Evalúan aumentar profesionales para ajustar reclamaciones en catástrofe

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Miguel Díaz Román
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El Senado evaluó ayer una medida que avala permitir que  profesionales certificados por la Junta Examinadora de Ingenieros, Agrimensores y de Arquitectos; y por la Junta Examinadora de Contadores Públicos Autorizados puedan ejercer como ajustadores sin necesidad de una licencia de ajustador en eventos catastróficos.

La Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo que preside la senadora Nitza Morán Trinidad, evaluó  el Proyecto del Senado 557, que fue radicado por  la senadora de mayoría Roxanna Soto Aguilú. 

El proyecto propone autorizar, en eventos catastróficos, a los profesionales certificados por la Junta Examinadora de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de Puerto Rico para que puedan ser contratados por las aseguradoras, hacer ajustes y liquidar reclamaciones de propiedad, sin necesidad de ostentar una licencia como ajustador ni estar sujetos a adquirir un permiso especial. 

Además, incluir a los profesionales certificados por la Junta Examinadora de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico, para que puedan ser contratados por las aseguradoras para los ajustes de interrupción de negocios y pérdida de ingresos y liquidar las reclamaciones; y para otros fines.

“Convocamos esta vista pública sobre este proyecto porque resulta imperativo en los momentos que está viviendo el pueblo de Puerto Rico ante la época inminente de huracanes y que apenas comenzamos el pico de la misma”, destacó la senadora Morán, quien adelantó que se estarán evaluando las enmiendas presentadas a la pieza legislativa.

Compareció a la audiencia el licenciado Alexander Adams Vega, Comisionado de Seguros, quien favoreció la medida con enmiendas. 

Más recursos

“Reconociendo la necesidad de llevar a cabo un manejo oportuno de las reclamaciones luego de una catástrofe coincidimos en que resulta imperativo que las aseguradoras cuenten con recursos suficientes para atender el repentino y alto volumen de reclamaciones que genera un evento catastrófico”, dijo Adams.

 Asimismo, el deponente manifestó que los ingenieros, arquitectos y contadores públicos son profesionales que, por su formación, conocimientos y capacidades, resultarían ser recursos idóneos para asistir como ajustador independiente de emergencia en el manejo de reclamaciones, en la eventualidad de una catástrofe natural. 

“No obstante a lo anterior, entendemos que en este Proyecto se debe requerir a estos profesionales que, previo a actuar como ajustador independiente de emergencia, se registren como tal ante el Comisionado de Seguros”, recomendó Adams como enmienda al proyecto.

 A su vez, Adams explicó que actualmente, como excepción a la norma general de requisito de licencia, en situación de una catástrofe general declarada por el Gobernador(a) de Puerto Rico, el Comisionado está facultado a otorgar un permiso especial de ajustador de emergencia a una persona sin tener que poseer licencia, de conformidad al Artículo 9.310 del Código.

Morán preguntó quién regula el licenciamiento de los ajustadores. Adams respondió que, en el caso de un evento catastrófico, como fue en el pasado Huracán María, el propio Código le faculta al Comisionado de Seguros emitir un permiso especial. 

Un permiso

“No es una licencia, sino un permiso, como dice la palabra especial que tiene una vigencia temporal, una vigencia de seis meses por programa”, añadió. Igualmente, la senadora cuestionó cómo evaluarían esta medida. “Nosotros favorecemos la medida siempre y cuando haya un registro. Esa es una sugerencia que estamos presentando a la comisión. Ese registro nos permitiría tener visibilidad de quiénes serían las personas que estarían llevando ajustes de reclamación a nombre de los aseguradores”, abundó el deponente.

Además, Morán preguntó sobre los agrimensores en particular. Adams indicó que, siguiendo las recomendaciones en el pasado del Colegio de Ingenieros y Agrimensores, estamos reconociendo a los ingenieros civiles con la certificación.

La senadora de mayoría, Migdalia Padilla Alvelo, preguntó qué conlleva un profesional que no tenga una licencia de ajustador y tampoco permisos especiales. Adams contestó que, aparte de una licencia en caso de una catástrofe, el Código de Seguros permite que se pueda emitir un permiso especial. 

“Sabemos que una catástrofe, con el volumen de reclamaciones que surge, es un volumen sustancial y para que las compañías de seguro puedan tener recursos disponibles, se flexibiliza el requisito de licenciamiento… Aquí hay unos detalles que hay que ir concretando más. El aspecto de que tienen un permiso, pero ese permiso tiene que ser por un periodo de tiempo limitado”, detalló el deponente sugiriendo que el periodo sea uno de seis meses.  

Igualmente, Padilla preguntó qué impacto económico vislumbra la medida. Adams dijo que la medida no tiene impacto económico.

 También, participó de la audiencia Cynthia Rijo en representación del Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CPA), quien mostró reservas con la medida como está redactada, pero dijo estar en la mejor disposición de trabajar en el lenguaje para que continúe el trámite legislativo. 

Sin certificaciones

“En el caso particular de los CPA, aunque tienen una licencia que certifica unos conocimientos mínimos en contabilidad, estos conocimientos no necesariamente están alineados para poder ajustar una reclamación de interrupción de negocio. Para poder realizar el ajuste de una reclamación de interrupción de negocio es indispensable estar familiarizados con los conceptos, cláusulas y regulaciones de la póliza de seguros”, dijo Rijo.

 A preguntas de Morán sobre si actualmente tiene certificaciones sobre el tema de ajustes de seguros para los CPA. Rijo indicó que actualmente no, pero está en proceso con el Instituto Americano de Contadores Públicos Autorizados, que trabajan distintos tipos de certificaciones. 

“Ya nosotros nos estamos moviendo a traer y trabajar varias de esas certificaciones acá. Eso está combinado con esta iniciativa que nos parece muy importante. Pues entonces estaríamos dispuestos a trabajar en particular para poder atender esta necesidad”.

Igualmente, se presentaron ante la comisión el ingeniero José Raúl Torres y Amarilis Rosario en representación del Colegio de Ingenieros y Agrimensores. Torres manifestó que avalan el proyecto con recomendaciones. 

“Nuestros profesionales son los idóneos para hacer un esfuerzo como éste”, afirmó. Igualmente, indicó que es necesario definir en el proyecto lo que es un evento catastrófico.  

 Necesidad de pericia

Además, el deponente indicó que cuando hay un evento catastrófico como un huracán o un terremoto, hay una pericia técnica que no necesariamente un ajustador tiene. 

“Un ajustador no va a poder determinar si estructuralmente la facilidad está en condición, si la subestación eléctrica está o no está funcionando, si tuvo daño, si no tuvo daño, si los sistemas de aire acondicionado se afectaron o no se afectaron”, abundó Torres. 

El ponente sostuvo que limitar la medida a los ingenieros civiles no tiene lógica porque la licencia de ingeniero es una sola. “Los daños en un evento catastrófico impacta todas las áreas”, dijo Torres.

