¿Ha comenzado una nueva Era de Iluminación en los Estados Unidos? ¿Son los aranceles el instrumento idóneo para promover la prosperidad “perdida” de los Estados Unidos y sus socios comerciales?
De entrada hay que reconocer que el historial de los aranceles en el mundo ha sido cuestionada como instrumento idóneo para garantizar la prosperidad nacional y de los socios comerciales. El Presidente de los E.U., el cual adujo en su campaña política que la palabra más hermosa del diccionario era arancel y mediante este mecanismo prometió un nuevo futuro a esta nación.
Desde su comienzo en Casa Blanca, Trump argumenta que la ‘’grandeza perdida’’ se recuperaría, entre otras cosas, con la implantación de una política arancelaria a todos los países principales que son socios comerciales—México, Canadá y la República Popular de China , pero añade a Europa y a otros. Según el presidente, todos ellos han abusado de la generosidad norteamericana.
Sin embargo, las fallas fundamentales en el discurso económico del Presidente Trump, el cual no ha sido recibido con beneplácito por la mayoría de los economistas, entre ellos por 23 Premios Nobel de Economía, el reputado economista Dr. Arthur Laffer, exasesor de Ronald Reagan y galardonado por el mismo Trump, y más reciente por Mark Zandi de Moody’s.
La primera falla radica en que los aranceles son sólo instrumentos para parcialmente ajustar las políticas de comercio internacional en un grupo selecto de productos que compiten con aquellos producidos nacionalmente.
El agravante de ellos es históricamente surge una retaliación o contraofensiva de los países implicados, generándose una espiral de aumentos en precios y costos creándose una Guerra Comercial donde ninguna de las partes resulta ganadora.
En segundo lugar, el arancel, en este caso, es pagado por los bolsillos de los norteamericanos, aunque podría tener efectos perversos en la demanda por los bienes de los países socios comerciales.
Un análisis de la firma Tax Foundation nos lleva a concluir que cada familia podría estar pagando entre $1,500 a $2,200 por adquirir los bienes con aranceles.
En tercer lugar, los aranceles también caen sobre el costo de la materia prima tales como aluminio, acero y otras. Es conocido que las exportaciones de los EE.UU tiene contenido de importaciones (materia prima y bienes semi-elaborados) los cuales serán encarecidos.
Por ejemplo, una guagua F 150, podría aumentar su precio, sólo por el costo de la materia prima, en unos $400 por unidad.
En cuarto lugar, el Presidente Trump apuesta a que las empresas ubicadas en el extranjeros tanto de EE.UU como de otros país, trasladaran sus operaciones a suelo norteamericano.
Representantes de la industria automotriz de EE.UU con plantas en México y Canadá, creen que además de romper la lógica de la cadena de valor creada desde los 1970, desmontar una planta y crear otra en otro lugar, toma tiempo y encarece la inversión.
En quinto lugar, trasladar una planta de una economía nacional a los EE.UU., genera un esquema de juego suma cero (zero-sum game). Esto es, mientras E.U. ganaría empleo, ingreso y producción es porque en otros lugares se pierde.
Mientras que EE.UU gana riqueza es porque otra economía que es socio comercial, pierde la misma. Si es así, una economía con menor riqueza y menor poder de compra, habrá de comprar menos la producción de EE.UU.
En resumen, los aranceles carecen, dentro de su dimensión comercial y económica, de los elementos para promover la prosperidad económica; por el contrario, han probado ser en su marco histórico, fallidos para aumentar la prosperidad nacional y la internacional.
Recordemos que en esta era global -no por diseño sino por mecanismos del mismo sistema capitalista internacional- la prosperidad de una nación depende de que otros países socios de los bienes y servicios producidos por EE.UU tengan igual de prosperidad.
Como ocurre todos los años, ha llegado el momento en que los patronos tienen la oportunidad de explorar las alternativas y los mejores beneficios que están disponibles en el mercado para el Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal (SINOT), que es un requisito de ley para todos los trabajadores del sector privado.
El seguro SINOT garantiza determinados beneficios a los trabajadores asegurados que han sufrido una interrupción en el pago de sus salarios como resultado de una incapacidad ocasionada por una enfermedad o lesión accidental que no está relacionada con el empleo ni con un accidente de automóvil, según explicó Manuel Martin Rivera, quien es el vicepresidente auxiliar de desarrollo empresarial-salud para la aseguradora MAPFRE LIFE INSURANCE COMPANY OF PUERTO RICO, conocida como MAPFRE LIFE.
El seguro SINOT es el resultado de la ley 139 de 1968 conocida como Ley de Beneficios por Incapacidad No Ocupacional Temporal.
Martin Rivera sostuvo que el seguro SINOT opera como un complemento para la cubierta de protección por accidentes en el trabajo que ofrece la Corporación del Fondo de Seguro de Estado, creada por la ley 45 de 1935, y para la cubierta de protección por accidentes de tránsito que provee la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, establecida por la ley 138 de 1968.
La ley matriz de SINOT exige una cubierta básica la cual es ofrecida por el Departamento del Trabajo y a su vez por el mercado privado de seguros. Además, la ley permite que las aseguradoras privadas puedan mejorar los beneficios de la cubierta básica.
Otro aspecto del seguro SINOT es que el pago de la prima lo puede realizar el patrono en su totalidad o puede alcanzar un acuerdo que viabilice la participación de los trabajadores en el pago de la prima.
«Pero el empleado no pagará más de 50% de la prima», indicó Dinorah Viruet Maestre, quien es Gerente del área técnica de seguros de vida de MAPFRE LIFE INSURANCE COMPANY OF PUERTO RICO.
Para un trabajador que sufrió un accidente fuera de sus horas laborales, el cual le ha causado una incapacidad temporal que le impide cumplir con su trabajo, la cubierta básica provee un beneficio semanal que garantiza el pago del 65 % de salario hasta un máximo de $113 semanales. Este beneficio estará vigente mientras dure la incapacidad por un máximo de 26 semanas.
Además, la cubierta básica provee un beneficio por muerte de un trabajador asegurado de $4,000 y un beneficio por desmembramiento de entre $2,000 y $4,000.
Viruet Maestre sostuvo que la cubierta SINOT que ofrece MAPFRE LIFE provee para que el patrono contrate un beneficio semanal de hasta $200 para aquel trabajador que sufrió un accidente fuera de sus horas laborales, el cual le impide cumplir con su trabajo. Con una ventaja de poder incluir un seguro funeral de entre $2,000 a $5,000.
Otra ventaja competitiva de la póliza SINOT de MAPFRE LIFE es que se puede aumentar a 30 semanas el tiempo en que el trabajador incapacitado recibirá el pago semanal, lo que implica un incremento de cuatro semanas en relación con las 26 semanas que dispone la póliza básica.
Viruet Maestre también indicó que la cubierta SINOT que ofrece MAPFRE LIFE el patrono puede contratar un beneficio adicional por muerte accidental de hasta $6,000.
Otro aspecto atractivo de la cubierta SINOT de MAPFRE LIFE es que la prima puede ser más económica que el costo de la cubierta básica, según advirtieron tanto Martin Rivera como Viruet Maestre.
La cubierta básica propone una prima cuyo costo es de 60 centavos por cada $100, el cual se computa según los primeros $9,000 de ingreso que reciba cada trabajador de la empresa.
«Moviéndose un patrono a un plan privado tiene la ventaja de que el costo, dependiendo de la industria de ese patrono, puede ser mucho menor a esa cantidad y tiene la opción entonces de dar mejores beneficios», dijo Viruet Maestre.
«Podemos decir que, en promedio, nuestra tarifa (la de MAPFRE LIFE) está por debajo de la cubierta del gobierno (la cubierta básica) y esto le conviene al patrono y más que estamos hablando de un seguro mandatario», agregó Martin Rivera.
La cubierta SINOT que ofrece MAPFRE LIFE es un producto de MAPFRE LIFE INSURANCE COMPANY OF PUERTO RICO y contamos con más de 20 años en dicho mercado.
Viruet Maestre indicó que otros beneficios que ofrece la cubierta SINOT de MAPFRE LIFE es que la tramitación de las reclamaciones se realiza de manera rápida y eficiente, pues la aseguradora tiene una división especializada en el manejo de esta póliza.
