Por Miguel Díaz Román
El Departamento de Justicia comenzó a crear una unidad de fiscales para investigar y procesar violaciones e incumplimientos en la prestación de servicios de salud a los pacientes, una iniciativa que no tiene precedentes en Puerto Rico y cuyo alcance en este momento se desconoce.
La información fue revelada por el designado secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, por medio de una ponencia escrita que fue divulgada durante una vista pública de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, la cual es presidida por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló.
Ramos Otero reveló que ha sostenido reuniones con la designada secretaria de Justicia, Janet Parra Mercado, dirigidas a crear la nueva unidad de fiscales y a definir su marco de jurisdicción en el ámbito civil y criminal.
En la vista pública, celebrada el pasado martes, la Comisión de Salud estuvo examinando dos medidas, el Proyecto de la Cámara 2, que propone establecer en el Plan Vital del gobierno un sistema uniforme de tarifas para los proveedores de servicios de salud; y el el Proyecto de la Cámara 9, que autoriza a la Administración de Seguros de Salud a subrogarse y recobrar aquellos gastos médicos pagados por el gobierno, pero causados por un tercero a los beneficiarios del Plan Vital.
Precisamente, los planteamientos de Ramos Otero sobre la nueva unidad de fiscales fueron realizados durante su discusión del Proyecto 9.
De hecho, el designado secretario dijo que la propuesta que le permitiría al gobierno recobrar los gastos médicos causados por un tercero es uno de los asuntos que atendería la nueva unidad de fiscales.
Justicia crea unidad
«Una recuperación adecuada de estos gastos podría contribuir a la sostenibilidad del sistema de salud en Puerto Rico y disminuir la dependencia de financiamiento federal adicional», sostuvo Ramos Otero.
Sobre las reuniones sostenidas con Parra Mercado con el fin de crear la nueva unidad de fiscales Ramos Otero señaló que «el propósito de estas reuniones ha sido poder ir creando una unidad de fiscales dentro de dicha agencia (el Departamento de Justicia), que se enfocaría exclusivamente en los temas que afectan la prestación efectiva de servicios de salud a los pacientes, abarcando, entre otras, las mismas funciones que se proponen en este proyecto. De hecho, las discusiones han estado dirigidas a definir el marco de jurisdicción de esta oficina desde la perspectiva civil y criminal».
El designado secretario de Salud también señaló que la propuesta para crear la nueva unidad de fiscales figura como una de las promesas de la plataforma de Salud de la gobernadora Jennifer González Colón.
Señalamientos imprecisos
La mencionada plataforma propone «crear una unidad de fiscales en el Departamento de Justicia dedicada a asuntos de salud, para garantizar una atención efectiva y especializada en la defensa de los derechos de los pacientes y abordar las querellas relacionadas con la prestación de servicios de salud».
No obstante, tanto la plataforma política de la gobernadora González Colón y los señalamientos del designado secretario de Salud son sumamente imprecisos sobre el alcance de la nueva unidad de fiscales y no se aclaran otras interrogantes sobre los sectores de la industria de salud que estarían cobijados por la iniciativa y bajo qué condiciones se consideraría que violan los derechos de los pacientes o que no ofrecen servicios adecuados de salud.
A preguntas de SN, Ramos Otero sostuvo que el Departamento de Justicia estaría determinando si será necesario presentar un proyecto de ley para crear la unidad y para establecer las áreas de violación y las sanciones civiles y criminales que se podrían imputar.
«Justicia está evaluando eso», dijo Ramos Otero.
El establecimiento de unidad de fiscales para atender las quejas de los pacientes insatisfechos con los servicios de salud que reciben representa un precedente innovador que no deja de ser polémico, pues sería la primera vez que el gobierno crea un organismo para encauzar en los tribunales los incumplimientos en los servicios de salud.
Ha trascendido públicamente que las dificultades en la accesibilidad de servicios, la denegación de medicamentos o la intervención de las aseguradoras en el juicio médico figuran como los principales problemas que enfrentan los pacientes.
Control de gastos
Tales señalamientos acontecen en la modalidad de cuidado dirigido que rigen los seguros de salud financiados con fondos federales, como el Plan Vital, que recibe fondos federales del Medicaid, y la cubierta federal Medicare Advantage, dirigida a retirados de más de 65 años que han pagado el Seguro Social. La modalidad de cuidado dirigido pretende controlar el gasto en el uso de fondos federales.
Aunque los pacientes insatisfechos con los servicios de salud que reciben tienen varias vías para hacer llegar sus quejas al gobierno, no está claro si estos mecanismos son efectivos o si es necesario avalar un organismo con el poder de imputar violaciones de ley criminales y civiles a los que incumplen su responsabilidad con los servicios de salud de los pacientes.
Múltiples alternativas
Actualmente la Procuraduría del Paciente atiende las querellas de pacientes mientras que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) también recibe las querellas de los pacientes y de los proveedores de servicios de salud. La Procuraduría del Envejeciente investiga las querellas de los asegurados de la cubierta Medicare Advantage.
En 2024 la OCS lanzó una página de internet denominada Alerta, para que los pacientes puedan presentar reclamaciones cuando una aseguradora rechaza un medicamento, un tratamiento o servicio.
Alerta atiende querellas relacionadas con el Plan Vital, con la cubierta Medicare Advantage y aquellas que involucran seguros de salud que ofrecen las aseguradoras al mercado privado a sectores industriales y comerciales.