 Moran preguntó si cuentan con el banco de personas disponible para hacer este trabajo. Rosario respondió que sí. “El colegio posee un banco de datos que especifica la concentración de cada uno de los ingenieros. Es una base de datos que se le requiere a los mismos colegiados para que indiquen su expertise”.

Mapfre hace señalamientos

 En representación de la compañía de seguros MAPFRE participó en la vista pública su presidente, Alexis Sánchez Géigel, y la vicepresidenta, licenciada Hilda Surrillo.

Aunque la medida es loable, planteo  Surrillo, su redacción actual no es favorecida por Mapfre.  

Surrillo indicó que el lenguaje se debe inclinar por favorecer el concepto «facilitar» en vez de «garantizar la disponibilidad de recursos» durante un evento catastrófico. 

“Los recursos pueden cambiar de tiempo en tiempo. La medida debe tener objetivos realistas y factibles”, abundó la deponente. Además, Surrillo recomendó que se incluyan a los abogados por el conocimiento que pueden tener para interpretar la póliza y aplicar el contrato.

 A la vez, Surrillo planteó reservas con el límite de 90 días para culminar el proceso de resolver las reclamaciones . 

Explicó que el Huracán María, generó no solo las sobre 70,000 reclamaciones y divididas por sobre 90,000 sufijos (subdivisiones de reclamaciones) que recibió MAPFRE, sino, la más de las 225,500 reclamaciones presentadas por asegurados en todo Puerto Rico.

Licencia parcial

 “Para los ejercicios del 2017 y del 2018, y con la expectativa de ajustar en las reclamaciones de pérdidas de propiedad en solo 90 días, la cantidad de ajustadores (incluidos los de emergencia, corporativos e individuales) no daban abasto para que se pudieran realizar el cierre según la ley disponible”, detalló. 

Igualmente, indicó que tiene que proveerse un mínimo de examen de un extracto de las partidas que estarán trabajando.

Por su parte, Sánchez Géigel advirtió sobre la necesidad de avalar una licencia parcial que le permita a profesionales como ingenieros y arquitectos poseer los conocimientos y el permiso correspondiente para realizar el ajuste de reclamaciones. 

El ejecutivo sostuvo que la aprobación de una licencia parcial, la cual sería obtenida por los profesionales luego de un oportuno entrenamiento en los rigores del proceso de ajuste, podría funcionar como una solución temporera para enfrentar las numerosas reclamaciones que podría generar una catástrofe.

“Durante el huracán María, tuvimos muchos ingenieros y arquitectos valorando daños, algunos de los cuales también se convirtieron en ajustadores. Les proporcionamos entrenamiento para tomar el examen necesario. El problema es que, para garantizar que tenían los conocimientos adecuados, debían pasar un examen completo, incluso de áreas que no iban a trabajar. Al no contar con suficientes recursos con licencia de ajustadores, tuvimos que subcontratar a personas de EE. UU. para que partieran de la tasación local y llegarán a un ajuste. Esto se pudo haber manejado localmente si las personas hubiesen pasado el examen más rápido. Hay que ser pragmáticos y considerar una licencia parcial y temporera”, explicó Sánchez Géigel. 

Esta historia fue redactada por el servicio del prensa del Senado

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Acodese demanda a la OCS

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Por Miguel Díaz Román

La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese), ha impugnado en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan la llamada Regla 106 del Código de Seguros que establece el procedimiento de valorización de reclamaciones en controversia conocido como “appraisal».

Desde su puesta en vigor en noviembre del 2023, la Regla 106 fue recibida con reclamos de parte de las aseguradoras del país para que algunas de sus partes fueran enmendadas. Las aseguradoras entendieron que la redacción vigente de la Regla 106 representa un reto real para sus intereses y derechos.

La demanda es una solicitud de sentencia declaratoria que busca que el tribunal acoja los argumentos fundamentales de ACODESE sobre que determinadas disposiciones de la Regla 106 son nulas e improcedentes, debido a que rebasan el límite de la ley  (ultra vires) y por tanto inconstitucionales.

Se considera que la Regla 106 es una criatura del Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, quien ha resistido los reclamos de Acodese para introducir enmiendas. 

De hecho, la demanda de Acodese acontece en momentos cuando la gobernadora Jenniffer González Colón no ha nombrado un sustituto para el cargo de Comisionado de Seguros.

Esta situación ha exacerbado las especulaciones sobre que Adams Vega podría permanecer en el cargo debido a que la administración de González Colón no ha logrado reclutar candidatos viables.

En ese contexto, la demanda de Acodese representa una señal inequívoca de rechazo contra Adams Vega por parte de una representación sustancial de las aseguradoras que operan en el país.

Fatal desestabilización 

Además, según sostiene Acodese, la aplicación de la Regla 106 representa una fatal desestabilización de la industria de seguros de Puerto Rico, la cual es responsable del 17.4% del Producto Interno Bruto. Alegadamente, dicha desestabilización podría causar «el descalabro de la economía de Puerto Rico».

El reclamo de sentencia declaratoria fue radicado el pasado 4 de agosto de 2025 por abogados del bufete Saldaña, Carvajal & Vélez Rivé, que representa a Acodese en el pleito. 

La demanda plantea que mientras el tribunal ha recibido el pleito existen dos aseguradoras participando de un proceso de appraisal, One Alliance y Mapfre, las cuales «ya están sufriendo un daño concreto».

Daño inminente

Acodese también advirtió que las aseguradoras del país enfrentan un daño inminente debido a que desde el 1 de junio comenzó la temporada de huracanes, lo que implica que existe una alta probabilidad de que surja una gran cantidad de reclamaciones por daños relacionados a huracanes que podrían transitar hacia el proceso de appraisal.

La demanda contiene cuatro causas de acción que recogen diversos artículos de la regla que, según Acodese, exceden el ámbito de lo legal. Algunas de ellas, comentadas a continuación, revelan en gran medida las principales preocupaciones de Acodese. 

Entre estas figura el inciso (2) del Artículo 9 de la Regla 106 es ultra vires porque, alegadamente,  conflige con la Sección 3 de la Ley 242-2018. Esta ley añadió el artículo 9.301 al Código de Seguros, con el propósito de adoptar el proceso de “appraisal” como un mecanismo alterno al foro judicial para resolución de disputas sobre la valoración de daños, en la que el asegurador haya aceptado la existencia de «cubierta» o de una reclamación.

Acción ultra vires

De acuerdo con el documento, el inciso (2) del Artículo 9 de la Regla 106 contiene un lenguaje que permite encaminar un proceso de valorización sin mediar una determinación sobre la existencia de  «cubierta», o un ajuste en caso de existir cubierta. 

«Esto conflige con el Inciso (3) del mismo artículo el cual requiere la existencia de una disputa en cuanto a los elementos de la reclamación y propicia que el Comisionado se involucre en asuntos de cubierta, lo que sería una acción administrativa ultra vires», señala el documento.

