El controvertible Proyecto de la Cámara 1533, que propone conceder a la Oficina del Comisionado de Seguros el poder de ajustar reclamaciones no bajó a votación ayer en la Cámara de Representantes, que fue el último día para aprobar proyectos de ley durante la presente sesión legislativa.
La inación del cuerpo legislativo en la controvertible medida representa un fuerte varapalo para el Comisionado de Seguros, Alexander Adamas Vega, quien fue su principal precursor.
Además, tampoco bajó a votación el Proyecto de la Cámara 1664, que propone establecer serias limitaciones a las subsidiarias de las instituciones bancarias dedicadas a la venta de seguros y que, además, habría tenido repercusiones en otros sectores de la industria de seguros.
Ambas medidas fueron presentadas por la representante Estrella Martínez, quien preside la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros.
La medida 1533 fue radicada el pasado 17 de octubre del 2022 y de inmediato el Comisionado de Seguros la apoyó.
No obstante, la industria de seguros, representada por la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) rechazó el proyecto. La medida también fue rechazada por la Cámara de Comercio de Puerto Rico y la por la Asociación de Bancos (AB).
ACODESE planteó que el proyecto representaba un conflicto para la OCS, que en su carácter de regulador de la industria de seguros también asumiría el papel de ajustador de reclamaciones en controversia.
Incluso, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, favoreció que la facultad de ajustar reclamaciones impugnadas por los asegurados permanezca en los tribunales y no en la OCS.
Emanuelli dijo que el Proyecto 1533 carece de unos parámetros y criterios que guíen la adjudicación administrativa de las reclamaciones impugnadas, lo que no evitaría que la OCS incurriera en decisiones arbitrarias o caprichosas.
Se afectaría el reaseguro
Además, el proyecto 1533 fue objetado por la Asociación Estadounidense de Seguros de Propiedad y Accidentes (APCIA) y la Asociación de Reaseguros de América (RAA).
Estas organizaciones sostuvieron, por medio de una ponencia escrita, que la medida tendría un impacto negativo en la industria de seguros y reaseguros de Puerto Rico.
Ambas organizaciones sostuvieron que la medida podría cambiar drásticamente la disposición de las aseguradoras y reaseguradores para suscribir riesgos en Puerto Rico.
Los ejecutivos de las dos entidades, Logan McFaddin, de la APCIA, y Karalee Morell, de RAA advirtieron que la disponibilidad de reaseguro estaría en peligro si la medida fuera aprobada.
“La propuesta enmienda puede cambiar la voluntad de las reaseguradoras de brindar cobertura a las aseguradoras que escriben riesgo de Puerto Rico en términos aceptables para los aseguradores. La posible falta de opciones de reaseguro afectará directamente a los consumidores y comercios de Puerto Rico, limitando su capacidad para atender sus riesgos existentes o nuevos, y asumir los riesgos. Esto afectará el crecimiento económico de Puerto Rico porque podría haber un seguro limitado para respaldar proyectos y negocios nuevos y existentes” sostuvieron McFaddin y Morell en su ponencia.
Medida eliminaría exención
Sobre el Proyecto de la Cámara 1664, tanto ACODESE como la AB rechazaron la prohibición absoluta del llamado negocio controlado en Puerto Rico que propone la medida.
Actualmente el artículo 9.080 del Código de Seguros, permite el negocio controlado dentro del límite del 35% de la suma total neta de comisiones de un productor o de una agencia general de seguros.
La medida propone eliminar la exención vigente que aplica a la industria bancaria, la cual la exime de cumplir con la limitación del 35 % para el negocio controlado, entre otras disposiciones.
Incluso, ACODESE y la AB sostuvieron que la prohibición absoluta del negocio controlado atenta contra la estabilidad del negocio de seguros en la isla.
En realidad, el Proyecto 1664 no había sido evaluado por la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e industria de Seguros, lo cual no impide que la mayoría legislativa lo presente a votación. Pero el Proyecto 1533 si fue aprobado por la Comisión.
Todo indica que la determinación para que ambas medidas no fueran presentadas a votación en el hemiciclo, fue tomada por el caucus de la mayoría del Partido Popular Democrático, que preside el presidente cameral, Rafael Hernández Montañez, debido al amplio rechazo de parte de sectores económicos importantes del país.
Favorecen medidas de seguros de salud
Otros dos proyectos que tienen implicaciones en la industria de seguros y que favorecen a los asegurados y a los proveedores de salud sí fueron aprobados.
Uno de ellos es el Proyecto de la Cámara 1641, que permite la negociación colectiva de tarifas y condiciones contractuales entre los proveedores de servicios de salud y las aseguradoras.
La medida fue radicada por Hernández Montañez y los representantes, Sol Higgins Cuadrado, Carlos Méndez Núñez y José Hernández Concepción. El Proyecto 1641 fue avalado por el Comisionado de Seguros y objetado por ACODESE.
Incluso, la OCS ordenó un estudio sobre el control de los seguros de salud por las aseguradoras de salud del país.
De los resultados del estudio, realizado por el economista Ramón Cao, surgió la enmienda radicada por la OCS, para que la isla en su totalidad sea considerada como la única región para agrupar a los proveedores de salud, incluyendo los médicos por especialidad.
La medida propone que los integrantes de la negociación colectiva no podrán exceder del 40% de los proveedores para dicha especialidad o subespecialidad de servicio de salud que ejerzan la práctica de su profesión en Puerto Rico.
El Proyecto 1641 pretende evitar el éxodo de médicos del país. Más de 8,000 médicos han dejado de ejercer la medicina en Puerto Rico en los pasados 13 años.
Avalan cupones de descuento
Otra medida aprobada fue el Proyecto del Senado 1008, que propone enmendar el Código de Seguros para que las aseguradoras de salud incluyan en el cálculo de costo compartido (deducible) de los asegurados, los cupones de descuentos ofrecidos al asegurado por las farmacéuticas.
La medida establece que a pesar de que estas aportaciones van dirigidas al paciente, algunos aseguradores han tratado de desalentar el uso de los cupones de descuento implementando restricciones, lo que atenta contra el bolsillo de los pacientes.
ACODESE se opuso a la medida con el argumento que la aprobación del proyecto podría generar efectos contraproducentes a los esperados, al alegar que se podrían perder $125 millones que ofrecen las farmacéuticas en el renglón de descuentos.
La Alianza Pro Acceso a Medicamentos ha sostenido que la medida, a través de los cupones de descuento, ofrecerá un acceso a determinados medicamentos costosos que atienden enfermedades catastróficas y que los pacientes no pueden adquirir debido a su alto costo.
