Por Miguel Díaz Román
La pasada semana comenzó en el Senado un proceso para revisar la ley de Condominios, ley 129 de 2020, debido a las numerosas objeciones que se han levantado contra el estatuto y porque la redacción y aprobación de la ley se atribuye a un grupo de abogados cuyos ingresos dependen de las controversias que se originan en condominios, entre los que se destaca el suegro del ex gobernador Ricardo Rosselló, el licenciado Roberto Rivera Ruiz.
La figura de Rivera Ruiz surgió durante la participación de la presidenta de la Asociación de Administradores de Condominios (AAC), Sharon Rodríguez, quien sostuvo que el abogado ha realizado actividades cuestionables por medio de una entidad sin fines de lucro, la Asociación de Condominios y Controles de Acceso Inc (ACCA), con la que ha pretendido controlar a las comunidades que viven en condominios.
Rodríguez dijo que tales gestiones de control de comunidades que residen en condominios las ha efectuado el licenciado Rivera Ruiz junto con el apoyo de unas personas a las que llamó “sus aliados”.
Las expresiones de Rodríguez fueron efectuadas el pasado miércoles en el foro, Encuentro de Titulares de Condominios, que se celebró en el salón Protocolar, ubicado en el edificio de Medicina Tropical en Puerta de Tierra y que es parte de los edificios de oficinas que pertenecen al Capitolio.
La actividad abrió con la participación del presidente del Senado, José Luis Dalmau, quien se manifestó a favor de “corregir y atemperar” la ley 129, la cual, según dijo, se aprobó en el 2020 sin que se celebraran vistas públicas en el Senado para conocer la opinión de los titulares de condominios.
“Quiero dar fe y testimonio del control que hubo detrás del diseño y desarrollo del Proyecto de la Cámara 1874 que culminó en la Ley de Condominios 129. Uno de los que estuvo capitaneando al grupo que se identificó como la “Coalición de Condominios” fue Roberto Rivera Ruiz, padrastro de Beatriz Rosselló y suegro de Ricardo Rosselló, quien se posiciona detrás de una corporación “sin fines de lucro” con cuestionables actividades dentro de los condominios y a quien he observado que en conjunto con sus otros aliados han mantenido un control desmedido sobre estas comunidades como si fueran de su propiedad”, sostuvo Rodríguez.
Atribuyen a Rivera Ruiz poder e influencia
En alusión directa a Rivera Ruiz, Rodríguez sostuvo que “lamentablemente con un personaje a mi mejor consideración de influencia dentro de las esferas del gobierno, ha sido una misión imposible para que a los propios dueños de estas comunidades se los tome en consideración. A las demás agencias y organizaciones, públicas y privadas, que tengan como base que aquí hay unos dueños de estas propiedades a las que debemos primero pedir permiso y servirles antes que servirnos. Porque se trata de su propiedad, su inversión, su casa y su hogar”.
La mera mención de Rivera Ruiz causó que las cerca de 100 personas presentes en el salón Protocolar emitieran expresiones de desaprobación.
No es la primera vez que el nombre del licenciado Rivera Ruiz surge durante la discusión de asuntos relacionados con la vida en condominios y el régimen legal que cobija a las comunidades que viven en esas estructuras multipisos.
En repetidas ocasiones anteriores Rodríguez ha sostenido que Rivera Ruiz es un abogado especializado en controversias que surgen en condominios, quien tuvo una participación activa en la redacción de la ley 129 y quien, alegadamente, posee un poder de influencia en los tribunales, en la legislatura y en el Departamento de Asuntos del Consumidor, que es la agencia que tiene la responsabilidad de atender las controversias de los titulares de condominios.
Abogado niega imputaciones
Este periodista se comunicó con el licenciado Rivera Ruiz, quien negó que el vínculo matrimonial de su hijastra, Beatriz Rosselló, con el ex gobernador Ricardo Rosselló, le hubiera conferido privilegios y capacidad de influencia en el gobierno y en los tribunales.
“El hecho de que yo sea el papá de Beatriz nada tiene que ver con mi gestión de abogado de condominios, porque yo soy abogado de condominios desde antes de que ella soñara con ser primera dama, desde que ella era una niña”, dijo Rivera Ruiz.
“Cuando Ricardo Rosselló tenía 15 años ya yo era abogado”, indicó.
El abogado admitió que intervino en la redacción de un proyecto que finalmente se convirtió en la ley 129, junto con varias organizaciones como la ACCA, la Federación de Condominios y la Alianza de Condominios. El abogado agregó que en la redacción de la medida también participaron administradores de condominios, abogados y contadores públicos autorizados.
“Quién usted quiere que haga una ley, el que conoce o el que no sabe nada”, indicó Rivera Ruiz para justificar su participación y la de otros abogados en la redacción de la medida.
Rivera Ruiz negó que la ley 129 se aprobara con disposiciones que benefician a los abogados y otras profesiones que participaron en la reacción. “Yo quiero que me digan qué artículo de la ley me beneficia a mí, porque yo represento a titulares y a condominios. A los dos. Y no importa la ley que hagan yo siempre voy a tener trabajo”, dijo Rivera Ruiz.
Insatisfecho con ley 129
El abogado también negó que tuviera influencia en los tribunales y en el gobierno. “Ninguna influencia. Yo pierdo y gano casos, igual que todo el mundo”, dijo.
Agregó que la ley 129 se aprobó en agosto de 2020 cuando “Ricardo Rosselló no estaba ni en Puerto Rico”.
“La gobernadora era Wanda Vázquez. ¿Qué influencia puedo tener yo en Wanda Vázquez, una persona que mandó a investigar a Ricardo Rosselló?”, cuestionó.
Incluso, el abogado señaló que no ha tenido contratos con el gobierno, con excepción de su participación como juez administrativo en DACO en 1992.
