Por Miguel Díaz Román

El representante Jorge Navarro Suárez, quien preside la Comisión de Banca, Seguros y Comercio de la Cámara de Representantes, anunció que iniciará una investigación inmediata sobre las alegaciones realizadas por empleados de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), contra la administración del actual Comisionado de Seguros, el licenciado Alexander Adams Vega.

El representante adelantó que próximamente citará a vistas públicas para atender este asunto «con la urgencia que merece».

La información trascendió en un escueto comunicado de prensa enviado ayer en la noche por el representante Navarro Suárez, luego de que el pasado viernes se diera a conocer una misiva emitida, alegadamente, por empleados de la OCS.

La carta, que no identifica por sus nombres a los empleados remitentes, denunció que durante la gestión de Adams Vega el ambiente de trabajo en la OCS se ha visto alterado por una atmósfera de «constante maltrato, el atropello, falta de ética y legalidad», lo que ha impedido que esa agencia reguladora pueda cumplir su responsabilidad de «auditar a las compañías aseguradoras para constatar su solvencia» y de «proteger al consumidor y garantizar la estabilidad de la industria de seguros». 

El comunicado enviado por Navarro Suárez señala que los empleados de la OCS denunciaron que Adams Vega ha incurrido «en prácticas cuestionables, incluyendo represalias contra empleados que cuestionan sus decisiones, dilaciones injustificadas en la resolución de casos importantes para los consumidores, y negligencia en la supervisión de la solvencia de las compañías aseguradoras que operan en la isla».

«Estas alegaciones, que incluyen, alegadas represalias contra empleados experimentados y un manejo deficiente en funciones críticas de supervisión, son sumamente preocupantes y ameritan una investigación profunda y transparente. Pero, seré justo y le daré la oportunidad al funcionario para que nos explique. La estabilidad del sector de seguros y la confianza del consumidor puertorriqueño es mi prioridad», sostuvo Navarro Suárez.

El legislador indicó además que la investigación buscará esclarecer los reclamos sobre sabotaje al desarrollo económico relacionado al Centro Internacional de Seguros, así como la prolongada vacante en la dirección de la División de Exámenes de la OCS, situación que compromete la supervisión efectiva del sector.

La carta originada por los empleados de la OCS reveló que la directora de la división de exámenes de  la OCS, cuya función es auditar las compañías aseguradoras para garantizar su solvencia, renunció el 31 de diciembre de 2023, y Adams Vega no ha hecho esfuerzos para llenar la vacante y asegurar el cumplimiento de las «normativas que rigen la solvencia de las aseguradoras», lo que presuntamente pone en riesgo la «estabilidad de la industria de seguros y la confianza del público en dicha industria». 

La denuncia de los empleados también señaló que Adams Vega ha saboteado el desarrollo del Centro Internacional de Seguros a través de no tomar acción sobre las numerosas autorizaciones presentadas por compañías que desean invertir y operar en el país.  Según revela la carta, las compañías interesadas en invertir en Puerto Rico y obtener autorizaciones para operar en el mercado llevan años esperando respuestas. 

«Nuestro compromiso es asegurar que la OCS cumpla cabalmente con su deber ministerial y garantice la protección adecuada a todos los consumidores y empleados afectados por estas alegaciones. Vamos a llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias», concluyó Navarro Suárez. 

La denuncia de los empleados de la OCS y el aviso sobre el inicio de una investigación legislativa emitido de Navarro Suárez ocurre en momentos cuando, alegadamente, el propio funcionario y miembros del sector de los proveedores de servicios de salud, como médicos, hospitales y laboratorios, realizan un intenso cabildeo para que Adams Vega continúe en la posición.

Adams Vega no cuenta con el respaldo de la Asociación de Compañías de Seguros, una entidad que ha criticado determinadas iniciativas y proyectos de ley que el Comisionado de Seguros ha patrocinado abiertamente. El sector de los reaseguradores internacionales que operan en Puerto Rico también se han manifestado en contra de iniciativas respaldadas por Adams Vega.

Hasta ayer domingo 23 de marzo la gobernadora Jenniffer González Colón no había anunciado la designación del Comisionado de Seguros. 

