Por Miguel Díaz Román

La Cooperativa de Seguros Múltiples (CSM) se reafirmó en que la depreciación del costo de la piezas necesarias para la reparación de auto accidentado es parte de los contratos de seguros de todas las aseguradoras del país y advirtió que el Tribunal de Apelaciones de San Juan no se pronunció sobre la validez de la aplicación de la depreciación como ha sostenido el bufete 1-800-LAW FIRM en un comunicado de prensa emitido hoy.

La CSM sostuvo que el Tribunal de Apelaciones decidió no emitir una decisión sobre la controversia que involucra la depreciación del costo de las piezas y señaló que el asunto continúa pendiente de adjudicación en el Tribunal de Primera Instancia​, según surge de unas de declaraciones escritas emitidas por la licenciada Cathleen Feliciano Torres, quien es la vicepresidenta de la división legal de la aseguradora.

De hecho, para respaldar su argumento a favor de que la depreciación es un recurso válido que figura en los contratos de seguros, en las declaraciones escritas la licenciada Feliciano Torres indicó que los demandantes contra la CSM han presentado cuatro pleitos de clase separados impugnando el uso de la depreciación y dos de esos pleitos «ya han sido desestimados».

De esta manera la CSM reaccionó a un comunicado de prensa emitido en la mañana de hoy por el bufete 1-800-LAW FIRM, en el que señaló que el Tribunal de Apelaciones había confirmado una determinación del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que rechazó la argumentación realizada por la CSM que intentaba justificar el uso de la depreciación en las piezas a ser reemplazadas durante las reparaciones de vehículos accidentados.

Apelativo no valoró depreciación

“No es correcto afirmar que el Tribunal de Apelaciones haya emitido una resolución
sobre la validez de la aplicación de la depreciación por parte de Cooperativa de
Seguros Múltiples, como se ha dado a entender. El Tribunal decidió no emitir decisión al momento, y el asunto sigue pendiente de adjudicación en el Tribunal de Primera Instancia​», indicó Feliciano Torres.

La abogada también indicó que «cabe destacar que los demandantes han presentado, de manera separada, cuatro pleitos de clase, de los cuales dos ya han sido desestimados».

De acuerdo con las declaraciones de Feliciano Torres, el uso de la depreciación garantiza que el pago de las reclamaciones «sea justo y razonable».

Recurso de indemnización aceptado

«La depreciación está claramente establecida en los contratos de seguros, de todas las aseguradoras del país, conforme al principio de indemnización universalmente reconocido y avalado por el Comisionado de Seguros de Puerto Rico. Este principio (de indemnización), que también se aplica por la industria de seguros en Estados Unidos, asegura que el pago de las reclamaciones sea justo y razonable», sostuvo la abogada.

En una resolución emitida el pasado 30 de abril, la jueza Iris Cancio González, del Tribunal de Primera Instancia de San, denegó un petición de la CSM para que se dictara una sentencia sumaria a su favor y en cambio instruyó a la aseguradora a demostrar la legalidad de la aplicación de un descuento por depreciación en una reclamación de pérdida parcial, la razonabilidad del método utilizado para calcular la depreciación, y la base fáctica para aplicar dicho descuento.

Insatisfechos con el fallo judicial, la CSM acudió al Tribunal Apelativo en busca de una revisión, la cual fue denegada el pasado 20 de noviembre.

“Denegamos la expedición del auto solicitado. Un examen del expediente del asunto ante nuestra consideración no refleja la existencia de prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la actuación del TPI. Tampoco consideramos que mantener la determinación de dicho foro represente un fracaso de la justicia”, sostuvo el Tribunal Apelativo.

Controversia regresa a Primera Instancia

La determinación emitida por el Tribunal de Apelaciones implica que la controversia continuará su trámite en el Tribunal de Primera Instancia y le tocará a la CSM demostrar la legalidad de la aplicación de la depreciación en una reclamación, según lo había ordenado la jueza Cancio González.

En relación con la continuación del pleito en el Tribunal de Primera Instancia, la licenciada Feliciano Torres indicó que la CSM «continuará defendiendo los principios de indemnización y la aplicación correcta de los términos contractuales, conforme al derecho vigente».