«Nosotros tenemos un equipo de vasta experiencia en el área de SINOT y ofrecemos una atención personalizada. Los patronos y sus empleados pueden someter sus reclamaciones a través de nuestro correo electrónico de reclamaciones, lo que permite una mayor agilidad en la apertura de la reclamación y en la verificación de la misma», dijo Viruet Maestre.
Otro beneficio que garantiza la aseguradora MAPFRE LIFE es que los patronos pueden radicar su informe de nómina tributable y pagar la prima a través de un sistema electrónico que fue establecido recientemente.
«Antes las planillas se enviaban por correo regular y ahora este nuevo proceso simplifica el que se puedan manejar las planillas más rápidamente y más cómodamente para los patronos», reveló la ejecutiva.
El periodo de inscripción del seguro SINOT en MAPFRE LIFE comenzó el 1 enero y se extiende hasta el 25 abril de 2025.
El periodo de vigencia de la póliza comienza el 1 de julio de 2025 y se extiende hasta el 30 de junio de 2026.
Los patronos o empleados que quieran obtener más información sobre el seguro SINOT de MAPFRE LIFE se pueden comunicar al teléfono 787-753-6161 o envíanos un email a suscripcionvida2@mapfrepr.com.
El representante Jorge Navarro Suárez sostuvo que se propone desenmascarar a todos los intermediarios que, alegadamente, se benefician de las primas de los seguros que paga el gobierno para proteger sus propiedades, en un intento de salvar una medida que ha sido objetada por el Comisionado de Seguros, la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese) y el Departamento de Hacienda.
El Proyecto de la Cámara 341, radicado por Navarro Suárez, impone un cargo de 5 % a la comisión que reciben de los corredores que manejan los seguros del gobierno. La medida busca generar ingresos para beneficiar a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y a los municipios del país.
El Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, Acodese y el Departamento de Hacienda han sostenido que gravar la comisión que reciben los corredores con un cargo de 5% causará un alza en la prima de los seguros que cada año adquiere el gobierno, las cuales incluyen, entre otras, cubiertas contra daños catastróficos para propiedades y responsabilidad pública.
Pero Navarro Suárez ha replicado que insistirá en la aprobación de la medida porque está convencido de la viabilidad del cargo del 5 % y anunció que las vistas públicas del PC 341 continuarán.
Intermediarios en la mirilla
Sostuvo que las comisiones que reciben los corredores de seguros benefician a determinados intermediarios «que no hacen nada», los cuales estarían vinculados a la cadena de servicios relacionados con la colocación de la póliza.
«Me he enterado que hay otros componentes en la cadena del seguro, como un broker que se gana un 21 % por hacer nada. Hay una cadena de distribución de porcentajes que está desnivelada por completo. Personas que no hacen nada o hacen una gestión, una llamada telefónica o algo, y se ganan un 21 % de (la prima) del gobierno. Lo que quiero es exponer eso sobre la mesa y resdistribuirlo, porque se le está dando dinero a gente por hacer nada. Se ganan una purruchá de chavos y aquí estamos buscando recursos para que la OCS tenga las tecnologías y los recursos y el personal necesario, porque los salarios que se pagan (en la OCS) no están a tono con la competencia en el mercado. Nadie va a trabajar por dos mil y pico de pesos, cuando en el mercado pagan un montón. Las vistas siguen y vamos a desenmascarar todo esto», dijo el representante.
Navarro Suárez expresó que insistirá en la aprobación de la medida a pesar de que ha sido rechazada por el Comisionado de Seguros, Acodese y el Departamento de Hacienda.
Adams Vega reconsidera
Incluso, el legislador reveló que Adams Vega se dirige a reconsiderar su objeción al cargo de 5 %.
«Yo tuve una reunión con el Comisionado hace una semana atrás y él va a reevaluar su oposición a la medida», sostuvo Navarro Suárez, quien es el nuevo presidente de la Comisión de Banca, Seguros y Comercio de la Cámara de Representantes.
Adams Vega se ha opuesto al citado cargo de 5 % a los corredores del gobierno, pero ha respaldado el objetivo del PC 341 que busca dotar de recursos económicos a la OCS.
No obstante, la medida no atiende la situación real que afecta a la OCS y es que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha avalado recortes significativos al presupuesto de esa entidad reguladora, la cual no recibe asignaciones del Fondo General sino que genera sus propios recursos por medio de cobro de licencias, cuotas anuales y multas.
En su ponencia el Comisionado denunció que la JSF no ha reconocido la autonomía fiscal de la OCS y señaló que en los últimos presupuestos se ha aprobado con un déficit de hasta $2 millones. En 2024 el presupuesto de la OCS ascendió a $12.6 millones.
Adams Vega recomendó varias alternativas para generar ingresos que podrían cumplir el objetivo de la medida sin causar un alza en las primas que adquierte el gobierno. Entre estas figura exigir que los aseguradores que paguen directamente el costo de las auditorías que ordena el Código de Seguros. Actualmente los aseguradores reembolsan esos costos a la OCS.
Aseguradores deben pagar
Adams Vega propuso que los aseguradores paguen también los estudios actuariales para la aprobación de nuevos productos. Otra propuesta es que se revise el cargo de $3 para sufragar el costo de copias de demandas judiciales y por el servicio de emplazamientos.
Otra alternativa propuesta por Adams Vega es que los aseguradores paguen el costo de las campañas educativas que realiza la OCS para que la ciudadanía conozca los derechos y las obligaciones que tienen como consumidores de seguros.
La licenciada Iraelia Pernas, directora ejecutiva de Acodese, explicó en su ponencia que el cargo de 5 % a la comisión de los corredores del gobierno causará un alza en las primas que paga el gobierno
Pernas sostuvo que los corredores «podrían exigir un aumento en el porcentaje de su comisión, lo que a su vez redundaría en un aumento en las primas de los seguros. No se puede ver la imposición de contribuciones o gravámenes como un evento aislado. La realidad es que estos impuestos redundan en presiones inflacionarias cuya consecuencia es el aumento en las primas de las pólizas de seguros».
Administración inadecuada
La directora ejecutiva de Acodese señaló que aunque es cierto que la OCS carece de un presupuesto adecuado «la imposición de esta contribución es cuestionable, ya que existen otras fuentes de ingreso que deberían estar cubriendo las necesidades de la OCS».
«El verdadero problema no es la falta de fondos, sino su administración inadecuada. En lugar de aprobar este impuesto, el enfoque debe estar en la transparencia y la eficiencia en la asignación de los recursos que ya se generan», indicó la directora ejecutiva de Acodese.
Pernas también se opuso «al intento de utilizar la industria de seguros como fuente de ingresos para los municipios, lo cual carece de fundamento y representa una carga desproporcionada e injustificada sobre este sector».
Grave dilación en el CIS
Por su parte, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, advirtió sobre el posible efecto alcista que causaría el cargo de 5 % en las primas que paga el gobierno.
«Se debe analizar si la misma pudiera tener el efecto no considerado ni deseado de incrementar el costo de los seguros con el fin de compensar por la referida aportación. De igual forma, recomendamos que se evalúe el impacto de esta pieza legislativa sobre los contratos ya pactados», dijo Pantoja Rodríguez.
La Asociación de Aseguradores Internacionales de Puerto Rico (PRIIA), que operan en el Centro Internacional de Seguros (CIS), respaldó el objetivo de PC 341 de aumentar el presupuesto de la OCS, pero se abstuvo de opinar sobre el cargo de 5 %.
«Nos parece que el asunto de la retención de un 5% contemplado en el PC 341 es uno que a quienes corresponde abordar en el proceso legislativo es a aquellos componentes de la industria de seguros en Puerto Rico que se relacionan con el área de los Seguros Públicos», indicó Hugo Córdova, presidente de PRIIA.
Córdova denunció que la división de la OCS que atiende el CIS no cuenta con examinadores y personal actuarial, los cuales son necesarios para ofrecer servicios a una población de 33 aseguradores internacionales.