A pesar de que fuentes de la industria de seguros sostienen que en privado la gobernadora ha manifestado su intención de traer a la OCS una nueva figura, ese nombramiento aún no ha sido anunciado, lo que ha alentado las especulaciones sobre que Adams Vega pudiera permanecer en el cargo.

Por Miguel Díaz Román 

Ante los alegados intentos del Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, de permanecer en el cargo, un grupo de empleados de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) han denunciado que durante su gestión el ambiente de trabajo se ha visto alterado por una atmósfera de «constante maltrato, atropello, falta de ética y legalidad», lo que ha impedido que esa agencia reguladora pueda cumplir su misión «de proteger al consumidor y garantizar la estabilidad de la industria de seguros». 

La denuncia sostiene que Adams Vega ha fallado en su responsabilidad de auditar a las compañías aseguradoras para constatar su solvencia, mientras que su «comportamiento antitético y su actitud autoritaria» ha creado un ambiente de trabajo tóxico, al se suman las represalias que, alegadamente, toma el funcionario contra «aquellos que se atreven a señalar sus procederes irregulares».

Los graves señalamientos contra Adams Vega figuran en un carta que sería distribuida entre los miembros del Senado y en la Fortaleza, en un intento de contrarrestar el alegado intenso cabildeo que ha realizado el funcionario para que se le permita continuar en la posición.   

«Es imperativo que se tomen acciones inmediatas para corregir esta situación y restablecer un entorno de trabajo respetuoso y funcional. Los empleados merecen ser escuchados y tratados con dignidad, y la ciudadanía de Puerto Rico necesita un regulador que cumpla fielmente con su deber ministerial de manera efectiva y ética», señala la misiva.

En el aire las auditorías

Otra denuncia que revela la carta es que, alegadamente, Adams Vega no ha tomado las acciones necesarias para garantizar el funcionamiento de la división de exámenes de  la OCS, cuya función principal es auditar las compañías aseguradoras para garantizar su solvencia.

«La directora de esta división renunció el pasado 31 de diciembre de 2023, y a pesar de la gravedad de la situación, el Lcdo. Alexander Adams no ha hecho esfuerzos significativos para nombrar un nuevo director que asuma esta responsabilidad crítica. La falta de acción por parte del Lcdo. Alexander Adams para resolver esta vacante y asegurar el cumplimiento de las normativas que rigen la solvencia de las aseguradoras es alarmante, pues pone en riesgo la estabilidad de la industria de seguros y la confianza del público en dicha industria. Este descuido refleja no solo una falta de liderazgo efectivo, sino también un grave desinterés por velar por el bienestar del consumidor de seguros puertorriqueño», relata la misiva.

Imputan sabotaje al Comisionado

La denuncia también señala que  Adams Vega ha saboteado el desarrollo del Centro Internacional de Seguros a través de no tomar acción sobre las numerosas autorizaciones presentadas por compañías que desean invertir y operar en el país. 

Según revela la carta, las compañías interesadas en invertir en Puerto Rico y obtener autorizaciones para operar en el mercado llevan años esperando respuestas. 

«Este proceso de revisión intencionalmente lento y la falta de celeridad en la toma de decisiones está obstaculizando el desarrollo económico que el centro debía generar para la isla», recalca la misiva.

Otra situación denunciada por los empleados es la constante dilación en la resolución de los casos presentados por los consumidores contra las aseguradoras. 

Alegadamente, los casos permanecen durante años sin lograr una resolución , a pesar de que los consumidores los someten de manera diligente y de que la OCS tiene la responsabilidad de garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos.

Dilación y hostigamiento

«Esta situación no ha sido atendida por el Lcdo. Alexander Adams, quien, al parecer, no le ha dado la importancia necesaria a la rapidez y eficiencia con que se deben manejar estos casos. Es importante resaltar que el Comisionado es quien tiene la responsabilidad de firmar las resoluciones, por lo que la dilación recae directamente en él. Esta falta de acción no solo genera frustración en los consumidores, sino que también socava la credibilidad de la agencia y demuestra una clara falta de compromiso con su función de asegurar que las aseguradoras cumplan con sus obligaciones y ofrezcan un servicio justo y transparente», advierte la misiva.