Otro elemento que Acodese considera es «ultra vires» es el artículo 10 de la Regla 106, el cual incluyó el concepto de matching como uno de los elementos a considerar en un proceso de «appraisal». 

Facultades a tasadores y árbitros

De acuerdo con la demanda, el «matching» ocurre cuando un asegurado reclama indemnización para incluir, por ejemplo, un aspecto de la fachada de un estructura que, aunque no resultó afectada por el siniestro cubierto, «debe ser reemplazada para evitar que se cree una discrepancia visual con las otras que sí fueron dañadas por el siniestro». 

Acodese alegó que dicho artículo  garantiza facultades a los tasadores y los árbitros que exceden lo dispuesto en la Ley 242-2018 y en la propia Regla 106, que señala que la determinación que se emite como parte de un procedimiento de appraisal se debe limitar al valor de la pérdida relacionada con el evento, sin considerar o interpretar asuntos de cubierta o asuntos de derecho.

El reclamo de Acodese también catalogó de «ultra vires» el artículo 11 de la Regla 106 porque, alegadamente, avala el ajuste de una reclamación. Según la entidad que integra las aseguradoras del país, la Ley 242-2018 establece que el proceso de valorización se limita a “la resolución de disputas relacionadas con el valor de la pérdida o daños en una reclamación. 

También dispone que el ”árbitro no tendrá autoridad para decidir controversias de cobertura o cualquier cuestión de derecho”. Además, aclara que la valorización es una actividad separada e independiente que no está sujeta al proceso de «appraisal”.

Pago de honorarios

El artículo 18 de la Regla 106 ordena que, luego de alcanzado un acuerdo y si no existe oposición transcurridos 30 días, lo acordado será final y firme y el pago de la cuantía establecida se debe realizar de inmediato. 

No obstante, ACODESE señaló que el procedimiento de valorización no establece el monto a pagar, sino el valor de la pérdida sufrida. Advirtió que el pago de la reclamación se logra aplicando los términos, condiciones, límites y exclusiones de la póliza.

 «Este ejercicio no forma parte del procedimiento de valorización», indicó la demanda.

Otro artículo que es «ultra vires», según argumentó Acodese,  es el 20, el cual establece que si la parte perdidosa impugna la decisión y el tribunal falla en cu contra, estará obligada a rembolsar a la parte ganadora las costas y desembolsos del litigio. 

El tribunal también podría, si se detecta temeridad,  imponer el pago de los honorarios de abogado. Acodese sostuvo que la Ley 242-2018 no avala una sanción monetaria por ejercer el derecho a cuestionar la corrección o validez de una resolución de appraisal.

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Detallistas claman por justicia tras 17 años sin que precio de la leche reconozca alza en margen de ganancias

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En momentos cuando se desconoce cuál será el aumento en  el precio de la leche que finalmente decretará la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), el sector de los detallistas y mayoristas, entre los que figuran de las cadenas de supermercados  y los Cash & Carry, aspiran a que se les haga justicia después de que en 17 años su márgen de ganancias no ha sido revisado.

Tanto el presidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Ramón Barquín, y el licenciado Manuel Reyes Alfonso, quien es vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), aspiran  a que la ORIL rompa con un patrón adverso que no le ha reconocido aumentos al margen de ganancia de los detallistas desde 2008, lo que suma 17 años.

«Lo que queremos es un trato justo. Y es en el mejor interés de toda la cadena.Hemos estado en comunicación con el secretario de Agricultura anterior (Ramón González Beiró ) y con el actual (Josué Rivera Castro) . Ellos reconocen la injusticia. Veremos si la atienden», indicó Reyes Alfonso.

Barquín reveló que confía en que finalmente la ORIL se apresta a conceder un aumento justo para el sector de los detallistas. 

Si los supermercados no pueden…

“Si los supermercados de mayor tamaño no pueden sufragar los costos, realmente el detallista minoritario, de menor tamaño puede mucho menos. Yo veo desde el inicio la intervención del estado con mucha suspicacia. Lo que debería haber genuinamente es una menor intervención del estado y que los precios de la leche respondan genuinamente a los mandatos del mercado y no a las políticas populistas y socialistas de control de mercado”, dijo  Barquín.

Incluso, Barquín sostuvo que la salida de la empresa Suiza Dairy del mercado de leche del país es el resultado de la intervención del gobierno por medio de la regulación de la industria lechera. 

“Toda esta intervención del estado lo que ha traído es un disloque de la industria lechera, ya lo estamos viendo en lo de Suiza Dairy y en el mercado de leche UHT”, agregó Barquín. 

El presidente del CUD sostuvo que mantiene buena comunicación con Rivera Castro y que el funcionario está consciente de los gastos operacionales que padecen los  detallistas.

No obstante,  la tarea enfrenta retos pues el informe exhaustivo de la industria lechera elaborado en la ORIL solo recomienda conceder un alza de 1 centavo al sector de los detallistas, mientras que para el sector de los mayoristas, que distribuyen buena parte de la leche UHT producida en el país,  el documento no hace recomendación alguna.

1 centavo no da

MIDA denunció la escandalosa situación  en una misiva enviada a la ORIL el pasado 10 de julio, en la que reveló que la recomendación de aumentar 1 centavo fue realizada sin ofrecer datos científicos que justifiquen su decisión. 

El márgen bruto de ganancia de los detallistas avalado por la ORIL asciende a 10 centavos y por 17 años no ha experimentado modificación alguna.

Incluso, la carta denuncia que la recomendación de aumento a los detallistas es irracional y demuestra un claro discriminen contra el sector empresarial.

«Después de 17 años, el presente informe otorga 1 centavo adicional como único aumento en costos operacionales. Aunque menciona «proyecciones para el 2020 y 2023″, el documento no provee datos o fuentes de donde surja de forma racional, razonable y científica que dichos costos operacionales no han aumentado en más de 1 centavo en casi dos décadas», indicó en la misiva el licenciado Reyes Alfonso.

Decisión irrracional

De hecho, la carta tilda de «irracional» la recomendación de conceder un alza de 1 centavo ante los incrementos registrados en diversos gastos operacionales.

MIDA destaca el aumento de aproximadamente 28 % registrado por el Índice del Precio al Consumidor entre 2008 y 2023, mientras señala que el aumento promedio experimentado por el renglón de los salarios ascendió a 155 %  entre 2010 y 2023.

De acuerdo con MIDA, por los pasados 17 años la ORIL ha discriminado contra el sector mayorista y detallista, pues todas las revisiones de costo de gasolina, diésel y electricidad han registrado un aumento para las plantas procesadoras y para el sector de los ganaderos, mientras que para los detallistas  estos aumentos no han sido reconocidos. 

MIDA favorece desreglamentación

«Desafía toda lógica, es discriminatorio y carece de fundamento racional alguno que dicho aumento en costo en los mencionados renglones no resulte para los mayoristas y detallistas igualmente, en un aumento de su margen bruto por el mismo período de tiempo», indicó el vicepresidente de MIDA.  