Sostuvo que la falta de personal causa una grave dilación en la obtención de autorizaciones y otros trámites para los nuevos aseguradores qu desean operar en el CIS lo que «ha resultado en la pérdida de valiosas oportunidades de crecimiento en el sector de seguros en Puerto Rico».
La jueza María Antongiorgi Jordán del Tribunal Federal de San Juan ha desestimado por falta de jurisdicción la petición realizada por la empresa Suiza Dairy para que se encuentre en desacato a la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) por, alegadamente, violar un acuerdo alcanzado en ese tribunal en 2013, que incluye el reglamento 12, el cual fue adoptado como parte del acuerdo.
El citado acuerdo y el reglamento 12 pretenden garantizar márgenes adecuados de ganancia a las plantas procesadoras de leche.
La solicitud de desacato radicada por Suiza Dairy también incluyó a la planta Indulac por, alegadamente, haber retenido de manera ilegal $3.1 millones, recaudados bajo el esquema de acumulación regulatoria implementado por el Reglamento 12.
Antongiorgi Jordán concluyó que la jurisdicción del Tribunal Federal sobre el acuerdo alcanzado en 2013 expiró el 31 de diciembre de 2017 y, además, ha rechazado los planteamientos de Suiza Dairy sobre que ese tribunal aún conserva jurisdicción para hacer cumplir el acuerdo.
La jueza planteó que a partir de los argumentos de Suiza se podría concluir que ese tribunal mantiene una jurisdicción indefinida sobre el acuerdo, lo cual, según sostuvo la jueza, fue rechazado por el juez federal Daniel Dominguez, quien presidió el caso que finalizó con el acuerdo alcanzado en ese tribunal en 2013.
Sin jurisdicción el tribunal federal
De hecho, la jueza Antongiorgi Jordán finalizó su decisión recordando las expresiones del juez Domínguez sobre el caso y quien declaró a viva voz en su sala once años atrás: “les digo a todos que este caso ha concluido».
«Este Tribunal ya no conserva la jurisdicción federal sobre ningún aspecto de este caso», sostuvo la jueza, quien, para respaldar su conclusión, cita dos determinaciones que sientan jurisprudencia las cuales sostienen que «los tribunales federales tienen jurisdicción limitada» y «no tienen jurisdicción inherente para hacer cumplir un acuerdo transaccional por el simple hecho de haber presidido un caso».
La determinación de la jueza, que consta de 10 páginas y fue emitida ayer 27 de marzo, avala las interpretaciones realizadas por la ORL y por la empresa Indulac, quienes presentaron una solicitud de desestimación a la petición de desacato de Suiza, radicada el 3 de mayo de 2024, argumentando que la jurisdicción del tribunal sobre el acuerdo expiró el 31 de diciembre de 2017.
En su decisión la jueza transcribió una parte del texto de la sentencia enmendada del caso, emitida el 7 de noviembre de 2013, en la que el juez Domínguez incluyó los acuerdos logrados en una conferencia de conciliación.
La sentencia incluyó una disposición que establece el alcance de la jurisdicción federal sobre el acuerdo, la cual sostiene que «el Tribunal conservará la jurisdicción federal para ejecutar el Acuerdo de Transacción hasta que el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Departamento de Agricultura de Puerto Rico y ORIL, así como todas las partes firmantes, hayan cumplido plena y efectivamente con el Acuerdo de Transacción y lo hayan mantenido durante al menos cuatro años consecutivos, es decir, el 31 de diciembre de 2017».
Aconsejan el tribunal local
Incluso, la jueza sostuvo que en la última década Suiza ha intentado impugnar en los tribunales locales la aplicación del Reglamento 12 y reivindicar los derechos que surgen del acuerdo.
El resultado de esas acciones judiciales es que la empresa ha prevalecido en cuatro ocasiones.
La jueza Antongiorgi Jordán argumentó que considera estas acciones judiciales como una admisión implícita por parte de Suiza de que los tribunales federales ya no tienen jurisdicción para hacer valer sus derechos en este caso.
En su decisión la jueza también exhortó a Suiza Dairy a buscar un remedio a sus reclamos contra la empresa Indulac y la ORIL en los tribunales locales, lo que representa un espaldarazo a las conclusiones de la magistrado federal Giselle López Soler, quien recomendó desestimar la petición realizada por Suiza Dairy por falta de jurisdicción.
Además, la magistrada aconsejó a la empresa acudir a los tribunales locales en busca de un remedio a sus reclamos. Las conclusiones de la magistrada López Soler fueron realizadas a petición de la jueza Antongiorgi Jordán, quien tiene a cargo el caso de Suiza Dairy.
«Si Suiza considera que ORIL e Indulac han incumplido sus obligaciones en virtud del Reglamento 12, podría intentar reivindicar sus derechos en una acción estatal, como lo ha hecho en el pasado. Si bien el lenguaje de la sentencia fue ambiguo, en tales circunstancias es obligación del Tribunal someterse a una interpretación razonable del significado y el efecto de la sentencia, dilucidada por el funcionario judicial que la redactó. En este caso, con base en los hechos presentados anteriormente, tras considerar la totalidad de los veinte años de expediente en este caso, y con especial atención a las declaraciones del Juez Domínguez que aclaran el significado y efecto de la sentencia, el Tribunal concluye que la interpretación correcta de la disposición en cuestión es que su intención era mantener la jurisdicción hasta la fecha indicada en la propia disposición, es decir, el 31 de diciembre de 2017», sostuvo la jueza en su decisión.
Suiza no reclamó por más de 20 años
«Suiza ha permitido que transcurran más de veinte años desde el inicio de esta demanda; más de once años desde la firma del Acuerdo Transaccional y el cierre del caso, y más de nueve años sin que se haya presentado una sola entrada sustancial en este expediente. Pero ya es suficiente. Por las razones expuestas anteriormente, el Tribunal considera que su jurisdicción de ejecución sobre el presente caso expiró el 31 de diciembre de 2017», concluyó la jueza Antongiorgi Jordán.
El ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quien junto a la ORIL figuró inicialmente como demandado en el pleito radicado por Suiza Dairy, señaló que la decisión de la jueza Antongiorgi Jordán confirma que sus actuaciones en la dirección interina de la entidad reguladora fueron correctas.
“Esta decisión confirma que la Oficina de Reglamentación y este servidor actuaron dentro del marco regulatorio y no da paso a las pretensiones arbitrarias de Suiza Dairy. La ORIL siempre tiene que procurar por el bienestar de todos los componentes de la industria y así lo hicimos “, sostuvo González Beiró.
Por su parte, la empresa Suiza Dairy señaló que no estaría emitiendo expresiones sobre la determinación del Tribunal Federal.
Pérdidas por $172 millones
Entre los planteamientos para justificar el desacato Suiza sostuvo que la ORIL ha utilizado datos obsoletos del año 2016 para emitir órdenes de precios en 2021, 2022 y 2023 y que ha rechazado inapropiadamente el cálculo de algunos de los costos operativos de Suiza.
También alega que las estructuras de precios avaladas por la ORIL desde 2022 favorecen la leche UHT de Indulac a expensas de la leche fresca producida localmente. Otro planteamiento es la retención ilegal de $3.1 millones por parte de Indulac.
Suiza también reclama que la ORIL ha estado utilizando una versión traducida no oficial del Reglamento 12 que omite definiciones importantes y esto ha causado interpretaciones y aplicaciones erróneas del Reglamento 12.
La empresa sostuvo en su petición de desacato que ha enfrentado una pérdida financiera de aproximadamente $172 millones debido a que la ORIL no ha establecido márgenes de ganancia adecuados, según lo determinó el Tribunal Federal en su sentencia emitida el 6 de noviembre de 2013.
La Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG) le ha informado al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que los fondos recaudados por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), tras la liquidación de la aseguradora Real Legacy, no dan para pagar las reclamaciones de sus asegurados, en lo que representa un nuevo giro en la controversia judicial que la AG mantiene con la agencia reguladora.
Ante la difícil situación financiera del caudal de la liquidación de la aseguradora Real Legacy, la AG le solicitó al Tribunal una vista argumentativa para que las partes puedan exponer sus posiciones.
Además, en una sorpresiva moción, la OCS le solicitó al Tribunal de Primera Instancia mantener en confidencialidad un nuevo acuerdo alcanzado con la Cooperativa de Seguros Múltiples, en relación con la liquidación de la aseguradora Real Legacy.