El hostigamiento y las acciones de represalia que, presuntamente, sufren los empleados cuando cuestionan las decisiones tomadas por Adams Vega es otro escenario adverso que domina la atmósfera de trabajo en la OCS.  

Según sostiene la carta, las víctimas de hostigamiento son empleados con años de experiencia, muchos de los cuales tienen un conocimiento profundo de la función técnica de la agencia.

Maltrato constante

«Cuando estos empleados plantean dudas legítimas sobre la ética o legalidad de las decisiones del Comisionado, en lugar de ser escuchados, son objeto de represalias, lo que socava aún más la moral en la agencia. Solicitamos su atención con carácter de urgencia a este asunto, pues los empleados de la OCS ya no pueden seguir tolerando el constante maltrato, el atropello a su integridad profesional, la falta de ética y legalidad en la gestión del Lcdo. Alexander Adams y el menosprecio a los años de experiencia y servicio», concluyó la carta.

Fuentes de la industria aseguran que la gobernadora Jenniffer González Colón ha sostenido en privado que su intención es que Adams Vega sea sustituido por un nuevo Comisionado de Seguros. 

No obstante, al ingresar el tercer mes de la nueva administración, aún la gobernadora no ha seleccionado un candidato  a pesar de que, alegadamente, posee una terna con más de tres alternativas de profesionales que cuentan con la preparación académica, la experiencia y el respaldo de diversos sectores de la industria de seguros para ocupar el cargo.

Las fuentes sostienen que desconocen las razones que justifiquen la falta de acción de la Primera Ejecutiva en relación con el nombramiento del Comisionado de Seguros.

Por Miguel Díaz Román

La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) ha insistido ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan en mantener la confidencialidad de un acuerdo alcanzado con el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation (Swiss Re), en relación con la liquidación de la aseguradora Real Legacy, sin ofrecer razones para justificar su petición más allá de alegar que quitar el manto de secretividad al acuerdo es un intento de fiscalizar sus actuaciones en la liquidación. 

 La OCS ha sostenido que los documentos en controversia pertenecen a una aseguradora privada sometida a liquidación, en la que el regulador opera como un mero administrador del proceso y aunque reconoce que la industria de seguros está revestida de interés público, esa cualidad no convierte en públicas a esas empresas ni a sus documentos privados.

La petición para que se libere el acuerdo del manto de confidencialidad ha sido planteada por la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG), que ha sostenido que mantener en secreto los detalles de lo acordado impedirá que  “los asegurados, reclamantes, acreedores y el público en general”, se enteren de las transacciones millonarias que pudo alcanzar la OCS con Swiss Re.

Incluso, la AG ha planteado que «es de muy difícil acomodo a nuestro estado de derecho» que un servidor público en el desempeño de sus funciones pueda avalar  transacciones millonarias bajo un manto de secretividad. 

La AG también ha cuestionado la pretensión de la OCS para que se le considere como «un síndico privado”.

Pero la OCS alega que la función de la AG avalada por el Código de Seguros se limita a adjudicar y pagar las reclamaciones que le son referidas, mientras que tampoco le reconoce a la entidad injerencia en el negocio de reaseguro. 

No habrá una nueva derrama

Además, la OCS ha advertido de manera reiterada que el proceso de liquidación ha generado suficientes recursos económicos para pagar la totalidad de los reclamos presentados por los asegurados de Real Legacy, por lo que no será necesario decretar una nueva derrama para pagar las reclamaciones.

Los argumentos de la OCS figuran en una moción radicada el pasado 7 de marzo, que constituye la respuesta del regulador a una petición de reconsideración que había planteado la AG, luego de que el pasado lunes 27 de enero la jueza Katarina Stipec Rubio emitiera un escueto “sin lugar” a una petición de la entidad para que se permita el acceso al acuerdo entre la OCS y  Swiss Re.  

La jueza Stipec Rubio no presentó argumentos para justificar su decisión.

El 27 de septiembre de 2024 la OCS radicó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una solicitud “urgente ” en la que informó haber logrado un acuerdo con Swiss Re que, alegadamente, beneficiaría a los asegurados de Real Legacy. 

