Por Miguel Díaz Román
A pesar de que siete meses atrás la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) recibió una querella que denunció la aprobación ilegal de un parque fotovoltaico en terrenos de una reserva agrícola protegida en el pueblo de Salinas, la agencia investigativa aún no ha determinado si el aval gubernamental al proyecto violó la ley.
La querella sostiene que el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, pudo incurrir en serias violaciones éticas debido a que los terrenos donde se construye el proyecto pertenecen a AGRIART, LCC, una empresa en la que el funcionario es uno de los accionistas y su hijo, Ramón González Bennazar, ocupa la posición de vicepresidente.
De hecho, mientras se desconoce si la pesquisa de la OEG ha arrojado algún resultado, el masivo proyecto de placas fotovoltaicas está en plena construcción en una finca de 1,029.63 cuerdas ubicada en la carretera 706 en Salinas.
La OEG sostuvo que la investigación de la querella no ha culminado y rechazó que la investigación esté atrasada.
La agencia investigativa justificó que hayan transcurrido siete meses desde la radicación de la querella sin que exista aún un resultado, al sostener que los investigadores procuran recopilar prueba robusta para cumplir requisitos establecidos por el Tribunal Supremo.
Investigaciones pueden tardar más de dos años
Incluso, la OEG podría extender una investigación por hasta más de dos años, según indicó la portavoz de prensa de la agencia, Jennifer Rodríguez.
“La Ley de Ética le otorga a los abogados del Área de Investigaciones y Procesamiento Administración dos años y medio para culminar una investigación. El que solo hayan transcurrido siete meses, no es una dilación o tardanza por parte de los abogados de la OEG, es que para culminar una investigación deben asegurar el nuevo quantum establecido por el más alto foro judicial”, dijo Rodríguez en declaraciones escritas.
Según la funcionaria, una reciente decisión del Tribunal Supremo, elevó los requisitos de prueba en las investigaciones realizadas por dependencias del gobierno para casos que culminen en los tribunales.
“Ahora el Tribunal Supremo, en el caso OEG v. Martínez Giraud, 2022, ha determinado que la prueba a presentar debe ser clara, robusta y convincente. Prácticamente es como si fuera más allá de duda razonable. Lo que provoca que las investigaciones requieran de mucha más evidencia. Cada caso es independiente y las investigaciones culminan cuando hayan culminado”, dijo Rodríguez.
El proyecto de placas fotovoltaicas fue propuesto por la empresa Clean Flexible Energy, que es una subsidiaria de la cogeneradora Applied Energy Services Puerto Rico (AES), que es dueña de la planta de carbón que opera en Guayama.
Los terrenos que pertenecen a AGRIART LCC, fueron alquilados a largo plazo a la empresa Clean Flexible Energy para construir el proyecto.
La querella fue radicada por el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, el pasado 22 de noviembre de 2022.
Siete meses después no hay señal de OEG
En una carta dirigida al director ejecutivo de OEG, Luis Pérez Vargas, el ex secretario se quejó de que transcurridos siete meses desde la radicación de la querella “no he recibido ningún comentario, comunicación o información de su oficina que me indique que se consideró mi petición y los resultados de esta ante lo señalado”.
En la carta, enviada el pasado 23 de junio, Flores Ortega indica que en la querella explicó que AGRIART LLC había adquirido los citados terrenos en Salinas con el aparente objetivo de establecer una operación agrícola, pero la iniciativa tomó otro giro.
“Se convirtió en un plan para cambiar el uso de los terrenos agrícolas para el desarrollo de un parque fotovoltaico endosado de forma dudosa por el Departamento de Agricultura (DA)”, relata la carta.
Flores Ortega sostiene que solicitó la investigación porque el endoso otorgado por el DA al proyecto de Clean Flexible Energy es “fraudulento”.
Comité de subalternos
Según el ex secretario, el llamado Comité de Energía del DA, estuvo integrado por subalternos de González Beiró.
Estos son el subsecretario de Agricultura, Jorge Campos Merced; el agrónomo Wilbert Vélez Rivera, quien es el subadministrador de la Administración de Desarrollo de Empresas Agrícolas; y Nancy Sánchez Villanueva, quien dirige la Oficina de Iniciativas para la Preservación de Terrenos.
Vélez Rivera, alegó Flores Ortega en la querella, fue el funcionario de DA en Ponce que tramitó en 2020 el Certificado Bonafide de AGRIART LLC.
Además, el Comité endosó el proyecto a pesar de que las guías para evaluar las propuestas de proyectos de energía renovable en terrenos agrícolas, disponen que ese tipo de desarrollo no se pueden construir en terrenos agrícolas protegidos.
Los terrenos en Salinas que pertenecen a AGRIART LLC están calificados como “Agrícola Productivo” (AP) por la Junta de Planificación y como “Suelo Rústico Especialmente Protegido Agrícola” (SREP-A) por el Plan de Uso de Terrenos, que fue ordenado por la Ley 550 de 3 de octubre de 2004.
Otro factor potencialmente problemático es que a través de estos terrenos transcurre el canal de riego de Patillas, la quebrada Amorós y el canal de riego Guamaní Oeste, que son fuentes de agua para los cultivos establecidos en toda la zona sur.
Guías limitan la energía renovable
“Claramente las guías para evaluar las propuestas de proyectos de energía renovable establecen que los terrenos clasificados como SREP-A y calificados como AP no deben ser impactados por proyectos de energía renovable”, argumentó Flores Ortega en la misiva.
Alegadamente, la propuesta de energía renovable de AES consta de cuatro proyectos de parques solares industriales a desarrollarse en Salinas, Guayama, Naguabo y Las Piedras.
El parque solar industrial de Salinas comprende un sistema de baterías e infraestructura eléctrica, que generaría 240 megavatios, los cuales serían adquiridos por la privatizadora Luma.
Flores Ortega menciona en la carta que “resulta inexplicable” que el Comité de Energía “denegara su endoso a dos proyectos de generación de energía mediante parques solares en Naguabo y Cabo Rojo, por entender que no se puede continuar con la práctica de utilizar terrenos con opciones agrícolas para otros propósitos, sin embargo, sí dieron su endoso a dos proyecto de AES, uno en Salinas y el otro en Naguabo, cuyas construcciones también impactarían suelos agrícolas”.