De hecho, Reyes Alfonso sostuvo  que en el 2023 encomendó a la firma Advantage Business Consulting un análisis del margen bruto típico de los supermercados el cual arrojó que en el caso de los productos refrigerados ronda el 27% .

En la  comunicación MIDA también recomendó considerar la desreglamentación del precio a nivel de detallista para estimular la libre  competencia de precios, lo que favorecería la venta del producto y sería del agrado de los consumidores. 

“Según la teoría económica, desreglamentar , no solo podría aumentar la demanda de leche fresca, que ha mostrado una tendencia decreciente en los últimos años, sino también estimular la participación de pequeños detallistas en el mercado. Esto ampliará la oferta y la disponibilidad del producto para los consumidores», sostuvo Reyes Alfonso. 

El ejecutivo planteó que la regulación de la industria lechera resulta más desestabilizadora para la economía en comparación con otras leyes diseñadas para proteger tanto a consumidores como a detallistas. 

Anuncian incentivo

En una reciente comunicación a los ganaderos de parte del sector de leche de la Asociación de Agricultores, se informó que el Departamento de Agricultura (DA) aprobó en los pasados días un incentivo de 10 centavos por cuartillo para atender la pérdida de ingresos de los ganaderos en las ventas de leche cruda destinada a mercados de menor rendimiento.

Este incentivo se une a otro de 15 centavos avalado anteriormente por el DA para atender la misma situación, lo que implica que el incentivo del gobierno para las ventas de leche cruda en el llamado segundo nivel ascienden a 25 centavos por cuartillo.

Una determinación que muy bien podría anticipar lo que la ORIL podría hacer para garantizar que el aumento de la leche que se apruebe no repercuta en el bolsillo de los consumidores.

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Dilatada respuesta del Tribunal sobre acuerdo confidencial con Swiss Re 

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Ocho meses después de que la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG) hubiese presentado una solicitud para que se derogue el manto de confidencial que protege un acuerdo alcanzado entre la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation (Swiss Re), la jueza Katarina Stipec Rubio, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, no ha emitido una determinación final sobre este asunto.

La inacción de la jueza Stipec Rubio acontece a pesar de que las partes han radicado amplios argumentos sustantivos a favor y en contra de la petición, la cual ha surgido en el marco del proceso de liquidación de la aseguradora Real Legacy. El Tribunal de Primera Instancia de San Juan figura como tribunal supervisor de la liquidación.

De hecho, no están claras las razones que justifican la dilación de la jueza Stipec Rubio para tomar una determinación sobre esta controversia.

No obstante, la OCS ha presentado una oposición vehemente en contra de que se devele el manto de confidencialidad que protege el acuerdo bajo el argumento de que la intención de la AG es fiscalizar los acuerdos alcanzados por el ente regulador. La OCS ha regido las tareas de liquidación de Real Legacy, según lo dispone el Código de Seguros.

El 27 de septiembre de 2024 la OCS radicó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una solicitud “urgente ” en la que informó haber logrado un acuerdo con Swiss Re que, alegadamente, beneficiaría a los asegurados de Real Legacy. Además, le solicitó al Tribunal que mantenga en confidencialidad el documento. El 10 de octubre de 2024 el Tribunal avaló la petición de la OCS.

Desde que se conoció la petición para que el acuerdo se conserve en confidencialidad, determinados sectores de la industria de seguros han sospechado que la acción de la OCS pretende garantizar un beneficio económico para Swiss Re que podría ir en detrimento de los asegurados afectados por la liquidación de Real Legacy.

De hecho, la AG ha expresado en su escritos de oposición la posibilidad de que la OCS haya cerrado un acuerdo que no logre comprometer a Swiss Re con un pago sustancial, lo que causaría la necesidad de decretar una derrama entre las aseguradoras que son miembros de la AG.

La OCS ha sostenido que existen suficientes recursos para cubrir las reclamaciones, por lo que no será necesario decretar una nueva derrama entre los aseguradores para pagar las reclamaciones.

Por su parte, la AG ha cuestionado la  suficiencia del caudal para satisfacer la totalidad de las reclamaciones, lo que podría representar un duro golpe para los miles de asegurados de la desaparecida Real Legacy,  quienes nueve años después del paso de huracán María, esperan poder cobrar, al menos,  una parte de las pérdidas causadas por el fenómeno meteorológico.

La AG es el organismo destinado a pagar las reclamaciones de las aseguradoras sometidas a liquidación por la OCS.

Tras el inicio del proceso de liquidación de Real Legacy la OCS decretó una derrama entre los aseguradores locales la cual recaudó $11 millones.

Pagan los consumidores

Es importante señalar que las aseguradoras son autorizadas por la OCS para recuperar el dinero que aportaron a la derrama, el cual se recupera por medio de aumentos a las primas de los seguros que pagan los consumidores.

En síntesis la OCS sostuvo que la AG no posee capacidad legal reconocida por el Código de Seguros para cuestionar o impugnar el acuerdo.

Otro argumento de la OCS es que sus actuaciones como liquidador de Real Legacy no pueden considerarse públicas, pues su intervención como liquidador es exclusivamente en representación de una aseguradora privada.

La OCS alega que el capítulo 40 del Código de Seguros establece que los documentos vinculados a un proceso de liquidación no son documentos públicos, sino documentos privados que no están sujetos a las normas que regulan los documentos públicos.

Sin demostrar interés

La OCS ha sostenido que la AG no ha demostrado interés legítimo para solicitar acceso al acuerdo y que sus alegaciones se fundamentan  en especulaciones. La OCS también alega que divulgar el contenido podría afectar futuras negociaciones con otras reaseguradoras.

Por su parte, la AG ha cuestionado la pretensión de la OCS para que se le considere como «un síndico privado”. 

Otro argumento de la AG es que mantener en secreto el acuerdo impedirá que  “los asegurados, reclamantes, acreedores y el público en general”, se enteren de las transacciones millonarias que pudo alcanzar la OCS con Swiss Re. 

Además, la AG entiende que nuestro estado de derecho no tolera que un servidor público en el desempeño de sus funciones pueda avalar  transacciones millonarias bajo un manto de secretividad. 

Entre los últimos eventos relacionados con esta controversia figura que recientemente la OCS respondió a una moción de la AG, en la que la entidad cuestionó determinados aspectos de un estado financiero del proceso de liquidación de Real Legacy. 

Además, la OCS alegó que el reclamo realizado por el bufete de abogados Rexach & Picó, en  representación de la AG, para eliminar el manto de confidencialidad al acuerdo, obedece a que el bufete padece un conflicto de intereses porque entre sus clientes figura el reasegurador Hannover Re, contra la que la OCS tiene una reclamación pendiente. 