La nueva petición para mantener en secretividad un acuerdo relacionado con la liquidación de la aseguradora Real Legacy acontece en momentos cuando el tribunal se apresta a emitir una determinación sobre una petición radicada por la AG para que se permita el acceso al acuerdo entre la OCS y el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation (Swiss Re).
La precaria situación financiera del caudal de la liquidación de Real Legacy, según ha argumentado la AG, surgió de dos estados financieros no auditados que describen la cantidad de dinero con que realmente se cuenta para pagar las reclamaciones de los asegurados.
Los estados financieros no auditados corresponden a dos periodos, el primero finaliza el 31 de diciembre de 2023 y el segundo el 31 de diciembre de 2024. Los estados financieros fueron presentados por la OCS en una moción radicada el pasado 4 de marzo de 2025.
AG contradice a la OCS
El planteamiento esgrimido por la AG, el cual figura en una moción radicada por la entidad el pasado 21 de marzo de 2025, contradice las numerosas aseveraciones realizadas por la OCS en diversas mociones, sobre que existe suficiente dinero en el caudal de la liquidación de Real Legacy, lo cual permite descartar la necesidad de decretar una nueva derrama entre las aseguradoras del país.
La AG le solicitó al Tribunal una vista argumentativa para que las partes puedan exponer sus posiciones en pleno detalle.
La petición de una vista argumentativa acontece en momentos cuando la jueza Katarina Stipec Rubio se apresta a tomar una determinación sobre una moción de reconsideración que había planteado la AG, luego de que el pasado lunes 27 de enero la jueza emitiera un escueto “sin lugar” a una petición de la entidad para eliminar el manto de secretividad que cobija un acuerdo financiero entre la OCS y Swiss, relacionado con la liquidación de Real Legacy.
De hecho, la OCS ha planteado que, debido a la presunta existencia de fondos suficientes en el caudal para resarcir la totalidad de las reclamaciones de los asegurados de Real Legacy, la AG no puede tener interés alguno en que se revele el contenido del acuerdo entre la OCS y Swiss Re.
Duro golpe a los asegurados
«No obstante, la AG tiene razones para poner en entredicho la aseveración del Liquidador sobre la suficiencia del caudal (según los referidos estados financieros) para satisfacer la totalidad de las reclamaciones de la AG contra el caudal», sostuvo la moción de la AG, lo que representa un duro golpe para los miles de asegurados de la desaparecida aseguradora Real Legacy, quienes nueve años después del paso de huracán María, esperan poder cobrar, al menos, una parte de las pérdidas causadas por el fenómeno meteorológico.
La AG es el organismo destinado a pagar las reclamaciones de las aseguradoras sometidas a liquidación por la OCS.
Independientemente de que la cantidad de dinero se haya estimado como una pérdida legítima experimentada por un asegurado, la AG está autorizada a pagar hasta $300,000 por cada reclamación.
Además, la insuficiencia de fondos para pagar las reclamaciones de Real Legacy , según ha planteado la AG, coloca en perspectiva la posibilidad de que sea necesario decretar una nueva derrama.
Por disposición del Código de Seguros, las derramas las pagan las aseguradoras activas de sus propios fondos y luego la OCS las autoriza a recuperar ese dinero a través de las primas de los seguros que venden a los consumidores.
Dos derramas
Hasta el pasado 31 de marzo de 2024 se habían decretado dos derramas por valor de $26 millones relacionadas con las aseguradoras Integrand Assurance Company y Real Legacy, las cuales fueron sometidas a liquidación por la OCS en 2019.
Los $26 millones se desglosan en $11 millones para el pago de las reclamaciones de Real Legacy y $15 millones para Integrand.
En lo que también representa otro giro sorpresivo, la OCS le solicitó al Tribunal de Primera Instancia mantener en confidencialidad un nuevo acuerdo alcanzado con la Cooperativa de Seguros Múltiples (CSM), en relación con la liquidación de la aseguradora Real Legacy.
En una moción radicada el pasado 20 de marzo de 2025, la OCS informó que había logrado un acuerdo con la CSM, el cual implica más fondos para el caudal de la liquidación de Real Legacy.
OCS pide confidencialidad
«El Comisionado se dio a la tarea de negociar con la Cooperativa de Seguros de Puerto Rico y otros demandados en autos en el pleito relacionado con transferencias o preferencias anulables el cual está pendiente de adjudicación. Luego de un arduo y extenso proceso de negociación y conforme a las facultades delegadas según detallamos antes, las partes llegaron al Acuerdo de Transacción el cual pondría fin al pleito», sostiene la moción de la OCS, en referencia a la acción judicial que el regulador radicó contra la CSM, que fungía como empresa matriz de Real Legacy.
«Dado el contenido de éste (del acuerdo), las repercusiones y la información que contiene, se somete y se solicita del Honorable Tribunal Supervisor que se mantenga de manera confidencial. El mantener la confidencialidad del acuerdo lo que procura es proteger el proceso de negociación individual con cada deudor de manera que adentre la mayor cantidad de fondos a la Liquidación de Real Legacy». agrega la moción.
Fuentes de la industria de seguros han sostenido que es inminente que la AG presente una nueva petición para que el tribunal no permita cubrir con un manto de secretividad el acuerdo alcanzado con la CSM.
¿La OCS un síndico privado?
A pesar de que la AG tiene la responsabilidad de pagar las reclamaciones de las aseguradoras en liquidación, la entidad desconoce el alcance financiero del acuerdo logrado por la OCS con Swiss Re. Una situación similar ocurrirá si el tribunal avala proveer confidencialidad al acuerdo con la CSM.
La OCS ha planteado que la petición de la AG para que revele el contenido del acuerdo confidencial con Swiss Re es un intento de fiscalizar sus actuaciones en la liquidación.
También ha sostenido que los documentos que contienen el acuerdo con Swiss Re pertenecen a una aseguradora privada sometida a liquidación (Real Legacy), en la que el regulador opera como un mero administrador del proceso y aunque reconoce que la industria de seguros está revestida de interés público, esa cualidad no convierte en públicas a esas empresas ni a sus documentos privados.
Por su parte, la AG ha cuestionado la pretensión de la OCS para que se le considere como «un síndico privado”.
Otro argumento de la AG es que mantener en secreto el acuerdo impedirá que “los asegurados, reclamantes, acreedores y el público en general”, se enteren de las transacciones millonarias que pudo alcanzar la OCS con Swiss Re.
Además, la AG entiende que nuestro estado de derecho no tolera que un servidor público en el desempeño de sus funciones pueda avalar transacciones millonarias bajo un manto de secretividad.
El ex director ejecutivo de la Autoridad de Tierras (AT), Irving Rodríguez Torres, quien actualmente ocupa la posición de subsecretario interino del Departamento de Agricultura, aprobó el desembolso de $267,000.00 a una corporación en la que el chofer del ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, era el tesorero.
La aprobación del desembolso realizado por Rodríguez Torres ocurrió el pasado cuatrienio, específicamente el 19 agosto de 2024, y los fondos provinieron del controvertible Fondo de Mejoras Municipales (FMM), que está bajo la administración de la Oficina de Infraestructura Rural de la AT y que actualmente es motivo de una pesquisa criminal por la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente y de otra investigación administrativa por parte de la Oficina del Contralor.
Los fondos fueron asignados a la entidad Zafra PR Inc, que es una corporación sin fines de lucro registrada desde el mes de abril de 2022 en el Departamento de Estado, la cual tiene como dirección física el número 720 de la calle Marejada, en el barrio Aguirre en el pueblo de Salinas.
En el certificado de incorporación figura como presidente Héctor Javier Martínez Espada y el tesorero lo es Bryan De Jesús Aguirre, quien durante el pasado cuatrienio se desempeñó como chofer de González Beiró.
Irving Rodríguez Torres, subsecretario interino de Agricultura, junto al ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.
Específicamente, el acuerdo o contrato de transferencia de fondos fue registrado con el número 2025-000254. En el citado contrato se establece que la entidad Zafra PR Inc utilizará la ayuda de $267,000.00 para realizar un proyecto «de reforestación y rehabilitación para restaurar el área de entrada del barrio Aguirre en el municipio de Salinas con la plantación de 200 palmas reales y su mantenimiento».