Además, le solicitó al Tribunal que mantenga en confidencialidad el documento. El 10 de octubre de 2024 el Tribunal avaló la petición de la OCS.

Escándalo a la vista

Aunque es de conocimiento público que al momento de la liquidación Real Legacy mantenía un contrato de reaseguro con Swiss Re, como resultado de la determinación del tribunal para conservar en confidencialidad el documento, se desconoce el monto de dinero que involucra el acuerdo y si el reasegurador pagó menos de la responsabilidad adjudicada en el contrato de reaseguro.

Otro aspecto de la controversia es que la insistencia de la OCS en mantener el acuerdo en confidencialidad ha alentado las especulaciones sobre si el regulador pudo beneficiar a determinados asegurados, al priorizar el pago de sus  reclamaciones.    

Incluso, miembros de la industria de seguros han planteado que la insistencia de la OCS en mantener el acuerdo con Swiss Re en confidencialidad constituye una señal inequívoca de que asistimos a un escándalo en ciernes, debido a que probablemente las partes han concluido que lo acordado, en el contexto de la liquidación de Real Legacy, es lo suficientemente controversial como para que no se conozca públicamente.

La OCS ha señalado en su moción que la controversia planteada por la AG en realidad se trata sobre los intentos de fiscalizar las actuaciones del regulador en su gestión de liquidador de Real Legacy. 

«Un curso de acción vedado por nuestro Tribunal Supremo en el caso de Builders Insurance, determinación que constituye el estado de derecho vigente, el cual no ha sido revocado por legislación alguna», sostuvo la OCS.

De acuerdo con la posición de la OCS, una decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico de 1979 en el caso Comisionado de Seguros v. Builders Insurance Company concluyó que la AG no tiene derecho a intervenir judicialmente en contra de la OCS con el fin de fiscalizar las transacciones que acuerde como liquidador de un asegurador insolvente, para garantizar que estos sean acertados.

Decisión en caso Builders está vigente

Sobre este aspecto, la AG sostuvo que el caso de Builders Insurance fue decidido cuando todavía estaba en vigor el texto original el capítulo 40 sobre “Rehabilitación y Liquidación», el cual integró el Código de Seguros desde que fue aprobado en 1957. 

Advirtió que en 1991 el Capítulo 40 fue reformulado para permitir que la AG pueda intervenir en contra de la OCS a través de una acción judicial. La citada versión establece que «una asociación de garantía o asociación de garantía extranjera tendrá derecho a comparecer en cualquier procedimiento judicial relacionado con la liquidación de un asegurador si la misma viene obligada o podría venir obligada a tomar alguna acción como resultado de la liquidación.”

Pero la OCS señaló que ante la realidad de que la AG no puede intervenir en el negocio de reaseguro «resulta evidente que lo resuelto en Builders, en cuanto a que la AG no está autorizada a intervenir como medio fiscalizador dirigido a asegurar que los negocios que realice el Comisionado, o su representante, sean acertados u honestos o para objetar la disposición de activos de un asegurador insolvente, está vigente y en pleno vigor, pues no hay nada incompatible con dicha determinación». 

La OCS también argumentó en su moción que el acuerdo «entre Swiss Re y la liquidación de Real Legacy no impide a la AG realizar sus  funciones estatutarias. Funciones que en esta liquidación se limitan a resolver las controversias que tiene ante su consideración puesto que existen fondos suficientes para pagarlas sin necesidad de derrama alguna». 

Documentos privados no sujetos a normas públicas

Otro planteamiento de la OCS es que, aunque en Puerto Rico existe un derecho de acceso a información pública como parte del derecho a la libertad de expresión, «ese derecho de acceso a información pública depende de que lo que se solicite sea verdaderamente público». 

Tras hacer esa advertencia, la OCS recordó que  el artículo 40.440 del Código de Seguros establece que los documentos objeto de un proceso de rehabilitación o liquidación no son documentos públicos, sino documentos privados no sujetos a las leyes aplicables sobre documentos públicos. 

Sobre este planteamiento la AG replicó que el artículo 40.010(4) del Código de Seguros establece que los procedimientos en casos de insolvencia y de cualquier incumplimiento de un asegurador son parte integral del negocio de seguros y como tal están investidos de un interés público.