«En la CSM nos hemos distinguido por llevar a cabo el proceso de ajuste de reclamaciones enmarcado en pagos justos y razonables a nuestros asegurados y reclamantes, cumpliendo con la ley y los términos de la póliza de seguros. Como empresa de ley y orden comprometida con nuestros asegurados, nuestra prioridad es hacer las cosas correctamente, como siempre lo hemos hecho. Reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y la seriedad en la atención de este asunto», concluyó la vicepresidenta de la división legal de la CSM.

Posible pleito de clase

En su decisión la jueza Cancio González también advirtió a la parte demandante para “avalarse de los mecanismos de descubrimiento de prueba para obtener aquella evidencia necesaria para poner al Tribunal en condiciones de evaluar si se cumplen los requisitos de la Regla 20.1 para certificar un pleito como uno de clase”.

La controversia aflora en una demanda radicada por la ciudadana Lynette Rodríguez Flores contra la CSM por el alegado uso no autorizado de la depreciación para reducir el monto a pagar por una reclamación.

Según los hechos planteados en el Tribunal de Primera Instancia, el vehículo de la demandante, que estaba asegurado por su póliza de la CSM, resultó averiado en un accidente en octubre de 2020, tras lo cual la aseguradora estimó los costos de reparación en $4,544.07.

Finalmente, al aplicar la depreciación de un 20% la CSM restó $681.61 y determinó que el pago neto debía ascender a $4,199.96. Alegadamente, la póliza emitida a favor de la demandante por la CSM no establece que se aplicará una depreciación por el costo de las piezas para reparar el vehículo en caso de un accidente y mucho menos indica cómo se calculará esa depreciación.

Por Miguel Díaz Román

El Tribunal de Apelaciones confirmó una determinación del Tribunal de Primera Instancia de San Juan que rechazó la argumentación realizada por la Cooperativa de Seguros Múltiples (CSM) que intentaba justificar su práctica de aplicar depreciación a las piezas de a ser reemplazadas durante las reparaciones de vehículos accidentados, según informó el bufete 1-800-LAW FIRM en un comunicado de prensa.

El comunicado de prensa sostiene que la decisión del Tribunal de Apelaciones es «histórica» y, además, planteó que allana el camino para una acción legal y demanda de clase en el pleito incoado contra cuatro aseguradoras. Estas aseguradoras son la CSM, Mapfre, Triple S y Universal Insurance.

El bufete 1-800-LAW FIRM también sostuvo que el examen judicial de la controversia realizado por el Tribunal de Apelaciones no encontró fundamento legal para justificar las defensas presentadas por la CSM, las cuales que se apoyaba en afirmaciones de que su política de depreciación estaba autorizada por la Oficina del Comisionado de Seguros y que los asegurados renunciaron a sus derechos al aceptar el pago.

Además, según planteó el bufete 1-800-LAW FIRM, el Tribunal de Apelaciones señaló que el Tribunal de Primera Instancia colocó correctamente sobre la CSM el peso de demostrar la legalidad de estas prácticas.

Fallo con implicaciones

El bufete sostuvo que el fallo judicial podría tener implicaciones de gran alcance para miles de asegurados que pueden haber sido perjudicados por la misma práctica.

En una resolución emitida el pasado 30 de abril, la jueza Iris Cancio González, del Tribunal de Primera Instancia de San, denegó un petición de la CSM para que se dictara una sentencia sumaria a su favor y en cambio instruyó a la aseguradora a demostrar la legalidad de la aplicación de un descuento por depreciación en una reclamación de pérdida parcial, la razonabilidad del método utilizado para calcular la depreciación, y la base fáctica para aplicar dicho descuento.

Insatisfechos con el fallo judicial, la CSM acudió al Tribunal Apelativo en busca de una revisión, la cual fue denegada de manera tajante el pasado 20 de noviembre.

«Denegamos la expedición del auto solicitado. Un examen del expediente del asunto ante nuestra consideración no refleja la existencia de prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la actuación del TPI. Tampoco consideramos que mantener la determinación de dicho foro represente un fracaso de la justicia», sostuvo el Tribunal Apelativo.