De Jesús Aguirre figuró en la posición de tesorero de la corporación Zafra PR Inc., hasta las 2:30 de la tarde del pasado 4 de marzo 2025, según los registros digitales del Departamento de Estado.
En la mañana de ese día SN comenzó a investigar la aprobación de los fondos a la corporación Zafra PR Inc por parte de Rodríguez Torres, y entre las personas abordadas para que comentaran sobre el asunto figuran el ex secretario de Agricultura, González Beiró; el ex director ejecutivo de la Autoridad de Tierras, Rodríguez Torres y el propio De Jesús Aguirre.
“Desconozco”
El 4 de marzo entre las 11: 30 y las 12: 45 del medio día, SN logró establecer comunicación con González Beiró a través de la red social Whatsapp. En el breve intercambio el ex secretario se desvinculó de la aprobación de la ayuda a la corporación Zafra PR Inc. por parte de Rodríguez Torres.
Cuestionado por SN sobre si estaba enterado que su chofer, De Jesús Aguirre, figuraba como tesorero de la corporación Zafra PR Inc., González Beiró respondió con un escueto «desconozco».
Luego, añadió, «pregúntale a Irving, que firmó el contrato, si el chofer tiene algo que ver».
Sorpresivamente, dos horas después del citado intercambio entre SN y González Beiró, la plataforma digital de la división de corporaciones del Departamento de Estado reveló que a las 2:30 de la tarde se introdujo una enmienda al registro correspondiente a la corporación Zafra PR Inc.
La enmienda se introdujo al renglón de oficiales de la corporación y consistió en sustituir a Bryan De Jesús Aguirre de la posición de tesorero por Jared Báez Bernhart.
En la plataforma digital la enmienda al renglón de oficiales está acompañada de una resolución para conceder al tesorero el poder de firmar documentos en representación de Zafra PR Inc en acuerdos con la AT, el Departamento de Hacienda, el Departamento de Recursos Naturales y los municipios del país.
La resolución tiene fecha de 28 de mayo de 2024 e identifica como tesorero al señor Jared Báez Bernhart. El documento tiene la firma del presidente Héctor Javier Martínez Espada y está notarizada por el abogado Kelly Sturdevant, quien está localizado en el condado de Oakland en el estado de Michigan.
Sin cambio los registros del gobierno
De los documentos radicados en el Departamento de Estado el 4 de marzo de 2025 se desprende que Jared Báez Bernhart era, alegadamente, el tesorero en funciones de la
corporación Zafra PR Inc para el 19 agosto 2024, que fue el día en que Rodríguez Torres firmó el contrato que permitió el desembolso de $267,000.00.
No obstante, para esa fecha, en los registros oficiales del gobierno, es decir, en la división de corporaciones del Departamento de Estado, De Jesús Aguirre era el tesorero oficial de la corporación Zafra PR Inc.
Incluso, una fuente de SN vinculada a la AT indicó que en los documentos oficiales de la corporación Zafra PR Inc en la AT, De Jesús Aguirre figura como el tesorero oficial de la entidad.
La evidente contradicción pasó desapercibida por Rodríguez Torres o fue ignorada, pues el contrato fue concedido sin que se exigiera una aclaración o una corrección de la documentación oficial del Departamento de Estado, lo cual revela un manejo irregular y poco riguroso en transacciones que involucran fondos públicos, según han sostenido fuentes vinculadas con la AT.
Posibles violaciones éticas
Las fuentes vinculadas con la AT plantearon que la participación en calidad de tesorero de la corporación Zafra PR Inc de un empleado del Departamento de Agricultura que fungía como chofer del secretario de Agricultura requería un trato cauteloso de la transacción, para evitar posibles violaciones a las normas éticas que rigen las actuaciones de los funcionarios públicos, especialmente aquellos que administran directamente fondos públicos.
Incluso, las fuentes sostuvieron que no está claro si la aprobación de los fondos para sembrar «200 palmas reales» cumple con el requisito en ley de que los dineros del FMM sean utilizados en mejoras permanentes públicas, las cuales deben ser certificadas por un ingeniero.
De hecho, el 4 de marzo de 2025 SN logró establecer comunicación con Rodríguez Torres por medio de la red social Whatsapp.
A las 3:50 de la tarde SN le preguntó al subsecretario interino del Departamento de Agricultura si había firmado el contrato de Zafra PR Inc. en conocimiento de que De Jesús Aguirre, quien era el chofer del entonces secretario de Agricultura, González Beiró, ocupaba también la posición de tesorero de la citada corporación, según el registro oficial de corporaciones del gobierno de Puerto Rico.
Mutis de Rodríguez Torrres
Rodríguez Torres reaccionó al mensaje a las 4:11 de la tarde, pero no respondió a la pregunta. El funcionario se limitó a recomendar que SN hiciera la petición a Eric Perlloni, quien es el portavoz interino del Departamento de Agricultura para los medios de comunicación.
«El encargado de los medios es Erick, debes hablar con él», sostuvo Rodríguez Torres.
De hecho, hasta la publicación de esta historia el subsecretario interino del Departamento de Agricultura, Rodríguez Torres, no ha reaccionado a la situación denunciada por SN.
Tampoco hubo reacción de parte de Eric Perlloni ni del secretario de Agricultura, Josué Rivera Castro.
El jueves 6 de marzo SN se comunicó con De Jesús Aguirre a través de una llamada telefónica, en la cual el ahora funcionario administrativo de la AT, reconoció que ha estado vinculado a la corporación Zafra PR Inc, pero negó que, durante el cumplimiento de sus responsabilidades como chofer de González Beiró, hubiese realizado gestiones a favor de que la citada corporación fuera favorecida con fondos públicos.
De Jesús Aguirre también negó haber hablado con González Beiró sobre la corporación Zafra PR Inc y sus necesidades.
«Dejé de hacer eso (tesorero) desde marzo de 2022 y ellos (los directivos de la corporación Zafra PR Inc) no se ocuparon en registrarlo», indicó De Jesús Aguirre.
El ex chofer de González Beiró explicó que integró la corporación Zafra PR Inc a pedido de su amigo de la juventud, Héctor Javier Martínez Espada.
«Él me pidió que si podía registarla (la corporación) conmigo, porque él (Martínez Espada) no vive en Puerto Rico. Pero en ese momento él estaba en Puerto Rico», aclaró De Jesús Aguirre.
Zafra Pr Inc fue incorporada el 6 de abril de 2022 como una Compañía de Responsabilidad Limitada sin fines de lucro, pero el 16 de agosto, la entidad fue convertida en una corporación no autorizada a emitir acciones de capital.
Documento desmiente
En dicho documento Martínez Espada figura como presidente, Abigail Martínez como vicepresidenta y De Jesús Aguirre como tesorero.
Este documento desmiente el argumento de De Jesús Aguirre sobre que había cesado como tesorero desde marzo de 2022.
SN le recordó a De Jesús Aguirre que González Beiró lo incluyó en la comitiva del Departamento de Agricultura que participó en la Feria Alimentaria de Barcelona 2024, que es quizás el evento agrícola más importante del mundo y al que acuden representantes de las más importantes empresas agrícolas del planeta, incluyendo científicos agrícolas y agricultores de Europa, Asia, Estados Unidos y Centro y Suramérica.
Frente a ese planteamiento de SN, De Jesús Aguirre sostuvo que no podía continuar respondiendo preguntas sin la presencia de su abogado, a quien identificó como el licenciado Ramírez.
El ex chofer dijo que enviaría un mensaje de texto con el teléfono de su abogado pero ese mensaje nunca llegó. SN intentó reanudar la comunicación con De Jesús Aguirre, pero el ex chofer optó por no contestar las llamadas telefónicas.
De hecho, las fuentes de la AT sostienen que la aprobación del viaje a Barcelona para De Jesús Aguirre fue un acto fraudulento debido a que el funcionario carece de la preparación académica o de la experiencia agrícola que le permitiera representar al Departamento de Agricultura en la Feria Alimentaria.