Imputaciones indecorosas

En respuesta, la AG presentó una “moción eliminatoria” para que se eliminen del récord  los señalamientos de la OCS sobre que el bufete padece un conflicto de intereses relacionado con el reasegurador Hannover Re. 

La AG catalogó tales argumentos como «imputaciones indecorosas» que constituyen un ataque a la integridad de los abogados del bufete que representan a la AG.

Pero la OCS sostuvo que no corresponde eliminar las citadas expresiones pues no constituyen ataques personales, sino observaciones basadas en hechos verificables.

Aunque no existe una imputación directa contra algunos de los letrados, la OCS señaló que los abogados están llamados a proteger la apariencia, según lo dispone el Canon 38 del Código de Ética Profesional, que establece que basta la apariencia de impropiedad para justificar una preocupación ética.

La OCS solicitó que el tribunal deniegue la moción eliminatoria, ya que los hechos señalados son ciertos, relevantes y deben ser considerados al evaluar la solicitud de acceso al documento confidencial.

Hasta la publicación de esta noticia la juez Stipec Rubio no había tomado una decisión sobre este asunto.

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Alberto de la Cruz adquiere activos de Suiza Dairy en Aguadilla y su marca comercial 

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Una empresa vinculada al embotelladora Coca Cola Bottlers, que preside el conocido ejecutivo Alberto de la Cruz, adquirió la marca Suiza Dairy y la planta procesadora de leche UHT de Suiza Dairy ubicada en Aguadilla, en una transacción valorada en $25 millones.

La transacción también incluyó cerca de 1,000 neveras y equipos fríos distribuidos en el mercado, así como los derechos sobre marcas como Suiza Premium, Golden Supreme y la leche UHT de Suiza Dairy. 

La transacción en realidad representa el inicio de una nueva etapa para la industria lechera del país, que en los últimos años atraviesa un lento proceso de transformación y ajuste que se ha visto afectado por una significativa baja en el consumo de leche fresca, la quiebra incipiente de vaquerías y el aumento en el consumo de la leche UHT. 

Pablo Vallejo, gerente general de Suiza Dairy en Puerto Rico, confirmó la transacción de compraventa a la empresa Suiza Caribe LLC, pero no confirmó que la transacción involucró la cantidad de $25 millones. 

«No puedo confirmar esa cifra porque tengo un acuerdo de confidencialidad», dijo Vallejo.

El ejecutivo reveló que la transacción también comprende los derechos para la venta de los productos de la marca Suiza en Puerto Rico el Caribe, con excepción de los mercados de República Dominicana, Haití y los Estados Unidos, los cuales permanecerán bajo control del Grupo Gloria, que es la empresa matriz de Suiza Dairy.

Vallejo sostuvo que el empresario Alberto de la Cruz tiene una ventaja competitiva «importante», la cual radica en el dominio que el ejecutivo ha demostrado poseer en la distribución de productos «secos» en el mercado local, que es el área de venta de la leche UHT. 

20% del mercado

«Probablemente debe tener una de las mejores distribuciones en Puerto Rico y en la islas adyacentes. Yo creo que se ve una operación que él va a auspiciar», dijo Vallejo.

En una entrevista publicada ayer por el diario EL Vocero, se informó que el empresario Alberto de la Cruz  descartó participar del mercado de leche fresca y anunció que sus esfuerzos irán dirigidos a captar el 20% del mercado de leche UHT en Puerto Rico.

El empresario reveló que su expectativa es comenzar las elaboración de leche UHT en los próximos tres meses.

Es necesario recordar que una de las grandes disputas judiciales entre Suiza Dairy y la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL), fue causada precisamente porque el ente regulador comenzó a transferir la producción de vaquerías asignadas a Suiza Dairy a la planta Indulac, que solo produce leche UHT, y está destinada a procesar los excedentes de leche generados por las otras plantas procesadoras como Tres Monjitas y Suiza Dairy.

Asunto irresuelto

La clara intención de la ORIL de tratar a Indulac como una planta procesadora comercial más y no como una planta dedicada exclusivamente a manejar los excedentes de leche es un asunto que no ha recibido una determinación final y concluyente. 

Incluso, este asunto irresuelto podría, en gran medida, definir las relaciones entre la ORIL y la empresa Suiza Caribe LLC, cuya expectativa inicial es controlar el 20 % del mercado de leche UHT. 

Especialmente, porque la baja en la producción de leche cruda podría recrudecer los reclamos de las tres plantas procesadoras por una mayor porción del producto, con el fin de satisfacer sus respectivos mercados.

De hecho, el empresario De la Cruz se ha caracterizado por ser un emprendedor agresivo que no rehuye de utilizar los tribunales para ventilar sus disputas comerciales.

Compromiso cuestionado

En las declaraciones escritas emitidas por Suiza Caribe LLC, De la Cruz sostuvo que, con  la adquisición de los activos de Suiza Dairy «reafirmamos nuestro compromiso con Puerto Rico, muy en especial, con los ganaderos y la principal industria agrícola del país”.

No obstante, el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores, emitió una reacción a la transacción, en la que cuestionó el presunto compromiso con la industria agrícola de parte del empresario Alberto de la Cruz.

«Lo dije cuando se podía evitar, alerté a las personas que lo podían evitar y aconsejé para que esto se pudiera evitar y aun así lo permitieron. Descarrilaron la industria lechera. Alberto de La Cruz dueño de la Coca Cola en Puerto Rico muy conocido por sus aportaciones económicas a políticos de todos los partidos es un empresario más que viene detrás de la consolidación de operaciones para ganar dinero y no a salvar la industria agrícola. Los que tanto hicieron para lograr el cierre de Suiza Dairy ahora van a ver lo que lograron con el apoyo del gobierno. Seguiré viendo esta novela de terror desde las gradas y mirando a los ojos a los que una vez me desmentían y hoy miran al suelo», dijo Flores Ortega.

Por su parte, el ex secretario de agricultura, Ramón González, sostuvo que la transacción es «muy bueno para la Industria lechera. Suiza es una marca con mucho reconocimiento en el consumidor puertorriqueño. Mucho espacio para crecer y sustituir importaciones de UHT americana. Tal como anticipé hace un año, la planta de Aguadilla debía ser la que entrara en producción».

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Fundación MAPFRE convoca proyectos de investigación en salud, el seguro y la previsión social 

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Fundación MAPFRE ha lanzado una nueva edición de sus ayudas a la investigación Ignacio H. Larramendi por importe total de 265.000 euros, dirigidas a investigadores o equipos de investigación del ámbito académico y profesional, que desarrollen su trabajo de forma independiente o en el marco de universidades, hospitales, empresas o centros de investigación a los que estén adscritos y cuyo objeto de estudio esté relacionado con la promoción de la salud o el seguro y la previsión social.

Las ayudas para promover proyectos vinculados a la salud están dotadas individualmente con 30.000 euros brutos, como máximo. Los trabajos de investigación podrán versar sobre la prevención de la obesidad, fomento de la actividad física y bienestar emocional (incluyendo el uso adecuado de nuevas tecnologías); la educación en maniobras de emergencia para la población general; la valoración del daño corporal; la gestión sanitaria y longevidad e influencia de los estilos de vida, entre otros.

