Por Miguel Díaz Román
La empresa Suiza Dairy ha rechazado las actuaciones del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, quien recientemente ha efectuado numerosas exhortaciones a favor de que los activos de la planta procesadora sean adquiridos por otras empresas, una gestión que se asemeja más a la que efectuaría un agente de bienes raíces y que el funcionario ha realizado sin que Suiza Dairy lo haya solicitado o autorizado.
Incluso, González Beiró se ha expresado a favor de que la próxima administración del gobierno que regirá la gobernadora elegida, Jenniffer González, expropie los activos de Suiza Dairy.
Además, el secretario ha revelado que se ha reunido con posibles compradores de los activos de Suiza Dairy, los cuales, según ha mencionado el funcionario, incluyen una empresa local de distribución, otra de la industria lechera y una corporación de la industria lechera del este de Estados Unidos.
El funcionario ha hecho los anuncios en las vistas del Comité de Transición, en programas de radio y televisión y recientemente en el periódico El Nuevo Día. En algunos de estos medios González Beiró ha declarado que el Grupo Gloria, corporación matriz de Suiza Dairy, se propone abandonar el mercado local.
Alegadamente, según reveló el secretario de durante la vistas del Comité de Transición, algunas de las empresas que han mostrado interés en adquirir a Suiza Dairy y “ya están haciendo los números”.
Sorprendida Suiza Dairy
En unas declaraciones escritas la empresa Suiza Dairy sostuvo que “nos sorprenden las recientes declaraciones del secretario de Agricultura, quien en su doble función como Administrador Interino de la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), se ha pronunciado sobre la disposición de los activos de Suiza Dairy Corp”.
“Es importante aclarar que hasta la fecha no se ha tomado ninguna decisión sobre los activos de Suiza Dairy Corp. en Puerto Rico. Por lo tanto, las declaraciones del Sr. González Beiró carecen de fundamento y son inapropiadas, dado que no posee capacidad legal para hablar en nombre de la compañía”, indicó la empresa.
En las expresiones escritas la empresa también planteó una serie de interrogantes: “¿Con qué atribuciones el Sr. Ramón González Beiró hace declaraciones sobre la disposición de los activos de Suiza Dairy Corp.? ¿Acaso se considera el propietario de dichos activos?¿Cómo puede afirmar que Gloria abandona Puerto Rico? ¿Es eso lo que él pretende? ¿Tiene la autoridad para decidir sobre la disposición de los activos o determinar el futuro de las operaciones de Suiza Dairy Corp.? ¿Quién le otorgó el derecho para reunirse con interesados en los activos de Suiza Dairy Corp.? ¿No es esto una muestra de abuso de poder y prepotencia?”.
De hecho, en las vistas del Comité de Transición el secretario anticipó que la salida del mercado de la planta de Suiza Dairy en Aguadilla y en San Juan causará una nueva oleada de decomisos de leche a partir de las próximas semanas, debido a que las bajas temperaturas ya han comenzado a estimular un alza en la producción de leche en las vaquerías del país.
Falta de capacidad legal
El funcionario explicó que el alza en la producción causará un caudal de leche de tal magnitud que no podría ser manejado por las planta de Indulac y Tres Monjitas, lo que provocará inevitablemente que se ordene el decomiso de los excedentes. En ese contexto, González Beiró indicó que la entrada de un “nuevo operador” de los activos de Suiza Dairy podría evitar los decomisos.
En las vistas del Comité de Transición el secretario llegó al extremo de declarar que la posible transacción se podría concretar antes de que finalice el presente año, lo que evitaría los decomisos de leche.
Los decomisos de leche causarían un golpe adicional al sector ganadero, que ya ha sido afectado por los altos costos de producción y la baja en el consumo de leche, dos eventos adversos que están relacionados con la alta incidencia de quiebras de vaquerías registradas en 2024.
Llama la atención que el gerente general de Suiza Dairy, Pablo Vallejo, no ha emitido expresiones sobre la posibilidad de que existan empresas interesadas en comprar los activos de la Suiza Dairy o de que se hayan presentado ofertas de compra en las pasadas semanas.
En las expresiones escritas Suiza Dairy también cuestionó la falta de capacidad legal de secretario para favorecer la compraventa de la empresa, lo que catalogó como una prueba de la “inseguridad jurídica” que ha experimentado durante la gestión de González Beiró como secretario de Agricultura y administrador interino de la ORIL.
Piden a la nueva administración
“Durante la vista de transición celebrada en la primera semana de diciembre, el Sr. González Beiró también se refirió a Suiza Dairy Corp. con expresiones que sugerían que él tenía la capacidad legal para decidir sobre los activos de la empresa, lo cual es completamente inapropiado. Este comportamiento es una evidencia más de la “inseguridad jurídica” que Suiza Dairy Corp. ha denunciado reiteradamente. Estas prácticas no solo afectan a la industria lechera local, sino que también desalientan a empresas extranjeras de realizar nuevas inversiones en Puerto Rico”, sostuvo la empresa.
“Instamos a la administración entrante a tomar medidas estructurales para corregir de manera definitiva las actuaciones del Regulador, que han afectado no solo a muchos actores de la industria lechera en Puerto Rico, sino también a cientos de miles de familias puertorriqueñas, quienes se han visto privadas de contar con los productos de su preferencia y confianza, así como de recibir el servicio con la calidad que Suiza siempre ha ofrecido”, finalizó expresando la empresa.
Las expresiones del secretario también han ocurrido en momentos cuando en el Tribunal Federal de San Juan se ventila una demanda radicada por Suiza Dairy que reclama que se declare a González Beiró y a la ORIL en desacato por incumplir un acuerdo alcanzado en ese tribunal en 2013. El citado acuerdo obliga a la entidad reglamentadora a garantizar una ganancia adecuada a los componentes de la industria lechera. Suiza Dairy alega en la demanda que ha perdido $172 millones por los incumplimientos de la ORIL.