SN le envió un mensaje al correo electrónico de Martínez Espada para obtener una reacción sobre la controversia en que se encuentra la corporación Zafra PR Inc, la cual no fue respondida.
No obstante, SN recibió una llamada de Charles Serrano Jiménez, quien se identificó como director de planificación y desarrollo de la corporación Zafra PR Inc.
El problema es de Hacienda
Serrano Jiménez dijo que Martínez Espada le solicitó atender las interrogantes de SN.
De acuerdo con Serrano Jiménez, De Jesús Aguirre participó en la creación inicial de corporación pero nunca tuvo la intención de integrar la Junta Directiva o estar relacionado con la toma de decisiones.
Indicó que Jared Báez Bernhart es el tesorero de la corporación desde 2023 y negó que De Jesús Aguirre hubiese aprovechado su posición de chofer del ex secretario de Agricultura, Ramón González, para gestionar donaciones económicas del FMM de la AT para Zafra PR Inc.
Serrano Jiménez también señaló que Zafra PR Inc realizó gestiones en 2023 para inscribir a Báez Bernhart como tesorero de la corporación en la plataforma digital del Departamento de Estado y del Departamento de Hacienda. Aclaró que la gestión también tenía como objetivo aclarar que De Jesús Aguirre no estaba vinculado a la Junta Directiva de la corporación.
Sostuvo que la gestión no tuvo éxito y culpó a ambas agencias por las dificultades técnicas que impidieron registrar el cambio. «Está fuera de nuestro control si Hacienda o el Departamento de Estado no inscribieron los documentos que enviamos por internet», dijo Serrano Jiménez.
El director de planificación y desarrollo de Zafra PR Inc prometió enviar una comunicación escrita aclarando la participación de De Jesús Aguirre en la corporación, pero al cierre de esta edición la anunciada misiva no llegó.
El representante Jorge Navarro Suárez, quien preside la Comisión de Banca, Seguros y Comercio de la Cámara de Representantes, anunció que iniciará una investigación inmediata sobre las alegaciones realizadas por empleados de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), contra la administración del actual Comisionado de Seguros, el licenciado Alexander Adams Vega.
El representante adelantó que próximamente citará a vistas públicas para atender este asunto «con la urgencia que merece».
La información trascendió en un escueto comunicado de prensa enviado ayer en la noche por el representante Navarro Suárez, luego de que el pasado viernes se diera a conocer una misiva emitida, alegadamente, por empleados de la OCS.
La carta, que no identifica por sus nombres a los empleados remitentes, denunció que durante la gestión de Adams Vega el ambiente de trabajo en la OCS se ha visto alterado por una atmósfera de «constante maltrato, el atropello, falta de ética y legalidad», lo que ha impedido que esa agencia reguladora pueda cumplir su responsabilidad de «auditar a las compañías aseguradoras para constatar su solvencia» y de «proteger al consumidor y garantizar la estabilidad de la industria de seguros».
El comunicado enviado por Navarro Suárez señala que los empleados de la OCS denunciaron que Adams Vega ha incurrido «en prácticas cuestionables, incluyendo represalias contra empleados que cuestionan sus decisiones, dilaciones injustificadas en la resolución de casos importantes para los consumidores, y negligencia en la supervisión de la solvencia de las compañías aseguradoras que operan en la isla».
«Estas alegaciones, que incluyen, alegadas represalias contra empleados experimentados y un manejo deficiente en funciones críticas de supervisión, son sumamente preocupantes y ameritan una investigación profunda y transparente. Pero, seré justo y le daré la oportunidad al funcionario para que nos explique. La estabilidad del sector de seguros y la confianza del consumidor puertorriqueño es mi prioridad», sostuvo Navarro Suárez.
El legislador indicó además que la investigación buscará esclarecer los reclamos sobre sabotaje al desarrollo económico relacionado al Centro Internacional de Seguros, así como la prolongada vacante en la dirección de la División de Exámenes de la OCS, situación que compromete la supervisión efectiva del sector.
La carta originada por los empleados de la OCS reveló que la directora de la división de exámenes de la OCS, cuya función es auditar las compañías aseguradoras para garantizar su solvencia, renunció el 31 de diciembre de 2023, y Adams Vega no ha hecho esfuerzos para llenar la vacante y asegurar el cumplimiento de las «normativas que rigen la solvencia de las aseguradoras», lo que presuntamente pone en riesgo la «estabilidad de la industria de seguros y la confianza del público en dicha industria».
La denuncia de los empleados también señaló que Adams Vega ha saboteado el desarrollo del Centro Internacional de Seguros a través de no tomar acción sobre las numerosas autorizaciones presentadas por compañías que desean invertir y operar en el país. Según revela la carta, las compañías interesadas en invertir en Puerto Rico y obtener autorizaciones para operar en el mercado llevan años esperando respuestas.
«Nuestro compromiso es asegurar que la OCS cumpla cabalmente con su deber ministerial y garantice la protección adecuada a todos los consumidores y empleados afectados por estas alegaciones. Vamos a llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias», concluyó Navarro Suárez.
La denuncia de los empleados de la OCS y el aviso sobre el inicio de una investigación legislativa emitido de Navarro Suárez ocurre en momentos cuando, alegadamente, el propio funcionario y miembros del sector de los proveedores de servicios de salud, como médicos, hospitales y laboratorios, realizan un intenso cabildeo para que Adams Vega continúe en la posición.
Adams Vega no cuenta con el respaldo de la Asociación de Compañías de Seguros, una entidad que ha criticado determinadas iniciativas y proyectos de ley que el Comisionado de Seguros ha patrocinado abiertamente. El sector de los reaseguradores internacionales que operan en Puerto Rico también se han manifestado en contra de iniciativas respaldadas por Adams Vega.
Hasta ayer domingo 23 de marzo la gobernadora Jenniffer González Colón no había anunciado la designación del Comisionado de Seguros.
A pesar de que fuentes de la industria de seguros sostienen que en privado la gobernadora ha manifestado su intención de traer a la OCS una nueva figura, ese nombramiento aún no ha sido anunciado, lo que ha alentado las especulaciones sobre que Adams Vega pudiera permanecer en el cargo.
Ante los alegados intentos del Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, de permanecer en el cargo, un grupo de empleados de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) han denunciado que durante su gestión el ambiente de trabajo se ha visto alterado por una atmósfera de «constante maltrato, atropello, falta de ética y legalidad», lo que ha impedido que esa agencia reguladora pueda cumplir su misión «de proteger al consumidor y garantizar la estabilidad de la industria de seguros».
La denuncia sostiene que Adams Vega ha fallado en su responsabilidad de auditar a las compañías aseguradoras para constatar su solvencia, mientras que su «comportamiento antitético y su actitud autoritaria» ha creado un ambiente de trabajo tóxico, al se suman las represalias que, alegadamente, toma el funcionario contra «aquellos que se atreven a señalar sus procederes irregulares».
Los graves señalamientos contra Adams Vega figuran en un carta que sería distribuida entre los miembros del Senado y en la Fortaleza, en un intento de contrarrestar el alegado intenso cabildeo que ha realizado el funcionario para que se le permita continuar en la posición.
«Es imperativo que se tomen acciones inmediatas para corregir esta situación y restablecer un entorno de trabajo respetuoso y funcional. Los empleados merecen ser escuchados y tratados con dignidad, y la ciudadanía de Puerto Rico necesita un regulador que cumpla fielmente con su deber ministerial de manera efectiva y ética», señala la misiva.
En el aire las auditorías
Otra denuncia que revela la carta es que, alegadamente, Adams Vega no ha tomado las acciones necesarias para garantizar el funcionamiento de la división de exámenes de la OCS, cuya función principal es auditar las compañías aseguradoras para garantizar su solvencia.
«La directora de esta división renunció el pasado 31 de diciembre de 2023, y a pesar de la gravedad de la situación, el Lcdo. Alexander Adams no ha hecho esfuerzos significativos para nombrar un nuevo director que asuma esta responsabilidad crítica. La falta de acción por parte del Lcdo. Alexander Adams para resolver esta vacante y asegurar el cumplimiento de las normativas que rigen la solvencia de las aseguradoras es alarmante, pues pone en riesgo la estabilidad de la industria de seguros y la confianza del público en dicha industria. Este descuido refleja no solo una falta de liderazgo efectivo, sino también un grave desinterés por velar por el bienestar del consumidor de seguros puertorriqueño», relata la misiva.