Estas becas también se destinan a investigadores interesados en impulsar proyectos relacionados con el seguro, gerencia de riesgos, nuevas tecnologías en el ámbito asegurador y la previsión social: pensiones, ahorro, inversión, licuación patrimonial y Economía sénior (economía de la longevidad), quienes recibirán hasta un máximo de 15.000 euros brutos por ayuda. 

El ámbito de esta convocatoria es mundial y los proyectos pueden presentarse en español, inglés y portugués hasta el 20 de octubre de 2025. 

Las bases pueden consultarse en:

https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/investigacion-ignacio-larramendi
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Afloran graves deficiencias en informe de la ORIL y rechazan aumento propuesto a ganaderos y planta Tres Monjitas

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Miguel Díaz Román
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Por Miguel Díaz Román

Las recomendaciones del informe exhaustivo de la industria lechera cuyo fin es revisar los márgenes de ganancias de los diversos componentes de esa industria, recibió ayer con un sonoro rechazo tanto de una parte de los ganaderos como de la planta Tres Monjitas, mientras quedó al descubierto que el informe elaborado por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) contiene graves deficiencias que cuestionan su idoneidad como documento de trabajo.

Tanto es así que los representantes de la planta Tres Monjitas denunciaron que el informe requiere de una corrección urgente pues desvalorizó el costo en que incurre esa empresa en la elaboración de un cuartillo de leche en 35.06 centavos.

El informe de la ORIL estimó que el costo de producción para la elaboración de un cuartillo de leche de esa empresa en 2023 fue de 66.46 centavos, mientras que los representantes de Tres Monjitas señalaron que su costo real de producción asciende a 101.52 centavos.

El gerente general de la empresa, Orlando González, y el doctor Edmundo Garza, quien es catedrático de la Universidad Interamericana y economista de Tres Monjitas, sostuvieron que el informe requiere de una corrección urgente debido a las dramáticas diferencias en los datos relacionados con las operaciones de la empresa.

«Entendemos que hay una diferencia significativa que de no corregirse, seguirá arrastrando el precio real de producir leche en Puerto Rico versus el precio que se está otorgando», sostuvo el doctor Garza.

«Si el informe no considera el costo real de producción no podrá dar un margen de ganancia razonable de ganancia», explicó el economista.

El actual administrador de la ORIL, el agrónomo Jorge Campos, quien se mostró un poco incrédulo a los reclamos de Tres Monjitas, defendió el informe al sostener que estaba fundamentado en datas históricas «de cuartillos comprados  y vendidos en el 2023».

«Sí, ahí tenemos diferencias», respondió de forma escueta el doctor Garza. 

Alza podría alcanzar 11 centavos

En un aparente intento de obviar la grave deficiencia del estudio económico, Campos sostuvo que las plantas procesadores podrían salvar las deficiencias de precio a través del uso del mecanismo de precio mínimo y precio máximo. 

«Ustedes están conscientes que este estudio refleja que las plantas elaboradoras tienen un  precio mínimo y podrían moverse a un precio en donde entiendan  cubrir sus costos», preguntó el funcionario. González y Garza respondieron de forma afirmativa. 

El informe recomienda un alza de aproximadamente ocho centavos para cada cuartillo  de leche cruda elaborado por los ganaderos, lo cual se traduce en 102.44 centavos por cuartillo.

Además, el informe recomienda un pago adicional por cuartillo de 2.56 centavos como resultado de la actualización del 2023 para el Fondo para la Bonificación del Pago por Calidad. 

Esto implica que el precio a pagar por las plantas elaboradoras a los productores de leche pudiera llegar a ser de 105.00 centavos por litro. Como resultado de dicha recomendación el alza que experimentría el cuartillo de leche a nivel del consumidor sería de 11 centavos. 

Se espera que la ORIL emita próximamente una orden de precio con la recomendación final para aumento en los diversos componentes de la industria lechera. 

No coinciden

No obstante, los diversos representantes de los ganaderos que asistieron a la vista pública, la cual fue celebrada en el pueblo de Manatí, no coincidieron con las recomendaciones del informe de la ORIL.

Camilo Román Muñiz, quien es el presidente del sector de leche de la Asociación de Agricultores, indicó que había ganaderos satisfechos con la recomendación de un alza de ocho centavos más el bono por calidad, pero advirtió otro sector de los ganaderos está insatisfecho con la recomendación de la ORIL, pues no recoge sus costos reales para producir un litro de leche.

“Aunque acogemos el aumento de ocho centavos por cuartillo y la extensión y ampliación del incentivo por calidad como beneficio, debemos decirle una gran verdad. Para algunos de mis compañeros esa cantidad podrá parecer justa, pero para algunos no parecerá justa. La realidad es que muchos de los productores han enfrentado múltiples situaciones fuera de su control que han afectado su nivel de producción con costos directos y viven a diario una angustiosa realidad. Por ejemplo, los calores, la gran cantidad de lluvia, la baja tasa de preñez, la pobre calidad de los alimentos que siempre los molinos lo tienen a un costo muy elevado, entre otros”, sostuvo Román Muñiz.

El presidente del sector de leche de la Asociación de Agricultores, clamó para que la ORIL reconozca el efecto adverso que sobre la producción de las vaquerías de país tiene el cambio climático,  el alto costo y la baja calidad de los alimentos importados para ganado y de otros productos necesarios para  producción de leche a nivel de las ganaderías. 

Llama la atención que el estudio no comentara el impacto significativo que ya tiene la importación de leche y la desaparición de la Suiza Dairy.

Solictan alza de 123 centavos por cuartillo

Otros ganaderos cuestionaron que el estudio no reconociera impactos en la operación de las ganaderías el alza en el costo de los medicamentos y de los diversos suplementos y el uso de ganado, específicamente el alza en costo de las novillas, lo que implicaría un aumento en el capital de las ganaderías. Los ganaderos insistieron en que tales costos deberían reflejarse en el precio del cuartillo de leche a nivel del ganadero. 

De hecho, la ganadera Mara Semidei, estimó en 123.00 centavos el alza apropiada por cada litro de leche producido por el sector ganadero.

Semidei también cuestionó la tardanza injustificada en la elaboración del estudio económico exhaustivo de la ORIL, cuya última edición fue en 2016 y por mandato de ley se debe realizar cada cuatro años. 

«El último estudio económico data del 2016, lo que significa que por años no se han revisado adecuadamente los gastos esenciales en nuestra operación. Solo podemos notar qué ante las recientes crisis de inflación y las inminentes quiebras en el sector, ORIL ha emitido “órdenes de emergencia”, aumentando ligeramente el precio sin una justificación económica transparente y de forma tardía. Como productora, experimento a diario las consecuencias de este rezago, márgenes cada vez más estrechos, endeudamiento para cubrir las operaciones diarias y la desesperanza de ver como no se nos remunera acorde con nuestros costos reales», expresó la ganadera.