Además, la AG argumentó que la OCS no deja de ser una entidad pública porque interviene y liquida un asegurador privado y también señaló que los documentos relacionados con la liquidación en manos de la OCS son también documentos públicos sujetos al escrutinio público.

Finalmente, la moción de la OCS advirtió que el tribunal que viene obligado a respetar la decisión de dos entidades privadas de mantener en confidencialidad el acuerdo y de esta manera también se fomenta la negociación de cualquier acuerdo posterior entre las partes.

«Después de todo, los  documentos en controversia pertenecen a una empresa aseguradora privada, sujeta a una  industria sobre la cual existe alto interés público, para la cual al Comisionado de Seguros  se le designó la función de administrador en la etapa de su liquidación. No obstante, el que exista algún interés público en la industria de seguros no convierte en públicas a las  empresas que se dedican a esta industria», concluyó la OCS. 

Por Miguel Díaz Román

El Departamento de Justicia comenzó a crear una unidad de fiscales para investigar y procesar violaciones e incumplimientos en la prestación de servicios de salud a los pacientes, una iniciativa que no tiene precedentes en Puerto Rico y cuyo alcance en este momento se desconoce.

La información fue revelada por el designado secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, por medio de  una ponencia escrita que fue divulgada durante una vista pública de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, la cual es presidida por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló.

Ramos Otero reveló que ha sostenido reuniones con la designada secretaria de Justicia, Janet Parra Mercado, dirigidas a crear la nueva unidad de fiscales y a definir su marco de jurisdicción en el ámbito civil y criminal.

En la vista pública, celebrada el pasado martes, la Comisión de Salud estuvo examinando dos medidas, el Proyecto de la Cámara 2, que propone establecer en el Plan Vital del gobierno un sistema uniforme de tarifas para los proveedores de servicios de salud; y el el Proyecto de la Cámara 9, que autoriza a la Administración de Seguros de Salud a subrogarse y recobrar aquellos gastos médicos pagados por el gobierno, pero causados por un tercero a los beneficiarios del Plan Vital.

Precisamente, los planteamientos de Ramos Otero sobre la nueva unidad de fiscales fueron realizados durante su discusión del Proyecto 9. 

De hecho, el designado secretario dijo que la propuesta que le permitiría al gobierno recobrar los gastos médicos causados por un tercero es uno de los asuntos que atendería la nueva unidad de fiscales.

Justicia crea unidad

«Una recuperación adecuada de estos gastos podría contribuir a la sostenibilidad del sistema de salud en Puerto Rico y disminuir la dependencia de financiamiento federal adicional», sostuvo Ramos Otero.

Sobre las reuniones sostenidas con Parra Mercado con el fin de crear la nueva unidad de fiscales Ramos Otero señaló que «el propósito de estas reuniones ha sido poder ir creando una unidad de fiscales dentro de dicha agencia (el Departamento de Justicia), que se enfocaría exclusivamente en los temas que afectan la prestación efectiva de servicios de salud a los pacientes, abarcando, entre otras, las mismas funciones que se proponen en este proyecto. De hecho, las discusiones han estado dirigidas a definir el marco de jurisdicción de esta oficina desde la perspectiva civil y criminal».

El designado secretario de Salud también señaló que la propuesta para crear la nueva unidad de fiscales figura como una de las promesas de la plataforma de Salud de la gobernadora Jennifer González Colón.

Señalamientos imprecisos

La mencionada plataforma propone «crear una unidad de fiscales en el Departamento de Justicia dedicada a asuntos de salud, para garantizar una atención efectiva y especializada en la defensa de los derechos de los pacientes y abordar las querellas relacionadas con la prestación de servicios de salud».

No obstante, tanto la plataforma política de la gobernadora González Colón y los señalamientos del designado secretario de Salud son sumamente imprecisos sobre el alcance de la nueva unidad de fiscales y no se aclaran otras interrogantes sobre los sectores de la industria de salud que estarían cobijados por la iniciativa y bajo qué condiciones se consideraría que violan los derechos de los pacientes o que no ofrecen servicios adecuados de salud. 