Imputan sabotaje al Comisionado
La denuncia también señala que Adams Vega ha saboteado el desarrollo del Centro Internacional de Seguros a través de no tomar acción sobre las numerosas autorizaciones presentadas por compañías que desean invertir y operar en el país.
Según revela la carta, las compañías interesadas en invertir en Puerto Rico y obtener autorizaciones para operar en el mercado llevan años esperando respuestas.
«Este proceso de revisión intencionalmente lento y la falta de celeridad en la toma de decisiones está obstaculizando el desarrollo económico que el centro debía generar para la isla», recalca la misiva.
Otra situación denunciada por los empleados es la constante dilación en la resolución de los casos presentados por los consumidores contra las aseguradoras.
Alegadamente, los casos permanecen durante años sin lograr una resolución , a pesar de que los consumidores los someten de manera diligente y de que la OCS tiene la responsabilidad de garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos.
Dilación y hostigamiento
«Esta situación no ha sido atendida por el Lcdo. Alexander Adams, quien, al parecer, no le ha dado la importancia necesaria a la rapidez y eficiencia con que se deben manejar estos casos. Es importante resaltar que el Comisionado es quien tiene la responsabilidad de firmar las resoluciones, por lo que la dilación recae directamente en él. Esta falta de acción no solo genera frustración en los consumidores, sino que también socava la credibilidad de la agencia y demuestra una clara falta de compromiso con su función de asegurar que las aseguradoras cumplan con sus obligaciones y ofrezcan un servicio justo y transparente», advierte la misiva.
El hostigamiento y las acciones de represalia que, presuntamente, sufren los empleados cuando cuestionan las decisiones tomadas por Adams Vega es otro escenario adverso que domina la atmósfera de trabajo en la OCS.
Según sostiene la carta, las víctimas de hostigamiento son empleados con años de experiencia, muchos de los cuales tienen un conocimiento profundo de la función técnica de la agencia.
Maltrato constante
«Cuando estos empleados plantean dudas legítimas sobre la ética o legalidad de las decisiones del Comisionado, en lugar de ser escuchados, son objeto de represalias, lo que socava aún más la moral en la agencia. Solicitamos su atención con carácter de urgencia a este asunto, pues los empleados de la OCS ya no pueden seguir tolerando el constante maltrato, el atropello a su integridad profesional, la falta de ética y legalidad en la gestión del Lcdo. Alexander Adams y el menosprecio a los años de experiencia y servicio», concluyó la carta.
Fuentes de la industria aseguran que la gobernadora Jenniffer González Colón ha sostenido en privado que su intención es que Adams Vega sea sustituido por un nuevo Comisionado de Seguros.
No obstante, al ingresar el tercer mes de la nueva administración, aún la gobernadora no ha seleccionado un candidato a pesar de que, alegadamente, posee una terna con más de tres alternativas de profesionales que cuentan con la preparación académica, la experiencia y el respaldo de diversos sectores de la industria de seguros para ocupar el cargo.
Las fuentes sostienen que desconocen las razones que justifiquen la falta de acción de la Primera Ejecutiva en relación con el nombramiento del Comisionado de Seguros.
La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) ha insistido ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en mantener la confidencialidad de un acuerdo alcanzado con el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation (Swiss Re), en relación con la liquidación de la aseguradora Real Legacy, sin ofrecer razones para justificar su petición más allá de alegar que quitar el manto de secretividad al acuerdo es un intento de fiscalizar sus actuaciones en la liquidación.
La OCS ha sostenido que los documentos en controversia pertenecen a una aseguradora privada sometida a liquidación, en la que el regulador opera como un mero administrador del proceso y aunque reconoce que la industria de seguros está revestida de interés público, esa cualidad no convierte en públicas a esas empresas ni a sus documentos privados.
La petición para que se libere el acuerdo del manto de confidencialidad ha sido planteada por la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG), que ha sostenido que mantener en secreto los detalles de lo acordado impedirá que “los asegurados, reclamantes, acreedores y el público en general”, se enteren de las transacciones millonarias que pudo alcanzar la OCS con Swiss Re.
Incluso, la AG ha planteado que «es de muy difícil acomodo a nuestro estado de derecho» que un servidor público en el desempeño de sus funciones pueda avalar transacciones millonarias bajo un manto de secretividad.
La AG también ha cuestionado la pretensión de la OCS para que se le considere como «un síndico privado”.
Pero la OCS alega que la función de la AG avalada por el Código de Seguros se limita a adjudicar y pagar las reclamaciones que le son referidas, mientras que tampoco le reconoce a la entidad injerencia en el negocio de reaseguro.
No habrá una nueva derrama
Además, la OCS ha advertido de manera reiterada que el proceso de liquidación ha generado suficientes recursos económicos para pagar la totalidad de los reclamos presentados por los asegurados de Real Legacy, por lo que no será necesario decretar una nueva derrama para pagar las reclamaciones.
Los argumentos de la OCS figuran en una moción radicada el pasado 7 de marzo, que constituye la respuesta del regulador a una petición de reconsideración que había planteado la AG, luego de que el pasado lunes 27 de enero la jueza Katarina Stipec Rubio emitiera un escueto “sin lugar” a una petición de la entidad para que se permita el acceso al acuerdo entre la OCS y Swiss Re.
La jueza Stipec Rubio no presentó argumentos para justificar su decisión.
El 27 de septiembre de 2024 la OCS radicó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una solicitud “urgente ” en la que informó haber logrado un acuerdo con Swiss Re que, alegadamente, beneficiaría a los asegurados de Real Legacy.
Además, le solicitó al Tribunal que mantenga en confidencialidad el documento. El 10 de octubre de 2024 el Tribunal avaló la petición de la OCS.
Escándalo a la vista
Aunque es de conocimiento público que al momento de la liquidación Real Legacy mantenía un contrato de reaseguro con Swiss Re, como resultado de la determinación del tribunal para conservar en confidencialidad el documento, se desconoce el monto de dinero que involucra el acuerdo y si el reasegurador pagó menos de la responsabilidad adjudicada en el contrato de reaseguro.
Otro aspecto de la controversia es que la insistencia de la OCS en mantener el acuerdo en confidencialidad ha alentado las especulaciones sobre si el regulador pudo beneficiar a determinados asegurados, al priorizar el pago de sus reclamaciones.
Incluso, miembros de la industria de seguros han planteado que la insistencia de la OCS en mantener el acuerdo con Swiss Re en confidencialidad constituye una señal inequívoca de que asistimos a un escándalo en ciernes, debido a que probablemente las partes han concluido que lo acordado, en el contexto de la liquidación de Real Legacy, es lo suficientemente controversial como para que no se conozca públicamente.
La OCS ha señalado en su moción que la controversia planteada por la AG en realidad se trata sobre los intentos de fiscalizar las actuaciones del regulador en su gestión de liquidador de Real Legacy.
«Un curso de acción vedado por nuestro Tribunal Supremo en el caso de Builders Insurance, determinación que constituye el estado de derecho vigente, el cual no ha sido revocado por legislación alguna», sostuvo la OCS.
De acuerdo con la posición de la OCS, una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 1979 en el caso Comisionado de Seguros v. Builders Insurance Company concluyó que la AG no tiene derecho a intervenir judicialmente en contra de la OCS con el fin de fiscalizar las transacciones que acuerde como liquidador de un asegurador insolvente, para garantizar que estos sean acertados.
Decisión en caso Builders está vigente
Sobre este aspecto, la AG sostuvo que el caso de Builders Insurance fue decidido cuando todavía estaba en vigor el texto original el capítulo 40 sobre “Rehabilitación y Liquidación», el cual integró el Código de Seguros desde que fue aprobado en 1957.
Advirtió que en 1991 el Capítulo 40 fue reformulado para permitir que la AG pueda intervenir en contra de la OCS a través de una acción judicial. La citada versión establece que «una asociación de garantía o asociación de garantía extranjera tendrá derecho a comparecer en cualquier procedimiento judicial relacionado con la liquidación de un asegurador si la misma viene obligada o podría venir obligada a tomar alguna acción como resultado de la liquidación.”
