guerra tales como Turquía, Irán, Hezbolá, los Estados Unidos, Rusia e Israel. 

Algunos de esos actores político-militares llegaron con el objetivo de derrotar al EI y sus aliados. Otros llegaron para apoyar el gobierno de al-Assad. Pero detrás de esos objetivos había otras agendas particulares. En función de las agendas, los diversos actores establecieron alianzas regionales muy extrañas y hasta insólitas.

El dirigente del principal movimiento islámico extremista en Irak y Siria lo fue el mítico Abu Bakral-Bagdadí, fundador del Estado Islámico en Irak y Siria. Ya hacia 2015 las fuerzas armadas de al- Assad se habían debilitado considerablemente.

En ese momento, el presidente al-Assad hace un llamado a sus más cercanos aliados para que le ayuden a sostener su gobierno al borde del derrocamiento. 

Ahí es cuando entran al escenario, la guardia revolucionaria iraní, milicias irregulares iraquíes e iraníes, las fuerzas armadas rusas y Hezbolá. Y como si fuera poco, a esto le sumamos la invasión turca al noroeste de Siria. El objetivo turco era detener cualquier posibilidad de soberanía de los kurdos sirios, quienes han gozado de un sólido apoyo estadounidense.

Curiosamente en el terreno sirio ambos países combaten propósitos antagónicos a pesar de ser miembros de la OTAN. Es precisamente en la región kurda de Siria donde se localizan una parte significativa del petróleo y gas natural sirio.

Bajo la supremacía aérea rusa y la poderosa y resuelta milicia Hezbolá, los militantes extremistas islámicos (terroristas) no tuvieron opción. Al Qaeda en Siria y el Levante fue casi exterminada y el Estado Islámico corrió una suerte semejante. 

A eso del 2013 Abu Mohammed al-Golani, lugarteniente de al-Bagdadi, se separa de su agrupación original Al Qaeda y funda el terrible Frente Al- Nusra al Sham como una facción autónoma. Como cuestión de hecho, contra al-Golani pesa aún una recompensa de 10 millones de dólares por su captura. 

Esto a pesar de que sorpresivamente en muchas coberturas mediáticas se le tilda de “líder rebelde” y no terrorista. Tal y como es típico de estos movimientos extremistas, el Frente al-Nusra nuevamente se transforma. El 28 de enero de 2017 se convierte en el hoy muy conocido Hayat Tahrir al-Sham (HTS), una amplia diversidad de agrupaciones que al-Golani logra consolidar a pesar de las más variopintas diferencias. 

El HTC se compone de dos grandes grupos, que a su vez se subdividen en múltiples agrupaciones afiliadas, que suman las fuerzas de HTS. Estos son: el Ejército Nacional Sirio (ENS) y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS). El ENS constituye un enjambre de grupos extremistas (terroristas) aliados de los turcos. 

Su objetivo histórico fue combatir el Estado Islámico, pero en realidad su objetivo real ha sido siempre el de neutralizar las aspiraciones políticas de los kurdos en Siria. Por el contrario, el FDS declara objetivo luchar contra la ocupación turca del norte de Siria. Como podemos apreciar, el HTS es una alianza que tiene diversos intereses encontrados entre sí.

La poderosa alianza que reclutó al-Assad para sostener su gobierno logró debilitar considerablemente a sus enemigos y hacerlos replegarse hacia el norte entre el 2018 y el 2020. Pero no fueron derrotados, el conflicto se congeló. Es conocido que los rusos, luego de sus intensos bombardeos, se dedicaron a lograr acuerdos con los insurrectos en el norte, el este y el sur para pacificar la situación en general y consolidar nuevamente el gobierno de al-Assad. 

De esa manera se produjo el conocido acuerdo con la coalición de tribus rebeldes drusas de nombre Sala de Operaciones del Sur (SOS), quienes fueron los primeros en lograr el sitio de Damasco que provocó la salida de al-Assad. Los drusos son otra importante minoría religiosa (3%) dentro de la diversidad confesional siria.

El centro de operaciones del HTS había sido Idlib, donde según diferentes reportes, llevaron a cabo una administración pública impecable con financiamiento turco y ucraniano según se dice por algunas fuentes. 

Así, con un aura de buenos y tolerantes administradores, iniciaron su operativo desde Idlib hacia Alepo, la segunda ciudad más importante de Siria. Desde Alepo avanzaron por la autopista M5 sin resistencia alguna como si pudiésemos decir que de Alepo a Damasco un paso es.