 A preguntas de SN, Ramos Otero sostuvo que el Departamento de Justicia estaría determinando si será necesario  presentar un proyecto de ley para crear la unidad y para establecer  las áreas de violación y las sanciones civiles y criminales que se podrían imputar.

«Justicia está  evaluando eso», dijo Ramos Otero.

El establecimiento de unidad de fiscales para atender las quejas de los pacientes insatisfechos con los servicios de salud que reciben representa un precedente innovador que no deja de ser polémico, pues sería la primera vez que el gobierno crea un organismo para encauzar en los tribunales los incumplimientos en los servicios de salud.

Ha trascendido públicamente que las dificultades en la accesibilidad de servicios, la denegación de medicamentos o la intervención de las aseguradoras en el juicio médico figuran como los principales problemas que enfrentan los pacientes. 

Control de gastos

Tales señalamientos acontecen en la modalidad de cuidado dirigido que rigen los seguros de salud financiados con fondos federales, como el Plan Vital, que recibe fondos federales del Medicaid, y la cubierta federal Medicare Advantage, dirigida a retirados de más de 65 años que han pagado el Seguro Social. La modalidad de cuidado dirigido pretende controlar el gasto en el uso de fondos federales. 

Aunque los pacientes insatisfechos con los servicios de salud que reciben tienen varias vías para hacer llegar sus quejas al gobierno, no está claro si estos mecanismos son efectivos o si es necesario avalar un organismo con el poder de imputar violaciones de ley criminales y civiles a los que incumplen su responsabilidad con los servicios de salud de los pacientes. 

Múltiples alternativas

Actualmente la Procuraduría del Paciente atiende las querellas de pacientes mientras que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) también recibe las querellas de los pacientes y de los proveedores de servicios de salud. La Procuraduría del Envejeciente investiga las querellas de los asegurados de la cubierta Medicare Advantage.

En 2024  la OCS lanzó una página de internet denominada Alerta, para que los pacientes puedan presentar reclamaciones cuando una aseguradora rechaza un medicamento, un tratamiento o servicio.

Alerta atiende querellas relacionadas con el Plan Vital, con la cubierta Medicare Advantage y aquellas que involucran seguros de salud que ofrecen las aseguradoras al mercado privado a sectores industriales y comerciales.

Por Miguel Díaz Román

La gobernadora Jenniffer González Colón aún no ha seleccionado a la persona que ocupará la posición de Comisionado de Seguros al cumplirse el tercer mes de su nueva administración, lo que ha causado una parálisis total en las operaciones de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), una entidad que precisamente se ha caracterizado en los últimos años por una extrema dilación en cumplir con los diversos servicios que ofrece a los miembros de la industria de seguros. 

La incertidumbre y el atraso rampante son las palabras que mejor describen el estado actual de la OCS, según las expresiones de determinados miembros de la industria entrevistados por SN. 

De hecho, algunos de los entrevistados aseguran que en la OCS no se mueve un solo asunto desde la celebración de las pasadas elecciones en noviembre del 2024, lo que mantiene con inquietud y zozobra a numerosos ejecutivos de la industria, productores de seguros y ciudadanos, debido a que sus trámites en  la OCS están detenidos.

Mientras tanto, el licenciado Alexander Adams Vega continúa fungiendo como Comisionado de Seguros hasta tanto no sea nombrado su sucesor.

No va Adams Vega

Fuentes de la industria aseguran que la gobernadora González Colón ha sostenido en privado que su intención es que Adams Vega sea sustituido por un nuevo Comisionado de Seguros. 

No obstante, al ingresar el tercer mes de la nueva administración, aún la gobernadora no ha seleccionado un candidato  a pesar de que, alegadamente, posee una terna con más de tres alternativas de profesionales que cuentan con la preparación académica, la experiencia y el respaldo de diversos sectores de la industria de seguros para ocupar el cargo.

Las fuentes sostienen que desconocen las razones que justifiquen la falta de acción de la Primera Ejecutiva en relación con el nombramiento del Comisionado de Seguros.

Abandonada la banca y los seguros

Incluso, la gobernadora aún no ha anunciado su preferencia en relación a las posiciones para la dirección de la Administración de Seguros de Salud ni de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

«La gobernadora  ha abandonado el área de seguros y de la banca», sostuvo una fuente. 