Pero la OCS señaló que ante la realidad de que la AG no puede intervenir en el negocio de reaseguro «resulta evidente que lo resuelto en Builders, en cuanto a que la AG no está autorizada a intervenir como medio fiscalizador dirigido a asegurar que los negocios que realice el Comisionado, o su representante, sean acertados u honestos o para objetar la disposición de activos de un asegurador insolvente, está vigente y en pleno vigor, pues no hay nada incompatible con dicha determinación».
La OCS también argumentó en su moción que el acuerdo «entre Swiss Re y la liquidación de Real Legacy no impide a la AG realizar sus funciones estatutarias. Funciones que en esta liquidación se limitan a resolver las controversias que tiene ante su consideración puesto que existen fondos suficientes para pagarlas sin necesidad de derrama alguna».
Documentos privados no sujetos a normas públicas
Otro planteamiento de la OCS es que, aunque en Puerto Rico existe un derecho de acceso a información pública como parte del derecho a la libertad de expresión, «ese derecho de acceso a información pública depende de que lo que se solicite sea verdaderamente público».
Tras hacer esa advertencia, la OCS recordó que el artículo 40.440 del Código de Seguros establece que los documentos objeto de un proceso de rehabilitación o liquidación no son documentos públicos, sino documentos privados no sujetos a las leyes aplicables sobre documentos públicos.
Sobre este planteamiento la AG replicó que el artículo 40.010(4) del Código de Seguros establece que los procedimientos en casos de insolvencia y de cualquier incumplimiento de un asegurador son parte integral del negocio de seguros y como tal están investidos de un interés público.
Además, la AG argumentó que la OCS no deja de ser una entidad pública porque interviene y liquida un asegurador privado y también señaló que los documentos relacionados con la liquidación en manos de la OCS son también documentos públicos sujetos al escrutinio público.
Finalmente, la moción de la OCS advirtió que el tribunal que viene obligado a respetar la decisión de dos entidades privadas de mantener en confidencialidad el acuerdo y de esta manera también se fomenta la negociación de cualquier acuerdo posterior entre las partes.
«Después de todo, los documentos en controversia pertenecen a una empresa aseguradora privada, sujeta a una industria sobre la cual existe alto interés público, para la cual al Comisionado de Seguros se le designó la función de administrador en la etapa de su liquidación. No obstante, el que exista algún interés público en la industria de seguros no convierte en públicas a las empresas que se dedican a esta industria», concluyó la OCS.
La Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) le solicitó al Tribunal de Primera Instancia de Bayamón que declare un “no ha lugar” a la solicitud de la Autoridad de Tierras (AT) para que el pastor Heriberto Andujar Otero, del Centro Comunitario de Servicios a la Familia (CCSF), sea referido al Departamento de Justicia para investigación por perjurio, debido a que mintió en relación con la desaparición de $1.5 millones que esa entidad recibió para la canalización de la quebrada Margarita, en Guaynabo.
La OPFEI informó que actualmente realiza una investigación confidencial de carácter penal sobre las actuaciones del pastor Andujar Otero y de otras personas relacionados con los mismos hechos, por lo que los remedios que la AT ha reclamado en el caso civil que mantiene en ese Tribunal puede afectar su investigación y las posibles determinaciones legales que se puedan tomar en ese caso.
De la moción radicada por la OPFEI se desprende que los fiscales entienden que el seguimiento que ha realizado la prensa de la controversia que involucra al Fondo de Mejoras Municipales y al CCSF, puede afectar su investigación
La citada moción revela que la investigación involucra tanto a funcionarios públicos activos como ex funcionarios, así como personas privadas y corporaciones (personas jurídicas).
En síntesis, la moción sostiene que la OPFEI es la entidad con jurisdicción exclusiva en la investigación del CCSF y referir al pastor Andujar Otero al Departamento de Justicia no sería una decisión acertada por que esa agencia no tiene jurisdicción sobre el asunto.
De hecho, la moción es una advertencia al Tribunal para que no cometa el error de avalar la petición para que Andujar Otero sea referido al Departamento de Justicia.
La moción de la OPFEI fue presentada el pasado 7 de marzo por los fiscales Zulma Fuster Troche, Ramón Mendoza Rosario y Fabiola Acaron Porrata Doria.
Dos reuniones
La moción relata que los fiscales de la OPFEI sostuvieron dos reuniones con la licenciada Barbara Cruz Muñiz, quien es la abogada de la AT que ha presentado un pleito en cobro de dinero contra la CCSF y el pastor Andujar Otero.
La citada reunión tenía como objetivo persuadir a la abogada para que informara al Tribunal sobre la jurisdicción exclusiva que la OPFEI tiene en este caso.
De la moción también se desprende que los fiscales intentaron sin éxito que la abogada desistiera de continuar con su gestión en cobro de dinero, que pretende recuperar una asignación de $1.5 millones destinada a la alegada canalización de la quebrada Margarita en Guaynabo.
El trabajo nunca se realizó y los estados bancarios del CCSF no reflejan la existencia del dinero, lo que contradice las alegaciones de Andujar Otero sobre que los fondos están depositados en la cuenta de la entidad, según surge de una deposición tomada en los primeros dos meses del 2024.
La abogada fue cuestionada
Es por esa razón que la licenciada Cruz Muñiz presentó recientemente una moción para que el Tribunal refiera a Andujar Otero al Departamento de Justicia por haber mentido bajo juramento, lo que implica que cometió el delito de perjurio.
De la moción se desprende que el 25 de febrero de 2025 los fiscales y la licenciada Cruz Muñiz sostuvieron una reunión en las oficinas de la OPFEI. En la mencionada reunión la abogada fue cuestionada por los fiscales por su insistencia de continuar con el caso a favor de que Andujar Otero sea referido al Departamento de Justicia.
Además, los fiscales revelan en la moción que la abogada también fue cuestionada sobre por qué si Andujar Otero cometió el alegado perjurio a principios del 2024, la petición para que el pastor sea referido al Departamento de Justicia se radicó un año después de ocurridos los hechos.
Otro asunto tratado con la abogada es que la controversia tomó prominencia en la prensa del país en días recientes, lo que sugiere que los fiscales podrían haber entendido que Cruz Muñiz pudo estar relacionada con la divulgación a los medios de comunicación de información relevante sobre el caso.
Del texto escrito surge, además, que a los fiscales les preocupa el efecto que la discusión pública del caso pudiera tener en la investigación.
«Durante dicha reunión, se le cuestionó a la licenciada Cruz Muñiz el hecho de que se estén promoviendo remedios o determinaciones por parte de la Autoridad de Tierras, que pueden afectar nuestra investigación y posibles determinaciones legales. En adición, se trajo a su atención el hecho de que posterior a que se realizó la solicitud del referido, se ha desatado una amplia discusión pública de estos asuntos. Nos llama la atención que la alegada conducta por la cual se pide remedio a este Tribunal ocurrió hace más de un año y no es hasta este momento que se solicita el mismo y se hace público en todos los rotativos del país», señala la moción de la OPFEI.
Cruz Muñiz no contesta
«Hicimos la sugerencia a la compañera abogada de que informara a este Honorable Tribunal que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente y sus fiscales tienen jurisdicción exclusiva sobre todo asunto de carácter penal relacionado a los hechos y personas objeto de esta investigación. Como informamos a la compañera abogada, no es necesaria ni prudente el referido pretendido, dicha sugerencia sirve el propósito también de que este Honorable Tribunal no incurra en el error en referir el asunto a una agenda sin jurisdicción sobre el mismo», advierte la moción.
Finalmente, los fiscales explican que decidieron radicar su moción de advertencia al Tribunal porque la abogada Cruz Muñiz no acogió sus recomendaciones.
«A Ia fecha de este escrito no hemos recibido contestación de la licenciada Cruz Muñiz respecto a lo dialogado en nuestra última reunión. Debido a ello, y en miras de evitar que este Tribunal incurra en un error o que se continúen tomando acciones que pueden afectar Ia investigación en curso presentamos esta moción», sostuvo la OPFEI.