No más de 90 centavos

Por su parte, el ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, clamó para que  la leche fresca no sufra un alza dramática porque podría estimular la importación de leche fresca y para producir leche UHT. 

Incluso, González Beiró favoreció que el precio de la leche a nivel del ganadero debería permanecer en 90 centavos aproximadamente. 

«La UHT importada le cuesta menos a los distribuidores y ha venido aumentando la importación. Cualquier aumento en la leche, ya sea fresca o UHT, será detrimental para la industria. El precio se debe quedar cerca de los 90 centavos. Estamos bien cerca del punto en que sería más económico traer la leche envasada de Estados Unidos. El consumo de fresca sigue bajando a un ritmo de 5% anual y la UHT sigue ganando terreno y en PR hay ganaderos que aún cobrando a 2.00 no cubren sus costos. Pienso que debe haber un leve aumento y tomar en cuenta que Tres Monjitas ha duplicado su volumen de proceso por lo tanto sus costos deben ser menores», dijo González Beiró. 

El ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, no estuvo disponible para opinar pues se encuentra fuera de Puerto Rico en cumplimiento de tareas profesionales. 

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Ética Gubernamental no encuentra causa contra González Beiró

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Miguel Díaz Román
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Por Miguel Díaz Román 

La Oficina de Ética Gubernamental determinó no presentar cargos administrativos contra el ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, a la luz de una querella que había presentado el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega

La decisión, informada el pasado 15 de mayo, sostiene que la OEG procedió «al cierre de la investigación, sin trámite ulterior», luego de determinar «que no existe prueba clara, robusta y convincente que justifique la presentación de una querella en contra del promovido sobre las asuntos que usted nos refirió».

La comunicación de tres páginas fue firmada por una persona identificada como «Ledo. Nino», quien es el  subdirector auxiliar del área de investigaciones y procesamiento administrativo de la OEG.

En el encabezado de la carta el nombre del ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, fue escrito con un apellido erróneo pues aparece «Carlos Flores Collazo».

De hecho, Flores Ortega se mostró frustrado y decepcionado con la decisión de la OEG, tras esperar por 31 meses, luego de que radicara la querella el 22 de noviembre de 2022.

«La historia no se puede cambiar y las cosas son como son. Mi frustración no va en contra de los que incurren en estas prácticas en el gobierno, esos siempre estarán al acecho pero sí en contra de las agencias que se dice que están llamadas a evitarlo y no lo hacen. Mi decepción no es en contra de Ramón González porque de ese se sabía antes de que llegara a la silla de la agencia qué se podía esperar de él y no falló en eso. Mi frustración va en contra de la OEG y su Director Ejecutivo Luis A Pérez Vargas. Durante este proceso varias veces me comuniqué con este funcionario y siempre me dijo que la investigación estaba en curso. No sé dónde se perdió el rumbo y que pasó para que se llegara a este resultado, pero ha sido decepcionante igual que en muchos otros casos el no poder confiar ni de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico», sostuvo el ex secretario.

A pesar de la frustración Flores Ortega sostuvo que continuará elevando la consideración de sus reclamos en otros foros. 

Otros foros

«Este asunto se estará atendiendo por otros foros ya que hay reclamos pendientes en lostribunales y ahora yo no tengo restricción alguna para poder hablar de este caso. Seguiremossiempre firmes en atacar la corrupción venga de donde venga como cualquier ciudadano común», indicó.

La determinación atendió dos asuntos medulares planteados por Flores Ortega en su querella:

El primer señalamiento alega que González Beiró logró un contrato de arrendamiento el 27 de octubre de 2020 de una finca de 39 cuerdas por medio de la empresa Agriart LLC, lo que le permitió obtener un certificado de agricultor bonafide para la empresa. 

Luego, Agriart LLC alcanzó un acuerdo de compraventa con Mycogen Seeds para adquirir unas 1,843.9 cuerdas de terreno agrícola, distribuidas en 12 fincas ubicadas entre los municipios de Salinas y Guayama.

«Lo que parecía una adquisición legítima para un desarrollo agrícola se convirtió en un plan para cambiar el uso de los terrenos a los fines de desarrollar un parque fotovoltaico, el cual fue endosado por el Departamento de Agricultura (DA)», sostiene el escrito. 

Endoso fraudulento

Además, señala el documento, que Flores Ortega  solicitó investigar un alegado endoso fraudulento otorgado por el DA a un proyecto propuesto por la empresa Clean Flexible Energy que se construiría en los terrenos agrícolas pertenecientes a Agriart LLC y que tienen una calificación de Agrícola Productor y una clasificación de Suelo Rústico Especialmente Protegido.

Otra denuncia contra González Beiró es que no cumplió con el mecanismo de inhibición presentado ante la OEG y con la escritura de Fideicomiso (ciego), que también es un requisito de esa agencia.

El ex secretario también cuestionó la legitimidad del Comité de Energía Renovable, cuyos miembros eran subalternos de González Beiró y cuestionó los endosos que concedió el Comité a varios proyectos propuestos en terrenos agrícolas.

En el segundo asunto planteado, Flores Ortega solicitó investigar la alegada intervención de González Beiró en un negocio de compraventa de un terreno ubicado en el municipio de Guayama, denominado Finca Besosa, para adquirirlo a su favor o de sus compañías.

Otro señalamiento fue que González Beiró concedió unos beneficios o incentivos al titular del terreno a cambio de que se lo vendiera a él y no a otro comprador interesado. Ambos señalamientos figuran en una declaración jurada avalada por un corredor de bienes raíces de la zona sur y que  fueron reseñados por SN.

Ética decide

Sobre los hallazgos y la determinación de la OEG sostuvo que el Certificado de Agricultor Bonafide  de Agriar LLC, no guarda relación con los terrenos donde Clean Flexible Energy propuso el proyecto de instalación de placas fotovoltaicas. 

La determinación concluye que no se encontró evidencia de que González Beiró  intervino en las determinaciones emitidas por el Comité, como tampoco en la evaluación del proyecto propuesto por Clean Flexible Energy.

La OEG también concluyó que el González Beiró cumplió con el mecanismo de inhibición presentado ante la OEG y con la escritura de Fideicomiso (ciego) otorgada por este con relación a las corporaciones Agriart LLC; AG Agro, LLC y AgroPower, Corp.

Además, la OEG indicó que el endoso que concedió el Comité fue «conforme a derecho», pues el Plan de Usos de Terrenos adoptado por la Junta de Planificación y el entonces vigente Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios,  permiten el uso de los terrenos calificados como agrícola general y agrícola productivo para proyectos de energía renovable.

Sobre el segundo planteamiento, la decisión de la OEG concluyó que no hubo intervención de González Beiró  en la compraventa de la referida finca, por lo que no incumplió con su resolución de inhibición.