Miembros de la industria de seguros han planteado que, con el fin de acabar con la incertidumbre administrativa en la OCS, y ante la posible insatisfacción con los candidatos disponibles, la gobernadora se incline por asignar al cargo a una de los ex funcionarios que ocuparon posiciones ejecutivas en esa oficina, aunque no sean los candidatos más idóneos.

Algunas fuentes han mencionado la posible nominación del ex Comisionado de Seguros, Javier Rivera Ríos, a quien se le vincula directamente como responsable de la pérdida de la acreditación de la OCS por parte de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC).

Contra Rivera Ríos también se ha señalado la existencia de posibles conflictos de interés debido a las numerosas deudas relacionadas con préstamos hipotecarios morosos que arrastra con instituciones bancarias.

En enero del 2020 Rivera Ríos presentó su renuncia al cargo ante la gobernadora Wanda Vázquez Garced. 

No obstante, en la prensa trascendió que fue despedido por Vázquez Garced debido a que Rivera Ríos, quien era miembro de la Junta de Gobierno de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, no logró la salida del administrador de esa corporación pública, Jesús Rodríguez, una petición realizada por la entonces gobernadora. 

Cabildean los proveedores

Mientras continúa la falta de acción de la gobernadora González Colón con el nombramiento del Comisionado de Seguros, personas relacionadas con el sector de los proveedores de servicios de salud, que incluye médicos, hospitales y laboratorios, han estado gestionando un intenso y solapado cabildeo en el Senado a favor de la permanencia de Adams Vega en el cargo. 

Esto a pesar de la cerrada oposición que existe en contra del funcionario, especialmente al interior de la Asociación de Compañías de Seguros (Acodese). 

Incluso, la fuentes aseguran que el propio Adams Vega ha realizados gestiones a su favor entre determinados senadores, a pesar de las escandalosas actuaciones que el pasado cuatrienio le imputó un informe senatorial, que lo vinculó con acciones fraudulentas con el objetivo de recuperar la acreditación de la OCS por parte de la NAIC.

Intervenciones cuestionables

Contra Adams Vega también figuran señalamientos de intervenciones cuestionables en el caso Redbridge, a pesar de que estaba inhibido de participar en asuntos relacionados con la firma PR legal Advisor, que ha sido representante legal de la empresa Redbridge. 

De hecho, recientemente la OCS informó que se había ordenado una investigación sobre unas imputaciones realizadas por Acodese contra la empresa Redbridge por la alegada venta ilegal de seguros de viaje.

También se le imputa a Adams Vega la aprobación del polémico reglamento de Normas para Regular el Proceso de Valoración (Appraisal) en Reclamaciones de Seguros, conocido como la regla 106, que entró en vigencia desde 1 de enero de 2024. 

Se oponen aseguradoras y reaseguradores

Entre otros asuntos, se le atribuye al citado reglamento la imposición a las aseguradoras de un proceso forzado de tasación de daños, en el que ajustadores públicos y tasadores sin experiencia podrían participar en calidad de árbitros.

Adams Vega también favoreció la aprobación del Proyecto de la Cámara 1533, que concedía a la OCS el poder adjudicar el monto de una reclamación de propiedad en controversia, y del Proyecto del Senado 1349, que otorgaba a la OCS el poder adjudicar el monto de las reclamaciones presentadas por los proveedores de salud. 

Ambas medidas fueron objetadas por las aseguradoras y por las compañías internacionales de reaseguro.

Otro asunto sumamente explosivo es que la OCS, durante la gestión de Adams Vega, ha querido mantener en confidencialidad el contenido de un acuerdo alcanzado con el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation (Swiss Re), relacionado con la liquidación de la aseguradora Real Legacy. 

La Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG) ha solicitado al Tribunal de Primera Instancia de San Juan que libere del manto de secretividad al citado acuerdo.

La insistencia de la OCS en mantener la confidencialidad del acuerdo ha levantado numerosas especulaciones sobre la calidad de lo acordado y si en realidad los asegurados de Real Legacy han sido favorecidos o, si por el contrario, Swiss Re resultó beneficiado al ahorrarse determinada cantidad de dinero en el pago de reclamaciones.