Severino Valdez es ex rector del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y se desempeña como profesor de geografía política en esa universidad.

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MMM Holdings LLC acuerda pagar $15.2 millones por esquema de sobornos 

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La corporación MMM Holdings LLC, que provee en Puerto Rico las cubiertas de seguros de salud Medicare Advantage y Medicaid, aceptó pagar $15.2 millones para poner punto final a unas alegaciones  presentadas por la Fiscalía Federal de San Juan, que le imputó a la empresa haber establecido un esquema de sobornos entre el 2018 y el 2022 con el fin de sumar suscriptores para la cubierta Medicare Advantage. 

A través de un comunicado de prensa distribuido hoy lunes 23 de diciembre,  la Fiscalía Federal indicó que el esquema de sobornos consistió en que la corporación MMM Holdings LLC repartió tarjetas de regalos entre los asistentes administrativos de los proveedores de salud para que estos refirieran a sus clientes al plan de salud Medicare Advantage provisto por la aseguradora, la cual se conoce en el mercado local como «MMM».

El esquema de sobornos implicó violaciones al Estatuto Antisoborno y la Ley de Reclamos Falsos, según reveló la Fiscalía Federal y la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

La Fiscalía Federal sostuvo que el esquema de sobornos le permitió a MMM Holdings LLC obtener ganancias de $6 millones. 

El acuerdo negociado con MMM Holdings LLC tomó en consideración los esfuerzos realizados por la aseguradora para cooperar con la pesquiza y para implementar controles internos que eviten las gestiones comerciales que podrían violar las disposiciones de ley que prohíben el soborno.

El acuerdo con la Fiscalía Federal comprende también que la aseguradora aceptó firmar un Acuerdo de Integridad Corporativa con la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos. 

Este último acuerdo implica que la aseguradora deberá poner en vigor durante cinco años  procedimientos diseñados para garantizar que los acuerdos comerciales existentes o cualquier nuevo acuerdo comercial que se logre en el futuro no viole la ley antisoborno.

MMM también debe contratar a una organización de revisión independiente para que revise los sistemas que la aseguradora tiene implementados con el objetivo de identificar los acuerdos existentes o aquellos que se firmen en los próximos años y garantizar que no violen las disposiciones federales antisoborno.  

“Las investigaciones de fraude en el cuidado de salud son una prioridad para el Departamento de Justicia. Agradecemos la cooperación de MMM durante la investigación y su disposición para negociar una solución rápida”, señaló el fiscal federal W. Stephen Muldrow en declaraciones escritas.

MMM Holdings LLC opera en Puerto Rico bajo la corporación Anthem, Inc., una compañía de servicios de salud que posee 118 millones de suscriptores en los Estados Unidos.

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Suiza Dairy rechaza secretario de Agricultura promueva la compraventa de la empresa 

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Por Miguel Díaz Román

La empresa Suiza Dairy ha rechazado las actuaciones del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quien recientemente ha efectuado numerosas exhortaciones a favor de que los activos de la planta procesadora sean adquiridos por otras empresas, una gestión que se asemeja más a la que efectuaría un agente de bienes raíces y que el funcionario ha realizado sin que Suiza Dairy lo haya solicitado o autorizado.

Incluso, González Beiró se ha expresado a favor de que la próxima administración del gobierno que regirá la gobernadora elegida, Jenniffer González,  expropie los activos de Suiza Dairy.

Además, el secretario ha revelado que se ha reunido con posibles compradores de los activos de Suiza Dairy, los cuales, según ha mencionado el funcionario, incluyen una empresa local de distribución, otra de la industria lechera y una corporación de la industria lechera del este de Estados Unidos. 

El funcionario ha hecho los anuncios en las vistas del Comité de Transición, en programas de radio y televisión y recientemente en el periódico El Nuevo Día. En algunos de estos medios González Beiró ha declarado que el Grupo Gloria, corporación matriz de Suiza Dairy, se propone abandonar el mercado local.

Alegadamente, según reveló el secretario de durante la vistas del Comité de Transición, algunas de las empresas que han mostrado interés en adquirir a Suiza Dairy y “ya están haciendo los números”.

Sorprendida Suiza Dairy

En unas declaraciones escritas la empresa Suiza Dairy sostuvo que «nos sorprenden las recientes declaraciones del secretario de Agricultura, quien en su doble función como Administrador Interino de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), se ha pronunciado sobre la disposición de los activos de Suiza Dairy Corp».