La determinación de la jueza surgió en una demanda radicada por la ciudadana Lynette Rodríguez Flores contra la CSM por el alegado uso no autorizado de la depreciación para reducir el monto a pagar por una reclamación.

La jueza Cancio González también advirtió a la parte demandante para “avalarse de los mecanismos de descubrimiento de prueba para obtener aquella evidencia necesaria para poner al Tribunal en condiciones de evaluar si se cumplen los requisitos de la Regla 20.1 para certificar un pleito como uno de clase”.

Póliza no contempla depreciación

Según los hechos planteados en el Tribunal de Primera Instancia, el vehículo de la demandante, que estaba asegurado por su póliza de la CSM, resultó averiado en un accidente en octubre de 2020, tras lo cual la aseguradora estimó los costos de reparación en $4,544.07.

Depreciación de 20 %

Pero del desglose de pagos presentado por la ajustadora de CSM, Ana Bauzá Rosas, surge que al costo neto de piezas necesarias para reparar el vehículo se le aplicó un “descuento” de 25%, una depreciación por 30%, y el deducible de $250, establecido en la póliza, lo redujo el monto a pagar por la reclamación a $3,859.15.

Luego, el esposo de Rodríguez Flores, el señor Richard Dunnam, cuestionó el uso de la depreciación y adujo que era incorrecto. Como resultado de esa queja la CSM determinó que la depreciación aplicable era de 20 % y no 30 %. Finalmente, al aplicar la depreciación de un 20% la CSM restó $681.61 y determinó que el pago neto debía ascender a $4,199.96.

No obstante, en la póliza emitida a favor de la demandante por la CSM no se establece que se aplicará una depreciación por el costo de las piezas para reparar el vehículo en caso de un accidente y mucho menos indica cómo se calculará esa depreciación.

Duro golpe para la CSM

“Por más de una década, la práctica de CSM de automáticamente aplicar una depreciación en las piezas de reemplazo ha resultado en reducciones de millones de dólares en los pagos a los asegurados . Estas deducciones han obligado a los consumidores a cubrir gastos que su seguro estaba destinado a proteger, socavando el mismo propósito de los contratos de seguro”, destacó el licenciado Francisco Colón Ramírez, abogado del bufete 1-800-LAW FIRM en representación de los consumidores demandantes.

Colón Ramírez explicó que tales prácticas no se ajustan a las prácticas de la industria de seguros en los Estados Unidos, pero los asegurados puertorriqueños han sufrido estas políticas injustificadamente.

De acuerdo con las declaraciones del bufete, las implicaciones de este fallo judicial son profundas debido a que una posible determinación del Tribunal de Primera Instancia a favor de que el pleito sea certificado como una acción de clase, abriría el camino para que miles de asegurados afectados reivindiquen sus derechos.

La CSM ha planteado que el caso podría tener un efecto adverso en sus finanzas y, entre sus argumentos, ha sostenido que el Tribunal debería desestimar el caso porque responsabilizar a la aseguradora podría hacer colapsar su estabilidad financiera.

«Los tribunales existen para hacer justicia, no para proteger a entidades de las consecuencias de su propia conducta ilícita y nosotros apoyamos a los asegurados que han sido impactados por esta práctica. La batalla está lejos de terminar, pero esta decisión nos acerca más a nuestra meta de terminar con esta práctica injustificada” concluyó diciendo el abogado Colón Ramírez.

Por Miguel Díaz Román

En momentos cuando apenas faltan semanas para que se cumplan dos años luego de que la Oficina del Comisionado de Seguros recuperó la acreditación de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC), ha trascendido que la acreditación se encuentra nuevamente en peligro debido a las acciones del aún Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega.

En un reciente memorando emitido el pasado 14 de octubre por el llamado Grupo Puerto Rico (Grupo PR) de la NAIC, del que SN tiene una copia, surge de manera escueta que la acreditación de la OCS podría estar sujeta a la revocación, suspensión o colocarse en un estado de “libertad condicionada”.

