Por Miguel Díaz Román
Tras el masivo apagón del sistema eléctrico que sufrió el país el pasado 31 de diciembre y las numerosas interrupciones del servicio eléctrico que han ocurrido durante el pasado año, las cuales han causado cuantiosas pérdidas a los pequeños comerciantes y a las microempresas, se hace necesario decretar en estado de emergencia energética, según sostuvo el doctor Ramón Barquín, presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD).
Barquín le recomendó a la gobernadora elegida Jenniffer González, quien mañana 2 de enero del 2025 toma posesión oficialmente del cargo, que decrete un estado de emergencia energética, lo cual sería un mecanismo para que tanto el gobierno local, el gobierno federal, la Junta de Supervisión Fiscal y el Negociado de Energía se dediquen de lleno a encaminar la rehabilitación del sistema eléctrico.
El objetivo de activar la rehabilitación del sistema eléctrico sería garantizar un servicio estable y libre de interrupciones.
El presidente del CUD indicó que ese esfuerzo requiere incrementar la generación de energía eléctrica y atender el estado real de todo el sistema de distribución y de los transformadores eléctricos que proveen directamente la energía a la ciudadanía, al comercio y la industria.
Barquín también sostuvo que decretar el estado de emergencia energética permitirá que tanto al gobierno local, el gobierno federal, la Junta de Supervisión Fiscal y el Negociado de Energía se comprometan en la fiscalización de los fondos federales asignados a la rehabilitación del sistema eléctrico para que esos trabajos se realicen de manera efectiva y lo más rápido posible.
Barquín estimó que el apagón del sistema eléctrico que sufrió el país durante la víspera de la despedida del año 2024 causó más de $100 millones en pérdidas en las pequeñas empresas y las microempresas que apoyan la industria turística.
Decretar el estado de emergencia energética también facilitaría tener acceso a determinados fondos federales que podrían aminorar las sensibles pérdidas que han padecido miles de pequeños comerciantes y de microempresas a consecuencia de los frecuentes apagones que sufre el país.
El presidente del CUD señaló que ante el alto costo de las primas para las pólizas de seguro que ofrecen protección por las pérdidas causadas por la interrupción del servicio eléctrico o ante la renuencia de la industrial de seguros para proveer ese tipo de cubierta, es necesario explorar la posibilidad de que existan otras alternativas de seguros.
Específicamente mencionó la posibilidad de que se provea un seguro paramétrico que garantice una compensación como protección a las pequeñas empresas y a las microempresas por las pérdidas que causen las interrupciones del servicio eléctrico.
El seguro paramétrico garantiza una compensación al asegurado de acuerdo a la ocurrencia de determinados factores previamente definidos como la intensidad de un evento o el monto de la pérdida.
Barquín también propuso que el gobierno facilite una adecuada subvención para que la banca privada y las cooperativas provean financiamiento a las pequeñas empresas y a las microempresas con el fin de que puedan adquirir a costos asumibles sistema de generación eléctrica alternativos como generadores eléctricos activados con gas propano o con paneles solares.
Otra propuesta de Barquín es que se le conceda a las pequeñas empresas y a las microempresas una deducción contributiva ” peso a peso” que estimule la adquisición de sistemas alternativos de energía eléctrica.
Incluso, Barquín advirtió que para hacer atractiva esa deducción contributiva y generar una mayor actividad económica asociada a ella, el gobierno debería ampliar la deducción a un 200 % de su valor original durante dos años, lo cual causaría una masiva inversión que tendría un efecto positivo en cadena en la economía del país.
Actualmente el CUD tiene más de 5,000 socios que son propietarios de pequeñas empresas. Además, en el país existen más de 170,000 microempresas.