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MAPFRE, la aseguradora española con mejor reputación en el ranking histórico de Merco

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Miguel Díaz Román
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MAPFRE ha sido distinguida por Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) como una de las diez empresas con mejor reputación en España en su ranking histórico. A lo largo de los años, la compañía se ha consolidado como la aseguradora española con mejor valoración en su sector.

Eva Piera, directora general de Relaciones Externas y Comunicación de MAPFRE, recibió el galardón y destacó: “En MAPFRE creemos firmemente en el poder de la reputación, de una marca con propósito, de la comunicación y del liderazgo responsable. Estos intangibles clave fortalecen nuestra compañía y refuerzan nuestra contribución al progreso social y económico”.

Durante el evento, celebrado en Madrid, también se presentó el informe Merco 2025, que en su

vigesimoquinta edición ha evaluado a 200 empresas y líderes empresariales a través de más de 63.000 encuestas realizadas a directivos, líderes de opinión, catedráticos, analistas financieros,representantes de ONGs, sindicatos y asociaciones de consumidores, entre otros.

MAPFRE ocupa este año la décima posición en el ranking general y, una vez más, se mantiene como la aseguradora con mejor reputación en España. En el ámbito individual, el presidente de MAPFRE, Antonio Huertas, se posiciona en el puesto 15 entre los líderes empresariales mejor valorados, consolidándose como el ejecutivo más destacado del sector asegurador.

Merco, referencia en medición reputacional en España y Latinoamérica desde el año 2000, valora aspectos clave como resultados económicos, comportamiento ético, transparencia, buen gobierno corporativo, compromiso con el medio ambiente, calidad laboral y oferta comercial.

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Consumidores pagarían hasta $23 millones en liquidación de Real Legacy  

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Por Miguel Díaz Román

La liquidación de Real Legacy podría causar que los consumidores de seguros del país se vean obligados a pagar hasta $23 millones para cubrir el pago de las reclamaciones de cientos de asegurados afectados por el cierre forzado de la aseguradora, según una estimación independiente realizada por sectores de la industria de seguros interesados en el efecto de la liquidación de Real Legacy en la comunidad.

El pago de los $23 millones no será un acto voluntario de los consumidores, sino el resultado de una orden de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), dirigida a autorizar a las aseguradoras del país a recuperar aquellos fondos de sus activos privados que fueron invertidos en derramas que se utilizaron para pagar reclamaciones de los asegurados de Real Legacy.

Las aseguradoras del país recuperarán los $23 millones por medio de un alza en las primas de todos los seguros de propiedad disponibles en el mercado, la cual será autorizada por la OCS.

Se trata pues, de que las empresas y los individuos que adquieren pólizas de seguro para proteger sus riesgos, deberán aportar una cantidad significativa de sus ingresos para ayudar a pagar las reclamaciones de los asegurados de Real Legacy, aunque no sean responsables de la debacle financiera que provocó la liquidación de la aseguradora.

Exención no ayudó

La aseguradora Cooperativa de Seguros Múltiples (CSM) era la empresa matriz de Real Legacy. 

Miembros de la industria de seguros han planteado que la CSM fue incapaz de rescatar a Real Legacy de la insolvencia, a pesar de la inusual ventaja competitiva que favorece a esa entidad por ser una cooperativa, lo cual propicia una amplia exención de las contribuciones que impone el gobierno.

La insolvencia de Real Legacy ha causado daños irreparables a cientos de asegurados y a numerosos negocios del país debido a que no han podido recuperar las pérdidas causadas por el huracán María. 

En algunos casos, la insolvencia y la posterior liquidación de Real Legacy ha  significado el cierre de negocios. Otro efecto adverso de la liquidación de Real Legacy es que la falta de fondos para pagar las reclamaciones de los asegurados ha provocado que la OCS haya ordenado una derrama a las aseguradoras activas en el mercado.

De hecho, la estimación independiente concluyó que el total de las deudas de la aseguradora en liquidación ascienden a $198.8 millones, mientras que los activos disponibles alcanzan los $106.4 millones, lo que produce un déficit de recursos para pagar reclamaciones de $92.3 millones.

Consumidores pagarán $23 millones

Este análisis concluye que la cantidad de la pérdida que será sufragada por los consumidores totalizan $23.2 millones, los cuales se obtendrán a través del recobro de las derramas. 

Además, el análisis señala que entre las pérdidas que la liquidación de Real Legacy han dejado a la comunidad figuran el monto de las reclamaciones que no serán atendidas por la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG), que es el organismo legalmente autorizado para procesar las reclamaciones de las aseguradoras en liquidación y cuyo límite estatutario es de hasta $300,000 por reclamo.

El monto económico de todas las reclamaciones no ha sido divulgado por la OCS. No obstante, el número total de reclamaciones asciende a 3,619. La cantidad de reclamaciones pagadas hasta el presente asciende a $57 millones.

Aunque la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) solo ha convocado una derrama de $11 millones para cubrir el pago de las reclamaciones de Real Legacy, los abogados de la AG han sostenido ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que es el tribunal supervisor de la liquidación de Real Legacy, la posibilidad de que sea necesario convocar una segunda derrama para completar el pago de reclamaciones.  

Coinciden en necesidad de derrama

La posición de la AG coincide con las conclusiones de la estimación independiente, lo que implica que a la luz de ambas visiones la liquidación de Real Legacy requerirá de una segunda derrama de al menos $12 millones.

La OCS ha negado que sea necesaria decretar una segunda derrama y ha sostenido que existe dinero suficiente para cumplir con todas las reclamaciones. 

Los planteamientos sobre la segunda derrama fueron realizados por la AG en el contexto de la petición judicial que mantiene contra la OCS para que el tribunal elimine el manto de confidencialidad que cobija un acuerdo entre la entidad reguladora y el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation (Swiss Re). 

Análisis encontrados

La OCS  ha sostenido que el acuerdo con Swiss Re favorece el caudal de Real Legacy para pagar reclamaciones.  El manto de confidencialidad fue solicitado por la OCS y la jueza  Katarina Stipec Rubio lo autorizó en octubre de 2024.

La AG ha planteado que probablemente el acuerdo alcanzado entre la OCS y Swiss Re no ha producido todo el dinero que podría generar para el pago de reclamaciones, lo cual causará que eventualmente sea necesario decretar una nueva derrama.

De hecho, la AG ha señalado que el caudal de liquidación  cuenta con $105.5  millones para el pago de reclamaciones y los compromisos ascienden a $202.7 millones, lo que implica que el proceso de liquidación de Real Legacy enfrenta un déficit de $97 millones.

Pero la OCS alega que la liquidación de Real Legacy cuenta con $58 millones en efectivo, mientras que los compromisos para el pago de reclamaciones asciende a $23 millones. Incluso, la OCS ha señalado que aún faltan por cobrar unos $14 millones adicionales.

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