El Grupo PR fue creado por el Comité de normas y acreditación de la NAIC con el fin de analizar el impacto de la ley 49 de 2024, que fue firmada por el gobernador Pierluisi el pasado mes de febrero.

Los miembros del Grupo PR son los Comisionados de Seguros Eric Dunning, de Nebraska; Scott A. White, de Virginia; Jon Godfread de North Dakota; Lori K. Wing Heier de Arkansas; Andrew N. Mais de Connecticut State y Elizabeth K. Dwyer de Rhode Island.

La ley 49 establece, entre otras disposiciones, que las aseguradoras internacionales (II por sus siglas en inglés) instaladas en el Centro Internacional de Seguros (CIS) podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en Estados Unidos.

También  introduce una enmienda al Código de Seguros para establecer que un asegurador internacional no podrá solicitar reciprocidad en otros estados por estar domiciliado en Puerto Rico.

Además, aclara que los aseguradores internacionales podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en los estados de Estados Unidos, siempre que cumplan con las leyes de esas jurisdicciones. No obstante, ya estas disposiciones existen en la reglamentación del CIS.

Un elemento novedoso de la medida es que obliga al Comisionado de Seguros a proteger y promover el desarrollo del CIS y además establece que el funcionario deberá rendir un informe anual ante la Asamblea Legislativa, en o antes del 30 de junio de cada año, sobre los esfuerzos realizados por la OCS para cumplir con el requerimiento de proteger el CIS.

Las recomendaciones del Grupo PR de la NAIC para denegar o condicionar la acreditación de la OCS han hecho sonar las alarmas entre el grupo de incondicionales de Adams Vega, quienes han ejecutado lo indecible para que mantener en secreto los peligros que amenazan la acreditación, ante la inminente evaluación sobre el desempeño de esa oficina que realizará el Comité de Transición el próximo 6 de diciembre.

En ese momento a la administración de Pierluisi le faltarían tres semanas para abandonar el gobierno el próximo 31 de diciembre.

Misiva urgente

Ante el efecto adverso que causaría que la OCS pierda nuevamente su acreditación, los senadores Juan Zaragoza Gómez y Carmelo Ríos enviaron una misiva urgente a la NAIC el pasado 14 de noviembre con el objetivo de definir claramente los efectos de la ley 49 y para aclarar las conjeturas efectuadas por el Grupo PR que surgen del memorando.

Es preciso destacar que el gobernador Pierluisi convirtió el Proyecto del Senado 1352, radicado por Zaragoza Gómez, en la ley 49 a pesar de que Adams Vega realizó un férreo cabildeo en la legislatura para que la medida no fuera aprobada.

De hecho, desde que Adams Vega fue nombrado Comisionado de Seguros a finales del 2022 utilizó las prerrogativas de su cargo para impedir que las aseguradoras instaladas en el CIS reaseguren riesgos localizados en Estados Unidos.

Adams Vega había advertido que permitir el reaseguro de riesgos en Estados Unidos por las aseguradoras instaladas en el CIS podría causar que la OCS perdiera la acreditación de la NAIC.

Adams Vega en contra del CIS

La acreditación fue suspendida en julio de 2020 tras la NAIC rechazar la aprobación que realizó la OCS en 2018 de una transacción financiera a favor de unas aseguradoras instaladas en el CIS, que pudo colocar en peligro a miles de asegurados en los Estados Unidos. 

La citada transacción fue avalada por el ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos. En aquel momento Adams Vega fungía como comisionado auxiliar de Asuntos Legales de la OCS.

Luego de asumir oficialmente el cargo de Comisionado de Seguros, Adams Vega emitió la carta circular 2022-2007 el 7 de diciembre de 2022, la cual impuso a las aseguradoras instaladas en el CIS la obligación de cumplir con varios requisitos que figuran como exigencias obligatorias a las aseguradoras tradicionales que operan en el mercado local. 

Informe imputa fraude a Comisionado

 Las aseguradoras instaladas en el CIS no ofrecen sus servicios el mercado local sino en jurisdicciones en los Estados Unidos y en países extranjeros.