Explicó que él no está satisfecho con la ley y que se propone sugerir enmiendas a través de una comisión del Colegio de Abogados. “Ese proyecto quedó aprobado con una serie de cosas que nosotros no estamos de acuerdo y que fueron cambios de última hora”, señaló.
Rivera Ruiz sostuvo que es falso que no se hubieran celebrado vistas públicas y señaló que la ex representante Yashira Lebrón, quien dirigió los trabajos para redactar la medida en la Cámara de Representantes, celebró vistas públicas en varios pueblos. Pero Rivera Ruiz aceptó que en el Senado no se celebraron vistas públicas.
Rivera Ruiz ataca a sus críticos
Indicó que la ley 129 contiene disposiciones que benefician a los titulares, como aquella que permite a los titulares con deuda la posibilidad de acceder a un plan de pago y continuar participando en las asambleas del condominio.
Mencionó, además, una disposición que impide a un titular o al Consejo de Titulares realizar obras que afecten la vida de un titular. “Si un titular se opone, la obra no se puede hacer”, dijo.
Rivera Ruiz señaló que Rodríguez y la presidenta de la Asociación de Titulares de Condominios (ATC), Marimar Pérez Riera, han efectuado críticas contra su gestión como abogado y promotor de la ley 129.
“La señora Rodríguez siempre ha tenido como un odio hacia mí y a Marian Ortega, de la ACCA, que es la organización en que estamos”.
“Sharon Rodríguez es una administradora (de condominios) que creo que no tiene licencia”, dijo.
Sobre los comentarios de Rivera Ruiz, Rodríguez dijo que “no estoy administrando porque las pólizas de seguro que exige la ley 129 a los administradores es un requisito inconstitucional y Rivera Ruiz lo sabe”.
“Yo lamento que me ataquen en mi carácter personal. Ellos no pueden aceptar a una persona que ha hecho una investigación sociológica responsables de las comunidades de condominios. Esa animosidad viene de ellos y no de mi parte. Lo que todos sabemos es que la ACCA es una entidad llena de contratistas y suplidores de servicios a condominios, que lo que hacen es vender y no velan por el mejor beneficio de estas comunidades”, dijo Rodríguez.
Sobre Pérez Riera el abogado argumentó que “ella fue la que se quedó en los hoteles de lujo y que tuvo que renunciar por eso. Tanto que habla de titulares y a costa del pueblo se quedó en hoteles de lujo”, dijo Rivera Ruiz, en referencia a la controversia que protagonizó Pérez Riera en noviembre de 2011, mientras fungía como presidenta de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
En aquel momento Pérez Riera renunció a la presidencia de la Junta de Gobierno de la AEE en medio de una oleada de críticas, luego de que se revelará que durante una estadía oficial en New York incurrió en gastos excesivos pagados con fondos públicos.
Përez Riera: “Yo me río, yo me rïo”
En reacción a los planteamientos de Rivera Ruiz, Pérez Riera sostuvo que “me he enterado de que hay abogados que representan a los grandes intereses que parece se han dado cuenta del poder que tienen los titulares, y que han decidido atacarme a mí, personalmente, con aseveraciones falsas, por la trayectoria que llevo como líder en este sector. Esto no me va a descarrilar porque según he hecho, y voy a seguir haciendo, seguiré levantando la voz defiendo a sobre 500,000 titulares de condominios”.
“He llevado esta lucha al Senado de Puerto Rico, como lo hice la semana pasada, esbozo la lucha representando el interés pro titular del Colegio de Abogados y Abogadas, designada por su presidente, estoy defendiendo la lucha de titulares también ante la Juez Laura Taylor Swain para combatir el plan de ajuste fiscal que perjudica a los titulares. ¿Y qué hacen estos abogados? ¿Decir que hay que cambiar bombillas para ahorrar luz? ¡Por favor! En cuanto al ataque hacia mí, como dice Shakira, ‘eso no da rabia, yo me río, yo me río’ “, expresó Pérez Riera en declaraciones escritas.
Durante el foro Pérez Riera cuestionó severamente el presunto efecto adverso de la ley 129 en las comunidades que residen en condominios.
Pérez Riera sostuvo que la calidad de vida en los condominios se ha visto afectada por los alquileres a corto plazo y señaló que la ley 129 ha limitado derechos a los titulares.
Entre los derechos limitados mencionó que la ley impide votar en las asambleas a los titulares con deudas y prohibió que un titular puede demandar a un miembro de la Junta de Directores, por incumplimientos a sus responsabilidades de fiducia.
Pérez Riera señaló, además, que es necesario que la legislatura atienda el problema de hostigamiento vecinal que, alegadamente, existe en los condominios contra aquellos titulares que no concuerdan con las decisiones y enfoques realizados por la Junta de Directores.
Cada condominio una comunidad distinta
Según la presidenta de la ATC, los titulares que impugnan las decisiones de las Juntas de Directores son sometidos a “humillaciones, a falta de respeto y ataques para minar su credibilidad y reputación en la comunidad para intentar callarlos”.
Rodríguez indicó que cada condominio es una comunidad distinta con problemas y condiciones muy particulares, por lo que es necesario establecer un código con disposiciones generales con la suficiente flexibilidad para que cada comunidad adopte medidas que atiendan sus intereses.
La presidenta de la AAC también repudió el enfoque de DACO, que cataloga a los titulares de condominios como consumidores.
En la actividad se acordó crear un comité para identificar las enmiendas a la ley 129. No está claro si tales enmiendas serán aprobadas antes de que finalice el presente cuatrienio.
De hecho, los únicos senadores que acudieron al foro fueron la senadora Keren Riquelme, que pertenece al Partido Nuevo Progresista, y el senador independiente, José Vargas Vidot