«Es importante aclarar que hasta la fecha no se ha tomado ninguna decisión sobre los activos de Suiza Dairy Corp. en Puerto Rico. Por lo tanto, las declaraciones del Sr. González Beiró carecen de fundamento y son inapropiadas, dado que no posee capacidad legal para hablar en nombre de la compañía», indicó la empresa.

En las expresiones escritas la empresa también planteó una serie de interrogantes: «¿Con qué atribuciones el Sr. Ramón González Beiró hace declaraciones sobre la disposición de los activos de Suiza Dairy Corp.? ¿Acaso se considera el propietario de dichos activos?¿Cómo puede afirmar que Gloria abandona Puerto Rico? ¿Es eso lo que él pretende? ¿Tiene la autoridad para decidir sobre la disposición de los activos o determinar el futuro de las operaciones de Suiza Dairy Corp.? ¿Quién le otorgó el derecho para reunirse con interesados en los activos de Suiza Dairy Corp.? ¿No es esto una muestra de abuso de poder y prepotencia?».

De hecho, en las vistas del Comité de Transición el secretario anticipó que la salida del mercado de la planta de Suiza Dairy en Aguadilla y en San Juan causará una nueva oleada de decomisos de leche  a partir de las próximas semanas, debido a que las bajas temperaturas ya han comenzado a estimular un alza en la producción de leche en las vaquerías del país.

Falta de capacidad legal

El funcionario explicó que el alza en la producción causará un caudal de leche de tal magnitud que no podría ser manejado por las planta de Indulac y Tres Monjitas, lo que provocará inevitablemente que se ordene el decomiso de los excedentes. En ese contexto, González Beiró indicó que la entrada de un “nuevo operador” de los activos de Suiza Dairy podría evitar los decomisos.

En las vistas del Comité de Transición el secretario llegó al extremo de declarar que la posible transacción se podría concretar antes de que finalice el presente año, lo que evitaría los decomisos de leche.

Los decomisos de leche causarían un golpe adicional al sector ganadero, que ya ha sido afectado por los altos costos de producción y la baja en el consumo de leche, dos eventos adversos que están relacionados con la alta incidencia de quiebras de vaquerías registradas en 2024.

Llama la atención que el gerente general de Suiza Dairy, Pablo Vallejo, no ha emitido expresiones sobre la posibilidad de que existan empresas interesadas en comprar los activos de la Suiza Dairy o de que se hayan presentado  ofertas de compra en las pasadas semanas.

En las expresiones escritas Suiza Dairy también cuestionó la falta de capacidad legal de secretario para favorecer la compraventa de la empresa, lo que catalogó como una prueba de la “inseguridad jurídica” que ha experimentado durante la gestión de González Beiró como secretario de Agricultura y administrador interino de la ORIL.

Piden a la nueva administración

«Durante la vista de transición celebrada en la primera semana de diciembre, el Sr. González Beiró también se refirió a Suiza Dairy Corp. con expresiones que sugerían que él tenía la capacidad legal para decidir sobre los activos de la empresa, lo cual es completamente inapropiado. Este comportamiento es una evidencia más de la “inseguridad jurídica” que Suiza Dairy Corp. ha denunciado reiteradamente. Estas prácticas no solo afectan a la industria lechera local, sino que también desalientan a empresas extranjeras de realizar nuevas inversiones en Puerto Rico», sostuvo la empresa.

«Instamos a la administración entrante a tomar medidas estructurales para corregir de manera definitiva las actuaciones del Regulador, que han afectado no solo a muchos actores de la industria lechera en Puerto Rico, sino también a cientos de miles de familias puertorriqueñas, quienes se han visto privadas de contar con los productos de su preferencia y confianza, así como de recibir el servicio con la calidad que Suiza siempre ha ofrecido”, finalizó expresando la empresa.

Las expresiones del secretario también han ocurrido en momentos cuando en el Tribunal Federal de San Juan se ventila una demanda radicada por Suiza Dairy  que reclama que se declare a González Beiró y a la ORIL en desacato por incumplir un acuerdo alcanzado en ese tribunal en 2013. El citado acuerdo obliga a la entidad reglamentadora a garantizar una ganancia adecuada a los componentes de la industria lechera. Suiza Dairy alega en la demanda que ha perdido $172 millones por los incumplimientos de la ORIL.

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