Tras la emisión de la carta circular 2022-2007, la NAIC informó la aprobación de reacreditación de la OCS el 12 de diciembre de 2022.

No obstante, el informe de la Resolución del Senado 612, radicada también por el senador Zaragoza Gómez, concluyó que Adams Vega cometió fraude al representar falsamente que había prohibido por la vía administrativa, a través de la carta circular 2022-2007, que los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS hicieran negocios en los Estados Unidos.

Según el informe, ese tipo de determinación requería una enmienda a la ley matriz CIS, la Ley 399 de 2004.

Tras la aprobación del PS 1352 por la Cámara de Representantes y el Senado, Adams Vega derogó la carta circular 2022-2007 el 19 de enero de 2024. La derogación ocurrió luego de que el Comité Ejecutivo de la NAIC realizó una sorpresiva visita en San Juan los días 12 y 13 de enero que fue mantenida en secreto.

No a las aseguradoras multiestatales

En síntesis, el Grupo PR recomienda tomar medidas contra la acreditación de la OCS en la medida que la ley 49 impide que las regulaciones de la NAIC sobre las II se puedan aplicar a las aseguradoras que operan en el CIS.

Específicamente, la contención de la Grupo PR gira en torno a que no se puede impedir que las II operen también como aseguradoras multiestatales o que participen en actividades de seguros en varios estados.

Sobre ese particular el memorando del Grupo PR indica: “una opción disponible para el comité es tomar una acción formal sobre la situación de acreditación de la OCS en función de las inquietudes con respecto a la incapacidad de aplicar los estándares de la Parte A a las II o impedir que participen en actividades de seguros en varios estados. Se podrían tomar varias medidas posibles según la determinación que se realice sobre el impacto de la PS 1352 (ley 49), ya que ciertas medidas requieren que el comisionado tenga la autoridad para remediar el problema dentro de un plazo razonable. Una lista de posibles medidas son la libertad condicional, suspensión o revocación”.

Además, el memorando del Grupo PR sostiene que, tras la revocación de la acreditación, la OCS podría presentar una apelación ante un panel que evaluaría los argumentos y deberá emitir una determinación, la cual sería final y firme en tan solo 30 días.

“Si el comité decide suspender o revocar la acreditación de la OCS, esa oficina tendrá el derecho de apelar esa decisión de acuerdo con los procedimientos de apelación para las normas de regulación financiera y el Programa de Acreditación de la NAIC. Un panel de audiencias revisaría la justificación escrita de la OCS para la apelación y estaría obligado a emitir una determinación final dentro de treinta (30) días. Esta decisión sería definitiva y no estaría sujeta a más impugnaciones o apelaciones”, señala el memorando.

Las aseguradoras del CIS no son multiestatales

En reacción a este planteamiento la carta de los senadores Zaragoza y Ríos explica que las II establecidas en CIS no pueden operar como aseguradoras multiestatales o participar de actividades de seguros en varios estados.

“Las aseguradoras y reaseguradoras internacionales de Puerto Rico que operan bajo la ley 399 del CIS no son aseguradoras multiestatales para los fines del Programa de Acreditación de la NAIC, ya que no pueden tener licencia en un estado o territorio de los Estados Unidos que no sea Puerto Rico. La única excepción a este principio general se aplica a algunas aseguradoras y reaseguradoras internacionales que bajo la ley del CIS reciben una autorización de categoría especial bajo la Regla 100 del Código de Seguros de Puerto Rico para reasegurar riesgos de residentes ubicados en Puerto Rico”, señala la carta de los senadores.

La misiva también explica que las II que reciban la citada autorización de categoría especial para reasegurar riesgos de Puerto Rico deben haber cumplido con los mismos requisitos de capitalización, superávit, depósito, inversión y otros requisitos de autorización de financiamiento que se le exige a las aseguradoras domésticas organizadas en Puerto Rico.

“Las II que tengan una autorización de categoría especial para reasegurar riesgos de Puerto Rico pueden calificar como aseguradores «multiestatales» en la medida en que busquen y obtengan autorización para reasegurar riesgos como un reasegurador acreditado en un estado o territorio que no sea Puerto Rico”, aclaran los senadores en la carta.

Zaragoza Gómez y Ríos también le señalan al comité de la NAIC que la acreditación de la OCS que está vigente actualmente es totalmente compatible con las disposiciones de la Ley 49.

Puerto Rico no debería perder su acreditación

Incluso, los senadores advierten que la ley 399 o ley matriz de CIS de Puerto Rico es comparable la Ley Modelo de Compañías de Células Protegidas de la NAIC o la Ley Modelo Uniforme de Aseguradoras Cautivas del Consejo Nacional de Legisladores de Seguros, dos leyes modelo que han sido adoptadas por numerosos estados y territorios de los Estados Unidos.

“Por lo tanto, así como los estados y territorios de los Estados Unidos que adopten cualquiera de las leyes modelo anteriores que regulan las aseguradoras de células protegidas y las aseguradoras cautivas no pueden perder su estatus de acreditación de la NAIC basándose únicamente en el hecho de que hayan adoptado una ley especial que rija dichas entidades, Puerto Rico tampoco puede perder su acreditación de la NAIC por haber optado por adoptar la ley 399 de 2004 y establecer un CIS”, concluyeron los senadores en su misiva.

 Por su parte, Adams Vega discrepó de las conclusiones del memorando del Grupo PR y defendió las gestiones realizadas por la OCS durante su incumbencia, en una comunicación confidencial de la que SN tiene copia, enviada el pasado 30 de octubre a la NAIC.

La misiva fue enviada a Daniel Schelp, quien es el abogado principal de la División legal y asuntos regulatorios de la NAIC; Eric Dunning, que es el presidente del Grupo PR y Lori K. Wing Heir, quien es miembro del Grupo PR y presidenta del Comité de Normas de Regulación y Acreditación Financiera de la NAIC.

Se defiende Adams Vega

En la carta Adams Vega sostiene que existen disparidades entre los hechos y el análisis en los informes de la División Legal de la NAIC de 2022 y 2024. También alega que el memorándum y el Informe contienen una interpretación errónea de la resolución del senado 612, la cual, según indica el Comisionado, carece de fundamento para declarar ilegal certas prácticas administrativas.

Sostiene, además, que el informe de la División Legal malinterpreta la aplicación de la derogada carta circular 2022-2007 y que la Ley 49 de 2024 no es vinculante para otros estados. También advierte que el análisis del memorando no considera en su totalidad el alcance operativo de las II.

“Cabe señalar que la promulgación de la Ley 49 de 2024 no alteró el marco legal que regía a las aseguradoras internacionales en 2022, ni restringe la autoridad regulatoria de la OCI y no impide sus prácticas administrativas con respecto a las aseguradoras internacionales”, sostiene la comunicación.

Como asunto relevante Adams Vega indica que el informe y el memorándum omiten hacer referencia a la carta normativa 2024-349 adoptada por la OCS el 23 de febrero de 2024.

Esa carta normativa, según señala el Comisionado, obliga a todas las aseguradoras internacionales a notificar a la OCS antes de realizar negocios en otras jurisdicciones, facilitando la comunicación transparente y asegurando que los otros estados estén informados de las diferencias regulatorias aplicables para evitar operaciones de aseguradoras internacionales en otros estados.

Memorando en contra de acreditación

Adams Vega también indica que el Informe y el memorando parecen inclinarse hacia una acción formal contra la acreditación de la OCS, y no favorecen la segunda alternativa para lidiar con el efecto de la ley 49, que es garantizar mayor información y transparencia al Comité de normas y acreditación de la NAIC.

En defensa de las acciones durante su gestión, Adams Vega sostiene que ninguna acción administrativa adoptada por la OCS en relación con las II ha sido impugnada o revocada por un tribunal. Además, el Comisionado indicó que a pesar de la ley 49 de 2024, las prácticas administrativas actuales de la OCI cumplen con el manual de acreditación de la NAIC.

Un aspecto relevante de esta controversia es que de la comunicación enviada por Adams Vega se desprende que fue él quien recomendó a la NAIC crear el Grupo PR, que es la entidad actualmente recomienda revisar la acreditación de la OCS.